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Silvia Patricia Nuñez Ramos (75%)
Muchas gracias, señor presidente, colegas asambleístas, muy buenas tardes ya. Bueno, debo iniciar mi discurso respondiéndole al señor Egner Recalde. ¿Por qué no le permiten entrar a una comisión general a los compañeros de tropa que están afuera para que puedan expresarse y puedan hablar sobre lo que representa este proyecto de ley, señor Recalde? Y cuando usted dice, no, nadie ha aportado, nosotros como bancada de la revolución ciudadana mediante nuestros asambleístas presentamos un informe que hasta ahora no ha sido acogido en absoluto, señor Recalde. Entonces no nos mienta, no les mienta a los militares que están incluso afuera esperando que se les escuche. Hablemos con la verdad, no mintamos. Por otro lado, debo decir que el día de hoy nos reúne justamente este tema que es tan importante para los ecuatorianos y de manera especial a 40 mil militares en servicio activo. Y no solamente a ellos, sino a sus familias, a los pensionistas, a las viudas y a los derechos habientes del sistema de seguridad social de las Fuerzas Armadas. Cada vez que se anuncia un estado de excepción, un operativo, un control militar o una intervención frente a la seguridad, ¿a quiénes les busca? A los militares. Parecería que el Estado está haciendo algo para protegerlos. Pero detrás de esos operativos, compañeros asambleístas, hay personas. Hay personas y son los militares de tropa, los oficiales. Y detrás de ellos hay familias con riesgo, con movilidad, disciplina y certidumbre y una carga que no termina cuando se apagan las cámaras. La seguridad no solo se mide en lo que pasa en las calles, también se mide en lo que pasa dentro de cada uno de los hogares de estos señores. Es por eso que esta reforma no es menor, señores asambleístas. Esta reforma es grave porque al final estamos poniendo en riesgo una pensión, estamos poniendo en riesgo un ingreso que representa la comida, la salud, el transporte, la educación, el arriendo, el medicamento, la educación de los hijos. La seguridad del Ecuador no puede sostenerse sobre la incertidumbre de quienes arriesgan su vida para protegerlos. Debo decir claramente que la Corte Constitucional no autorizó una regresión de derechos, no lo hizo, la Corte no pidió afectar los derechos de los pensionistas, la Corte no pidió cambiar las reglas hacia atrás para quienes ya venían aprobado, aportando bajo una expectativa determinada. Sí es cierto que la sostenibilidad es importante, pero la sostenibilidad no puede significar que siempre paguen los mismos. La tropa, los pensionistas, las viudas y los derechos habientes. El problema real es este. Para quienes ingresaron antes del 21 de octubre del 2016, existía ya una expectativa de retiro construida con 20 años de servicio. Con este proyecto, ese piso se mueve a 25 años para terminación de carrera y a 26 años para salida anticipada. Pero el tema es retroactivo también, y eso es grave. Además, se reduce la fórmula de cálculo, y lo tenemos con claridad, señores, porque no es cuestión de los asambleístas, es cuestión de que se ha reunido la tropa, que ha hecho un análisis, y ellos son claramente los que nos están diciendo. Antes la base reguladora era de 88%, ahora se plantea el 85% para terminación de carrera y el 80% para salida anticipada. No es solo trabajar más, es trabajar más y cobrar menos. Para recuperar lo que antes se obtenía con 20 años, un militar tendría que trabajar casi 26 años en terminación de carrera. Y si hablamos de salida anticipada, 28 años, entonces hay que decirlo sin maquillaje. No son 5 años más. En algunos casos son 8 años. Y para la tropa incluso llega a ser mucho más, entre 7, 8, incluso 11 años. Entonces no mintamos, digamos la verdad y miremos de frente. En el caso de la nueva fórmula, en retiro forzoso bajarían a cerca de 806 dólares cuando el dinero que estaban recibiendo era de 835 dólares. Y en salida voluntaria, 759 dólares. Por favor. Eso se transmite en un tema de la medicina, en el tema de la comida, del transporte, de los útiles escolares. Ese es el punto central. No estamos hablando de un ajusto contable. Estamos hablando de recortar la vida cotidiana de una familia. El retiro no puede convertirse en una segunda sanción económica. Y algo que nos preocupa también es el 1% que se pretende descontar a pensionistas de retiro y el monte Pío para financiar su salud. Una persona que ya cumplió su ciclo de aportación no puede ser tratada como si todavía tuviera que cargar sobre su pensión los problemas estructurales del sistema. Y preocupa profundamente lo que ocurre con las viudas, los derechos ambientes, porque cuando fallece un militar, no fallecen las cuentas de la casa. No desaparece la comida, no desaparecen las medicinas, no desaparece el arriendo, no desaparece la educación de los hijos, compañeros. Por eso hay una pregunta de fondo. Antes de tocar las pensiones, ¿alguien explicó seriamente qué pasa con las empresas del ISFA? ¿Con sus bienes, con sus inversiones, con los activos improductivos, con la deuda del Estado? El propio proyecto reconoce que el ISFA tiene patrimonio, bienes, inversiones, rentabilidad, recursos por venta de inmuebles y liquidación de empresas. Entonces, antes de pedir más sacrificio a los pensionistas, a las viudas o a la tropa, el país necesita que nos expliquen qué empresas están perdiendo, qué bienes están improductivos, qué deudas no se han cobrado, qué inversiones no están rindiendo, qué alternativas existen para sostener el sistema sin reducir pensiones. La sostenibilidad no puede comenzar por el bolsillo de quienes menos margen tienen. Y debo decir, en este punto, que nosotros tenemos varios puntos que plantear. Y el primero, el primero, no puede haber aplicación regresiva para quienes ingresaron antes del 21 de octubre del 2016. No puede haber aplicación regresiva. Segundo, debe revisarse el régimen de transición porque no se puede trabajar más para cobrar menos. Tercero, debe protegerse el montepío de viudas, hijos y derechohabientes. Cuarto, debe revisarse el descuento del 1% a pensionistas. Y quinto, antes de tocar pensiones, deben transparentarse la deuda estatal, las empresas, los bienes, las inversiones y activos del ISFA. No estamos diciendo que no se discuta la sostenibilidad. No estamos diciendo que no se revise el sistema. No estamos diciendo que no se corrijan los problemas estructurales. Lo que sí decimos es que ninguna reforma puede hacerse a costa de la tropa, de los pensionistas, de las viudas y de las familias de los militares. Porque una ley de seguridad social no puede escribirse como si detrás de cada número no hubiera una familia. Además, debo decir que esta ley de seguridad social no puede convertir el retiro en castigo. Una ley de seguridad social no puede convertirse en la incertidumbre de la tropa. Por eso lo decimos con firmeza. Sostenibilidad, sí, señores. Pero con justicia. Reforma, sí, señores. Pero sin recortar derechos. Seguridad social, sí, señores. Pero sin abandonar a quienes han servido al país. Seguridad social, sí. Pero sin convertir la incertidumbre en política pública. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, asambleísta.