Sesión No. 110-AN-2025-2029 del pleno de la Asamblea Nacional

sea en pleno. Bienvenidas, bienvenidos.

Primero, muchas gracias por la entrevista. Hoy tocamos el primer debate a las reformas del COTAD, que ciertamente es la ley que regula a todos los gobiernos autónomos descentralizados del país. Reformas importantes, pero sobre todo creo que los apostas que vamos a hacer el día de hoy a algunos asambleístas le van a dar mucho más peso a la propuesta que ha llegado al Pleno. De eso se trata. Y también, obviamente, esperando que el debate tenga un nivel y una altura adecuada, porque generalmente acá suelen traer temas que no tienen nada que ver.

Por cierto, de alguna parte de algunos asambleístas. A ver, temas relacionados con el ordenamiento territorial. Se definen claramente las competencias que tienen que ver entre el municipio y la prefectura. Por ejemplo, muchas veces la ciudadanía no sabe esta calle a quién le corresponde arreglar. Dice, esto le corresponde al prefecto, le corresponde al alcalde. Perfecto, esto va a delimitar muy bien las funciones que ellos tienen con relación al PUX, que es un instrumento que regula aquello. Los plazos que tienen ahora los municipios para poder emitir las autorizaciones para la infraestructura de telecomunicaciones, que es importantísimo.

Son básicamente 30 días los que tienen para hacer esta aprobación de manera rápida, oportuna. Hoy el país no puede estar desconectado. Tenemos zonas rurales en donde no tenemos internet todavía. Y eso es parte de la falta de infraestructura y la falta de normativa y regulación que tienen los gobiernos autónomos descentralizados. Las funciones de los concejales que se refuerzan aún más dentro de este proyecto, a diferencia de que algunos comentarios o criterios de algunos colegas que decían que se les está quitando atribuciones, acá se les está dando atribuciones a los concejales.

No se les quita absolutamente nada. Y de lo que puedo decirle es que vamos a proponer, desde mi despacho al menos, que se establezcan claramente los roles de fiscalización de los concejales que han sido básicamente invisibilizados durante todos estos años. El alcalde no les da la información, no hay un rol que puedan fiscalizar. Por eso es que generalmente traen a la Asamblea Nacional casos que deberían ser investigados y analizados en los senos de los consejos cantonales y envían los ciudadanos a la Asamblea Nacional porque sienten que casi pueden ser escuchados.

Eso es parte de las importantísimas reformas al cotazo.

Ese es un tema importantísimo que es uno de los fundamentales, además, y se me había escapado. Cuando llega una administración y se encuentran las obras, por lo general, esos celos que tienen con los anteriores, han evitado el progreso. Porque dicen, esa obra no es de mi incumbencia, no arrancó en mi periodo, pero no. Con esta reforma lo que estamos haciendo es acabar con esos prejuicios que existen entre las administraciones que entran y salen, y por lo tanto, cuando ingresan a la administración pública tienen la obligación de acabarlas.

Tampoco se trata de que acaben por acabar, no. A ver, cuando son obras que tienen sobreprecios, que han sido obras que tienen procesos judiciales y más, serían las decepciones a la regla. Pero, por lo general, lo que estamos estableciendo acá es que alcalde o prefecto que llegue a una administración tiene que continuar y acabar con esas obras para que no queden esos fierros oxidados que tanto daño le hacen al país.

Como decía hace un momento, el ordenamiento territorial es clave dentro de la reforma que está planteando la Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados. Y en esta medida, lo que se plantea es precisamente que las personas que hayan hecho posesión o tengan un tiempo dentro de esos asentamientos, tengan la posibilidad de reclamar los mismos, pero con base a un proceso establecido, un proceso claro, legal, que hoy lo vamos a discutir. Insisto, algo que lo dije hace un momento, incluso adentro, conversando con los colegas, por ventaja, el primer debate es algo que no está escrito en piedra.

Y eso nos permite en estos momentos, en este timing político y legislativo, resolver y adecuar esos textos, mejorarlos y es más, hacer otros aportes más que son muy buenos y positivos para esta ley.

Muchísimas gracias.

Íntegro, es moderno, armonizado, elimina la duplicación.

cualquier alternativa, pretexto, para no continuar la obra de sus antecesores. Porque hay muchas obras que requieren tiempo, que requieren tiempo. No hay obras que se hacen tres meses, seis meses, hay algunos procesos que demoran años, obras emblemáticas e importantes. Pero ahí está, como no quieren que la anterior brille, entonces suspenden. Se inventan cualquier cosa, paralizan la obra y la destruyen.

La reforma ya no habla únicamente de regularizar asentamientos, ahora define con precisión el verdadero objeto jurídico de la expropiación especial.

Señor secretario, por favor verifique el quórum para instalar la continuación de la sesión 108.

Muy buenos días con todos quienes nos observan, nos escuchan a través de los medios legislativos, saludar a toda la ciudadanía ecuatoriana. En efecto, el día de hoy hemos sido convocados para continuar con un debate súper importante que es la reformatoria Alcotad, una normativa que regula las competencias exclusivas y concurrentes de los gobiernos autónomos descentralizados, parroquiales, cantonales y provinciales. Desde nuestros aportes que hemos realizado desde el territorio, nos parece muy importante conocer que ahora las competencias y el alcance que va a tener las prefecturas, ya no sólo van a limitarse de pronto a una inversión en cuanto a vialidad rural, también va a entrar un análisis de qué va a suceder con los sectores urbanos, que también están divididos, hay una parte que se encuentra en el sector urbano, otra parte en el sector rural y justamente eso hemos debatido en esta propuesta.

Y otro de los articulados también que me parece muy importante es que es necesario terminar con la dependencia y el clientelismo de obras. ¿A qué me refiero? A que no es posible que una autoridad que termine su periodo administrativo de pronto deja una planificación realizada, deja un presupuesto planificado, pero llega la otra autoridad y lastimosamente se deshace toda esa planificación. ¿Quiénes pierden ahí? No es la autoridad que salió, sino pierde la ciudadanía. En ese sentido hemos dicho que colocar una causal para también observar aquella autoridad que no cumple con la planificación, que estas planificaciones, nuevamente hemos dicho, deben ser dialogadas con participación ciudadana y obviamente esta reformatoria Alcotad se merece y debe tener toda la atención de la ciudadanía.

¿Por qué razón? Porque son las juntas parroquiales, son los municipios y son las prefecturas los que hacen la inversión pública desde los territorios.

El día de hoy nosotros por supuesto vamos a apoyar a este proyecto de ley porque es justo y necesario brindarles esta oportunidad y el derecho que les corresponde a las niñas, niños y adolescentes el convivir en un seno familiar. Por ello hemos visto datos muy alarmantes en el año 2025, solo 85 procesos de adopción se han realizado. ¿Qué quiere decir eso? Que existe burocracia, que existe lentitud y justamente esta normativa está llamada a eso, ¿no? A agilizar estos procesos quienes cumplan con todos los requerimientos que actualmente se está solicitando y nuevamente hemos dicho, si hay un funcionario público que no cumpla los procesos debidamente establecidos, pues tiene que ser sancionado porque no podemos permitir de que un niño y una niña de pronto quede a espera de ese derecho que la constitución le atribuye, ¿no?

Que es vivir y convivir dentro de una familia. En ese sentido también hemos visto justo y necesario plantear y también apoyar esta propuesta porque los tiempos se van ya definiendo, hay límites de tiempos, hay la situación que hoy por hoy hemos dicho, no es justo que de pronto estos procesos se tengan que demorar tanto y ahora pues con esta reformatoria lo que se va a hacer es poner mucha atención para que si no cumplen en los tiempos que se requiere la ley, pues tengan esa llamada atención.

Por supuesto que sí, estamos también observando y por eso hemos dicho nuestro apoyo total a este proyecto de ley, porque no sólo hablamos del niño o niña adolescente, sino también le damos acompañamiento y participación para que aquel niño o niña que haya terminado esta edad, pues también pueda tener esa participación en la formación académica. Muchísimas gracias, estaremos atentos. A ustedes, gracias.

Gracias, señor secretario. Señores asambleístas, antes de continuar con el tratamiento del primer punto, suspendemos la sesión para declararnos en comisión general, de acuerdo a lo previsto en la ley orgánica de la función legislativa. Señor secretario, por favor, dé paso a la comisión general.

Primero, agradecer por haberme dado el uso de la palabra, es la continuación del debate anterior donde habíamos ya hecho alguna suerte de observaciones al mismo. Sin embargo, hay que destacar algunas cosas, se lo había dicho a mi colega Lucía Pozo hace algún tiempo, primero felicitarle por la labor que viene haciendo ella y todos los comisionados dentro de la Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados. Temas que debemos destacar dentro de este proyecto, algunos colegas. Primero, alegrarme de que primeramente se ha tocado el tema de las telecomunicaciones y la infraestructura de las mismas, así como el agua potable, así como la luz, hoy el Internet es parte de un servicio básico prácticamente.

Desde la pandemia nos dimos cuenta de que esto no es un capricho, es una necesidad de la gente imperiosa que valía la pena reformarla, que valía la pena tratarla y al establecer un periodo de 30 días para que se concedan las autorizaciones, se discutan las autorizaciones por parte del Gobierno Autónomo Descentralizado, eso significa más Internet, más conectividad para las zonas pobres, para las zonas más alejadas de nuestro país y por eso quiero empezar felicitando porque realmente tocar temas de telecomunicaciones hoy en día es hablar de un derecho humano para la gente y para los estudiantes de las escuelas de nuestra ruralidad ante todo.

Luego destacar también el hecho de que toquemos las famosas obras abandonadas, nosotros tenemos varios ejemplos y seguramente, colegas, ustedes en sus cantones tendrán exactamente los mismos, alcalde, prefecto, presidente de junta parroquial que llega y no le gustó que haya iniciado su antecesor una obra, simplemente la abandona, eso tiene que ser causal de remoción siempre que la misma no sea justificada, porque yo entenderé que si la obra es parte de una cadena de custodia, de un proceso penal, no se la puede tocar, pero cuando no existe inconveniente, cuando no existe pretexto, esa obra hay que continuarla y por supuesto que tiene que estar contenido dentro de este proyecto, el hecho de que alcalde, prefecto, presidente de la junta parroquial que no cumpla con lo que tenía que hacer, que es la obra pública y lo haga por su capricho, pues tenga que ser sancionado conforme manda la ley.

Las delimitaciones, de acuerdo al plan de uso y gestión del suelo, los famosos PUCs para que la ciudadanía conozca a quien le pertenece continuar la obra pública, en campaña nosotros hemos recorrido el territorio, cuando vamos a nuestros cantones lo hacemos también caminando con nuestra gente y cuando los ciudadanos nos ven, piensan que los asambleístas hacemos obra pública y no es así, quienes hacen la obra pública son las juntas parroquiales, los gobiernos autónomos y por supuesto, prefectos, alcaldes y evidentemente la red vial estatal que es parte del gobierno central, pero muchas veces el ciudadano no sabe a quien le corresponde, ven la vía y dice esto le corresponde al prefecto, esto le corresponde al alcalde o esto le corresponde a la junta, nadie sabe, por fin se está ordenando esto y delimitando con claridad qué es lo que tiene que hacer cada uno de ellos y qué vías son exactamente las que tiene que hacer cada uno de los presidentes o representantes de los gobiernos autónomos descentralizados.

Yo quería hacer un aporte fundamental que estoy seguro que se lo va a tratar y que se lo va a acoger por parte de nuestros colegas y comisionados de gobiernos autónomos descentralizados. Hay concejales en todo el país que son buenos, hay concejales que son malos, hay concejales que van a calentar el puesto y que no han hecho en su vida un acto de fiscalización, peor han presentado un proyecto de ordenanza, simplemente van, pero a diferencia de nosotros, pues, he visto en ciertos municipios que es el colmo de la comodidad, tienen choferes, planes de celular, un montón de cosas que nosotros acá no lo vemos, por ejemplo, y estas personas tienen que ir a trabajar, pero cuando hablamos de trabajo hablamos de que tienen que ser escuchados también por parte de los representantes de turno.

Hay muchos concejales que hacen bien su trabajo, piden información, pero realmente es desastroso que muchas veces no se les da respuesta. Hay que establecer dentro de este proyecto la posibilidad, de hecho, la facultad que tengan ellos para hacer actos de fiscalización que finalmente terminan algunos viniendo a esta asamblea, porque Ciudadanos confían más en nosotros que en algunos consejos municipales, pero mucho de eso se debe también a que no les dan información. No existe un solo capítulo, una sola sección en el COTAD en donde se establezcan las potestades de fiscalización de los concejales a los cuerpos colegiados descentralizados, como son prefecturas, alcaldías y juntas.

Y por esa razón es necesario incorporar dentro de este proyecto esa potestad para que dentro de los 15 días puedan recibir la información que soliciten y puedan de esta manera hacer su labor de fiscalización como exige la Constitución y la ley. Un concejal sin información, colegas asambleístas, es un concejal que está pintado, no hace absolutamente nada. Y un concejal pintado no es otra cosa que un cheque en blanco para la autoridad de turno. Hay concejales que hacen bien su trabajo y, por supuesto, hay concejales que no hacen absolutamente nada.

Con esos aportes, simplemente decirle, Presidente y colegas, que estamos seguros de que el proyecto es positivo y que en este debate aprovechemos más bien para que todas nuestras intervenciones sean para aportar y no para hablar de temas que no tienen absolutamente nada que ver con este tema. Muchísimas gracias, Presidente. Gracias, colegas asambleístas.

Gracias, asambleísta. Permítame solo decir una cosa, para la Asamblea es un altísimo honor recibir al presidente, o fue un altísimo honor recibir al presidente de la Cámara de Representantes de Australia, desde hace 125 años de relación no había habido una visita así, yo les agradezco a todos los legisladores por su educación y comportamiento. Adicionalmente, señor secretario, por favor, por correo electrónico, remita a todos los legisladores del discurso en español del presidente de la Cámara de Representantes. Ahora bien, como ustedes saben, asambleístas, en el debate anterior y por eso es que, por el interés que esto ha generado, lo hemos suspendido y lo hemos reinstalado el día de hoy, están registrados como palabra, si quieren intervenir también en este debate, los honorables legisladores Serrano, Mateus, Amaniego, San Martín, Aguas, Yumbay, Cabrera, Parinango, Aguirre, Orellana, Lazo y Molina.

En ese sentido, si van a intervenir, que sepan que están registrados y si fue el registro de la sesión anterior y no quieren intervenir, para que quiten también el registro. Continuamos, tiene la palabra el asambleísta Alfredo Serrano.

Hay que reconocer que en este tema se avanzó en la Constitución del 98, del 2008, ahora se habla de los gobiernos autónomos. Vean ustedes la diferencia entre la Constitución del 98 y la del 2008. Se crea, se potencializa la autonomía en la Constitución del 2008. Ya tenían autonomía administrativa, financiera y política los gobiernos seccionales. Ahora incluso el nombre se les cambia y se les dice gobiernos autónomos descentralizados. Por lo tanto, nunca abordamos de vista esta definición, porque no solamente es el nombre. Detrás del nombre de los gobiernos autónomos descentralizados existe una clara intención, que es mantener la autonomía de los gobiernos autónomos descentralizados del país, que son las juntas parroquiales, que son los municipios y que son obviamente los consejos provinciales.

Es decir, el Ecuador decidió ya en 1998 que tenía que haber cuatro tipos de gobiernos. El gobierno central, el gobierno provincial, el gobierno cantonal y el gobierno parroquial. Por tanto, señores, bajo ese esquema, bajo ese concepto, es que viene la regulación de ese proceso a través de la ley. Solamente cualquier cambio que se haga en la medida en que se defiendan los conceptos fundamentales de lo que significa autonomía, de lo que significa descentralización y de lo que significa el respeto a estos gobiernos que también son elegidos por el voto popular.

Procedo a hacer mis observaciones sin dejar pasar esta definición clara jurisprudencial que conste en nuestra Constitución y el cambio en el cual ha avanzado el país. El artículo 1, yo no sé si tiene sentido pasar el tiempo definiendo lo que son las famosas integrantes del Consejo Regional. Ha pasado ya 18 años de la Constitución de Montecriste donde se inventaron esta novelería de las regiones, que significa que una provincia declina a ser provincia para convertirse en región. Yo les pregunto, principalmente a los asambristas provinciales, no a todos, ¿su provincia está dispuesta a dejar de ser provincia para convertirse en región?

¿No hay una unificación previa a unificación de varias provincias más? No, y eso nunca pasó, está durmiendo ese artículo ahí en la Constitución y sin embargo acá se está poniendo un artículo para regular ese proceso. Yo creo que nunca se va a poner en vigencia ese artículo de la Constitución de la República. El artículo 3, aquí comenzamos a hablar ya de la autonomía. El artículo 3, ¿qué dice compañeros legisladores? El artículo 3, reforma el 54 de la actual ley, regular y controlar el uso del espacio público cantonal, de manera particular el ejercicio de toda actividad que se desarrolle en él, la colocación de publicidad, señalización o redes.

Y aquí viene la palabra mágica. Excepto, no podemos por ley de la República cambiar la Constitución de la República. La Constitución no le dio a los gobiernos, no les creó excepciones para ejercer la autonomía. No les dio la Constitución, por lo tanto nosotros por ley no les podemos quitar. ¿Qué significa en esta propuesta que está haciendo? Que porque se trata de telecomunicaciones, ya los señores de Claro podrían ir a poner en pleno parque de un pueblo, de un cantón, una propaganda de Claro, porque habla de publicidad.

