🕒 0:00 María Verónica Iñiguez Gallardo (100%)

en real, y es que el campo ecuatoriano enfrenta una crisis estructural y son precisamente los pequeños agricultores quienes encargan desde hace décadas, son los que cargan con la parte más pesada de esta crisis. Sin embargo, el proyecto de ley que estamos discutiendo ahora no está a la altura de este diagnóstico y partamos desde aspectos que son realmente pequeños, pero fundamentales. Uno de estos tiene que ver con la eliminación de la noción del campesinado y los transforma mediante criterios técnicos a productores agropecuarios, ignorando que detrás del campesinado hay luchas, hay cultura, hay tradición que no deben ser eliminadas. Esto ya pasó en otros contextos geográficos, pasó en la revolución industrial y en gran parte de Europa, en donde se eliminó justamente al campesino y ahora intentan regresar porque se dan cuenta que es el único sector capaz de sostener la soberanía alimentaria. Nosotros, en lugar de aprender de aquello, estamos repitiendo los mismos errores. Esta ley dice mucho, pero realmente obliga muy poco. Reconoce derechos en un mero principio, o sea, hasta crea instancias, pero deja en manos del ejecutivo de decisiones que son primordiales, sin plazos, sin mandatos y además sin consecuencias frente al incumplimiento. En el campo, colegas asambleístas, cuando la política pública viene sin obligación, simplemente no llega o llega tarde. Y ahí es cuando campesinos y campesinas quedan solos frente al mercado, al clima y al endeudamiento. Hay un punto especialmente delicado y que han tratado ya aquí varios de nuestros colegas de las diferentes bancadas y que tiene que ver con los precios de sustentación, la disposición que está dentro del texto que remite su fijación a decisiones excepcionales y temporales del ejecutivo. Es decir, que el ejecutivo va a determinar cuando quiera un precio, cuando quiera otro precio. Esto solo introduce incertidumbre en la vida ya difícil que tienen campesinos y campesinas. Yo les pregunto a ustedes, ¿cómo planificamos una siembra? Ustedes en su trabajo, ¿cómo planifican su agenda? Si estas vidas vienen de repente de otro sector y que pueden cambiar a sí mismos o incluso desaparecer sin ninguna explicación. No se puede planificar, no se puede esperar que los campesinos y campesinas puedan también sembrar y seguir sosteniendo nuestra alimentación con este grado de incertidumbre. Esta discusión no es teórica, colegas asambleístas. No está solo aquí y a diferencia de lo que decía el asambleísta Rizzo, creo que muchos aquí realmente nos movemos mucho en territorio y hablamos desde ese conocimiento. Solo pensemos en lo que pasó la semana anterior y que ya lo mencionó el colega Luis Fernando Molina, pero quiero volverlo a repetir por si por si acaso no se escuchó. La semana pasada se sacrificaron dos millones de gallinas ponedoras, simplemente por la especulación del precio, porque bajaba y no les daba más. Cuando no existen mecanismos públicos, estables de regulación, planificación y precios, el mercado se ajusta por la vía más brutal, sacrificando la vida de los animales. Esto es muy grave y quiero que ustedes también lo puedan incorporar dentro de sus reflexiones, porque no estamos hablando de simplemente un medio de producción, estamos hablando de seres vivos. Esto no es eficiencia productiva, es consecuencia de un Estado que no llega o llega muy tarde. Otro problema de fondo es la ausencia de una diferenciación entre los diferentes modelos productivos agropecuarios. Se habla de agricultura familiar y campesina, de agroecología, de agricultura convencional y de agroexportación como si todos fueran lo mismo. Cada uno de estos modelos tiene sus propias características, tienen riesgos, costos, todos son distintos para cada uno de ellos. La agricultura familiar y campesina, que ya lo han dicho también aquí varios colegas, son los que nos dan el 60% de alimentos que aquí en pleno y fuera de acá estamos consumiendo. La agroecología, que también habla mucho, ni siquiera tiene los incentivos necesarios para hacer una agricultura viable. Y la agroexportación, por su parte, sí tiene la balanza a su lado, en donde enfrenta ventajas logísticas, financieras y comerciales. Tratar todos estos modelos como si realmente fueran lo mismo está lejos de ser una solución, más bien agrava el problema. El proyecto tampoco aborda con la seriedad que se debería la dimensión climática. La asambleísta Rizzo lo había mencionado y quiero que también lo tomen en cuenta. A pesar de que el agro, y ustedes lo decían, es uno de los sectores de actividades productivas con mayor vulnerabilidad y además con mayor exposición a eventos extremos, eventos climáticos extremos. Pero en lugar de entender desde esa lógica y de la misma lógica que tiene el gobierno nacional que ha introducido a la agricultura familiar