Sesión No. 113-AN-2025-2029 del pleno de la Asamblea Nacional

Bueno, muchas gracias. También es cierto, como tú has referido, la importancia de las reformas de los cuerpos normativos cuando estos tienen que estar ajustados no solamente a las nuevas realidades, sino también a estándares internacionales. Las reformas que planteamos del día de hoy están sujetas a los compromisos internacionales que ha suscrito el Estado ecuatoriano, específicamente, por ejemplo, en el caso macro del Convenio de Naciones Unidas con respecto a la lucha contra el cambio climático y también con respecto del Acuerdo de París. Entonces, parte fundamental de las reformas normativas que presentamos del día de hoy para un informe para segundo debate hacen referencia a la apertura del Estado ecuatoriano al mercado de carbonos, siempre refiriendo y respetando los derechos constitucionales de los pueblos y nacionalidades, los derechos convencionales enmarcados también en la consulta previa, libre e informada y también evitando parámetros sobre los cuales tienen que regularse, tienen que estar regulados.

El hecho de que existan estos compromisos internacionales refieren también la obligación del Estado ecuatoriano de regular su normativa interna. Frente a ello es que ya se hace referencia también a evitar principios de doble tipificación, como se hace referencia, y doble estandarización cuando se hace recurso a la apertura de los mercados de carbono. Esto siempre en respeto a los derechos humanos, porque aquí se genera esta controversia de debate, de que el mercado de carbono o la apertura del Estado ecuatoriano a los mercados de carbono va a vulnerar los derechos humanos o va a vulnerar los derechos de los pueblos y las nacionalidades.

Eso se encuentra determinado en la normativa, se eleva a rango de ley también los decretos ejecutivos o los acuerdos ministeriales 053 y 055, que regulan también ya los compromisos del Estado ecuatoriano a nivel internacional. Y frente a ello es que este proyecto normativo se ajusta no solamente a estándares constitucionales, porque parte de la prohibición que de manera expresa consta en esta normativa hace referencia, por ejemplo, a la prohibición de comercialización de mercados de carbono cuando estos tengan relación con el uso y gestión de suelo. Lo que dice el artículo 74 constitucional lo dejamos en rango legal y también se asume o se subsume también a rango ya legislativo, al rango normativo, el hecho de los comités interinstitucionales que van a estar en la facultad de regular estos procesos a la apertura del mercado de carbono.

Precisamente es un tema de seguridad jurídica. Ahora, por ejemplo, el Estado ecuatoriano tiene compromisos internacionales. Uno de ellos es la reducción hasta el año 2035 del 7% en materia de carbono. Posterior de ello, cumpliendo ese compromiso internacional es que se puede generar una apertura de mercado internacional. Es decir, no vamos a dejar de nosotros de generar este acuerdo internacional, de dar cumplimiento a las obligaciones internacionales, de dar nuestro aporte también a la lucha contra el cambio climático, sino también de generar esta apertura, una vez cumplidos los compromisos internacionales, a una apertura de venta internacional a través, precisamente, del mercado de carbono.

Respetando lo que tú sí dices, el respeto al marco de los derechos humanos, a la consulta previa, libre e informada, al respeto del artículo 74 de la Constitución, que prohíbe de manera específica el uso y gestión de suelo con respecto a los mercados de carbono para nuestras comunidades, pueblos y nacionalidades.

A ver, los gases de carbono, desde esta perspectiva, se producen precisamente por este efecto de cambio climático, el efecto invernadero, producido por la huelga de carbono que deja absolutamente todas las industrias, que dejan, por ejemplo, inclusive la ganadería, la agricultura y demás. El Ecuador produce el 0.16% de gases de carbono, lo cual es ínfimo en relación en materia internacional. Estados Unidos produce el 26%, la Unión Europea el 32%, Asia produce el 36% de estos efectos que producen el gas invernadero. Sin embargo, de aquello, pues es el compromiso del Estado ecuatoriano en sujeción al Acuerdo de París, en sujeción a los acuerdos macro de las Naciones Unidas con respecto de este sistema, lo que permite que el día de hoy podamos generar una normativa amplia, concreta, y una normativa sobre todo que permita también institucionalizar y regular estos compromisos internacionales a través de estos comités intersectoriales, que en primera instancia se encontraban con un rango infralegal, porque formaban parte de los acuerdos ministeriales, y que el día de hoy ya con normativa concreta tienen atribuciones que les corresponden referente a la lucha en materia de prevención y actuación urgente en caso de desastres naturales.