O podrían romper el parque principal del cantón, de cualquier cantón, de los 223 cantones que ahora son, ya bueno, ya 224 con el cantón Borbón, aunque todavía no sé si se avanza a elegir las autoridades, deciden romper el parque. Y sopretexto de esta ley, le quitamos el derecho constitucional al gobierno seccional de decidir dónde ponen la publicidad y dónde rompen la calle. Está bien que no puedan oponerse, porque esta vez esta ley se centra básicamente en el tema telecomunicaciones y revisen el articulado, compañeros legisladores. 18 artículos le dedican al tema telecomunicaciones, y yo estoy de acuerdo, por cierto, en que hay que darle fortalecimiento a las telecomunicaciones, pero respetando el principio fundamental de la autonomía, de la autonomía y la descentralización.

Por lo tanto, no procede que por ley de la República queramos, quedamos o queramos crear excepciones, porque eso sería irnos contra la Constitución de la República. No olvidemos, compañeros legisladores, que el propio Presidente de la República vetó la Ley de Uso del Suelo nueve artículos por inconstitucionales. Este es un récord, este es un récord, por cierto. Yo me preocuparía de los adhesores que tiene esta comisión. Nueve por inconstitucionales y diez por inconvenientes. Diecinueve vetos ejerció el Presidente de la República a la Ley de Uso del Suelo.

Y entonces, fue a la Corte Constitucional, y la Corte Constitucional se pronunció, y ustedes saben, señores legisladores, que las sentencias de la Corte Constitucional son de carácter vinculante para todo el país y son de última instancia. Y entre otras cosas, la Corte Constitucional nos dice, en el veto de la Ley de Uso del Suelo, por cierto, sobre la autonomía municipal, voy a hacer las frases, leerlas todo, la sentencia imposible. En el numeral 99 dice, en esta línea, la autonomía política comprende la capacidad de regirse mediante normas y órganos de gobierno propio, sin intervención de otro nivel.

Vean, compañeros, no puede intervenir otro nivel de gobierno en la decisión de los gobiernos autónomos descentralizados. No lo dice Alfredo Serrano, lo dice la sentencia de la Corte. El numeral 119 de la Corte Constitucional. Esta magistratura reconoce que la autonomía tiene límites y máximos, y no toda restricción es inconstitucional. Lo prohibido es vaciar el núcleo de dicha autonomía. En el caso concreto, aunque la norma no elimina formalmente la competencia del hogar para planificar su territorio, sí condiciona materialmente su ejercicio a la aprobación previa de una autoridad externa.

O sea, ustedes, eso lo dijo la Corte, ¿qué hace 15 días, 3 semanas, pero yo de esta, más, un mes de esta sentencia? Sobre el alcance de la autonomía de los gas, dice la Corte en el numeral 163, la Corte ha señalado ya en otras sentencias que ésta puede proyectarse en diversos ámbitos, entre ellos el político, administrativo, organizativo, presupuestario, económico y financiero, e implica la posibilidad de regirse mediante directrices propias, directrices propias, bajo responsabilidad de quien la ejerce, y aquí viene la parte pepa de este otro punto, sin intervención injustificada de otra entidad o nivel de gobierno.

No podemos, por tanto, compañeros legisladores, quitarle esta facultad que está previa, reconocida constitucionalmente y que ahora la sentencia de la Corte así lo dice. Se está en el artículo 58, no, artículo 7, se pretende eliminar el artículo 58, compañeros legisladores, ¿qué dice el actual artículo 58 de la ley del COTAC? Los concejales y concejalas, o concejales y concejalas, ¿sí? Serán responsables ante la ciudadanía y ante las autoridades competentes. Este artículo ya no va a quedar, escúchenlo bien porque éste se elimina, por sus acciones y omisiones, en el cumplimiento de sus atribuciones.

Serán responsables ante la ciudadanía. A mí me parece un buen artículo, ¿por qué lo quieren eliminar? No lo sé. Y aquí viene la parte. Estarán obligados a rendir cuenta a sus mandantes. ¿Por qué le quieren quitar ese artículo? ¿Cuál es el problema que también consta en la ley de participación ciudadana? ¿Por qué quieren quitarle que rinda cuenta a sus mandantes en el COTAC? Y gozarán de fuero de corte provincial. Esto dice el actual artículo y que ahora lo quieren eliminar. Como también dice el literal B.

Tiene un minuto la asamblea.

Sí, me queda un minuto, señor presidente. Gracias. Presentar proyectos de ordenanzas cantonales en el ámbito de competencia del gobierno autónomo descentralizado. ¿Por qué queremos eliminar esa competencia? Que escuché que para mejorar la técnica legislativa. Bueno, muchos artículos de la Constitución están repetidos en las leyes. En el tema de asambleístas, por ejemplo, está en el Código de la Democracia y está en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Por lo tanto, tiene sentido que puedan incorporarse aquí. En el artículo 14 se habla de las causales de remoción.

Que yo estoy de acuerdo, por cierto, lo único que pido es que incluyan como causal de descargo de un alcalde que no ha cumplido, también debe incluirse como causal de defensa del alcalde cuando el gobierno no entrega las rentas. Es que no solamente es este gobierno, son todos los gobiernos que han pasado, que han cogido, los han agarrado a todos los alcaldes, prefectos y juntas parroquiales para no entregarles los recursos. Y finalmente, en la última observación, en el artículo 16 que reforma el 445, a mí se me preocupa que se quiera vender bienes muebles e inmuebles de los gobiernos seccionales sin subasta pública.

Que porque una persona ya le arrienda al municipio o porque una persona tiene derecho de posesión no haya subasta pública. Es decir, al decir no hay subasta pública, también podríamos poner otra redacción, lo cual sería terrible, pero es lo mismo. Que se entregue a dedo, estamos diciendo aquí en este artículo. Que se entregue a dedo. Yo no comparto este artículo, señor presidente, porque jamás voy a estar de acuerdo con estas intenciones. Y por lo tanto, el resto de articulados a mí me parece fundamental. Por ejemplo, la propuesta esta de que las obras continúen, que no solamente debería ser para los municipios, pues.

Debe ser para todo gobierno. El gobierno central también. A mí me parece buena la iniciativa de decir que el nuevo alcalde, el nuevo consejo, continúe las obras de la anterior. Y que no las deje sin terminar. Perfectamente de acuerdo. ¿Y el gobierno central? ¿Es que acaso no pasa lo mismo con los gobiernos en el gobierno central? Esa iniciativa que ahora se recoge en la ley de los gobiernos autónomos descentralizados, señor presidente, debería estar también para el gobierno central. Le agradezco su espacio, señores legisladores, señor presidente.

Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias.

Gracias, asambleista. Tiene la palabra el asambleista Gustavo Mateus.

Quiero iniciar enviando un saludo especial a los y las ecuatorianos residentes en el exterior quienes siguen con atención este debate, porque asuntos como el que hoy nos convoca podrían parecer a primera vista de interés exclusivo para quienes vivimos en el territorio nacional. Sin embargo, la forma en que organizamos el Estado, distribuimos las competencias entre los distintos niveles de gobierno y fortalecemos nuestras instituciones democráticas trasciende nuestras fronteras.

decisiones

inciden directamente en el país que millones de ecuatorianos y ecuatorianas mantienen en su corazón y al que muchos anhelan regresar. Por ello, este debate no solamente trata sobre la estructura del Estado, trata también sobre la construcción de un Ecuador más eficiente, más cercano a la ciudadanía y capaz de ofrecer oportunidades, confianza y esperanza a quienes aún viviendo lejos nunca han dejado de sentirse parte de nuestra Nación. Estamos debatiendo una reforma al COTAT, una norma que regula la organización territorial del país y define el equilibrio entre el gobierno central y los gobiernos autónomos descentralizados.

Este primer debate debe servir para preguntarnos si las reformas planteadas fortalecen la descentralización o por el contrario, comienzan a debilitarla. La coordinación no puede convertirse en una subordinación. La constitución de Montecristi nació de la voluntad soberana del pueblo ecuatoriano, expresada en las urnas y ha sido ese mismo pueblo el que cada vez que ha tenido la oportunidad de pronunciarse ha defendido los principios esenciales que dieron origen a ese proyecto de país. Uno de esos pilares es precisamente la autonomía de los gobiernos autónomos descentralizados. Esa autonomía no es una concesión a alcaldes, prefectos o vocales de las juntas provinciales.

Esa autonomía es una decisión soberana del pueblo para construir un Estado descentralizado, donde las decisiones se tomen cerca de la ciudadanía y no únicamente desde el poder central. Por eso, preocupan varias disposiciones de esta reforma, por ejemplo, el bloque comprendido entre los artículos 3 y 12, que regula materias relacionadas con las telecomunicaciones, el uso del suelo, la planificación territorial y el despliegue de infraestructura. En conjunto, estas disposiciones reflejan una tendencia a concentrar cada vez más capacidad de decisión en el gobierno central. El desarrollo del país no depende de concentrar competencias, sino de fortalecer la capacidad de gestión de los territorios.

Descentralizar no significa perder control, significa confiar en los gobiernos que la propia ciudadanía eligió para atender las necesidades de sus comunidades. Otra observación que merece ser analizada con detenimiento es la contenida en el artículo 14, que incorpora una nueva causal de remoción de autoridades por la paralización, el abandono o la falta de continuidad de obras públicas. Todos queremos autoridades responsables y eficientes, pero la responsabilidad también debe construirse con seguridad jurídica. Las obras públicas pueden detenerse por múltiples razones, problemas heredados, litigios, falta de transferencias, inconvenientes en los procesos de contratación pública o decisiones judiciales.

Por eso, la causal prevista en el artículo 14 debe diferenciar claramente cuando existe una actuación negligente atribuible a la autoridad y cuando el incumplimiento responde a circunstancias ajenas a su control. De lo contrario, corremos el riesgo de convertir una herramienta legítima de control en un mecanismo de inestabilidad política. Esta observación cobra mayor relevancia en el contexto político que vive el país. No podemos ignorar que existe una preocupación ciudadana frente al uso del sistema de justicia contra autoridades de elección popular. Preocupación que nuestra bancada ha expresado de manera reiterada.

Vemos autoridades investigadas, privadas de su libertad y sometidas a procesos que pueden derivar en la pérdida de sus derechos políticos. Nadie pretende colocar una autoridad por encima de la ley. Si existen responsabilidades penales, corresponde que sean demostradas en un proceso imparcial, con pruebas suficientes, pleno respeto al debido proceso y una sentencia ejecutoriada. Por eso, señor Presidente, colegas legisladores, el contenido del artículo 14 merece un análisis muy riguroso. No podemos incorporar al ordenamiento jurídico una causal de remoción sustentada en conceptos tan abiertos como la paralización, el abandono o la falta de continuidad de una obra pueden abrir la puerta a interpretaciones direccionales.

Una norma con esas características en manos de un gobierno que pretenda debilitar o neutralizar a sus adversarios políticos puede convertirse en un instrumento de persecución y no en un instrumento de control. En este primer debate es nuestra responsabilidad advertir que varias disposiciones del proyecto merecen una revisión profunda. Dejamos planteadas estas observaciones con la expectativa de que la Comisión las valore e incorpore, haga los ajustes necesarios antes del segundo debate, evitando que esta reforma termine produciendo efectos contrarios al modelo de Estado que se encuentra consagrado hoy en nuestra Constitución.

Gracias, señor Presidente.

doble ecuatoriano que nos siguen a través de los medios digitales, el día de hoy estamos debatiendo una ley de suma importancia y creemos que es importante seguir escuchando igual manera dentro de la comisión y poder fortalecer para que se pueda enriquecer este proyecto reformatorio como es Alcotar. Este proyecto que el día de hoy discutimos, existe materias como el tema de la vialidad provincial, municipal, la instalación de la infraestructura en telecomunicaciones, la remoción de autoridades locales y la venta directa de inmuebles. En ese sentido, aunque se pretenda resolver los grandes problemas que existen en cada uno de nuestros territorios, en las juntas parroquiales, en los municipios, en los consejos provinciales, es importante poder garantizar que esta norma sí pueda tener ese beneficio real nuestra gente.

No puede pasar como para ustedes se recordarán en meses atrás, en febrero de 2026, se aprobó una reforma urgente Alcotar que impuso progresivamente a los GAT la regla del presupuesto como es del 70-30 sin considerar distintas realidades de los territorios y con esta metodología que se va a aplicar para las futuras, para los futuros años. ¿Qué va a pasar? Por el tema de, como vemos nosotros en diferentes GATs, en consejos provinciales que dan atención a mujeres que sufren de violencia, quizás no haya infraestructura o también se pueda reducir a profesionales que hayan el acompañamiento.

Ese aspecto no lo vieron, pero apoyaron para que existan estas reformas. Por ejemplo, con esta nueva metodología, solo en el caso de la provincia de Pichincha existe una reducción y que va a ser afectada, es más de, más de 200, más de, perdón, más de 148 millones de dólares y adicional en el tema de la prefectura de 32 millones aproximadamente. Y los ocho cantones de la provincia tendrán una reducción de 116 millones de dólares para los municipios, debilitando servicios que el gobierno central no atiende oportunamente a los pedidos que tiene la gente, que colegas asambleístas mencionaban, que necesitan alcantarillado, agua potable, vialidad, otros aspectos tan importantes que le hace falta a la gente.

Complementariamente, Ecuador ya tiene 223 gobiernos municipales y son estas instituciones los que recogen residuos, mantienen vías, sostienen la productividad de cada sector y adicional a eso, diariamente también atienden a las comunidades que muchas veces no reciban respuestas, no reciben respuestas claras y sobre todo la asignación de presupuestos por parte del gobierno central. Por lo tanto, esta nueva reforma no puede ser un nuevo golpe a los GAT. Por ello, planteo lo siguiente, cuatro propuestas que esperemos que la comisión pueda recoger. Una de ellas es el primero, impedir permisos automáticos de telecomunicaciones cuando existan riesgos.

En el artículo 12 menciona el plazo máximo de 30 días para que los municipios resuelvan solicitudes de implantación de infraestructura de telecomunicaciones. El vencimiento del plazo puede producir automáticamente una autorización para instalar una torre, una antena o una infraestructura de gran impacto sin que se haya verificado las condiciones técnicas. Por ello, es importante que se pueda agregar dentro del artículo 12, es el vencimiento del término no producir autorización por silencio administrativo cuando la solicitud pueda afectar la seguridad estructural, la gestión de riesgos, el ambiente, el patrimonio cultural, los bienes de dominio público o la integridad del espacio público.

No es lo mismo instalar el cableado en la infraestructura existente que levantar una torre junto a una escuela, una vivienda o un inmueble patrimonial. Es importante considerar estos aspectos jurídicos y técnicos. Segundo, delimitar técnicamente la vialidad provincial y municipal. En los artículos 2 y 10 de esta ley, permiten que los gobiernos provinciales intervengan en ciertas vías ubicadas dentro de las parroquias urbanas cuando tengan una función rural, productiva o de interconexión territorial. El problema que se busca es el tema, el problema que se busca es real, que existe dentro de cada uno de nuestros territorios y que venimos de las diferentes parroquias y de diferentes provincias del país.

Sin embargo, estas expresiones como la función productiva, naturaleza rural o sistema vial urbano principal son demasiadas abiertas lo que podría tener consecuencias o producir problemas a futuro. Una vía puede estar dentro del límite urbano y al mismo tiempo conectar una zona agrícola. Propongo en el artículo 2 y 10 que se incorpore lo siguiente, la delimitación se realice mediante criterios técnicos de conectividad para poder fortalecer que exista de igual manera una coordinación entre el municipio y la prefectura. Tercero, cerrar la causa de remoción para evitar la persecución política.

Y ahí quiero hacer mención sobre el tema de que en estos últimos meses y por parte de este gobierno se ha vivido una persecución política a aquellas personas que nos hemos opuesto a las políticas que no ha beneficiado al pueblo ecuatoriano. Y lo vamos a decir con mucha frontalidad, en especial en estos últimos días al movimiento de unidad plurinacional Pachacuti. Nosotros vamos a seguir alzando nuestra voz, levantando con esa firmeza porque nos debemos al pueblo, en especial yo a la provincia de Pichincha y sus siete cantones.

En el artículo 14 que se incorpore como causal de remoción a los alcaldes y prefectos para la paralización, abandono o la falta de continuidad injustificada de obras públicas e incluso cuando haya sido iniciadas por administraciones anteriores. Una obra puede paralizarse porque no tiene tal vez financiamiento, porque el contrato tiene irregularidades como existe en diferentes municipios y que también la asamblea el día de hoy se puede tener la potestad de poder fiscalizar en los gobiernos autónomos descentralizados. Y también continuar porque tal vez causar un daño mayor al Estado, como ya he mencionado, puede ser la falta de recursos u otros aspectos negativos que no se haya continuado con la obra.

Para lo cual propongo en el artículo 14 que la paralización o abandono grave, reiterado e injustificado de una obra pública de priorización cuando sea directamente imputable a la máxima autoridad ejecutiva haya sido previamente advertida mediante un informe técnico, jurídico y la autoridad no adopte medidas correctivas dentro del plazo otorgado. Y por último, establece controles rigurosos para la venta y expropiación de inmuebles. En el artículo 16 de esta ley permite que la venta directa de inmuebles municipales, arrendatarios o posesionarios, lo que menciona que la regularización puede ser justa cuando se beneficia a las familias que han ocupado de manera pacífica, legítima, un inmueble durante muchos años.

