🕒 0:02 Diego Enrique Salas Barriga (75%)

Muchísimas gracias, señor presidente, por otorgarnos el uso de la palabra. Compañeros y compañeras asambleístas, pueblo ecuatoriano, queridos hermanos orenses, que nos ven y nos escuchan a través de los diferentes medios de comunicación. Hoy no debatimos solo un proyecto urgente. Debatimos si esta asamblea le entrega al gobierno nacional un cheque en blanco para tocar minería, energía, ambiente y seguridad. Todo en un solo paquete. Y sobre todo también a la carrera. La propia comisión registró presencias concentradas del 3 y al 6 de febrero. Eso no es deliberación amplia ni plural. Es un trámite expreso. Primero, se desnaturaliza la urgencia económica. La urgencia es excepcional para una coyuntura concreta. Pero aquí se meten reformas estructurales y permanentes. Reglas ambientales, mercado eléctrico y hasta un régimen de seguridad estratégica para zonas de minería. Así se empuja al país, por supuesto, a la inseguridad jurídica y se reduce el debate democrático. Segundo, en ambiente, el proyecto baja todos los candados, sustituye el esquema vigente por una autorización ambiental y mete un silencio administrativo encubierto. Si la autoridad no responde en 30 días, se entiende que no existe oposición y hasta se amenaza con destitución por el solo vencimiento del plazo. Segundo, en ambiente no se puede existir silencio positivo. El silencio no mide impactos, no protege los ríos y no protege sobre todas las vidas. Tercero, se normaliza la intervención de fuerzas armadas en áreas mineras con protección de seguridad estratégica declaradas en acto administrativo. Sí, hay que competir la minería ilegal, por supuesto, pero no con atajos que militaricen territorios y abran más riesgos de conflictibilidad. Seguridad no puede ser excusa para debilitar controles ni derechos. Cuarto, en energía se crean enclaves. Se introduce el distrito autónomo energético, incluso de capital privado o mixto. Como dueño de redes eléctricas con autonomía y se amplían las delegaciones excepcionales a privados y empresas estatales, extranjeras en actividades del servicio público. En palabras simples, se fragmenta el sistema, se abre el riesgo de captura y el Estado termina pagando carísimo lo que no planificó. Y el ejemplo claro es mi querida provincia del Oro, con el megaproyecto minero Cangrejos. El propio Ministerio de Ambiente y Energía admite que no hay regularizaciones ambientales para la explotación. Por eso no se ha realizado la participación ciudadana del artículo 398. Y tampoco tienden en plan de manejo ambiental para esa etapa. Además, se reconoce que no existe consulta previa, libre e informada. Ni expedientes, ni siquiera un documento que justifique por qué no correspondía. Y ni siquiera han iniciado regularización del agua para la explotación. Ese es el patrón, queridos compañeros asambleístas. Decisiones de alto impacto sin el expediente completo. Y ahora, ¿quieren una ley que premie el silencio y acelere las autorizaciones? Nuestra postura no es visceral, es técnica. Fortalecer sectores estratégicos, sí, pero con reglas claras. Controles fuertes y participación real. Por eso, lo responsable es negar y archivar este proyecto y construir uno nuevo. Transparente con territorios, con academia, gremios y comunidades. El Ecuador no necesita leyes express para tapar la inoperancia. Necesita planificación, control y verdad. Por las razones expuestas, señor presidente, mociono negar y archivar este proyecto de ley. Muchísimas gracias, presidente. Gracias. Gracias. Gracias.