Buenas tardes y muchas gracias, señor Presidente, por ortogarnos el uso de la palabra, colegas asambleístas, pueblo ecuatoriano, queridos hermanos orenses y a quienes nos ven y nos escuchan a través de los diferentes medios de comunicación. Hoy me dirijo ante ustedes como asambleísta de mi querida provincia de Oro, una tierra que produce, que lucha, que resiste, una tierra que ha venido aportando al desarrollo socioeconómico del país de una forma considerable y es lamentable decirlo y lo digo con indignación, que se ha convertido en una tierra donde nuestra gente no solamente muere por falta de atención en los hospitales, por falta de medicina, por falta de atención en las dializadoras, porque se encuentran impagas, sino también por falta de implementación de un verdadero plan integral de seguridad.
Vivimos sumergidos bajo la sombra del miedo, del terror. Ecuador, hablo con un objetivo claro, con la verdad, con exigir resultados y asimismo con denunciar a quienes encubren la incompetencia. Ecuador está peor que antes, no es una percepción, las cifras, los números lo confirman. En los primeros seis meses del 2025 se han registrado aproximadamente 4.619 muertes violentas, 47% más que en el 2024, convirtiéndose en el semestre más violento, más inseguro de la historia del país. Santa Rosa, Pasaje, Guaquillas, El Guabo, están catalogadas como una de las ciudades más inseguras del país.
Machala, la capital bananera del mundo, está dentro del ranking de las ciudades más violentas del planeta, con aproximadamente 72 muertes violentas en lo que va del año por cada 100.000 habitantes. Cada cifra representa una familia rota, cada número una vida que el Estado no ha podido proteger ni garantizar la seguridad. Y digamosle con claridad al país, las muertes violentas no se deben únicamente por los enfrentamientos de la delincuencia organizada, como nos han hecho creer. Existen miles de muertes colaterales, entre ellos adultos mayores, niños y niñas, jóvenes, hombres y mujeres que simplemente estuvieron en el lugar equivocado.
¿Dónde está la protección que el Estado debe garantizar? Esto no es por falta de recursos, porque dinero existe. Lo que no hay es la capacidad de ejecución del presupuesto, o los recursos están siendo desviados para pago de deuda externa, siguiendo la receta del Fondo Monetario Internacional. En el 2024, el gobierno trajo una proforma que anunciaba aproximadamente 3.519 millones que iban a ser asignados al Gabinete de Seguridad. En el 2025, esa cifra aumentó a 4.300 millones de dólares. Pero es indignante e inaceptable que en el presente año, hasta el mes de julio, sólo se haya ejecutado el 10% del presupuesto asignado.
En el sistema penitenciario, en el 2024, sólo se ejecutaron el 59% del presupuesto asignado. Repito, no es falta de dinero, es falta de gestión, es falta de liderazgo, es falta de planificación, es falta de voluntad política para tomar decisiones que beneficien al pueblo ecuatoriano. Mientras tanto, con el aumento del IVA al 15%, se ha logrado recaudar aproximadamente 2.900 millones de dólares. Pero ese esfuerzo que hace la ciudadanía no se ven reflejados en seguridad. Pagamos más impuestos y vivimos con más miedo. Nos dijeron que con el alza del IVA al 3% que servían esos recursos para poder combatir la inseguridad.
Se aprobó una consulta popular en el 2024, donde de las 11 preguntas, 7 estuvieron enfocadas al tema de seguridad. Se aprobaron aproximadamente 5 leyes económicas urgentes en el periodo legislativo anterior. Y no han servido para nada. Nos siguen mintiendo. Vivimos en un país de tragedia, en un país de inseguridad. Pero el oficialismo se ha acostumbrado, por supuesto, a seguir gobernando desde el temor para justificar las medidas económicas que castigan al pueblo ecuatoriano. Pretenden financiar la seguridad con donaciones privadas y con rebajas tributarias del 30%. Es decir, la seguridad a la carta, según el bolsillo del donante.
Cuando la Constitución establece que el Estado ecuatoriano debe garantizar la paz, la tranquilidad, el bienestar, la seguridad de los ecuatorianos. Y lo que vemos ahora es que el Ejecutivo y sus ministros no han cumplido con esa obligación. Urgencia sin urgencia. Un incentivo a donaciones no es respuesta inmediata. Depende de la voluntad empresarial, del catálogo que elaboren las fuerzas del orden y de un reglamento futuro. Mientras discuten reglitas, la gente sigue muriendo cada día. La propia exposición de la ley, del proyecto de ley, reconoce que de detalle operativo se deja al reglamento general y normas técnicas del Ministerio de Economía y Finanzas y el SRI.
Y más allá de lo legal, es un error técnico. Las donaciones en especie fragmentan la planificación, rompen la estandarización, complican la logística. La seguridad no se puede improvisar con lo que el donante quiera dar. Se construye con estrategia, con interoperabilidad y control. Es socialmente inequitativo. Pregunto, ¿quién puede aprovechar de verdad una rebaja del impuesto a la renta del 30%? Por supuesto que solo los grandes contribuyentes con alta base imponible. Las BIPIMES que luchan por sobrevivir en Machal, en Guaquillas y el resto del país, apenas tiene impuesto causado que rebajar.
Pero igual sufre las extorsiones. La seguridad no puede depender del tamaño del RUP, del donante. Y mientras tanto, mi querida provincia del Oro sigue esperando. El gobierno ha emitido decretos de sección, ha enviado columnas de militares, ha hecho anuncios, pero los homicidios suben cada día. La gente vive con miedo. Los operativos sin estrategia integral y sin ejecución presupuestaria seria, por supuesto que no alcanzarán. Por eso no basta con rechazar este proyecto. Hay que proponer lo que sí debemos hacer. Ejecución real del presupuesto con metas trimestrales obligatorias y reportes públicos.
Inteligencia criminal y financiera para desmantelar las redes, no solo patrullajes. Control fronterizo con escáneres operativos 24-7. Tecnología penitenciaria estandarizada, bloqueo de señal verificable y rotación de guías penitenciarios. La baja ejecución del SNAI es inaceptable. Protección a víctimas y testigos con unidades móviles de denuncia y asistencias. Dejen de terciarizar obligaciones y camuflar fallas de gestión con incentivos. La Corte Constitucional ya les dijo que no pueden abusar del trámite de urgencia económica ni mezclar materias para sortear la deliberación. Acaten y corrijan lo que dice la Corte Constitucional.
Concluyo, señor presidente. No vamos a hipotecar la seguridad a donaciones y descuentos. La seguridad es innegable y se financia con presupuesto responsable y serio, no con favores tributarios. Por el oro, por el país, exijo un plan integral de seguridad serio y responsable, medible y ejecutado ya. Muchas gracias, señor presidente.