Por el concepto de posesionario no puede quedar abierto sin requisitos claros, esta figura podría utilizarse para ocupaciones recientes o transferir terrenos estratégicos o beneficiar a traficantes de tierra, lo que ha hecho tanto daño en diferentes territorios. Por ello, en el artículo 16 debería incorporarse la venta directa requerida al informe técnico, jurídico, social, ya evaluado, actualizado y certificación de que el inmueble no pertenece al dominio público, ni estando destinado a una finalidad estratégica o a la presentación de servicios públicos. Gracias, señor presidente. Esperando de que se pueda acoger estas propuestas planteadas, la comisión, nosotros hay que seguir enriqueciendo en calidad de legisladores.

No se puede regularizar una vivienda luego de dejar a familias expuestas en inundaciones, deslizamiento o ausencia permanente de servicios. Las leyes que hoy aprobamos serán aplicadas para las autoridades que la ciudadanía elija en este noviembre. Por eso no podemos reformar el COTAD pensando en candidaturas, alianzas o adversarios. Debemos legislar pensando en las instituciones y en nuestra gente. Gracias, señor presidente.

Gracias, asambleísta. Tiene la palabra la asambleísta Fabiola San Martín.

que nos observan a través de los medios legislativos. Hoy estamos retomando un debate estrictamente fundamental para el desarrollo de los diferentes territorios en cada uno de los cantones, parroquias y provincias de nuestro país, como es el COTAD. Este proyecto de ley fortalece el régimen jurídico y sobre todo precisa las competencias de los diferentes gobiernos autónomos descentralizados y así mejorar la coordinación con los diferentes niveles de gobierno. Por ejemplo, se precisa la competencia de los gobiernos autónomos descentralizados provinciales en materia de la vialidad rural con la modificación del literal B del artículo 42 del COTAD para fortalecer la conexión vial e integración territorial de comunidades rurales, recintos, asentamientos humanos, dispersos y áreas destinadas al desarrollo de actividades agrícolas, pecuarias, acuícolas y forestales.

Hay algunas prefecturas que prefieren intervenir con asfalto en las calles urbanas, porque allí supuestamente tienen votos, mientras que en las zonas rurales no reciben ni siquiera una volquetada de lastre para que de alguna forma mantengan transitables estas vías. Y claro, siempre dicen en campaña que vamos a cambiar el astre por el asfalto y la gente de la ruralidad sigue batiendo lodo en el invierno y llenos de polvo en el verano. Ahora, en plena campaña electoral, para la reelección, algunas autoridades no revisan ni la Constitución, ni el COTAD y realizan obras en zonas que no son de su competencia y en algunas ocasiones haciendo una duplicidad de servicios que con esta norma...

La norma... La norma... La norma... La norma...

Otro punto fundamental es la actualización de las atribuciones de los concejales municipales y metropolitanos, fortaleciendo sus labores de legislación, pero sobre todo las de fiscalización, sustentando sus actuaciones y sobre todo decisiones con criterios totalmente técnicos y jurídicos. Hay que aclarar que incluso algunas personas que están de candidatos o precandidatos a concejales ya dicen que se les está restando funciones, pero entiéndase bien que la legislación consiste en crear, modificar, interpretar y derogar leyes, en este caso ordenanzas, entiéndase bien, ordenanzas. Entonces, no se les quita el ejercicio legislativo, sino al contrario, ahora deben ser más diligentes y plantear normas que vayan acorde a la realidad de cada uno de los cantones.

En el literal D se fortalece o se establece que los ediles deben ejercer la fiscalización de la gestión del ejecutivo del gobierno autónomo descentralizado y de las entidades que integran la administración institucional, mientras que en el literal G se indica que deben observar las normas de integridad pública, prevención de conflictos de interés, transparencia y sobre todo acceso a la información. Pese a que actualmente se indica que los concejales deben legislar y fiscalizar, existen representantes que no ejercen ninguna de estas funciones. Al contrario, cuando llegan al cargo, lo primero que buscan son puestos de trabajo para sus familiares en el municipio o en las empresas públicas que tienen los gobiernos autónomos descentralizados.

En este sentido, quiero plantear una observación para que sea tomada en cuenta para segundo debate y se considera necesario incorporar en el literal que corresponda de los artículos 58 y 88, una atribución adicional relacionada con la obligación de los presidentes de las comisiones de presentar informes periódicas sobre las actividades desarrolladas. Se sugiere agregar el siguiente literal I. En calidad de presidentes de las comisiones, deberán presentar de forma semestral un informe al Consejo Municipal sobre las labores desarrolladas en la comisión. Esta medida, ecuatorianos, permitirá fortalecer los mecanismos de seguimiento, control y rendición de cuentas respecto del trabajo realizado por las comisiones permanentes, especiales, ocasionales o técnicas especiales, garantizando que el respectivo Consejo conozca de manera oportuna el avance de las actividades legislativas y de fiscalización.

Por otro lado, por fin se sancionará la paralización injustificada de obras. Ya lo han dicho los compañeros legisladores que esta es una problemática no solamente aquí, sino a nivel nacional, porque cuando llegan los nuevos alcaldes o prefectos, no dan continuidad a las mismas y se inventan una serie de argucias, pero todo porque fueron realizadas por la autoridad anterior. En mi ciudad, en Asoves, se construyó un mercado que costó más de 6 millones de dólares, pero cuando llegó el nuevo alcalde simplemente no le dio la gana de que esta infraestructura esté al servicio de la sociedad.

Incluso se robaron algunas partes de este mercado y allí, pues, con la participación e intervención de la Contraloría, se dispuso que este mercado ahora sea ocupado por los comerciantes de mi ciudad. Asimismo, en otra ciudad de la provincia del Cañar, se suspendió un plan maestro de agua potable y esto ha generado una serie de problemas legales con los contratistas. Por eso, creo que es fundamental el literal que se agregó al artículo 333, la paralización, abandono o falta de continuidad injustificada de obras públicas que cuenten con contrato vigente o en ejecución, incluidas aquellas planificadas o iniciadas por administraciones anteriores.

La causal se configurará cuando la conducta comprometa la prestación de servicios públicos esenciales o cause un perficio económico al Estado, evidenciado por la pérdida de garantías, el deterioro de las infraestructuras o bienes sin utilizar. Por la vanidad de los alcaldes o prefectos, la ciudadanía siempre ha perdido obras, que incluso en algunos casos está pagando hasta contribución especial de mejoras. Finalmente, en el artículo 445, sugiero que se agregue un segundo inciso en el que se establezca un plazo, los criterios objetivos para acreditar la legitimidad y los medios de prueba idóneos para evitar interpretaciones disímiles y un margen de discrecionalidad.

Estas y otras observaciones las daré llegar a la comisión a través de la señora Presidenta Lucía Pozo. Gracias, Presidente, por el uso de la palabra.

Gracias, asambleista.

...algunas puntualizaciones que se le olvidaron o se le pasaron a la Comisión de Gobiernos Autónomos. Me refiero específicamente a los artículos 7 y 8 que modifican el artículo 58 de la ley del COTA. ¿Qué es lo que pasa en esa situación? Al parecer a la Comisión se le olvidaron algunas instituciones jurídicas, algunas instituciones jurídicas que prevalecen desde el surgimiento del Estado moderno. En primer lugar, omiten una institución que es básica como el fuero de corte provincial que tienen las y los concejales. Omiten el fuero que esté en el artículo 58 actual y no lo incorporan.

Y cuando discutimos de doctrina vemos que el fuero se constituye, según la Corte Constitucional Colombiana, en el núcleo esencial para el ejercicio de los derechos políticos, en una garantía genérica de acuerdo a la doctrina constitucional que se ha desarrollado en los últimos años. Y resulta que el fuero no es pues un privilegio. El fuero es una garantía para ejercer los derechos políticos, el derecho de la autoridad de elección popular, para que pueda ser juzgado en determinados momentos por un superior. ¿Qué es lo que busca? Preservar la independencia de funciones.

Evitar precisamente que puedan haber injerencias externas en la administración de justicia. De tal manera que un concejal que ejerce fiscalización, un concejal que es sometido a un procedimiento, esperaríamos que le juzgue el Tribunal Superior, para evitar el temor reverencial, para evitar que haya una injerencia en los estamentos, en las instancias judiciales inferiores. Ocurre lo mismo en el caso del Presidente de la República, porque eliminar el fuero para los alcaldes, en este caso para los concejales, sería tanto como decir que el Presidente de la República sea juzgado por un juez de primera instancia.

Por lo tanto, esta garantía debe permanecer como núcleo esencial de los derechos políticos. Sin el fuero, en este momento, las y los concejales podrían en algún momento, ¿no es cierto?, sus procesos verse inmiscuidos por injerencia. Es también, en una segunda dimensión, una garantía de control político, de evitar la injerencia del Ejecutivo, de que alcaldes, de que ejecutivos de los GAT interfieran, pues, en los procesos. Y no me voy a ir muy lejos, porque hay alcaldes que han sido, que tienen procesos de remoción, pues. Y resulta que cuando les falla la remoción al alcalde, ¿qué es lo primero que hacen?

Van al contencioso. Y si al contencioso administrativo se le prende la luz y le hace el milagrito, entonces resulta que luego regresan contra los concejales, que tramitaron la remoción y les ponen denuncias penales, civiles y administrativas. ¿Qué implica el fuero? Que esto no sea conocido por un juez de primera instancia, sino por un tribunal superior. ¿Qué es lo segundo que se les olvidó a la comisión? Algo importante que dice el artículo 58 del COTAC. Las y los concejales son civil, penal y administrativamente responsables por los actos u omisiones que realicen en ejercicio de sus funciones.

Esta parte también se omitió dentro de la modificación del artículo 58. Entonces vamos a tener concejalas y concejales irresponsables judicialmente. Porque sin esta garantía resulta que no puedo aplicar los principios de responsabilidad contractual, extracontractual que tienen por acción o por omisión los concejales. Y entonces ahí me pregunto ¿cómo vamos a aplicar el 336 del COTAC que habla sobre la posibilidad de la remoción de los concejales por incumplimiento a la ley si es que no existe la disposición en el COTAC que les haga responsable civil, penal, administrativamente por sus actos u omisiones?

Entonces en la premura de reformar el artículo 58 de añadir competencias a los concejales se nos ha olvidado lo que es esencial mantener el fuero mantener la responsabilidad civil, penal, administrativa por acciones u omisiones y estas instituciones que son importantes no están dentro de lo que significan las reformas del COTAC y creo que esto es más allá de cuestiones políticas más allá de cuestiones ideológicas es una cuestión de respeto. Me permito citar lo que dice la Corte Constitucional Colombiana y lo que ha dicho la CIDH El núcleo esencial de los derechos en este caso los políticos no está sujeta a interpretación no está sujeto a cuestionamientos ideológicos políticos sino a la protección y a la tutela de los mismos por lo tanto yo creo en ese sentido considero que no habría ningún problema de corregir el artículo 58 e incorporar estas dos instituciones no quisiera yo pensar que lo que estamos es tratando de dejar en impunidad a las y los concejales o de dejarlos también desprovisto de aquellas garantías que les permiten ejercer su proceso de fiscalización El segundo punto, señor Presidente, señoras y señores colegas asambleístas tiene que ver con una institución que es esencial la expropiación especial con fines de regularización de asentamientos humanos de hecho y consolidados porque tenemos tras de esto a innumerables casos de ciudadanos, de ciudadanas, de familias que llevan más de 30 o 40 años intentando tener un título de propiedad y cuando se vuelven burocráticos de estos procedimientos el resultado es que mientras no haya título de propiedad mientras no haya un proceso de regularización resulta que no se les puede dotar de servicios básicos y por eso es que el COTAD en el 2008, 2009 cuando fue creado en el 2014 cuando fue reformado se tuvo una instancia de revisión de la expropiación especial con algunas características en primer lugar y lo fundamental es que podamos revisar a los grandes lotizadores que vulnerando la ley que vulnerando el derecho promueven también procesos de invasión y entonces había que buscar los mecanismos para determinar cuánto han pagado las personas víctimas de esta estafa y lo digo estafa en términos de lo que significan las invasiones había que determinar un mecanismo de pago que no le resulte oneroso que no salga de los bolsillos de las alcaldías pero que también sea consecuente con quienes han sido víctimas de estas notizaciones ilegales y por eso se estableció en el COTAD un procedimiento a través de la cual se fijaba un justo precio se validaban los pagos parciales y adicionalmente no nos íbamos al valor del avalúo y del catastro sino al valor que a la fecha se realizó la venta del inmueble porque si de lo contrario se estaría pagando una plusvalía respecto de una lotización que además es ilegal y que le causa perjuicios a la administración apropiación especial que se le haga el avalúo de acuerdo al precio actual de avalúos y catastros haciendo dos cosas que son perniciosas primero que paguen doble quienes llevan 40 años intentando tener un título de propiedad segundo volviéndole burocrático porque sin el título de propiedad resulta que no pueden tener servicios básicos no puede intervenir en agua potable no puede intervenir en algunos temas los municipios y tercero a más de pagar tienen que pagar dos veces y al avalúo actual ¿a quiénes estamos beneficiando entonces con esta reforma?

me parece que hay que tener sin déresis y me parece que hay que también revisar las reformas del 596 que no están beneficiando precisamente a quienes son parte o han sido víctimas en estos asentamientos de hechos humanos o consolidados no quiero creer que existan intereses

Todo asambleístico.

respecto de algunas circunstancias o condiciones para favorecer a los cotizadores. Estas observaciones, señor Presidente, señores miembros de la Comisión, han sido presentados previamente a la Comisión de Gobiernos Autónomos y solicitaré también por escrito mi participación con voz y sin voto en las reformas del COTAD para poder ampliar estos temas que me parece son de debate en materia de defensa de la autonomía, de la descentralización y de la vigencia de leyes que beneficien a todos y de instituciones jurídicas que deben garantizar la fiscalización plena de las y los concejales.

Mi palabra, señor Presidente, señores legisladores.

Tiene la palabra el asambleísta Milton Aguas.

A cargo de la asambleísta Milton Aguas. Un importante debate que es las reformas al Código Orgánico Territorial, el COTAD. Este código ya data de más de 15 años. Desde el año 2010 se han hecho parches por aquí, parches por allá, y ya es una ley obsoleta. Una ley que debe ser reformada con responsabilidad por nosotros aquí en la Asamblea Nacional. Se ha hecho un debate ciertamente en altura con algunos aportes de varias bancadas aquí en la Asamblea Nacional que van a ser consideradas en este primer debate para el análisis de nosotros en la Comisión de Gobiernos Autónomos de Centralización y Organización del Territorio.

Pero en ciertas intervenciones he escuchado que se ha hablado de persecución política a ciertas autoridades seccionales. Aquí en el Pleno de la Asamblea Nacional, nosotros los legisladores aprobamos una resolución que se permitió fiscalizar los patrimonios de autoridades seccionales que son prefectos, prefectas, alcaldes y alcaldesas del país. Esto está en desarrollo en nuestra comisión. ¿Y saben qué? Ya van más de 70 autoridades seccionales que nosotros hemos hecho al análisis y que no corresponden su patrimonio a sus ingresos. Eso tiene que ser investigado por las autoridades de la función judicial.

Aquí no hemos venido a perseguir a nadie. Aquí hemos venido a actuar con transparencia porque ya basta. El pueblo está cansado de que ciertas autoridades seccionales, al decir que son gobiernos autónomos, pueden hacer lo que les da la gana. Pueden llevarse el dinero y las obras inconclusas. Pueden llevarse el dinero y no hay agua potable, no hay alcantarillado. Y eso es lo que estamos tratando aquí en estas reformas de leyes. Primero me voy a referir a mi provincia, a la provincia de Galápagos. En la constitución de la República del Ecuador del año 2008, nos perjudicaron a todos los galapagueños quitándonos instituciones importantes como eran la prefectura, la gobernación y el ex-ingala, que era una institución del Estado para hacer obra pública.

Tres instituciones las funcionaron en una sola y nos quitaron el modelo de equidad territorial de la prefectura, disminuyendo el ingreso en la nueva institución que fue el Consejo de Gobierno de Galápagos. Gracias a Dios, luego del correísmo, se pudo recuperar parte de este modelo de equidad territorial y en este gobierno, el gobierno del presidente Daniel Novoa, se han incrementado los recursos para hacer la obra pública que tanto hace falta a Galápagos. Pero eso no podemos permitirlo que en un gobierno que sí es responsable, como el gobierno del presidente Novoa, se den los recursos.

Pero viene otro gobierno que es irresponsable y con un viscerazo o con una firma nos quiten los recursos a los galapagueños. Es hora que aquí, en el COTAD, conforme la Constitución, nos dicen régimen especial, pero a veces es solo en nombre, que por fin se dé el régimen especial con recursos y que se dé la autonomía que tenía la prefectura al Consejo de Gobierno de Galápagos. Porque cada diciembre, dependiendo de la administración, hay algunas administraciones que han sido deporables, unas administraciones que no han hecho lo que deben hacer, que han devuelto millones de dólares cuando hace falta vías rurales y mucha infraestructura en nuestra provincia.

Entonces, que se dé esa autonomía para que conforme lo hacen las prefecturas, se pueden hacer planes bianuales, bianuales, cuatrianuales, y que puedan hacerse, y que no se debe regresar ese recurso al Estado ecuatoriano, sino que se ejecute año a año en nuestra provincia de Galápagos. Bueno, además, nosotros, conforme nos ha pedido el pueblo ecuatoriano, en cada uno de los recorridos que hacemos en nuestras provincias, nos dicen, esa obra de alcantarillado, abandonada, esa obra de agua potable, abandonada, esa vía abandonada porque lo estaba haciendo la autoridad anterior y esta autoridad ya no quiere para que no deje el nombre de la autoridad anterior que empezó esa obra.

