Arturo Romboli - Sesión 127 - Comisión General

Señor Esteban Torres Cobo, Presidente de la Asamblea Nacional Encargado. Señoras y señores asambleístas, miembros del Consejo de Administración Legislativa. Señor asambleísta Diana Jacome, Presidenta de la Comisión Especializada de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social. Señor asambleísta Anabela Asín y señor asambleísta Valentina Centeno, proponentes del proyecto de prevención y erradicación del reclutamiento, uso o utilización de niños, niñas y adolescentes. Señoras y señores asambleístas, damas y caballeros. Es un honor para UNICEF comparecer ante el Pleno de la Asamblea Nacional y contribuir al análisis del proyecto de ley orgánica reformatoria para la prevención y erradicación del reclutamiento, uso y utilización de niñas, niños y adolescentes.

Una propuesta legislativa que puede marcar un hito en la protección infantil en el Ecuador. Este proyecto de ley responde a un problema de enorme gravedad, el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por parte del crimen organizado que les arrebata su derecho a sobrevivir, a estudiar, a crecer sin miedo y a vivir plenamente su infancia. Este repudiable delito, que constituye una grave violación de los derechos humanos, no solo trunca las vidas de sus víctimas, la infancia más vulnerable y excluida, sino que también abre una profunda herida social que pone en riesgo el capital humano y el futuro del país.

Con un enfoque integral y centrado en derechos, el proyecto legislativo que hoy se debate abre la posibilidad de que la niñez cuente con prevención efectiva, protección oportuna y respuestas coordinadas. Bajo esta perspectiva, también reconoce como víctimas de este grave delito a quienes han sido reclutados, usados o utilizados y sitúa sus derechos y necesidades en el centro de cada intervención. UNICEF valora los avances del proyecto, pues favorece la consolidación de comunidades protectoras y promueve la generación de oportunidades reales para la niñez, de modo que a través de la educación, el deporte, la cultura y el fortalecimiento del sistema de protección podamos lograr que crezcan en entornos seguros.

Destacamos especialmente dos elementos clave de la propuesta de ley. En primer lugar, la importancia de generar un enfoque sistémico de la prevención. Y segundo, la necesidad de desarrollar las respuestas multidisciplinarias y que sean adaptadas a los contextos de los niños para garantizar acciones efectivas que generen cambios y transformaciones reales. El proyecto está además en línea con las observaciones finales formuladas al Ecuador por el Comité de los Derechos del Niño en febrero del 2025. El Comité recomendó al Estado ecuatoriano implementar un plan integral para prevenir el reclutamiento y la utilización de niños y adolescentes por bandas y grupos de delincuencia organizada, abordando factores de riesgo como la pobreza, la falta de oportunidades, la violencia en su entorno y la desintegración familiar.

También recomendó priorizar las medidas de intervención temprana, fortalecer los mecanismos de protección y seguridad en las escuelas, actualizar la legislación penal vinculada al reclutamiento y desarrollar programas que faciliten la salida segura y la reintegración de quienes han sido víctimas. La propuesta de ley es un paso clave que se suma a otros avances que ha dado el Ecuador en el camino hacia la protección de la niñez, como la conformación del Comité para la Prevención y Erradicación del Reclutamiento, Uso y Utilización de Niños, Niñas y Adolescentes, COPRUNA, para establecer medidas de prevención comunitaria, para proveer servicios especializados, gestionar adecuadamente los casos y generar oportunidades.

Este proyecto de ley complementa estos esfuerzos y contribuye a su implementación. Además, fortalece el rol de las autoridades locales e incluye a todos los actores vinculados a la garantía y promoción de los derechos de niñas y niños para hacer frente a la violencia armada y fortalecer la respuesta de prevención. Reconocer expresamente el reclutamiento, el uso y la utilización de niñas, niños y adolescentes y distinguir estas formas de afectación permite comprender mejor los riesgos y orientar respuestas que sean adecuadas. La prevención no puede comenzar cuando el daño ya se ha producido.