Buenos días. Bueno, sí, el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia es una deuda pendiente que tiene la Asamblea Nacional con la Sociedad. En esta reforma propuesta por la Comisión Especializada de Derecho a la Niñez y Adolescencia se reforma tanto el Libro 1, Libro 2 y Libro 3 con algunas instituciones jurídicas importantes como Patria Potestad, sobre temas de derecho de maternidad, sobre adopción, que es importante legislarlo. Creemos que aún es importante también hacer algunas correcciones. Y el artículo 61 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa faculta igual regresar ocho días a la Comisión.

Por eso pediremos también que se regrese ocho días a la Comisión.

Sí, bueno, un aspecto de protección a nuestra niñez es justamente al incluirse nuevas tecnologías, también hay nuevas formas de captación de nuestros niños y niñas, de exponerles, por ejemplo, al tema del grooming y algunos de los que usted había comentado y por ende se integra dentro de la legislación y reformas al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. Ahí me ratifico nuevamente, creo que ahí hay algunos aspectos que hay que corregir, pero de manera integral la reforma es bastante positiva porque busca la protección de un sector tan importante para la sociedad y vulnerables sobre todo como son nuestros niños, niñas y adolescentes.

Bueno, sí, el criar un niño, el crear una niña, existe o debe existir esa corresponsabilidad precisamente entre el padre y la madre. Por ende, esta reforma viene a darles igualdad de derechos en el tema también de involucrarse en una crianza positiva de nuestros niños, niñas y adolescentes. Y era algo que se había pedido desde algunos sectores de la sociedad, en donde se pensaba que hasta cierto punto al padre se dejaba excluido de la crianza de nuestros niños, niñas y adolescentes. Esta reforma viene a corregir aquello.

En el tema de las pensiones alimenticias también creemos importante hacer un ajuste en el tema del obligado y la capacidad económica del obligado y cómo va a ser luego también este orden de prelación si es que el obligado principal no puede cumplir con su obligación que también propondremos en el Pleno de la Asamblea Nacional.

Gracias a ustedes, un excelente día.

Se instala la sesión 113 de la Asamblea Nacional. Por favor, señor secretario, dele lectura a la convocatoria.

Demos inicio con el primer punto del orden del día, por favor.

Señor Secretario, siguiente punto a la orden del día, por favor.

De lectura, por favor, al memorando respectivo y al informe en su parte resolutiva y el informe íntegro que se ha remitido por parte de la comisión, será parte del acta de la presente sesión.

Leísta Katerin Pacheco.

y a toda la ciudadanía que nos sigue a través de los distintos medios de comunicación. Compañeros y compañeras asambleístas, el cambio climático no es un problema del futuro, es una realidad que el Ecuador y nuestras provincias ya están viviendo. Lo vemos en las sequías que afectan al exceso del agua, en las inundaciones que destruyen todas las viviendas, los cultivos, en los incendios forestales, en los efectos que todo esto tiene sobre la salud y la economía de miles de familias ecuatorianas. Por ejemplo, en mi provincia de Loro, lo hemos sentido con mucha fuerza, porque cada invierno intenso deja familias afectadas, pérdidas en la producción agrícola, daños en las vías y comunidades que deben enfrentar las consecuencias de fenómenos climáticos que cada vez son más extremos.

La evidencia científica es contundente. El sexto informe de evaluación del panel intergubernamental sobre el cambio climático del IPCC, esto concluye que la influencia humana ha calentado la atmósfera, el océano y también la tierra, elevando ya la temperatura media del planeta aproximadamente de 1.1 grados centígrados respecto a lo que era preindustrial. Y esto también advierte que la magnitud de sus impactos dependerá de la rapidez y la profundidad con la que los estados adopten medidas que sean de mitigación y adaptación. La ciencia nos deja además una lección política pública, que debemos actuar temprano y esto es más eficaz y cuesta menos que reconstruir tarde.

