Sesión No. 124-AN-2025-2029 del pleno de la Asamblea Nacional

Aunque el registro civil ya emite la cédula digital desde el año 2024, alrededor de más de 1.3 millones de personas lo han obtenido. Muchas instituciones públicas y privadas todavía la rechazan o exigen exclusivamente el documento físico. Esta práctica genera barreras, costos innecesarios, dilaciones y una clara desigualdad en el ejercicio del derecho a la identidad.

Bueno, muy buenos días. Efectivamente, como tú lo dices, en un mundo globalizado, la modernización es indispensable para poder avanzar en este mundo digital el día de hoy. Y claro, la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, trabajando y pensando en el bienestar de los ciudadanos, porque esto evita una serie de trámites, una serie de complicaciones. Cuando nos piden el documento en físico, cuando nos mandan a sacar una copia, pues ahora tenemos la facilidad y vamos a tener la oportunidad de tener una cédula en digital. Más de 1.3 millones de ecuatorianos ya la tienen y están gozando de este beneficio, con un nivel de efectividad en el sector público del 97%, haciendo uso de esta herramienta que hoy se ha convertido en pieza fundamental para el desarrollo del país, porque hacer trámites quiere decir que vamos avanzando en la atención a la ciudadanía.

Primero, todas las instituciones están obligadas a aceptar este nuevo documento en formato digital, pero además está alineada con el propósito de la Asamblea Nacional, con esta agenda que tenemos 2025-2029 propuesta por nuestra presidente Michel Mancheno. Entonces, nosotros trabajando, siempre pensando en el bienestar ciudadano, le estamos entregando una herramienta que se aprobó en la Comisión de Justicia y Estructura del Estado con nueve votos, es decir, por unanimidad.

Este tipo de herramientas nos permite a nosotros de efectividad, de eficiencia, prontitud y celeridad en los trámites que hacemos los ciudadanos en el sector público. Y precisamente Data 593 apunta a esa eficiencia, a esa efectividad propuesta por el gobierno nacional. El beneficio siempre va a ser pensando en la ciudadanía. Ahora, es importante que toda esta información nosotros la concentremos en este aparatito que realmente nos ha solucionado la vida, porque aquí tenemos toda la información del mundo. Y es fundamental para nosotros decirle a los ciudadanos que una vez que se apruebe esta ley, nosotros le vamos a dar esta facilidad.

Y todas las instituciones públicas van a estar en la obligación de aceptar el documento digital, porque nos va a facilitar sin lugar a dudas esta tramitología.

A ustedes, muchísimas gracias.

Bueno, muy buenos días. Un saludo a toda la ciudadanía. Efectivamente, la Comisión de Fiscalización ha llevado a un trabajo investigativo, célere y objetivo. Hemos aportado, gracias a la comparecencia de diferentes instituciones, Contraloría, una de ellas, que nos da un reporte ampliado a lo que fue el anterior informe sobre 34 empresas que tienen actividades inusuales y están de una u otra forma relacionadas a lo que en su momento fue ese precedente nefasto para la historia del país, que es el Sucre.

Bueno, principalmente el Banco Central, ¿no? Cuando vinieron los del Banco Central nos dijeron que por descuidos o por mal proceder de funcionarios del Banco Central del momento, tuvimos prejuicios y dentro del seguimiento de estas empresas, porque el Banco Central lo que nos decía es que el Banco Central no se encargaba de desembolsar los fondos, pero sí se encargaba de dar seguimiento a las empresas que participaban de estos negocios. Y ahí hubo problemas en cuanto al control de las empresas que tuvieron acceso. El caso de Foglocons es el caso más emblemático, es un caso de una empresa que facturó ciento y pico millones de dólares y sin embargo solamente pagó 200 mil dólares en proveedores.

En ese momento se configuró de una u otra forma el ingreso de dinero ilícito al país.

Bueno, eso corresponde a Fiscalía como titular de la acción penal, nuestro informe es público, nuestro informe recomienda a diferentes instituciones a tomar acción y a precautelar cierta información que podría ser sensible en el caso Sucre. Ahora sí, vuelvo y repito, corresponde a Fiscalía, corresponde a las diferentes instituciones determinar esas responsabilidades. Nosotros como Asamblea Nacional lo que hemos hecho es un proceso de fiscalización, determinar responsabilidades de distintas autoridades y también de distintas instituciones.

Gracias a ustedes, un saludo a todos.

Bueno, primero que todo, muchas gracias por la entrevista. Hoy es un día muy importante donde se va a aprobar el informe que ha realizado la Comisión de Fiscalización, continuando con las investigaciones del caso Sucre. Es muy importante manifestarles que nosotros, desde la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana, solicitamos la salida del Ecuador al Sucre porque el Ecuador no podía seguir sujeto a un sistema que solo sirvió como fachada para exportaciones ficticias, para empresas fantasmas, para lavado de activos. Solo era cuestión de tiempos. Lamentablemente, la bancada correísta calla porque son cómplices y encubridores de este entramado que vincula hoy en día a Alex Zapp de Estaferro, de Nicolás Maduro, quien se declaró culpable por delitos de lavado de activos en Estados Unidos.

Es muy importante darles a conocer que desde el 2010, 2012 y 2013, Foglo Comps, perteneciente a Alex Zapp, habría exportado materiales de construcción de Ecuador a Venezuela por un monto de 159 millones de dólares utilizando el sistema Sucre. Pero la aduana ecuatoriana, en cambio, reportó que esas ventas eran solo de apenas 1.82 millones de dólares. Pero eso no termina ahí. Resulta también que esa red delictiva transnacional habría sido utilizada también a través del Sucre para obtener dólares de la reserva de los ecuatorianos, de la reserva de los depositantes, de las familias ecuatorianas y además otros casos que ya ustedes los van a conocer en detalle.

Hoy la Comisión de Fiscalización presentará este informe y Alex Zapp deberá contar absolutamente todo. Además que recordemos que en ese entonces los jueces aliados al correísmo lo que hicieron fue devolver dineros a la empresa de Alex Zapp. Estamos hablando de aproximadamente 59 millones de dólares que se los devolvieron, lo que configuraría evidentemente un delito de peculado. Nosotros vamos a continuar firmes y vamos a continuar a la espera de que ahora sea la justicia ecuatoriana la que siga la ruta del dinero y determine quiénes convirtieron al Estado en caja chica para los amiguitos del correísmo.

Bueno, lo que ya se sabía. Recordemos que este caso Foglocomps vinculada al EPSAP ya habría sido analizada por la Comisión de Fiscalización del fallecido exasambleísta Fernando Villavicencio, quien fue que denunció que se estaba malutilizando este sistema que supuestamente era para beneficiar a los países miembros del ALBA. Vamos a continuar y vamos a esperar qué es lo que detallan los miembros de la Comisión de Fiscalización. Sin embargo, eso no deslinda de las próximas responsabilidades. Hablamos no solo de delitos de lavado de activos, sino también de delito de peculado.

Cinco dos mil veintinueve. Señor secretario, por favor, dé lectura de la convocatoria.

Señor secretario, por favor informe si se han ingresado solicitudes de modificación del orden del día.

Señor secretario, por favor dé lectura al cambio del orden del día solicitado por la asambleísta Diana Jacome.

Tiene la palabra la asambleísta Diana Jacob.

Antes de iniciar esta intervención, solicito por favor que se reproduzca una imagen que la autorice, señora Presidenta.

Autorizado.

Señores asambleístas, legisladores, quiero que observen esta imagen de este sujeto que descargó toda su ira, su rabia ante una niña indefensa, sí. Y quiero que también piensen que pudo haber sido cualquier niño de nuestro hogar, de nuestro entorno, a quienes son padres, jamás hubiésemos permitido que toquen tan solo el cabello de uno de nuestros niños. Y como lo dije en algún momento y lo expresé de manera clara, que se quede en la memoria de cualquier persona que intente, que piense tan solo tocar a un niño.

Ese es el destino que le espera, de rodillas, de naranja y a la cárcel, como debe ser. Bueno, quiero destacar el trabajo del ministro del Interior, de la Policía Nacional, que actuó de inmediato y que aprendió a este sujeto, porque así deben estar aquellos que maltratan, que vulneran a nuestros niños. La niña fue rescatada y está bajo custodia de acogimiento emergente y la justicia continúa el trámite que corresponde. Y por supuesto, también el pronunciamiento del presidente de la República, del presidente Daniel Novoa Zin, que se pronunció con firmeza y ratificó algo que debe ser irrenunciable.

Quien lastime a un niño o destruye la tranquilidad de una familia, no puede quedar impune. Así es, como debemos responder, todos con firmeza, sin tibiezas cuando se trata de niños. Muy bien por el presidente de la República, que se expresó de esta manera y actuaron las instituciones como corresponden. Pero hoy debemos preguntarnos, señores legisladores, ¿cuarenta días de prisión son suficientes? ¿Qué vamos a hacer nosotros como legisladores para endurecer las leyes frente a este tipo de acciones, frente a este tipo de actos, nuestros niños? ¿Quién repara las heridas que no se ven, aquellas heridas del alma, aquel silencio, aquel dolor que debe llevar esta niña y otros niños más que deben estar pasando por este tipo de situaciones?

Es decir, casos que no conocemos, porque esto también viene del alma, viene desde los hogares. Señores y señoras legisladores, un niño no puede esperar, un niño no puede temer, un niño debe crecer para vivir, no vivir para sobrevivir. Eso no le toca a un niño, para eso estamos nosotros, los adultos, para criarlos con amor, con cariño, para inculcarle valores, para demostrarle que la vida es buena. No ese tipo de actos que cometió ese tipo. La protección de los niños no puede dividirnos, señores asambleístas. Hoy propongo este cambio del orden del día, que espero se profundice.

Debemos unirnos en este tipo de causas. No puede ser una opción, debe ser una obligación para todos nosotros. Y aquí quiero detenerme para recordarles lo que hicimos hace cerca de un mes. 118 legisladores de todas las bancadas apoyamos la ley de adopciones. Sí, y ahí quiero recalcar algo. Aprobamos el artículo 270. Espero hayan leído el proyecto, yo me imagino que sí, porque ustedes también me dieron su voto. Y me solidarizo con ustedes, que los llevaron al Comité de Ética. Pero siéntense en orgullosos, ¿saben por qué?

Porque este artículo, el 270, establece que la reinserción familiar no debe proceder automáticamente por el simple hecho de existir vínculo familiar. Así que siéntense en orgullosos cuando vayan al Comité de Ética de su partido, porque aprobaron este artículo, que se aplicará para esa niña y para otros niños que estén en las mismas circunstancias. Y los jueces deben aplicar este artículo. Eso es lo que aprobamos en la ley de adopciones. Y estamos fortaleciendo y protegiendo a nuestros niños. Así que, con orgullo, si lo sancionan, recíbalo como una medalla de honor.

En ese sentido, también quiero decirles que ser familia no basta, señores. Hay que pensar bien a quiénes van a ir estos niños. El Estado debe actuar y ya lo ha hecho con los ministerios correspondientes. Hoy debemos ratificar ese compromiso, debemos avanzar. Y la Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana está haciendo lo propio. El día de hoy vamos a conocer en la comisión, en segundo debate, el proyecto de reforma, el proyecto de reclutamiento, de prevención del reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes frente a estructuras criminales.

Un gran proyecto que espero contar también con el voto de ustedes, colegas asambleístas. Y también la ley de infancia segura que protege a nuestros niños de la producción de material de abuso sexual infantil. Sí, es importante protegerlos y estas leyes lo están haciendo. Estamos incluyendo también el endurecer penas frente a este tipo de violencias a nuestros niños. Lo vamos a hacer porque 40 días no son suficientes, señores. Y frente al abuso no puede haber silencio, frente a la violencia no puede haber indiferencia y frente a un niño en peligro no puede haber excusas, que nuestras diferencias políticas no sean más grandes que nuestra responsabilidad.

Porque cuando se trata de niños, niñas y adolescentes no hay colores, no hay bancadas, no hay banderas, hay una sola obligación, protegerlos. Hoy lo veremos con acción y decisión. Muchísimas gracias, Presidenta.

Gracias, señor secretario.

Señor secretario, por favor de lectura al segundo cambio del orden del día solicitado por la asambleísta Viviana Veloz.

todas y con todos. He solicitado este cambio del orden del día, colegas legisladores, porque creo que es importante también que la Asamblea Nacional coloque todos sus esfuerzos para prevenir lo que será el fenómeno del niño que afectará varias zonas de nuestro país. El 28 de agosto el Comité Nacional ERFEN confirmó oficialmente la presencia del niño en el Ecuador y frente a nuestras costas, el mar llegó a estar hasta 4 grados más caliente de lo normal. La Secretaría de Gestión de Riesgos declaró la alerta roja en todo el territorio nacional y la NOA estima que en más del 90% la probabilidad de que el fenómeno del niño alcance su mayor densidad entre septiembre y marzo, con posibilidades de ubicarse entre los más fuertes desde 1950.

También partiendo que dentro de nuestro país ya conocemos esta historia, el niño de 1997 a 1998 dejó alrededor de 292 personas fallecidas, más de 29 mil personas evacuadas y perdidas, y también hubo un desastre que fue difícil de contener. La pregunta también que debemos realizar es si estamos preparados para lo que será el fenómeno del niño, porque las señales preocupan. De 246 gobiernos autónomos descentralizados obligados a presentar sus planes de acción frente a lo que será el fenómeno del niño, tan solo 85 lo han realizado a tiempo.

El resto de gobiernos autónomos descentralizados no han realizado ninguna acción de prevención según datos que tenemos. Y también por eso, partiendo desde las lógicas o desde las acciones que están realizando en otros países en materia de prevención y de seguimiento y monitoreo, en Perú también se discute la creación de una comisión, por lo que he presentado este cambio del orden del día para que a través de este proyecto de resolución, si tiene los votos a favor, se pueda dar paso a la creación de una comisión ocasional para el monitoreo de los efectos del fenómeno del niño y el seguimiento de la política pública de gestión del riesgo de desastres con enfoque de anticipación, prevención, resiliencia y cooperación regional.

En eso se basa este cambio del orden del día, presidente y colegas legisladores, para que la asamblea también pueda sumar todo el esfuerzo necesario a las acciones que se ejecuten en materia de prevención y también de asistir a quienes sean afectados dentro de esto que puede suceder o que ya está empezando a vivir nuestro país. Muchas gracias, presidente.

Señor secretario, tome votación del cambio del orden del día presentado.

solicitud, que será incluida en la sesión 124.

Tiene la palabra el asambleísta Javier Ordóñez.

En otras ocasiones donde he pensado que es coherente y necesario iniciar procesos de fiscalización, inicié justamente un cambio del orden del día leyendo algo que hoy también considero fundamental y necesario. El artículo 120 del numeral 9 de la Constitución faculta expresamente a esta Asamblea, y voy a leerlo textualmente, a fiscalizar los actos de las funciones del Estado y otros servidores públicos. Pero además el artículo 77 de nuestra ley orgánica de esta función legislativa permite investigar actuaciones de funcionarios públicos o actos de interés ciudadano que hayan generado conmoción social.

Es de conocimiento de todos los ecuatorianos que el día 7 de septiembre del 2026, mediante la resolución 187-2026, el Pleno del Consejo de la Judicatura decidió suprimir las dependencias judiciales especializadas para juzgar delitos relacionados con corrupción y crimen organizado. Además de una redistribución pensada y votada, además de aprobada por ellos. Una decisión de esta magnitud, señora Presidente, compañeros legisladores y pueblo del Ecuador, merece información, merece documentos, merece informes técnicos y sobre todo merece explicaciones, porque el pueblo del Ecuador merece saber por qué se tomó una decisión tan importante.

Esto ha provocado conmoción, preocupación y es potestad y obligación de esta Asamblea la fiscalización, igual que lo hemos hecho en otras ocasiones. Entonces, esa facultad que tiene esta Asamblea, que además es constitucional, determina qué proceso formal de fiscalización se debe llevar a cabo. Y es el Pleno de la Asamblea, el ente rector, que debe determinar quién va a llevar ese proceso de fiscalización, si existe justificación técnica y también que obviamente se conozca, se debata y se decida en el Pleno de la Asamblea. Si en esta fiscalización se encuentra que existen consecuencias, deberían corregirse.

Esta Asamblea debe tener información necesaria para actuar, obviamente, dentro de las competencias y sin interferir en otras funciones del Estado. Por eso he solicitado el cambio del orden del día, para permitir que esta Asamblea ejerce ese control de fiscalización, señale o delegue a una comisión especializada y es por eso que le pido, señora Presidenta Consumbenia, que se tome votación, porque, como lo dije, como lo reitero, no estamos interfiriendo. Lo único que estamos haciendo es nuestro trabajo y el que el Ecuador nos ha pedido. Muchas gracias, señora Presidenta.

Clame resultado, señor secretario.

Señor secretario, incorpore el cambio del orden del día presentado por la asambleísta Diana Jacome como quinto punto, el del asambleísta Viviana Veloz como sexto punto y del asambleísta Javier Ordóñez como séptimo punto para la presente sesión. Demos inicio con el primer punto del orden del día.

La palabra la servidista Fabricio Tamayo.

Buenos días, buenos días, Presidenta, buenos días, colegas asambleístas. Al amparo del artículo 135 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, presento ante este Pleno la moción de aprobar la designación de la abogada María Denise Andino Egues como delegada de la Función Legislativa ante la Comisión Ciudadana de Selección encargada del concurso público de mérito y oposición para la designación de la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado. Como es conocimiento de cada uno de nosotros, señores asambleístas, tenemos que designar a una delegada de parte nuestra y por ende tenemos que cumplir con esa misión para tener ya a una nueva fiscal, a un nuevo fiscal, a la persona que va a darnos la oportunidad de ya de por sí trabajar en función de país, de los ciudadanos, para cambiar la situación del país, para trabajar en función de quienes más necesitan que son los ciudadanos de a pie y para trabajar por esas leyes que necesitamos y porque se cumpla la ley como debe ser.