y campesina dentro del plan nacional de adaptación, aquí se habla de mercados de carbono. Introduciendo a la agricultura dentro de los mercados de carbono, que son seriamente cuestionados por la ineficiencia que tienen en reducir los gases de efecto invernadero. Además que están enfocados en mitigar a estos gases, cuando la agricultura familiar y campesina lo que necesita es adaptación climática. Y esto hay que tenerlo bien diferenciado dentro de este cuerpo normativo. Adicionalmente, no se establece un censo agrícola obligatorio y actualizado, que la compañera Butina ya habló al respecto y no voy a profundizar más. Pero lo que sí llama la atención, no se ha dicho todavía, es que se establece un registro nacional de productores. Esto no es un tema menor, leas a zampistas, porque el entorno en el que vivimos en un país de desprotección estructural hacia el agro, esto puede convertirse en un instrumento de control burocrático, lejos de dar una solución. Los riesgos de esto incluyen a que no se limitan. Primero, a una formalización de la precariedad. El registro exige datos sobre tenencia de tierra, pero la legalidad de la tenencia de tierra es lo que prima en el agroecuatoriano. Colegas, el día de ayer ustedes mismos en esa parte del hemiciclo votaron en contra de aquello, para que se pudiera registrar en el registro de la propiedad todas las tierras que se daban por asambleas de pueblos y nacionalidades. Y ahora queremos hablar de este tipo de registros cuando ni siquiera estamos asegurando la tenencia de la tierra. Junto a esto se habla de un crédito que se dice muchísimo, pero realmente no se habla de cómo, sobre todo porque está obviando aspectos fundamentales como qué. Lo dijo ya el compañero Molina, pero para acceder a un crédito agrícola muchas veces se necesita tener un trabajo asalariado, incluso peso de que son del agro, pero piden una garantía detrás que viene de un trabajo o viene de un título de propiedad. Y así caemos en este loop interminable en donde quienes se ven desafavorecidos son justamente los pequeños agricultores. Este debate que estamos ahora teniendo no ocurre en el vacío. ¿Saben por qué? Porque ocurre en un país donde la producción agroexportadora está altamente concentrada, donde pocos actores son realmente quienes encabezan toda la cadena productiva y comercial. Y ocurre además dentro de un gobierno encabezado por alguien que proviene de este mismo sector. Razón por demás que tenemos que tener una ley con reglas claras, estables y obligatorias, pensadas justamente para equilibrar esta cancha en donde nuestros productores no se vean perjudicados. Diversos estudios académicos ya han mostrado históricamente que toda la política agraria, toda, siempre ha desfavorecido, o mejor dicho, ha favorecido a la agroexportación, mientras que la agricultura familiar y campesina ha quedado en simples problemas, es decir, soluciones de problemas temporales y asistenciales. Este proyecto, tal y cual lo estamos debatiendo ahora, no está rompiendo con esa lógica, solo le está cambiando de palabras, con un lenguaje más moderno y con una institucionalidad más extensa, pero sin herramientas reales que atiendan a lo que realmente estamos enfrentando. Ahora, colegas asambleístas, tenemos la oportunidad de derogar una ley para plantear otra que realmente vaya en beneficio de todos nuestros pueblos, porque yo creo que aquí todos coincidimos en que queremos que nuestras provincias se vean beneficiadas. Por lo tanto, es importante que esta Ley de Desarrollo Agropecuario tenga que crear las condiciones materiales que permitan justamente producir, vivir y sostener en el campo. Sin ello, estamos realmente debatiendo sobre la nada. Y para terminar, quiero añadir algo que esta convicción, que además la voy a hacer llegar hacia la Comisión de Soberanía Alimentaria, coincide, porque hoy llegó a nuestros correos, tanto al del señor presidente, así como de todos quienes pertenecemos a esta legislatura, sobre un pronunciamiento de rechazo a este proyecto de ley y que viene desde la Plataforma de la Soberanía Alimentaria. Exponen siete puntos con los que coincidimos, y ya los he dicho aquí, pero quizás lo más grave de lo que mencionan aquí es que hablan de una denuncia sobre una consolidación del modelo agroindustrial y de exportación. Y todavía lo que dice es que a diferencia de lo que ya se discutió aquí, denuncian que no han sido invitados a las mesas. Ellos dicen que todos quienes trabajan dentro de la soberanía alimentaria nunca han sido tomados en cuenta para este proyecto de ley. Esto está en sus correos, no lo estoy diciendo yo, simplemente estoy aquí alzando la voz por todas las personas que esperan que quienes pertenecemos a esta legislatura hagamos conocer al país lo que realmente tenemos en juego. No es un detalle menor, es nuestra alimentación. Muchas gracias.