🕒 0:00 Mariana Yumbay Yallico (75%)

Gracias, Presidente. Muy buenos días con todos y todas y en especial con todo el pueblo ecuatoriano, con los migrantes que ahora mismo están sufriendo el abandono del Estado y así sucesivamente en el área de salud, educación, entre otros. Quiero referirme a esta objeción total al proyecto de reforma a la ley de registro, iniciativa que fue aprobada por unanimidad en el periodo anterior y que desafortunadamente desde el Ejecutivo recibimos una objeción total. Quiero señalar que esa objeción responde a un total desconocimiento del carácter del Estado ecuatoriano. El Estado ecuatoriano es un Estado plurinacional e intercultural, pero que implica el ser Estado plurinacional significa que luego de años de exclusión, los pueblos, estos 18 pueblos indígenas y 15 nacionalidades son reconocidos como parte y sujetos de derecho de este Estado ecuatoriano. Pero ese reconocimiento no es folclórico, significa que se reconoce sus conocimientos, su sabiduría, sus sistemas jurídicos, sus sistemas organizativos, implica que se reconoce sus prácticas económicas, entre otros. Y en ese marco, de acuerdo al artículo 171 de la Constitución, deja claro que las autoridades de la jurisdicción indígena, dice, ejercerán funciones jurisdiccionales, esto implica que tienen la potestad de resolver todos los conflictos al interior de sus comunidades. Esto es, conflictos territoriales, conflictos de tal vez personales, entre otros. Sin embargo, el mismo artículo 171 que dice que todas las autoridades de las distintas instituciones del Estado respetarán las decisiones de la jurisdicción indígena. Y el artículo 176.7.i que dice que todo lo resuelto dentro de la jurisdicción indígena equivale a cosa juzgada. Por lo tanto, el único organismo sujeto para hacer el control de constitucionalidad es la Corte Constitucional. En ese sentido, esta propuesta, que es lo que buscaba, colegas asambleístas, buscaba que las decisiones que se adopten al interior de las comunidades sean respetadas en este caso, si resuelven un caso de conflicto de tierras, sea inscrita en el registro de la propiedad. Porque no hay otro registro de la propiedad, hay sólo un registro. Por lo tanto, el registrador de la propiedad tiene que inscribir, así como lo hace, las decisiones de la jurisdicción ordinaria, también de la jurisdicción indígena. Sin embargo, desafortunadamente, esta objeción total, vemos que evidencia una decisión totalmente política y regresiva, contraria a la Constitución, contraria a la jurisprudencia constitucional, pero también contraria a los estándares internacionales de derechos humanos. El gobierno pretende justificar esta objeción total sobre la base de criterios profundamente coloniales y abiertamente racista. La desconfianza sistemática hacia la justicia indígena, su tratamiento como una amenaza al orden estatal, que debe ser contenida, subordinada, criminalizada o, en los mejores de los casos, invisibilizada. Este razonamiento no es técnico, tampoco es jurídico, es una expresión clara de un pensamiento colonial, anclada en la negación histórica de los pueblos indígenas como sujetos plenos de derecho. Y cuando esa lógica colonial se traduce en decisiones oficiales de poder público, no estamos frente a una simple diferencia de criterio, sino estamos ante una manifestación concreta de un racismo estructural ejercido desde el Estado. Se nos dice que reconocer efectos registrales a las decisiones de la jurisdicción indígena pone en riesgo la seguridad jurídica, situación que es totalmente falso. La seguridad jurídica no se construye negando derechos, sino respetando la Constitución, respetando las sentencias de la Corte Constitucional, así como los distintos instrumentos internacionales y las sentencias de la misma Corte Interamericana. La jurisdicción indígena no es inferior, eso lo ha dicho tanto la Corte Constitucional ecuatoriana como la Corte Interamericana de Derechos Humanos en varias decisiones. Ha dicho que está en el mismo nivel jerárquico entre la justicia ordinaria y la justicia ordinaria. Por otro lado, lo que hizo esta reforma es precisamente articular ese sistema registral con el pluralismo jurídico, evitando que las decisiones legítimas de las autoridades indígenas sean desconocidas por funcionarios administrativos que no tienen competencia para ello. El registrador de la propiedad no administra justicia, el registrador no puede cuestionar una decisión jurisdiccional indígena, como tampoco cuestiona una decisión de la justicia ordinaria. Negar esta reforma sería un acto político que reproduce una visión totalmente colonial y racista hacia los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas, señores asambleístas, los pueblos indígenas no somos mendigos para que nos regalen migajas como en la época de la hacienda, a cambio de la obediencia y sacrificio de derechos. Somos pueblos con dignidad, historia, sistemas jurídicos propios y derechos constitucionales plenamente vigentes. Exigimos respeto a nuestros derechos. También exigimos cumplimiento de la Constitución y el fin definitivo del colonialismo, del paternalismo que pretende administrar nuestra existencia sin reconocer nuestra autodeterminación. Hoy esta Asamblea tiene una decisión histórica. No se trata sólo de ratificar o no una ley objetada por el Ejecutivo. Se trata de definir si esta Asamblea está al lado de la Constitución o del poder, del lado de los derechos o de la regresión, del lado del Estado plurinacional o del colonialismo reciclado. La objeción total presentada por el gobierno no se sustenta en argumentos técnicos ni jurídicos sólidos, se sostiene en una desconfianza colonial hacia los pueblos indígenas, en un intento de subordinarla, de vaciarla de contenido y reducirla a un reconocimiento meramente simbólico. Eso viola la Constitución, contradice la jurisprudencia de las altas Cortes. Por ello, exhorto a esta Asamblea Nacional a ratificar esta ley que fue legítimamente aprobada como un acto de coherencia con la Constitución, con la dignidad política de este poder del Estado y respeto a los derechos colectivos de los pueblos indígenas. La justicia indígena no amenaza al Estado, el racismo institucional sí es una amenaza. Nuevamente, insisto que ojalá hagamos justicia con los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas realmente estamos cansados que no se haya hecho absolutamente nada desde esta función del Estado para concretar el Estado plurinacional. 10 minutos, 15 asambleistas, tiene 30 segundos para terminar su intervención. Presidente, insisto, estamos cansados que no se haya logrado concretar la construcción de un verdadero Estado plurinacional. Que los indígenas sigamos siendo, lamentablemente, parte de esos datos estadísticos donde hay la mayor pobreza, la mayor desigualdad y que sólo nos visiten en campaña con ofertas que nunca se cumplen. Ahora es cuando demostremos coherencia y apoyemos esta iniciativa ratificando esta ley de registro, esta reforma de la ley de registro. Gracias, Presidente, y gracias.