Comparecencia Doctor Mario Godoy - Presidente del Consejo de la Judicatura - Sesión Extraordinaria

Se invita a pasar al Pleno de la Sala Nacional al doctor Mario Godoy Naranjo, presidente del Consejo de la Judicatura. Intervención del doctor Mario Godoy Naranjo.

Máster Nils Olsen-Pitt, Presidente de la Asamblea Nacional. Máster Michelle Mancino Dávila, Primera Vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Ingeniera Carmen Yolanda Tupul-Urquizo, Segunda Vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Señoras y señores asambleístas nacionales, provinciales y del exterior, medios de comunicación ecuatorianas y ecuatorianas. Previo a hacer mi intervención, quisiera indicar, he escuchado a un asambleísta que ha mostrado una fotografía en la que sí quisiera hacer una pequeña recomendación. Entiendo que el analfabetismo tecnológico, en algunos de los casos, en algunos de los lugares que se han dado a nivel mundial, no logran discernir lo que es una fake news y una noticia que es verdadera.

Por razón de eso, no está por demás un curso de actualización tecnológica para poder diferenciar qué noticias son verdaderas y qué noticias son falsas. Con esto, señor presidente, señoras y señores asambleístas, comparezco ante esta Asamblea Nacional en cumplimiento de la resolución adoptada por el Pleno con el propósito de informar de manera directa, técnica y verificable sobre hechos que han generado preocupación pública y que se relacionan con el ejercicio de mis competencias como presidente del Consejo de la Judicatura. Y además, a dar la cara ante tanta infamia y relatos que tienen un solo objetivo, que en esta comparecencia quedarán expuestos de manera clara y contundente.

Para ello, he organizado esta exposición en bloques temáticos, con un enfoque administrativo e institucional sustentado en las competencias, trazabilidad documental y hechos comprobables. Este será el hilo conductor de mi intervención. Aquí se hablará documentadamente. Hechas de estas precisiones, corresponde abordar el primer punto que ha concentrado el debate en los últimos días y que falsamente se ha imputado a esta autoridad el supuesto incumplimiento de funciones. Antes de continuar con los hechos específicos, es indispensable fijar con claridad el marco de competencias del Consejo de la Judicatura y, sobre todo, los límites.

Este punto no es retórico, es estructural para comprender todo lo demás. Situación que, desde mi entender, no debería serlo aquí, porque, en teoría, ustedes, al menos quienes me quieren llevar al juicio político, deberían tener claras cuáles son las competencias que tiene el Presidente de la Judicatura. Si no es así, posiblemente algún asesor podrá apoyarlos. El Consejo de la Judicatura es del órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la función judicial. Esa es su competencia constitucional. ¿Qué significa esto en términos concretos? Primero, el Consejo de la Judicatura no dicta sentencias, no resuelve causas jurisdiccionales, no determina responsabilidades jurisdiccionales, no emite ni modifica fallos.

Segundo, el Consejo de la Judicatura no orienta ni condiciona fallos judiciales, no da instrucciones de cómo resolver, no interviene en la valoración probatoria. Tercero, el Consejo de la Judicatura no investiga delitos, no califica conductas penales, no imputa responsabilidades criminales. Cuarto, el Consejo de la Judicatura no administra ni dispone directamente la seguridad policial de jueces o servidores judiciales. Perdón, debo insistir, el Consejo de la Judicatura no dispone directamente la seguridad policial de jueces o servidores judiciales. La elevación de los riesgos, la asignación, el retiro o la modificación de esquemas de seguridad comprenden a las entidades competentes, como el Ministerio del Interior, la Policía.

¿A través de qué? De informes técnicos. El Consejo de la Judicatura puede solicitar, coordinar, informar y dar seguimiento, pero no puede ordenar, disponer o ejecutar medidas de protección policial por cuenta propia. Eso sería vulnerar la independencia de funciones. A la fecha, a escala nacional, contamos con 47 jueces que tienen seguridad estatal. Tanto así, que en la provincia de Pichincha, de 19 jueces, 15 de ellos son de la unidad anticorrupción, es decir, el 85%. Y quinto, en materia administrativa y disciplinaria, el Consejo de la Judicatura actúa bajo procedimientos reglados, con etapas definidas, plazos, informes técnicos y resoluciones motivadas.

No actúa por impulso político ni por reacción mediática. Aceptar una renuncia, modificar una modalidad laboral, iniciar un procedimiento administrativo o disponer medidas administrativas no son actos discrecionales, sino decisiones sujetas a normas, garantías y controles. En resumen, y para que no quede ninguna duda, ante esta Asamblea Nacional se señala que el Consejo de la Judicatura no decide sentencias, no influye en fallos, no investiga delitos, no asigna ni retira seguridad policial. Con este marco de competencias, claramente establecidas, corresponde ahora explicar de manera cronológica y documentada la situación administrativa del juez Carlos Serrano y las decisiones adoptadas en este ámbito.

Señor Presidente, en este momento solicito, si es que se me puede autorizar, con las proyecciones que tengo, las diapositivas correspondientes. Gracias. Gracias.

Autorizado.

Gracias, me confirman por favor. Sobre el caso Juez Serrano, situación administrativa y línea del tiempo. El Consejo de la Judicatura ha aplicado de manera consistente el mismo criterio administrativo en casos previos de renuncias de funcionarios jurisdiccionales. Esto evidencia que la no aceptación inmediata de una renuncia no constituye de ninguna manera una medida arbitraria ni excepcional, sino la aplicación de un procedimiento reglado, orientado a proteger el servicio público de justicia y asegurar que las decisiones administrativas se adopten con responsabilidad y apego a la normativa vigente. Ahora bien, voy a referirme de manera cronológica, objetiva y documentadamente a la situación administrativa del Juez Carlos Serrano y a las actuaciones del Consejo de la Judicatura en este contexto.

Documentación que dicho sea de paso, reposa en la institución y que además, en los diversos pedidos de información, han sido remitidos a esta Asamblea Nacional. La primera falacia montada en estos días es que al Juez Carlos Serrano se le estaba obligando a pertenecer al Tribunal de la Causa, que se conoce mediáticamente como AAA. Sin embargo, por favor, señoras y señores asambleístas, este es el acta de sorteo. Aquí está el acta de sorteo, aquí está, aquí está, el acta de sorteo. De fecha 24 de julio del 2025, el juez Carlos Serrano fue sorteado para formar parte del tribunal desde el primer minuto.

