🕒 0:18 Liliana Elizabeth Durán Aguilar (75%)

Gracias, asambleísta Olsen. Señoras, señores, asambleístas, ecuatorianos, ecuatorianas y a todas las personas que nos acompañan a través de los diferentes medios de comunicación, tanto legislativos como a través de las redes sociales. Es innegable que nuestro país clama para una verdadera reforma judicial, una reforma que incluya la selección de jueces y juezas que administren justicia de verdad, que les otorgue condiciones de hacer justicia sin miedo, sin temor a ser destituidos. Una reforma que conduzca a que los jueces honren su juramento de graduación, de hacer justicia. Eso implica que juzguen única y exclusivamente en función de los hechos y el derecho. No debe haber ningún elemento adicional que los hechos y el derecho. Eso es justicia. Implica que no se dejen presionar ni intimidar del poder ejecutivo. Implica que no se dejen presionar por presidentes de los consejos de la judicatura, con pertenencia política y defensores de bandas criminales de narcotráfico internacional, como alguno que por unanimidad fue censurado y destituido en esta misma Asamblea Nacional. Implica que se conviertan en el contrapeso de la verdad y la justicia, condenando a los verdaderamente responsables y ratificando la inocencia de los inocentes. No al revés, un juez sabe que es peor condenar a un inocente y mantenerlo preso que absolver a un culpable. Condenar a inocentes por presiones políticas es matar el sistema judicial, es convertirse en sicario judicial, porque matan la confianza de la justicia. Un juez probó, sabe cuando un caso es montado para liquidar al adversario político. Lo sabe claramente y actúa muy a pesar de las consecuencias. Quiero mencionar el caso del juez Carlos Serrano. Por ello, cualquier reforma debe orientarse a proteger a los jueces para que no sean objeto de persecución, intimidación, destitución, cuando hacen justicia y enfrentan a un poder abusivo que pretende perpetuarse en el poder sin el respaldo ciudadano, haciendo trampas en todas las instituciones del Estado. Trampa. Es mal usar el sistema judicial para apresar al adversario político y competir sin él, porque de dejarlo actuar, saben que se impondría, porque cuenta con el apoyo popular. Mi respaldo a Aquiles Álvarez, a Jorge Glass y a todos los perseguidos políticos de este país y de este infame gobierno, pero lo que hoy nos presentan no es una reforma judicial, y eso lo debemos tener absolutamente claro, es la toma de la justicia. Esto es una farsa. El proyecto de ley cocinado en la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional es determinante, que es su pretensión de entregarle el sistema judicial al actual poder de turno. ¿Qué planteas de este despropósito? Que sea el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Educación Superior, quien seleccione a 12 profesores para que conformen el Comité Nacional de Selección de más de 800 jueces. Número que se ha determinado por el propio Consejo de la Judicatura, como necesario para cubrir el déficit judicial. Desde la conformación de la Corte Nacional, que requiere renovar 18 de 21 jueces y nombrar sus 21 conjueces en todas las materias. Esta es penal, civil, administrativo, tributario y familia. La Comisión de Justicia, utilizando eufemismos y manipulando el lenguaje, pretenden hacerle creer al país que las facultades de la jurisprudencia y la Corte Constitucional, la Corte Nacional de Justicia, la Federación Nacional de Abogados y el Consejo de Educación Superior, tendrán a su cargo los nombramientos de los integrantes del Comité Seleccionador de Jueces. ¡Falso! Lo que realmente va a hacer es imponer 12 nombres preseleccionados a dedo por un viceministro de Educación Superior, sirviente y servil del Ejecutivo, a las universidades de las que no se especifica si son públicas o privadas, si son aquellas que entregan títulos en 8 meses a la cónyuge del Ejecutivo, por ejemplo, o si son universidades de garage o cualquiera que fuera, incluso las más prestigiosas según la reforma, solo se les exigirá que envíen las hojas de vida de sus docentes para que el gobierno sea el gran elector. Y sabemos muy bien cómo funciona esto. Chantajearán a las universidades públicas con entrega o retención de sus presupuestos operativos para obligarlas a remitir las ternas que el poder público ordene. Las otras instituciones no tendrán más opción que escoger entre los candidatos que el Ejecutivo ya filtró y bendijo previamente. Esto es una vergüenza nacional y una expresión descarada del abuso de poder. Quieren utilizar a las universidades, a sus docentes y a las facultades de derecho como simples lavanderías de sus decisiones políticas. Para colmo, pretenden acusar además a la Corte Nacional, a la Federación de Abogados, a la Corte Constitucional y al CES para que legitimen el secuestro de la justicia a través de un comité seleccionador de jueces que les pertenecerá al Ejecutivo. Esperamos que esas entidades, con un mínimo de dignidad institucional, levanten la voz y rechacen esta barbaridad. Es indigno que se juegue con la inteligencia de los sectores representativos del país para usarlos en la toma de la justicia. Esta tiranía disfrazada de reforma contraviene explícitamente los mandatos obligatorios del sistema interamericano de derechos humanos. La Corte Interamericana, con absoluta nitidez, ha establecido en las sentencias Quintana Cuello y Camba Campos, ambas en contra de los abusos del poder político en Ecuador. La dimensión institucional de la independencia judicial que exige el nombramiento de jueces y juezas que se encuentren blindados contra presiones externas, siendo la separación de poderes la piedra angular. Es decir, que el Ejecutivo no puede intervenir en la selección de jueces y juezas. En el caso Reverón Trujillo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue tajante. Los procedimientos de selección no pueden tener interferencia gubernamental ni un alto grado de discrecionalidad porque ello impide seleccionar a los más idóneos según su mérito y capacidad y superpone el interés de control del poder ejecutivo afectando el sistema judicial como pilar del sistema democrático. El Ecuador vive hoy una persecución política instrumentada a través del sistema de justicia. El mecanismo predilecto del gobierno de turno ha sido el chantaje, la presión y la intimidación sistemática para someter a funcionarios fusilámines desde la Fiscalía, el Tribunal Contencioso Electoral, el Consejo Nacional Electoral, la Corte Nacional y el Consejo de la Judicatura, a los que usan para perseguir al adversario político, para perseguir a inocentes. Esta pretensión es una aberración inconstitucional viola de muerte el principio de independencia judicial y superpone groseramente el poder del Ministerio de Educación Superior por encima de las competencias exclusivas del Consejo Nacional de la Judicatura. Es el zorro exigiendo por ley que le entreguen las llaves del gallinero. Eso es lo que pasa. Por lo tanto, si el oficialismo insiste en avanzar con esta pretensión, anuncio desde este momento que presentaremos una acción de inconstitucionalidad. Exigiremos a la Corte Constitucional que siendo consecuente con sus propios precedentes y sentencias, dicte medidas cautelares inmediatas para detener este nuevo atropello. Defender la independencia en la selección de nuevos jueces es el último bastión que queda para impedir que un proyecto autoritario y tiránico termine por destruir nuestro sistema democrático y con ello nuestra calidad de vida. No permitamos y no permitiremos que la justicia ecuatoriana se convierta en una sucursal del Palacio de Carondelet. Palabra, asambleísta.