🕒 0:00 Milena Cristina Jácome Benítez (100%)

Palabra de la asambleísta, Cristina Jacó. Gracias, señora presidenta. Bueno, yo quería empezar justo dando algunos datos de la Organización Mundial de la Salud, precisamente justo cuando hablamos de enfermedades crónicas no transmisibles. Pues bueno, estas enfermedades matan a más de 40 millones de personas cada año y en el 2019 el 74% de las muertes globales fueron a causa de estas. Además de que esto tiene sus raíces en sobrepeso, obesidad y dietas balsanas. Asimismo, la OMS advierte que estas enfermedades afectan de manera desproporcionada a grupos vulnerables y socialmente desfavorecidos. En ese sentido me refiero especialmente a niñas, niños, adolescentes, mujeres y poblaciones de escasos recursos económicos quienes presentan una mayor exposición a productos nocivos y entornos que favorecen prácticas alimentarias poco saludables. Por tal motivo, considero que es un error decir que la obesidad es consecuencia exclusiva de malas decisiones personales o de la falta de disciplina. Cuando la propia OMS ha indicado que se trata de una enfermedad crónica, multifactorial y progresiva, influenciada tanto por factores genéricos, ambientales y conductuales. Además, debemos romper con uno de los principales estigmas que existen alrededor de esta enfermedad. No todas las personas viven en las mismas condiciones ni tienen las mismas oportunidades para poder cuidar de su salud. Porque resulta fácil hablar de actos saludables, desde los privilegios, desde tener menos un trabajo. Pero cuando se cuenta con ingreso suficiente, por supuesto que va a ser mucho más fácil. Sin embargo, para miles de familias la realidad no es la misma. Porque inclusive tienen una limitación para poder acceder a espacios adecuados para realizar actividad física. Hoy, la falta de seguridad también se ha convertido en una barrera para la salud. Porque, ¿cómo le pedimos a una madre que lleve a sus hijos o a su familia a realizar una actividad física? O que lo incluya como parte de su rutina día y día. Cuando tenemos miedo de salir a las calles, por miedo a que nos roben, a que nos secuestren, entre otras tantas cosas que tenemos miedo cuando salimos. A esto se suma un factor determinante. La pobreza. Muchas familias viven con menos de 5 dólares al día. Por lo que no pueden elegir entre qué es saludable o no, sino en lo que pueden costarse o no. Y porque la realidad es esa. Los alimentos más nutritivos son los más costosos. Mientras que los ultraprocesados sí son más accesibles e inclusive cuestan menos. Por eso, si aceptamos que las causas de la obesidad son estructurales, las respuestas deben ser estructurales también. Y el Estado tiene la responsabilidad de generar condiciones necesarias para que las personas puedan tomar decisiones informadas mediante políticas públicas integrales, educación nutricional efectiva, acceso a información clara, espacios seguros y programas de prevención sostenidos en el tiempo. Desde esa perspectiva, saludo la intención de este proyecto de ley porque reconoce que la obesidad constituye un problema de salud pública y que a su vez requiere una respuesta del Estado. Sin embargo, aún existen aspectos que todavía deben fortalecerse. Este proyecto contempla la atención integral, la prevención, la promoción de hábitos saludables, la detección temprana, pero apenas incorpora alineamientos sobre la regulación de alimentos procesados y ultraprocesados en su artículo 11. Es por esto que uno de los temas que más me preocupa es la ausencia de una regulación expresa sobre el etiquetado nutricional frontal mediante el sistema de advertencias de octógonos. Como integrante de la Comisión de Estabilización Permanente del Derecho a la Salud, presenté ocho observaciones para incorporar esta valiosa herramienta dentro del proyecto. Por la mente, ninguna de esas fue acogida. El etiquetado frontal de advertencia es, según la mejor evidencia científica disponible y libre de conflicto de intereses, el sistema más efectivo para promover salud pública ya que garantiza con mayor facilidad que la información relevante en salud pueda llegar a las personas consumidoras. Y para esto aquí tenemos países como Chile, Perú, México, Argentina, Uruguay, Colombia han avanzado precisamente a estos sistemas de octógonos, pero de manera frontal. ¿Y por qué? Porque debe ser fácil de comprender