Como primer poder del Estado, corresponde a esta Asamblea Nacional cumplir con la responsabilidad que le ha sido designada dentro de este proceso y garantizar que esta fase desarrolle con normalidad, transparencia y conforme al marco constitucional y legal vigente. Por estas consideraciones, estimada Presidenta, he remitido con el sistema DTS a la respectiva moción para que se tome votación cuando usted considere pertinente. Muchas gracias. Gracias. Gracias.

El debate, señor secretario, certifique si la moción presentada por el asambleísta Jorge Tamayo ha sido ingresada por escrito.

Señores asambleístas, ¿tiene apoyo la moción? Señor secretario de lectura de la moción presentada y tome votación.

Reclama resultados, señor secretario.

Señor Secretario, por favor dé lectura del memorando respectivo y del informe en su parte resolutiva. El informe íntegro remitido por la Comisión será parte del acta de la presente sesión.

la Presidente, un cordial saludo a todos los colegas asambleístas. Comparezco como un hijo de la provincia de Morona, Santiago, de la Amazonía, así como también como Vicepresidente de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional del Ecuador. En esta ocasión voy a presentar el informe para primer debate sobre esta iniciativa que nace de Quien Les Habla, una iniciativa para reformar la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles. Este proyecto, como les digo, fue iniciativa mía que presenté el 20 de enero de este año, del 2026.

Como representante de una provincia amazónica, en especial de mi provincia de Morona, Santiago, veo todos los días a muchos ciudadanos de diferentes comunidades donde es de difícil acceso. Existen muchos costos. Que ellos le vengan, mis hermanos, de distintas comunidades. ¿Para qué? Porque necesitan acreditar su identidad. Este proyecto nace sobre todo por esas personas que viven en las comunidades de difíciles de difícil acceso. Cabe recalcar que desde el año 2024 el registro civil ya emitió este documento como es la cédula digital. Según los datos, más de 1.3 millones de ecuatorianos ya la han obtenido, de los cuales en el año 2025 alrededor de 1.297.189 cédulas digitales se han realizado sus validaciones y con una aceptación más allá del 97.8%.

Sin embargo, colegas asambleístas, muchas instituciones públicas y privadas todavía la rechazan y exigen exclusivamente la cédula física. Esta práctica genera costos, esta práctica genera dilaciones innecesarias, una clara desigualdad en el ejercicio del derecho a la identidad. En mi provincia, en Morona, Santiago, las comunidades y en otras provincias amazónicas, en donde existen pueblos y nacionalidades del Ecuador. El perder una cédula física, esto genera viajar horas, a veces días, y en el momento que llegan a la agencia más cercana del registro civil, en algunas ocasiones no pueden obtener cupos y tienen que quedarse días en la ciudad.

Y esto genera costos para toda su familia. Por eso, quiero indicar, en vez de quitar dinero a las familias, ¿por qué no darles esta oportunidad de tener la cédula digital? ¿Por qué no dar la oportunidad que a través de una ley orgánica, que sea obligatoria para todas las instituciones, exhibir la cédula digital? No estamos, este proyecto no quiere deslegitimar el documento físico, más bien quiere dar a través de una ley orgánica la misma validez, lo que tiene el documento físico así como también el documento digital.

Esta reforma no trata de sustituir de ninguna manera. Este informe recoge un trabajo arduo, técnico, muy serio y participativo. Es importante y en este momento quiero agradecer a nuestra Presidenta de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado y a todos los colegas asambleístas que la conforman, quienes han dado su aporte. Se ha invitado a varios expertos en derecho digital, se ha invitado a varios expertos en protección de datos, expertos en telecomunicaciones y registros públicos, hemos incorporado todas estas observaciones de manera responsable. De esta manera se trata de incorporar a la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles tres artículos, si bien esta iniciativa es muy pequeña, pero es muy práctica para nuestros ciudadanos.

Vamos a incorporar la iniciativa, agregar al artículo 81.1, ¿Cómo definimos a la cédula de identidad digital? Establece que su vigencia está sujeta a la cédula física, excluye fotografías, capturas de pantalla, copias estáticas o reproducciones que no permitan su verificación oficial. El segundo artículo se agrega, el artículo 85.2, regula la presentación y verificación de la cédula digital mediante la aplicación o plataforma oficial del registro civil. Y como tercer artículo, reconoce igual validez y eficacia entre la cédula física y la cédula digital. Colegas asambleístas, señora presidenta y colegas asambleístas, les pido que respaldemos este informe para primer debate, que el Pleno continúe su trámite y podamos finalmente garantizar que la cédula digital tenga el mismo valor que la física en todo el territorio nacional.

Debe, se debe tener en las grandes ciudades hasta las comunidades más remotas de la Amazonía, porque el derecho a la identidad no puede depender del formato del documento ni de la capacidad tecnológica de quien la exige, debe depender de la dignidad de las personas. Hasta aquí mi palabra, señora presidenta.

Palabra la asambleísta Josebed Jaramillo.

señora Presidenta, colegas asambleístas, envío un saludo a mi querida provincia de Loja. Quiero felicitar al proponente de esta reforma, la asambleísta José Fernando Nantipia y a la Comisión de Justicia por haber acogido el clamor ciudadano frente a una realidad que nos ha pasado a muchos de nosotros, que la hemos vivido. Actualmente la Ley Orgánica para la Transformación Digital y Audiovisual en su artículo 11 define la identidad digital y en su reglamento, en el artículo 21, reconoce la credencial de identidad digital y su aplicación obligatoria en el sector público, dejando discrecionalidad al sector privado a poderlo acoger.

Es por ello que sí es importante que nos adaptemos a las nuevas herramientas que tiene el entorno digital. En octubre del 2024, el Registro Civil mediante resolución número 034-DICERCIC-CGAJ-DPIN 2024 obligó de manera expresa a aceptar la cédula digital. Es decir, ya existe una norma reglamentaria y resoluciones que ordenan el reconocimiento del documento digital. Y aún así, las vintenillas del sector público la siguen rechazando. En consecuencia, la prensa nacional recogió múltiples denuncias de ciudadanos que no podían continuar con sus trámites porque ellos presentaban de manera digital.

Por eso, la importancia de elevar a una ley orgánica. La Comisión de Justicia resolvió aprobar el informe para primer debate del proyecto de reforma a la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles, materializando así con rango de ley la obligatoriedad que ninguna resolución ni reglamento puede sustituir. En respeto al principio de reserva a la ley, sólo una ley puede imponer con carácter general y exigible un deber de aceptación. Por eso hoy estamos en el informe para primer debate. Estimados colegas asambleístas, quiero hacer énfasis en las ponencias que hemos tenido en la Comisión de Justicia.

El delegado de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones respaldó la iniciativa y señaló que debe garantizarse que la ciudadanía acredite su identidad mediante mecanismos oficiales, sin que el formato del documento se convierta en una barrera para el ejercicio de sus derechos. El director nacional de registros públicos propuso el reconocimiento de otros documentos, como por ejemplo el certificado de votación, la licencia de conducir, pero sin establecer restricciones expresas para que las entidades no copien y almacenen esta información cuando el uso, cuando su uso tenga fines distintos de verificar su validez y vigencia.

Colegas, es importante también poder establecer un ejemplo. En agosto del 2023, el Consejo Nacional Electoral, mediante su directora nacional de capacitación, comunicó públicamente que se acepta la cédula digital para sufragar, siempre que se exhiba directamente desde la aplicación oficial y que no se admiten fotos ni PDFs. Dieciocho meses después, la consulta popular en abril del 2024 y en las elecciones de febrero del 2025, el mismo organismo ya no lo aceptó, por eso es importante trasladarnos al eje normativo. El artículo 115 del Código de la Democracia enumera tres documentos, como por ejemplo la cédula de identidad, pasaporte o documento de identidad consular.

No dice en ninguna parte que la cédula deba ser de manera física o digital y esas observaciones la tienen múltiples normativas. Por eso, señora Presidenta, quiero dejar planteada una observación incorporando una disposición general que establezca que toda referencia a la cédula de identidad en cualquier norma o instrumento sea considerado de igual valor en sus formatos físico y digital. También quiero dejar en claro que la disposición general que propongo respeta el escenario electoral que vivimos actualmente, ya que los efectos se producirán únicamente en los procesos convocados con posterioridad a su vigencia en respeto al artículo 117 de nuestra Constitución.

Por Loja, por el país, mi palabra señora Presidenta. Muchas gracias.

señalando enfáticamente que al menos yo jamás estaría en contra de una normativa que vaya de la mano con la simplificación de los trámites, pero especialmente con la seguridad jurídica. El ponente en su interpretación enumeró una serie de razones que para él son reales. La lejanía de terrenos en los que la internet no se accede y todo lo que tiene que ver con tecnología de alguna manera va de la mano de la interoperación. Pero a mí me preocupa algo, porque parecería ser que en esta Comisión de Justicia y Estructura del Estado no se han remontado ni han leído algo que ya está funcionando desde hace 10 años atrás, cuando queríamos y exigíamos un Estado eficiente, cuando exigíamos un Estado transparente, cuando exigíamos que los servicios sean ágiles, cero copia de papeles que los tiene ya la información del Estado y ese sistema funcionó.

Entiendo que la tecnología día a día va mejorándose, pero la ley que nace en el año 2010 y que me he permitido aquí traer algunos artículos importantes, tienen que ver justamente con cómo se estructura una plataforma para no convertirse en datos que están en una nube o en espejos o como ahora lo suelen llamar, sino que están en la fuente directamente. La fuente es el principal ente administrativo responsable de su información. Y para las personas naturales, ¿cuál es esa primera fuente? Justamente el registro civil, porque con el certificado de nacido vivo, el Estado nos asigna una cédula de identidad.

Y para las personas jurídicas, ¿cuál es esa principal fuente? El SRI, porque cuando la compañía nace le asigna un RUC. De ahí, con ese identificador único, se establece la interoperación de información en línea con las diferentes instituciones. Porque no se trata solamente de tener una foto de la cédula en un teléfono y que no sepamos o tengamos la certeza de qué está atrás, cuál es la estructura, la plataforma que se está utilizando para darle certeza y seguridad a esa fotografía. Porque podría tratarse de una fotografía de alguien que está fuera del país.

Consecuentemente, abriríamos el camino a un riesgo jurídico. No está en el país. Ustedes saben, han ido a las notarías. Las notarías funcionan con este sistema de interoperación en línea para saber quién, cuándo, dónde, cómo. Si está dentro del país, si tiene una prohibición de salida, si tiene cuáles son sus patrimonios, si tiene títulos universitarios, de escuela, dónde vive. Los datos sensibles de la salud los tiene también el sistema, pero no los disponibiliza. Entonces, hacer un remiendo de un artículo, de una ley del registro civil, cuando ya existe toda esta estructura que deberían haberse en la comisión preguntado y haberse dado respuestas para que los ciudadanos sientan que cuando se exija, cuando se ponga esta obligación, ya sea vía decreto, ya sea vía resolución o ya sea enmiendo de ley.

Y me parece que si es enmiendo de ley, el día de mañana todos los otros entes que están operando a través del mismo sistema, entonces vendrán a la asamblea a pedir, remiéndeme la ley, remiéndeme la ley, porque ahora quiero que valga esto que los vamos a entregar de manera electrónica. Entonces, no es tan sencillo como hacer una redacción. Yo me voy a pedir a la Secretaría o a usted, señora Presidenta, que autorice a la Secretaría para que vea un esquema de lo que es la interoperación de entes administrativos y de entes registrales.

¿Cómo era el punto a punto en que las instituciones utilizaban un sistema de punto a punto y no una sola plataforma para que maneje la información y de los beneficios de manera transversal? Ahorro de costos, mayor impacto y menos costos, que normalmente es lo que buscan a través de crear plataformas simultáneas cuando ya el Estado tiene una. Autorizado. A ver, aquí tenemos un sistema. Cuando existía la interoperación desordenada, se veía una conglomeración de accesos a la información de manera desordenada. Cuando creamos acá el bus de datos, vemos que todas las informaciones pasan a través del bus de datos.

Consecuentemente, va a ir habiendo validación, certeza, verdad, seguridad jurídica. Entonces, mi preocupación de que solamente pongamos el cambio en la ley sin que tengamos la certeza de cómo está funcionando el sistema, quién lo está manejando, quién está, o sea, están utilizando sistemas paralelos, quién decide cuándo se utiliza este mecanismo, quién autoriza la conexión, quién registra la consulta, quién audita el acceso, quién controla los permisos, quién puede suspenderle una conexión comprometida y quién responde si esta conexión es o no vulnerada. Y a mí me preocupa muchísimo porque si estamos cerca de elecciones y estamos trayendo acotación, que se le dé validez a una foto de la cédula, por un lado, y por otro lado, vemos que el Consejo Nacional Electoral está prohibiendo la foto del voto.

Entonces, yo me voy a permitir hacer una serie de recomendaciones para esta ley y que también se llame a la Comisión de Justicia y Estructura del Estado a los entes implicados, en este caso el Registro Civil, la DINARDAP, el Consejo Nacional Electoral, porque me parecería muy grave que cuando estamos hablando de no fotos y usen el teléfono para dar una foto, que no sabemos qué plataforma está detrás de esa disponibilización de información, sería sumamente peligroso. El Estado no puede permitir que cada institución construya su propia plataforma para consultar datos de manera separada, aislada y desarticulada.

Por eso, la obligatoriedad de la identidad digital debe estar diseñada a una estructura común, interoperable y gobernada por reglas públicas. No podemos exigir que todas las entidades acepten el documento digital si cada una debe resolver por separado cómo verificarlo, cómo proteger los datos y cómo responder ante una falla de una vulneración. Estas contingencias tienen que haber sido analizadas y estudiadas en el Consejo respectivo, porque no estamos simplemente remendando la ley y diciendo utilicen esto, porque ya esa utilización y esa exigencia se la viene haciendo desde hace muchos años atrás.

Debemos tener la certeza de que esa foto en línea con el registro civil nos va a demostrar que está presente en el país, cuáles son las condiciones de ese ciudadano, de ese identificador común que la están presentando y así evitar duplicaciones de cédulas, de personas que no están aquí, de los padrones, de los muestreos que hacen las instituciones públicas para sus diferentes necesidades, incluso bonos, etc. Entonces, sí me permito hacer una reflexión. Que vuelva esta ley a su comisión, que se inviten a autoridades técnicas, que lo que yo les he dicho en resumen, se los den con una explicación más clara y saber y poder explicar conjuntamente cómo vamos a tener la seguridad, la justicia, de la verdad.

Porque, acuérdense, un documento presentado, si no tiene trazabilidad, podría equivaldría a una mentira o a una cortina de humo que genere más bien un problema antes de dar una solución. La comisión debe incorporar expresamente la gobernanza de la interoperabilidad, impedir arquitecturas paralelas, hacer obligatoria la verificación de la autenticidad y vigencia y establecer mecanismos de contingencia. Resolver el vacío electoral antes de disponer la aceptación generalizada de la cédula digital. Mi palabra, presidente.

Muchísimas gracias, señora Presidente, colegas asambleístas, ciudadanía de Ecuador. Efectivamente, la globalización y el mundo digital avanzan rápidamente a pasos agigantados y el Ecuador no puede quedarse en este desafío que tenemos. Y dentro de la Asamblea Nacional, hoy damos un paso extremadamente importante y necesario hacia la modernización de nuestro país y responder con absoluta responsabilidad a la exigencia de la ciudadanía que no admite demoras. El informe para primer debate que hoy ponemos a su consideración llega respaldado por el trabajo riguroso y la unanimidad de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado aprobado con nueve votos a favor.

Esta propuesta se encuentra plenamente alineada con el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2029 y con la agenda parlamentaria impulsada por la Presidente del Legislativo, nuestra compañera Michelle Mancheno. Durante años, los ecuatorianos y las ecuatorianas hemos enfrentado la incertidumbre jurídica y las trabas burrocráticas al intentar usar documentos en formato electrónico. ¿Quién de nosotros no ha pasado por la experiencia de querer hacer un trámite y sin previo aviso se nos ha solicitado la cédula física o la copia de ella? Y nos hemos visto en la necesidad de retrasar la gestión.

En nuestro país tenemos información positiva sobre la digitalización en el ámbito público y en el uso de la tecnología. Tan solo en el año 2025, más de 1.29 millones de ecuatorianos obtuvieron su cédula digital y se registraron más de 6.5 millones de validaciones con un porcentaje del 97.8% de satisfacción ciudadana. Sin embargo, este gran avance dependía de resoluciones administrativas que no podían imponer la aceptación obligatoria en el sector público. Con esta reforma que presentamos el día de hoy para este primer debate elevamos el uso de la cédula digital al rango de ley orgánica respetando el principio constitucional de reserva de ley y brindando la seguridad plena a la ciudadanía.

Expresar la necesidad legal de reconocer nuestros documentos digitales es imprescindible para que el avance tecnológico y la digitalización cada vez sea vigente en este mundo globalizado. Colegas legisladores, este proyecto es también una muestra concreta de eficiencia presupuestaria y responsabilidad con recursos del país. Como se menciona en el informe elaborado por la Comisión de Justicia en el 2025, la adquisición de 3 millones de tarjetas físicas de policarbonato representó un gasto para el Estado de 8.61 millones de dólares, es decir, casi 2.87 dólares por cada plástico. Al aprobar esta ley, optimizamos la infraestructura tecnológica en que el Estado ya invirtió más de 24.63 millones de dólares desde el 2019, reduciendo costos recurrentes e innecesarios.

Es importante destacar el derecho a la libre elección que tendrán los ciudadanos, obligando a las entidades públicas a mantener mecanismos alternativos para asegurar que se brinde la correcta atención a los usuarios que la requieran. Asimismo, blindamos el derecho constitucional a la protección de datos personales para cubrir una de las mayores preocupaciones en la aplicación material de esta ley. Debemos tener claro que queda estrictamente prohibido que las instituciones escaneen, fotografíen, descarguen o almacenen la cédula digital durante la verificación. Además, se establecen plazos de transición ordenados, 90 días para que la Dirección General del Registro Civil emita el protocolo técnico y 90 días adicionales para que las demás instituciones públicas se adapten al mismo.

