Gracias, Presidente. Muy buenos días con todos y todas. Yo quisiera hacer una pregunta y que deberíamos responder todos. ¿Cómo llegó al Ecuador punto en que una organización criminal puede ofrecerle a un niño, a una niña, a un adolescente dinero, bienes materiales o protección antes de que el Estado le garantice educación, salud, trabajo y protección? Sí, hoy debatimos un proyecto para prevenir el reclutamiento de los niños, de las niñas y adolescentes. Esta propuesta reconoce como víctimas a los reclutados. Establece alertas tempranas, medidas de protección, plantea atención en salud mental, adicciones, reserva de datos, continuidad educativa y reintegración familiar y comunitaria.
Dispone de orientación a las familias, coordinación entre instituciones, acciones preventivas en escuelas, espacios públicos y entornos digitales. Programas culturales, deportivos, becas y ayudas económicas. Y en materia penal, refuerza las sanciones para quienes reclutan y prevé defensa para las víctimas. Estas disposiciones sí son necesarias, pero el país ya conoce de leyes aprobadas con bombos y platillos y que después no se aplican. Una alerta temprana no protege a nadie si no hay personal que responda. Una ruta de atención no sirve si el centro de salud no tiene profesionales ni medicinas.
Y una promesa de reintegración fracasa si la escuela no puede recibir al estudiante con seguridad. Seamos honestos con el país, esta ley por sí sola no resolverá el reclutamiento. Su cumplimiento exige recursos, instituciones capaces de cumplir y autoridades con voluntad política. La asamblea debe legislar y también fiscalizar que cada obligación se cumpla en territorio. Las causas del reclutamiento están en la exposición de los motivos de este proyecto. Y ahí está la pobreza que se hereda, la exclusión, la violencia en el hogar, el abandono escolar, el consumo de drogas, barrios bajo control criminal e instituciones estatales que no actúan para garantizar sus derechos.
Las bandas criminales llegan antes que el Estado y captan mediante amenazas, manipulación y ofrecimiento económico. Y el Estado y el gobierno llegan totalmente tarde cuando la violencia alcanza a la infancia y a la adolescencia. Unicef ya advierte que los homicidios de niñas, niños y adolescentes aumentaron un 631% solo entre 2021 y 2025. Y estima que 267 mil están fuera del sistema educativo. El INE reportó que el 49.4% de las niñas y niños vive con necesidades básicas insatisfechas y que el 19.3% de los menores lamentablemente padecen de desnutrición crónica.
Todavía no contamos con una cifra pública nacional de menores reclutados. Y detrás de esas cifras hay hogares que luchan por conseguir comida, medicina, trabajo. Hay adolescentes que necesitan estudiar sin miedo. Entonces pregunto al gobierno, ¿cuál es el plan financiado para proteger de manera integral a las familias en los territorios donde operan las bandas? Es inhumano abandonar a una comunidad o barrio durante años y aparecer después cuando sus niños ya han sido reclutados por el crimen organizado, únicamente con una respuesta legal y policial. Por eso, esta ley también debe mejorar para cumplir lo que promete.
En el artículo 11 se crea un mecanismo de coordinación, pero deja para que su integración y las funciones se hagan mediante un decreto. Por seguridad jurídica, esta ley debe fijar responsables y obligaciones totalmente claras. Artículo 11. La coordinación con la entidad que administra también las cárceles de adultos no debe borrar la diferencia entre ambos sistemas. La norma debe decir expresamente que los adolescentes tendrán programas personales y protocolos propios orientados a su educación y reintegración. Artículo 21. Podemos fortalecer la seguridad de los centros sin convertirlos en espacios regidos por prácticas penitenciarias de adultos.
Si va a intervenir personal de seguridad penitenciaria, la ley debe exigir formación especializada previa, protocolos adecuados para adolescentes y uso excepcional y proporcional de la fuerza. La Constitución exige medidas socioeducativas y un trato diferenciado. Esa garantía debe quedar escrita en la ley y cumplirse dentro de cada centro. Artículo 24. Encarga más tareas a los municipios, pero hay que dejar claro los recursos y servicios con que aportará el gobierno central. Porque no se protege a nadie trasladando responsabilidad sin recursos y sin capacidad para cumplirlos. El artículo 31 plantea mapas de riesgo escolar.
Al respecto debemos dejar igual establecido que no sea usado para marcar a estudiantes o estigmatizar barrios e instituciones educativas. Los artículos 34 y 38 ofrecen atención y derivación en salud. Solo una ruta escrita no cura a un niño. Si al final no encuentran personal, tratamiento o medicina en los hospitales y centro de salud, ¿cómo está sucediendo en la actualidad? El artículo 50 debe aclarar el acceso de las víctimas a becas y la nivelación, especialmente cuando la violencia interrumpió sus estudios. La Corte Constitucional ha exigido escuchar a los adolescentes y respetar, por supuesto, su educación y el debido proceso en las decisiones escolares.
Una alerta sobre posible reclutamiento debe abrir una puerta de protección y nunca convertirse en una condena anticipada contra el niño, la niña y el adolescente. Colegas, sancionemos con firmeza a los criminales que reclutan y utilizan a nuestros niños, pero también corrijamos este proyecto de ley para que cada institución sepa qué hacer y con qué recursos y con qué recursos. Y exijamos políticas públicas que se puedan ejecutarse en cada territorio, para que tengan garantizado educación, salud, trabajo para las familias y seguridad para vivir. Al final, este debate no se medirá por los años de cárcel que aprobemos, sino por cuántas niñas, niños y adolescentes logremos proteger antes de que una banda criminal toque la puerta de su casa.
Muchas gracias.