Asambleísta Mabel Mendes. Señor Presidente, colegas asambleístas, un saludo al pueblo Azuayo y a todos los ecuatorianos que nos siguen en esta sesión. Al hablar de vivienda de interés social, no es un tema técnico, es un tema profundamente humano, porque es hablar de dignidad. Es hablar de familias que duermen con miedo cuando llueve, de madres que crían a sus hijos en espacios precarios, de personas con discapacidad que enfrentan todos los días barreras adicionales para acceder a un hogar digno. Y lo digo también desde mi propia realidad, desde mi experiencia de vida, porque cuando se pertenece a un grupo vulnerable, la vivienda no es solo un techo, es seguridad, es autonomía, es posibilidad de vivir con dignidad. Por eso quiero ser absolutamente clara con nuestra postura respecto al proyecto de ley que hoy estamos debatiendo. No estamos en contra de la vivienda de interés social. Desde esta curul siempre hemos defendido y seguiremos defendiendo el derecho constitucional a una vivienda digna. Defendemos a esas miles de familias que esperan una solución real, no un discurso. Pero precisamente por respeto a esas familias no podemos aprobar una ley que simula una solución mientras deja abierta una vía para el cometimiento de eventuales irregularidades. Este proyecto convierte una política pública en un nuevo beneficio tributario. Lo que aquí se plantea es que empresas privadas puedan reducir hasta el 30% de su impuesto a la renta a cambio de donar viviendas. Pero aquí hay que decir la verdad, ese dinero le pertenece al Estado, no es un regalo, es un impuesto que se deja de cobrar. Y cuando el Estado deja de recaudar, deja de invertir, deja de construir escuelas, hospitales, programas sociales y por supuesto también de construir vivienda. En este proyecto no existe claridad sobre cuánto se va a dejar de percibir el Estado. No hay transparencia en el impacto fiscal y eso vulnera principios constitucionales como la suficiencia recaudatoria y la progresividad tributaria. Además, este proyecto traslada la responsabilidad del Estado hacia el sector privado y eso es grave, porque la Constitución es clara y establece que garantizar el acceso a la vivienda es obligación del Estado, no una opción que dependa de la buena voluntad empresarial. No podemos permitir que un derecho se convierta en un mecanismo condicionado a beneficios fiscales. Peor aún, no existen controles suficientes para evitar riesgos evidentes como la revaloración de viviendas, la simulación de donaciones o los beneficios concentrados en ciertos sectores económicos. Esta es otra ley con dedicatoria a ciertos grupos empresariales. Compañeras y compañeros asambleístas, el déficit habitacional en el Ecuador es un problema estructural, no una emergencia coyuntural. No se resuelve con medidas improvisadas y con incentivos que debilitan las finanzas públicas. Se resuelve con política pública seria, con inversión estatal, con planificación y con alianzas responsables, no con privilegios tributarios. Desde la Revolución Ciudadana lo decimos con responsabilidad. Urgen soluciones reales, no proyectos de ley urgentes que benefician unos pocos mientras generan riesgos para todos, porque no se puede utilizar una causa justa como la necesidad de vivienda de los sectores más vulnerables para construir un mecanismo que en el fondo reduce recursos del Estado y no garantiza soluciones sostenibles. Desde esta curul seguiremos defendiendo la vivienda digna, seguiremos exigiendo al gobierno que no delegue sus responsabilidades al sector privado, que no improvise y que no convierta derechos en beneficios fiscales. Gracias, señor presidente, colegas asambleístas.