Señoras y señores legisladores, Esta ley sigue las mejores prácticas internacionales de países como España, Argentina y Colombia, un ejercicio de derecho comparado que nos sirve para adoptar las normativas que ya funcionan en otros países y que están implementándose aquí en el Ecuador a la celeridad que necesitamos. Hemos construido desde el debate una ley que refleja las observaciones de expertos, de la academia, de profesionales para poder entregarle a la ciudadanía el resultado que ellos exigen. Por lo expuesto, les invito a respaldar esta propuesta para conjuntamente entregarle al país un proyecto técnico y útil que le ahorra recursos al Estado y, sobre todo, simplifica la vida diaria de todos los ecuatorianos, de todas las ecuatorianas.

Gracias, señora Presidenta. Hasta aquí mi palabra.

solidarizarme con las familias afectadas por el incendio de la Vicentina y saludar la labor del alcalde de Quito, Pavel Muñoz. Este proyecto de ley que hoy conoce el Pleno tiene la finalidad constitucionalmente legítima, garantizar que el derecho a la identidad puede ejercerse con igualdad, seguridad y eficiencia, tanto mediante la cédula física como su formato digital oficial. No estamos creando una identidad nueva, ni reemplazando el documento físico, estamos reconociendo con rango de ley orgánica que una misma identidad pueda acreditarse y validarse con dos soportes emitidos respaldados por la autoridad competente.

Esta reforma cuenta con un sustento directo en la Constitución. El artículo 66 de la Constitución reconoce el derecho a la identidad personal, la protección de los datos personales y el acceso a los servicios públicos de calidad. A ello se suman los principios de eficacia, eficiencia, coordinación y calidad que el artículo 227 impone a la Administración Pública. Por tanto, existe una conexión clara entre el objeto del proyecto y los derechos que procura garantizarse y la competencia legislativa de esta Asamblea. El alcance también es correcto porque circunscribe a reconocer la igualdad de validez jurídica, tanto de la cédula física como la cédula digital oficial, garantizar el uso de la cédula digital en los trámites ante las instituciones del sector público, obligar a los servidores y servidoras públicas a aceptarlas sin imponer trabas, requisitos adicionales o prácticas burocráticas que terminen anulando su gran utilidad.

La ciudadanía no puede seguir dependiendo de la discrecionalidad de un servidor público cuando se acerca a una ventanilla. No es admisible que una institución acepte y otra rechace este documento que es emitido por el Estado. Si es emitido por el Estado, debe ser reconocido como tal. Valoro además que el proyecto mantenga la coexistencia de ambos formatos y que establezca mecanismos alternativos de identificación, porque no se puede limitar el uso de la cédula de identidad o el derecho a garantizar la identificación y poder acceder a trámites cuando no se tiene acceso a un celular, a una plataforma tecnológica, a servicios de internet o servicios de digitalización.

Y tampoco se puede enilgar la responsabilidad al usuario cuando la institución no cuenta con los recursos adecuados y para garantizar la validación de este proceso. La cédula digital es una herramienta de simplificación y libertad de elección, no una nueva barrera de acceso. Eso es lo que debe significar. Sin embargo, a pesar de que existe la legitimidad constitucional, no nos exime de corregir un riesgo central antes del segundo debate. Y con eso me refiero a la protección efectiva de los datos personales. El segundo insisto de la disposición reformatoria primera señala que la verificación no autoriza a copiar, descargar, fotografiar, escanear, almacenar o conservar la cédula digital ni sus datos, salvo cuando el tratamiento sea estrictamente necesario para el trámite y exista una obligación o disposición legal expresa.

Ese límite es correcto, pero todavía no es suficiente. Aquí no basta con declarar que una conducta no está autorizada, la ley debe ser clara. ¿Qué prácticas están prohibidas? ¿Quién responde por ellas? ¿Qué medidas de prevención son obligatorias? ¿Cuáles son las consecuencias jurídicas de este incumplimiento? Porque una credencial digital puede facilitar los trámites, pero también puede abrir la puerta para convertirse, si no tiene el blindaje suficiente, en una fuente de filtración, de comercio, de perfilamiento, de suplantación o manipulación de información personal que ya lamentablemente ha sucedido.

Por ello, para el segundo debate propongo incorporar uno o más artículos específicos que prohíban expresamente la copia, extracción, descarga, captura, almacenamiento, sesión, venta, comercialización, alteración, perfilamiento o reutilización de los datos contenidos en la cédula digital, para una finalidad distinta que no sea aquella para la cual estrictamente es necesaria y legalmente habilitada para el trámite. La expedición no puede descansar en fórmulas abiertas. Aquí debe sujetarse a principios de legalidad, finalidad, pertinencia, minimización, proporcionalidad y seguridad. La reforma también debe garantizar y debe exigir medidas verificables, protección de datos, desde el diseño por defecto, controles de acceso, trazabilidad de cada consulta, conservación limitada, eliminación segura y protocolos obligatorios de notificación y respuesta ante vulneraciones.

Cada institución pública deberá identificar el responsable del tratamiento y asegurar la intervención del delegado de protección de datos. Y en materia de sancionatoria nosotros debemos evitar dos extremos. Uno, crear un régimen ambiguo que vulnere el principio de tipicidad. Y segundo, guardar silencio o guardar silencio y dejar la prohibición sin una consecuencia efectiva. La solución es definir con precisión cuáles son esas conductas infractoras y armonizar su sanción con las leyes, como la ley de protección de datos personales, la potestad de la superintendencia de protección de datos personales y el régimen de responsabilidades servidoras y servidores públicos, sin prejuicio de las responsabilidades civiles o penales que estas correspondan.

La remisión normativa debe ser expresa y debe impedir tanto la impunidad como la duplicidad de competencias. Finalmente, esta reforma no puede operar por sí sola como una isla. Debe armonizarse con la ley orgánica para la optimización y eficiencia de trámites administrativos, la ley orgánica de protección de datos personales, la ley orgánica del Sistema Nacional de Registros de Datos Públicos y las normas sobre la transformación digital. Debemos revisar conceptos, procedimientos, plazos de adecuación, competencias de control y reglas de interoperabilidad. De lo contrario, estos vacíos o lagunas van a producir precisamente las trabas que hoy buscamos eliminar con este proyecto de ley.

La simplificación administrativa y la protección de datos no son objetos opuestos. Una administración moderna no es la que recopila más información, sino aquella que utiliza únicamente la necesaria con un tiempo indispensable y bajo los controles efectivos. La tecnología hoy debe estar al servicio de los derechos, no los derechos al servicio de la tecnología. Considero que este es un proyecto de ley constitucionalmente legítimo, necesario y útil. Mi posición es favorable a que continuemos con este debate, de que logremos la comparecencia de múltiples expertos que le den la fortaleza a este proyecto de ley.

Pero con una condición indispensable, que para el segundo debate, que la aceptación obligatoria de la cédula digital vaya acompañada de un sistema claro de prohibiciones, garantías, controles y responsabilidades en materia de datos personales. Modernizar el Estado exige eliminar la burocracia, pero también exige que la información de los ciudadanos sea filtrada, negociada o manipulada. Reconozcamos la cédula digital y facilitemos los trámites. Hagamos exigible su aceptación, pero garanticemos que la seguridad de los datos de los ecuatorianos sea resguardada de manera adecuada. Mi palabra, señora Presidenta. Gracias.

firme el uso de la palabra. Y por supuesto, buenas tardes, siempre mi saludo cariñoso y afectuoso a la ciudadanía ecuatoriana que nos ve a través de las diferentes plataformas telemáticas y medios legislativos. La reforma a la ley orgánica de gestión de identidad y datos civiles, como ya lo mencionaban los compañeros legisladores, crea formalmente la cédula de identidad digital. Sabemos que es un mecanismo de identificación que ya se lo utiliza en diferentes plataformas digitales. Sin embargo, es fundamental darle un marco jurídico, legal de validez. En este sentido, quiero felicitar a la Comisión de Justicia y Estructura del Estado porque todos los legisladores están de acuerdo que esto suceda.

Por eso la votación en unanimidad de este primer informe. A su presidenta, a su proponente y ponente además de este primer informe, porque esta reforma también incluye el artículo 85.2, que regula cómo se presenta y cómo se verifica la cédula digital. Y determina también que ninguna entidad pública pueda exigir exclusivamente o la cédula digital o la cédula física. Así permite que las y los ecuatorianos tengan acceso a los servicios públicos de una manera más ágil y moderna, que puedan realizar todos los trámites que se les exige sin presentar un solo documento, este sea físico o sea digital.

En este orden de ideas, la reforma al artículo 86 da plena validez y eficacia jurídica, administrativa y civil a la cédula física y digital. Sin embargo, también es fundamental y concuerdo con algunos colegas legisladores que este alcance y por principio general también tenga para otros documentos que también tengan ese reconocimiento oficial mediante el formato digital, siempre y cuando cuenten con los mecanismos para verificar su autenticidad, integridad y vigencia. De esta manera, la reforma no se limita exclusivamente a la cédula de identidad digital, sino que permite avanzar hacia un ecosistema de identificación y acreditación documental digital, evitando que la ciudadanía deba presentar documentos físicos cuando la información puede ser verificada mediante mecanismos oficiales de interoperabilidad.

La reforma en su disposición reformatoria única busca proteger de conformidad al artículo 23 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos que la verificación de la cédula no sea autorizada a copiar, fotografiar, escanear, descargar o almacenar el documento o todos sus datos por parte de la autoridad competente. Sobre esta disposición transitoria, debo observar que se debe también tomar en cuenta los artículos 7, 8 y 9 de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, que determinan el tratamiento, consentimiento y el interés legítimo del tratamiento de los datos personales de las y los ciudadanos ecuatorianos.

Así también es correcto que en el término de 90 días el registro civil, sedulación, identificación y las demás instituciones públicas puedan adaptar sus procedimientos para la emisión de protocolos, para adaptar sus procedimientos a la validez y aceptación de la cédula digital en todas las instituciones públicas. Y aquí quiero nuevamente proponer que la reforma no sea únicamente al reconocimiento de la cédula digital. Esta reforma puede tener un alcance mucho mayor, que apunte a la digitalización de todos los documentos emitidos por la autoridad competente para alcanzar así verdaderamente una eficaz transformación digital.

Hoy estamos legislando efectivamente en un contexto diferente al de hace algunos años. La relación entre ciudadanía y Estado ha cambiado. Las nuevas teorías de la administración pública nos orientan a que debe existir un Estado más cercano a la gente y que paréntesis tiene que utilizar las herramientas digitales. Cada vez más trámites, certificaciones y documentos pueden gestionarse de manera digital y esa transformación ya forma parte de la vida cotidiana de las y los ecuatorianos. Y un ejemplo reciente es la aplicación Data 593, una herramienta que permite a los ciudadanos acceder desde su teléfono celular a distintos documentos y registros oficiales.

Esta evolución demuestra que el documento digital ya no es una posibilidad futura, es una realidad que el Estado está incorporando progresivamente. Por eso la reforma legal debe mirar más allá. Debemos legislar pensando en facilitar que todos los trámites sean reconocidos por los diferentes medios digitales. Si hoy un ciudadano puede llevar determinados documentos oficiales en su teléfono, la legislación debe garantizar que esos documentos puedan ser reconocidos legalmente y puedan ser utilizados de manera efectiva cuando les corresponde. Y aquí existe un punto fundamental. La ley debe ser lo más amplia y general posible para que cualquier aplicativo reconocido por los órganos competentes pueda servir y ser reconocido por las instituciones públicas.

La tecnología cambia de manera constante, las aplicaciones se actualizan, aparecen nuevas plataformas y se incorporan nuevos mecanismos de autenticación y validación. Por eso el reconocimiento jurídico debe centrarse en las características que garanticen la autenticidad, integridad, trazabilidad y verificación del documento. Y no es exclusivamente el medio tecnológico mediante el cual se lo presente. Este es precisamente el desafío de esta reforma. Que el derecho acompaña la transformación digital y no que la legislación termine convirtiéndose en una barrera de este fin. Digitalizar no significa, colegas legisladores, simplemente dejar de utilizar el papel.

Significa garantizar que una persona pueda acceder y validar su identidad, sus derechos, sus obligaciones o determinada información. Mediante mecanismos que debe garantizar el Estado que sean seguros, verificables y jurídicamente reconocidos. Por eso, consideramos importante que esta reforma tenga una visión amplia y tecnológicamente neutral, que permita reconocer no solamente los documentos digitales que existen hoy, sino también aquellos que puedan generarse en el futuro, siempre que cumplan con las condiciones legales y técnicas necesarias para garantizar su autenticidad e integridad. Finalmente, reconocemos el trabajo que está desarrollando la Comisión de Justicia.

Llevar al Estado hacia la transformación digital requiere un marco jurídico que se lo trabaje con la mayor técnica y con la mayor responsabilidad. Así que al proponente y a todos los colegas legisladores, a la Presidenta de la Comisión de Justicia, esperamos que sean acogidas nuestras observaciones para tener un proyecto de ley que esté al servicio de la ciudadanía. Gracias, señora Presidenta. Devuelvo la palabra.

diferentes plataformas de comunicación social. Un saludo a mi Ecuador querido. El derecho a la identidad es un derecho universal, consagrado en la Declaración de los Derechos Humanos allá por el año de 1948. Ecuador reconoce este derecho constitucionalmente en su artículo 66, numeral 28, que garantiza y reconoce el derecho a la identidad personal, al nombre y apellido que debemos tener cada uno de sus ciudadanos y el registro de estos datos. Este registro de datos consta, entre otros documentos, en esto, la cédula de identidad, que ahora esta cédula es una cédula física electrónica, porque tiene un chip electrónico y es un documento electrónico.

Por eso, señora Presidenta, le pido que por favor permita al señor Secretario que lea el artículo 4, numeral 1, solamente la primera frase de la ley de gestión de la identidad y datos civiles.

Señor secretario de lectura del artículo solicitado.

del reglamento de la misma ley.

El artículo 87, perdón, también de reglamento de la misma ley.

Hasta ahí nomás, perdón, señor secretario.

Señora Presidenta, compañeros asambleístas, la cédula de identidad es un documento electrónico y el artículo 4 de la Ley de Gestión de la Identidad y Datos Civiles, como lo ha leído el señor Secretario, manifiesta la validez de los documentos electrónicos, es decir, de la cédula de identidad digital que también es electrónica. Y es más, el artículo 87 del reglamento de la referida ley explícitamente dice que tiene la misma validez la cédula física que la digital. Yo estaría diciendo, como dicen ustedes, compañeros, para qué tratar este proyecto de ley si exista redundancia jurídica, hay que aplicar la economía procesal.

Pero no, porque la realidad nos dice que la cédula digital tiene problemas en la aceptación en las diferentes instituciones. En el 2020, se desarrolla la plataforma GOP-EC, en donde se crea o se implementa la cédula digital electrónica. Una resolución de la dirección del registro civil en el año 2024 también determina la validez de la cédula digital. Sin embargo, como nos comenta el asambleísta ponente, compañero Fernando Nantipia, se quiere especificar como rango ya a nivel legal la aceptación obligatoria tanto de la cédula física electrónica como la de cédula digital electrónica.

Y les hablaba de redundancia jurídica, porque me recordaba, cuando archivaron la ley que garantizaba el cumplimiento de las obligaciones internacionales de las resoluciones de los organismos de derechos humanos, o cuando decían que existía redundancia jurídica y archivaron, luego que en primer debate manifestaron como un proyecto de ley moderno, la ley del consumidor, sin embargo, no vamos nosotros a pedir, por mi caso, el archivo de esta ley. Yo creo, sin embargo, que en términos racionales de creación de nuevas normas legislativas, deberíamos pensar, tal como lo dije en la comisión, no solamente en la aceptación de una cédula digital electrónica, porque el día de mañana, algún otro compañero o compañera asambleísta presentará un proyecto de ley para la aceptación obligatoria de la licencia física electrónica o la licencia de conducir digital electrónica.

Y posteriormente, otro colega asambleísta presentará un proyecto de ley para la aceptación obligatoria de la partida de nacimiento física de la partida de nacimiento física o la partida de nacimiento electrónica. Y así con el certificado de votación. Por eso, recomiendo que no se hable solamente de la cédula de identidad digital electrónica, sino que vayamos más allá de esto, tal como se ha hecho y se ha legislado en otros países. ¿Por qué no hablar de la ciudadanía digital o de la sociedad digital? Eso lo tengo como un aporte.

Y además, que se revise dentro de la normativa que se propone una mayor seguridad a los datos personales. Claro, está en el proyecto de ley y en el informe que se respetará la ley de protección de datos personales. Pero es necesario garantizar una auditoría y que se determine una selectividad de los datos de reconocimiento simplemente de la cédula de identidad y que no se permita que el día de mañana aquella institución que recoja una cédula o valide una cédula digital electrónica también guarde datos importantes e íntimos, tal como dispone la Constitución de la República de cualquier ciudadano, o permita suplantar la identidad para hacer fechorías.

Esos son los aportes, señora Presidenta, que quería manifestar. Gracias. Gracias.

Tiene la palabra el asambleísta Johnny Lavallén.

varias observaciones.

Muy buenos días o buenas tardes. Primero le quiero dar gracias a Dios. Gracias por este momento. A nuestros hermanos migrantes, un saludo especial, medios de comunicación. Quiero felicitar el trabajo de la comisión. Este proyecto es necesario, ya que permite reconocer en la ley que la cédula digital tiene la misma validez que la cédula física. Por lo que resuelve un problema real que afecta a miles de ecuatorianos. Ahora quiero hablarles de quienes todavía no tienen cédula. Y quiero contarles algo que escucho en cada consulado que visito como representante de los migrantes por Estados Unidos y Canadá.

Una madre ecuatoriana inscribe a su hijo recién nacido ante el consulado del Ecuador en cualquier parte del mundo. Sale con la partida en la mano y hace la pregunta más lógica. ¿Y la cédula? La respuesta siempre es la misma. Le dicen, eso tiene que hacerlo en el Ecuador. Ese niño es ecuatoriano por nacimiento. Lo dice el artículo 7 de nuestra Constitución. El Estado lo inscribe, lo registra, lo reconoce como suyo. Acto seguido, le pide un pasaje de avión para entregarle su primera cédula. Ningún niño ecuatoriano debería cruzar miles de kilómetros para que su país lo reconozca quien es.