Debe fortalecer a las familias, las escuelas y las comunidades, asegurar servicios accesibles y, sobre todo, actuar de manera temprana ante las señales de riesgo. Quisiera destacar especialmente el papel del sistema educativo. La escuela debe ser un lugar seguro de aprendizaje, convivencia y detección temprana de violencia, incluida la que ocurre en el hogar o en la comunidad. Por ello, son valiosas las disposiciones que incluye la propuesta de ley sobre las rutas de protección, acompañamiento pedagógico y socioemocional, continuidad educativa y articulación con los servicios especializados. Su aplicación requerirá personal preparado, procedimientos claros y una respuesta que proteja al estudiante sin criminalizarlo.

El proyecto acierta al vincular la protección con la permanencia y la reinserción educativa, el acompañamiento psicosocial y la salud mental, la atención frente al consumo problemático de sustancias y la creación de oportunidades deportivas, culturales y recreativas. También reconoce la protección en entornos digitales y en contextos de emergencia y violencia. Estas acciones deben considerar las opiniones de los niños, niñas y adolescentes, atender sus circunstancias y evitar su estigmatización. Expertos en materia de niñez han señalado que el incumplimiento de derechos y la desigualdad de oportunidades aumentan los factores de riesgo y que los adolescentes se vinculen a actividades delictivas, en particular en entornos donde operan organizaciones criminales y donde estas son percibidas como una opción para poder subsistir.

El proyecto de ley atiende justamente esta problemática y plantea el desarrollo de programas para trabajar su reintegración sin dejar a ningún niño o adolescente atrás. El énfasis en el fortalecimiento territorial es igualmente importante. El mapeo de riesgos puede ayudar a identificar escuelas y comunidades expuestas y a dirigir recursos a donde más se los necesita, siempre con salvaguarda para asegurar la confidencialidad y evitar que se estigmatice a estudiantes o barrios. Asimismo, la participación de los gobiernos autónomos descentralizados en la recuperación de espacios públicos seguros y el fortalecimiento de sus sistemas de protección restablece los vínculos comunitarios y amplía las posibilidades de protección cotidiana.

Valoramos la propuesta de un mecanismo de coordinación entre las instituciones y de un mejor uso de los registros existentes para dar continuidad a la atención y al seguimiento de las medidas de protección. Para una niña o un niño, una derivación entre instituciones solo funciona si el siguiente servicio recibe el caso y presta la atención necesaria de manera efectiva y sin revictimización. Esta coordinación debe traducirse en responsabilidades definidas, en personal capacitado, en recursos y un seguimiento verificable. Todo esto con un resguardo estricto de los datos personales.

El proyecto reconoce la necesidad de una respuesta ágil por parte de las juntas cantonales de protección y del sistema de justicia. También propone fortalecer las capacidades de madres, padres y cuidadores y promueve la reintegración familiar, educativa y comunitaria. En el caso de adolescentes en conflicto con la ley, la especialización del personal, las medidas socioeducativas y el acompañamiento posterior son esenciales para proteger los derechos y reducir nuevos riesgos. El debate de este proyecto hoy en esta asamblea constituye una oportunidad para avanzar hacia una legislación que sitúe a la protección de la niñez en el centro.

Constituye un paso fundamental para saldar la deuda con los 5.4 millones de niños, niñas y adolescentes que hoy necesitan un nuevo código de niñez y adolescencia, que sea integral, que responda a las necesidades actuales y que esté plenamente alineado con la Convención sobre los Derechos del Niño y la Constitución. Pero hoy, este pleno tiene la posibilidad de tomar una decisión trascendental, fortalecer las herramientas del país para prevenir el reclutamiento, proteger a quienes se encuentran en riesgo y restituir los derechos de quienes ya han sido víctimas.

Cada niña, niño o adolescente protegido frente al reclutamiento representa una vida que no se trunca, un estudiante que continúa en la escuela, una familia que recupera la esperanza, una comunidad que convive sin violencia y un país que protege el capital humano de su futuro. Señoras y señores asambleístas, UNICEF les invita hoy a consolidar los avances de este proyecto y a colocar, por encima de cualquier diferencia, el interés superior de las niñas, niños y adolescentes. Ecuador necesita una respuesta firme frente a quienes reclutan y utilizan a la niñez y una respuesta especializada y humana para proteger a sus víctimas.

Por último, ratificamos nuestro compromiso. Las autoridades, los legisladores, los niños y las familias cuentan con el apoyo y el aval de UNICEF para acompañar al país en la implementación de las medidas necesarias para que esta ley se traduzca en protección efectiva, oportunidades justas y vidas libres de violencia. Muchas gracias.