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María Verónica Iñiguez Gallardo (100%)
de la palabra, quiero aprovechar y comenzar esta intervención mencionando que el trámite de este proyecto de ley no siempre garantizó un debate en igualdad de condiciones, pese a que se trata de una reforma que modifica de manera profunda el régimen de los sectores estratégicos del país. He estado presente desde el inicio del tratamiento de este proyecto de ley, así como he intervenido cada vez que se me ha permitido dentro de las sesiones y he formulado diferentes reparos jurídicos de manera reiterativa. Es así que el 12 de febrero remití formalmente a la Comisión de Desarrollo Económico el memorando ANIGMV 2026-0024M, en donde sistematicé todos los vicios de fondo y de forma que comprenden y que además se marcan dentro de una inconstitucionalidad de este proyecto. Este documento legaliza por escrito dentro del proceso legislativo todos mis criterios, pero que aquí en este pleno quiero exponerlos para que el pueblo ecuatoriano los conozca. Este proyecto, vamos a empezar desde aquí, este proyecto vulnera el principio de la unidad de la materia previsto en el artículo 136 de la Constitución. ¿Por qué lo hace? Porque concentra dentro de un mismo cuerpo normativo, reformas ambientales, modificaciones estructurales al mercado energético, disposiciones de seguridad estratégica con participación de las Fuerzas Armadas y un rediseño al licenciamiento ambiental bajo la figura de urgencia económica, por lo cual trata temas que son sumamente delicados, altamente técnicos y que no coinciden los unos con los otros. En el plano técnico minero, la reforma elimina la diferenciación entre exploración inicial, exploración avanzada y la evaluación económica del yacimiento, unificando todas estas fases dentro de una sola etapa. Cuando lo hace, debilita el control progresivo del Estado, se pierde la exigencia de verificación técnica previa para avanzar en la intensidad operativa y desdibuja el vínculo entre el cumplimiento de obligaciones y la permanencia de los derechos concesionales. La legislación que tenemos ahora estructura estas fases precisamente para graduar estos impactos y obligaciones. Suprimir esta arquitectura a través de la reforma que se está planteando en este momento implicaría alterar el sistema de control ambiental y también administrativo. En materia ambiental, el texto reemplaza la referencia expresa a licencia ambiental por una noción mucho más amplia de autorización ambiental. Y me da mucha pena que el asambleísta Castro lo haya tratado como si fuera un simple tema técnico y que desconozca completamente de algo que es materia legislativa, porque ni siquiera es técnica, el saber lo que es una licencia ambiental. Al hacerlo, cuando hace esta ampliación a la autorización ambiental, lo que se está haciendo es trasladar los elementos sustantivos a una legislación secundaria. Además, este desplazamiento reduce el nivel de protección establecido en nuestra ley. Deja en manos del reglamento decisiones que inciden directamente en los derechos constitucionales. Además de esto, se suma que la consolidación del silencio administrativo positivo como mecanismo habilitante. Vencido el plazo, si no hay un pronunciamiento, asumo que no tengo una oposición y simplemente paso el proyecto. Esto incluso en las actividades con mayor impacto ambiental como lo son las extractivistas. La unificación de estas fases y la flexibilización de todas las autorizaciones ambientales, además afectan directamente a los derechos colectivos. Y aquí espero que los colegas de Pachacuti, que es Pachacuti, que es Pachacuti, que es
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María Verónica Iñiguez Gallardo (100%)
que están populadas al alcance específico de cada etapa de la actividad minera. Es decir, no es un capricho el tener un tipo de permiso para cada fase de la actividad minera, que se pretende hacer con este proyecto de ley, unificar en uno solo y con eso, de paso, elimino la consulta. Si estas fases se diluyen y el avance puede producirse sin control diferenciado, se debilita así la capacidad real que tienen las comunidades para incidir directamente sobre las decisiones que tienen en sus propios territorios. Por lo tanto, este diseño normativo tensiona directamente el bloque constitucional en materia ambiental y en materia de derechos colectivos. Ojo con esto, porque se empiezan a configurar las inconstitucionalidades. Esto que acabo de mencionar no son simples ajustes administrativos, colegas, asambleístas. Se trata más bien de un desmantelamiento sistemático del ecosistema, de la normativa ambiental y de los sectores estratégicos. Además, deben considerar que se ha insistido hasta el cansancio en que esta propuesta agilita la burocracia. Hace dos días salió un reporte de Mongabay Latinoamérica, que es un medio muy serio en cuanto a periodismo ambiental, y justamente haciendo uso de los datos del Ministerio de Ambiente y Minas, develaba que existe en esta cartera de Estado un 45% de brecha en el personal para atender y guardar el patrimonio natural del Estado ecuatoriano. ¿Qué significa esto? ¿Cómo pretenden agilizar la burocracia si ni siquiera cuentan con el personal necesario para trabajar en lo que ya les compete ahora? Además, han venido sistemáticamente