🕒 0:00 Jorge Enrique Chamba Cabanilla (100%)

Muchas gracias, colega presidente. Muchas gracias, colegas asambleístas. Primero, quiero felicitar a nuestra presidenta de la comisión, a la abogada, Dianita Jacome, por el arduo trabajo que hemos logrado llevar en la comisión a la cual pertenezco, Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social. De la misma manera, a todos mis colegas asambleístas de las diferentes bancadas, de quienes se han recibido muchos aportes, con mucha altura, con mucho criterio. De la misma manera, en esta comisión hemos recibido a múltiples juristas, conocedores de la materia constitucional, que han venido a darnos luces en este problema álgido, de la justicia más llevada en el país. Es de conocimiento público que el Ecuador ha perdido mucho dinero en sentencias mal otorgadas, que luego la Corte Constitucional ha logrado revertir, pero desafortunadamente demasiado tarde. Y así hemos visto múltiples ejemplos con sentencias mal dadas. Y es importante que el país sepa que las garantías constitucionales, el habeas corpus, la acción de protección, fueron creadas exactamente para defender al ciudadano común, al ciudadano de a pie, al trabajador, al inocente, al vulnerable. Pero desafortunadamente en este país todo se lo ha hecho al revés. ¿Para qué ha servido? Para cobrar millones de dólares al Estado con sentencias mal otorgadas, que luego se le vuelve difícil poder recuperar. El Estado tuvo que pagar casi 7 millones de dólares a una cooperativa. Aquí hay un ejemplo patético de lo que estamos hablando. 7 millones de dólares a una cooperativa que presentó una acción de protección, manifestando improcedencia, cuando la Corte Constitucional corregió el error, el dinero ya había sido cancelado. Luego volver a recuperarlo se vuelve eminentemente difícil, porque desaparecen quienes obtuvieron esta sentencia mal otorgada y los dineros nunca ingresan al erario nacional. Aquí hay otra aberración. Un ex vicepresidente condenado por corrupción obtuvo su libertad a través de un habeas corpus otorgado en un juzgado sin competencia. La Corte Constitucional tuvo que intervenir para decir que esto estuvo mal, pero el daño ya estuvo realizado. Y siguen los ejemplos de sentencias mal otorgadas o amañadas, sentencias por asesinatos y sicariatos, que obtuvieron medidas cautelares que ordenaron encarcelación. Cuando la Corte Constitucional aceptó o actuó, ya todos estaban profusos. El Banco Central del Ecuador enfrentó el riesgo de pagar 60 millones de dólares. ¿A quién? ¿A una cooperativa? ¿Con qué? Una protección laboral. Y si le quisieron llevar, miren ustedes, todo lo que pudo haber ocasionado una sentencia mal otorgada. 17 bienes, incluidos el archivo histórico de la ciudad de Guayaquil. Todo esto fue posible, colegas asambleístas, porque la ley vigente tiene muchos vacíos. Precisamente hoy, en este primer debate, que espero que se mantenga con altura, porque eso espera el país de nosotros, pueda recibir los aportes de cada uno de nosotros, para que vuelva nuevamente a la comisión y regrese en el segundo debate, ¿verdad? Y que sea de total utilidad para todos los ecuatorianos. Querido presidente, colegas asambleístas, de esta comisión, a la cual pertenezco, y me siento orgulloso de la misma, porque, repito en ella, ha recogido varios temas importantes, como este, como el que tuvimos el día lunes para la agilización de la función judicial en la adopción para niños, niñas y adolescentes, que hoy son de vital importancia, que igual pasan a un segundo debate. Esperando que haya la respuesta necesaria sin banderas políticas y sin tintes políticos, hoy prime, por sobre todas las cosas, la mesura, el buen criterio y la unidad por la patria. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, colegas asambleístas.