Por ende, sostener que se le ha obligado a integrar un tribunal para fallar a favor o en contra de un sujeto procesal dentro de la causa del señor Aquiles Álvarez, es parte del circo político de quienes buscan enjuiciarme. Aquí está el acta de sorteo, el segundo hecho se da luego de varios meses. Esta es la presunta conversación que se da el 11 de noviembre del 2025, en el que supuestamente participa el juez Carlos Serrano, a la cual, por respeto a la investigación en curso, no ahondaré.

Sin embargo, es necesario que conozcan que dicha investigación se apertura por pedido de quién está en el uso de la palabra. Repito, la investigación penal se apertura porque en mi calidad de presidente se remitió el oficio número CJPRC 2025-0598-OF del 17 de diciembre, remitido desde mi despacho. Sí, señoras y señores de asambleístas, esta investigación penal se apertura por una acción administrativa y quién les está hablando el día de hoy. ¿A través de qué? Del oficio que también ustedes pueden observar ahí, pero que también está acá.

Aquí está el oficio, remitido a la Fiscalía General del Estado. El tercer acto se da en la audiencia de noviembre 25, en el cual los jueces Cristian Fierro y Carlos Serrano dictan su sentencia de forma oral y declaran la responsabilidad del ciudadano serbio Esmir Cerdán. El cuarto hecho es el pedido de seguridad y de teletrabajo que lo realiza el juez Carlos Serrano. Realizado el día 3 de diciembre del 2025, por favor, atentos a las fechas, atentos a las fechas, 3 de diciembre del 2025. Estos pedidos fueron procesados de manera inmediata por las áreas internas del Consejo de la Judicatura.

Y es así que el 8 de diciembre se remite un oficio al Ministerio del Interior para que se le reintegre la custodia al magistrado y con eso se garantizaba la seguridad que él había puesto en conocimiento de esta autoridad. Respecto de la solicitud de teletrabajo, me referiré en líneas posteriores. El quinto hecho se da el 4 de diciembre del 2025. Al hacerse pública la suspensión por 90 días del juez Cristian Fierro, suspensión que se da en uso de las atribuciones constitucionales y legales que tiene el Consejo de la Judicatura a través de una denuncia que llega por parte de la Fiscalía, inmediatamente el juez Carlos Serrano presenta su renuncia el mismo día.

Y les pido que presten atención a este hecho, porque ambos jueces formaban parte del tribunal del caso denominado triple A desde el 24 de julio del 2025. Ojo, abocando conocimiento tres meses después y fijando fecha de audiencia de juicio cinco meses después, es decir, ocho meses, cuando en ciertas diligencias, en ciertas judicaturas, se han puesto audiencias de un día para el otro. Eso es parte de la independencia judicial y a mí me acusan de presión. Ocho meses, ¿qué presión? O estaban esperando, porque creo que aquí está todo, o estaban esperando que ciertos actores políticos se coludan para dejar en impunidad nuevamente como lo hicieron previamente con las candidaturas fraudulentas de personas vinculadas al proceso triple A.

Esto no es casualidad. Un juez es suspendido y el otro, de manera inmediata, renuncia. Y con esto empieza el show en mi contra. El sexto hecho relevante es cuando el juez Carlos Serrano, el día 4 de diciembre del 2025, es decir, un día después de haber pedido seguridad y teletrabajo, presenta su renuncia al cargo de manera irreburcable. Sin dar mayores detalles, y eso ustedes pueden observar en la renuncia, en la renuncia que consta ahí, no es muy clara, pero aquí está la renuncia, aquí está, en la renuncia del señor juez Carlos Serrano, aquí está.

Tiene tres párrafos. El séptimo hecho, en esta cronología de eventos, y no menos relevante, es que el día 12 de diciembre, desde la dirección provincial, se le autoriza teletrabajo al juez Carlos Serrano, con efecto desde el 15 de diciembre hasta el 31 de marzo del 2026. Pero a más de esto, señoras y señores asambleístas, desde el año 2024, los jueces en materia de anticorrupción, para garantizar su seguridad, tienen abierto un sistema VPN para que puedan realizar todas las actuaciones jurisdiccionales correspondientes. Este hecho, la aceptación del teletrabajo, fue debidamente notificado al juez.

Está la notificación que recibe el juez respecto de la autorización del teletrabajo. Fue debidamente notificado el documento. Es decir, el juez Serrano tuvo previo conocimiento de que su solicitud fue atendida de manera positiva. Y como un hecho en esta cronología, también tenemos el oficio del juez Carlos Serrano, de fecha 17 de diciembre. Quiero que ustedes observen las fechas, de 17 de diciembre de 2025, en el cual indica que a pesar de no haber sido aceptada su renuncia, este será su último día de trabajo. Todo esto, a pesar de que el Consejo de la Judicatura, aproximadamente cinco días atrás, realizó todas las gestiones administrativas internas y externas, tendientes a que se le mantenga la protección que necesitaba y la concesión del teletrabajo.

¿Qué es lo que se quiere en este momento evidenciar, señoras y señores de asambleístas? Que el relato que se ha montado, que es una farsa, es que mi persona ha retirado deliberadamente la seguridad al juez Carlos Serrano. Los documentos han sido ingresados al sistema de documentación de la Asamblea, los documentos reposan en los archivos institucionales, en ningún momento se ha retirado la seguridad al señor juez Carlos Serrano. Toda esta cronología que he relatado es importante para saber que toda esta narrativa montada y fijada por parte de ciertos medios de opinión y ciertos actores políticos, no tienen un solo elemento fáctico, documental, que asegure que esa narrativa sea cierta.

Es decir, de que en mi caso he dispuesto el retiro de la seguridad. Dicha narrativa es una tergiversación de los hechos para generar un linchamiento mediático que lo he tenido que soportar con mi familia durante tres semanas. Luego de exponer los hechos, ahora sí, vamos con las verdades. La primera es que el juez Carlos Serrano presentó una renuncia de carácter voluntario y revocable al cargo el día 4 de diciembre, el 2025. El mismo día se realizan todas las actuaciones internas en los informes correspondientes y estos informes para el día 5 de diciembre estaban listos para que, luego de ellos, de que sean emitidos, esta renuncia continúe con el procesamiento que corresponde de acuerdo a la normativa interna.