Conviene explicar por qué pasa esto. Porque no es culpa de nuestros cónsules. Nuestra ley separa dos cosas que para una familia es solo una. Incribir y cédular. Incribir es dejar constancia que ese niño nació y de quienes son sus padres. Cédular es tomarle las huellas, entregarle el documento por primera vez con el que va a existir ante el Estado. El consulado, la ley lo otorga la primera facultad. Nunca le dio la segunda. Y eso no se arregla. Eso no lo arregla el registro civil con una resolución.

Hay que cambiar la ley. Y la ley solo la cambiamos nosotros en esta Asamblea Nacional. También quiero dejar claro que esto no es un problema de recursos. Recordemos que en el año 2024, esta misma Asamblea puso en manos de los consulados la emisión de pasaportes. Y para emitir un pasaporte que ya lleva chip y huella digital, el consulado ya tomó los datos biométricos de la persona. Esa capacidad técnica ya está en nuestras oficinas consulares y ya fue financiada por el Estado. Aquí nos falta presupuesto. Señora Presidenta, lo que falta es complementar el paso que esta Asamblea dio en el año 2024.

Compañeras y compañeros, nuestros migrantes nunca se desvincularon del Ecuador. Sostienen a su familia, aportan a la economía nacional y transmiten a sus hijos la identidad ecuatoriana. Lo mínimo que este país puede ofrecerles es que esa identidad tenga un documento que los respalde sin necesidad de un boleto de avión. Por eso presentaré por escrito el texto que habilita la cedulación consular de niñas, niños y adolescentes sin crear ni una sola partida presupuestaria. Mi palabra, señora Presidenta. Muchas gracias.

Muy buenas tardes. Como jóvenes nos preguntamos por qué en pleno siglo XXI, con todo el avance tecnológico en el Ecuador, aún las instituciones públicas y privadas no permiten facilitar las diligencias, los trámites de una manera más fácil. Peor aún, muchas de las veces ni siquiera nos permiten utilizar las herramientas con las que ya contamos, como la cédula digital, la licencia digital, el certificado de votación, entre otras credenciales que también tenemos de manera digital. Hoy en día, hay que ser realistas, colegas asambleístas, resolvemos casi todo mediante el celular.

Y justamente el país es que tiene que avanzar a esa dirección de modernización. Y aquí quiero poner un ejemplo, porque esto ya hace unas semanas aprobamos la ley reformatoria a la ley de tránsito, en donde decimos ya que la licencia de conducir podrá emitirse y renovarse ya en formato físico y en formato digital. ¿Eso qué quiere decir en la práctica? Que cuando un agente de tránsito detenga la marcha de tu vehículo, ya no te va a poder multar por no aportar esta licencia en formato físico.

También ahora el conductor podrá únicamente abrir la aplicación y mostrar la licencia de manera digital y continuar con su marcha. Y eso también porque la multa era bastante significativa. Era la disminución de tres puntos en la licencia, el 10% del salario básico unificado, es decir, más de 48 dólares. Y a pesar de que eso ya estaba en una resolución de la ANT, no se estaba cumpliendo, es por eso que nosotros lo elevamos a rango de ley para darle una mayor seguridad a todos los ecuatorianos. Y si eso ya lo vamos a poder hacer con la licencia, también necesitamos que la cédula digital tenga la misma validez que la cédula digital.

Y no hablamos de pocas personas, colegas asambleístas. En solo el año 2025, casi 1.3 millones de personas sacaron la cédula de manera digital. Detrás de cada cifra hay situaciones concretas. Y aquí quiero poner un ejemplo. Pensemos en un joven que viaja de un cantón lejano, de una parroquia lejana a la ciudad a poder realizar un trámite y simplemente se dio cuenta que se olvidó la cédula o perdió su cédula. En lugar de perder todo el día, puede sacar su celular, abrir la aplicación y mostrar su cédula de manera digital para poder seguir realizando su trámite normalmente.

Porque hoy en día hay que ser realistas que dependen de un funcionario que valide esto, dependen de un funcionario que le dé la gana de validar esta cédula de manera digital. Es por eso, y esto es lo que queremos corregir con esta reforma, que la cédula, tanto física como la cédula digital, tengan la misma validez y ningún funcionario público te pueda cerrar las puertas por presentarla una a la otra. Si te olvidaste la cédula, si perdiste la cédula, podrás seguir con tus trámites normalmente. Y, colegas asambleístas, aquí quiero decir que estamos aún en primer debate y podemos fortalecer este proyecto, porque sí merecemos, y la ciudadanía merece, que tanto la cédula física y la cédula digital tengan la misma validez.

Mi palabra, señora Presidenta, muchísimas gracias.

Presidenta y colegas asambleístas, estuve escuchando una de las intervenciones de un colega de la otra bancada y al parecer existe una falta de lectura de lo que dice la nueva ley o el proyecto de ley que estamos tratando. Siempre hay que leer los considerandos, colegas. El último considerando dice que mediante resolución 034, etc., publicada en el registro oficial 668, la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación, dispuso la implementación en fase de producción del servicio de cédula de identidad digital en la plataforma gov.es sin que dicho reconocimiento haya sido incorporado con carácter expreso y exigible frente a terceros de una ley orgánica.

Esto es lo más importante y está en el último considerando, colegas, yo sí les invito a que revisen esto. Si es que no está en la ley, si es que no incorporamos en la ley un artículo que hable expresamente de que la cédula digital o cualquier otro documento tiene que estar reconocido en X plataforma que hoy tenemos incluso ya implementada como es la data 593, estamos realmente patinando, compañeros. Por eso les invito a leer el artículo 1 que reforma o que incluye el artículo 85,1 con un texto que contiene varios incisos en dicho artículo, que no existía en la ley actual.

Por eso es que no basta con el artículo 4 que leía uno de los colegas, porque en el artículo 4 están contemplados únicamente los principios y los principios forman parte de lo sustantivo de la ley, pero nos falta la parte procesal y adjetiva que es lo que se está incorporando ahora. Sí quería hacer esa presión porque va a quedar en el halo de este pleno que estamos repitiendo consideraciones que ya estaban, lo cual es absolutamente falso y que se encuentra plenamente justificado en ese considerando. Nada más de ese punto de información, Presidenta.

Muchas gracias.

Una vez que ha finalizado el debate, se dispone que el proyecto de ley retorne a la Comisión para la Elaboración del Informe para Segundo Debate. Señor Secretario, siguiente punto del orden del día.

Señor secretario, por favor dé lectura del memorando respectivo y del informe en su parte resolutiva.

Buenas tardes, distinguida Michelle Mancheno, Presidenta de la Asamblea Nacional, compañero Esteban Torres, primer Vicepresidente de la Asamblea Nacional, compañeros y compañeras asambleístas, al país, a mi querida provincia, un fraterno abrazo desde la Asamblea Nacional. A nombre de la Comisión de Fiscalización y Control Político, luego de haber debatido en esta prestigiosa comisión, voy a hablarles del dinero, del dinero de todos nosotros. Hace apenas unos días, en Miami, un hombre se paró frente a un juez y dijo, culpable, Alex Saab. Durante años nos hicieron creer que ese nombre era un problema ajeno, de otro país, de otra historia, no lo fue.

Ese hombre movió en apenas tres meses 170 millones de dólares de las reservas de los ecuatorianos, de nosotros. ¿Saben cómo? A través de un sistema que se llamó Sucre y que se vendió como un gran avance regional, como la liberación del dólar, como el futuro de la integración latinoamericana. Y aquí estamos, 15 años después, contando los pedazos, viendo cómo se acumulan una tras otra las sentencias penales en firme, emitidas en contra de los responsables de este atraco, como por ejemplo, el caso Sobornos, donde los que ahora intentan defender lo indefendible ya fueron sentenciados por el delito de cohecho.

Hoy no venimos a hablar de un sistema que fracasó por casualidad. Venimos a hablar de una estructura que fue creada desde el poder, defendida desde el poder, administrada desde el poder, y que todavía obliga al Ecuador a preguntarse dónde estuvo el Estado mientras millones de dólares circulaban frente a sus propios organismos de control. El Sucre fue presentado durante el gobierno de Rafael Correa como uno de los grandes símbolos de aquella llamada integración regional. Traigo a consideración de este pleno un informe que no nace de la nada.

Es la actualización de un trabajo que la Comisión de Fiscalización y Control Político ya hizo en el año 2021 cuando destaparon cómo el sistema Sucre fue usado para sacar del país más de 150 millones de dólares mediante exportaciones que nunca existieron. Un fondo global de construcción que jamás construyó nada, que exportó paneles prefabricados que nadie vio llegar a Venezuela, maquinaria agrícola que este país nunca produjo en esas cantidades. Hasta papas, señores asambleístas, sí, papas facturadas como si fueran oro. Y ese dinero sí llegó, y llegó rápido.

Pero a Panamá, a Miami, a cuentas de abogados que cobraron honorarios de casi 4 millones de dólares por defender a los socios de un testaferro de Maduro. Hoy, 5 años después de aquel primer informe, la pregunta que debíamos responder era simple. ¿Qué pasó con aquellas recomendaciones? La respuesta, lamentablemente, la respuesta, lamentablemente,

Por un lado, hay avances objetivos y hay que reconocerlos con la misma honestidad con la que vamos a denunciar lo que falta. El Tratado Constitutivo del Sistema de Compensación Sucre ya fue denunciado por este mismo pleno. El SDI cerró 1.108 procesos de control y el SENAE actuó a tiempo con decenas de denuncias penales y 70 alertas por operaciones inusuales remitidos a la UAPE. Pero por otro lado, este informe pone en evidencia algo que no podemos dejar pasar en silencio. ¿Quién impulsó este sistema? ¿Quién lo firmó?

¿Quién lo ratificó con entusiasmo? Fue el mismo presidente a quien Hugo Chávez le dijo en una conferencia conjunta Rafael, juguemos duro con el Sucre. Y él jugó duro, jugó tan duro que la factura la seguimos pagando hoy. Ese mismo presidente que fue notificado hace ya casi cinco años de que estaba siendo investigado por Peculado. Y su respuesta, su casa en Bélgica, cómodo, lejos, protegido. Pero, ¿saben cómo lo llamó? Una cartiflada más. Así calificó la posible desaparición de los millones y millones y millones de dólares del pueblo ecuatoriano.

Mientras tanto, en Guayaquil, una jueza declaraba nulo un proceso sin tener competencia para hacerlo. Y meses después, sin ninguna facultad legal, ordenaba devolver 56 millones de dólares de forlocón a los responsables de este atraco. Ese dinero, en pocas semanas, ya estaba repartido entre cuentas en Miami, en Panamá, entre abogados y empresas de papel constituidas apenas días antes de recibirlo. Pero, esa misma jueza terminó condenada por prevaricato y hoy está prófuga de la justicia ecuatoriana. ¡Sí, prófuga! Compañeros asambleístas, el país ni siquiera sabe dónde está la persona que hizo posible esa devolución millonaria a la red de un testaferro chavista.

Y dos de los jueces que intervinieron en decisiones vinculadas a este mismo expediente terminaron años después presos por dirigir una organización criminal dentro de la función judicial del Guayas. No es una casualidad, es un patrón. Y en enero de 2022, una investigación disciplinaria contra los jueces que liberaron esos fondos fue archivada sin ningún sustento, sin diligencias, sin informe. Se quedó acumulando polvo durante más de cuatro años. ¿Hasta qué? Apenas hace unas semanas, alguien finalmente se atrevió a abrirlas otra vez. Y mientras tanto, la Contraloría ya no puede auditar nada por caducidad.

Y la Fiscalía General del Estado mantiene una causa madre estancada en indagación previa desde hace cinco años.

por lo que se debería pedir.

pedir asistencia penal asistida a Estados Unidos o a Panamá, donde estarían los fondos fugados del Ecuador. Compañeros, yo no vine a esta asamblea a repetir consignas y hacer campaña con el pasado. Vine a decir que la documentación dice lo que el Banco Central entregó en 11.121 fojas porque ya no tiene forma de esconderlo. El sistema Sucre no fracasó por mala suerte, fue vaciado deliberadamente, sistemáticamente con la complicidad de quienes debían controlarlo y el silencio cómplice de quienes debían perseguirlo. Este informe no juzga a nadie. Es un informe no vinculante como corresponde a nuestra competencia, pero sí cumple con nuestra obligación constitucional de fiscalizar y exhorta, entre otras, a la Fiscalía, al Consejo de la Judicatura, a la Cancillería y a la Procuraduría General del Estado a la ejecución de las tareas que a cada uno le corresponden.

Por eso insisto y voy a seguir insistiendo las veces que sean que este expediente no se cierre en un cajón como ocurrió en el 2022, que llegue la Fiscalía de Estados Unidos a la de Panamá, a donde tenga que llegar, que alguien por fin tenga que sentarse frente a un juez y explicar bajo juramento por qué lo hizo. Que alguien responda ¿Quién estuvo detrás de esta patraña? Porque la plata del Ecuador no es de quien la administra desde el Palacio, es de la que la necesita desde un barrio, desde un hospital, desde una escuela rural que sigue esperando un techo.

Y hay millones de ecuatorianos, señora Presidenta, que todavía la están esperando. Por lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 135 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, mociono que el Pleno de la Asamblea Nacional conozca y apruebe el informe sobre el proceso de fiscalización, entre paréntesis, caso Sucre, que actualiza y amplía nueva información y o documentos respecto de los hechos y recomendaciones contenidas en el informe número CEPFCP-2021-2023-002-I de 13 de diciembre de 2021, con sus conclusiones y recomendaciones, y se disponga su remisión a la Fiscalía General del Estado, al Consejo de la Judicatura y a las demás instituciones de control y justicia correspondientes, para los fines pertinentes, dando así cumplimiento a la resolución RL-2025-2029-085 de 8 de junio del 2026.

En tan sentido, señora Presidenta, en la moción presentada por escrito en Secretaría, se encuentra adexado el respectivo proyecto de resolución a fin de que se disponga su lectura y sea puesto a consideración y votación del Pleno cuando sí lo considero oportuno. Por mis tres.

de nacionalidades.

compañero por prestar la atención. Para despedirme, compañera presidenta y compañeros de asambleístas, ama Kilia, ama Yulia, ama Shua, no mentir, no ser ocioso, no robar y nunca vamos a dejar que nos abencan el estado ecuatoriano. Gracias, devuelvo la palabra señora presidenta.

hermanos desde Ecuador Amazónico, quiero empezar esta intervención trayendo a colación los diálogos platónicos, esta obra clásica de la filosofía, en la que se establece que Sócrates es el umbral entre el mito y la razón, entendiendo que el mito es lo subjetivo, lo intersubjetivo y la razón es la búsqueda perpetua por la verdad. Creo que debemos enmarcarnos en ese sentido, porque debemos desmontar algunos mitos que se han dicho hoy y se han presentado en este informe. El primero, que el Sucre fue creado con el propósito de lavar activos.

La verdad, el sistema Sucre es un sistema regional para realizar pagos que existen en otras regiones, como otros sistemas que existen también aquí en el Mercosur, por ejemplo. Al igual que otros sistemas, solo facilita un canal de pagos. Esa es la función del sistema Sucre. Que el Banco Central y las reservas han sido descapitalizadas. Hemos tenido comparecencias de representantes del Banco Central en la comisión. Y en ninguna de sus intervenciones han mostrado alguna documentación, algún dato oficial que indique que ha habido tal desfalco. Es más, han afirmado que el Banco Central no ha emitido ningún pago antes de haber cobrado a los importadores o exportadores externos a nuestro país.

El control estatal y las alertas. Se dice que no ha habido ningún control en ese periodo de gobierno. Ni ninguna alerta. Lo que es falso. Porque el Estado alertó. Es más, el Banco Central bloqueó algunas transacciones y emitió 49 alertas. Además, la SENAE refirió más de 60 informes de alertas para 60 distintas empresas. Se crearon resoluciones de control bancario, las 044 y las 045. ¿Entre quiénes? Entre la Cancillería, la SENAE, el SDI, la Fiscalía General del Estado y el Banco Central del Ecuador. Es importante mencionarle al pueblo ecuatoriano que nos está viendo a través de los diferentes medios de comunicación que del 100% de las transacciones, poco más del 5% fueron inusuales, según palabras de los técnicos del Banco Central.

El hecho de que sea una actividad inusual no implica que necesariamente sea ilícita o sea un proceso de lavado de activos. Muchas de esas transacciones emitidas por empresas fueron subsanadas y siguieron con sus procesos. Pero recuerden lo importante, 95% de las transacciones no tuvieron ninguna alarma, ninguna alerta. Se habla de 57 millones de Foglo Cons, que el sistema Sucre facilitó el lavado de este dinero. El Banco Central, en aquel entonces, estamos hablando de julio de 2013, congeló 57 millones de Foglo Cons, precisamente por algunas alertas.

La justicia liberó esos fondos y la Fiscalía General del Estado de aquel entonces emitió y formuló cargos contra los cuatro jueces involucrados en la liberación de estos fondos. Esa es la verdad, pueblo ecuatoriano. El financiamiento de campañas. El mito dice que el sistema Sucre facilitó o sirvió para financiar la campaña electoral en el año 2013. El Tribunal Contencioso Electoral, nuevamente, esto está en documentos, no lo dice su servidor. El Tribunal Contencioso Electoral ha indicado que no existen denuncias ni causas que vinculen al sistema Sucre ni Foglo Cons con campañas electorales.

Datos, no relatos. El informe no detalla ningún moto, ni fechas, ni el mecanismo de esas presuntas y supuestas transacciones. Entonces, nuevamente, es un mito. Se habla de los 2.4 millones de dólares del fondo de reserva que están congelados en el Banco del Alba. Y, por supuesto, pueblo ecuatoriano, que nos duele que potencialmente se puedan perder 2.4 millones de dólares, como nos debería doler que se puedan perder 240 millones de dólares, por el caso de la luz, por los más de 100 millones de dólares de Progen o el desfalco que ha ocurrido con ATM.

