🕒 0:00 Doménica Carolina Escobar Galarza (100%)

Colegas legisladores, extiendo también este saludo fraterno a todos los ecuatorianos y ecuatorianas que siguen esta sesión desde distintos rincones del país y sobre todo a mi querida provincia de Tumuragua. Hablo hoy no solo como representante, sino también como la voz de los 2.34 millones de hogares que en Ecuador enfrentan un déficit habitacional que nos asfixia, porque no es una cifra vacía. Es el reflejo de que el 80% de nuestra población no tiene la capacidad económica para adquirir una vivienda formal. Ante esta barrera, el arrendamiento no es una opción de paso, es la única realidad de más del 21% de las familias ecuatorianas. En ciudades como Quito y Guayaquil, donde se concentra casi el 40% de las nuevas edificaciones, miles de ciudadanos viven bajo una ley que data de hace décadas, enfrentando a una inseguridad jurídica que paraliza la inversión y vulnera derechos. El sistema judicial actual es un cuello de botella, porque solo en el primer semestre de años recientes se han ventilado cientos de causas de inquilinato que tardan meses en resolverse, desgastando la economía familiar. Con esta reforma buscamos que la mediación deje de ser una alternativa lejana para convertirse en la solución inmediata. En el Ecuador, que estamos construyendo, un conflicto por el pago de un canon no debe significar un juicio de tres años, sino un acuerdo de un día. Y para eso estamos, estamos aquí para proteger al arrendador que invierte sus ahorros en un inmueble y al arrendatario que busca un techo digno para sus hijos. Modernicemos la ley para dar certeza a quienes construyen dignidad y a quienes lo habitan. El aporte propuesto no solo busca actualizar la ley, sino hacerla operativa frente a las carencias del sistema actual. La mediación como requisito de procedibilidad es vital, porque actualmente los juicios de inquilinato bajo el COGEP, aunque se suponen ágiles, suelen estancarse por falta de citación o carga procesal. Al proponer que la mediación sea obligatoria antes de ir a un juez, atacamos el problema de raíz, porque los datos de la función judicial indican que los casos que ingresan a mediación tienen una tasa de resolución altísima, cercana al 100% en ciertas jurisdicciones, y se resuelven en una fracción del tiempo. Y esto ahorra el dinero al Estado y evita que el dueño del inmueble pierda meses de renta sin poder recuperar su propiedad. Es necesario acotar que es importante y necesario el cumplimiento de la ley de inquilinato vigente que estipula en su artículo número 8 que los consejos cantonales tendrán a su cargo el registro de arrendamientos, sin embargo, este debería ser digital. El registro físico actual facilita la evasión de responsabilidades y la pérdida de documentos. Y ante esta reforma, he acotado proponer una plataforma interoperable entre los municipios y el registro de la propiedad. Porque esto permitiría que el contrato tenga una fecha cierta, de forma instantánea para el inquilino, que es la garantía de que su depósito está respaldado por un registro oficial. Y para el arrendador, que es la prueba irrefutable ante una inspección de control o un proceso de desalojo. Señora Presidenta, colegas legisladores, no podemos seguir postergando una respuesta a millones de ecuatorianos que hoy viven en incertidumbre. Y esta reforma no es solo una actualización normativa, es apostar por la eficiencia, por la seguridad jurídica y sobre todo por la dignidad de nuestras familias. Muchas gracias.