🕒 0:00 Gustavo Enrique Mateus Acosta (75%)

Gracias, señor presidente. Un saludo cordial a las compañeras y compañeros, medios de comunicación y a todos nuestros compatriotas quienes siguen esta sesión desde distintos rincones del país y del mundo. En esta mañana debatimos un tema importante y que nos atañe a todos, porque hablar de obesidad no es hablar únicamente de una enfermedad. Es hablar de la calidad de vida de miles de ecuatorianos, de las profundas desigualdades que todavía existen en nuestro país y de la capacidad que tiene el Estado para garantizar un derecho tan esencial para la salud. Debemos ser responsables con el mensaje que enviamos a la ciudadanía, promover una alimentación saludable, incentivar la actividad física y fortalecer la prevención siempre será fundamental. Nadie discute eso. Sin embargo, tampoco podemos caer en el error de pensar que la obesidad se resuelve únicamente con fuerza de voluntad, una buena dieta o con más ejercicio. Estamos frente a una enfermedad compleja y multifactorial. Hay personas que aún llevando hábitos saludables enfrentan esta enfermedad como consecuencia de alteraciones hormonales, enfermedades metabólicas, genéticas o de otras condiciones médicas que requieren diagnóstico, seguimiento y tratamiento especializado. También hay quienes ven limitada la posibilidad de llevar una vida saludable por la pobreza, la inseguridad alimentaria, la falta de espacios adecuados para la actividad física o la ausencia de políticas públicas eficaces. La realidad es que no todas las familias tienen las mismas oportunidades en el Ecuador. Hay padres y madres cuyo mayor esfuerzo cada día no es decidir qué alimentos comprar, sino conseguir lo suficiente para que sus hijos puedan comer al menos una vez al día. Y en esas condiciones, hablar de alimentación equilibrada deja de ser una elección para convertirse en un privilegio. Tampoco es lo mismo crecer en un barrio donde hay parques, ciclovías y espacios seguros para hacer actividad física que hacerlo en un lugar donde salir a caminar o dejar que los niños jueguen en la calle, representa un altísimo riesgo. El artículo 20 del proyecto de ley reconoce la importancia de construir entornos saludables desde los territorios, pero también debe quedar claro que la responsabilidad de garantizar ese derecho sigue siendo del Estado. Los gobiernos autónomos descentralizados son aliados fundamentales en esta tarea, pero no pueden asumir solos una obligación que requiere planificación nacional, coordinación interinstitucional y financiamiento. Si el gobierno nacional no acompaña ese esfuerzo con recursos económicos y políticas públicas claras, muchos municipios, especialmente los más pequeños, no estarán en condiciones de cumplir con ese mandato. Y el artículo 20 correrá el riesgo de convertirse en letra muerta, sin generar ningún impacto real en la vida de las personas. Este proyecto de ley habla de atención integral, de diagnóstico oportuno, de tratamiento y rehabilitación, pero todavía debemos fortalecer aquello que permitirá que esos derechos dejen de ser aspiraciones para convertirse en realidades. No basta con reconocer obligaciones generales del Estado. Necesitamos identificar con claridad quién hará qué, con qué recursos y bajo qué mecanismo de coordinación. Cuando una política pública no tiene responsables definidos, financiamiento suficiente, ni mecanismos de seguimiento, termina dependiendo de la buena voluntad de las autoridades de turno. Este debate también nos obliga a mirar la realidad del sistema de salud. Resulta contradictorio hablar de atención integral cuando miles de ecuatorianos siguen esperando meses por una consulta médica, recorren hospitales sin encontrar un solo medicamento que necesiten, o ven cómo una cirugía se posterga indefinidamente sin fecha alguna. Esa es la funesta realidad del actual sistema de salud pública. Esta ley debe ser mucho más que un buen texto jurídico. Debe convertirse también en un llamado para que el Gobierno Nacional asuma con responsabilidad la crisis que atraviesa el sistema sanitario y comprenda que garantizar el derecho a la salud exige inversión, planificación y decisión política. Ninguna ley podrá cambiar la vida de las personas si quienes tienen la obligación de ejecutarla siguen desmantelando nuestro sistema público de salud. Espero, señor presidente, que estas observaciones, junto con otras contribuciones formuladas por más compañeros asambleístas, sean debidamente consideradas por la Comisión e incorporadas para enriquecer el texto del proyecto con miras a su tratamiento en un segundo debate. Muchas gracias.