Aquí es fundamental una aclaración técnica. La renuncia de un juez no produce efectos automáticos, inmediatos, es otra deformación de la verdad que se ha dado. Su aceptación exige un análisis administrativo previo que tiene como finalidad garantizar la continuidad del servicio judicial, la correcta asignación de causas y el respeto al principio del juez natural y su posterior aceptación en el pleno. En este caso, la renuncia presentada por el juez Serrano se encontraba se encontraba y se encontraba y se encontraba

vinculada

a procesos judiciales en trámite, alguno de ellos de alta complejidad, dos casos de delincuencia organizada, una causa por extorsión, una causa de secuestro y una causa de lavado de activos. En estos procesos constan objetivos de alto valor como alias Comandante Carlitos o alias Negro Tulio, ambos relacionados con bandas narcodelictivas y GDOs. Esta información también ustedes la pueden observar.

En la informática.

en la documentación que ha sido remitida al DTS de la Asamblea. Por favor, se puede observar cuáles son las personas que se encuentran en esta situación de no tener una sentencia reducida por escrito. Señores asambleístas, este dato es necesario que ustedes lo conozcan. Se ha realizado un análisis…

El despacho.

que ha tenido el doctor Serrano y de los datos que se tiene en la confrontación con el Sistema Salle, existen varios meses de retardo, de reducir las sentencias a escrito, sobre esto…

Alguien ha dicho.

¿Alguien se ha preocupado por esto? ¿No le llama la atención? Quiero consultar a los asambleístas que abiertamente han solicitado mi juicio político. Asumo que deben tener asesores jurídicos, eso al menos creo yo, o algunos de ustedes deben conocer de leyes, al margen de aquello.

Permito preguntar.

¿A quién beneficia que no se emitan las sentencias de estas personas que están en actividades ilícitas? ¿Alguien de ustedes se ha preocupado de esto o tan solo están preocupados en una determinada causa judicial?

En consecuencia...

el Consejo de la Judicatura actuó conforme a derecho, verificando las condiciones administrativas necesarias antes de adoptar una decisión definitiva, pero sobre todo evitar impunidad. En ese marco es necesario recordar cuando al juez, para que vean que esto no es un acto deliberado, cuando el juez Iván Zaquizela presentó su renuncia formal e irrevocable al cargo de juez nacional, el 23 de julio, esta no fue aceptada de forma inmediata, en atención a la necesidad de verificar su situación administrativa y jurisdiccional, así como garantizar la continuidad del servicio judicial, que es indispensable.

Quien tenía, ojo, apenas una sentencia a reducir escrito y por lo cual no se aceptó su renuncia inmediata. Posteriormente, cumplidas las etapas correspondientes, analizados los informes técnicos y constatando que se encontraban dadas circunstancias y condiciones administrativas necesarias, se aceptó la renuncia casi 20 días después de la presentación de la misma. Esto no es una persecución, son actuaciones que han generado previamente en el Consejo de la Judicatura. Y aquí les quiero compartir otro dato, y este es escandaloso, que tampoco se han dado el tiempo de fiscalizar, de analizar, insisto, porque creo que quienes me quieren llevar a juicio político no buscan el bienestar común, sino el bienestar en determinadas causas jurisdiccionales.

Y así, por favor, espero que con el mismo ímpetu, fiscalicen. Tenemos el antecedente de una jueza en la provincia de Esmeraldas que evidenció los riesgos de formalizar una desvinculación a través de la figura de renuncia por jubilación, sin haber verificado previamente cuál era su carga laboral y qué decisiones faltaban que se reduzcan a escrito. En este caso, o este caso, ¿saben en qué administración se da? En la de Wilman Terán. Me parece que ustedes lo conocían como el diablo. Se tramitó una renuncia por jubilación de una jueza sin que se cumpla con la reducción a escrito, por favor, este dato es escandaloso, de 118 sentencias en materia penal.

118. ¿Se ha fiscalizado eso? ¿Tienen algún interés de por qué Esmeraldas en este momento se encuentra en las condiciones que estamos atravesando? ¿Saben en lo que derivó esto? En que posteriormente exista declaratoria de nulidad de varios procesos, inclusive llegando a declararse el error inexcusable por parte de la Corte Provincial y la posterior destitución de la funcionaria en mi gestión. ¿Ustedes se preguntan por qué la provincia de Esmeraldas es una de las más convulsionadas del país? Asambleístas que pertenecen a esa hermosa provincia. Por situaciones como estas, porque miembros de los GDOs fueron beneficiados y hoy están en libertad.

Y nadie ha fiscalizado eso porque se dio en la época de ¿quién? De Wilman Terán, a quienes ustedes protegieron del juicio político. ¿Lo conocían, verdad? No pueden decir que no lo conocían. El mismo que presidía el Consejo de la Judicatura, el mismo que estando presos por actos de corrupción, ustedes los salvaron del juicio político. Sí, señoras y señores, estas son las prácticas de impunidad que se daban en ese entonces para aceptar las renuncias sin sustento técnico y callamos con los defectos posteriores que ocasiona esto. ¿Será caso que pretenden llevarme a juicio político por intereses en algunas causas que no se han reducido por escrito?

Investiguen cuáles son esas. Creo que hay intereses. Vuelvo a lanzar la pregunta. ¿A quién beneficia que no se reduzcan por escrito las sentencias? ¿Qué hay atrás de esta trama? Respondan ustedes a la ciudadanía. Estos antecedentes confirman que disponer la separación del cargo sin el análisis administrativo correspondiente genera afectaciones procesales, compromete el principio de seguridad jurídica y altera la continuidad del servicio judicial. Esto, como lo he manifestado, es una carta abierta para la impunidad, lo cual nosotros no nos vamos a prestar, como ya se lo hizo con consejos de la judicatura anteriores defendidos por cierta parte y estructuras políticas de esta Asamblea.

