José Vallejo. Presidenta, buenos días, colegas legisladores y legisladoras. Un saludo a los estudiantes de la Universidad Laica, el Hoy Alfaro, y las personas que siguen este debate por todos los medios. Colegas legisladores, el día de hoy no sólo debatimos un paquete de reformas al Código Orgánico, Monetario y Financiero. Hoy debatimos la posibilidad de preservar al menos algo de soberanía financiera del Estado ecuatoriano o la cuasi sujeción definitiva a las condiciones del Fondo Monetario Internacional. En los últimos tres gobiernos del neoliberalismo ecuatoriano, la deuda con el FMI ha pasado de 355 millones en 2017 a más de 8.700 millones de dólares en este año.
Es decir, colegas legisladores, en aproximadamente ocho años la deuda con el FMI se ha incrementado en más de 2.300%, lo que ubica al Ecuador como el cuarto país en el mundo que más le debe al FMI. Tanto es así que sólo está peor que el Ecuador, Argentina, Ucrania y Egipto. La historia del país y del mundo nos ha enseñado que cada acuerdo con el FMI es un pacto de ajuste y sufrimiento social. Nos ha enseñado que los acuerdos son liquidez para hoy, pero hambre para múltiples generaciones presentes y futuras.
Nos ha enseñado que con el FMI no hay soberanía, sólo deuda disfrazada de ayuda. Y en ese contexto de ajustes, de precarización de la vida y de reducción de las capacidades del Estado, es que hoy debatimos este paquete de reformas, las cuales, lejos de proponer soluciones reales para el país, nos complican aún más de lo que ya estamos. Y en honor al tiempo, sólo quisiera referirme a unos cuantos temas relevantes y preocupantes. Primero, sobre las puertas giratorias y la endogamia financiera. Los ordenamientos jurídicos en el mundo intentan evitar estas puertas giratorias en los sistemas financieros, es decir, buscan que los funcionarios públicos con acceso a información privilegiada cumplan una cláusula de enfriamiento antes de prestar sus servicios al sector privado y viceversa.
Aquello busca también combatir la endogamia financiera que hace que, por ejemplo, los gerentes de bancos privados, aseguradoras, etcétera, terminen conformando la Junta de Política y Regulación Financiera o viceversa, como sucede en nuestro país. En el Código Orgánico Monetario y Financiero vigente se prohíbe que los miembros y funcionarios de nivel jerárquico superior de los organismos que realicen actividades de regulación, supervisión y control puedan prestar sus servicios en instituciones financieras privadas, cooperativas, mutualistas, entidades privadas de valores y seguros. Y, ojo, bajo cualquier modalidad contractual, hasta un año después de terminar sus funciones.
Sin embargo, la reforma que hoy debatimos propone que el impedimento sólo será aplicable cuando vayan a ejercer cargos de dirección o de toma de decisiones bajo relación de dependencia. En otras palabras, la reforma abre la puerta para que, por ejemplo, la autoridad de la Junta de Política y Regulación Financiera, una vez que termine su periodo, pueda ser contratada por el Banco Pichincha, por ejemplo, bajo la modalidad de servicios profesionales, los cuales, como bien se conoce, no generan relación de dependencia. En otras palabras, la reforma que hoy discutimos, lejos de combatir las puertas giratorias y la endogamia financiera, la promueven.
Segundo punto, sobre la Junta de Política y Regulación Financiera. Las reformas que hoy discutimos hacen que la Junta de Política y Regulación Financiera pase de tener 34 funciones generales y específicas a 40. Y, más allá de eso, reviste particular preocupación que la reforma crea la figura de crisis sistémica. Y cuando ese supuesto se configure, quien asumirá la atribución exclusiva de adoptar decisiones y acciones sobre el sistema financiero y valores, será exclusivamente la Junta. Es decir, una entidad que no es ente rector de la política pública financiera, según la Constitución, y ni siquiera tiene rango constitucional, será quien adopte las decisiones.
Y aquello claramente podría contravenir el ordenamiento constitucional. Sobre el Comité de Estabilidad Financiera, colegas legisladores, si revisamos los documentos respecto a acuerdos entre Ecuador y el Fondo Monetario Internacional, algunos de esos documentos disponibles en la propia página del Ministerio de Finanzas, Podemos evidenciar y advertir que la creación del Comité de Estabilidad Financiera viene siendo una de las demandas del FMI al Estado ecuatoriano. Tanto es así que, fiel al Fondo Monetario, Daniel Novoa, el 6 de agosto de 2024, mediante decreto 343, creó este Comité de Estabilidad Financiera.
Y ahora, colegas legisladores, pretenden elevar normativamente este comité a una ley orgánica. La intención es dotar de mayor rigidez normativa que permita preservar el proyecto del Fondo Monetario Internacional en el tiempo. Y cuarto punto, sobre las medidas de alivio financiero. Finalmente, colegas legisladores y legisladoras, todos sabemos que desde hace algunos años muchos ciudadanos y ciudadanas nos han pedido adoptar medidas de alivio económico real. Sin embargo, mientras algunas deudas desaparecen, así como la esperanza de los ecuatorianos, las condonaciones de hasta 10 mil dólares se han convertido en un calvario y los convenios de pago con la banca pública se han vuelto impagables.
Este proyecto podía corregir aquello. Este proyecto podía entregar una respuesta real de alivio financiero a la gente. Pero lejos de aquello, sobre las condonaciones, mientras la normativa vigente permite condonaciones de deudas de capital hasta 10 mil dólares, más sus intereses, costos y comisiones, la reforma hace que proceda únicamente hasta 10 mil dólares, pero incluyen en el monto los intereses, costos y comisiones. Es decir, la reforma claramente es perjudicial para los potenciales beneficiarios. Con relación a los convenios de pago, el ordenamiento jurídico pretende que créditos solicitados para 20 o 25 años se deban pagar en 24 meses posteriores al otorgamiento de las facilidades de pago, lo cual se vuelve impagable, pero sin embargo, esta distorsión tampoco corrige la reforma.
Este paquete de reformas hecho para cumplir con el Fondo Monetario Internacional pone en riesgo la soberanía financiera del Estado, promueve las puertas financieras y la endogamia financiera y no soluciona en absolutamente nada la extrema y dura realidad que vive la mayoría del pueblo ecuatoriano. En momentos como los que vivimos es necesario cerrar el paso a todos aquellos intentos de precarizar aún más nuestras vidas. Primero, nuestra gente, ni un derecho más. Ni un derecho menos. Gracias.