del proyecto de ley económica urgente. La siguiente intervención a cargo de la asambleísta Nathalie Farinanco. Gracias a la palabra. Buenas tardes, colegas legisladores. Y por supuesto a la ciudadanía ecuatoriana que mira con atención este debate, sobre todo en los medios legislativos. Hoy nos encontramos debatiendo un segundo informe de un proyecto de ley que no sólo responde a la urgencia económica con la que fue calificada, sino que interpela directamente en nuestra responsabilidad política y constitucional. La responsabilidad enorme de garantizarle el derecho a la vivienda en condiciones de dignidad, en condiciones adecuadas, a miles de familias ecuatorianas. Porque cuando hablamos de déficit de vivienda en el Ecuador, hablamos, colegas legisladores, de algo que se dice mucho en los discursos, que debemos atacar. Hablamos de desigualdad. De viviendas con infraestructuras deterioradas y de oportunidades que no llegan a miles de hogares en el Ecuador. Ya han mencionado muchos colegas legisladores artículos de nuestra Constitución. La Constitución es clara. En su artículo 30 reconoce el derecho a una vivienda adecuada y digna. En su artículo 375 establece que es el Estado que debe garantizar este derecho mediante políticas públicas, financiamiento y regulación. Y el artículo 300 nos recuerda para qué sirve la política tributaria en el Ecuador. Sirve para redistribuir, estimular la producción y promover conductas sociales responsables. Por eso, este proyecto de ley, colegas legisladores, ciudadanía ecuatoriana, materializa, vuelve reales esos principios constitucionales. Está en nuestras manos entregar al país una norma que permita cumplir esos preceptos constitucionales o dejar que queden enunciados en la Constitución y sigan siendo conductas meramente aspiracionales. Pero antes, miremos también con la realidad, con claridad la realidad que pasa dentro de nuestro país. Según cifras oficiales que también han sido anunciadas, cerca de 727 mil familias viven en hogares en condiciones inadecuadas o en condiciones indignas. Si profundizamos en estas cifras y vemos quiénes son estas 700 mil familias, nos encontramos que precisamente son poblaciones que la Constitución nos llama a proteger. Mujeres cabezas de hogar, personas en situación de pobreza y extrema pobreza, comunidades rurales del país, poblaciones rurales del país, comunidades y pueblos indígenas. Y a esta realidad estructural, porque es estructural, se han sumado también factores coyunturales que han agravado el problema, eventos climáticos adversos, desastres naturales, crisis económicas y limitaciones fiscales del Estado. Todo ello ha ampliado la brecha entre la necesidad de vivienda y la capacidad de una respuesta pública. Frente a este escenario, ¿qué es importante? Lo que la ley propone, una solución concreta, innovadora y responsable. El eje central de esta reforma es la creación de un incentivo tributario, que es claro, además, permite que los contribuyentes que donen viviendas de interés social al ente rector de hábitat y vivienda, que es el Ministerio de Infraestructura y Transporte, a través de su viceministerio de Desarrollo y Vivienda, puedan acceder a una rebaja del impuesto a la renta de hasta el 100% del valor donado con un límite del 30% del impuesto causado. A partir de esta propuesta, compañeros legisladores, que fue remitida por el Presidente de la República, que conoce de primera mano este problema, porque que el BIES haya bajado su tasa de interés al 2.99%, la más baja del sistema financiero público y privado del país, es porque hay una política pública en ese aspecto. Que haya programas sociales también del 4.99% para acceder a créditos hipotecarios, es porque hay programas al respecto. Que haya programas Casa 100, que ya se están entregando a personas viviendas gratuitas dentro de planes del Estado, es porque hay políticas también dentro del gobierno central. Entonces, aquí no estamos renunciando a ingresos sin sentido, estamos transformando potencial recaudación en soluciones habitacionales concretas. Cada dólar que se deje de recaudar, bajo este esquema, se traduce directamente en viviendas dignas para las familias y los hogares ecuatorianos. Este proyecto garantiza calidad y control, que son preocupaciones legítimas e importantes. La norma determina