🕒 0:00 Elizabeth Orellana (100%)

la asambleísta Elizabeth Orellana. Señor Presidente, colegas asambleístas, más que como una legisladora hablo como una ciudadana convencida de que la libertad real de un pueblo comienza cuando éste entiende cómo gestionar su propio destino económico. Esta ley sin duda será una herramienta de justicia social y reducción de pobreza. No sólo es enseñar a ahorrar, es adoptar a nuestros ciudadanos, adoptar la capacidad para que enfrenten un sistema con conocimiento. En países como Brasil y Colombia, el uso de herramientas digitales y metodologías basadas en la experiencia ha demostrado que la educación financiera es más efectiva cuando se sale de la teoría y se aplica a la realidad cotidiana. Países con marcos legales sólidos como los europeos han integrado la educación financiera como el primer anillo de defensa para la protección al consumidor, reduciendo drásticamente el fraude y el sobreendeudamiento. En la implementación de esta ley sería importante integrar un concepto que no se menciona explícitamente en el proyecto, pero que es tendencia global, como es la resiliencia financiera frente al cambio climático. En naciones de alta vulnerabilidad agrícola como la nuestra, se enseña a los ciudadanos a utilizar microseguros climáticos y fondos de emergencia específicos para desastres naturales. Dado que nuestra ley ya contempla la sostenibilidad, debemos asegurar que los ecuatorianos aprendan a proteger su patrimonio frente a las crisis ambientales que afectan directamente nuestra economía popular y solidaria. Mi apoyo viene acompañado de una alerta sobre la aplicabilidad. Colegas, el mayor riesgo de esta ley es que se convierta en una carga burocrática más para el Ministerio de Educación. Como bien señalaron los expertos en la comisión, el Ministerio de Educación no puede ser el único responsable. Solicito especial atención en fortalecer la Comisión Asesora de Educación Financiera como el verdadero eje articulador interinstitucional. Y por último, una ley sin recursos es una ilusión. Deberíamos garantizar que el mandato de esta ley llegue a las comunidades rurales, indígenas y afroecuatorianas, donde la exclusión es mayor y donde hoy necesitamos representantes en las mesas de decisión. Para concluir, espero que esta herramienta sirva a la población joven, no solo busque un empleo, sino que sepan cómo invertir en su emprendimiento sin caer en las garras de prestamistas informales o en publicidad engañosa. Pero exijo que esta Asamblea fiscalice de cerca que los reglamentos secundarios den la agilidad y la flexibilidad que el mercado financiero actual demanda. Gracias.