🕒 0:04 Mariana Yumbay Yallico (75%)

Gracias, Presidente. Muy buenos días con todos y todas y en especial con todo el pueblo ecuatoriano. Quiero empezar señalando que los pueblos indígenas decimos que no heredamos la tierra de nuestros abuelos, de nuestros ancestros. La tomamos prestada. Son de nuestros hijos y de aquellos que aún no nacen. Por eso nosotros siempre hemos llamado al cuidado y a la protección de esta casa grande. Solo cuando se seque el último río, cuando se caiga el último árbol, cuando desaparezca la última especie, comprenderemos que el dinero no se come. Por eso nuestros pueblos aprendieron a cuidar la vida y claro, también aprendieron a tomar solo lo necesario de la naturaleza. Cuando hablamos de la naturaleza, no hablamos de un recurso económico. Hablamos de la vida, hablamos del agua que bebemos, de los alimentos que nos sostienen, de los bosques que producen oxígeno que respiramos y de los territorios donde nuestros pueblos han vivido durante generaciones y generaciones. Nuestro país, claro que atraviesa tiempos difíciles. No solo enfrentamos los efectos de la crisis climática mundial, también enfrentamos las consecuencias de decisiones políticas que durante décadas han privilegiado la explotación de la naturaleza han privilegiado la explotación de la naturaleza por encima de la vida. Cada año aumentan las sequías, los incendios forestales, las inundaciones, la contaminación de nuestros ríos. Las comunidades indígenas, afroecuatorianos, montuvios y campesinos ven cómo se disminuyen las fuentes de agua. Los agricultores pierden sus cosechas por los cambios extremos del clima. Los páramos se degradan, los bosques cada vez desaparecen y con ellos se exterminan también los conocimientos ancestrales que durante siglos permitieron precisamente una convivencia respetuosa con la naturaleza. Y debemos decirlo con toda la certeza, esto no es producto de la casualidad, es consecuencia de un modelo económico que ha convertido a la naturaleza en una mercancía. Un modelo extractivista que mide el desarrollo por la cantidad de recursos naturales que se extraen del territorio. Pero nunca se contabiliza los ríos contaminados, los bosques destruidos, las especies desaparecidas, ni las comunidades que han sido afectadas, la cultura destruida, las enfermedades que afectan a la población. Y tampoco se dice nada de pueblos que han sido desplazados porque se implementan proyectos extractivos. Por eso, hablar de educación ambiental, claro que es importante, pero educar nos va a permitir precisamente que se logra el respeto a la naturaleza y que puede contribuir a formar ciudadanos más conscientes y responsables también. Pero también debemos preguntarnos si esa reforma es coherente con la realidad que vive el país. Es la pregunta grande que deberíamos hacernos. Porque resulta contradictorio enseñar a la niñez y a la juventud a proteger los ríos mientras se autorizan actividades que las contaminan. Resulta contradictorio enseñar a respetar los bosques mientras se amplían los proyectos extractivos sobre los ecosistemas frágiles, incluso sobre áreas protegidas con leyes que han aprobado en este espacio. Resulta contradictorio enseñar el valor de la naturaleza mientras quienes la defienden son perseguidos, criminalizados, judicializados. No podemos enseñar una cosa en las aulas y hacer exactamente lo contrario desde el poder. Nuestra constitución, claro que convirtió al Ecuador en el primer país del mundo en reconocer a la naturaleza como sujeta de derechos. Fue una conquista histórica de los pueblos indígenas, de los movimientos sociales y de quienes entendieron que realmente la naturaleza es nuestra hermana. Y por ende hay que cuidarle si queremos garantizar la vida para nuestras futuras generaciones. Pero esos derechos no pueden quedar en el papel únicamente. La educación ambiental debe enseñar precisamente que la naturaleza tiene derechos. Debe enseñar que el agua no es una mercancía, sino una condición para la vida. Debe enseñar también que los páramos, que los bosques, que los manglares y todo. No, los ecosistemas no son simples recursos económicos, sino espacios indispensables para la existencia de las generaciones presentes y futuras. Y debe enseñar algo más que defender la naturaleza, que la naturaleza o la defensa de la naturaleza no es delito de quienes protegen los ríos, los bosques, los páramos, los territorios. No son enemigos del desarrollo, no son delincuentes como se les ha catalogado hasta la presente fecha. Son defensores de la vida y ejercen derechos reconocidos en la Constitución, pero también en los instrumentos internacionales. Desde los pueblos y las nacionalidades indígenas hemos aprendido que la tierra no nos pertenece, nosotros nos pertenecemos a la naturaleza. Por eso la Pachamama no es un objeto para explotar sin límites, sino al ser una madre lo que nos corresponde es cuidarle, protegerla. Por eso esta iniciativa de reforma a la normativa debe fortalecerlos incorporando, por ejemplo, los derechos de la naturaleza, la interculturalidad, los conocimientos ancestrales, la justicia climática y por qué no la consulta previa, libre, informada, que hasta la presente fecha sigue siendo vulnerada permanentemente. Pero también debemos decir la verdad al país. Si seguimos enseñando a la niñez y a la juventud a proteger la naturaleza mientras el Estado continúa destruyéndola, si enseñamos derechos ambientales mientras se persigue a quienes los defienden, si hablamos de conservación mientras se profundiza el extractivismo, esta reforma corre el riesgo de convertirse en un simple populismo jurídico y un show legislativo. Las futuras generaciones no nos juzgarán por los discursos quizás que pronunciemos el día de hoy o en la siguiente sesión, nos juzgarán por la coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos, porque la verdadera educación ambiental no comienza en los libros, comienza cuando el Estado da el ejemplo. Nuestro lema es diciendo y haciendo y no mintiendo constantemente. Muchas gracias.