Nos debería doler igual o más esos desfalcos oprobiosos al erario público. Pero aquí es importante que la ciudadanía tenga algo en claro. Estos recursos están inmovilizados en el Banco del Alba. Y es importante que el pueblo ecuatoriano sepa que, según el artículo 22 de este tratado, el presidente de la República del Ecuador, Daniel Novoa, ha denunciado el tratado para retirarnos. Y, según este artículo, él debe reportar, por supuesto, a los representantes del pueblo ecuatoriano, el acuerdo en el que se establezca cómo vamos a recuperar esos 2.4 millones de dólares.

Es decir, no se ha perdido, no hay peculado, no ha sido irresponsabilidad del gobierno de aquel entonces. Es el presidente Novoa quien tiene que remitir esa información. Que dicho sea de paso, su servidor, junto con nuestros compañeros, ya hemos presentado el pedido o la solicitud de información a la Procuraduría General del Estado, a la Presidencia de la República y a la Cancillería, para que ante el Pleno o ante la Comisión de Fiscalización demuestre este acuerdo. ¿Cómo vamos a recuperar esos 2.4 millones de dólares? Entonces, querido Ecuador Amazónico, ¿de quién es la responsabilidad para perder o recuperar en este momento?

¿Quién presentó la denuncia al tratado? ¿Y quién debe responder con el acuerdo? El presidente Daniel Novoa. Se habla de que no ha habido control tributario. El SRI, desde el 2008 hasta el 2023, estableció más de 1.108 procesos, de los cuales se recuperó por defraudación tributaria poco menos de 210 millones de dólares. Queda demostrado, queridos colegas y pueblo ecuatoriano, que no existe tal de que no hubo controles, que no existe tal de que los responsables por estos actos oprobiosos, por supuesto, de corrupción, y que estamos de acuerdo que caiga todo el peso de la ley para ellos, pero no hay responsables tales como el sistema Sucre o los representantes del gobierno ecuatoriano de aquel entonces.

Ese sería tan fácil como hacer un símil, como si los accionistas de un banco comercial fueran los responsables por la omisión de un cheque sin fondos de algún usuario de ese banco. Así de ridícula suena esta moción. Una vez más, dejo sentado que nuestro voto será en contra de esta resolución. Muchas gracias, querido presidente, y que viva este cuadro amazónico.

Esa fue la segunda intervención.

Hoy la Comisión de Fiscalización y Control Político cumple con la resolución del Pleno de la Asamblea Nacional, presentando un informe actualizado, técnico y jurídico respecto al caso Sucre. Recibimos las comparecencias de representantes de varias instituciones, como la Contraloría General del Estado, el Banco Central, entre otros, durante el gobierno del expresidente Rafael Correa. Prófugo de la Justicia, usaron el Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos, conocido como Sucre, como un canal transnacional para meterle la mano a los dólares líquidos de la reserva, mediante esquemas de exportaciones ficticias o sobrevaloradas.

En el proceso de fiscalización se encontraron graves hallazgos sobre la empresa Fondo Global de Construcción S.A. Foglocons, la cual entre diciembre de 2012 y marzo de 2013, captó 159.8 millones de divisas líquidas del Banco Central del Ecuador por presuntas exportaciones de viviendas prefabricadas a Venezuela, cuando en realidad toda la documentación y auditorías del SENAE y Servicio de Rentas Internas demostraron que apenas se exportó mercancía valorada en 1.8 millones de dólares, que representa un fraude del 98%. Debido a la dolarización, la sola transmisión de una orden de pago virtual desde el país importador, principalmente Venezuela, provocaba que en el Banco Central desembolsara de forma inmediata dólares físicos líquidos desde la Reserva Monetaria Internacional de libre disponibilidad a través de los bancos operativos autorizados hacia las cuentas de falsos exportadores.

Los 159.8 millones de dólares captados por Foglocons no se reinyectaron en el aparato productivo local. El 85% de sus ingresos iniciales, que son 91.61 millones, fueron concentrados en el Banco Territorial S.A. antes de su liquidación y posteriormente girados de forma acelerada hacia paraísos fiscales bajo la figura de falsas asesorías e insumos que no existían. Hay que recalcar que el Sucre se encuentra en un estado de colapso operativo definitivo y al no registrar operaciones comerciales desde 2020, esta situación evidencia la pérdida de causa del tratado. De esta manera se sustenta técnicamente la denuncia del tratado constitutivo aprobada por este pleno.

La Facultad de Auditoría y Emisión de Responsabilidades de la Contraloría prescribió para las operaciones 2010-2017 y ahora recae esta facultad en el ámbito penal en la Fiscalía. Es necesario que el sistema de justicia realice una investigación profunda y técnica sobre este caso, más aún cuando en el año 2016 existió una grave omisión en el control judicial que permitió la liberación y fuga de 56 millones de dólares de Foglocons a pesar de todas las pruebas que se dio del Archivo Arbitrario del Trámite Disciplinario del Consejo de la Judicatura en el año 2022.

Pero por ventaja, ya fue reabierto en julio de este año 2026. Ahora entendemos que los del otro lado deben estar preocupados porque el testaferro de Nicolás Maduro, Alex Saab, se declaró culpable ante la justicia de Estados Unidos. En Colombia era el dueño de Foglocons. El prestanombre de Maduro reconoció haber obtenido al menos 195 millones de seis contratos y aceptó entregar esa cantidad al gobierno estadounidense como parte del acuerdo de culpabilidad, pero también admitió haber usado sus empresas, intermediarios, documentación falsa y más irregularidades para mantener contratos estatales.

Cuando Saab hable, de seguro, algunos en Ecuador y otros que se encuentran en el extranjero se pondrán a sufrir y también pondrán sus barbas en remojo. Porque ya se conocerá la forma en la que usaron nuestros recursos para una trama transnacional de lavado de activos. Gracias, Presidenta, por el uso de la palabra.

Lucía Jaramillo.

Sólo el tiempo pone cada cosa en su lugar. El sistema Sucre no fue otro acto más de corrupción del correísmo. Sin embargo, los de mi izquierda de este pleno callaron. Callaron porque son cómplices y encubridores de otro entramado. Además, para defender a sus amiguitos, como es el caso de Alex Zapp, testaferro de Nicolás Maduro, quien se declaró culpable por el delito de lavado de activos en Estados Unidos. Desde la Comisión de Fiscalización, o desde la Comisión también de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana, solicitamos que el Ecuador salga del Sucre, porque el país no podía seguir atado a un mecanismo que sólo sirvió como fachada para exportaciones ficticias, para empresas fantasmas y para lavado de dinero.

Entre el 2010, 2012 y 2013, Foglocons, perteneciente a Alex Zapp, habría exportado materiales de construcción de Ecuador a Venezuela por un monto de 159 millones de dólares, utilizando, por supuesto, el sistema Sucre. Sin embargo, para la aduana ecuatoriana, las ventas eran sólo de 1.82 millones de dólares. Pero esto no termina aquí, señores. Resulta, además, que el sistema Sucre fue utilizado para aprovecharse y adelantar dineros de los depositantes de las familias ecuatorianas. Entre el 2010 y 2019, aproximadamente 2.600 millones de dólares de la Reserva Internacional habrían sido utilizados para adelantar estos pagos.

Y adivinen, ¿para beneficiar a quién? Para beneficiar a la empresa de Alex Zapp, lo que configuraría también un delito de peculado. Ahora quiero, pues, que vuelvan a repetir que eso se trata de persecución política, porque es que les encanta repetir esa frase. Cuando ustedes muy bien sabían que este dinero sirvió para financiar la campaña de Jorge Glass y Rafael Correa en el 2013, con un aporte de 70 mil dólares que salió de la empresa de Alex Zapp. Este informe de la Comisión de Fiscalización viene en un momento oportuno, donde seguramente Alex Zapp tiene mucho que contar.

Y además que ya no están esos jueces, pues, aliados del correísmo, que permitieron la devolución de 56 millones de dólares a una de las empresas de Alex Zapp. Ecuadorianos, nosotros, este pleno de la Asamblea Nacional, ya les cerró la puerta a este sistema obsoleto como es el Sucre. Ahora le corresponde a la justicia ecuatoriana seguir con la ruta del dinero y determinar quiénes en verdad estuvieron involucrados en este entramado, quiénes convirtieron el Estado en una caja chica para beneficiar los negocios de sus amiguitos. Y aquí me hago, y les dejo una pregunta, vamos a seguir hasta el final para encontrar a los verdaderos culpables.

Vamos a seguir hasta el final para encontrar quiénes convirtieron al Estado en caja chica. A ti te hablo, Andrés Arauz. Muchas gracias.

Buenos días, buenas tardes ya con todas y todos. Como siempre, un saludo cariñoso a mi provincia, a la provincia de Cotopaxi. Y hoy, de manera particular, quiero saludar a Salcedo, que en estos días está celebrando los 107 años de cantonización. A veces creo que yo estoy en una comisión distinta, me refiero a la comisión de fiscalización distinta, a la que aquí algunos legisladores vienen a nombrar. Porque, entre otras cosas, en esta comisión, a duras penas, se sesiona, si hay suerte, una vez a la semana. Y a lo mejor, de manera virtual, en sábado y a las 7 de la noche.

Nos vendieron este proceso de fiscalización, como que aquí vamos a encontrar información nueva. Nos vendieron este proceso de fiscalización, diciendo que aquí vamos a tener nuevos hallazgos sobre la ruta del dinero también, y sobre temas que, al final del día, no han abonado en absolutamente nada. Y lo cierto, para que los ecuatorianos lo sepan, es que en este informe no se añade absolutamente nada nuevo, distinto al informe que ya se conoció en la comisión de fiscalización en el año 2021. Y no lo digo yo, por si acaso.

Pueden ustedes ir a los archivos y pueden ver cómo los propios comparecientes, los pocos que vinieron, o los representantes de los que vinieron, cuando se les preguntó directamente si había alguna información nueva o relevante que pueda aportar a este proceso de fiscalización. Ellos dijeron de manera clara que no. Y a mí me llama la atención, porque entonces, ¿cómo nace o cómo se inicia este proceso de fiscalización? Si no sabían qué mismo teníamos que hacer. Y ahí nos respondemos entonces, ¿por qué dejaron pasar esos 30 días sin casi sesionar para luego tener que pedir una prórroga al Pleno de la Asamblea Nacional para ahí sí tener un par de comparecencias y en dos días decir que teníamos informe cuando, insisto, ni siquiera nos reuníamos para sesionar?

Y digo que los propios comparecientes dijeron que no hay información nueva. La respuesta fue absolutamente directa. No hay ni nuevas transacciones, ni nuevas investigaciones, ni nada. Lo único nuevo son las actualizaciones normativas y administrativas por la salida del sistema SUCRE. La Contraloría también explicó, entre otras cosas, que no hay avances nuevos y que ellos no pueden abrir exámenes nuevos sobre buena parte de esas operaciones por caducidad de su facultad del control y de las recomendaciones que anteriormente ya hicieron y a las que debieron dar seguimiento.

Entonces, compañeros legisladores, aquí podemos discutir respecto de las responsabilidades y las interpretaciones, podemos discutir también sobre por qué quieren presentar en este Pleno como un gran descubrimiento algo que los propios comparecientes reconocen que sustancialmente ya estaba en el informe anterior. Porque fiscalizar, compañeros legisladores, no debería ser tomar información de un informe anterior, venderla como nueva, ponerle algunos adjetivos y convertirla en otra vez un titular. Y usando sus propias palabras, porque a ustedes les encanta esto y lo repiten constantemente, no se trata, cuando uno quiere fiscalizar, no se trata de instaurar estas narrativas, estas falsas narrativas, es como dicen ustedes, intentando una y otra vez condenar políticamente tanto a Rafael Correa, porque parece que no duermen si no sueñan con él, tanto a Rafael Correa como a la Revolución Ciudadana, para de alguna manera intentar tapar todos los actos de corrupción que cada vez salen más de su gobierno, como por ejemplo Progen, como por ejemplo ATM, como por ejemplo Deda Luz, y no se dan cuenta que aunque nos sigan atacando, que nos sigan persiguiendo, aunque nos sigan intentando proscribir, ya la gente no les cree.

Y eso hace que la gente cada vez nos apoye más y eso hace que cada vez estemos más fortalecidos. Ahora, si quieren, hablemos del informe, ese informe al que tanto ustedes hacen relación, un informe tan mal hecho, por cierto, que incluso tiene hasta faltas de ortografía, pueden ir ustedes a revisar. Y en ese informe mezclan conceptos financieros y jurídicos que no significan lo mismo. Por ejemplo, hablan de operación inusual, de operaciones ilícitas, hablan de riesgo, hablan de indisponibilidad, de pérdida patrimonial y hasta hablan de peculado.

Y afirman, allí de manera irresponsable, que hay peculado porque ustedes asumen que se han perdido 2.4 millones de dólares y hacen una interpretación extensiva de la norma contable y financiera. En finanzas, señores legisladores, solo cuenta la contraparte inicial. El Ecuador colocó esos recursos en el Banco del Alba y eso se convierte en un activo que tiene el Ecuador. Más bien, y ahí para que ustedes sepan, el Tratado Sucre solo dice que solo cuando un país se retire de este sistema es ahí cuando el Ecuador pierde ese activo y se configura un posible peculado.

En conclusión, e insisto, para que ustedes sepan, porque parece que no se enteraron cuando votaron, parece que únicamente la decisión de salir del Sucre es lo que genera o podría generar esa pérdida de 2.4 millones de dólares que a ustedes tanto les preocupa. El propio Banco Central informó que Ecuador realizó ese aporte al Fondo de Reservas y Convergencia Comercial, que posteriormente esos recursos fueron colocados por el Fondo Regional en BANDES y en otras inversiones y que esos recursos no han retornado al Ecuador. Pero una cosa es decir que no han retornado al Ecuador y otra completamente distinta es afirmar que existe una pérdida definitiva, que esos derechos patrimoniales hoy valen cero y peor todavía pretender construir automáticamente un peculado.

Pero hay un elemento jurídico que parece que se les olvidó del informe y que mi compañero ya hizo mención. El artículo 22 del tratado establece que la salida de un Estado no termina simplemente con la denuncia. El Ecuador debe celebrar con el Consejo Monetario Regional un acuerdo que determine la forma de retirada y la liquidación definitiva de todas las obligaciones pendientes. Entonces, la pregunta compañeros legisladores es ¿qué está haciendo el gobierno ecuatoriano para recuperar esos 2.4 millones de dólares que es de los ecuatorianos? La pregunta aquí es ¿qué está haciendo la Cancillería?

¿Qué está haciendo la Procuraduría? ¿Qué está haciendo el gobierno, insisto? ¿Cuáles son exactamente los activos, los aportes, las acreencias y derechos que todavía corresponden al Ecuador? Porque les recuerdo que a ustedes el 9 de junio de este año con votos de 86 legisladores aprobaron precisamente la denuncia del Tratado Sucre y desde ese momento, señores, existe también en una responsabilidad política por parte de su gobierno de asegurarse que durante la salida del Estado, durante la salida del Ecuador de este tratado, el Ecuador no renuncie, abandone o pierda los derechos económicos que todavía pueden ser recuperados.

Y como aparentemente en la Comisión de Fiscalización y a ustedes no les interesa fiscalizar, nosotros y hemos considerado que es importante, nosotros les ayudamos a hacer el trabajo y hemos enviado solicitudes tanto a la Cancillería como a la Procuraduría General del Estado para que nos informen y estamos solicitando entre otras cosas, por ejemplo, la copia certificada e íntegra del acuerdo de retirada y liquidación previsto en el artículo 22, la notificación oficial de la denuncia, las constancias de recepción y si ese acuerdo todavía no existe, si todavía no ha hecho eso el gobierno ecuatoriano, les estamos preguntando también por qué no se ha firmado, quiénes son los funcionarios responsables de negociarlo, en qué estado está esa negociación y cuál es el cronograma para cumplir con esa entrega.

Y en honor al tiempo, porque ya mis compañeros han hecho mención de algunos otros elementos, creo que lo importante aquí es entender también los tiempos, porque los tiempos en política son importantes y no es coincidencia y les hablo a los ecuatorianos y no es coincidencia que justamente en estos días haya aumentado el ataque, la confrontación y el ruido político alrededor de este y de algunos otros temas, no es coincidencia. Sabemos además que hay una encuesta en la que no están muy bien parados y saben que los ecuatorianos cada vez se dan cuenta de sus mentiras y han dejado de apoyarlos, que las cifras no les dan y eso les tienen absolutamente preocupados y recurren a esta que ya se ha convertido en una práctica política habitual cuando el gobierno necesita cambiar la conversación aparece entonces el escándalo y aparece entonces tener que hablar de los correístas de la revolución y sobre todo de Rafael Correa y con eso aparece el circo, su circo, el que ustedes montan y aparece el titular al que ustedes están acostumbrados y ese libreto compañeros legisladores ya lo conocemos pero esta vez el problema es que el propio espectáculo abrió una pregunta que no van a poder sacar del debate de los ecuatorianos porque ahora van a tener que ser ustedes lo que les respondan a los ciudadanos que están haciendo o que van a hacer para recuperar esos 2.4 millones de dólares que los ecuatorianos necesitamos para invertir en varios sectores y eso no lo van a poder cerrar con un titular porque si quieren poner a los 2.4 millones de dólares en el centro del debate perfecto compañeros pongámoslo porque son ustedes con sus votos con la orden de su presidente quienes decidieron salir hasta entonces a la orden la orden la orden

El asambleísta tiene 30 segundos para terminar su intervención.

y quienes son ahora los responsables de recuperar ese dinero. Así que, si quieren, compañeros, pueden seguir con el show, pueden seguir montando escenarios y falsas narrativas, pero finalmente ustedes serán los responsables. Así que aquí se acaba el espectáculo y aquí empiezan las responsabilidades que tienen ustedes, así que háganse cargo. Gracias, presidenta.