Eso se llama abandono de obra. Y en ningún lado está sancionado. Concuerdo con el asambleísta que me presidió la palabra que se debe modular para que en alguna acción judicial no se vea como abandono de obra, sino está en un proceso judicial, pero sí cuando una autoridad es electa y de forma irresponsable para que no se acuerden de la autoridad anterior, demoler lo que ha hecho la autoridad anterior. Nosotros en Galápagos teníamos una bonita ballena que era de turismo en el muelle para turistas. vino una autoridad, como era del alcalde anterior, lo votó esa obra emblemática, una ballena, en la isla de San Cristóbal y puso un baño de servicio público en pleno muelle.

Así destrozan el turismo y una obra que costó sus recursos totalmente destrozada, solo para que no se recuerden el alcalde anterior. Y así podemos hacer un sinnúmero de situaciones tanto en mi provincia como en todo el país. Y ahora esta situación va a ser sancionada incluso penalmente. Además, hemos visto que en varios territorios hay esa disputa entre las alcaldías y las prefecturas, quien hace la vía rural, o a veces vías urbanas que corresponden a sectores productivos o rurales, que dice, o se lanzan la pelotita, no, no hago esa vía porque le corresponde al prefecto, no hago esa vía porque corresponde al alcalde.

Aquí ya está establecida las responsabilidades para que estas vías que son aledañas a las zonas urbanas sean responsabilidad de los municipios del país. Además, hemos pasado por cada uno de los territorios y que nos dice la gente, asambleísta fiscalice al municipio, asambleísta fiscalice a la prefectura. Nosotros decimos, las competencias de fiscalización y legislación en los gobiernos autónomos son de los concejales. Pero en los territorios, que nos dice la gente, los concejales no hacen nada, están amarrados con los alcaldes o no saben dónde están parados o algunos que sí son responsables están totalmente bloqueados.

¿Por qué? Le pide la información el concejal al alcalde o la concejala al alcalde y simplemente no le da la gana de responder. Aquí ya están establecidas responsabilidades para que ejerzan sus atribuciones de legislación y fiscalización y no nos vengan acá a los asambleístas que tenemos la obligación de fiscalizar al Ejecutivo y ya dar atribuciones a los concejales que muchos de los territorios máximos le conocen al vicealcalde o la vicealcaldesa y el resto de concejales totalmente desaparecidos a calentar el puesto cuatro años. También hemos visto que en el largo de los recorridos que hemos hecho en todo el país el tema de paridad de género y responsabilidad política es importante.

Hay viceprefectas que simplemente porque ya no le cae bien el prefecto no le da funciones y a calentar cuatro años más. Aquí se restablece la participación de la mujer sobre todo en el ámbito político y de administración pública sobre todo en las prefecturas. ¿Por qué no nos incluimos en el tema de telecomunicaciones, queridos colegas asambleístas? Porque vimos que un grupo de abogados fueron de cantón en cantón a dar una ordenanza cantonal para dar impuestos o tasas para las telecomunicaciones cuando eso es atribución del Estado central.

¿Y qué conllevó esto? Que las telecomunicaciones, las telefónicas demandaron a estos municipios del país y ganaron esa demanda. Y luego de ganar esa demanda los municipios de varios cantones y de varias provincias tuvieron que pagarles millonarios desembolsos a las telefónicas perjudicando la obra pública y servicios básicos de los cantones. Eso nunca más porque estamos reformando esta normativa para que no existan estos vivarachos relacionados con alcaldes del pasado perjudiquen a todo un pueblo. Y un alcalde que llega viene con deudas y no puede ejecutar absolutamente nada.

Por eso nos metimos en las telecomunicaciones y aprovechamos este debate para incluir algunas situaciones más. Y con esto concluyo, colegas asambleístas, debemos ser responsables con el país. Es hora de que tengamos menos show, menos fiestas y más obra pública para nuestras provincias. Muchas gracias, señor presidente. La voz del pueblo de Galápagos ha hablado. Le vuelvo la palabra.

Gracias, asambleísta. Tiene la palabra el asambleísta Javier Lazo.

gobiernos autónomos descentralizados, la mayoría de esta asamblea ha hecho tanto para hostigar a los gobiernos locales que cualquier iniciativa en esta materia debe ser observada con lupa y con mucha desconfianza. Y en este proyecto no hay que esforzarse para encontrar rutas que incrementarán persecuciones. El artículo 14 crea una nueva causal para la destitución de alcaldes, funcionarios, autoridades. Se trata de paralización, abandono o falta de continuidad injustificada de obras, lo han mencionado ya aquí, incluso obras heredadas de administraciones anteriores. Así de vaga y sin precisiones es la propuesta.

En este último año, por lo menos en dos ocasiones, la refinería de Esmeraldas ha dejado de proveer asfalto, lo que ha traído paralización de obras. Este gobierno permanentemente se retrasa en el pago de las rentas a municipios y prefecturas. Eso también genera paralización de obras. Por cierto, dos temas que la Comisión de Gobiernos Autónomos, de la que formo parte, ha rechazado abordar. Pero más allá de la negligencia de la Comisión, lo que importa es que, por cuestiones exógenas, variables que no están en nuestro control, incluso por decisiones de un gobierno que tiene vocación de pesquisa, un alcalde podría ser destituido.

Ya lo dijo Novoa, soy muy mal enemigo para tener. Así que bien puede cerrar el grifo del asfalto o los recursos y así bajarse a otro alcalde. Y no tendrán consecuencias políticas gracias a una asamblea obediente y a una justicia obsecuente. Pero podrían decir, las destituciones las deciden los consejos cantonales. Es decir, los consejos deciden todas estas cuestiones. Y justamente aquí se cierra la pinza. El proyecto, ya lo decía el colega Luis Fernando Molina, deja sin fuero la corte provincial a los concejales. Solo será necesario montar zainetes, farsas judiciales, como en el caso triple A, para presionar a concejales.

O votas como el gobierno quiere o te puedes ir al encuentro. Así, solo con estos dos artículos que he mencionado, la ley facilita la persecución y muchas evidencias tenemos. Cuenca, Guayaquil, Quito, Portoviejo, Esmeraldas. Lo poco de estado ecuatoriano que queda está en los territorios. Y para desgracia nuestra, de todos los ecuatorianos, ecuatorianas, el oficialismo está decidido a destruir todos los vestigios. Esto sin mencionar que la ley favorece de la forma más descarada a las empresas de telecomunicaciones, las mismas que cobran por un servicio paupérrimo de mala calidad y que cada día se deteriora más.

Ya los municipios no podrán controlar el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones en el espacio público. De hecho, están obligados a garantizar el uso del espacio público para dichas instalaciones bajo las condiciones que establezca el gobierno central. Todo a favor del capital. Esa es la política que nos ofrece. La gente ya lo sabe porque lo sufre todos los días en salud, en seguridad, energía eléctrica y otros muchos servicios. Haré llegar por escrito mis observaciones a la comisión y ojalá sean recogidas algo de las mismas. Porque en esta síntesis del proyecto de reforma al COTAD se ha trabajado básicamente con tres propuestas, habiendo existido más de doce.

Para cerrar habría que advertir que cuando las ideas escasean solo van quedando los insultos, expresión de odio que tanto seduce, pero que políticamente destruye y arrasa con los gestos humanos, con unos mínimos que nos alejen de tanta miseria. Construir ideas, esforzarnos alrededor de ellas, debería de ser nuestra tarea. Gracias, presidente.

Gracias, asambleísta. Tiene la palabra la asambleísta Henry Bosques.

Población.

Gracias, asambleísta. Tiene la palabra el asambleísta Franklin Samaniego.

Sigue este debate. Yo quiero decir y partir de lo que quien me antecedió en la palabra señaló, hablemos de oportunidades, hablemos de transparencia, hablemos de descentralización, hablemos de autonomía. Creo que ese debe ser el debate aquí en el Pleno de la Asamblea Nacional cuando hablamos de las reformas al Cotar. E inicio señalando esto porque es fundamental en todos los debates que tratemos de competencias, de autonomía, de descentralización, recordarnos lo que determina el artículo 1 de la Constitución. El mismo señala, el Ecuador es un Estado constitucional de derechos, justicia social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico.

Se organiza de forma de república y se gobierna de manera descentralizada. Aquí no hay una opción. Ese es el modelo de Estado que el pueblo ecuatoriano aprobó en las urnas y que luego ratificó cuando el gobierno planteó una posibilidad de hacer una constituyente o cambiar la constitución. El pueblo ecuatoriano ratificó esta constitución. Pero quiero recordarles que ha pasado un año y en este año se han llevado adelante con este tres proyectos o tres reformas al Cotar. Las mismas que tienen un eje que se transversaliza y que veo que no se ha determinado la gravedad de lo que se está haciendo.

Primero, la ley orgánica, la LOTU, que tenía como elemento central control sobre el suelo, la planificación y los superpoderes a una superintendencia. El mismo presidente de la república, luego del análisis que hizo, determinó luego el análisis de la Corte Constitucional, la inconstitucionalidad de varios de los artículos que un colega ya señaló y los resaltó. Primero, mismos que lamentablemente lo que hacían es ir en contra de la autonomía, en contra de la descentralización. Uno, la famosa ley 70-30, que tiene una treintena, valga la redundancia, de demandas de inconstitucionalidad, que aquí, en este pleno, anunciamos, que aquí en este pleno señalamos y que, como siempre, se hizo caso omiso de los anuncios que señalábamos en relación a la inconstitucionalidad.

Una norma también que, en este momento, aunque ustedes no quieran reconocerlo, tiene postrados a los gobiernos autónomos descentralizados, municipios, alcaldías, juntas parroquiales, tratando de reorganizar sus inversiones y cómo poder cumplir con lo determinado ahí, pese a que la Corte Constitucional, hasta el momento, no ha dado una respuesta oportuna a este tema, que sería fundamental que el pueblo ecuatoriano conozca también y que no siga pasando el tiempo, porque los afectados van a terminar siendo, no los alcaldes, no los prefectos, van a terminar siendo la ciudadanía en general.

Y luego, esta reforma que plantea algunos elementos, como, por ejemplo, acelerar permisos, controles ambientales, someter ordenanzas locales a regulaciones sectoriales, mantener ambigua a la competencia vial y crear una causal abierta para remoción por paralización de obras en general. Pero el día de hoy he querido referirme en particular a tres temas sustanciales. El primero, que lo acabo de señalar, el artículo 3 habla del espacio público, y ahí se excluye las redes de telecomunicaciones del control municipal general, manteniendo sólo las de suelo, seguridad y ornato. Esto con la reforma al artículo 54, literal M.

Y se avanza, se habla de facilitación de redes, que me parecería en primera instancia como título sustancial, pero obliga a los municipios a facilitar infraestructura y a no imponer requisitos contrarios a regulaciones nacionales de telecomunicaciones. Luego, el uso de bienes públicos. Ojo, garantiza a operadores el uso de postes, vías, de espacios públicos, limita las tasas, habilita al ente rector a cuestionar barreras, entre comillas, injustificadas, que habría también que determinar a qué se refiere. Luego, se habla de los sectores estratégicos, pero tras de todo esto, existe un cúmulo de empresas que están esperando estas habilitaciones y estas flexibilizaciones para poder hacer negocios.

Está bien que la hagan, respetando la autonomía, respetando la descentralización, respetando lo que corresponde a la realidad de cada uno de los cantones, porque no es lo mismo que se regule aquí en Quito como en la Amazonía, como en la costa. Entonces, es un elemento que queremos dejar sentado en relación a lo que señalamos. Pero ahí quiero también caer a colación lo que dice la Corte Constitucional nuevamente, por favor que se escuche, no nosotros. La Corte Constitucional ya advirtió en el dictamen 1.26 o P.26 sobre la LOTUS que son inconstitucionales las normas que sustituyen, condicionan o vacían competencias municipales de suelo y autonomía normativa o financiera.

Ojo, ojo. Sin embargo, de todo esto, hay un tema que me llama muchísimo la atención. El otro día se trajo a un grupo de barrios y dirigentes acá y se habló sobre la partición, la expropiación especial. Y voy a dar lectura en forma expresa del artículo para que no se malinterprete y vean lo que están proponiendo hacer. ¿Qué dice el artículo 18 cuando reforma el 596.1? En los casos de expropiación especial previstas en el artículo 596 de este código, la declaratoria de utilidad pública constituirá requisito previo para que el gobierno autónomo, descentralizado, municipal y metropolitano apruebe el fraccionamiento del predio en el que se encuentra el asentamiento humano de hecho y consolidado, de conformidad con la consolidación física y forma de ocupación existente, observando la normativa técnica del urbanismo.

Me parece que es adecuado como normalmente en este momento se lo hace. Segundo, ¿qué es lo que dice? El gobierno autónomo descentralizado, y ojo, determinará el justo precio del predio. O sea, ahora le ponen la responsabilidad a la Cámara Municipal de determinar el precio objeto de la expropiación y el valor de los lotes resultantes del fraccionamiento, conforme a la ordenanza correspondiente y a la normatividad vigente en materia de avaluz y catástrofe. ¿Qué cambió? Nada, porque la materia, la norma que maneja, la normatividad vigente que maneja el tema de avaluz y catástrofe establece que es el avalúo comercial.

Eso va a seguir tal cual como está. ¿Qué es lo que estamos planteando nosotros? Y quiero tomarme estos dos minutos para señalar. Hemos hecho una propuesta que ya fue analizada en el periodo anterior, que lamentablemente no hubo los votos del oficialismo para poderla aprobar, y que se la dejó, yo quiero reconocer ahí, que nos fuimos de acuerdo para reconsiderar y dejarla ahí para ver la posibilidad de retomar este tema. ¿Y qué es lo que hemos planteado ahí? Primero, resolver el tema de los barrios, que se quedan la mitad en lo urbano y la mitad en lo rural, para que alguien los atienda, porque a este momento hay problemas, hay problemas, estamos planteando que sea competencia municipal y así evitamos que haya cualquier interpretación y sean beneficiarios de lo que corresponda.

Tiene un minuto, San Luis.

Segundo, el tema de la expropiación especial. Es sumamente importante el ratificar que no sea la Cámara Municipal la que resuelva el tema de la declaratoria de actividad pública y ya ratificamos, debería ser el alcalde como se lo planteó en un inicio. Luego el tema de la ocupación, los cinco años que no se ha determinado en forma específica. Y algo sumamente importante, el tema del justo precio. Con las organizaciones, ¿qué se ha planteado? Que se analice para romper esa extorsión que vienen llevando adelante 20, 30 años, que el justo precio sea el de la fecha del asentamiento.

Hay que revisar, hay que trabajar sobre ese tema, porque si el precio se congela, la fecha del asentamiento ya no es negocio para el traficante de tierras, ya no es negocio. Porque si no cambiamos eso, van a seguirles cobrando una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces. Eso es lo sustancial en la expropiación. Y finalizo, señor presidente, agradeciéndole, porque también hay que trabajar sobre el procedimiento. Hay un informe que tiene que entregarse y no tiene un plazo para entregar. Estamos planteando que sean dos días, porque se demora un año, se demora dos años y como no hay plazo, lo hacen cuando quieren.

En todo caso, señor presidente, hemos presentado nuevamente esta reforma a la comisión. Aspiro que se la revise, que nos reciban para poder hacer la explicación, porque hay varios que tienen 30 y 40 años que están esperando una solución. Y creo que esta es una oportunidad de esta Asamblea Nacional resolver ese problema y facilitar a los gobiernos autónomos municipales. Muchísimas gracias a todos y a todas.

Tiene la palabra el asambleísta Jorge Guevara.

todos aquellos que nos ven a través de las plataformas de la Asamblea Nacional. Gracias por otorgarme la palabra. En este tema, un tema tan importante que se está tratando, quiero hacer llegar también mi mensaje y de alguna manera la problemática de mi provincia. Escuchaba que para fiscalizar a los municipios, a las alcaldías, a las prefecturas, están las autoridades locales. Y yo a esta Asamblea voy a hacer llegar evidencia, muestra, pruebas de que por eso el país no avanza. Estuve recorriendo la provincia y en uno de sus cantones encontré una obra, en un cantón de Loja, en un cantón en Catamayo.

No sé si se llame obra, pero para mí es un mamotreto, ¿saben por qué? Porque ni siquiera se inauguraba y ya no servía. Ni siquiera se le entregaba formalmente y ya existieron accidentes. Los moradores de esa parroquia, al verme llegar, acudieron a mí y me expusieron, con documentación, evidencia, la cual la haré llegar a la comisión de GATS, porque en este momento debo también aplaudir que la Asamblea Nacional, por primera vez en historia, está haciendo lo que muchos concejales y alcaldes no hacen, fiscalizar los recursos propios.

Esa obra era algo que esta parroquia esperaba por años y cuando la entregaron, lamentablemente, no les va a servir. Y pregunté qué pasó con los que tienen que fiscalizar. ¿Saben qué pasó? Casualidad, no lo sé, pero resulta que el que ganó esa obra es primo hermano del vicealcalde de ese cantón. Dentro de tantas empresas que participan, gana el primo hermano del vicealcalde de ese cantón. Entonces, ¿ustedes creen que en algún momento se va a transparentar esa vía, esa obra, ese recurso que se entregó? Esa obra que es sueño de muchos de esa parroquia.

No, señores. Para mi criterio, no. Y sumando a que este señor hoy en día va a ser candidato a alcalde de ese cantón. Y va a ser, me comenta, ojalá en estos días tenga el dato exacto, candidato a alcalde del prefecto que entregó esa obra. Entonces, si gana ese alcalde y gana ese prefecto, ¿cuándo van a fiscalizar esa obra? ¿Cuándo van a reclamar por esos recursos de mi provincia? Nunca. Porque ahí está la troncha. Ahí está el amarre. Y ahí es cuando esta asamblea, y ahí es cuando el presidente Novoa está haciendo lo correcto.

