🕒 0:06 Luigi Edu Garcia Velasquez (75%)

Gracias, señor presidente, colegas asambleístas, queridos ecuatorianos que nos observan a través de los diferentes medios de difusión legislativa. La negligencia y la corrupción no puede ser responsabilidad económica ni del Estado ni de los ciudadanos del Ecuador. Y es que al país le indignan los casos de corrupción. Sin embargo, durante años hemos normalizado que sea el Estado ecuatoriano quien pague los platos rotos de aquellos corruptos y de aquellos negligentes que en el uso de sus funciones obraron con malicia, con dolo y crearon perjuicios al Estado ecuatoriano. Si bien la acción de repetición, el derecho a la repetición que goza el Estado se encuentra contemplado hoy por hoy en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, conforme al mandato constitucional establecido en el artículo 11, numeral 9 de la Constitución, esto en la práctica es letra muerta. Y es que son pocos los casos en los que el Estado ecuatoriano ha logrado recuperar estos valores. Millonarias sumas de dinero producto de pago de reparaciones, de pago de indemnizaciones causadas por el mal manejo de recursos públicos, por el atropellamiento a los derechos, por los daños ambientales, por las decisiones negligentes y dolosas de los funcionarios, esas y un sinnúmero de consecuencias jurídicas provocadas por aquellos funcionarios que no tuvieron reparo de actuar con ética en el desempeño de sus funciones. Actualmente tenemos en el ordenamiento jurídico regulado de forma dispersa la acción de repetición, de forma dispersa tal manera que lo que nos ofrece es no tener un procedimiento claro, no tener reglas procesales eficaces y no tener consecuencias reales. Elementos que lejos de aclarar el proceso lo oscurecen, lo vuelven una figura débil, una figura frágil y una figura poco eficaz. Ecuatoriano es la consecuencia de 2.800 millones. 2.800 millones es lo que ha pagado el Estado ecuatoriano desde el año 2015, producto de reparaciones o indemnizaciones. Dinero que sale del presupuesto público y que bien pudo haber sido invertido en salud, en seguridad, en obra pública, en educación, pero no, fueron 2.800 millones de dólares destinados a pagar por los abusos, por los errores, por la corrupción de unos cuantos que hoy viven escudados detrás de una impunidad administrativa. Impunidad administrativa causada por la falta de armonización jurídica en la ley. Y aquí hay que ser muy claros, esta ley no trata de crearle un nuevo derecho al Estado ecuatoriano y tampoco trata de suprimirle un derecho a los funcionarios públicos. Se trata de armonizar nuestro ordenamiento jurídico, concentrar el proceso en un solo cuerpo normativo a fin de tener procesos claros, plazos claros, prescripciones, jurisdicción, competencia y un sinnúmero de elementos que nos van a permitir que el Estado pueda recuperar estos valores y que la acción de repetición no quede en letra muerta como hoy sucede. Y es importante, ecuatorianos, porque van a nacer las narrativas, van a existir narrativas y van a querer vender que esta ley es una ley en contra de los funcionarios públicos. Esta ley no busca criminalizar el servicio público, ni mucho menos busca perseguir al servidor honesto, ni busca irse en contra de los funcionarios que bien hacen su trabajo. Se los digo yo que fui funcionario público de designación y que conozco las exigencias y las responsabilidades que implica servir al Estado. Esta es una ley de protección al presupuesto público, una ley de protección a nuestros bolsillos. La justicia y la lucha contra la corrupción no puede dilatarse ni mucho menos puede convertirse en letra muerta en la ley. Este proyecto de ley debe regresar a la respectiva comisión, seguir con el flujo, con el camino normal y debe socializarse y sumar a la academia, a la Procuraduría General del Estado, entidades especializadas, a fin de construir un texto normativo sólido y eficaz. Ecuador necesita dar un mensaje firme y contundente. Quien actúa con negligencia, quien actúa con corrupción, debe pagar, pero debe pagar con su patrimonio y con su bolsillo. Basta de impunidad, basta de vacíos legales, basta de supuestas lagunas normativas que hoy los jueces corruptos se atan a ellas para lavarse las manos y decir que no ha pasado nada y que no tienen los negligentes y los corruptos que pagar por sus acciones. El dinero de los ecuatorianos se debe respetar. El dinero del Estado es el dinero de los ecuatorianos. Gracias, señor Presidente. Y devuelve usted el uso de la palabra.