Tiene la palabra el asambleísta Adrián Castro.

Pena la anterior intervención, qué pena. Yo realmente me admiro, colega, qué indolencia, seguramente porque no conoce nuestra realidad allá abajo en el Azuay, dice lo que dice, que hacemos el show, dice. Que no dormimos, que no duerme la gente, que no duerme la gente pensando en el innombrable. ¿Sabe quiénes no duermen? Los afectados de la copera, pues que fueron afectados por el sistema sucre. Ellos no duermen este rato. ¿Cuántos años esperando después de ese saqueo, de ese mamotreto del sucre? Así se lo digo. Y esto no es un show, dígales ellos si es que es un show.

Esta gente este rato está viéndonos en redes sociales y esperando que esta asamblea dé una respuesta. Qué majadería, presidente y colega. Es una falta de respeto a mi provincia. No le voy a permitir. Eso no se hace. No se habla así de suelta de huesos. Me va a permitir, colega. No se juega con la plata de la gente. La cooperativa coopera. 35 millones de dólares se fueron llevando estos ladrones de la cabeza del testaferro de Maduro. Para que se acuerden bien, aunque les duela. Este de aquí, este señor Alex Saab, al lado del amigo de la señora Rivadeneira y de su jefe, Maduro, al que tanto defendían.

Par de presos este rato, sinvergüenzas. Eso le hicieron a la SUAI. Y show, perdóneme, es una falta de respeto a mi provincia. Yo estoy este rato conversando con la gente de la coopera y me dice, tenga la bondad asambleísta y levante la voz por el ASUAI. Y así lo seguiré haciendo. Para hacerles acuerdo, solamente el grupo del Fondo Global de Construcciones, de este sinvergüenza, de Alex Saab, solo él y este grupo reciben 160 millones de dólares del Banco Central. 160 millones, pero solo justifican tres. Eso es lo que hace esta gente, por Dios.

Plata de nuestro país. Sí me indigno y por eso, en buena hora que me estén escuchando los afectados de la coopera que me han pedido que intervengan. No iba a intervenir, la verdad. Pero sí es, colegas, no puede ser de otra manera. Si hablamos de un caso transnacional, de crimen transnacional, hace 19 horas, saquen el teléfono, colegas, hace 19 horas, revisen la cuenta del FBI. Ahí se para este señor, Alex Saab, y dice, me declaro culpable de conspiración y lavado de activos. Eso hizo el señor Alex Saab.

Y ahora, como decía por ahí algún político, y ahora, la que viene, unos estarán temblando, ¿no? ¿Qué irá a contar este señor? Porque parte de los que trabajaban en ese Fondo Global, el señor Sánchez, hermano de uno de los asesores del innombrable. Sí, señor, es que ustedes creen que no nos deja dormir. Él no puede dormir seguramente, porque solamente los que tienen la conciencia sucia no pueden dormir. No puede dormir ese señor. Hace cuatro años, en esta asamblea, esperaba, este pleno, esperaba que llegue el informe de la Comisión de Fiscalización.

Y ciertamente, esa comisión ya hizo un trabajo anterior que hoy se encuentra reconstruido. Pero, qué lástima que al no haber conseguido los votos, porque, para que se den cuenta ustedes que esto se resuelve con los votos, lamentablemente, un caso tan emblemático, tuvo que enviarse directamente en esa comisión a la Fiscalía y otros centros de control. Este pleno nunca lo conoció. Por eso me alegro que cuatro años después conozca el pleno y tome las resoluciones que debe tomar y enviar a donde tiene que enviar, pero con los nuevos elementos y con un factor clave, que es precisamente la declaración del señor Saab, lo que acaba de publicar hace 19 horas, ya debe ser 20 este rato, en su cuenta oficial, nada más y nada menos que el FBI.

Y a que se den cuenta a dónde llegan estos sinvergüenzas, porque este hace poco fue ministro también en Venezuela. Así se acomoda esta gente. Es increíble. Y hablaba por la cooperativa, porque lo de la coopera, los 35 millones de dólares salieron a Miami. Y lamentablemente, como dijo otro colega, que no nos podemos olvidar de la historia que nos vivimos en el sur del país, de lo que sucedió aquí, pero cuando el Banco Central había detenido y logrado sostener 56 millones de dólares para poder después devolverle a la gente que fue asaltada por estos ladrones transnacionales, esta secta, este grupo de sinvergüenzas, cobijados desde este famoso Sucre, lo que pasó es precisamente que viene una jueza que hoy se encuentra en la impunidad y hace que les devuelva la plata, se fueron con 56 millones de dólares a Miami y se llevaron toda la plata.

Esto duele. Y claro, acá no les ha de doler, pues nos están cobrando un sueldo mensual, un buen sueldo además, y tienen a sus asesores y todas sus cosas. Pero esta gente no se quedó sin nada. Se quedó sin nada, sin plata, sin carro, sin casa, sin todos sus ahorros. Qué indolencia decir que esto es un show. Colegas, no se puede venir acá a decir que esto es un show. Y quiere decir que esto es de la noche a la mañana, que es electoral. Oigan, no estábamos discutiendo esto el año pasado.

No discutimos esto en febrero. No le enviamos a fiscalización para que trate esto semanalmente. Ya llega el pleno. ¿Qué tiene que ver esto con lo electoral? Ya dejen de pensar en las elecciones. Nosotros estamos aquí en el pleno para trabajar y este caso no puede quedar en la impunidad. Yo por eso les invito a todos los compañeros que solamente en verdad poniéndose la mano en el pecho, pensando en que estos ladrones se acaban de declarar culpables, uno de ellos, el testaferro de este señor Maduro, por eso, por la verdad, por lo que necesita el país, votemos a favor y enterremos de esta sinvergüencería de una vez por todas.

Muchas gracias, presidente y colegas.

Queridos colegas legisladores, pueblo ecuatoriano que nos ve con atención, yo quiero hablar de este tema también del aspecto privado porque no se está entendiendo al final realmente la dimensión del tema de Sucre. Para coincidencias de la vida, yo trabajaba en el banco territorial cuando un sábado, el señor Zunino, recuerdo tanto, entre otras operaciones inusuales en Venezuela, un señor de apellido Boada, que consumía 50 mil dólares en un casino siempre para lógicamente sacar el efectivo y lavar. Resulta que el señor Zunino un sábado pasó 23 millones de dólares y ahí vino el quiebre del banco territorial.

Claro, se quieren enfocar muchas veces en no ha pasado nada, en los políticos no ha pasado nada, es solo la afectación de 2 millones que hay que recuperar. Y nos olvidamos de lo que acaba de decir el colega, en este caso Castro, de las víctimas del lavado de activos que realmente fue el tema del Sucre. Porque no solamente fue un sistema que en este caso afectó al Estado ecuatoriano, eso lo tienen que investigar las autoridades. Pero hay algo que nos estamos olvidando y es de la patanada, es del tema que fue el lavado de activos grosero que se realizó entre Venezuela y Ecuador con empresas privadas, que tienen que investigarse esas empresas privadas que fueron, en este caso, muy amigos del expresidente y que también patrocinaban equipos de fútbol.

Porque resulta que para los que no entienden lo que pasó, las operaciones ficticias en aduanas son reales. Si ustedes conversan con funcionarios de la época, les van a explicar cómo funcionaba. Y se enviaba efectivamente piedras. Llegó el momento donde el descaro fue tan grande que se enviaban piedras. Y ustedes dirán, pero ¿cuál es la afectación en ese momento al Estado? Primero, que se compensaba a través de un banco central esta moneda virtual. Pero el dinero que llegaba a las empresas privadas se distribuía luego a paraísos fiscales.

¿Por qué, Sergio? ¿Por qué se hacía esto? Porque básicamente Venezuela estaba observado por Estados Unidos y no podían sacar ese dinero. Obviamente dinero de corrupción, de petróleo, de muertes. Eso es lo que había en el régimen venezolano. Y utilizaron a empresarios ecuatorianos con este sistema a través de operaciones ficticias para lavar dinero. Entiéndase eso. A mí me encantaría darles el beneficio de la duda. Pero ustedes no colaboran. Alex Sack ya se declaró culpable. Ya se declaró culpable de lavado de activos, en este caso por delitos transnacionales, por este fondo.

Entonces que el señor Alex Sack también en este caso los persigue o se está inventando las cosas. Se declaró culpable porque sabe que existe la evidencia como tal, repito, de lavado de activos grosero que se realizó con este sistema Sucre. En su momento existieron básicamente 29 denuncias penales, 20 noticias crímenes, 60 reportes de operaciones inusuales. Aquí hago una pausa. ¿Por qué se le dice inusuales? Porque por ahí un asambleíste decía, son inusuales, no se puede decir que había lavado de activos. Porque gracias a nuestra constitución tenemos que llamarle así hasta que existe una sentencia ejecutoriada.

Pero no quiere decir que si ladra y tiene orejas no sea perro. Tenemos que entender que este lavado de activos en algún momento fue investigado, pero en ese tiempo no existía, o existía más bien, un control absoluto sobre el sistema de justicia. Ese mismo sistema que declaró que un diario vulneró derechos de un expresidente y le pagó 300 mil dólares. Ese mismo sistema que archivaba las causas contra miembros de un gobierno. Ese mismo sistema que siempre le daba la razón a los que estaban gobernando. Hoy no tenemos ese sistema.

Y debería ser nuestra obligación, aquí todos deberíamos estar de acuerdo, con que se investigue este tema. Se llegue hasta el fondo porque, repito, el lavado de activos grosero que se dio a través del Sucre no es mínimo. Estamos hablando de más de 160 millones de dólares, de lo que se ha reportado, porque existen otras operaciones menores, que se los puedo garantizar, y deberíamos traer a los funcionarios de aduanas de esa época, para que expliquen el famoso régimen especial de exportaciones. ¿Qué se los digo? Era un sellito.

No se revisaba. Por eso se dieron cuenta de que inclusive no se revisaba y se comenzaron a enviar piedras. Piedras en contenedores para que, según el peso, no revisen, obviamente, y se envíe y luego se haga esta compensación grosera. Señores, este no es un tema menor, no es un tema solamente político, es un tema de estructura de lavado de activos a través de privados, en colaboración con un régimen que aprobó un sistema que no era malo per se, pero que se terminó convirtiendo en una forma de lavar activos.

Y entendamos algo, cuando se lava activos, se fortalece a las estructuras criminales que hoy nos quejamos, que decimos que no se están combatiendo. Claro, ellos tienen millones de dólares para que nosotros luchemos contra ellos. Millones de dólares contra el ingreso corriente que tiene el Estado, que no puede crecer de la noche a la mañana. Pero ellos sí tienen millones de dólares, se fortalecieron en su momento y se seguirán fortaleciendo, si no llegamos hasta el fondo de este asunto que, repito, lavado de activos de manera grosera.

Hoy, yo quiero decir que este informe realmente valida lo que estaba pasando y Fiscalía tiene que investigar el lavado de activos de privados. Y repito tanto esto, porque no se está enfocando hacia allá. ¿Se enfoca hacia el tema político? Correcto. Tiene que investigarse los delitos de peculado, porque así sea un centavo que haya sido perjudicado el Ecuador, tienen que responder. Pero el lavado de activos de estas estructuras criminales, transnacionales, que repito, ya el principal organizador de esto declaró que es culpable. Entonces aquí no tenemos que discutir.

Con los famosos argumentos se puede debatir ideológicamente, pero contra los números no. Y si el principal, en este caso, si el principal implicado dice que es culpable, es obligación del Estado ecuatoriano, es obligación de la Asamblea investigar este tema. Por lo cual el informe cumple con los requisitos y tiene que ir, inclusive, Fiscalía, más allá para investigar a los privados. Porque, repito, aquí hay zánganos que se están matando de risa, porque al ser un tema técnico no se entiende la trazabilidad final que fue este lavado activo de privados que se beneficiaron del mismo, que recababan entre un 10 y un 15% de cada transacción y que, inclusive, hoy siguen siendo funcionarios públicos dentro de la aduana.

Esos son los que tienen que estar en el banquillo diciendo lo que pasó, quién autorizó, porque esto era bien conocido. Lo repito, llegó un momento donde se enviaban piedras y este régimen especial de exportaciones en aduana ni siquiera se revisaba. Y simplemente era un sellito y tenían la orden de no revisar y enviar inmediatamente. Esos funcionarios, señores de la Comisión, señores asambleístas ecuatorianos, tienen que ser investigados ya. Porque este proceso de millones de dólares en lavado de activos no puede quedarse como quieren algunos, que ya escuché, que no pasó nada, que ya se investigó.

Señores, en su momento lo que se hizo fue insuficiente. Nosotros tenemos que hacer lo suficiente hoy por hoy. Así que, señora Presidenta, desde mi punto de vista, este informe tiene que tener el voto de la mayoría porque nadie puede estar en contra de que se investigue un proceso. Aquí no estamos responsabilizando, porque no es nuestro deber como Fiscalía o Contraloría sancionar, pero sí es nuestro deber recomendar a Fiscalía y Contraloría que cumpla su trabajo. Repito, no podemos quejarnos por lo que hicieron los de antes, cuando hoy somos nosotros los asambleístas y es responsabilidad nuestra.

Y sí, a algunos le tiemblan en este momento muchas cosas, porque entienden que el peculado puede ser sancionado, o en este caso procesado, en ausencia y no prescribe. Señores, pongámonos a trabajar. Este informe es correcto. Hagamos que los responsables de este lavado de activos millonarios realmente le respondan a la justicia. Mi palabra, señora Presidenta. Muchas gracias, queridos colegas legisladores.

Nango ha sido ingresada por escrito.

Señores asambleístas, ¿tiene apoyo la moción? Señor secretario, dé lectura de la moción presentada y tome votación.

Asambleísta, por favor, mantenga la compostura, tome asiento.

señor secretario.

Señor secretario, siguiente punto del orden del día.

Muchas gracias, señora Presidenta de la Asamblea Nacional. Y bueno, hicimos un cambio del orden del día, lo solicitamos con muchísima responsabilidad y lo que implica la defensa de los niños, niñas y adolescentes. Un acto grave y tan cruel que fue perpetrado el día viernes 11 de septiembre en el Guasmo Sur de Guayaquil en contra de una indefensa niña que fue brutalmente agredida y que sin duda alguna a todo el país tocó lo más sensible, nuestro corazón, nuestra alma. Y creo que es importante que lo llevemos también aquí al debate, al conocimiento de la Asamblea Nacional.

¿Por qué? Porque se trata de aquellos que no tienen voz. Se trata de aquellos que necesitan de la responsabilidad de los adultos y más aún en este pleno, la legislación. Y yo les pido respeto, señor. Estamos hablando de algo muy importante. Sí, señora. Guardemos silencio. No estamos hablando de cualquier cosa, de cualquier tema. Estamos hablando de los niños, niñas y adolescentes. Creo que no hay sensibilidad de ese lado, no lo entienden o no lo comprenden. Es importante entender que la Asamblea Nacional tiene un mandato popular y está en nuestras manos precisamente generar normas que los protejan, que los cubran, que hagan respetar sus derechos.

Y en ese sentido está trabajando esta Asamblea Nacional a través de sus diferentes comisiones. Y una de ellas es precisamente la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana, en la que estamos trabajando en proyectos que protejan sus derechos. Y precisamente el día de hoy vamos a llevar al debate el proyecto de ley para prevenir el reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes frente a las estructuras criminales y también la ley de infancia segura para no permitir que ningún depravado intente utilizar a nuestros niños para material de abuso sexual.

Porque aquí estamos trabajando por ellos, no por los criminales, no por los pervertidos. Y una información que es importante de la Organización Mundial de la Salud, señor, sepan ustedes que 6 de cada 10 niños menores de 5 años en todo el mundo sufren regularmente castigos corporales o violencia psicológica perpetrada por sus progenitores o cuidadores. Y uno de cada 5 mujeres y uno de cada 7 hombres declaran haber sufrido abusos sexuales durante la infancia. Sí, señores. Y a veces se guarda silencio por dolor, por vergüenza, que no debería existir porque ellos no tienen la culpa.

El culpable aquí es el monstruo que se atreve a tocar a un niño, que se atreve tan solo a pensar en vulnerar su mente, su cuerpo y su corazón. Que eso quede claro. Y sobre ellos estamos. Sobre ellos. Y un niño que ha sufrido maltrato tiene un 13% más de probabilidades de no acabar la escolaridad. Y tiene mayor riesgo de cometer actos violentos en la edad adulta o de ser víctima de ellos. La violencia se transmite, señores, de generación en generación. Nosotros queremos una mejor sociedad.

Queremos mejores adultos. Entonces, empecemos a tratar a nuestros niños con amor, con respeto. Así hay que actuar con ellos, si queremos un mejor Ecuador también. Y hay algo más. El maltrato infantil suele quedar oculto. Claro, oculto. Sí. Solo una parte de las víctimas se atreve a denunciar. El temor es un factor que muchos no logran superar y llega a afectar hasta la vida adulta. Pero aquí estamos nosotros, precisamente para apoyarlos, precisamente para darles esa fuerza, esa valentía a través de normas que los protejan, a través de normas que sí sancionen a aquellos monstruos que tocan a nuestros niños, que se atreven a dañar sus infancias.

Y esto no es un pronunciamiento simbólico. Esto es un pronunciamiento que está amparado en el artículo 44 de nuestra Constitución, que todos debemos saberlo. El interés superior del niño que prevalece sobre los demás derechos. Así es. Incluso sobre los nuestros como adultos. Los de ellos prevalecen. Artículo 66, numeral 3 también de la Constitución. Y artículo 46. Señores, quiero volver a recordarles. Sí, en la ley de adopciones aprobamos una ley importante para proteger, sobre todo a los niños que están en situación de vulnerabilidad, en casas de acogida.