Y por eso a esa parroquia, cuando yo llegué, me recibieron con aplausos. Y hoy pido a esta asamblea que sigamos trabajando de esa manera. No importa la línea política, no importa la bandera. Lo que importa es que por primera vez esta asamblea está llegando a los territorios y está analizando y está levantando información. No cuento, sino información para que este país y la provincia se entere. Eso es lo que está pasando y por eso es que encontramos a lo largo y ancho de todo el país muchas obras inconclusas o muchas obras mal hechas.

O simplemente se hacen de la vista gorda. Porque así es como estaban trabajando. Y hoy esta asamblea no va a permitir. Estoy seguro que esta asamblea y desde la comisión de GATS van a transparentar no solo eso, sino muchos casos a lo largo y ancho del país y de mi provincia. Señor Presidente, muchas gracias por otorgarme la palabra a la palabra de Loja. Muchas gracias, Presidente.

Gracias, asambleísta. Tiene la palabra el asambleísta Pamela Aguirre.

Definitivamente esta reforma trata un tema muy importante. Hemos escuchado como varios legisladores han comentado lo que significa que una autoridad inicie una obra y que se quede inconclusa por temas políticos. Eso nosotros lo vivimos desde el 2016, desde el 2017. Obras maravillosas que inauguró el gobierno de la Revolución Ciudadana, que le servían a la gente y que dejaron dañarse, que dejaron que se destruyan. Por ejemplo, Yachay, en Inbabura, cerraron dos edificios que estaban completamente funcionando y los dejaron ahí abandonados. Luego de una fiscalización que realizamos en el 2021, logramos que se abran.

Decían que tenían problemas técnicos, lo cual no era verdad. Ya están funcionando más de tres años. Lo que hicieron fue quitarle el logo de Ecuador Ama la Vida, porque no les gustaba que ese logo esté en la universidad. A pesar de que no tenía ninguna contienda política, era un logo nacional. Este es un ejemplo de cómo obras que funcionan se destruyen por audio político. También los centros de alto rendimiento. En mi provincia, Inbabura, el centro de Carpuela. En Esmeraldas, el centro de Río Verde. Y a nivel nacional, los centros de alto rendimiento.

Lo que fueron a hacer es quitar los logos y luego cerrarlos. Y así, el gobierno de Guillermo Lazo se convirtió en el gobierno que cambió los logos y quedó hasta allí las obras que iniciaron. ¿Por qué si es que es tan importante que se continúe con una obra que inició en el gobierno anterior? Durante estos años hemos vivido de manera permanente el odio político al tratar de borrar cualquier legado de la revolución ciudadana, un gobierno legítimo, un gobierno electo en las urnas. Entonces, entiendo que es un golpe para la ciudadanía que un alcalde saliente deje una obra y que venga otro y que la destruya.

Sin embargo, aquí hay una línea muy delgada respecto a la persecución política. No puede ser que porque el alcalde me cae mal o porque es de una corriente contraria a la del gobierno, hay que destituirlo a través de consejo. Eso no puede seguir pasando. Nosotros necesitamos estabilidad política. La estabilidad se construye cuando hay autoridades electas que inician y terminan sus periodos. El tema del fuero de corte también es muy importante, porque esto garantiza a las autoridades que puedan realizar su gestión teniendo una protección jurídica. Estuvo presente el speaker del Parlamento de Australia.

Me parece muy interesante esa presencia que nos sirve para compartir experiencias legislativas. Y el fuero de corte y la inmunidad parlamentaria existen en nuestros países y existen en Australia. Como integrante de la unión interparlamentaria, que fui electa por votación de más de 192 países, entiendo la importancia de las relaciones interparlamentarias. Pero también entiendo la importancia de una serie de medidas que garantizan la participación política y que garantizan la gestión política, como por ejemplo el fuero. Tanto para el consejo, especialmente para los alcaldes, como para la legislatura.

Finalmente, quiero hacer un énfasis en lo que ha dicho el asambleísta Samaniego respecto a las observaciones que quedaron pendientes y quedaron abiertas. Es necesario que se tomen en cuenta lo que hemos presentado para que se trabaje de manera conjunta en una normativa que garantice el principio más, uno de los principios más importantes de nuestra Constitución, que es la descentralización. Mi palabra, señor presidente. Muchas gracias.

En primer debate, es de vital importancia para la República del Ecuador. El Ecuador tiene un sistema unitario, por lo tanto significa que su división geopolítica requiere, tanto de las prefecturas como de los GATS, una gran capacidad y autonomía. En mi ciudad, la ciudad de Guayaquil, tenemos más de 100 años luchando por la autonomía, la desconcentración y la descentralización. Es muy claro que la discusión hoy día debe y tiene que ser técnica, tiene que ser jurídica y orientada al servicio nacional. En tal virtud, creo que es importante, con su venia, señor presidente, referirme al artículo 82 de la Constitución.

Con su venia, señor presidente, voy a dar lectura. El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes. Y este artículo 482 está en concordancia con el artículo 425 de la Constitución. El orden, con su venia, señor presidente, perdón, voy a dar lectura. El orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente. La constitución, los tratados y convenios internacionales, las leyes orgánicas, las leyes ordinarias, las normas regionales, las ordenanzas distritales, los decretos y reglamentos, las ordenanzas, los acuerdos y las resoluciones y los demás actos y decisiones de los poderes públicos.

En caso de conflicto entre normas de distintas jerarquías, la Corte Constitucional, las jueces y los jueces, autoridades administrativas, servidoras y servidores públicos, lo resolverán mediante la aplicación de la norma jerárquica super. Hasta ahí la lectura de estos dos artículos que son vitales para lo que vamos a desarrollar como un criterio técnico. Esta comisión es una comisión que sí se ha preocupado de enriquecerse de las necesidades y realidades de los territorios. Es una comisión que ha participado de diversas reuniones en cantones de la República del Ecuador.

Es una comisión que ha recibido en su seno a muchísimos legisladores, a expertos, analistas, a personas vinculadas a la actividad comunitaria, municipal, administrativa y se han preocupado de inteligenciarse de forma apropiada en qué consisten las reformas. En lo personal, como jurista y como académico, me resulta muy poco amigable el que haya un exceso de normas en el Ecuador. Lo he expresado con claridad tanto en el Pleno de la Asamblea Nacional como en mis intervenciones públicas en cuanto a que el exceso de normas nos hace mucho daño.

En la especie estamos tratando una reforma de vital importancia porque la dinámica social cambia y porque en el desarrollo desde el origen de la norma hasta el día de hoy vamos descubriendo que se pueden perfeccionar aspectos técnicos que permitan a los municipios, a los GATS y a las prefecturas actuar de forma más eficiente. La norma que es perfectible, porque este es un primer debate, va a regresar a la comisión, se va a estudiar, se va a ampliar las recomendaciones que se están escuchando en el Pleno y se va a preparar una norma que ya en definitiva va a recoger las aspiraciones de todos los sectores.

Creo, señor presidente, sin temor a equivocarme, que los artículos que se refieren a las telecomunicaciones son importantes porque el mundo ha cambiado, porque el mundo se comunica a través de la telecomunicación y porque con toda seguridad el espíritu del legislador que integra la comisión no es para causar un problema, sino para desarrollar la actividad propia de las telecomunicaciones y que estén al alcance de todos los ecuatorianos en todos los cantones, en todas las parroquias urbanas, en todas las parroquias rurales, porque es necesario. Tal vez mejorarlo en la redacción, tal vez aclarar un poco cómo va a ser la participación de las telecomunicaciones en este desarrollo que pretende la empresa privada, que sigue siendo muy importante, pero salvo eso, realmente el desarrollo de la telecomunicación en el Ecuador, en todos los cantones, en todas las parroquias urbanas, en todas las parroquias rurales, en todos los recintos, en todas las comunas, es indispensable, es indispensable.

Luego, señor presidente, a mí sí me parece que es importante, como lo he explicado en la lectura del artículo 82 de la Constitución y en la concordancia con el 425, que sí estamos cometiendo un error en la función legislativa cuando queremos entrar a fiscalizar a los alcaldes y a los prefectos, porque nosotros no tenemos la competencia y no la tenemos, no por la norma del COTAT, sino por la Constitución. Nosotros no tenemos competencia ni capacidad para fiscalizar a los alcaldes. Eso corresponde a los consejos que integran tanto los GATS como las prefecturas, que es donde descansa la revisión que es necesaria y que siempre va a ser útil de la fiscalización.

En cuanto al fuero de corte, el fuero de corte es un derecho legítimo que tiene todo funcionario electo y que actualmente en el Ecuador se ejerce con absoluta normalidad. Sí es necesario, no en esta ley, pero sí es necesario revisar el funcionamiento de los jueces anticorrupción que han distorsionado el domicilio de los imputados en cualquier proceso de indagación previa de instrucción fiscal o en el juicio, porque los han extraído de su juez natural, que pertenece a cada provincia y a cada cantón de los 223 cantones que tiene la República del Ecuador.

En relación a la autonomía, señor presidente, y a la desconcentración y descentralización, debo pedirle de la manera más respetuosa a la comisión que revise con mucho detenimiento las limitaciones a estos principios fundamentales. Créamelo, señor presidente, usted que acaba de presidir hace tan pocos días una sesión solemne con absoluta merecimiento de reconocimiento a la ciudad de Guayaquil, entiende el sentimiento del guayaquileño. Los guayaquileños nos hemos destacado por defender la autonomía, la desconcentración y la descentralización. Y para mi ciudad y para mis conciudadanos, en todos los niveles, en el académico, en la universidad, en los bancos, en la industria, en el comercio, en el día a día, los profesionales, los emprendedores, las personas que tienen trabajo formal o informal, que se desarrollan sus actividades en el puerto, porque en Guayaquil la riqueza viene del puerto, desde el puerto se desarrolla el comercio, la banca, la industria, los emprendimientos, las profesiones.

Es necesario revisarlo con pinzas. Esta es una recomendación que muy respetuoso hago a los legisladores que integran la comisión de GATS, porque sí tienen que considerar que hay ciudades que, por sus dimensiones y por su historia, se preocupan mucho de los temas de autonomía, desconcentración y descentralización. Y que es un tema bien sensible. No político, no político por ningún concepto, porque mi intervención no busca tener ninguna actividad política, sino técnica, jurídica y administrativa. Finalmente, señor presidente, tengo que reconocer que esta reforma tiene innovaciones que son contemporáneas y que vale la pena rescatar.

Y estoy seguro que con una apertura de diálogo y de comunicación apropiada podremos contribuir a mejorar y a poder terminar una norma que va a servir para el presente y para el futuro del Ecuador. Muchas gracias, señor presidente, señores legisladores.

Gracias, señor asambleísta. Al haberse debatido lo suficiente en este punto, se cierra el debate y una vez que ha finalizado el debate, se dispone que el proyecto retorne a la comisión para la elaboración del segundo informe, en donde por supuesto todos aquellos podrán intervenir. Señor secretario, certifique si hay más puntos adicionales en el orden.

Se clausura la presente sesión y se dispone la instalación inmediata de la siguiente sesión que estaba prevista para las 12 de la mañana.

Instala la sesión 110, señor secretario, por favor de lectura a la convocatoria.

Informe, por favor, señor secretario, si se han presentado solicitudes de modificación del orden del día.

Demos inicio al primer punto entonces.

Señores asambleístas, suspendemos la sesión para declararnos en comisión general de conformidad a lo establecido en la ley. Señor secretario, por favor, de paso a la comisión general.

Autorizado, señor secretario.

¿Ya tiene video, señor secretario? Ya, pásenlo. Sí, señor presidente.

Nuestras hijas.

Y todo esto...

Todo el informe, remítalo de forma íntegra para que sea parte del acta de la presente sesión.

Diana Jacome

Ok, listo. Muchísimas gracias, señor presidente, colegas asambleístas, ciudadanos que nos observan a través de las plataformas de la Asamblea Nacional. Quiero agradecer la intervención de Lorena y John en la Comisión General, en la cual pudieron transmitir su testimonio de la realidad y un ejemplo visible de lo que significa la adopción desde el testimonio de los padres adoptantes y también de transmitir la sensación que viven hoy sus hijas. Así que muchísimas gracias a ellos por haber tenido el valor de exponer su vida, de exponer su testimonio ante el Pleno de la Asamblea Nacional, ante el país entero.

Y antes de empezar, quiero agradecer a la asambleísta Lucía Pozo, proponente del proyecto. Gracias por esta iniciativa tan importante, Lucía. También a los miembros de la Comisión, a Jorge Chamba, a Edmundo Cerda, a Isaac Solano, a Jorge Guevara, a Dominique Serrano, a Otto Vera, que votaron a favor de este proyecto. Y a los que no lo hicieron, igual, gracias. Gracias. También agradecer a las instituciones participantes, al Ministerio de Desarrollo Humano, al Ministerio de Educación, Consejo de la Judicatura, Defensoría Pública, Policía Nacional, Jueces de la Unidad de Familia, Consejo de Protección de Derechos, a la organización Firmes, a Fundación Padres de Corazón, Fundación de Tim Ballers de Ecuador, Casa Mis Sueños, Hacienda La Esperanza, Fundación Henry Davis, Fundación Esperanza.

Y así, un sinnúmero de personas, organizaciones, que se dieron cita a las diferentes comparecencias que llevamos a cabo en la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social. Quiero decirles que, bueno, no quería tocar algo tan especial para mí, pero yo creo en los milagros. Más allá de las creencias que tengamos cada uno, creo que hoy hay un milagro en este hemiciclo. Y es el tratar una ley que hace muchísimos años lo pedía con toda la fuerza de mi corazón. Y que hoy tengo el orgullo y la gran responsabilidad de debatirlo.

Así que gracias primero a Dios, sobre todas las cosas, por permitirme estar debatiendo esta ley. Señores y señoras asambleístas, la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social desarrolló un proceso parlamentario establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en la cual conoció, tramitó y aprobó el informe para segundo debate del proyecto de Ley Orgánica Reformatoria de varios cuerpos legales para la agilización de la adopción. Es importante mencionar que para la elaboración de este informe, como para el perfeccionamiento del proyecto, la Comisión realizó un análisis técnico jurídico integral en el que se consideró el ordenamiento jurídico vigente y también las observaciones realizadas que enviaron varios asambleístas a nuestra Comisión, expertos en derecho de familia, funcionarios públicos vinculados con el proceso de adopción, fundaciones que ya he mencionado, organismos internacionales y también familias que han sido parte de estos procesos.

Este proyecto está compuesto por 22 artículos, tres disposiciones transitorias, disposiciones generales y tres transitorias, una disposición final en la que se establecen reformas sustanciales al Código Orgánico General de Procesos, al Código Orgánico de la Función Judicial, al Código de la Niñez y la Adolescencia y a la Ley Orgánica de Educación Superior. En esencia, el proyecto, como su nombre lo indica, busca incorporar disposiciones jurídicas que agilicen en su integridad el proceso de adopción, reduciendo tiempos y eliminando barreras estructurales, normativas y procesuales que ocasionan actualmente que la adopción sea un trámite extenso y que en algunos momentos también y en algunos casos puede durar varios años.

Señores asambleístas, el derecho de una niña, de un niño, de un adolescente a tener una familia consagrado en el artículo 45 de la Constitución de la República del Ecuador debe ser garantizado en un debido proceso de adopción, que sea ágil, eficiente y eficaz, que evite esas dilaciones procesales innecesarias que suceden y que lo hemos escuchado dentro del debate de la Comisión. Y sobre todo, señores, se asegure el principio de interés superior del niño que se encuentra establecido en el artículo 44 de la Constitución de nuestro país.

En tal sentido, para alcanzar su objeto, el proyecto de ley establece reformas de naturaleza procesal para que el juez que conoció del proceso de medida de protección en favor de una niña, de un niño, de un adolescente, sea competente, escúchese bien, también para resolver su declaratoria de adoptabilidad dentro del mismo proceso de medida judicial de protección. Esto en caso de que no se hubiera identificado o ubicado a sus progenitores o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad. De igual forma, la propuesta normativa establece que el juez que conoció el proceso de medida de protección en favor de una niña, niño o adolescente, es competente, además, para conocer y resolver sobre la privación de patria potestad y de ser el caso, en la misma sentencia se resuelve la pérdida de patria potestad y también se declare la adoptabilidad.

Podemos darnos cuenta lo importante que es reduciendo tiempos y dándole la competencia al mismo juez que conoció desde el inicio la situación de un niño que se encuentra en vulnerabilidad. De estas reformas estamos evitando que distintas autoridades judiciales, las que conozcan la situación de la niña o del niño, pues eliminamos aquí, vean ustedes, la duplicidad de actuaciones, también se garantiza la unidad de criterio al momento de resolver y se materializan los principios de celeridad y economía procesal establecidos en el artículo 169 de la Constitución de la República del Ecuador.

Adicional, el proyecto establece, incorpora plazos y términos máximos para que se realice de manera expedita la adopción, términos y plazos que no existían en la norma. Por lo tanto, quedaban a la discrecionalidad de los funcionarios, tanto judiciales como administrativos, para que resuelvan cuando ellos lo consideren o cuando tengan listo el informe. Miren ustedes, se establece plazo, se establece el plazo de dos meses para que la policía especializada en niños, niñas y adolescentes presenten el informe de investigación para identificar y ubicar a los progenitores o parientes del niño o niña.

Término máximo de 45 días para que la unidad técnica de adopciones emita el informe de situación y condición del niño. Y esto permitirá también avanzar con el proceso. 45 días. Se prevé el término máximo de 45 días para que la misma unidad emita la resolución de declaratoria de idoneidad de los candidatos adoptantes. Así también, el término máximo de 40 días para que se realice el emparentamiento, contados desde que tuvo lugar la aceptación de la asignación por parte de la familia y del niño, niña y adolescente.