Es necesario recalcar que tampoco puede interpretarse la continuidad temporal en funciones como una imposición legítima. Mientras no exista un acto administrativo expreso de aceptación de la renuncia, la relación laboral se mantiene vigente. El juez Carlos Serrano continúa ejerciendo su cargo como juez con todas sus prerrogativas, inclusive estando en teletrabajo, como he manifestado, se le ha concedido, cobrando sus remuneraciones sin ningún problema, ya que la unidad anticorrupción, y quiero referir…

nuevamente esto

30 de diciembre de 2024, cuenta con un BPN que le permite generar sus actuaciones jurisdiccionales en cualquier…

lugar que se encuentra.

Esto es específico para los jueces que integran, juezas y jueces de la Unidad Anticorrupción. Como lo había dicho, el juez Carlos Serrano, el mismo día que solicitó su asignación de seguridad, también pidió que se le otorgue modalidad de teletrabajo, la cual fue aceptada por el director provincial de ese entonces, desde el 15 de diciembre hasta el 31 de marzo de 2026, a fin de precautelar su vida. Y vale aclarar, para que aquí acaben las suspicacias, que durante el periodo en el cual se le concede el teletrabajo, se remitió el oficio al Ministerio del Interior para la Concesión de la Seguridad, el Consejo de la Judicatura no emitió resolución alguna que suspenda, sancione o modifique de manera irregular su situación laboral.

Esto es relevante porque permite desmontar la narrativa, que la no aceptación de la renuncia es una represalia o presión institucional. he dado hasta un ejemplo de un magistrado de la Corte Nacional que debió… que debió…

cursar por todo el debido proceso.

Los hechos documentados respaldan la actuación administrativa del Consejo de la Judicatura. Y en síntesis, una renuncia presentada está sujeta a un análisis administrativo obligatoriamente. Existe un procedimiento arreglado orientado a garantizar la continuidad del servicio judicial. Actuaciones institucionales del Consejo de la Judicatura se mantuvieron dentro de las competencias del Consejo de la Judicatura. La responsabilidad del Consejo de la Judicatura para no dejar en la impunidad actos delictivos que no perjudiquen a la lucha contra la seguridad ciudadana. Sobre la seguridad, procedimiento y facilidad de la actuación del Consejo de la Judicatura.

Corresponde ahora referirme al tema de la seguridad judicial. Ha sido uno de los hechos más sensibles del debate público. Y al mismo tiempo… ¡Gracias! ¡Gracias!

uno de los más...

puestos a interpretaciones politizadas, por ello es indispensable abordarlo diferenciando claramente competencias, procedimientos y responsabilidades institucionales. En el Ecuador la evaluación del nivel de riesgo, la asignación de protección y administración de seguridad policial no son competencias del Consejo de la Judicatura. Estas funciones corresponden, como lo dije anteriormente, al Ministerio del Interior y a la Policía Nacional a través de las unidades técnicas y de protección conforme a sus propios protocolos y análisis de riesgo. El Consejo de la Judicatura no…

dispone

no ejecuta, no retira esquemas de seguridad, no cuenta con personal armado ni con capacidad operativa para hacerlo. Su rol en este ámbito es administrativo y de coordinación interinstitucional. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Significa que cuando se presenta una alerta, un pedido o una preocupación por parte de un juez o servidor judicial, el Consejo de la Judicatura canaliza la información, solicita las evaluaciones correspondientes y coordina con las entidades competentes y realiza el seguimiento administrativo. Pero eso debe quedar claro, el Consejo de la Judicatura no sustituye ni reemplaza las decisiones técnicas que corresponden a los órganos especializados en seguridad.

Este procedimiento se encuentra expresamente regulado en el Instructivo para la Gestión Administrativa de la Seguridad de Juezas, Jueces y Servidores de la Función Judicial. Dicho instructivo tiene como finalidad establecer un flujo administrativo claro, trazable y uniforme para la recepción, canalización, coordinación y seguimiento de alertas o requerimientos de seguridad. Respetando de manera estricta la separación de las competencias. Adicionalmente, este esquema se encuentra armonizado con lo dispuesto en el Acuerdo Ministerial Número 150 del Ministerio del Interior. Dicho acuerdo establece que la evaluación técnica de riesgos, la definición de niveles de amenaza y la designación o modificación de dispositivos de protección corresponden de manera exclusiva a la Policía Nacional, no al Consejo de la Judicatura.

Es importante señalar, y por favor, con esto se desmonta el relato. La comunicación del juez Serrano es recibida el 3 de diciembre, posteriormente el 4 de diciembre es procesada y respondida, el 8 de diciembre. El 8 de diciembre se remite el oficio al Ministerio del Interior comunicando los riesgos que tenía el juez Carlos Serrano. Es decir, por favor, escuchen esto, se procedió administrativamente en un lapso de dos días, ya que el viernes 5, sábado 6 y domingo 7 de diciembre fueron un feriado local. Por esta razón, atribuir al Consejo de la Judicatura o a su presidencia la responsabilidad directa por la asignación o el retiro de seguridad policial, constituye una afirmación que no soporta ningún tipo de análisis político.

Por favor, no lo mezclen, esto es técnico, no político. La ignorancia es atrevida, pero cuando la politiquería mete las manos y sus intereses, una mentira repetida mil veces la pretenden convertir en verdad. Sobre las actuaciones institucionales frente a los audios y las responsabilidades individuales, ahora corresponde referirme a las actuaciones institucionales luego de que se tuvo conocimiento de los audios difundidos públicamente, particularmente aquellos relacionados con los audios atribuidos a dos servidores de la función judicial. En este punto es relevante, es muy relevante, porque permite distinguir con claridad la responsabilidad individual, la respuesta institucional y competencias penales, evitando generalizaciones que no se sostienen.

jurídicamente.

En el curso de los hechos que son de conocimiento público, se divulgaron audios y presuntas interacciones entre ambos servidores judiciales. Hablo de presuntas, porque hasta donde yo tengo conocimiento, a la fiscalía no ha llegado ningún elemento probatorio y no se ha tramitado la respectiva cadena de custodia de estos elementos que he manifestado. Estos supuestos gestos de interlocución entre un servidor administrativo de la judicatura y un servidor jurisdiccional están relacionados presuntamente a un proceso penal de alta complejidad. La circulación de este material generó inquietud ciudadana, es normal, y en el ámbito político, como no podía ser de otra manera, al sugerir presuntas presiones sobre la labor jurisdiccional, particularmente en el contexto del proceso penal seguido en contra del ciudadano serbio Yasmir Cerdán.