Y aprobamos un artículo importante, el 270, en el Código de la Niñez y la Adolescencia. Y precisamente ahí establecimos que en ningún caso se presumirá la idoneidad del entorno familiar, únicamente por la existencia del vínculo biológico. Esto es importante entenderlo. Ese voto fue de ustedes también, colegas asambleístas de otras bancadas. Sí, les agradezco que hayan dado ese voto. Y también, nuevamente, solidaridad con ustedes, porque su compañera los llevó al Comité de Ética para sancionarlos. Pero sepan que ese artículo se puede aplicar en el caso de la niña del Guasmo y en muchos niños que sean víctimas de violencia.

Sí, porque el juez puede decidir también, no entregarle al entorno donde fue maltratada la niña, sino a otras personas que considere que va a tener un mejor trato la menor. Vean ustedes, hay leyes que sí funcionan. No todo es no. No todo es no. Así que cuando vayan al Comité de Ética, alcen la voz, no se queden callados y defiéndanse de aquellas personas incoherentes. Quiero también decirles que el Gobierno Nacional ha actuado. Ha actuado de manera importante. Y quiero resaltar el pronunciamiento del presidente Daniel Novoa, que levantó su voz, que se pronunció con contundencia, porque así tenemos que ser las autoridades, sin ningún tipo de contemplación contra los agresores.

Tenemos que ser firmes, sin tibiezas. ¿A quién nos debemos? Al pueblo, a la gente que actúa bien, a la gente que protege a nuestros niños. No, no, no a los monstruos. Hay que ser coherentes con ello. Y hay que hablar con firmeza, como lo hizo el presidente de la República el fin de semana y también el ministro del Interior. Felicitar el trabajo de la Policía Nacional, que capturó a este depravado, a este monstruo que atacó a una niña. No cierro los ojos y tan solo con imaginar el daño que le pudo haber causado.

¿Por qué esa niña debe estar sufriendo en silencio? 40 días le dieron. Sí, como contravención, señores. Yo decía, tenía que ser lesiones, delito de lesiones. Sí, la ley a veces es un poco inentendible. No comprendemos por qué. 40 días. Ahí está nuestro trabajo. Ahí está. Fortalecer precisamente este tipo de rigurosidad que debe contemplar la ley cuando se trata de delitos en contra de nuestros niños. Y lo vamos a hacer desde mi comisión. Que no les quede duda. Yo les doy mi palabra. Que en pocos días estaremos aquí, debatiendo, en este mismo pleno, leyes tan urgentes para proteger a nuestros niños.

Porque nuestra niñez no puede esperar, señores. Así que espero que tengamos coherencia en el momento que traigamos a este espacio las leyes que vamos a debatir a favor de nuestros niños. Ley para la prevención y erradicación del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. Ley de infancia segura. En el cual vamos a incluir precisamente el aumento de penas. No 40 días. Porque capaz físicamente no se puede ver el daño. Pero aquí, en la mente y en el corazón de una niña, el daño es muy profundo. Que lo sepan bien.

Y ahí es importante el trabajo que haga la justicia, los médicos peritos, el fiscal, el juez. Y nosotros somos los encargados de dotar con leyes al sistema de justicia para que haga bien su trabajo. Y en ese sentido, vamos a continuar trabajando, señores. Quiero decirle a la señora presidenta, señor secretario, que de acuerdo al artículo 135 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, he presentado precisamente una resolución para que sea aprobada en este pleno y contemos con el voto de cada uno de ustedes. Hoy yo les pido, señores, que seamos coherentes, como ya fuimos con la Ley de Adopciones.

En este cambio del orden del día, tenemos que demostrar de qué lado estamos. Si de los niños o de los depravados. Muchísimas gracias.

...por la asambleísta Diana Jacome ha sido ingresada por escrito.

Señores asambleístas, tiene apoyo la moción. Señor secretario, dé lectura de la moción presentada y tome votación.

Secretario, siguiente punto del orden del día.

Abre el debate, tiene la palabra la asambleísta Viviana Veloz.

Gracias, Presidenta. He presentado este cambio del orden del día y agradezco a los asambleístas que dieron su voto a favor, porque de esa manera la Asamblea Nacional también reconoce el alto riesgo por el que van a atravesar varias provincias y seguramente todo el país. Y asumir eso también es reconocer que esto es urgente y que ahora nos corresponde dar un paso siguiente y ese paso siguiente es crear una comisión que esté allí para poder monitorear incluso la ejecución de la política pública y también todo lo que respecta a la prevención con lo del fenómeno del niño.

¿Y por qué la propuesta de crear una comisión por parte de esta Asamblea Nacional? Porque el fenómeno del niño no cabe en una comisión permanente, sino que toca también varios temas, la salud, la agricultura, la educación, la energía, las finanzas públicas, los gobiernos locales e incluso hasta el proceso electoral. Si cada comisión lo aborda por separado, quizás no se haga un trabajo eficaz que se requiere en este momento y por lo tanto también podría provocar una fiscalización fragmentada. Es por ello, presidenta, que he presentado este cambio del orden del día y también la moción con la respectiva propuesta de resolución para que se cree una comisión que esté configurada por representantes de las distintas fuerzas políticas que estamos aquí dentro de esta Asamblea Nacional.

Más allá de que la moción que he presentado con la resolución pase o no pase, creo que lo oportuno es que se cree esta comisión, si es de esta moción o cualquier otra de algún compañero, pues que se dé paso también, porque lo necesario es darle respuestas al país y poder trabajar estos temas urgentes y que dentro de esta mesa legislativa puedan estar compañeros asambleístas que tienen experticia y conocimientos en esta materia. En lo personal, hemos propuesto por parte de la Bancada de la Revolución Ciudadana, nuestra compañera Verónica Íñiguez, que es PHD en esta materia y que tiene todas las credenciales éticas y académicas para poder fortalecer todo el trabajo de esta comisión en lo referente a las afectaciones que se puedan sufrir por el fenómeno del niño y tomar todas las prevenciones necesarias.

Gracias.

de la palabra

Es importante hacer mención que realicé un pedido de información a la Secretaría de Gestión de Riesgo con la finalidad de que nos envíen el plan de prevención y mitigación de los efectos del fenómeno del niño, situación que ha sido mencionada por las necesidades de los sectores productivos en la provincia del Oro. ¿Cuáles son estas necesidades principales? Es que exista el desasolve de los drenajes y canales de riego para el sector productivo. Pero recordemos que el sector productivo tiene una amenaza por fusar un raza 4 y el moco, lo que agrava aún más la situación de ellos en situaciones de inundaciones.

En ese sentido, la respuesta que nos ha presentado la Secretaría de Gestión de Riesgo ha sido que va a coordinar y gestionar con los GATs cantonales y provinciales y que destinará recursos para la respuesta de los efectos del fenómeno del niño, más no de la prevención de los efectos y la catástrofe que podrían ocurrir en nuestros territorios. En ese sentido, también le hemos exigido a la Prefectura de la provincia del Oro que podamos hacer una mesa técnica con los sectores productivos para que realmente exista esta atención.

Por lo tanto, es importante que podamos incluir o que de pronto se tome en consideración de exhortar al Presidente de la República a que pueda destinar los recursos necesarios. ¿Qué pasa en la provincia del Oro? Las vías que son de responsabilidad del Ministerio de Transporte y Obras Públicas lo está según lo referido por las prefecturas asumiendo el GAT provincial. ¿Por qué el Ministerio de Transporte y Obras Públicas no tiene maquinaria para atender estas vías? Por lo tanto, se ha hecho imposible. Sin embargo, creo que es importante atender en este tiempo que aún no han llegado las lluvias a los territorios, que aún tenemos algunos meses para poder hacer e iniciar este proceso.

¿Por qué el Ministerio de Transporte y Obras Públicas no tiene maquinaria para atender estas vías?

Podría declararse en emergencia, pero con los recursos necesarios que requieren los terrenos.

territorios.

pero también exhortar para que existan estos recursos para las prefecturas y puedan hacer el desasolve de los drenajes y los canales de riego. Gracias.

Señor secretario de lectura de la moción presentada por la asambleísta Grey Suárez y tome votación, por favor.

Proclame el resultado, señor secretario.

Se abre el debate, tiene la palabra el asambleísta Javier Ordóñez.

Antes que nada y con su venia, quiero enviar un fuerte abrazo y mi solidaridad con quien sí se merece, que es el pueblo de Miquito, que en este momento otra vez se encuentra bajo ataque. Y ya que dicen que han capturado a uno de los culpables de los incendios, yo sí voy a ir personalmente a ponerle una denuncia en fiscalía, ya que no lo ha hecho quien debía, el saliente alcalde de Quito. Y a propósito, que por ahí lo mencionaron hace rato, también me solidarizo con él.

Porque ayer le capturaron al jefe al que le ordenaba contratar y despedir, a Javier Jordán. Así es que mi solidaridad con el muchacho. Pero bueno, ya entrando al punto, el Ecuador merece respuestas. Y sobre todo lo que Ecuador merece es que se hagan las cosas de manera correcta. Hemos escuchado al pueblo y hasta escuchamos a los políticos. Suprimir las dependencias judiciales especializadas para juzgar delitos relacionados con corrupción y crimen organizado no es cosa menor. Por eso he elaborado este primero pedido de cambio del orden del día y ahora resolución.

Y cuando lo estaba elaborando, resulta que cogía este librito, Ley Orgánica de la Función Legislativa. Y voy a explicarlo despacito para que entiendan, aunque ya hemos visto que la velocidad no es precisamente el problema. La respuesta está en la propia Ley Orgánica de la Función Legislativa, que nos dice lo que tenemos que hacer desde aquí, desde el Pleno. En el artículo 21, numeral 1, se establece que la Comisión de Justicia y Estructura del Estado conoce los asuntos e iniciativas legislativas en el ámbito jurisdiccional en todas sus materias, así como aquellos relacionados con asuntos propios de las distintas funciones y entidades del Estado.

¿Y qué estamos fiscalizando o qué estamos pidiendo que se fiscalice? Una decisión del Consejo de la Judicatura. Estamos hablando de la estructura de unidades judiciales, de tribunales competentes, de tribunales jurisdiccionales y del juzgamiento de delitos relacionados con algo tan grave como la corrupción y el crimen organizado. Por eso, esta resolución que envié por secretaría, señora Presidente, propone que sea esa, la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, la comisión que sustente el proceso. Y, ecuatorianos, hay un fundamento aún más importante. El artículo 77 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece que el Pleno de la Asamblea puede requerir a una comisión especializada que investigue la actuación de funcionarios públicos o actos de interés ciudadano, sobre todo cuando, y por qué no, con más razón en este caso, que se haya generado conmoción social.

Entonces, es el Pleno quien debe determinar el cauce institucional de una fiscalización, ya que el Pleno ha de conocer a posterior esta resolución. Debe conocer los informes técnicos, se debe conocer los informes jurídicos, se debe conocer y explicar cómo el Consejo de la Judicatura tomó esa decisión. Y, obvio, es necesario, y la comisión tendrá el trabajo de pedir a las autoridades que comparezcan, que los expertos que puedan aportar información vengan, que la ciudadanía del Ecuador se entere, que esto no quede oculto. Y, como he sustentado en el proceso formal de fiscalización que he pedido que se haga, debe ser llevado, una vez más, y con todas sus letras, por la Comisión de Justicia y Estructura del Estado.

Eso es exactamente lo que establece el texto de la resolución, señora Presidente, que ha enviado a Secretaría para que cuando su autoridad lo determine, se tome votación. Muchísimas gracias.

Señora Presidenta, buenas tardes con todos los colegas asambleístas. El pasado 7 de septiembre, en una sesión express, el Consejo de la Judicatura, con su titular a la cabeza, la señora Mercedes Caicedo, asestó una puñalada trapera a la justicia de nuestro país con la resolución 187. Y es que de un solo plumazo decidió que todos los tribunales, que los juzgados y las salas especializadas con anticorrupción y el crimen organizado, quedaron simplemente fuera. Es así que desmantelaron la estructura que fue creada por mandato legal y que además estaba encaminada para enfrentar a las mafias y a los delincuentes de cuello blanco.

Frente a esta barbaridad, hoy, 17 de septiembre, a las 8 y media de la mañana, la Comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Colectivos, Derechos Humanos y la Interculturalidad, cumplió con su mandato y por eso resolvió iniciar un proceso de fiscalización ante esta decisión. Y resulta que ahora mismo, en este pleno, aparece un cambio de orden del día para tratar lo que ya se había tratado en la Comisión de Garantías Constitucionales. Llama la atención, sí, pero no sorprende, porque esto ya ha venido pasando a lo largo de todo este periodo legislativo.

Cuando la Comisión de Garantías Constitucionales inició un proceso de fiscalización dentro del marco del paro nacional 2025 en el que fueron vulnerados derechos humanos de varios manifestantes, inmediatamente, sin ningún sustento legal ni técnico, el presidente de la Asamblea decidió que tenía que pasar a otra comisión. Lo propio hicieron con Progen y también lo hicieron con el caso Porch. Y algunos de estos procesos de fiscalización simplemente los trasladaron para estar congelados, ni siquiera para ser tratados dentro de las distintas comisiones. Es por eso que nosotros ahora, justamente conociendo lo que ya saben hacer, que es pisar esa ley que aquí juraron proteger y defender, ya planteamos una resolución y esa resolución es justamente la de hacer este proceso de fiscalización ante esta resolución 187 y que ahora, en este momento, ustedes pretenden decir que tienen la potestad para designarle a cualquier comisión.

No, señoras y señores asambleístas. Ustedes, los presidentes de las diferentes comisiones, ya tienen dentro de sus correos electrónicos la notificación de que este proceso ya ha fascinado. Por eso, señorita presidenta, le quiero pedir, por favor, si puede dar lectura al artículo 26 de la Ley Orgánica de Función Legislativa.

Señor secretario, dé lectura al artículo solicitado.

por favor

El numeral 3.

Muchas gracias. Creo que ha sido bastante claro y se entiende que la ley es categórica y no permite una interpretación. Y si les queda todavía alguna duda, les quiero decir que el artículo 21 de la misma ley dice que la Comisión de Garantías Constitucionales es la llamada por mandato legal a velar por el debido proceso la seguridad jurídica y el derecho al juez natural que hoy ustedes están pisoteando. Por lo tanto, desde este espacio quiero hacer un llamado público, formal y también urgente al defensor del pueblo para que esté vigente sobre este proceso de fiscalización.

Porque aquí, señoras y señores asambleístas, están intentando vulnerar un derecho no sólo de una mujer ciudadana, sino también de un asambleísta que además es la presidenta de la Comisión de Garantías Constitucionales. Y por eso les quiero decir que nosotros, como Comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la interculturalidad, vamos a continuar firmes en este proceso de fiscalización. Y lo digo de esta forma, porque ya mismo llegará el amedentramiento y nos dirán que van a sancionarnos, intentarán intimidarnos. Y por eso hago público, porque esto fue lo que ya ha pasado en otras ocasiones.

Pero no, quiero decirles que ustedes están vulnerando a una mesa legislativa que no pretende ser cómplice de la impunidad, que es lo que se pretende hacer con esto. Nosotros vamos a seguir con este proceso. ¿Y saben por qué? Porque la ley nos asiste y porque la justicia no se negocia. Muchas gracias.

Ha solicitado punto de orden el asambleísta Javier Ordóñez.

capacidad de algunos asambleístas para emitir comentarios sin que la inteligencia se les cruce en el camino. Aquí es clara la ley y como siempre sólo leen la parte que les conviene. Existe algo que es muy importante y que no podemos dejar de lado. Es el criterio de especialidad. Para eso sirven los asesores, para que aunque no se conozca, ellos te lo digan. Para eso está este libro, por eso leen sólo por partes, como cuando dicen que la Constitución no permite fiscalizar actos de funcionarios públicos. Voy a repetir por última vez el artículo 21, numeral 1, que establece que la Comisión de Justicia y Estructura del Estado conoce asuntos e iniciativas legislativas en el ámbito jurisdiccional en todas las materias, así como aquellos relacionados con asuntos propios de las distintas funciones entidades del Estado.

Aquí no es lo que cada uno quiera, aquí no es lo que cada uno grite más, aquí simple y sencillamente se debe hacer lo que el Pleno de la Asamblea Nacional, que es el órgano principal, quien debe decidir. Y para eso está la votación. Nada más, señora Presidente, muchas gracias.

Gracias, Presidenta. Justamente el día martes mencionaba en este hemiciclo legislativo que la Asamblea Nacional tenía que iniciar un proceso de fiscalización sobre lo sucedido con la eliminación, porque eso de suprimir es solamente un disfraz para ocultar bajo la clandestinidad que eliminaron la justicia especializada para juzgar los delitos que están vinculados al crimen organizado, al narcotráfico y a la corrupción. Hubiésemos esperado, el país hubiese esperado que esta Asamblea convoque directamente a la Presidenta del Consejo de la Judicatura, que rinda cuentas al país y explicarle también con sustentos jurídicos y técnicos por qué tomaron esta decisión, aún más grave cuando el vocal Favara manifestó en un medio de comunicación que una de estas decisiones incluso fue inconsulta el de trasladar a los jueces anticorrupción a distintas unidades sin haber tomado las prevenciones correspondientes para evitar que tengan atentados o que sufran riesgos contra su vida o integridad física.

Ahora bien, también hay que clarificar, ya que están enseñando supuestamente a los otros asambleístas, cuáles son nuestras competencias, porque en reiteradas ocasiones estamos escuchando que la Asamblea investiga. Los asambleístas no investigamos, esa es una atribución que tiene únicamente la Fiscalía General del Estado. Los asambleístas, la competencia que tenemos es la de legislar, fiscalizar y ejercer el control político. Y sobre la base de esa competencia que nos otorga nuestra Carta Política, precisamente el 7 de septiembre, el día que esta hecatombe explotó, al día siguiente, desde mi despacho, solicitamos el primer pliego de 33 preguntas a la Presidenta del Consejo de la Judicatura, que hasta el momento no ha contestado.

El día de ayer también solicitamos un nuevo requerimiento de información sobre esta decisión inconsulta con el Pleno del Consejo de la Judicatura del traslado de jueces. Y hoy acabamos de enviar, junto con mi compañera Paola Cabezas, ya la solicitud a la Contraloría General del Estado para que se inicie un examen especial. Así se fiscaliza, de frente, con hechos, enseguida, con inmediatez, con celeridad. Ahora bien, cuando hablamos de los criterios de especialidad, aquí hay un doble estándar. Porque si es tanto la especialidad que dicen que no tiene la Comisión de Garantías Constitucionales, les diría a ustedes también que la única comisión que tiene la especialidad para tratar temas de niñez es la comisión que presido.

