a las maestras consecuentes que se han tomado quito este 25 de marzo. Un saludo a todos los que nos ven a través de las redes sociales. El Magisterio Nacional, los estudiantes secundarios, las madres, los padres de familia, nos damos cita en esta Casa Legislativa, que es el primer poder del Estado para denunciar la grave crisis que atraviesa el sector educativo, producto de un gobierno que prioriza el pago de la deuda externa en detrimento de la educación. Es menester señalar que la problemática educativa es también un reflejo del régimen corrupto y de su vinculación con las mafias del narcotráfico, pues resulta difícil pensar que un gobierno que privilegia sus relaciones con la narcopolítica atienda a la escuela pública en todas sus necesidades.
Y por eso estamos aquí, marchando un día sábado desde todo el país para expresar que la educación pública no soporta más ni a Lazo ni a Brown. Estamos aquí para denunciar el incumplimiento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural por parte de este gobierno. Ese incumplimiento está afectando directamente al interior superior, al interés superior del niño, de la niña y del adolescente, y también vulnera los derechos del magisterio. Según el INEC, en Ecuador, más de 195 mil estudiantes no han retornado a las aulas luego de la pandemia del COVID-19.
Muchos de estos niños están inmersos en el trabajo infantil, pues la primera causa del abandono es la pobreza en sus hogares, y otros están siendo reclutados por bandas criminales. A su corta edad, al Estado, el Estado les ha negado el derecho a la educación y salud. Algunos no están en la escuela pública, están en las escuelas de los sicarios, y eso debemos enfrentar de raíz. Y por eso estamos movilizados por nuestros estudiantes, por su vida y por sus derechos. El Ecuador y toda la sociedad debe conocer que el Ministerio de Educación, hasta el día de hoy, no ha dado cumplimiento con el plan de reinserción educativa determinado en el literal B de la cuadragésima tercera transitoria, cuyo plazo era de 30 días y se venció hace dos años.
Y sin embargo, hasta el día de hoy, no le ha dado cumplimiento, vulnerando el derecho a la educación de miles de niños, de niñas y adolescentes. Esta es la primera causal para exigir que se inicie el juicio político a la ministra de Educación. Todo por nuestros niños y niñas. Niñas, sin ellos nada, pues son la razón de ser de la escuela pública. Pero también la ola de violencia está amenazando y tomándose los planteles educativos de manera interna y externa. Cada vez va en aumento y la solución no solo está en activar los protocolos y rutas luego de cada caso atroz que se escucha, sino entender que es urgente políticas públicas para su prevención.
Por citar una necesidad que permita elaborar y que permita atender a la educación, como es el caso de que hasta el día de hoy no se ha cumplido con el plan de erradicación de todo tipo de violencia en el contexto educativo, que contiene estrategias, programas, proyectos, acciones y mecanismos concretos para la prevención, detección y atención de todo tipo de violencia en el contexto educativo. Esto está establecido en el artículo 64.7 y el reglamento lamentablemente le posterga a esto que es urgente por un año más, es decir, para el año 2024, cuando necesitamos que hoy se prevenga.
50 casos han sido denunciados públicamente y el Ministerio de Educación no tiene la estadística de cuántos casos más de violencia al interior y exterior de las instituciones educativas se encuentran. Otra causal es que hasta el momento no se ha llamado al concurso de méritos y oposición al personal que elabora bajo la figura de contrato en el Departamento de Consejería Estudiantil, que son profesionales que tienen que atender la salud mental de nuestros estudiantes. La UNICEF nos dice que de cada siete, de cada diez hogares, siete están afectados emocionalmente luego de la pandemia y esto recae sobre nuestros niños y niñas y adolescentes, pero el Ministerio de Educación poco o nada hace.