Frente a esta realidad, el Ecuador no puede quedarse de brazos cruzados. Este proyecto de ley fortalece las herramientas del Estado para planificar, articular, coordinar y ejecutar acciones frente al cambio climático. Siempre incorporando no solo medidas de mitigación y adaptación, sino también el abordaje de las pérdidas y daños asociados a los efectos adversos del cambio climático, que esto hoy ya afecta a nuestras comunidades. Con ello, el Ecuador adopta la concepción integral que hoy es el estándar internacional de esta materia. Mitigar lo que aún podemos evitar, adaptarnos a lo que ya cambió y responder por lo que ya se perdió.

Durante el tratamiento de este proyecto de ley en la Comisión de Biodiversidad, a la cual yo pertenezco, escuchamos atentamente a las organizaciones de la sociedad civil. También estuvimos escuchando a la academia, a los especialistas y a técnicos de las carteras de Estado, que acogimos sus observaciones remitidas por las y los legisladores. Bueno, y si algo quedó claro en este proceso de diálogo, es que el Ecuador no podía seguir abordando la crisis climática de manera dispersa o con herramientas del pasado. Por eso decidimos actualizar y modernizar el libro del Código Orgánico del Ambiente, evitando la duplicidad de normas, consolidando un régimen jurídico integral, moderno y también transparente, donde el texto que hoy conocemos consta de 17 artículos reformatorios, una disposición transitoria y una disposición final, e integró por unificación este proyecto de ley sobre la reducción de emisiones de metano a la industria hidrocarburífera, un gas cuyo poder de calentamiento supera en más de 80 veces al del dióxido de carbono durante sus primeros 20 años en la atmósfera.

Eso es un resultado de un proceso serio y ordenado de construcción legislativa. Esta ley busca fortalecer la respuesta del Estado frente al cambio climático, compañeros, garantizar el cumplimiento de nuestros compromisos internacionales y proteger de forma efectiva los derechos de la naturaleza y de los ecuatorianos. Quiero destacar de manera muy clara los puntos fundamentales que logramos construir y pulir para el segundo debate. En primer lugar, incorporamos por primera vez en nuestra legislación el abordaje de las pérdidas y daños ocasionados por el cambio climático. ¿Qué significa esto?

Que el Estado reconoce que hay impactos que no siempre pueden evitarse o repararse únicamente con medidas de prevención o adaptación. Por eso esta ley establece un marco para impulsar acciones de recuperación, reconstrucción, rehabilitación y restauración de los territorios, los ecosistemas, las comunidades afectadas, además de fortalecer el acceso del Ecuador a mecanismos de cooperación y financiamiento climático internacional. ¿Esto para qué? Para atender estas emergencias. Porque cuando una inundación destruye las viviendas de una comunidad, cuando un agricultor pierde toda su cosecha o cuando una familia ve desaparecer su fuente de trabajo por un evento climático extremo, ya no basta con hablar de prevención, compañeros.

El Estado también está preparado para responder y ayudar a reconstruir estas viviendas. Otro avance importante de esta reforma es que moderniza la forma en que el Estado enfrenta el cambio climático. Se fortalece el Comité Interinstitucional del Cambio Climático que articula a 16 carteras de Estado, como la instancia permanente encargada de coordinar las políticas de acciones entre las diferentes instituciones del Estado y los distintos niveles de gobierno, evitando así que esfuerzos aislados, promoviendo una acción climática más eficiente. Pero además, este comité no trabajará de manera aislada.

podrá convocar a los gobiernos autónomos descentralizados, la academia, el sector privado, las organizaciones de la sociedad civil, las comunas, comunidades de pueblos y nacionalidades, así también como los organismos de cooperación y los otros actores relevantes. Porque de eso se trata, compañeros. Enfrentar el cambio climático requiere escuchar, coordinar, construir soluciones entre todos. Esa es la gobernanza climática que propone esta ley. Un Estado que lidera, coordina e integra a los sectores para responder de manera responsable a uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo. Esta reforma también establece reglas claras para la gestión de los resultados de mitigación de gases de efectos invernaderos.

