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Arisdely Paola Parrales Yagual (67%)
la asambleísta Arisdely Parrales. Muchas gracias, gracias colegas, gracias presidente por permitirme el uso de la palabra el día de hoy. Permítanme, colegas asambleístas, confrontarlos con una desgarradora realidad que vive nuestro país y que nos obliga a actuar y que por eso hoy reconozco y felicito la iniciativa que ha tenido nuestro colega asambleísta Raúl Chávez. En el Ecuador, la salud mental de nuestras infancias es un campo minado. Según el Ministerio de Salud Pública, en 2024 se registraron 128 mil casos de depresión a nivel nacional. El porcentaje, queridos colegas, de años de vida perdidos por problemas de salud mental alcanza el 33.4%, siendo la depresión el 8.3% de esta carga. Alarmantemente, el 20% de los niños, niñas y adolescentes, que no dejan de ser más de 800 mil en todo el país, presentan síntomas de depresión o ansiedad. Y en muchos casos, estos niños no pueden ni siquiera ponerle nombre a estos síntomas, no pueden ponerle nombre a estas emociones, no pueden ponerle nombre a la tristeza o al estrés. ¿Y qué pasa? En el Ecuador actual, lamentablemente, vivimos en un círculo de violencia que no ve una luz al final del camino. Estamos cerrando este año como el año más violento en la historia del país. Y los datos también se correlacionan a la violencia que no solamente se vive en las calles, sino también las violencias que se viven, lamentablemente, en muchos hogares, en muchas casas en nuestro país. Y las escuelas, los espacios que deberían ser seguros para nuestros niños, niñas y adolescentes, hoy se han vuelto espacios en donde el bullying es una plaga en creciente desarrollo. En el 2023, el 58.8% de los estudiantes, es decir, 6 de cada 10 estudiantes, sufrieron acoso escolar. Y entre el 2022 y el 2024, se reportaron 1.195 casos formales de violencias en instituciones educativas. Sí, colegas asambleístas, instituciones educativas. Los espacios donde nuestros niños, niñas y adolescentes deberían estar desarrollando sus talentos, desarrollando sus habilidades para la vida, se están convirtiendo en espacios que también, en donde también hay violencia. Uno de cada cinco estudiantes ha sido víctima de insultos, de agresiones físicas y también de cyberacoso. Cyberacoso, términos que también deberían estar sobre este debate. Dejando secuelas que no se pueden ver, pero que duelen por muchos años. Y cuando esta tormenta interna se desata, colegas asambleístas, muchas veces el resultado es muy, muy trágico. En muchos casos se ha llegado hasta el suicidio. En Ecuador, esta es la primera causa de muerte en niños de 10 a 14 años, con 52 defunciones registradas solo en el 2023 y la segunda entre adolescentes de 15 y 19 años. A nivel nacional, en el 2023 se consumaron 1.106 suicidios, con una tasa promedio de 6.71 por cada 100.000 habitantes. La tasa de suicidio en adolescentes aumentó de 6 a 9 por cada 100.000 habitantes entre el 2022 y el 2023. Golpeando con mayor fuerza a provincias de la sierra. Y aquí también se necesitan datos. La sierra, provincias donde la pobreza rural y el aislamiento agravan el aislamiento emocional. No son solo números, son hijos, son hijas, son hermanos, son nietos, que perdemos porque fallamos en detectar, en prevenir y atender. Ya es suficiente y me congratula de sobremanera que en este pleno estemos hablando de este tema. Este proyecto de ley es una herramienta para combatir este problema social en el cual se propone incorporar una materia obligatoria, la materia psicoeducación en la malla curricular en todas las instituciones educativas del país. O sea, en estas públicas, privadas, discomisionales. Y con base a mi experiencia docente y la carrera académica que tengo, he revisado este proyecto de ley y propongo, compañero Chávez, que estas horas sean mínimo dos horas semanales y que vayan desde la educación inicial hasta el bachillerato. Y que estén enfocadas en inteligencia emocional, en manejo de estrés, en prevención del suicidio, en relaciones saludables, también en alfabetización contra el cyberacoso, la famosa alfabetización digital. Nuestros niños, niñas y adolescentes tienen que tener pleno conocimiento sobre la vida digital, sobre sus riesgos y también sobre sus oportunidades. Y que también vaya orientado hacia la detección de la violencia. Los contenidos mínimos, también propongo que los contenidos mínimos, la metodología activa y la evaluación formativa sean establecidos por el Ministerio de Educación en un plazo de 180 días. Asegurando, y me uno a la recomendación del asambleísta Patricio Chávez, que decía que hay que mirar hacia la ruralidad, hacia nuestra interculturalidad, que estas adaptaciones también se realicen en base a la interculturalidad que tenemos en nuestro país y también adaptado a estudiantes con discapacidad. Y para garantizar la ejecución, implementar esto de manera gradual en los diferentes niveles de educación y que exista un cronograma vinculante y sanciones por incumplimiento. Adicional, también considero importante, se deben fortalecer los departamentos de consejería estudiantil, los DESES, como núcleos de detección temprana con protocolos obligatorios de derivación a servicios de salud y familias en casos de riesgos. Aplaudo todo el esfuerzo que hace este sistema, que hace los departamentos de consejería estudiantil a nivel nacional, a pesar de las grandes limitaciones que tenemos en este momento, la reducción en educación, las salidas de muchos funcionarios, también ha permeado y ha dificultado el accionar de los departamentos de consejería estudiantil. Y que también se incluyan campañas nacionales contra la violencia escolar, talleres de autocuidado, programas de convivencia pacífica y consejos estudiantiles de bienestar emocional, donde los adolescentes participen activamente en su diseño. Y es importante, debemos medir los impactos de estas normativas, debemos medir los impactos de las políticas públicas que se implementen en torno también a la atención en salud mental hacia nuestra población. Y para eso propongo un sistema nacional de datos abiertos en salud mental, infanto-juvenil, y que esta sea una plataforma digital gestionada por el INEC, por el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Educación, con datos en tiempo real, desagregados por género, por etnia, por región, por edad, indicadores como tasas de bullying, síntomas de ansiedad, intentos de suicidio y acceso a servicios y que sean públicos. Lógicamente, protegiendo la privacidad, pero 100% accesibles para los tomadores de decisiones, para investigadores, para ONG y la sociedad civil organizada que esté relacionada con la atención a esta problemática. Con estos datos podremos tomar mejores decisiones, ya lo decían y lo apuntaban varios asambleístas. Los datos son escuetos en muchos casos y para eso necesitamos tener este tipo de registro, este sistema de registro de datos y que en el momento que vamos a aplicar políticas públicas sean aterrizadas a la verdadera realidad que golpea a nuestro país. Queridos colegas, pensemos en los niños, en los niños de Quito, en los niños de Santa Elena, en los niños de la Amazonía, que con psicoeducación podrán encontrar fuerza, podrán encontrar herramientas que permitan enfrentar todo tipo de embates emocionales y que les permitan llevar una vida mucho más feliz a lo largo de su existencia. Por eso, el día de hoy debemos ver a la salud mental como un derecho inalienable, no como un lujo, no como algo que se viva desde el privilegio, sino como el ejercicio pleno de nuestros derechos a la salud en el país. Gracias, presidente. Gracias, colegas asambleístas.