🕒 0:00 Samuel Elías Celleri Gómez (75%)

Bien, presidente. Muchísimas gracias por el uso de la palabra. Saludar a todos los colegas legisladores, la fuerza rural y de soberanía alimentaria del país y representado por mi provincia de Esmeraldas en 57 parroquias rurales en la cual integra esta provincia del norte del país. Gracias. Reitero en este nuevo año, señor presidente y colegas, mi respeto a todas las diferentes posturas y actores políticos en la intervención de lo que queremos hacer de acuerdo a nuestras atribuciones y funciones en el marco legislativo. Es importante como conocedor del territorio poder dar mi intervención dentro del proyecto de ley orgánica de desarrollo agropecuario, una provincia como la mía, Esmeraldas, que deja mucho al erario nacional, pero también olvidada históricamente por el Estado. Hablar hoy de desarrollo agropecuario no es un ejercicio o un aspecto técnico únicamente, sino es hablar de justicia territorial, de dignidad rural y de futuro para provincias rezagadas como la de Esmeraldas. Mi provincia, que ha alimentado al país con cacao, plátano, coco, palma, pesca artesanal y agricultura familiar, sin embargo, nuestros productores siguen enfrentando pobreza, informalidad, falta de asistencia técnica, ausencias de créditos, caminos rurales en mal estados y precios injustos en el mercado. Esa contradicción no es natural, sino es el resultado de décadas sin una política agropecuaria integral. Por eso, momento de leer y bien por este primer debate de esta ley orgánica de desarrollo agropecuario, que no se la debe ver como una ley más, sino como una oportunidad histórica para saldar una deuda con el campo ecuatoriano. Decía yo en la campaña pasada y una de mis propuestas y ejes fue que desde el campo tiene que generarse el progreso y el desarrollo para la ciudad y debe colocar esta ley a la innovación y la transferencia tecnológica como un eje central del desarrollo. Para mi provincia y como muchas del país, esto significa romper con el ciclo de la producción de subsistencia, significa que el pequeño productor de cacao, plátano o coco tenga acceso real a semillas mejoradas, prácticas agroecológicas, manejo de suelos, control biológico de plagas, tecnología post cosecha, articulado con la INEAP, universidades y centros de investigación. Esta ley, que es lo que él ha podido leer, conecta el conocimiento con el campo para que la productividad aumente, los costos bajen y el valor agregado se quede en cada una de las provincias, no fuera de ellas. Uno de los mayores problemas de Esmeraldas, por ejemplo, porque siempre doy la perspectiva, dado que soy representante de mi provincia y como otras provincias de la costa, es la invisibilidad del productor rural. El registro nacional de productores agropecuarios permitirá saber quién produce, qué produce y dónde produce. Esto no debe verse como más burocracia, sino como la planificación, la focalización de recursos y accesos a programas públicos. La trazabilidad además permitirá que los productos de provincias como Esmeraldas cumplan estándares sanitarios y accedan a mercados nacionales e internacionales, generando precios y confianzas del consumidor. Los productos de todo el país no pueden seguir, colegas legisladores, produciendo a pérdida y vendiendo sin protección. Legisladores y colegas presentes dentro de esta sesión plenaria, hay que analizar los aspectos de esta ley y estoy seguro que coincidiremos en que sin formación no hay desarrollo. La capacitación técnica, el extensionalismo rural y la asistencia en territorio permitirán que el conocimiento llegue a los pequeños productores, a las mujeres rurales, a los jóvenes. Aquí encontramos un mensaje político claro, o damos oportunidades en el campo o seguimos expulsando nuestra juventud hacia la informalidad, a la migración o a la violencia. Esta ley apuesta por el arraigo productivo y la permanencia digna en el territorio, pero también tenemos que darnos cuenta y entender que las provincias no pueden desarrollarse sacrificando la biodiversidad de su territorio. Por lo cual veo con buenos ojos que en este proyecto se integra la producción agropecuaria con la sostenibilidad ambiental, promoviendo agricultura ecológica, uso responsable del agua, conservación de suelos y adaptación al cambio climático. Analizando más a fondo el proyecto, aplaudo la conformación del Comité Nacional Agropecuario y el Consejo Consultivo Agropecuario que permitirán que las voces de los productores, comunidades afroecuatorianas, campesinas y rurales participen en la toma de decisiones. Como siempre digo, la ley no se debe construir desde el escritorio, se construye desde el territorio. Además, la derogación de una ley agropecuaria obsoleta de 1979 pone fin a la inseguridad jurídica que por años han frenado la inversión, la asociatividad y el desarrollo rural. Con estos antecedentes me permito hacer las siguientes observaciones. Esta ley está bien construida, moderna y alineada con buenas prácticas internacionales, también acogiendo las observaciones que viven y aplaudo por los colegas que me antecedieron que están dando observaciones muy interesantes para que la pueda acoger la comisión. Pero justamente porque es una ley pensada para el largo plazo, tenemos la responsabilidad de preguntarnos algo fundamental. ¿A quiénes van a beneficiar primero y con mayor fuerza? Si queremos que una norma transforme la vida del campo, todavía hay aspectos que se pueden mejorar y fortalecer. Uno de ellos es la necesidad de aplicar un enfoque territorial diferenciado. La ley mira al país como un todo, pero la realidad nos demuestra que el campo no es igual en todas partes. No es lo mismo producir en la sierra interandina que hacerlo en la costa o en la Amazonía o en territorios donde la pobreza, la informalidad, la falta de infraestructura y la ausencia histórica del Estado sigue siendo una constante, compañeros legisladores. Provincias como Esmeraldas no necesitan las mismas recetas generales, sino políticas hechas a la medida de su realidad social, cultural y productiva. Incorporar también este enfoque permitiría que el Estado priorice la inversión pública, la asistencia técnica, el crédito y la infraestructura productiva justamente en los territorios donde más se necesita. No se trata de crear privilegios ni favoritismo, sino de corregir desigualdades históricas que el mercado, que en el mercado por sí solo no ha podido ni podrá resolver. Otro tema especialmente sensible es la protección de la agricultura familiar y campesina. La ley habla de competitividad y de acceso a mercados, pero no ofrece garantías claras frente a la intermediación abusiva, los mercados concentrados o la especulación. El pequeño productor no compite en igualdad de condiciones y sin protección muchas veces termina vendiendo su cosecha por debajo de lo que le costó producirla o incluso perdiéndola. Por eso es necesario que la ley incluya precios mínimos diferenciados para productos estratégicos de la agricultura familiar y campesina, acompañados de mecanismos de compra pública. Eso es defender, colegas legisladores, la soberanía alimentaria, dar estabilidad a quienes producen nuestros alimentos y devolver dignidad a nuestros productores del sector rural. Finalmente, señor presidente y colegas legisladores, a la señora presidenta de la comisión, serán mis observaciones enviadas desde mi despacho para su análisis y consideración en el segundo debate. Sin dudar, el agro esmeraldeño y ecuatoriano no necesita caridad, necesita reglas claras, inversión y justicia. Y con los aportes de todos los colegas, porque sé que podrán haber diferencias y siempre ha habido mi respeto y habrá mi respeto para las diferencias que hay, pero sí habrá las coincidencias. Y esta ley permitirá que el campo deje de ser solo un proveedor de materias primas y se convierte en un territorio productivo con valor agregado, empleo digno y soberanía alimentaria. Hoy tenemos la responsabilidad, colegas legisladores, pensando en el campo, en el productor pequeño, en la mujer rural y sobre todo también en el joven campesino. Mi palabra, señor presidente. Muchas gracias.