Se contempla el plazo máximo de 10 días para que la unidad técnica de adopciones elabore el informe de asesoramiento respecto a las personas que deben otorgar el consentimiento de adopción. También se determina el término de tres días para que el registro civil proceda a la inscripción de la sentencia que concede la adopción. Se prevé el plazo máximo de seis meses para que tenga lugar la reinserción familiar de la niña, niño o adolescente. Si dentro de este plazo no se pudo lograr la reinserción, por no ser conveniente, por supuesto, al interés superior del niño, niña o adolescente, procede la declaratoria de adoptabilidad.

Las reformas señaladas guardan armonía con el artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador en un trámite de adopción expedito ejecutado en un plazo razonable. Ahora sí, señores, con plazos y términos claros, con seguridad jurídica, siempre primando y velando por el derecho al interés superior del niño. En ese sentido, ya no queda a la discrecionalidad de funcionarios, autoridades públicas de avanzar con el proceso de adopción, porque ya aquí estamos estableciendo reglas claras, tiempos, tiempos que deben cumplir los funcionarios. También se sanciona con multa económica por el incumplimiento injustificado de los plazos y términos.

Ojo con eso, no estamos hablando de un objeto, estamos hablando de la vida, del tiempo de un niño. No por la incompetencia o por la falta de cumplimiento de la ley, un funcionario va a dejar de hacer su trabajo y no entender que ese niño está esperando una familia. Así que las sanciones también se contemplan, tanto para funcionarios judiciales como funcionarios administrativos. La reforma es coherente con el artículo 82, el derecho de la seguridad jurídica que establece nuestra Constitución, por cuanto asegura que los procesos de adopción sean tramitados dentro de un periodo previamente establecido, con lo que se dota de previsibilidad y certeza a la niña, niño o adolescente, así como a los candidatos adoptantes de que las actuaciones para la adopción serán ejecutadas dentro del determinado periodo de tiempo establecido en la norma.

Por otra parte, algo que lo habíamos discutido en comisión y creo que ha sido muy importante y se lo ha recogido en su momento dentro del debate es el tema de la citación. Ahí había un cuello de botella. ¿Qué se establece ahora? Una citación ágil, eficiente y eficaz, por cuanto se establece que si en la investigación realizada por la policía especializada se llega a identificar y a ubicar a los progenitores o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad, procederá a citarlos entregándoles la boleta de citación correspondiente.

Con esta reforma se busca eliminar uno de los mayores cuellos de botella en el proceso de adopción por citación. Por lo general las personas que deben ser citadas, miren ustedes, son habitantes de calle, son personas que sufren adicciones, individuos que no tienen domicilio fijo, por lo que es sumamente y realmente complejo que los funcionarios judiciales puedan citarlo luego de que ya la policía haya determinado la existencia de progenitores o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad. Es importante que ellos ejecuten inmediatamente esta acción y fue también lo que nos transmitió funcionarios judiciales sobre este cuello de botella dentro del trámite de adopciones.

Por ello, ahora con las reformas propuestas, la policía especializada al momento de identificar y ubicar procede también a citarlos con el proceso de adopción y así podemos avanzar de una manera más oportuna en este trámite. En tal virtud, la modificación normativa presentada es armónica con el derecho a la tutela judicial efectiva establecido en el artículo 75 de nuestra Constitución. Adicionalmente, el proyecto de ley prevé que, junto a la notificación de declaratoria de adoptabilidad emitida por el juzgador, se remita además el expediente digital a fin de que se continúe con el proceso de adopción.

En esta reforma se ahorra tiempo y recursos. Esa también fue una de las observaciones que se dio en las comparecencias dentro de la comisión. El no tener el expediente judicial retrasaba tiempos porque la casa de acogida tenía que ir con su abogado a solicitar las copias y eso lleva tiempo. Hoy, una vez que se notifica la declaratoria de adoptabilidad, también se adjunta el expediente electrónico, el expediente judicial digital, para que inmediatamente proceda el trámite que corresponda. En esa misma línea, colegas asambleístas, el proyecto de ley aclara cuál es el momento en el que el juez debe ordenar la investigación para identificar y ubicar a los progenitores y parientes hasta el tercer grado de consanguinidad.

Uno, en el caso de una medida judicial de protección, la orden de investigación debe ser dispuesta al calificar la medida de protección. Dos, en el caso de privación de patria potestad, la orden de investigación debe ser dispuesta al calificar la demanda de privación de patria potestad. Tres, en el caso de declaratoria de adoptabilidad por consentimiento, la orden de investigación debe ser dispuesta al calificar la petición de declaratoria de adoptabilidad. En este sentido, la reforma propuesta dota de claridad a los procedimientos de adopción y aseguran aplicación procesal uniforme por parte de todas las autoridades judiciales, pues ahora tendrán y conocerán con certeza y precisión cuál es el momento procesal oportuno para realizar las investigaciones.

Otro tema importante en esa normativa también es el seguimiento de la adopción. En la normativa vigente se contemplan dos años de seguimiento. Nosotros estamos planteando hasta cinco años para continuar con el seguimiento de cómo va la adopción con los informes respectivos por el ente rector en materia de desarrollo humano. También es importante mencionar que el proyecto incorpora disposiciones jurídicas tendientes a tutelar la transversalidad de los derechos de los niños. Primero, incorpora como causal deprivación de la patria potestad cuando uno de los padres o los padres o los dos promuevan intervenciones médicas, quirúrgicas y farmacológicas para cambiar el sexo biológico de su hijo o hija, con excepciones de las intervenciones estrictamente necesarias para las personas con condiciones intersexuales.

Que me imagino todos conocen cuál es el término y cuáles son esas condiciones. Segundo, determina como requisito de los adoptantes el no registrar antecedentes penales por delitos contra la integridad sexual y reproductiva, delitos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar y otros delitos sancionados con pena privativa de libertad superior a cinco años. Ellos no pueden adoptar, ni Dios quiere. También, tercera, establece que no procederá la reinserción familiar cuando la niña, niño o adolescente fue separado de su entorno familiar por actos que atenten contra su integridad sexual o reproductiva.

Las reformas que he mencionado, colegas asambleístas, tienen una finalidad concreta y es proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes, sobre todo modificaciones normativas para garantizar el principio de su interés superior y la integridad física y psíquica que se encuentran contemplados en el artículo 44 y 45 de la Constitución de la República del Ecuador. En similar sentido, para ser breve, también se establece que las personas que pueden adoptar, tal como lo establece la propia Constitución en su artículo 68, son personas de distinto sexo y parejas de distinto sexo y personas solas heterosexuales.

Ojo con eso. Lo establece la propia Constitución y le damos armonía en este proyecto normativo. También para finalizar brevemente, señor Presidente, por el tiempo, decirles que también se establece un extracto tipo carta en lenguaje comprensible y adecuado a la autonomía al momento que se declara la adopción del niño. Y finalmente se contempla también las becas para los jóvenes que no han logrado ser adoptados y a los 18 años tienen que salir de las casas de acogida. Es ahí donde el Estado también garantiza su futuro, porque no puede tener opciones como el CRIBE o regresar a esos espacios donde sufrió violencia.

Es aquí donde el Estado le garantiza una beca y ayudas económicas que se encuentra establecido en una reforma del artículo 77 de la Ley de Educación Superior. Y también reiterarles que se establece hay disposiciones para que el MDH también tenga semestralmente informes de las casas de acogida, de cómo avanzan y también se informe a través del Ministerio de Educación cuáles son los jóvenes que van a cumplir 18 años y que ya deben salir de las casas de acogida para proceder a ser parte del sistema de educación superior.

En conclusión, señor Presidente, el proyecto de ley es una iniciativa legislativa que guarda armonía y coherencia con la Constitución y el ordenamiento jurídico, por lo que se recomienda al Pleno de la Asamblea Nacional su aprobación. Y para finalizar, nada más decirles a todos ustedes que este proyecto no es un proyecto político, no es un proyecto de una bandera política, es el proyecto de niños, niñas y adolescentes que hoy esperan un voto para darles esa esperanza, porque cada niño o niña merece algo tan sencillo y tan inmenso como tener un hogar donde sentirse amado.

Muchísimas gracias.

y pueblo ecuatoriano que nos sigue a través de los diferentes medios digitales, y un saludo especial a mi querida provincia de Napo. Quiero empezar con una frase realmente que motiva y que nos llega al corazón, porque vamos a tratar un proyecto de ley muy importante, que realmente llega a los sentimientos y a los corazones de cada uno de nosotros. No te di la vida, pero la vida me dio a ti, haciendo referencia a la adopción. Significa que el padre y la madre entregan el amor, el cariño y la seguridad durante toda la vida, no porque nació de su vientre o porque es la sangre de la madre, sino más bien porque en algún momento de la vida llegó a la vida del padre y la madre.

En ese sentido, cuando un proceso de adopción se prolonga durante años, no estamos ante un simple retraso administrativo. Lo que se posterga es la posibilidad de que niños y adolescentes crezcan en una familia que los proteja y brinde el afecto que toda persona necesita. Para una institución, seis meses o un año pueden parecer plazos manejables, pero para un niño o un adolescente que vive en acogimiento, es un tiempo de incertidumbre sin afecto ni oportunidades. Esta realidad es particularmente grave, si tenemos en cuenta que en nuestro país el 90% de niñas y niños y adolescentes que ya tienen declaratoria de adoptariedad y permanecen a la espera de un hogar son mayores de 10 años, mientras que la mayoría de familias adoptantes buscan niñas y niños de menor edad.

Esto significa que cada demora administrativa reduce las posibilidades reales de integración familiar. Para comprender las causas y razones detrás de esta realidad, en la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social, escuchamos a representantes de las principales instituciones que intervienen en los procesos de adopción, el Ministerio de Desarrollo Humano, la Defensoría Pública, el Consejo de la Judicatura, Fuerzas Especializadas, la Vicepresidencia de la República y DINAPEN, también recibimos los aportes de organizaciones de la sociedad civil y de profesionales independientes. En esto quiero felicitar a la compañera Presidenta de la Comisión, porque esta construcción o la construcción de esta ley lo ha hecho con toda la seriedad y responsabilidad del caso.

Gracias compañera Diana por su esfuerzo, por su entrega a la construcción de esta ley, porque los niños van a estar muy agradecidos en el futuro. Muchas gracias compañera Diana. En conjunto, recogimos criterios administrativos, judiciales, policiales, técnicos y sociales para identificar los principales problemas del sistema y construir las reformas propuestas. Se identificó, por ejemplo, investigaciones socio-familiares prolongadas, repetición de informes, intervención de distintos jueces sobre una misma situación, dificultades para localizar familiares sobre carga judicial y falta de coordinación entre las entidades competentes. Estos problemas se solucionan con reglas claras para la declaratoria de adoptabilidad, con plazos precisos para las investigaciones, con el tratamiento conjunto de los procesos de hermanos, con un límite temporal para el emparentamiento, con la inscripción oportuna de sentencias en el registro civil y con mecanismos de apoyo como becas educativas para jóvenes que cumplen 18 años sin haber sido adoptados.

Compañeras y compañeros asambleístas, esta reforma no se redactó desde un escritorio, sino que es el resultado de un trabajo consciente, dedicado y sistemático con el que queremos que el sistema procesal sea rápido y eficiente, pero también responsable y respetuoso de los derechos. Debemos ser claros, ninguna ley resolverá por sí sola todos los problemas del sistema de protección, pero esta reforma se establece reglas muy claras, responsabilidades concretas y procedimientos mejor coordinados para que la negligencia y la desorganización institucional dejen de decidir el futuro de tantas niñas, niños y adolescentes de nuestro país.

Por eso, votar a favor de este informe significa afirmar que el Estado no puede seguir permitiendo que una niña o un niño pierda su infancia esperando una decisión judicial o administrativa. Significa poner el Estado al servicio de la niñez y evitar que la niñez se encuentre a merced de la burocracia. El amor de padre y madre nace del corazón y no de la sangre. Queridos legisladores, querido presidente y pueblo ecuatoriano, yo sé que los compañeros legisladores van a votar a favor de esta ley porque los niños y niñas esperan una actitud positiva frente a este problema que han adolecido durante muchos años.

Muchas gracias, señor presidente, compañeros legisladores. Gracias. Gracias.

Tiene la palabra el asambleísta Isaac Solano.

Señoras y señores, no puede esperar. Cada niño que crece dentro de una casa de hogar por procesos de adopción innecesariamente largos, nos recuerda que una ley que provoca demoras en el derecho de tener un hogar, en el derecho de tener una familia, es una ley que hoy debemos mejorar. Y hoy la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social dice presente, presente en este hemiciclo para presentar soluciones reales y que nuestros niños tengan una vida digna, que nuestros niños tengan una familia a quien acudir. Señor Presidente, colegas asambleístas y a los medios de comunicación que me están viendo en este momento, hoy les digo que para una niña, un niño o un adolescente que espera una familia, el tiempo no solo se mide en días, sino que también se mide en cada cumpleaños celebrado dentro de una institución, en vínculos que tristemente no llegan y también en oportunidades que jamás podrán recuperarse.

Y todos nosotros sabemos que en el Ecuador los procesos de adopción tardan años, cinco años, incluso hasta diez años, porque cada proceso que vuelve a empezar, distintos jueces solicitan diligencias ya practicadas, expedientes que transitan de institución entre institución y eso es lo que ocasiona demoras, dejando perjudicados, ¿saben a quiénes? A nuestros menores, a nuestros niños que aún siguen esperando porque nadie nunca presentó una reforma, nadie nunca tuvo la iniciativa de presentar reformas para agilizar los procesos de adopción. Por eso, este proyecto de ley no pretende acelerar decisiones de una forma irresponsable, lo que se pretende aquí es eliminar esas demoras injustificadas, pero sin perjudicar ninguna garantía, estableciendo también que un mismo juez pueda conocer las medidas de protección del niño, también la privación de la patria potestad y por supuesto la declaratoria de adoptabilidad, fijando también plazos concretos, como por ejemplo, diez días para el informe de asesoramiento, cuarenta y cinco días para evaluar las necesidades del niño y también la idoneidad de los adoptantes, cuarenta y tres días para que el registro civil también pueda inscribir la sentencia, porque la celeridad, señores asamblistas, no puede seguir siendo únicamente un principio escrito en la Constitución, sino que también debe convertirse en una obligación efectiva y concreta.

Pero este proyecto de ley, para que lo entiendan mucho mejor y lo entiendan los ecuatorianos, no sacrifica esa protección por velocidad, sino que fortalece ese interés superior del niño, garantizando que también su opinión sea valorada, sea escuchada, conforme a su edad y madurez. Exigiendo también una evaluación individualizada antes de cualquier reinserción familiar, protegiendo también el vínculo entre hermanos, ampliando de dos a cinco años el seguimiento posterior a la adopción, reforzando requisitos de seguridad que deben cumplir quienes aspiren a adoptar. Incluso, ya lo dijo nuestra Presidenta, también se incorpora un método adecuado para que cada niño, niña y adolescente que enfrente un proceso de adopción sepa qué es lo que está pasando, porque no vale que el juez emita una sentencia, pero en un lenguaje jurídico.

El niño no entiende qué es lo que pasa. Y hoy, esta reforma que se hace al Código Orgánico General de Proceso, en su artículo 95, es una innovación que se está haciendo para que el niño comprenda qué es lo que está pasando. Y también, no nos debemos de olvidar de aquellos adolescentes que ya cumplen su mayoría de edad, que lastimosamente no son adoptados, pero es ahí donde el Estado debe actuar, otorgándoles el derecho de una beca para que puedan ser también profesionales de nuestra patria. Colegas asambleístas, no solo estamos agilizando un trámite, estamos también acortando esa distancia del menor que espera y de la familia que está dispuesta a recibirlo.

No permitamos que la burocracia le siga robando años de infancia a nuestros menores. Estemos a favor de que ellos también puedan crecer en un hogar digno, en una familia que sí los quiera. Pero antes de tocar la pantalla para votar, hoy les digo, no pensemos en banderas políticas. No pensemos en ideologías partidistas. Peor, en conveniencias momentáneas. Porque nadie podrá decir el día de mañana que no sabía lo que estaba votando. Y quien esté en contra o vote en contra o en abstención de este proyecto de ley, el pueblo ecuatoriano los está viendo.

Y tendrán la absoluta responsabilidad de explicarle, no a nosotros, sino a esos niños que por qué permiten o por qué seguirán permitiendo un sistema obsoleto que solo prolonga la espera de muchos menores. Menores que no tienen la culpa de nada, que solo anhelan una familia. No hay argumento político que pese más que el derecho de un niño a crecer en un hogar. Hoy, cada voto tendrá un rostro, cada voto tendrá un nombre y una historia que contare. Que nuestra conciencia esté a la altura de esa responsabilidad.

El pueblo ecuatoriano hoy verá quiénes están del lado de nuestros niños, niñas y adolescentes y quiénes no. Muchas gracias, señor presidente.

Pido por favor a los legisladores si me ayudan un poquito con el retorno. Gracias. A ver, estimados ecuatorianos.

Compañeros de bancada, señores asambleístas, los que están conversando hoy.

