🕒 0:00 Guillermo Vicente Báez Mera (100%)

palabra el asambleísta Vicente Valls. Gracias señora presidenta, colegas asambleístas, pueblo ecuatoriano. Inicio con un fraterno saludo a los pueblos y nacionalidades de la Amazonía. Hablar de salud mental en este país no puede ser un discurso abstracto, técnico y urbano. El proyecto de ley constituye un avance importante al conocer la salud mental como un eje fundamental en el desarrollo de niños, niñas y adolescentes. Es necesario ampliar hacia una mirada territorial inclusiva. El proyecto es muy necesario porque no se limita al eje de atención, sino a la de prevención. Y esto es indispensable en las comunidades amazónicas, donde los servicios de atención son muy limitados, por eso es importante trabajar en la prevención y promoción de sistemas educativos. Las condiciones de vida de miles de niños y niñas y adolescentes en las comunidades indígenas, particularmente de la Amazonía, donde el problema todavía no es el exceso de pantalla, sino la ausencia de Estado, falta de acceso al servicio de salud mental, escasez de profesionales y condiciones estructurales de pobreza, violencia y abandono. En ese sentido, la ley es positiva y necesaria, pero su verdadero desafío está en su implementación, que lo va a tener que hacer el gobierno central. Aprobar esta ley es indispensable, pero no basta con que aprobemos la ley, sino que se garantice que la psicoeducación en el sistema educativo llegue a todos los territorios en condiciones de igualdad, equidad, respetando las propias formas comunitarias de cuidado. Colegas asambleístas, mientras aquí debatimos normas en la Amazonía, los niños y niñas y adolescentes crecen entre la pobreza, la desnutrición, la violencia y la ausencia de servicios básicos. Ni siquiera tienen acceso a servicios de salud, por eso es un reto para el gobierno implementar un acceso integral a la salud mental. Por las razones expuestas, apoyo este proyecto de ley y seguiré de cerca la implementación en el sistema educativo de la provincia de Orellana. Esto todo porque tuve una denuncia desde Nuevo Rocafuerte, que es territorio del Cantón Aguarico, exactamente el último centro de población de la provincia de Orellana cerca a la frontera con el Perú. La única forma de salir para las comunidades de ese territorio es por bote, en un recorrido de seis, ocho horas hacia un centro urbano. Desde ese lugar recibí la denuncia. Los padres de familia decidieron cerrar la unidad educativa del milenio de Nuevo Rocafuerte en un acto de protesta pacífica, expresando su indignación porque la escuela se está cayendo y tienen miedo que sus hijos puedan salir afectados. Las instalaciones de agua y luz tampoco sirven a causa del abandono, cero mantenimiento, desde que se inauguró han pasado más de 12 años. Hace más de dos meses visité esa unidad educativa un día domingo y ¿saben qué ocurrió? El Distrito de Educación de Orellana removió de su cargo a la directora, que nos permitió ingresar junto a padres y madres de familia para constatar las condiciones en las que se estudian sus hijos. Tras ser removida, la señora volvió a ejercer sus funciones como docente y sin embargo, hace un mes se intentó sancionarla por un supuesto uso de las instalaciones con fines proselitismos políticos. Eso es lo que hace el gobierno, en lugar de garantizar una educación digna, persigue a quienes permiten visibilizar la realidad. Y les cuento esto porque este mismo gobierno es el que deberá garantizar la atención y prevención psicosocial, que sin duda es fundamental para nuestros niños, niñas y adolescentes, que para cumplir deberá cambiar el sistema educativo que actualmente se encuentra en abandono. Hay que ser claros, persigue a seres humanos, a docentes que dedican su vida a educar, incluso en los rincones más alejados de la patria. Además, tengo conocimiento por lo que han señalado profesionales en psicología de la provincia de Orellana, acerca de altos índices de subsidio de adolescentes en comunidades indígenas. Esto ha sido mencionado luego de un trabajo profesional en el cantón Aguarico y el cantón Francisco de Orellana, específicamente por psicólogos vinculados a proyectos municipales de atención, que han advertido esta problemática, los suicidios. Y aquí hay otro problema grave. Muchos de estos programas de apoyo familiar, fortalecimiento de niños, niñas y adolescentes son financiados con recursos de inversión. Ahora, tras reformas del COTAB, pasarán a considerarse como gasto corriente. ¿Qué significa esto? Que estos programas que cuentan con profesionales en salud mental se van a limitar, se van a recortar, por lo tanto corren el riesgo de desaparecer, dejando que los problemas se agraven. Por eso es necesario respaldar esta ley, para trabajar en la prevención. Este proyecto puede convertirse en un instrumento para obligar al Estado a garantizar atención psicosocial real, para que la salud mental deje de ser un privilegio y se convierta en un derecho efectivo para todo el Ecuador, y en especial para los niños, niñas y adolescentes que habitan en las comunidades de los pueblos y nacionalidades de la Amazonía. Finalmente, hay que decirlo, esta ley solo tendrá sentido si tiene acompañamiento de voluntad política y presencial, de forma real, en el territorio. Muchas gracias.