para todos. No se trata de prohibir alimentos ni de satanizar productos. Se trata de que las familias cuenten con información clara y comprensible para tomar decisiones acerca de lo que consumen. Y resalto lo que ha reconocido, no Cristina Jacome, sino la relatora especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación. Este etiquetado no solo beneficia a los consumidores, sino que también incentiva a la industria a reformular sus productos y a reducir la presencia de nutrientes críticos asociados a riesgos para la salud, como el exceso de azúcares, sodio y grasas. Por eso considero un error dejar este tema exclusivamente para el reglamento, cuando esto debe estar regulado a rango de ley. La evidencia disponible señala que acciones de la industria alimentaria constituyen un grave riesgo para la salud pública y constituye uno de los factores que impulsan la epidemia del sobrepeso y la obesidad. También se ha evidenciado que varias empresas de esta industria despliegan estrategias para oponerse precisamente a este tipo de propuestas, a pesar de que están avalados estos criterios de manera independiente y de manera científica, infiriendo también en los procesos de toma de decisiones públicas con el fin de proteger sus intereses económicos. Y quiero ser clara en este debate, la bancada de la revolución ciudadana siempre estará del lado de las familias ecuatorianas y nunca del lado de los intereses económicos de unas cuantas industrias. Y de manera personal voy a ser muy enfática en decir que la presión económica ni el interés de la industria debe estar por encima del derecho a la salud pública y el derecho al acceso a una vida saludable. Por otra parte, se menciona también en este proyecto de ley acerca de la atención integral, pero al mismo tiempo se condiciona su implementación a los recursos disponibles. Y precisamente porque estamos hablando de una enfermedad crónica, debemos hablar de lo insuficiente que es el presupuesto en salud y de la reducción significativa que ha tenido durante los últimos años. Y de seguir así, déjenme decirles que ninguna ley podrá garantizar atención oportuna y efectiva para todos. En materia de niñez y adolescencia, no basta con campañas informativas. Necesitamos entornos escolares saludables, regulación efectiva de los bares escolares, control de publicidad dirigida a menores y protocolos que prevengan cualquier tipo de acoso o discriminación en las aulas. Prevenir la obesidad infantil significa proteger a nuestros niños y niñas, acompañarlos en su desarrollo y transformar los entornos que hoy ponen en riesgo su salud y su bienestar. Por ello, este primer debate debe servir para fortalecer el proyecto y corregir los aspectos que todavía presentan debilidades. Y aquí quiero hacer un llamado al Ministro de Salud. Distintos actores han señalado en sus comparecencias de la Comisión que la propuesta de implementación de la etiquetada frontal mediante el sistema de octógonos ya ha sido trabajada en la institución e inclusive está lista para convertirse en un acuerdo ministerial. Ministro, háganos creer que la salud le importa. Y firme el acuerdo ministerial, póngase los pantalones para enfrentar a la industria que por sus intereses económicos y a la producción de sus productos, valga la redundancia, ultraprocesados y con exceso en azúcares, le siguen haciendo daño a millones de ecuatorianos con su consumo. Desde mi bancada continuaremos presentando aportes para fortalecer esta iniciativa y evitar que se desnaturalice la propuesta inicial de nuestras compañeras Eliana Correa y Liliana Durán porque inclusive sus propios articulados no fueron establecidos de manera expresa. Y una ley merece construir el consenso, el diálogo, la apertura y la participación de todos los actores involucrados. La obesidad no puede ser entendida únicamente como un problema de salud individual cuando en muchos casos es la manifestación de problemas multifactoriales que el Estado aún no ha logrado resolver. Hablar de obesidad es hablar también de inequidad, de desigualdad, de acceso a espacios seguros para la actividad física, de educación, de información y de oportunidades. Finalmente, Ecuador no necesita una ley simbólica, necesita una ley que transforme realidades, que reduzca brechas y garantice atención efectiva para quienes padecen esta enfermedad. Muchas gracias, Presidenta.