reduciendo esta cartera de Estado, han fusionado sus ministerios y han recortado el presupuesto. Lo que realmente está pasando aquí es que nos venden extractivismo disfrazado de eficiencia administrativa. El marco jurídico vigente ya contempla plazos definidos para el control minero, pero este proyecto introduce una presunción que habilita actividades aun cuando la evaluación técnica integral ni siquiera ha concluido. La eficiencia institucional no se alcanza reduciendo los estándares de control. También se ha sostenido que esta ley permitirá combatir la minería ilegal, que es justamente lo que mencionaba el asambleísta Castro, lo cual me hace pensar que no ha revisado el proyecto, porque en este proyecto no se habla de la minería ilegal. Nada de lo que propone está hecho para atacar a la minería ilegal. La minería ilegal responde a estructuras de crimen transnacional y economías ilícitas que operan en control territorial y además en detrimento de las comunidades y también del ambiente. Hacer un enfrentamiento a la minería ilegal requiere de inteligencia financiera, de persecución penal especializada y de coordinación estatal efectiva. Ninguna de estas herramientas está contemplada dentro de este proyecto de ley. Por eso les digo, la simplificación de requisitos para el sector formal que quieren hacerlo ver al artesanal como si fuera informal, no va a eliminar las redes criminales. También se ha afirmado que el proyecto ha sido ampliamente socializado. Sin embargo, diversas organizaciones ambientales y ciudadanas han mostrado públicamente su descontento por no haber sido escuchadas. Nosotros a través de nuestros colegas que forman parte de la Comisión de Desarrollo Económico hicimos llegar la solicitud para que hicieran comparecencias a actores críticos. Ninguna de estas fue atendida. Por eso lo que tenemos aquí es una deliberación que no ha sido nada democrática y que tampoco ha cumplido con la pluralidad sustantiva. En una de las comparecencias también acudió la ministra Manzano, que era una oportunidad para un intercambio técnico especializado con posiciones distintas sobre la constitucionalidad y las reformas de esta ley. Esa es la solicitud expresa y reiterada, nunca se me fue otorgada la palabra, por lo cual se perdió una instancia de contraste especializado que podía enriquecer este debate. Por eso aprovecho esta oportunidad para culminar a la ministra Manzano para sostener un debate público, técnico y transparente y a los medios de comunicación que se encuentran por ahí que nos den ese espacio para que la ciudadanía conozca con claridad los alcances reales del proyecto y las implicaciones constitucionales y ambientales que posee. Para terminar, quiero dirigirme de manera directa a todas las y los asambleístas que creen que este proyecto de ley le va a dejar regalías al país. Este proyecto de ley lo que plantea es que van a simplificar los trámites, pero esto de ninguna manera adelanta lo que significa la actividad minera. Ahora, en oro, en promedio global, más o menos se necesita como 21.8 años y en cobre se necesita más o menos 24.1 años. Ahí recién comenzaría a explotar el Ecuador, lo cual básicamente destruye el hecho de que vamos a empezar a recibir regalías por minería, lo cual también desbarata el hecho de que esto no es económico urgente, porque esos ingresos no van a llegar. Y en esto sí coincido con el compañero de la bancada de ADN, en el que decía que solo ingresan del 3 al 8% de regalías por actividad minera y en eso tiene toda la razón. ¿Saben por qué? Porque el 50% se la lleva a la empresa minera, no se queda en el país, por lo tanto tampoco alivia financieramente al país. Entonces es importante que ustedes conozcan que no cuenta, ni siquiera lo avala, a la idea de que sea un económico urgente. También quiero dirigirme a aquellos asambleístas que no solo en el Pleno de hoy, sino que también en diferentes sesiones de las comisiones han mostrado una preocupación respecto al agua. El mismo asambleísta Castro hablaba de su preocupación por las fuentes hídricas, por el ambiente y también por los derechos colectivos. Colegas asambleístas, les digo, este proyecto va completamente en contra de todo aquello. Además, escuché esta, con mucha atención la radiografía que hizo la asambleísta Centeno en el debate previo respecto a la ley de reforma Alcotad, donde hablaba justamente de este déficit del agua potable. Y honestamente y con todo respeto a la colega asambleísta Camila León, sí les digo, hay que recordarles de dónde viene el agua. Porque el agua que ustedes quieren proteger, que dicen que les interesa incluso que los municipios aseguren que se le haga potable, realmente sufre su contaminación cuando se permite minería dentro de las cabeceras hídricas. Y esta ley precisamente lo que busca es regular y flexibilizar la minería dentro del país. Entonces, no podemos hablar de las dos leyes al mismo tiempo, porque las dos se contraponen. El Estado Central siempre va a ser el garante de que se cumpla con el derecho humano al agua. El municipio meramente va a potabilizar el agua, pero quien realmente asegura que el agua no esté contaminada tiene que venir desde la cartera de Estado encargada de aquello. Por eso ya incluso en otras sesiones se les había solicitado... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!