Decía asambleístas, estimado presidente, justamente a quien le caiga el guante que se lo chanta al final del día, porque este es el pleno legislativo y todos debemos de ejercer la función de respeto al mismo, sea de la bancada que sea, porque es de respeto al pueblo ecuatoriano. Bueno, quiero iniciar señalando y haciendo una puntualización y la pregunta para los 151 legisladores o los que estemos aquí presentes, carece inclusive de mayor análisis, ¿quiénes de los asambleístas presentes están en contra de un proceso de adopción? Yo no veo levantar a nadie la mano, nadie está en contra de un proceso de adopción, pero es necesario, estimado presidente y estimados legisladores, llevar adelante un análisis que permita una adopción que garantice el derecho de las niñas, niños, para que no se convierta luego en un problema o una dificultad.

No, porque yo les pregunto también a ustedes legisladores, por apresurar un proceso de adopción, ¿podemos entregar a un niño, a cualquiera, que no haya cumplido un proceso real y verdadero de emparentamiento? El silencio lo dice todo. No, pues, porque para darle dignidad y bienestar a un niño, no tenemos que forzar a un proceso que debe cumplir especificaciones, y no de los asambleístas, sino especificaciones de gente especializada en la materia. Psicólogos, psicólogos, especialistas que trabajan con niños, niñas, en casas de acogida, y que conocen la realidad de cada uno de ellos.

Cada niño es un mundo distinto. Y en el artículo 12 de esta ley, se plantea o se pone como tiempo para el emparentamiento 40 días, y fue la consulta que generamos a nivel de la comisión. ¿Por qué 40 días? Proponentes de esta propuesta de ley que hicieron aportes del legislador Manuel Choro, por ejemplo, señala 60 días, con ampliación de 30 días. Un fundamento, probablemente en 40 días no es el tiempo necesario para poder llevar adelante el proceso de emparentamiento. Y existe un vacío también, estimados legisladores, que dice que se deberá cumplir en 40 días.

Y si no se cumplen esos 40 días, ¿qué pasa? ¿El niño pierde la posibilidad de ser adoptado? ¿O ya se le tiene que entregar sí o sí a la familia que quiere adoptar a ese niño? No se trata de afectos o desafectos. Se trata de análisis y profundización del tema, porque eso exige el pueblo ecuatoriano, estimados legisladores. Por Dios, ¿en dónde nos perdimos? Eso es lo que solicitamos de la comisión y pedí en la última sesión, que a propósito fue incidentada, que se analice la comisión y se busque a través de expertos técnicos el reconsiderar estos tiempos para que goce de un mayor fundamento o sustento.

¿Eso es motivo o razón para decirse que estamos en contra de un proceso de adopción de los niños? Por Dios, yo creo que para nadie, pues lo cierto, porque buscamos precautelar el derecho de las niñas, niños y adolescentes que lo estipule el mismo 153 del Código de las Niñas. Su aplicación exige decisiones individualizadas que consideren su situación concreta y garanticen su protección integral. Estén contestando el teléfono, por ahí está sonando. Por Dios, buscamos eso y por eso hago el pedido, presidente. Regrese a la comisión aplicando el artículo 61.

Pidamos la presencia de expertos y que nos digan o que pongamos en ese artículo una salvedad de que no llevarse adelante el proceso de emparentamiento en los 40 días que ponen aquí se considere un análisis que prorrogue 30, 40, 20, 10, yo no sé, pues. Si aquí mismo lo dicen, que dura hasta cinco años un proceso de adopción, apresurar los tiempos puede provocar una afectación para el mismo proceso. Esos son los temas de fondo. Lo relacionado también a lo que observé y sigo observando. Asambleístas, por Dios, ¿hasta cuándo?

No convirtamos a las leyes en un simple acto de demagogia. Pero para nadie, absolutamente para nadie, está por demás que un niño que está en una casa de acogida y ha cumplido sus 18 años pueda recibir o seguir recibiendo beneficio del Estado. ¿Con qué? Con una beca para el estudio. Sí, de acuerdo. Todos queremos que a esos niños se les dé una beca para que puedan continuar estudiando. Pero no, eso no quiere decir que hoy, modificando el artículo en un grupo de beneficiados que están, personas de escasos recursos, personas de alto rendimiento, buenos estudiantes, se incorpore a un grupo adicional sin que exista un análisis presupuestario.

Pero, ¿eso qué significa? Que usted, para poder acoger a sus 200, 250 niños, tiene que dejar o repartir ese presupuesto en más beneficiados. Cuando lo lógico que es, pues, que el Estado responsablemente aplicando una política pública destine una partida presupuestaria que permita garantizar que todos esos niños vayan a recibir una beca. Eso no es lógico aquello, estimados legisladores. O estamos siendo nosotros oposición por ser oposición. ¡No! Queremos que las leyes sean lo más aplicable a las necesidades de la población y ese es nuestro debate. Está el pedido.

Regrese a la Comisión. Veamos una salida y una solución y demos dignidad a los niños. Porque eso es lo que exigimos y exigen los niños. No hemos tocado acá, me quedan tres minutos. En el mundo imaginario, todos los niños que son abandonados están en condiciones de ser adoptados. Pero yo consulté y pregunté, de ese cúmulo, de ese grupo de niños, ¿qué porcentaje tiene verdadera probabilidad de ser adoptados? Muy reducido. ¿Por qué? Porque la realidad es distinta y para el análisis. Niños que están en condiciones de inseguridad o que han sido abandonados, no son pues porque los padres les votaron porque quisieron votarles.

Hay muchos niños que tienen parálisis cerebral, que tienen discapacidad, que tienen algún problema físico. Y como los padres le consideran una carga, no habría que llamarles padres, les votaron. Y los que desean adoptar, ¿ustedes creen, legisladores, que les ponen a ellos como prioridad para adoptales? O únicamente buscan al niño del catálogo que cumpla con las especificaciones. Esa es la realidad, por Dios. Entonces, no nos quedemos en el simple momento de la disputa o de que ya con esto solucionamos el problema de los niños que están en condiciones para adoptabilidad.

Miren, la atención que he contado de ustedes nos llama a la reflexión, porque debemos buscar soluciones prácticas a lo que vive hoy lamentablemente el país. Y hasta allá es así donde nosotros nos dirigimos. Cuente con nosotros siempre para apoyar toda propuesta que impuse el bienestar de las niñas, niños y adolescentes. Pero cuando falta política pública, cuando no hay inversión social, cuando se despide a las educadoras CNH que, producto ahorita de la fusión del Ministerio de Trabajo y del Ministerio de Inclusión Económica y Social, les están votando a la calle.

Tienen que dejar el cargo el 31 de octubre y les dijeron que no les iban a votar. ¿Y por qué toco este tema? Porque esas educadoras van a los territorios rurales, les atienden a sus niños, se hacen cargo de ellos mientras sus padres trabajan. Y ahora, con esta medida, esos niños, ¿quién les va a ver? Sus padres muy probablemente tendrán que abandonarles. Porque ya no tienen quien les vea, quien les dé desarrollo integral infantil, desarrollo de sus capacidades psicomotrices y un largo, etc. Si no hay política pública efectiva y eficiente, el problema no se va a solucionar.

Cierro estos 30 segundos que me quedan, estimado presidente, con una última reflexión. Nosotros vamos a votar siempre a favor del niño y respondiendo al legislador Izar. Vamos a votar siempre pensando en el bienestar del niño. Con nosotros, sí, no cuenten para votar por el archivo de una ley que encubre la corrupción, como el caso Progen, como el caso ATM y que es parte de este gobierno. Gracias, presidente.

un poco difónico, pero aquí presente, señor Presidente. Hoy me siento más orgulloso que nunca, señor Presidente, de ser asambleísta y ser parte de la historia en estos momentos en el que estamos viviendo en este segundo debate para la agilización de la justicia en la adopción de niños, niñas y adolescentes. Quiero felicitar a la Presidenta de la Comisión, a mi colega Ibnita Jacome, por el buen manejo que tuvo durante estos nueve meses. Mire usted qué tiempo nos hemos tomado, nueve meses para llegar a este segundo debate.

Es importante siempre hablar con números. Este proyecto inició el 3 de octubre del año 2025, señor Presidente, colegas asambleístas. Para el primer debate se hicieron 11 sesiones, 11 sesiones para el primer debate. Se invitaron a esta comisión a 22 personas e instituciones. Para el segundo debate se hicieron 9 sesiones en la comisión con un total de 10 invitados. En total, para la primera y el segundo debate, se hicieron 20 sesiones en la comisión con un total de 32 invitados para enriquecer este proyecto que debe estar la importancia para el país y para un número importante de niños que esperan ser adoptados.

Mire usted, colegas, ¿quiénes nomás comparecieron? La vicepresidencia de la República, Ministerio de Desarrollo Humano, Consejo de la Judicatura, Viceministerio de Educación, Deportes y Cultura, Fueza de la Unidad Judicial de la Familia, Niñez y Adolescencia, Defensoría Pública, DINAPEN. Asimismo, acudieron fundaciones como cuáles, por ejemplo, Fundación Padres de Coración en Acción, Fundación T. Bieler, Consejo de Ecuador, Fundación Casa Mis Sueños, Fundación Hacienda La Esperanza, Fundación Henry Davis, Fundación Hacienda Oc Hoc. Mire usted el número de personas e instituciones que acudieron para enriquecer este proyecto, para que hoy venga este segundo debate.

Hoy será un día histórico, presidente, y recojo las palabras del asambleísta que me antecedió en el uso de la misma. Esto no debe ser un proyecto con tintes políticos. Hoy debe ser un proyecto eminentemente humano. Qué sabia lección de humanismo puro que nos dieron los padres adoptivos que se presentaron el día de hoy. Nosotros no vemos más allá que rostros tristes. Ustedes ven letras y leyes. Ellos ven los rostros de niños desesperados por tener un nuevo hogar. Hay más de 3.000 niños en las casas de acogida, señor presidente, que están esperando este momento histórico.

Y hoy seremos parte de esta historia. Cuente siempre conmigo, cuente siempre con mi voto positivo, presidenta. El Ecuador nos está observando. Y hoy será un día para no olvidarlo jamás. Por los niños que nos están esperando llenos de ilusión por tener una nueva familia. Por la comisión a la cual pertenezco, de la cual me siento orgulloso, de control, transparencia y participación ciudadana, hoy será histórico. Gracias, señor presidente, gracias, colegas asambleistas.

Gracias, asambleísta. Tiene la palabra el asambleísta Juan José Reyes.

Gracias, asambleísta. Tiene la palabra la asambleísta Paola Jaramillo.

Buenos días, señor presidente de la Asamblea, a todos los ecuatorianos que hoy nos ven a través de los diferentes medios de comunicación. Una verdadera pesadilla, un camino burocrático, lleno de trabas y con un final muchas veces desalentador. Así lo describen cientos de familias que han tenido que pasar por un proceso de adopción en nuestro país. Así lo acabamos de escuchar. Tiempo de espera, requisitos extensos, trámites que nadie termina de explicar y que pueden durar dos, tres, cuatro, cinco años. Y mientras tanto, las solicitudes de adopción descansan en algún escritorio de algún funcionario judicial y un niño sigue esperando la ilusión de poder tener un padre o una madre.

Esto pasa porque actualmente ningún trámite del proceso de adopción tiene un plazo definitivo. Actualmente existe duplicidad en los procedimientos judiciales y administrativos, un verdadero caos. Pero hoy este pleno va a cambiar esa realidad. Este proyecto hace algo concreto, le pone un plazo definitivo, un plazo a cada fase del proceso. Como ya lo habían mencionado algunos asambleístas, por ejemplo, la unidad técnica de adopciones contará con 45 días para emitir un informe sobre el caso del menor y otros 45 días para resolver la capacidad de los adoptantes.

Es decir, se investigará sus antecedentes penales, como ya lo había dicho la ponente de esta comisión. Cuando hay que investigar si un niño tiene familiares hasta el tercer grado de consanguinidad, la policía especializada tendrá un máximo de dos meses para entregar su informe. Y si en seis meses no fue posible que un niño regrese con su familia biológica, el juez tendrá que declarar que ese menor está en condiciones de ser adoptado. Y ya cuando el proceso termine, el registro civil tendrá tres días para inscribir la adopción y para que ese niño tenga su cédula con su nuevo apellido, el apellido de su nueva familia.

Los funcionarios que no cumplan con estos plazos serán sancionados. Otro punto importante que actualmente existe en la ley y preocupa es que el juez que atiende el caso de adopción desde el inicio casi nunca es el mismo que decide el final. Por eso existen tantas trabas en este proceso. Con esta ley, con este nuevo proyecto de ley, el mismo juez acompañará todo el proceso de adopción de principio a fin. Otro punto importante que trata este nuevo proyecto de ley, y que yo sí lo aplaudo, es que qué pasa con estos adolescentes que cumplen 18 años y todavía siguen en estas casas de acogida.

¿Le vamos a cerrar las puertas en la cara? ¿No les vamos a dar una oportunidad de estudiar? No, no, no, no. Eso no lo hace el presidente de la República, Daniel Novoa. Eso no lo hace esta bancada de ADN. Por eso, en este nuevo proyecto, vamos a darle una oportunidad a estos adolescentes que no han sido adoptados, que cumplen 18 años. 22 artículos. No van a cambiar al país de la noche a la mañana, sin duda. Pero cada uno de ellos representa un día menos de espera para un niño que hoy sueña con tener una familia.

Quiero aprovechar para felicitar a la Comisión de Transparencia, para felicitar a su presidenta, que yo sé el esfuerzo y el amor con lo que han construido este proyecto de ley. Señores, este es el país que yo quiero construir. Estas son las leyes que yo quiero construir y apoyar. Uno, donde ningún niño pierda la oportunidad de tener una familia que lo ame y que lo proteja. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias.

Gracias, asambleísta. Tiene la palabra la asambleísta Diana Blasio.

Gracias, señor presidente. Muy buenos días, compañeros asambleístas. Un gran abrazo para todos los ecuatorianos, en especial a mi provincia de Loro, que nos sintonizan a través de los medios digitales. El debate del día de hoy se centra en un punto crucial, el tiempo. El tiempo, compañeros, tiene un valor en diferente caso para cada persona. Para muchos, un día puede significar el cumplimiento de una meta. La superación de una dificultad, pero para un niño, en una casa de acogida, un día más mirando a la puerta por si llegan por él.

Significa un cumpleaños sin su deseo cumplido. Significa un día más de cartas y dibujos sin destinatarios. Una infancia detenida por la incertidumbre. Porque mientras nosotros contamos el tiempo en días, meses y años, ellos los cuentan en ausencias. Y justamente por eso estamos debatiendo el día de hoy esta ley. En Ecuador, la adopción sigue enfrentando obstáculos burocráticos que afectan a quienes deben estar en el centro de nuestras decisiones, los niños, niñas y adolescentes. Hay varias causas, entre ellas, los procesos que avanzan lentamente entre investigaciones, trámites judiciales y procedimientos administrativos, investigaciones que repiten y plazos que terminan extendiéndose mucho más allá de lo razonable.

Mientras tanto, un niño sigue esperando. Y el tiempo que pierde un niño nunca se recupera, compañeros. Por eso, este proyecto incorpora herramientas concretas para agilitar los procesos de adopción. Se establece que, cuando una autoridad judicial disponga de medidas de protección para un niño, también se inician de manera inmediata las investigaciones necesarias para ubicar a sus familias, evitando que las distintas etapas se desarrollen de manera aislada y generen nuevas demoras. Se fijan plazos para investigaciones que deben realizar la policía especializada y los equipos técnicos, porque la protección de los niños no puede quedar sometida en procedimientos indefinidos.

Se fortalece la declaratoria de adoptabilidad, estableciendo reglas claras sobre quién puede solicitarla, qué requisitos deben cumplirse y cómo se debe tramitarse, otorgando mayor seguridad jurídica y evitando retrasos innecesarios. Se permite que el mismo juez que conoció una medida de protección pueda también resolver la declaratoria de la adoptabilidad. Esto evita que el proceso de un niño vuelva a empezar cada vez que cambie la etapa procesal. Así hay menos trámites y menos tiempo perdido. Y algo que considero especialmente importante, en esta ley reafirma el interés superior del niño, debe prevalecer en cada decisión, porque el análisis de la situación familiar debe considerar su seguridad, su estabilidad, su bienestar emocional y el derecho a desarrollarse en un entorno que garantice su protección.

Por eso este proyecto de ley incorpora criterios que los jueces valoran tanto la opinión del niño como las condiciones reales de cuidado y protección que tendrá en el futuro. Además, para los adolescentes que están por cumplir 18 años y están por regresar de la casa de acogida, la inclusión de becas académicas es un aporte importantísima para su futuro. La protección de la niñez siempre ha sido un tema importante en el trabajo que llevo realizando durante años. Por lo mismo, quiero agradecer a la comisión por haberme recibido las observaciones que presenté oportunamente en que se refuerza el interés superior de los niños, niñas y adolescentes, así como no la discriminación por motivo de discapacidad, así como cualquier otra práctica que limite o retrase injustificadamente su acceso a una familia.

Compañeros asambleístas, sé que ninguna ley puede recuperar el tiempo que ya pasó, pero sí podemos evitar que más niños no tengan que seguir esperando. Tenemos que construir un sistema más ágil, más humano y más eficiente. Por eso quiero invitarlos a respaldar este proyecto de ley, porque ningún niño debería crecer sintiéndose que fue olvidado por el reloj de los adultos.

Muchísimas gracias, señor presidente.

Tiene la palabra la asambleísta Josebet Jaramillo.

niñas, niños y adolescentes siguen en acogimiento institucional esperando tener una familia. Cada uno de ellos tiene un nombre, una historia y sueña con un hogar. Este proyecto de ley busca cortar esta espera. Tener plazos claros en el proceso de adopción es crucial para agilizarlo y sobre todo proteger a los niños. Este proyecto establece un plazo límite de 40 días para el emparentamiento, dos meses para la investigación familiar y seis meses para la reincención en la familia biológica y tres días para inscribir la sentencia de adopción en el registro civil.

