🕒 0:00 Rosa Cecilia Baltazar Yucailla (100%)

La palabra, la asambleísta Cecilia Baltasar. Muchas gracias, señor presidente. Quiero empezar saludando a cada uno de los ciudadanos de todo el territorio nacional, a ustedes, colegas, también. En el marco de la normativa que estamos discutiendo, los planteamientos que se están presentando, quiero que, como legisladores, recordemos que es nuestra obligación la garantía de los derechos constitucionales. Derechos como a la vida digna, derechos como a la soberanía alimentaria, así como también los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades de nuestro país. Debemos recordar que la vida digna se garantiza cuando el Estado invierte en el campo, invierte en la producción, invierte en la asistencia técnica y capacitación de nuestros agricultores. Y por ello es fundamental que esta normativa recuerde que es necesaria una inversión y que esta normativa hable de una inversión urgente y necesaria, hable del capital semilla. Porque no sirve de nada una normativa que se discuta y se imita si no hay un recurso, un presupuesto que se vaya a entregar a nuestros agricultores, hombres y mujeres, que están todos los días trabajando, laborando para poder garantizar los alimentos para todo el país. Pero también una vida digna en los agricultores debe considerar el seguro al agro, que varias veces lo hemos mencionado y que cada propuesta que llega simplemente se olvida de proteger la producción del agricultor. ¿De qué sirve entonces una normativa si no hablamos del seguro? ¿Qué pasa cuando cae la helada? ¿Qué pasa cuando existe sequía? Y los agricultores deben perder su producción y el Estado se olvida, y el Estado deja de lado realmente estas grandes necesidades. Y al agricultor le toca enfrentar esa situación, le toca enfrentar la pérdida y simplemente cumplir sus obligaciones, sea con las instituciones financieras que son públicas o privadas. Por lo tanto, esta legislación sí debe responder y decir con claridad cómo se va a acompañar al agricultor cuando pierdan sus productos. Pero también la vida digna, hoy más que nunca, se va a lograr con la garantía del derecho a la soberanía alimentaria. Hoy más que nunca debemos como garantes de derechos decir que es necesario un acompañamiento, una protección y la garantía de una soberanía alimentaria, porque eso es lo que va a permitir cuidar el siguiente derecho que es el derecho a la salud. Hoy más que nunca que no logra el Estado cubrir la gran demanda que existe en cuanto a centros de salud y todos los espacios que deben garantizar el acceso al tratamiento médico. La alimentación es la base fundamental. Hasta el momento nos hemos encargado y el Estado se ha encargado, tal vez nos hemos encargado solamente de la seguridad alimentaria, es decir, que la gente coma lo que tiene o lo que puede. Cuando deberíamos procurar que los ciudadanos consuman productos sanos del campo, realmente cuidado con amor para que las grandes ciudades puedan tener todos los productos y cuidar su salud. Entonces, esta legislación sí debe hablar de la soberanía alimentaria, sí debe hablar de los conocimientos ancestrales, sí debe reconocer realmente el trabajo fuerte que realizan los agricultores. Se levantan a las 3 de la mañana y están en sus actividades hasta las 9, 10 de la noche, para que finalmente cosechen y tengan que entregar o prácticamente regalar sus productos en los mercados. Entonces, esta legislación debe procurar la protección de nuestros agricultores, su desarrollo económico, porque son los únicos que incluso cuando no hay trabajo se encargan de generar fuentes de empleo. Y finalmente, recordemos, señores asambleístas y miembros de la Comisión de Soberanía Alimentaria, la Constitución en su artículo 57 lo dice con claridad, y además los convenios internacionales, por ejemplo, el convenio 169 cuando habla sobre los derechos de los pueblos indígenas, otro ejemplo, la Declaración de las Naciones Unidas cuando habla sobre los derechos de los pueblos indígenas, legislación o normativa que tenga que ver con territorios indígenas, con pueblos indígenas, debe pasar por un proceso de consulta pre-legislativa, lo cual no estamos viendo con esta legislación. Por lo tanto, quiero que se tome en cuenta, se enviará por escrito a la Comisión para que se pueda recibir a las autoridades y dirigentes y logremos entender y logren entender que sin la presencia de las autoridades y pueblos indígenas, una legislación de esta naturaleza no puede ser emitida por la Asamblea Nacional del Ecuador. Si se omite o se deja de lado este derecho colectivo que es la consulta pre-legislativa, pues la Corte Constitucional estará lista para decir que la norma que se genera de aquí sin escuchar y sin atender la voz de los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador es inconstitucional. Hasta ahí, señor presidente, mi palabra.