🕒 0:09 Otto Santiago Vera Palacios (100%)

Muchas gracias, señor presidente, señoras asambleístas, gracias también a las autoridades de esta noble universidad del Ecuador que nos permiten estar aquí debatiendo este tema importante para las ciudades y los pueblos del Ecuador. Creo en principio, por el título del proyecto de ley, que quizá la intención ha sido buena. Quizá la intención ha sido buena. Ahora, lamentablemente lo que está escrito en el texto del proyecto de ley no concuerda con la intención principal de este proyecto. Si bien es cierto, este proyecto debería impulsar que alcaldías y prefecturas inviertan 30% en el gasto corriente y 70% para la inversión, pero los parámetros que van a permitir el cumplimiento o no de esto van a hacer que nosotros mañana o más tarde seamos sujetos de sanciones o de incumplimientos de inconstitucionalidad. ¿A qué me refiero? Voy a leer textualmente el artículo 192 que está siendo modificado. El artículo 192 del COTAD, modificándolo, dice Los gobiernos autónomos descentralizados participarán del 21% de los ingresos permanentes y el 10% de los ingresos no permanentes del presupuesto general del Estado. Para el caso de los gobiernos autónomos municipales y provinciales, los citados porcentajes aplicarán siempre que se cumpla la regla de asignación mínima prioritaria prevista en el artículo 198.1 de este código. Caso contrario, el cálculo para las transferencias de cada uno de ellos no excederá los porcentajes establecidos en el artículo 271 de la Constitución. ¿Qué pasa con este artículo? Si es aprobado, este artículo va a ser contrario a lo que dice la Constitución en el artículo 271. Porque el artículo 271 habla de los mínimos valores que deben ser transferidos a los gobiernos autónomos descentralizados. Esto es, mínimo el 15% de los ingresos permanentes del presupuesto general del Estado y mínimo el 5% de los ingresos no permanentes del presupuesto general del Estado. ¿Cómo una ley puede estar en contra de lo que dice la Constitución? Además de lo que dice Alfredo Serrano, este sería otro motivo claro para la declaratoria de inconstitucionalidad de este proyecto. Y la cosa es la cosa importante. La que yo soy de acuerdo de acuerdo con el dictador y la orden que hoy han hecho su intervención. Y no es cierto, hay muchos municipios y provincias que no están haciendo la inversión como corresponde, que están invirtiendo mucho en fiestas o que están haciendo inversiones que son completamente equivocadas para el cumplimiento de las competencias exclusivas que tiene cada gobierno autónomo descentralizado. Pero yo quiero ponerles un ejemplo aquí. En mi provincia, en mi provincia los recursos que provienen del presupuesto general del Estado son alrededor de 60 millones de dólares. Estoy hablando de prefecturas y los tres municipios que hay en Santa Elena. Y de esos 60 millones de dólares, la reducción del presupuesto, de acuerdo a los cambios que se quieren hacer, solo llegaría a 43, 44 millones de dólares. Es decir que la reducción de las asignaciones estaría entre el 25 y 30%. Si esto lo hacemos a nivel país, estamos hablando de que una reducción para todos los gobiernos autónomos descentralizados oscilaría entre mil millones de dólares. Y si se acuerdan compañeros legisladores y pueblo cotoriano que nos esté escuchando, eso yo ya lo vengo escuchando varios meses atrás, cuando se tomó este Parlamento de forma equivocada, tomó la decisión de subir el 3% más del IVA, que se iban a recaudar mil millones de dólares, supuestamente para poder luchar contra la criminalidad. Pues esta reducción, si se aprueba esta ley, va a, lamentablemente, forzosamente, perdón, a reducir los ingresos de los municipios, de las prefecturas, en mil millones de dólares. Por tanto, el resumen es que este nuevo proyecto de ley solamente constituye un nuevo impuesto para todos los ecuatorianos, porque son mil millones de dólares que les estamos quitando no a los municipios ni a las prefecturas, sino a los ciudadanos de bien que merecen la obra pública que debe construirse en cada uno de sus territorios. Sí, este proyecto de ley es un 3% más de IVA si lo analizamos numéricamente. Por eso es importante acoger el pedido que hace el doctor Alfredo Serrano, que sí estamos de acuerdo en que la distribución económica entre inversión y gasto corriente debe ser 70-30, siempre y cuando se cumplan algunas disposiciones que permitan, obviamente, no quitar los recursos para temas sociales y para algunas actividades que son importantísimas para el desarrollo local. Pero en el caso de que esto no se cumpla, la ciudad no tiene por qué pagar los platos rotos. El pueblo no tiene por qué ver mermada la inversión en agua potable, en alcantarillado sanitario. En último de los casos, lo que deberíamos nosotros impulsar es que sean las autoridades las que en el momento de efectuar adelante ese incumplimiento sean destituidas. ¿Por qué no pueden ser las autoridades destituidas? ¿Por qué este proyecto de ley, si realmente quiere buscar la mejor ubicación de las inversiones en cada uno de los territorios, por qué no destituimos a los alcaldes o a los prefectos que incumplan estas disposiciones? Pues no, este proyecto lo que está haciendo es, no cumple la institución, le quito la plata al pueblo para que este dinero vaya a donde piensan que va a parar. ¿Irá a parar por si acaso o ustedes se imaginan que este dinero irá a parar a un fideicomiso en el que mañana ese municipio o esa prefectura cumple y le devuelven su dinero no va a pasar eso jamás? ¿Ese recurso a dónde piensan que se quedará? Se quedará en las arcas del gobierno central y ya sabemos cómo es el Estado central y la forma en que ejecuta los proyectos de acuerdo a sus competencias. Si ya estamos claros que el año pasado se invirtió solamente el 1%, imagínense ustedes, mientras se exige que está bien, y yo concuerdo con aquello, que a los gobiernos descentralizados se les exige el cumplimiento del 70% de inversión, mientras el Estado central invierte 1, 2% de los recursos de los ecuatorianos en la obra pública. Es decir, de que cada 100 dólares que nosotros cobramos en impuestos como Estado ecuatoriano, 1 o 2 dólares solo se invierte en la obra pública. Por tanto, compañeros legisladores, yo pienso que esto no es de intentar llevar adelante la narrativa de que es el Estado la vaca lechera. Yo creo que aquí más bien es lo contrario. Lo que queremos hacer es que la vaca lechera sean las ciudades en donde queremos seguirle metiendo la mano al bolsillo de los trabajadores, de las inversiones que deben realizarse en cada una de las ciudades para poder reinvertirlas en, entre comillas, aquellos proyectos que lleva adelante el gobierno central. Por eso, y de esa manera, como está redactado el actual proyecto, nosotros como Partido Social Cristiano nos opondremos a la aprobación de este proyecto. Muchas gracias.