Pero ahora estos temas también se derivan a otras comisiones y eso sucede con la mayoría de mesas legislativas, porque en este periodo se han dedicado a sepultar la ley orgánica de la función legislativa. Eso es lo que está sucediendo y hay un observar lo que está establecido en nuestra Constitución. Bueno, nosotros ya hemos iniciado un proceso de fiscalización. La Comisión de Garantías Constitucionales también ha realizado las acciones que le corresponden en el marco de sus facultades. Y es más, hemos anunciado que vamos a presentar una acción de inconstitucionalidad contra esta resolución.

Lo que debe hacer el Pleno del Consejo de la Judicatura y que nosotros debemos de exhortar es que deje sin efecto esa resolución que cada día se vuelve más opaca y puedan incluso sentarse a trabajar de manera técnica, jurídica y sustentada. Porque el eliminar la justicia especializada únicamente le está beneficiando. ¿Saben a quién, compañeros? A los narcotraficantes, a los líderes de los GD2. Les está beneficiando esa decisión de la Presidenta del Consejo de la Judicatura a los choneros, a los lobos, a los águilas, a los de reciete.

Bueno, un montón de nombres que hay dentro de los grupos de delincuencia organizada. A la magia de los Balcanes, que está allí, Yesimir Cerdán, que quiso beneficiarlo Mario Godoy. A la magia albanesa y así al crimen transnacional. Eso es lo que debe en este momento preocuparnos antes de entrar aquí a discutir o a iniciar una disputa política de quién tiene que llevar un proceso de fiscalización que de manera acertada ya lo abocó la Comisión de Garantías Constitucionales. Eso quería expresar, Presidenta, dentro de esta intervención. Ojalá en el menor tiempo posible se convoque a la Presidenta de la Judicatura.

Porque si no va a suceder lo que ya vivimos con Mario Godoy en diciembre del año anterior. Derivaron el proceso a la Comisión de Justicia. ¿Y saben qué pasó? Lo enjuiciamos políticamente y nunca llegó el informe acá a este Pleno de la Asamblea. Gracias.

Este tema que nos trae hoy a debate, sin duda alguna, es de fundamental importancia, compañeros, y préstenle atención, porque resulta ser que ahora tenemos otro Congreso, otro Parlamento paralelo al nuestro, que se está encargando de reformar leyes que es competencia exclusiva de la Asamblea Nacional. Y ese cuerpo colegiado que está asumiendo las funciones nuestras, o sea, de todos nosotros, los 151, es el presidido por la señora Presidenta del Consejo de la Judicatura. Lo voy a demostrar. De manera que, hoy, incluso el espíritu de cuerpo nos debe obligar a defender la institucionalidad de esta institución.

Esta institución es de todos los ecuatorianos, y estamos 151 personas escogidas por el pueblo ecuatoriano para que respetemos la Constitución y la ley. Y no puede venir un órgano de cinco personas a decirnos que ellos van a asumir las competencias nuestras. Por lo tanto, la defensa nuestra de vivir en esa línea, lo no es lo de las competencias de cambiar la ley, es de la Asamblea Nacional y no del Consejo de la Judicatura. Comienzo, señora Presidenta. Esto nace como una política pública criminal en el año 2019, del Estado, no de la Asamblea, no del Presidente, no del Consejo de la Judicatura, del Estado, porque participaron todos en este proceso de crear los juzgados especializados, que nace de dónde, compañeros legisladores, y esto es fundamental, de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Internacional, llamada la Convención de Palermo del año 2020, donde Ecuador forma parte.

Allí nace este concepto que ya lo tienen en otras partes del mundo, la famosa justicia penal especializada para tratar los crímenes de corrupción, tráfico de drogas, lesa humanidad, etc. El Ecuador, ¿qué hace en el 2020? Elabora un proyecto de ley, trata un proyecto de ley en la Asamblea Nacional en el 2020, donde en otras cosas, obviamente en su artículo 45, crea ya las famosas jueces penales especializados. Y lo más importante, comencemos con este tema de jurisdicción, señores, porque más adelante voy a hablar de la jurisdicción territorial.

La jurisdicción distrital de carácter nacional. Vean ustedes, la Asamblea le dio a estos jueces especializados, con sede en Quito, una jurisdicción nacional, porque por ley de la República y todos los abogados que están aquí lo saben, la jurisdicción no la puede usted cambiar por resolución, pues tienes que ser necesariamente reserva de ley. De manera que, en su primera parte, el artículo 230 dice ello, luego le dice qué tipo de delitos pueden tratar, ¿a quiénes? A los jueces especializados, no al juez octavo de lo penal de Quito, no, no, a él no se le da esa atribución, como ahora le está dando el Consejo de la Judicatura vía resolución, cuando eso se otorga mediante ley de la República.

Y ahí están cerca de 40 tipos de delitos que le dan como competencia a estos jueces especializados. Este proyecto, compañeros, de los jueces especializados, tuvo un costo para el Estado ecuatoriano de 1.600.000 dólares, que hoy la señora Caicedo quiere tirar al tacho de la basura. Y una colaboración económica del gobierno de Estados Unidos, a través de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y de Aplicación de la Ley, que depende del Departamento de Estado, de 500.000 dólares. El soporte técnico lo dio la Unión Europea, a través del programa de asistencia contra el crimen internacional organizado, llamado Pacto.

Y participaron en este proceso con asistencia técnica España, Italia, Costa Rica, Perú. De manera que, lo primero que están haciendo el Consejo de la Judicatura, metiendo en apuros al Estado ecuatoriano, al Estado ecuatoriano, que ni siquiera cumplimos con los convenios que se firmaron para la ejecución de este proceso. Se designan los jueces el 1 de diciembre del 2022. Está por demás decirles a ustedes que eran jueces especializados, que incluso recibieron una preparación especializada dentro y fuera del país, para asumir estas funciones, un concurso especial con requisitos especiales, estrictos, y que estuvo avalado por organismos internacionales.

Pero misteriosamente, el 6 de agosto de septiembre, sale una resolución donde en la primera parte dice, suprimir, esta palabra suprimir graves en señores, porque la Asamblea, el Parlamento, la función legislativa la creó. El único que puede cambiar es la propia Asamblea, no el Consejo de la Judicatura. Vean ustedes, vayan acumulando los casos de incumplimiento de funciones. Y ustedes saben qué significa incumplimiento de funciones para un Consejo de la Judicatura. Así que vayan sumando nomás. La segunda dice, modificar las competencias. ¿Se imaginan ustedes el Consejo de la Judicatura cambiando las competencias de los jueces?

Además, que eso tiene reserva de ley, los vicios que recae la resolución del Consejo de la Judicatura, compañero. El vicio de incompetencia. ¿Por qué? Porque no son competentes ellos para reformar el Código Orgánico de la Función Judicial. Esa es competencia de la Asamblea Nacional. El vicio derivado del efecto de la sentencia de la Corte Constitucional. Esta, la creación de los juzgados, fue demandada a la Corte Constitucional. Y la Corte Constitucional se pronunció a favor diciendo que es totalmente constitucional ese proceso en el año 2022. ¿Qué más?

Vicio de atribución de competencia territorial. Aquí viene el tema, compañero. Resulta ser que al Consejo de la Judicatura, porque no solamente la presidenta, cuidado. Ahí también está el representante que ustedes nombraron para ese organismo. Digo ustedes porque yo no voté. Son cinco los que votaron por esto. Ahora, el tema de competencia, los señores que votaron por esto dicen que ahora el juez ordinario de la Corte Provincial de Pichincha puede conocer los casos de la provincia de Manaví, de la Corte Provincial de Manaví, por resolución del Consejo de la Judicatura, cuando ese juez fue elegido para un concurso, para la provincia de Pichincha, para resolver los casos de Pichincha, y no para resolver los casos de Manaví, que vienen luego en apelación por acá, cuando caen en estos tipos de delitos que fue creado para jueces especiales.

De manera que aquí violentamos ese procedimiento. Luego tiene un vicio de motivación. Se amparan en el Consejo de la Judicatura, en el artículo 264, numeral 8, que le faculta al Consejo de la Judicatura a crear judicaturas ordinarias. Ellos se amparan eso para cambiar lo que se creó en esta Asamblea, que son los juzgados especializados en materia penal. Y eso trae como consecuencia, compañeros legisladores, que se hayan vulnerado varios derechos. Y no pierdan, por favor, el hilo. Seguridad jurídica pisoteada por los suelos. Debido proceso respecto al juez competente, acabo de mencionar.

Mañana más tarde, si un juez que no es competente para esta causa conoce, sanciona, más tarde, ese delincuente, ese narcotraficante, ese G.O.D., G.D.O., podría pedir la anulidad del proceso. A eso nos ha llevado esta resolución del Consejo de la Judicatura. Tutela judicial y efectiva. El famoso principio de celeridad, que ahora también se ve comprometido. Todo está paralizado en el país. Todos los temas penales quedaron paralizados en este momento. Pisotearon, por lo tanto, esta tutela. Que tenemos los ecuatorianos por derecho constitucional, artículos 75 y 169. Y finalmente, el principio de juridicidad y legalidad, que ya saben, está superditado a reserva de ley.

Hay un aclaro incumplimiento de funciones. Y yo espero que la Comisión, en este caso de justicia, que va a fiscalizar este tema, nos termine emitiendo un informe que realmente corrija estas barbaridades que se hicieron y, lo más importante, se actúe a tiempo, porque, caso contrario, las causas se siguen perdiendo. Haber ordenado que se pongan imogis en las famosas pantallas de la computadora y que, para seguridad de los jueces, dijo la Presidenta, no resuelve el problema de la seguridad del juez. ¿Saben cuál es el problema de seguridad del juez?

Que ahora ese juez no tiene seguridad. Que el piso 2 del edificio norte, que fue adecuado para ellos, ya no lo van a tener. Que ahora tiene que ir a buscar espacio en Tumbaco, en Quitumbe o en cualquier lugar que está calificado por los propios jueces como zona norte, como zona de conflicto. Es decir, le están diciendo a los jueces, vayan a que lo maten, señor, porque nosotros, como Estado, no somos capaces de darle la suficiente protección que nos obliga la Constitución y la ley. La Corte, el Consejo de la Judicatura, señora Presidenta, y con esto termino, tiene que cumplir otras obligaciones más importantes y que para eso están en ese puesto.

Los jueces constitucionales de la consulta del 2024, que votamos sí a favor de ellos. Hasta ahora no hay ningún juez constitucional. La Corte Nacional sigue presidida por un señor que no siquiera fue elegido por quórum, porque la Corte ni siquiera tiene para tener quórum, no tiene los suficientes jueces para tener quórum. Se necesitan más jueces y no han nombrado absolutamente a nadie. No se ha hecho evaluación de jueces y fiscales, tampoco se ha hecho evaluación de notarios. De manera que, señora Presidenta, respaldamos este proyecto de fiscalización, porque esa es nuestra competencia.

Y no es por nada el mundo venir a decir que se atenta contra la independencia de funciones. No, compañeros. El Consejo de la Judicatura está superditado a la fiscalización de la Asamblea Nacional. Y eso no tiene que ver con la independencia de funciones. Como tampoco se puede decir que ahora hay que hacer legislación. Nosotros tenemos que hacer legislación para ajustarse a la resolución del Consejo de la Judicatura. ¿Entienden ustedes la barbaridad que eso significa? Es al revés. Es el Consejo de la Judicatura que tiene que hacer las normas secundarias para ajustarse a lo que resuelva la Asamblea Nacional.

Por la institucionalidad de la Asamblea, señora Presidenta, defendamos, más allá de nuestras diferencias políticas e ideológicas, la Asamblea, el poder donde está representado el pueblo, tiene que ser respetada. Señora Presidenta.

Tiene la palabra el asambleísta Juan Gonzaga.

quiero comenzar haciendo alusión precisamente a la importancia que tiene este tema. Es un tema que debe reivindicar el compromiso que tenemos los 151 compañeros que formamos parte de este pleno. Es correcto lo que he referido a Alfredo Serrano, es defender la institucionalidad, es defender lo que hace este pleno, que más allá de cualquier divergencia política, ideológica que pudiéramos tener, debe prevalecer en mancomunidad de todas las voluntades y respeto de esta institución. No podemos precisar con absoluta determinación que es el primer poder del Estado, pero si en la estructura orgánica, en función de cómo está determinado el Estado, aparece la función legislativa, que es donde recae la voluntad del pueblo ecuatoriano, debemos y estamos obligados a hacer respetar su institucionalidad.

Artículo 82 de la Constitución, seguridad jurídica, se fundamenta en el respeto a la Constitución y a la existencia de normas jurídicas, previas, claras, públicas y aplicadas. Y venimos exactamente con lo que ha hecho anteriormente esta Asamblea Nacional en relación al artículo 183 como norma infraconstitucional y que es el Código Orgánico de la Función Judicial que dice, la Corte Nacional de Justicia estará integrada por las siguientes salas especializadas, contencioso administrativo, contencioso, etcétera, etcétera, y llega exactamente al numeral 3 y habla de aquella relacionada con corrupción y crimen organizado.

Entonces, hay una normativa que establece bajo el principio de seguridad jurídica que debe existir una sala especializada en función de la obligatoriedad de su cumplimiento. Y el artículo 230.1 del mismo Código Orgánico de la Función Judicial establece que habrá el número de jueces y juezas de garantías penales especializados para el juzgamiento de los delitos relacionados con corrupción y crimen organizado que amparados en los siguientes bienes jurídicos protegidos. Bienes, humanidad, derechos de libertad, derechos de propiedad, eficiencia de la administración pública, delitos económicos, producción, tráfico de sustancias sujetas a fiscalización, delitos contra los recursos mineros.

No hace mucho en los medios de comunicación se divulgaba una publicación de un grupo presuntamente armado y en donde alertaba, cuídense, señores de Orellana, cuídense, señores de sucumbíos. Me parece que la percepción respecto de la cual estamos enfrentando al crimen organizado debe tener una justicia especializada. Y la norma que es referido pone de manifiesto que se implementará de acuerdo a la necesidad efectiva que deba existir esta justicia especializada. Y esta resolución de la cual es objeto el cuestionamiento advierte que una de las razones por las cuales se ha procedido en este caso a eliminar la competencia y la naturaleza propia de estas unidades especializadas tiene como antecedente de que el por qué se han registrado pocos expedientes.

Y habla un número, concretamente 234 en 12 meses. Ellos no están juzgando delitos autónomos, del que roba, del que arrancha, del que comete cualquier delito en cualquier naturaleza como delito autónomo. Estamos hablando del crimen organizado. ¿Qué sentido tendría, señora Presidente, si usted que fue la proponente de una ley antimafia y que va relacionado concretamente con la reforma y alcance del modus operandi del artículo 369 para establecer la responsabilidad de todos quienes interactúan en la delincuencia organizada cuando el Consejo de la Judicatura, dicho sea de paso, una de las instituciones con menor credibilidad en el país, junto a esta Asamblea?

Y resulta que en relación a ese justificativo de que no amerita la existencia de tantos jueces, resulta que ellos no juzgan a una persona, ellos juzgan a estructuras. Entonces no se puede determinar que ha existido una ausencia injustificada respecto de la carga procesal, de la carga laboral en relación al cumplimiento de sus funciones. Me parece que hay una precisión que en efecto debe ser investigada. Lo ha referido con absoluta contundencia, Alfredo, y ha referido de que en efecto el ideario debe nacer no por el respeto estructural en la independencia de funciones.

Yo voy a contradecir aquello porque sí, el sistema del control de pesos y contrapesos nos obliga no sólo a hacer un control respecto de lo que ha hecho el Consejo de la Judicatura, sino más que aquello hacer respetar a la institución que es la que emerge, la que promueve, la que construye la normativa. Porque si no va a existir una instancia especializada de crimen organizado y de corrupción, entonces nos están diciendo, señores asambleístas, lo que tienen que hacer es extraer la normativa del 183 y el 230 del Código Orgánico de la Función Judicial porque ya no nos interesa.

Sin embargo, hace dos horas fue victimado un juez en el sector del triunfo. Hoy, acrimillado. Ahora, me parece que debemos manejar este tema con absoluta seriedad. Y más allá del alcance respecto de que si la Comisión de Garantías Constitucionales ha conocido o que si en este caso la propuesta tiene razón de ser en que pase para conocimiento de la Comisión de Justicia, creo que hay algo importantísimo. Es un tema que nos ataña a todos los 151 asambleístas, pues sí, no se trata de la Comisión de 10 de aquí o 10 de allá, no es de todos.

Y que respetando la decisión que debamos adoptar en este Pleno, conforme lo establece el artículo 7 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, se establece que el alcance de las responsabilidades y las funciones deben nacer en función de lo que decide este Pleno. Así es que más allá de ponerse a delimitar la competencia, es de que todos concurramos con las ideas, con las sugerencias, para resolver esas inquietudes, esas preguntas y obtener las respuestas de parte de quien sí es objeto de control de nuestro accionario.

Por tanto, señora Presidente, tengo a bien secundar en este caso la propuesta presentada por parte del compañero Javier a efectos de que la misma sea sometida a votación y sobre aquello de existir la aprobación como tal y de existir la voluntad de parte de quienes respetuosamente y hacen un buen trabajo en la Comisión de Garantías Constitucionales puedan en este caso aunar los esfuerzos, pero respetando la decisión y la competencia que deben hacer desde este Pleno. Mi palabra, señora Presidente.

Se cierra el debate. Señor secretario, certifique si la moción presentada por el asambleísta Javier Ordóñez ha sido ingresada por escrito.

Señores asambleístas, ¿tiene apoyo la moción? Señor secretario, dé lectura de la moción presentada y tome votación.

Señor secretario, certifique si existen puntos adicionales del orden del día.

Se clausura la presente sesión.