Denunciamos las pretensiones de la autoridad educativa que mediante su reglamento a la Ley Orgánica de Educación pretende tener esclavos, mas no pedagogos, cuando incumple con la aplicación del artículo 117, incrementando, incrementando el trabajo administrativo y la sobrecarga laboral, cuando es imprescindible que frente a todos estos problemas que aquejan al país, la pedagogía vuelva al aula. Desde el Ministerio se señala que las actividades extraescolares, extracurriculares, los esfuerzos académicos no son considerados como periodos pedagógicos, mientras por otro lado se incrementan requisitos por fuera de la ley para el ingreso al magisterio, para el ascenso, para la recategorización, dejando a más de 11 mil docentes sin el derecho a la equiparación salarial.
Es decir, la revalorización de la profesión docente es un simple eslogan. Socializamos, socializamos a todos los presentes que según un estudio de la Universidad Nacional de Educación, UNAE, en el país hay una brecha de 74 mil maestros y maestras en el Sistema Nacional de Educación. Ante esta realidad, desde el Ministerio de Educación no se hace nada para disminuir esta diferencia. No es verdad que se va a incrementar masivamente docentes. Al contrario, si incumple con el artículo 99 de la LOEI, que establece que al inicio de los ciclos lectivos de cada año, el nivel central de la Autoridad Educativa Nacional convocará a concurso público de méritos y oposición para llenar las vacantes existentes.
Ante esto, y luego de dos años de vigencia de la ley, realiza la primera convocatoria recién el 6 de marzo del presente año, anunciando que apenas entran al concurso 400 partidas docentes para Educación General Básica, burlándose de la LOEI y de más de 72 mil profesores que están en calidad de aptos y de elegibles, que han superado las evaluaciones y que cumplen con todos los requisitos que establece la ley. A través de reglamentos y acuerdos ministeriales se inventan más requisitos con el ánimo de dar cumplimiento al decreto 457, artículo 40, sobre la optimización del gasto público que implica la reducción del personal, dejando claro que para el mandatario la educación significa un gasto, mas no una inversión.
Desde el propio ministro de Educación, desde el propio ministro de Educación en el año 2022, se indicó que para el desarrollo del concurso de méritos y oposición se contaba con 8.402 partidas certificadas, pero en lugar de aumentar la cifra se disminuye, afectando directamente al interés del niño, de la niña, del adolescente, de más de 3.500.000 estudiantes que asisten a la escuela pública. Para el gobierno y para la ministra de Educación es fácil vender humo al señalar que la calidad educativa pasa por cambiar de quimestres a trimestres o de reducir un examen remedial.
Desde la Unión Nacional de Educadores señalamos que debe exigir más exigencia a nuestros estudiantes, pero eso para nada significa mejorar la calidad de la educación y, al contrario, merman los derechos. El derecho es a una educación de calidad y eso no implica, entre algunas cosas, contar con aulas seguras, laboratorios, contenidos actualizados en los libros, alimentación y el médico escolar, presupuesto de calidad, docentes necesarios, evaluación constructiva y no destructiva. Por estas razones y más causales, estamos aquí, estimados asambleístas, exigiendo que se fiscalice el facilismo también de la ministra y de su gobierno, pero sobre todo su incumplimiento a los derechos plasmados en la Ley Orgánica de Educación Intercultural, que no fue dádiva de ningún gobierno, fue producto de 11 años de lucha, de movilizaciones y de dos huelgas de hambre, protagonizadas por este magisterio digno.
Entregamos en sus manos el respectivo documento, donde el gremio del Magisterio, la Unión Nacional de Educadores, junto a la FESE, junto al Magisterio de la provincia de Pichincha y de todas las provincias del Ecuador, junto también al Magisterio Municipal y otras organizaciones, en donde expresamos las causales y el pedido para que se inicie el juicio político. Invitamos a los asambleístas de las diferentes bancadas a defender la escuela pública y al país para abrir un debate sobre el derecho a la educación como un derecho y no como un privilegio.
¡Que vive el Magisterio!