🕒 0:03 Juan Marco Gonzaga Salazar (100%)

Señor presidente, compañeros y compañeras asambleístas, pueblo ecuatoriano, muy buenas tardes. Creo que hay un común denominador que debe establecer en este caso la concurrencia de las prioridades. En un pronunciamiento anterior había indicado que luego del 16 de noviembre, la voluntad del pueblo ecuatoriano fue decirle no a la pretensión del Ejecutivo. Y nosotros quedamos como una especie de afectados colaterales. Y voy a decirlo porque efectivamente ese no es una respuesta a la forma en la que estamos generando el quehacer de la política. Había indicado que era necesario que luego de este mandato del pueblo ecuatoriano podamos redefinir una agenda legislativa, que podamos redefinir una agenda de fiscalización. Y cada vez que iniciamos o se plantea una convocatoria para la realización de una reunión, aparecen los cambios de orden. Parece que fuera una especie de requerimiento que emplaza o reemplaza a definir una hoja de ruta que la debe definir indudablemente usted, señor presidente. Entonces, si no tenemos una arista, si no tenemos una orientación clara de lo que debemos definir como prioridad, tanto en legislación, tanto en fiscalización, tenemos que generar este tipo de debates. Pero no hemos sido consecuentes con esta determinación de lo que significa en consenso con todos los actores políticos, con todas las organizaciones que son parte de este hemiciclo, definir una agenda de fiscalización. ¿Qué interesante sería que en esa voluntad política de generar los acercamientos entre las dos organizaciones que numéricamente son mayoría en esta asamblea se pueda definir estas prioridades? ¿Y qué interesante sería que en el orden del día con el cual nos convocan aparezcan estos puntos para generar, en este caso, consensos? Y claro, hay temas que posiblemente, digo, podrían ser más prioritarios, más importantes, que generarían, en este caso, el interés del pueblo ecuatoriano. Sin embargo, se ha dicho que el tema de la fiscalización sí se está realizando y creo que sí, todos estamos de acuerdo en función de estos propósitos que deben establecerse. Porque fiscalizar no significa estorbarle al gobierno, no nos significa celebrar cosas que no tiene que verlas necesariamente, porque también nosotros somos corresponsables. Y que si hay una determinación sobre el alcance de una institución que no está funcionando, tenemos que actuar precisamente en el marco del cumplimiento del principio de seguridad jurídica. He dicho que el contenido de la Constitución, como bien nos refirió el asambleísta Sergio Peña, y en relación a la facultad que en norma inferior, infraconstitucional, está determinado para este poder del Estado. Sin embargo, hace no mucho, cuando se generó una propuesta relacionada con el accionar del CERCOP y en función del control que puede existir para otras instituciones, tengo la impresión de que con los cambios de orden del día, posiblemente estaremos haciendo un control a todas las instituciones, porque claro, la norma es abstracta, no es específica, y la vamos a entender precisamente en que desde la Asamblea vamos a controlar a todas las instituciones del Estado. Y me parece, sin quitar importancia respecto de este tema, que por supuesto que es importante, pero si se da la oportunidad a que podamos en este caso excepcionalmente entender de que debe aceptarse esta propuesta, no parecería nada raro que después en nuevamente cambios de orden del día tengamos que ir haciendo procesos de control e invadiendo los propios sistemas de control y de control de acción que deban tener los organismos que en este caso por su autonomía, en virtud de la misma Constitución, en virtud del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, autonomía y descentralización, deba ser. Por supuesto, cuando se implementó la función, en este caso ejecutiva, precedida por el Ejecutivo, Prefecto, Alcalde y Presidente del Gobierno Parroquial, ya se estableció las aristas respecto a las cuales el control o el contrapeso de la acción del Ejecutivo a partir del Consejo Municipal, Consejo Provincial o Consejo de los Vocales de esta organización parroquial deba hacer sobre los titulares. Y si el acto es anómalo, lógicamente tiene que tener la competencia de la Fiscalía y si es por control de recursos, también lo debe hacer la Contraloría. Pero no comparto el criterio respecto del cual se pueda generar un entendimiento en abstracto. Me parece que no es lo correcto. Porque corremos el riesgo de que en esta improvisación que vamos realizando de fiscalizar a cualquier institución del Estado, primero el país pueda ver que no tenemos una agenda de fiscalización. que en relación a esta improvisación también podemos correr el riesgo de caer en la arbitrariedad. Porque claro, en este caso, estas instancias de gobierno son también políticas. Los alcaldes se merecen o se corresponden o se deben a una organización política. Y creo que esta percepción, más allá de esa afinidad que pudiera existir entre el control que realiza la Asamblea Nacional a un gobierno autónomo descentralizado en particular, me daría mucho miedo, mucho pesar que esto tenga que ser instrumentalizado para perseguir, para generar una persecución respecto de esa posible falta de compromiso que deban tener, en este caso, quienes presiden un gobierno municipal con quienes estamos, en este caso, con esta función. Asambleista, 30 segundos. Creo que es indispensable que el entendimiento de este tipo de propuestas de fiscalización, señor presidente, se lo haga con base a una planificación y sin desmerecer y sin desperstigiar la labor importantísima que tiene esta Asamblea Nacional. Y una vez, le conmino a que pueda definirse en consenso con el resto de partícipes políticos en este hemiciclo la determinación de una agenda de fiscalización y legislación que nos permite, en este caso, poder efectivizar nuestra gestión política. Señor presidente. Gracias.