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Nuria Susana Butiñá Martínez (75%)
Buenas tardes, Presidente. ¿Me escuchan? Sí. Quería, antes de empezar mi ponencia, enviar un saludo a los ciudadanos de San Borondón y a los ciudadanos de Guayaquil, que no es lo mismo, pero que son parte del Distrito 3 al que pertenezco. La ciudad, la hermosa ciudad de Guayaquil donde he vivido siempre. Dicho esto, compañeros, voy a centralizar mi intervención en cuatro ejes que los considero sumamente importantes aclararlos. Hoy no estamos analizando un simple proyecto técnico, que no tiene nada de económico para la gente en emergencia o en urgencia, ni tampoco un interés minero urgente. Lo que estamos deliberando o viendo en este análisis de esta ley es un intento deliberado de cambiar las reglas del juego, de cambiar las normas constitucionales, ¿para qué? Para favorecer intereses mineros por encima del interés nacional. Y lo digo con absoluta transparencia, este proyecto no fortalece al Estado, por el contrario, lo debilita, lo vuelve vulnerable frente a intereses foráneos. No protege a las comunidades, las expone, no garantiza desarrollo, garantiza privilegios. Se ha encantado instalar una narrativa más que tiene que ver con que los de la revolución ciudadana nos oponemos a este proyecto y estamos en contra del progreso, nada más falso que esto, y voy a decirlo con absoluta contundencia. Lo que defendemos desde la bancada de la revolución ciudadana es un modelo de desarrollo con soberanía, con control, con regulación y con el pleno respeto a la Constitución. Escuchaba por ahí al asambleísta Tapia hablar de datos. Lo que menos se está respetando en este proyecto de ley es la información, la trazabilidad, el contraste y la veracidad. Decía mi compañera Mónica Palacios que las consultas realizadas en territorio como Quinsacocha deben ser escuchadas y respetar a las comunidades a decidir sobre su agua y sobre su territorio. Este proyecto, en cambio, no nace de una planificación, responde de manera arbitraria a intereses particulares. No nace del consenso social y nace de la prisa. ¿Qué tiempo ha pasado entre el primero y el segundo debate? Nace de la prisa para acelerar la extracción y de la intención de reducir los controles. El patrón es el mismo, claro y reiterado. Reducir los mecanismos de regulación, reducir los mecanismos de control del Estado, no hay autoridades de control que cumplan sus funciones y ampliar el margen de acción de intereses externos sobre nuestros recursos estratégicos. Esto, señores, no es modernización. ¿Qué es la modernización? La eficiencia, la transparencia, la celeridad, el no entrar en trámites burocráticos, pero cumplir con la necesidad de que se está cumpliendo con las normas que se requieren para temas que tienen un trasfondo de protección constitucional. Esto es un debilitamiento progresivo a la soberanía. Sí, y lo digo bien claro, es un contenido que trata de manipular lo que alguna vez ya se habló y lo dije yo misma en el Pleno Número 7, de que se trata de violar la norma constitucional para imponer exigencias o requisitos fuera de esas normas. Los ejes a los que me voy a referir tienen que ver con controles ambientales, que es primordial. El artículo 3 del proyecto pretende sustituir el artículo 26 de la ley de minería. Actualmente la norma exige la obtención de una licencia ambiental. Y ya mis compañeros han hablado el por qué es necesario tener certeza de que esa licencia cumple con requisitos que están protegidos, que deben de estar relacionados con el cumplimiento de la norma constitucional. Con la propuesta bastaría una sola autorización administrativa. Y yo me pregunto, señores, ¿y dónde está la seguridad jurídica? ¿La dejamos de lado? Podría parecer un simple cambio terminológico, pero no lo es. La licencia ambiental implica la elaboración de estudios de impacto ambiental completos, rigurosos, participativos, conforme lo dispone el artículo 179 del Código Orgánico del Ambiente. Estos estudios, señores, no son un trámite menor. Determinan la magnitud del impacto, las afectaciones acumulativas y los riesgos de las fuentes hídricas y los ecosistemas. Reducir este estándar no es simplificar procesos, señores. Es disminuir garantías y abrir la puerta a proyectos de evaluación integral. Yo he hablado siempre de simplificación de procesos. La simplificación de procesos va de la mano con sustituir papeles o requisitos que ya los tiene o información que ya la tiene el Estado. Hacer más ágil el servicio. Eso es simplificar procesos. Entonces, no dibujemos, no tergiversemos los términos y vámonos al contexto. Lo que aquí se quiere es reducir los controles del Estado y obtener un servicio orientado a ciertos grupos económicos. Y no se equivoquen. Cuando se debilita el estudio del impacto ambiental, no se está reduciendo la burocracia, señores. Se está reduciendo las garantías. Se está reduciendo la protección. Se debilita el derecho constitucional a un ambiente sano, que básicamente ese es el fin de cumplir la ley. Se afecta el principio de prevención y se limita la capacidad del Estado para ejercer dicho control. El segundo eje tiene que ver con el régimen de privilegio territorial. El artículo 7 introduce la figura de los llamados claustros mineros. Y ya mis compañeros han hablado de esto. Que en la práctica, lo que se está configurando es un esquema diseñado para articular negocios perfectos. Señor presidente, por ahí ya están hablando y uno siente que no están siguiendo la línea importante que se debe seguir en este análisis. ¿En qué se traduce esto, señores? Planificación y ampliación prioritaria de tener la red eléctrica para proyectos mineros. Infraestructura vial para garantizar a los mineros. Condiciones logísticas especiales para negocios mineros. Y facilidades en el acceso a explosivos y materiales estratégicos para negocios mineros. Es decir, un paquete integral de beneficios concentrados en zonas específicas para favorecer la actividad extractiva. Y me voy a lo que considero algo importante. Cuando se crean estas asimetrías en la asignación de recursos y en las tomas de decisiones, señores, no es causal, no es casual. Revela con claridad hacia dónde se están orientando las verdaderas prioridades. ¿Dónde está ese mismo compromiso con el pequeño productor? Y hago esta analogía porque efectivamente el pequeño productor queda de lado y se focaliza este cúmulo de beneficios para ciertas actividades. ¿Dónde está esa urgencia para los barrios que viven bajo la inseguridad? ¿Dónde está esa planificación seria para fortalecer la economía del ciudadano común? Este proyecto, señores, configura un estado selectivo donde incluso las garantías laborales quedan en entredicho. ¿Quién asegura que dentro de los llamados clúster se respetarán plenamente las normas laborales? Se crea un marco excepcional que abre la puerta a interpretaciones interesadas. Y ya sabemos cómo funciona esto. Cuando la ley se diseña con vacíos y privilegios, se convierte en el mecanismo perfecto para eludir controles. Cuidado dejan cual viejo positivismo echa la ley y lista la trampa. En conclusión, señores, lo que se plantea es un estado excesivamente entreguista frente a las multinacionales mineras. pero débil cuando se trata de proteger a los ciudadanos y de resguardar nuestros recursos estratégicos y de enfrentar con decisión la pobreza. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias.
🕒 11:15
Nuria Susana Butiñá Martínez (75%)
Pero, señores, Galápagos, con Galápagos no se juega, señores. Aquí hay intereses u oportunidades. Ya se trató en algún momento de introducir bases militares, foráneas, internas, extranjeras, y ahora, con el cuento de la minería, se está tratando de meter al extractivismo en las islas. Con Galápagos no vamos a permitir que se juegue, señores. Hago aquí un hincapié importante. El artículo que se refería mi excompañero, el que entró por la Revolución Ciudadana...