Los mismos plazos para todos los jueces en el país y sobre todo con las exigencias del convenio de la Haya, garantizando la protección de los menores. El 5 de mayo presenté observaciones formales al informe para primer debate para que el seguimiento del niño no termine con la sentencia de adopción. Hoy el informe para segundo debate la acoge y la amplía para cinco años, con tres informes en el primer año, dos en el segundo y un reporte anual hasta cumplir el tiempo establecido. A cargo del ente rector del Ministerio de Desarrollo Humano y sobre todo dirigido al mismo juez que conoció la causa desde el inicio.

Agradezco que se hayan recogido esta observación. Con esto, el Estado sigue presente mientras el niño se adapta con su nueva familia. Asimismo, el proyecto para primer debate ya prevía becas completas para que los jóvenes que crecen en un centro de acogida y no son adoptados puedan acceder a una beca. Pero no existía un mecanismo que garantice su cumplimiento. Por eso, dentro de las observaciones propuse que se establezca un control y hoy el informe para segundo debate lo acoge. Los centros de acogida van a reportar con regularidad al ente rector de inclusión económica y social para garantizar que la entrega de la beca se pueda efectuar.

Felicito a la Presidenta de la Comisión, asimismo a todos sus integrantes y a la proponente de este proyecto, a Lucía Pozo. Mi voto será a favor pensando en todos esos niños que buscan tener un hogar. Mi palabra, señor Presidente. Muchas gracias.

Gracias, asambleísta. Tiene la palabra la asambleísta Naila Quintana.

de comunicación, el día de hoy un abrazo solidario.

y a todos aquellos que buscan ser padres del corazón. Tantos niños sin un hogar, tantas personas que buscan adoptar, tantos adolescentes con la ansiedad de saber que están a punto de cumplir la mayoría de edad, sufriendo el no poder ser adoptados. Y todo esto por los llamados lazos. Como lo dijeron ya la pareja que expuso en este pleno, la agonía que viven no solamente los niños dentro de las casas, sino también quienes buscan adoptar, es una historia muy sensible. Estoy segura que detrás de cada curul en este Parlamento somos empáticos y entendemos, tal vez no estamos en la misma situación.

Personalmente, como madre, puedo hablar y decir que el estar aquí implica un sacrificio muy grande, el dejar a mi hija. Y entiendo que la separación, porque lo vivo, es un dolor que nos motiva. Y por eso felicito a cada uno de los padres que han tenido la valentía de seguir adelante con este proceso, a pesar de todo lo que han tenido que enfrentar. He presentado observaciones a este proyecto y lo hago dejando la premisa de que mi trabajo en este Parlamento valga la pena el haberme separado de mi hija cada vez que vengo aquí.

Por eso, y por la sensibilidad del tema, que prácticamente tal vez me rompa en mi discurso, me permito leer. Este proyecto de ley que presentó mi compañera bancada, la asambleísta Lucía Pozo Moreta, reconoce una verdad que no podemos seguir ignorando. El sistema actual, procesalmente hablando, se ha vuelto lento, fragmentado y revictimizante. Por ello, esta iniciativa cumple un rol y es precisamente agilizar los procesos judiciales y administrativos, eliminando barreras estructurales. Pero sobre todo, garantizar el interés superior del niño conforme lo consagra el artículo 44 de la Constitución.

Tal como se desprende del análisis del proyecto, uno de sus objetivos centrales es precisamente reducir los tiempos de adopción que hoy pueden extenderse por varios años. Este proyecto avanza en una dirección clara al incorporar medidas importantes para agilizar los procesos de adopción. Destaco, entre otras, la sanción por el incumplimiento de plazos para evitar dilaciones injustificadas, la fijación de términos concretos en etapas críticas, como la investigación, el emparentamiento y la inscripción, así como la simplificación de competencias judiciales para evitar la duplicidad de procesos. Como legisladores, nuestro deber no es únicamente aprobar leyes, sino aportar para perfeccionarlas.

En este sentido, quiero expresar mi total respaldo a este proyecto. En este caso, quien lo ha manejado de manera efectiva, la Presidenta de la Comisión, Diana Jacome, y respaldo a este proyecto porque una de las observaciones que presenté precisamente durante su tratamiento fue acogida e incorporada para perfeccionar el artículo 158.5 del informe para segundo debate por parte, obviamente, de la Presidenta. Me refiero a la observación remitida desde mi despacho mediante memorando presentado el 18 de junio del 2026, mediante la cual propuse establecer un plazo máximo para que la autoridad judicial emita la resolución motivada que declara la adoptabilidad con el propósito de dotar de mayor certeza y previsibilidad al procedimiento, optimizar la gestión judicial y evitar dilaciones que afectan directamente a niñas, niños y adolescentes que esperan una definición jurídica sobre su situación.

Esta observación fue acogida por la Comisión de Transparencia e incorporada en el texto del artículo 158.5 para ampliar y precisar su alcance relativo al procedimiento y resolución de la declaratoria de adoptabilidad, estableciendo plazo máximo al juez de 10 días desde la ejecutoría de la sentencia. Esta disposición establece que una vez sustanciado el procedimiento y evacuadas las pruebas, la jueza o el juez deberá emitir la resolución correspondiente y posteriormente, una vez ejecutoriada, esta será notificada para dar inicio inmediato a la fase administrativa de adopción. Puede parecer una precisión estrictamente procesal, pero en realidad tiene un sentido importante.

El proyecto ya establecía cuándo debía notificarse la resolución. Sin embargo, era igualmente necesario definir con claridad cuándo debía emitirse esa resolución motivada. Esa precisión evita espacios de incertidumbre, fortalece la seguridad jurídica y garantiza una continuidad procesal sin mayores dilaciones. Quiero señalar también que aquí no estamos discutiendo solamente términos o procedimientos. Estamos hablando de otorgarle certeza a un niño que necesita una familia, de evitar que los procesos queden suspendidos por vacíos procesales y de garantizar que la justicia llegue a tiempo. Como lo vimos y lo escuchamos ya aquí a lo largo de todas las intervenciones, cada día que logramos reducir en un proceso de adopción es un día menos de espera para un niño.

Cada barrera que eliminamos es una oportunidad para que una familia pueda formarse, y cada decisión que tomamos en este pleno define el futuro de quienes más nos necesitan. Hoy tenemos la oportunidad de demostrar que esta Asamblea no solo legisla, también protege derechos, garantiza oportunidades y transforma vidas. Por todos los niños que esperan ser adoptados, mi voto es a favor. Gracias, señor Presidente.

Ha pedido un punto de información la asambleísta Diana Gácome.

Muchas gracias, Presidente. Bueno, yo creo que es importante siempre hablar con la verdad. Como decía mi madre, hablar sobre todo con el corazón, porque cuando uno asume una responsabilidad como la que hoy tenemos en este país de legislar y crear leyes, hay que pensar en quienes han confiado en nosotros y no en la bandera política o en la disposición que nos dan de votar en contra, en cualquier ley. Bueno, aquí estamos hablando de los niños, de las niñas y adolescentes, no estamos hablando de un líder político, estamos hablando de sus derechos.

Y quiero aclarar un par de puntos, porque a mí sí me preocupa que se desinforme. Primero, veo que no ha leído aquel compañero que forma parte de la comisión, porque no pasa mucho en la comisión, sale, se distrae, pasa en sus dos teléfonos. Bueno, entonces eso implica que no se concentra en lo que debatimos en la comisión. Escúchese bien, por favor. Artículo 12 del proyecto, en el que hablaba del emparentamiento. ¿Saben cuánto dura hoy un emparentamiento de acuerdo a un manual interno que tiene el Ministerio de Desarrollo Humano?

15 días. Y nosotros, hoy, estamos poniendo 40 días. ¿Estamos o no? Ampliando. Otra vez, no leyó el proyecto, no leyó. No hace mal pegarse una leidita del proyecto cuando uno viene al pleno. Entonces, estamos, sí estamos aumentando a 40 días. Segundo, artículo 14. Tampoco leyó. El seguimiento de adopciones. Pasamos de dos años a cinco años. Artículo 14 del proyecto. Señor, más de 20 sesiones. Una leída. Así como cuando están haciendo puya. Ay, el tiempo que se van a hacer memes, cosas para tratar de atacar a la bancada nuestra.

Ay, tómense también el tiempo de leer. Desvirtuada esa primera posición que trata de tergiversar este proyecto tan sensible. Y lo voy a defender. Porque lo hice con el corazón. Y a esta comisión asistieron el Ministerio de Desarrollo Humano, quien precisamente nos dio estos tiempos. Personal técnico. No me lo estoy inventando yo. No me lo estoy inventando yo. Lo hizo el Ministerio de Desarrollo Humano. Y en el manual se establece 15 días. Estoy ampliándolo a 40. Así que desvirtuó su mentira. Segundo, de dos a cinco años el control.

Cinco años hay que controlar la adopción. También estamos ampliando, garantizando la protección y la integridad de esa adopción. Segunda mentira. Tercera. Usted dice que no podemos incluir, porque esto implica presupuesto. Pero en la sesión del 2021, en la sesión 701, usted, señor asambleísta, votó a favor de que se incluya en el artículo 77 a los jóvenes emprendedores, que está bien, sí. Mientras más jóvenes necesitan apoyo del Estado para poder avanzar en sus estudios secundarios, muy bien, pero hay que tener coherencia. Porque si ahí votó a favor y porque ahora quiere votar en contra de los chicos que tienen que salir de las casas de acogidas.

Y esto no implica aumento de presupuesto. Leamos un poquito. Las universidades tienen una asignación presupuestaria para becas y ayudas económicas. La asignación de presupuesto le corresponde al Ejecutivo, no al Legislativo. Estamos modificando únicamente a los beneficiarios, incluyendo a esos jóvenes que hoy necesitan de nuestro voto. Por eso apelo a ustedes, compañeros de la bancada social cristiana, de Pachacuti, y a ustedes también, señor de la Revolución Ciudadana. Hoy pensemos en los niños, no en obedecer cualquier disparate que a veces viene desde el extranjero. Tengamos criterio propio, defendamos a los niños, porque aquí no se trata de interés político.

¿O qué piensan? Que un niño que duerme en una casa de acogidas no sufre. Pues les diré que este informe fue construido también en una casa de acogida, recorriendo, escuchando a los niños, mientras ustedes solo se dedican al ruido mediático. ¡Sinvergüenzas!

Carmi Tupul.

ciudadanía ecuatoriana que nos observa y escucha por los distintos medios digitales, muy buenas tardes. El día de hoy hemos sido convocados para tratar un tema muy sensible, sensible para quienes en el caminar no sólo de autoridades o no sólo en tiempos de pedir votos, sino en el caminar de servicio a la gente, en el caminar de un servicio social, nos llama a tratarlo y total respeto. Señores legisladores, también saludar en esta que nos acompañan el día de hoy. Saludos a ustedes, mi reconocimiento y gratitud porque sabemos el tiempo que ustedes le asignó también para cumplir su deseo de ser padres y madres.

Dicho esto, también me voy a referir a este proyecto que si bien es cierto, conjuga 22 artículos, tres disposiciones generales, tres disposiciones transitorias y una disposición final. Pero no sólo hablar de artículos nos llama a este debate, nos llama también a ponernos en los zapatos de los niños, niñas, adolescentes que seguramente muchos de ellos estarán escuchando con gran esperanza este debate. Años de atrás, recuerdo haber caminado por algunos territorios y visitamos algunas casas de acogida. Y sí, en realidad, hablar de estos temas nos llama a sensibilizarnos como seres humanos.

Sabemos que toda ley por ciento las situaciones de todos, pero dar un paso gigantesco al hablar de cómo está desmotivado a muchos padres a continuar en su proceso de adopción. Y este tema es la burocracia. Y también hablamos de eso en muchas instituciones. En este proyecto de ley, se está reformando algunos cuerpos normativos. Se está reformando el Código Orgánico General de Procesos, se reforma el Código Orgánico de la Función Judicial, el Código de la Niñez y Adolescencia, y la Ley Orgánica de Educación Superior. Semanas de atrás, meses de atrás, me permití presentar también observaciones a este proyecto de ley.

Observaciones que agradezco y reconozco el trabajo de la Comisión de Participación Ciudadana, Control Social, que justamente ha acogido estas observaciones. Y por ello me permito el día de hoy justamente mencionar con claridad y firmeza que es tiempo que el Estado, que el Estado dé respuestas oportunas, que no deberían quedar estancados y peor aún, archivados, nada más porque un mal funcionario incumplió sus funciones. Por ello destacar lo que se ha colocado en este proyecto de ley, las sanciones a aquellos funcionarios que incumple con sus funciones, un incumplimiento injustificado.

También resaltar la reducción de los tiempos, la celeridad que se ha colocado ahora para que los procesos de adopción no sean esos procesos tan largos, tan gigantescos, que en muchos de los casos desmotivan y retienen los sueños de los padres adoptivos, pero también de los niños que siempre están a la espera de cumplir con el sueño y con su derecho constitucional de crecer, vivir dentro de un seno familiar. Me permito nuevamente, colegas legisladores, hacer un llamado a que en este tipo de debates, si bien es cierto, es necesario, es necesario que cumplamos con todas las normativas legales, pero por el respeto a los niños, a las niñas, a los adolescentes, que por tiempos grandes esperaron que a este pleno llegue este debate, pues también nos unamos y sumemos esfuerzos para que la consideración que tengamos en nuestras votaciones no se vea marcado por banderas políticas.

Repetir nuevamente a los padres adoptivos, a los niños, a las niñas, a los adolescentes, que aquí encontrarán un compromiso firme, frontal, porque si bien es cierto, repetimos, quienes hemos venido y hemos caminado haciendo un trabajo social, cuando hemos sido dirigentes sociales, comunitarios, barriales, o cuando también hemos coordinado con organizaciones no gubernamentales que responsablemente han trabajado también en brindar ese servicio a muchos niños que el Estado desafortunadamente les tiene todavía una gran deuda. Mi apoyo, mi voto favorable para este proyecto de ley, mi reconocimiento a la Comisión por el Trabajo Realizado, pero también siempre diremos con claridad, es necesario que toda ley no quede en letras, es necesario hacer la vigilancia y el seguimiento para que el día de hoy, lo que aprobemos, no se queden palabras ni letras si no se ejecuten.

Mi palabra, señor Presidente.

Gracias, asambleísta. Tiene la palabra el asambleísta Javier Ordóñez.

a la comisión que preside Yana Jalcomi, y gracias a Lucía Pozo por ser la proponente de algo tan importante, y gracias a todos los miembros de esa comisión que día a día estuvieron trabajando durante todo este tiempo para sacar algo de lo que sí me siento orgulloso. Qué bueno por fin tener que hablar aquí sobre un tema tan importante, no para nosotros los políticos, que pronto pasaremos, que seremos historia, si no por los niños, por los jóvenes, por esos de los que tanto se llenan la boca, diciendo que los cuidan, que los quieren, que los respetan.

Esta es la oportunidad que tenemos nosotros como legisladores, de cambiar esos futuros, porque como decían los padres de familia, que se pararon ahí, y cuya voz se quebraba y hizo que varios de nosotros, los que sí tenemos sentimientos y corazón, nos llenemos de emoción. Esos niños son héroes, esos niños no hicieron nada malo, y no podemos permitir que nuestras luchas políticas, que nuestras luchas ideológicas, que nuestras necesidades de protagonismo interfieran hoy con algo tan importante como eso. La gran mayoría de nosotros no ha vivido eso, pero la gran mayoría de nosotros somos padres, la gran mayoría de nosotros tenemos historias detrás, no todos nos creamos con nuestros padres.

En mi caso yo tuve la bendición de ser creado por mis abuelos, por mi tía, y sé lo que es estar sin un padre y sin una madre, y sé lo duro que es acostarse en las noches sin tener lo que tienen los demás. Gracias por estar aquí, a ustedes, que son los héroes. Gracias a esta bancada, por permitirme estar del lado correcto. Gracias a quienes pese a la orden que recibieron de oponerse a todo, tienen conciencia, tienen corazón, y saben que esto no es por nosotros, esto no es por el presidente Novoa, esto es por esos padres, esas madres, y sobre todo esos niños.

Los procesos tenían que acelerarse, pero también hay procesos que van a tomar más tiempo, como el pasar de dos años a cinco, para estar pendientes de que ese proceso de adopción se dé hasta el final. Aquí no caben las peleas, hoy no caben las peleas, solo hoy. Hoy cabe abrir el corazón, abrir la conciencia. No hagamos nosotros lo que hacen, o hicieron antes esos funcionarios que les pusieron trabas, que les demoraron los procesos. Porque hoy, por la decisión de uno de nosotros, puede volver todo a cero, o puede demorarse más, y eso es contra lo que estamos luchando.

Compañeros asambleístas, saben que este no es mi tono usual, pero hoy es algo más importante que nosotros. Es el futuro de la juventud de este país, es el futuro de esos niños, que como decían quienes intervinieron, todas las noches oran, no por ellos, sino por los que aún no han podido ser adoptados. Quiero pedirles que depongamos actitudes, sé que mi bancada va a apoyarla, ya lo hemos hecho, hemos dejado la política para apoyar un proyecto tan importante, como el que presentó la asambleísta Veloz en su momento, porque de eso se trata, de demostrar qué distintos somos.

Muchas gracias, señor presidente.

Gracias, asambleísta. Tiene la palabra la asambleísta Luciana Zapata.

Gracias, asambleísta. Tiene la palabra el asambleísta Bruno Pino.

Se va a suspender por 15 minutos y se reinstalará en 15 minutos, señor secretario.