Muy buenos días, estimados asambleístas, señor presidente y autoridades presentes. Soy el doctor José Chiriboga, psicólogo investigador doctoral en políticas públicas de Enflaxo Ecuador. Soy coordinador del Observatorio de Políticas Públicas de Salud Mental del Ecuador y miembro del Consejo Consultivo de Salud Mental del Distrito Metropolitano de Equipo. Desde ese rol me dedico a la investigación y al análisis técnico de la política de salud mental y he tenido la oportunidad de brindar asesoría al proyecto de ley que será debatido a continuación. Por ello, mi intervención se centrará exclusivamente en criterios técnicos. En primer lugar, es importante recordar que cuando la anterior Comisión de Salud presentó la Ley Orgánica de Salud Mental, se unificaron ocho proyectos de ley. Este proceso contó con una amplia participación de organizaciones profesionales de la sociedad civil. Sin embargo, también generó que bajo presiones de distintos grupos de interés, se perdieran tres elementos esenciales que deben caracterizar a todo instrumento de política pública. Coherencia, congruencia y consistencia. Siendo el mayor problema de incongruencia entre el modelo de gestión declarado, es decir, el modelo comunitario, y el articulado que acompañó la ley, además de otras debilidades estructurales. Con el fin de identificar estos problemas, se realizó un análisis técnico de la Ley Orgánica de Salud Mental, utilizando la lista de verificación de la Organización Mundial de la Salud, comparándola además con las demás leyes de salud mental vigentes en Sudamérica. El resultado fue claro. La ley ecuatoriana obtuvo la peor, o la quinta peor, calificación de los seis proyectos analizados. Siendo las dos dimensiones con menor calificación, los ítems relacionados a los mecanismos de participación ciudadana y a los servicios comunitarios. El nuevo proyecto de ley que hoy se presenta, busca precisamente corregir estas fallas de diseño y fortalecer una estructura operativa basada en la articulación intersectorial y en el funcionamiento en red de los servicios de salud mental. Hoy, los sistemas modernos de salud han transformado la lógica del ciclo de atención integral, priorizando la promoción y la prevención como pilares fundamentales. Esta transición permite reducir costos de transacción, tanto para el Estado como para la ciudadanía, disminuye el gasto de bolsillo en fármacos y terapia y posibilita la implementación de estrategias de alcance masiva, superando las intervenciones exclusivamente individuales. Por ejemplo, en la fase de promoción, se impulsan estrategias de psicoeducación para fortalecer factores de protectores de salud mental en niños, niñas y adolescentes. En la fase de prevención, se implementan mecanismos que cuentan con evidencia científica, como los tamizajes psicosociales en unidades educativas, los cuales también se pueden ampliar a los espacios universitarios. Estos facilitan la detección temprana de problemas de salud mental y otros problemas de salud pública, como el suicidio y el consumo problemático de sustancias, problemas que tienen una gran prevalencia en el grupo etario de 15 a 25 años. En estas fases, se contará con la participación de estudiantes universitarios como parte de sus prácticas pre-profesionales, ayudando a que ganen experiencia profesional y produzcan investigación, que tanto falta le hace al país. En cuanto al acceso y la cobertura, el proyecto también aborda temas esenciales. Uno de ellos es el reforzar el cumplimiento de la obligatoriedad de la cobertura de servicios de salud mental por parte de los seguros privados, ya establecida en la ley vigente y su reglamento. Una investigación que realicé sobre 29 seguros privados mostró que sólo 5 ofrecen cobertura total, 12 cobertura parcial o condicionada, y otros 12 no ofrecen cobertura o no la explicitan. Parte del problema radica en la limitada capacidad de las agencias de control, como la ACCES y la ausencia de sanciones claras dentro de la ley vigente, lo que generó un vacío entre la norma y la institucionalidad. Otro aspecto clave que se incorpora en este proyecto es la disposición de espacios comunitarios dentro del primer nivel de atención de la República Integral de Salud. Uno de los principios centrales del modelo comunitario, respaldado por la OMS y Naciones Unidas, es reorganizar los servicios hacia el primer nivel de atención mediante dispositivos comunitarios. En el caso ecuatoriano, la estrategia más eficiente es anclarlos a los subcentros de salud del primer nivel de atención, especialmente los de tipo C, que ya cuentan por normativa con profesionales de salud mental. Esto evita un mayor gasto público, aprovechando la infraestructura existente y amplía el alcance territorial de la atención, especialmente en zonas que actualmente están subatendidas por la marcada concentración de servicios dentro de los grandes cantones, particularmente en la ciudad de Quito. Además, genera un enlace entre la comunidad, los servicios de salud mental y otros servicios de salud. Finalmente, considero fundamental la creación del Consejo Consultivo de Bebeduría Ciudadana en Salud Mental. Aunque la ley actual contempla un mecanismo de bebeduría bajo el Consejo de Participación, este quedó relegado a un dispositivo débil, sin funciones claras ni capacidad consultiva. En contraste, todos los marcos normativos de salud mental de la región incluyen organismos consultivos robustos. Además, ya contamos con un antecedente exitoso a nivel subnacional en la Ordenanza de Salud Mental de Quito. Estos consejos permiten servir como un enlace permanente entre el Estado, la sociedad civil, la academia y los usuarios. Permiten vigilar y monitorear la implementación de la política de forma continua. Permiten producir investigación científica que genere insumos técnicos para el diseño e implementación de programas públicos más eficientes y más efectivos. Permiten tener una mayor garantía sobre el respeto de los derechos de los usuarios y permiten asegurar mecanismos constantes de evaluación y validación de los instrumentos de políticas públicas. Estimados asambleístas, todo instrumento de política pública es mejorable. No obstante, es fundamental que las recomendaciones que surjan sobre este proyecto y proyectos similares o idénticos se realigen bajo criterios técnicos y manteniendo una estructura lógica y coherente del proyecto, evitando repetir los problemas que presenta la ley vigente. No necesitamos ocho nuevos proyectos reformatorios, necesitamos únicamente un proyecto sólido y técnico. Muchísimas gracias. Gracias.