🕒 0:00 Edwin Estuardo Jarrín Rivadeneira (100%)

asambleísta Edwin Jarrín. Con un saludo cordial, compañera presidenta de la Asamblea Nacional, compañeros legisladores, querido pueblo ecuatoriano. El artículo 47 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en concordancia con el artículo 120 de la Constitución de la República, obliga a los funcionarios públicos, entre ellos a la Procuraduría General del Estado, como al Defensor Público Nacional, rendir los informes anuales de sus labores. En este sentido, el 19 de febrero del año 2026, concurrió a la Comisión de Asuntos Internacionales y Movilidad Humana, en la que actuó en calidad de vicepresidente, donde en 119 fojas, el señor Procurador General del Estado emitió su informe anual de labores. En los 40 minutos que aproximadamente expuso a todos los compañeros de la Comisión, pudimos escuchar y revisar cuál era su ponencia y su informe respectivo al pueblo ecuatoriano. En este sentido, para no ser impreciso, he presentado al sistema DTS una noción, señora presidenta, para que este informe, que la Comisión de Asuntos Internacionales, por unanimidad, los 10 miembros la aprobamos, sea sometida al Pleno de esta Asamblea Nacional para su respectiva aprobación. Pero sin embargo, de estas 119 fojas que se entregó y expresó su informe el señor Procurador General del Estado, me ha permitido sacar un extracto de lo más importante para que tomemos en consideración. La Comisión, que soy parte, no solamente evaluó un informe administrativo, evaluó cómo el Estado se defiende a sí mismo, cómo protege recursos públicos y cómo evita que errores institucionales terminen causándole millones al país. Y la conclusión que hemos sacado es clara, la Procuraduría General del Estado sí está cumpliendo su rol constitucional y legal. En el año 2025 reportó la depuración de 80.597 causas, la conclusión de 9.396 casos con un 78% de resultados favorables y la recuperación de 1.994.056. 6.53 centavos, lo que demuestra que no estamos frente a una institución pasiva, sino frente a una entidad que administra riesgos, ordena procesos y sostiene técnicamente la defensa del Estado. Uno de los elementos más importantes del informe es que evidencia una Procuraduría con capacidad real de contención patrimonial y defensa estratégica. No sólo comparece en juicio, reduce impactos económicos, evita pactos indebidos y enfrenta escenarios complejos tanto en sede nacional como internacional. A esto se suma la gestión de 47 notificaciones de controversias activas en fase previa al arbitraje y al manejo de 406 casos ante el Sistema Interamericano de Desarrollos Humanos, con 39 nuevas peticiones en el 2025, lo que confirma que la defensa estatal no se limita a litigios internos, sino que también protege la posición jurídica del Ecuador en espacios internacionales de alta sensibilidad. El informe también muestra que la Procuraduría no sólo defiende, sino que también previene. Su función consultiva, el control de legalidad, la capacitación a instituciones públicas y la emisión de criterios vinculantes reflejan una lógica institucional que no espera a que el conflicto explote, sino que busca anticiparse en él. En este sentido, la gestión de la Procuraduría no debe medirse únicamente por juicios ganados o perdidos, sino por su capacidad de evitar condenas mayores, contener riesgos y ordener la información procesal y fortalecer la seguridad jurídica del Estado. Además hay datos que vuelven especialmente sólido este informe. La Procuraduría reportó cuantías evitadas por ciento veintiún mil doscientos catorce, ciento veintiún mil millones doscientos catorce mil novecientos sesenta y seis con cincuenta centavos. Una ejecución presupuestaria global del ochenta y cuatro punto treinta y dos por ciento. La ejecución del profit en veinticuatro punto cincuenta y cinco por ciento y con seis seiscientos cuarenta y ocho mil trescientos puntos setenta y nueve de vengados y los convenios de codefensa con una ejecución del sesenta y siete punto sesenta por ciento, equivalente a ocho millones quinientos setenta y nueve mil seiscientos veintio ocho punto dieciséis. En definitiva, compañeros legisladores, el informe permite una conclusión de fondo. La Procuraduría General del Estado no debe entenderse como una oficina jurídica más, sino como una institución especial para la protección del patrimonio público y la defensa técnica del país. Lo que este informe evidencia no es sólo una gestión que cumple formalmente con la ley, sino una institución que resulta indispensable para sostener la defensa judicial del Estado, enfrentar controversias complejas y resguardar los intereses públicos con seriedad, método y capacidad técnica. Por eso, compañera Presidenta, me he permitido presentar, como repito, en el sistema DTS una moción para aprobar este informe anual de labores del señor Procurador General del Estado para que usted, cuando considere conveniente, ponga en consideración de los señores asambleístas para la aprobación legislativa que el caso amerita. Muchas gracias. Gracias, devuelvo la palabra.