Frente a esta situación, se procedió a individualizar la actuación del servidor involucrado, diferenciando su conducta personal dentro de la actuación institucional del consejo, distinción fundamental en un estado de derecho, en el que no existen responsabilidades colectivas ni imputaciones automáticas por pertenencia institucional. Lo que nadie ha dicho hasta el momento, para mantener las acusaciones sobre mi persona, es que desde mi despacho, como lo manifesté anteriormente, la investigación previa se apertura por el oficio remitido.

a la Fiscalía General del Estado.

Con esto manifiesto a ustedes que no es fruto del azar que la investigación se aperturó de algún editorial, es porque el presidente del Consejo de la Judicatura, quien está hablando con ustedes, puso en conocimiento inmediatamente de la Fiscalía estos hechos. Posteriormente a ello, el Consejo de la Judicatura actuó en base a sus prerrogativas, pidiéndole de manera expresa la renuncia al exdirector provincial de Pichincha el 22 de diciembre de 2025, la cual fue aceptada al día siguiente en la sesión ordinaria número 113-2025, acompañándose a dicha decisión con la apertura de un proceso investigativo disciplinario, conforme la normativa interna, con el objeto de determinar eventuales responsabilidades administrativas.

En síntesis, como presidente, actué de forma correcta y en apego a la norma, y el Pleno del Consejo de la Judicatura actuó dentro del marco de sus competencias. Sobre la gestión disciplinaria, sanciones y control institucional, se ha dicho que esta administración tiene un grave conflicto de intereses y que no tiene una actuación correcta, apegada a derecho y que no busca la justicia. Sin embargo, las cifras no mienten. Desde que inició mi administración, hemos sancionado a 26 funcionarios judiciales que se encuentran involucrados en casos como metástasis, hurga, plaga, me parece que hay unos testimonios anticipados por ahí, y otros casos, así como también a funcionarios que con sus actuaciones han deslegitimado a la función judicial y a la justicia en el Ecuador.

Esto es lo que les incomoda. Desde que asumí el cargo, se adoptó una línea y postura institucional firme. Desde luego, ustedes no la harán visible, porque varios de esos casos evidenciaron los beneficios judiciales que obtuvieron personas directamente vinculadas a la bancada que hoy pretende llevarme a juicio político. Es lógico, quien es incómodo para sus intereses, es mejor hacerle a un lado y dejemos en el camino a quienes nos resultan muy interesantes y además un rédito. Claros ejemplos. Wilman Terán o el Diablo, como lo conocían ustedes.

¿Será acaso que ustedes quieren que existan más jueces Curipayo, Marfetán y Lindau? Recordándoles que todos ellos fueron destituidos en mi administración. Vamos con más nombres que les fueron útiles y que hasta la presente fecha les siguen siendo útiles y que es necesario que ustedes den una explicación a la ciudadanía. Solanda Goyes, Sebastián Corral, Pablo Rosemena, Andrea Montalvo, entre otros. Esto es lo que la ciudadanía no debe olvidar. La dinámica de la politiquería.

Es fácil.

Mientras me sirves, te quedas, me estorbas, te largas. Sobre el conflicto de interés que se aduce por parte de la bancada que pretende llevarme a juicio político. En la narrativa que se ha querido construir en torno al caso del juez Carlos Serrano, es necesario evidenciar ciertos puntos que harán notar quiénes están atrás de todo el hinchamiento mediático en mi contra, en contra de mi esposa y con la finalidad clara de desestabilizar la función judicial. Es necesario hacerse varias preguntas. Espero.

Pueden ser.

felicidadas por ustedes. ¿Por qué el juez Carlos Serrano no presentó una denuncia en su momento? ¿Por qué el doctor Felipe Rodríguez, en vez de presentar una denuncia como corresponde, decidió publicar en su columna de medio primicias y se montó todo un show? ¿Acaso ambos profesionales en materia penal, expertos en materia penal, desconocen el manejo adecuado de la cadena de custodia? ¿El juez Carlos Serrano le presentó o le enseñó el video completo de la presunta amenaza a su abogado de manera íntegra? ¿El abogado Felipe Rodríguez fue quien entregó los audios al periodista Anderson Boscan para que éste comenzara con una narrativa y generar todo este linchamiento mediático?

Ahí les dejo unas preguntas, creo que ustedes tienen las respuestas. Como ya lo han visto el día de hoy, no me corresponde a mí pronunciarme sobre la investigación en curso, por existir reserva legal. Así como tampoco me corresponde pronunciarme sobre el manejo de la evidencia dentro de un proceso penal. Eso le corresponde a la Fiscalía General del Estado. Sin embargo, no se puede dejar de pasar el hecho de que dos profesionales, expertos en materia penal y procesal penal, han actuado de una forma que sale de los cánones de la práctica del derecho.

La publicación de los audios el día 22 de diciembre del 2025, en el nuevo canal del señor Anderson Boscan, generó un show total en el cual nos dimos inmiscuidos, mi esposa y yo. Sin tener participación alguna en el audio o sin haber sido nombrados. Automáticamente, sectores y actores políticos iniciaron un linchamiento mediático sacando a relucir información falsa respecto de mi persona y de mi esposa. Nos han tacado de abogados de narcotraficantes, han milipendiado toda una vida de esfuerzo y sacrificio profesional, creando historias falsas y realizando pseudas investigaciones.

Varios abogados, líderes de opinión, saltaron de forma encarnizada a criticar y a satanizar el libre ejercicio en donde ellos también lo hacen y sobre todo el libre ejercicio de la profesión de mi esposa durante toda su carrera y así como también yo lo hice en algún momento. A mí me han vuelto a atacar con la trama de los hermanos Larrea de quienes aclaré en su momento y lo vuelvo a hacer el día de hoy. Fui abogado en un proceso administrativo sancionador. No fui abogado de ellos en ninguna causa penal.

Yo no soy abogado penalista. O usted, abogado Ramiro García, doctor Felipe Rodríguez, abogado Pablo Encalada, abogado Samu Macías, ¿me han visto en alguna audiencia penal? Ustedes, como expertos en la materia, deberían explicar que el tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización conocida como narcotráfico es un delito, delito que se resuelve ante jueces penales, no ante autoridades administrativas. Esta es la falsa narrativa que se ha sentado en la impronta ciudadana. Pero lo que no han dicho es que en mi primer año de gestión, la embajada de los Estados Unidos me dio un reconocimiento por haber alcanzado el más alto peso de destrucción de drogas.