que no cualquier construcción será válida. Se exige el cumplimiento de parámetros técnicos, estándares de construcción, límites de precio y condiciones definidas para las viviendas de interés social. El perfeccionamiento de la donación está sujeto a la suscripción de un acta entrega-recepción definitiva, lo que asegura que el bien cumpla con todas las condiciones requeridas. Y más aún, si se detectan incumplimientos, defectos o vicios ocultos, el Estado tiene la facultad de exigir la restitución íntegra del beneficio tributario, sin perjuicio de otras acciones legales. Es decir, el incentivo tributario está condicionado al cumplimiento estricto de la ley. Se garantiza la eficiencia en la asignación. Uno de los problemas históricos que tenemos en nuestro país de la política de vivienda ha sido la demora en la entrega de las soluciones habitacionales. Este proyecto de ley corrige esa dificultad al establecer un plazo máximo de 90 días para que las viviendas donadas sean transferidas a los beneficiarios finales. Es decir, que las soluciones no se quedan en meros trámites. Por el contrario, llegarán de manera oportuna a quienes más lo necesitan. Se incorpora un criterio de focalización territorial y social a través del ente rector de hábitat y vivienda. Se deberá elaborar un catálogo anual de necesidades, priorizando los territorios con mayores niveles de déficit habitacional, pobreza y necesidades básicas insatisfechas. ¿Esto qué asegura? Asegura que los recursos se dirijan a donde más impacto puedan generar. Finalmente, se establecen límites claros para proteger la sostenibilidad fiscal en nuestro país, que también es un principio constitucional. El Ministerio de Economía y Finanzas fijará un monto máximo de gasto tributario, derribado de este incentivo, en función de la programación fiscal del país. Esto que garantizará que la medida sea responsable con el equilibrio de las finanzas públicas. Adicionalmente, el proyecto de ley prevé evaluaciones anuales de su impacto fiscal y económico, lo que permitirá que existan ajustes oportunos y asegurar su efectividad en su cumplimiento. Hay que decirlo también, colegas legisladores, que esta ley permite un incentivo temporal, que ya algunos hicieron referencia. Estará vigente entre los años de 2026 y 2029. Esto es fundamental, porque permite evaluar resultados, realizar ajustes y evitar distorsiones permanentes en el sistema tributario. Este proyecto de ninguna manera sustituye la responsabilidad del Estado, pero sí la complementa, la fortalece y la amplía. El Estado ecuatoriano seguirá siendo el rector de la política de vivienda, el encargado de planificar, de regular, de controlar y garantizar derechos, pero reconoce que en un contexto complejo necesita sumar esfuerzos. Y en ese contexto, en donde esta iniciativa marca una diferencia, porque cree también en el sector privado, porque creemos que también el sector de la construcción, y las cifras lo demuestran además, es uno de los mayores generadores de empleo en el país, dinamiza múltiples cadenas productivas, materiales, transporte, servicios de mano de obra calificada y no calificada, cada proyecto de vivienda activará la economía local y generará oportunidades. Señor Presidente, colegas legisladores, hoy tenemos frente a nosotros una herramienta importante, concreta para reducir el déficit de vivienda de nuestro país, mejorar la calidad de vida de miles de familias ecuatorianas, y dinamizar la economía, una solución práctica, real y una política pública orientada a satisfacer derechos y necesidades que están presentes en nuestra sociedad ecuatoriana. Negar este derecho sería cerrar una puerta a quienes hoy no tienen acceso a una vivienda, o habitan en condiciones no adecuadas, sería decirle a miles de familias ecuatorianas que deben seguir esperando. Yo entiendo que no pueden haber soluciones perfectas, pero lo que hoy vamos a tener es una decisión política, una decisión política en favor de las familias del país. Apoyar esta norma es dar un paso firme hacia un país más justo, más equitativo y más coherente con sus necesidades. Es hacer que la política tributaria sirva para lo que debe servir, mejorar la vida de la gente, que el derecho a una vivienda digna deje de ser un anhelo y se convierta en una realidad. Gracias, señor Presidente.