🕒 0:00 José Luis Nango Cuji (100%)

Luis Nango. A Lechicha y Luguna, buenas tardes, señora vicepresidente, segunda vicepresidente, miembros del CAL, compañeros de las diferentes bancadas, un fraterno saludo a mi querida provincia de Pastaza, al país y al mundo. Y saludar también a aquellos funcionarios que mañana es el onomástico de los funcionarios de la Asamblea Nacional, a quien pido un gran aplauso, por favor, compañeros. Dentro del proceso de seguimiento y fiscalización integral a las entidades municipales encargadas de las competencias del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, respecto a las presuntas emisiones ilegales de matrículas vehiculares atribuibles a grupos de delincuencia organizada, comparezco ante este pleno para evidenciar que uno de los sistemas más sensibles del Estado ecuatoriano ha sido vulnerado de manera estructural. No estamos frente a hechos aislados, ni a errores administrativos. Estamos frente a una afectación directa al Sistema Nacional de Tránsito, que ha sido utilizada como plataforma operativa por estructuras de delincuencia organizada. El proceso de fiscalización se desarrolló bajo un enfoque multiactor, con trazabilidad documental y contraste de información proveniente de la Agencia Nacional de Tránsito, Ministerio del Interior, Policía Nacional, Ministerio de Transporte y el Consejo Nacional de Competencias. Esto permitió estructurar un análisis basado en cinco ejes técnicos, confiabilidad de registros, capacidad operativa de los GAT, evolución del modelo de descentralización, estándares de control de la matriculación y coordinación interinstitucional. Los hallazgos son contundentes. Se ha determinado que el sistema de matriculación vehicular ha sido utilizado como un mecanismo de legitimación de activos ilícitos y de soporte logístico para el crimen organizado. Se ha evidenciado la legalización de vehículos robados provenientes de Colombia, Perú y Chile mediante la manipulación de registros en el sistema AXIS 4.0. Se ha identificado accesos no autorizados, uso de credenciales indebidas, eliminación irregular de multas, emisión de licencias sin sustento y utilización de bases de datos institucionales para actividades delictivas como extorsión y secuestro. Las cifras reflejan la magnitud del problema. En Durán, un centro con capacidad operativa para 60 vehículos diarios llegó a registrar entre 200 a 350 procesos por día. Este desbordamiento no responde a eficiencia operativa, sino a una ruptura de los controles y a la existencia de matriculación fraudulenta. Asimismo, se han identificado al menos 15 gobiernos autónomos descentralizados intervenidos en el marco del caso Jaque, así como la anulación de aproximadamente de 35.000 licencias emitidas de manera irregular. Estos datos reflejan una distorsión masiva del sistema institucional y la existencia de patrones sistemáticos de manipulación. El informe también establece una diferenciación técnica fundamental. La matrícula falsa es un documento adulterado fuera del sistema. La matrícula ilegal, en cambio, es un registro válido dentro del sistema, pero generado mediante accesos indebidos o manipulación interna. Lo más grave, el propio sistema del Estado valida información contaminada por estructuras criminales. El análisis también identifica fallas estructurales claras. Primero, un modelo de descentralización que transfirió competencias complejas a municipios sin capacidades técnicas suficientes. Segundo, una vulnerabilidad tecnológica críticas en el sistema AXIS 4.0, caracterizada por accesos remotos no controlados, ausencia de autenticación robusta y persistencia de usuarios no autorizados. Tercero, una debilidad en los mecanismos de control institucional, sin auditorías periódicas, sin trazabilidad efectiva y sin proceso de depuración del talento humano. El resultado es claro. Una fragmentación del control estatal, donde múltiples entidades operan sin supervisión efectiva, generando un entorno propicio para la infiltración criminal. Frente a esto, el informe no se limita a señalar problemas, sino que plantea un conjunto de medidas técnicas orientadas a cerrar brechas estructurales, entre ellas, la depuración total de usuarios del sistema AXIS, la implementación obligatoria de autenticación multifactor y validación biométrica, auditoría integral de credenciales, interoperabilidad en tiempo real con la Policía Nacional, control digital permanente de la revisión técnica vehicular, pruebas de confianza obligatoria para el personal y la evaluación y recategorización de los gobiernos autónomos descentralizados según su capacidad real. Asimismo, se establecen recomendaciones normativas que buscan corregir vacíos estructurales, como el fortalecimiento del rol rector de la Agencia Nacional de Tránsito y la incorporación de mecanismos de revisión de competencias cuando se evidencie afectación a la seguridad del Estado. Y aquí quiero cerrar con absoluta claridad. Este informe ya hizo su parte, diagnosticó, aprobó y planteó soluciones. Ahora corresponde ejecutar, depurar el sistema y eliminar usuarios irregulares, controlar en tiempo real, evaluar competencias y asumir responsabilidades. Porque si no se actúa, no solo falla el sistema, falla el Estado. En ese sentido, señora Presidente, y en cumplimiento de los dispuestos en el artículo 135 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, me permito emocionar la aprobación de la resolución adjunta en relación al informe sobre el proceso de seguimiento y fiscalización integral y fiscalización integral a las entidades municipales encargadas del tránsito, transporte y seguridad vial elaborado por la Comisión de Fiscalización y Control Político. Para que este Pleno no solo conozca este informe, sino que disponga su aprobación y ejecución inmediata. Muchas gracias, señora Presidenta. Devuelvo la palabra. Gracias.