Así es, a quienes ustedes se tildan de narcoabogados, resulta que ha sido quien más ha colaborado con la lucha del narcotráfico. Pero seguramente no les conviene decirlo, porque es más fácil insultar y denigrar. Por otro lado, a mi esposa y a mí, nos han lapidado públicamente sin misericordia, con historias falsas y tergivesando los hechos, modificándolos al antojo de la narrativa de quienes están detrás de la búsqueda del Poder Judicial. En la causa...

El ciudadano serve.

mi esposa nunca ejerció la defensa técnica dentro del proceso penal y creo que por el comentario que he escuchado y el desconocimiento tengo que hacer énfasis en esto, entiéndase proceso penal desde el inicio de la instrucción para quienes no conocen la diferencia por el comentario. Ella fue abogada en materia.

en un proceso, en un delito de…

lavado de activos, delito lavado de activos, en la etapa preprocesal, es decir, antes que la Fiscalía formule cargos en contra de cualquier persona. Las causas en las que se ha referido de mi esposa…

¿sá?

se sustanciaron antes de que yo asuma el cargo del presidente de la Judicatura y dos de ellas tampoco son del delito de narcotráfico. Por favor, revisen bien. Insisto, la Asamblea les concede asesores, es prudente que puedan apoyarse en ese conocimiento técnico. Conforme obra del mismo sistema Salle, quienes han ejercido la defensa desde el mes de noviembre de 2024 son otros abogados, tampoco lo han de decir. Sin embargo, de forma incendiaria se descontextualizó absolutamente todo y se posicionó el falso mensaje que mi esposa…

abogada del ciudadano Sergio.

por haber recibido una notificación. Y para aquellos que tienen la grata experiencia de estar en el libre ejercicio, sepan diferenciar lo que es la notificación de la acreditación en una causa jurisdiccional. Cuando a un abogado le llega una notificación y que previamente ha renunciado a ese patrocinio, ya no tiene la acreditación legal. Si recibe la notificación, eso no significa que queda habilitado para realizar el patrocinio en una causa. Existen varios ejemplos a nivel nacional en donde las causas siguen siendo notificadas a abogados que ya no ejercen el patrocinio de un determinado ciudadano.

Y eso no significa que los abogados continúan en el patrocinio de estas causas. Es lamentable que ciertos abogados que tienen un alcance amplio en sus redes sociales, debido a su trayectoria, lancen la piedra y luego escondan la mano, así como para prestarse a la desinformación, generar un caos y rasgarse las…

las vestiduras de ser los impuestos.

o lutos aladiles de la justicia. Por ejemplo, he visto que el doctor Pablo Encalada sale a pedir públicamente mi renuncia y decir que tengo un conflicto de interés por los casos que alguna vez defendió a mi esposa. Sin embargo, él se olvida que fue abogado de personas procesadas en el caso Sobornos, caso Petroecuador y caso Alianza. Y también del expresidente Guillermo Olazo en el caso León de Toya, creo que se le hace conocido el nombre, proceso que inició por narcotráfico. Por otro lado, tenemos al señor Washington Andrade, futuro candidato de la Revolución Ciudadana, quien también parece ser de memoria corta.

Señor presidente.

Por favor, silencio, asambleístas. Asambleístas, les pido silencio para que el señor Godi pueda continuar con su intervención.

Como decía, tenemos al señor Washington Andrade, quien también parece ser de memoria corta, sí, memoria corta, porque resulta que él ha sido abogado.

en la causa denominada metástasis.

Aquí está el documento, aquí está el documento, pero lo más grave que conozca la Asamblea Nacional es que el abogado Washington Anrade ha defendido a personas que recibían dinero de nada más y nada menos que de Leandro Morero, quienes formaron parte del grupo de la supuesta pacificación de cárceles o también del ex juez de la Corte Nacional, Sanmo Macías.

Por favor, asambleístas, les pido nuevamente silencio para que el señor Godoy pueda continuar con su comparecencia.

Tomo la...

Buena intervención, señor Presidente.

o también del ex juez de la Corte Nacional, Samo Macías, quien además de haber sido mencionado en el caso metástasis en un testimonio anticipado por la presunta recepción de Coimas, ahora es abogado del señor Wellington Macías Zamora. Ustedes se preguntarán, ¿quién es este ciudadano? Pues es una de las personas que se encuentran procesadas junto al narcotraficante Celso Moreira, en el caso denominado Narco Fiesta. Así es, señores y señoras asambleístas, aquí está el escrito del caso para que ustedes puedan observarlo, la documentación que también está a disposición de la Asamblea, aquí está el escrito.

El ex juez Walter Macías es abogada…

Es abogado de un miembro de un grupo de...

delincuencia organizada. Así es esto. Tampoco podría olvidar la señora Holanda Goyes, quien salió de su descanso político simplemente a señalar a todo el mundo que ella es el faro de la justicia y la honestidad. Ella habla de una estructura delincuencial montada dentro del Consejo de la Judicatura, pero lo que no dice y que es bueno que ustedes también conozcan, es que sobre ella pesa una investigación penal derivada de un indicio de responsabilidad penal por malversación de fondos de la cooperación extranjera. ¿Han pedido información? No han pedido información.

¿Se ha fiscalizado? No se ha fiscalizado. En esto es necesario que tenga en cuenta la ciudadanía y ustedes asambleístas que este indicio de responsabilidad penal que derivó en esta investigación se da por la malversación de los fondos de la cooperación extranjera por haber contratado a la hija de su esposa, el señor Fausto Camacho, por trabajar en la dirección de acceso a los servicios de justicia cuando ella era directora o los contratos que mediante su fundación Mega Mujeres adjudicó al hijo del señor Camacho. Aquí está el indicio de responsabilidad penal generado por la Contraloría General del Estado.

Por cierto, acá es necesario decir, específicamente a la señora Coyes, no le siga mintiendo al país. Cuando usted habla de que existe una estructura delincuencial en el Consejo de la Judicatura, es desde su creatividad e imaginación. Porque si hablamos de redes de delincuencia, a más de la que llevaba… ¡Gracias! ¡Gracias!

su amigo, el señor Wilman Terán.

alias El Diablo, también está su red, no descubierta desde la creatividad maliciosa con puño y letra, que se publican en medios de comunicación escudándose bajo el nombre de fuentes internas, sino que esta red fue descubierta por la Contraloría General del Estado con informes de auditoría, con el tiempo necesario para que haya presentado sus descargos y que hoy la Fiscalía investiga. Que mejor invierta sus energías en ir a responder a la justicia por sus actuaciones, aunque conociendo sus nexos con la señora María Paula Romo y la bancada de la Revolución Ciudadana, quienes fueron las que les salvaron, les salvaron del juicio político, obviamente jamás será fiscalizada y seguirá en la impunidad.

Por último, cómo olvidar a la persona que fue encargada de la seguridad pública y del Estado en el ex gobierno del señor Lasso, en donde estaba presidida por la señora Viviana Veloz, la Asamblea estuvo presidida en donde a través de la Comisión de Fiscalización se generó la impunidad.

dignidad

con su bancada de varios ministros del señor Lazo. Y aquí tenemos que la seguridad pública y del Estado, del ex gobierno de Lazo, el señor Diego Ordóñez, sí, quien también incendió las redes sociales dándose golpes de pecho sobre la honestidad y pidiendo mi renuncia, diciéndome narcoabogado y atacando a mi familia, ese mismo Diego Ordóñez, que tiene los chats, en el caso Metástasis, nada más y nada menos que con el señor narcotraficante Leandro Norero, a quien ofrecía una solución para que salga de la cárcel y se defienda en libertad él y su familia.

Por si acaso, esta información es pública, se encuentra en el expediente judicial. Insisto, yo aquí expongo los casos que han defendido algunos profesionales del derecho, como lo hicieron conmigo y con mi esposa. La diferencia es que yo no vengo a hacer los juicios de valor, dejaré que la ciudadanía y que la opinión pública lo haga. Señores y señoras asambleístas, aquí no hay conflicto de intereses del presidente de la Judicatura, lo que hay es un interés de ciertos grupos políticos en tomarse la justicia para repartir impunidad, porque quienes me han tachado de narcoabogado sin haber jamás defendido una causa por narcotráfico, son quienes han tenido vínculos con el narcotráfico, con la corrupción.

con el que

crimen organizado y no con cualquiera, sino con las cabezas de estas estructuras narco delictivas. Punto clave a entender es que el Consejo de la Judicatura, como lo dije inicialmente, no determina responsabilidades administrativas, jurisdiccionales, perdón, no sugiere decisiones, no interviene en avaloración probatoria, no investiga delitos, no califica conductas penales, no imputa responsabilidades criminales. El Consejo de la Judicatura no tiene ninguna injerencia en las causas jurisdiccionales, por ende, no existe conflicto de interés alguno. El conflicto de interés se da exclusivamente sobre las actividades propias del Consejo de la Judicatura, como por ejemplo, un proceso de contratación, un procedimiento disciplinario.

Pero ¿por qué no existe un conflicto de intereses? Ustedes son los que crean las normas, porque precisamente la independencia judicial significa que las autoridades jurisdiccionales pueden tomar los fallos con toda la libertad. No somos los vocales los que dictamos sentencia, son los jueces. Ahora, en este momento yo había manifestado que teníamos información que se generó durante todo este escándalo histórico armado y me agrada tener la atención de la bancada de la Revolución Ciudadana. El Ecuador fue testigo de varios hechos, lo acabo de indicar.

documentar

Documentadamente no hay incumplimiento de funciones, sin embargo, deformaron a su antojo las realidades, pero a mí me gusta hablar con ellos, documentadamente, no con relatos construidos por parte de personas.

de asalariados en la política.

Quiero lanzar la pregunta del millón, ¿quieren saber por qué todos estos hechos comenzaron el día 22 de noviembre del 2025 y no antes? La respuesta es clara, la audiencia del señor Aquiles Álvarez, la audiencia de la general Tania Varela, el caso Sinoidro y el magnicidio del señor Fernando Villavicencio. Ciudadanía y medios de comunicación, investiguen quiénes son los procesados y a qué tiendas políticas pertenecen, ahí radica la esencia de este linchamiento mediático y la manipulación de la información. Lo que quieren es impunidad y para ello necesitan tomarse la justicia.

Asambleístas, ciudadanía, aquí vengo a decirles puntualmente al señor Aquiles Álvarez, sí llegó su mensaje con su mensajero, sí llegó el mensaje. El día sábado 20 de diciembre del 2025, por favor, en horas de la tarde, una persona que mantiene nexos tanto con la bancada que hoy pretende llevarme al juicio político y también con el gobierno del expresidente Guillermo Lazo, se contactó con uno de mis asesores, haciéndole llegar varios mensajes, los cuales desarrollé a continuación y que constan dentro de la denuncia penal. Primer mensaje, hasta ayer querían ayudar RC con bajar el tema político, si mueve la audiencia de Aquiles para mayo.

Este mensaje es claro, lo único que buscaban era impunidad para el señor Aquiles Álvarez. Querían volver a hacer lo que hicieron en las elecciones anteriores, o ya nos olvidamos que era para frenar la vinculación de la causa triple A. Se postularon como candidatos de relleno y lo que generó adicionalmente es que los hermanos del señor Aquiles Álvarez inscritos tenían inmunidad. Es clara la intención del señor Álvarez, impedir a toda costa que se instale su audiencia. Quieren gozar de fuero, no quieren dar la cara, simplemente quiere impunidad, esa impunidad que dan ciertos grupos políticos a personajes nefastos que sólo le han hecho daño al Ecuador.

Pero continúo, porque esto no termina aquí, esta persona que se contactó con mi equipo hizo referencia que los audios iban a salir el día 22 de diciembre del 2025, en referencia a los audios del juez Carlos Serrano, hecho que se consumó cuando salieron el día 22 de diciembre.

En 2025.

en las redes sociales de Anderson Buscán. Es evidente que el mensajero tenía información privilegiada de lo que iba a suceder, es decir, ya todo estaba cronometrado y estaba acordado. Pero ¿quieren un vínculo más? El mensajero afirma, por favor, el mensajero afirma que la señora Katrina está trabajando con Panchana, haciendo referencia a la señora Katrina Tala, dueña de la empresa Rompecabezas, quien mantiene vínculos con su bancada y que sigue vinculada al tema comunicacional, ahora con el señor Álvarez, desde el municipio de Guayaquil. Y sí, con la señora Gabriela Panchana, quien es editorialista del diario El Express, y compañero editorial de un procesado en el caso Sinoidro, ustedes saben a quién me refiero.

Todo esto se liga nuevamente con el municipio de Guayaquil. Por lo tanto, volvemos a la narrativa que el correísmo por medio del señor Aquiles Álvarez quiso manipular su audiencia buscando impunidad y ahora el fin de su bancada es tomarse la justicia. Mucho ojo con esto, los mensajes indicaban y que constan en el texto de la denuncia, mucho ojo con esto, el principal sponsor actual de ERC es Aquiles, pero adicionalmente en el mensaje que se envía dice, el jefe de bancada, José Andrés, hace todo lo que Aquiles le diga.

Por tanto, volvemos a quienes generan la impunidad, quienes quieren la impunidad. Y toda esta trama ha puesto en riesgo mi vida y la de mi familia. Aquí están los chats y parte de los chats. Se puede evidenciar que este mensajero enviado desde Guayaquil dice cuestiones muy… ¡Suscríbete al canal!

claras, como por ejemplo

Me lo niegan cuando se le hace una pregunta sobre qué caso es, es decir, tiene comunicación con su bancada. Pero además, dice que le pidió protección a ellos porque lo que más le preocupa no es posiblemente el tema político, sino el tema comunicacional. Ustedes han visto que el tema comunicacional ha sido desaforado, tres semanas de un embate comunicacional, todo esto estaba articulado. Aquí están los chats. Este es el daño que causan los grupos políticos desesperados por el poder, a fin de tapar sus cosas, dejar en impunidad sus actos y salir a darse golpes de pecho diciendo que son la clase más honesta del país.

Pues no lo son, por el contrario, solo son personas que no les preocupa nada más que sus intereses. Su impunidad y vivir descaradamente. Así como ustedes, de la bancada DRC, el señor Guillermo Lazo creo que tiene mucho que explicar, ya que la persona que contactó a mi equipo tiene vínculos con exfuncionarios de ese gobierno. Creo que también le debe generar preocupación posiblemente lo que pueda salir en el caso de la general Tanya Varela, donde están implicados Danilo Carrera, puñado del señor Lazo, y el fallecido Rubén Chérez.

Agradezco, agradezco en este caso que los datos, estos datos que yo les he manifestado en este momento, son datos que se encuentran y que constan en la denuncia. Ciudadanía, yo no vengo a hacer un escándalo con relatos, historietas e inventos.

Lo que hoy en día.

escuchado, estará en conocimiento de la Fiscalía General del Estado para que se investigue los delitos que se querían consumar a quienes se les solicitará, los respectivos actos urgentes que han sido ya solicitados con la respectiva denuncia. Ustedes preguntaban por qué no denuncié, está denunciado eso. Todo este entramado tiene una sola finalidad, hacerse nuevamente del control de la justicia, un hecho totalmente verificable, quieren impunidad, quieren control, no quieren ser fiscalizados. Por cierto, señor Aquiles, el mensajero creo que fue preparado a su imagen y semejanza, nos mandó un mensaje de intimidación.

mi esposa

Sí, al puro estilo, pero no se preocupe, porque ese mensaje también forma parte del acto urgente y la denuncia presentada en la Fiscalía. El mensaje enviado me generó una profunda reflexión, dentro de todos los mensajes está esta alusión de que el tema mediático será imparable e insostenible, así decían esos mensajes. Es decir, todas las amenazas que recibí se están cumpliendo, pero aquí radica la importancia de tener valores para aceptar todos esos ofrecimientos a la presente fecha, posiblemente me hubieran evitado tener a mi madre en un estado de nervio severo, a mi esposa en total depresión, y a mis hijas, que siendo niñas, se preguntan qué es lo que está pasando conmigo.

Pero tomé la mejor decisión, transparentar esto para que la ciudadanía conozca y sepa que este ha sido el modus operandi de la historia judicial del Ecuador, la amenaza, la coacción, el condicionamiento, el respaldo político a cambio de generar impunidad. Me conformo con hacer lo correcto, aun cuando eso signifique comprometer mi seguridad. Señor presidente, señoras y señores asambleístas, he comparecido a esta asamblea para exponer los hechos que son ciertos, las verdades incómodas que ciertos actores políticos no quieren que salga a la luz. Hoy vine a hacerles, a hacerles conocer al país la verdad que está detrás de todo este ataque mediático, del cual yo he sido el objetivo principal.

Porque saben que sacando a quien es incómodo para los corruptos, tan solo buscan el reparto y la impunidad. La relación de un procesado en una causa judicial y de una bancada de esta asamblea son los ingredientes esenciales para generar este show que ha quedado en evidencia, que siempre tuvo un claro objetivo, dilatar una audiencia, generar un linchamiento mediático, para desprestigiar al sistema de justicia, es evidente, y llegar a inscribirse en candidaturas y de esa manera brindarse de procesos judiciales y generar impunidad. Agradezco la recomendación que me ha dado el señor presidente Daniel Novoa, la evaluaré, pero en este momento, después del ataque que he recibido, quiero por su intermedio, como máxima autoridad del país, pedirles a los ecuatorianos que dentro del procedimiento de juicio político se me permita acudir ante la comisión de fiscalización para defender mi honor y que quede claro el país quienes están atrás de tomarse la justicia y quieren impunidad.

La independencia de funciones en nuestro país es fundamental. Aquí estoy, no he oído, estoy afrontando, aun cuando el escenario de las tramas y relatos que se han montado en mi contra, han dejado en evidencia que las intenciones son claras. Repartirse las funciones del Estado, empezando por la función judicial. Desde hoy, señor presidente, y con esto termino, responsabilizo al señor Aquiles Álvarez y a la bancada de RC y a todos los demás actores mediáticos que se han instaurado en estas falsas narrativas en mi contra respecto de mi seguridad y mi familia.

Ustedes, desde hoy, son los responsables de lo que me pueda pasar a mí y a mi familia. Muchas gracias.