El Estado regulará, registrará y supervisará las actividades y mecanismos relacionados con la reducción, remoción y captura de emisiones, garantizando integridad ambiental, transparencia, trazabilidad y seguridad jurídica. Por ello, compañeros, se crea el Registro Nacional de Cambio Climático que concentrará información oficial y permitirá controlar los resultados de mitigación que sean debidamente identificados y contabilizados, a fin de evitar su doble uso o doble contabilidad. Su función puede compararse con el registro de la propiedad, así como un inmueble no puede transferirse válidamente a dos compradores. Un mismo resultado de mitigación no debe atribuirse a utilizarse más de una vez.

De esta manera, la reforma fortalece la institucionalidad climática y asegura que las acciones ejecutadas contribuyan efectivamente al cumplimiento de los compromisos nacionales e internacionales del Ecuador bajo la rectaría del Estado y con reglas claras de control y seguimiento. Compañeros y compañeras asambleístas, quiero hacer una precisión sobre uno de los temas que más debate ha generado. Se ha dicho que esta ley privatiza la naturaleza. Esto simplemente no es cierto. Esta reforma no entrega nuestros bosques, ni nuestros ríos, ni nuestros recursos naturales a nadie. Lo que hace es darle al Estado las herramientas para regular, controlar y supervisar los mecanismos de cooperación climática y los mercados de carbono.

Hoy estos mecanismos ya existen en el mundo, pero el Ecuador no tiene reglas claras para administrarlos. Con esta ley, dejamos atrás este vacío y establecemos normas transparentes que garantizamos que todo funcione bajo el control de la Autoridad Ambiental Nacional y en beneficio total de nuestro país. El texto lo dice expresamente. Lo que se regula son resultados de mitigación cuantificables, verificables y transversales, sin que ello implique aprobación, privatización, ni comercialización de transparencia de los servicios ambientales, de las funciones ecosistemáticas, ni del carbono contenido en nuestros ecosistemas.

Y digámoslo con franqueza, compañeros. La verdadera desprotección es el vacío actual que permite que intermediarios sin escrúpulos, los llamados piratas del carbono, firmen contratos abusivos con comunidades que hoy negocian solas y sin respaldo. Esta ley les pone fin. Ningún acuerdo será válido sin la autorización y el registro del Estado. Otro aspecto fundamental de este proyecto son las salvaguardas ambientales y sociales. La ley deja claro que ningún proyecto podrá desarrollarse desconociendo los derechos de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades. Por el contrario, compañeros, garantiza el respeto a sus derechos colectivos y a los procesos de participación que establece nuestro ordenamiento jurídico, incluida la consulta previa, libre e informada cuando las iniciativas pueden incidir en sus tierras.

Conforme a la Constitución y al Convenio 169 de la OIT, esta reforma no limita ni revitaliza esos derechos. Reafirma su plena exigibilidad dentro de la gestión climática nacional. Además, cuando estos proyectos se desarrollen junto con las comunidades, los beneficios deberán atribuirse de manera transparente y equitativa. En definitiva, esta reforma no desprotege a las comunidades, más bien las protege, estableciendo reglas claras y evitando que intereses privados actúen sin control del Estado. Este proyecto apuesta por el conocimiento y la innovación. Se crea una agenda nacional de investigación, desarrollo e innovación climática.

¿Para qué? Para que el Ecuador genere información científica, impulse nuevas tecnologías y fortalezca sus capacidades para enfrentar el cambio climático. Porque las mejores decisiones se toman así, con evidencia. Y solo invirtiendo en investigación e innovación podremos construir soluciones que respondan a las necesidades y realidades de nuestro país. Señores y señoras asambleístas, quiero hacer un énfasis especial en la constitucionalidad de este proyecto de ley. Este proyecto respeta plenamente el artículo 74 de la Constitución que establece con absoluta claridad que los servicios ambientales no son susceptibles de apropiación.

Esta garantía constitucional permanece intacta. Pero recordemos, compañeros, lo que el propio artículo 74 dispone a continuación, que la producción, prestación, uso y aprovechamiento de los servicios ambientales serán regulados por el Estado. Y regular no es apropiar. Al contrario, no regular sería renunciar a un mandato constitucional. Y lo que esta ley regula no son solo servicios ambientales, sino los resultados de mitigación, los efectos cuantificables, son verificables y trazables de acciones concretas de reducción, captura o la remoción de emisiones. Lo que esta ley hace es actualizar y fortalecer el marco institucional de la política climática del Ecuador, estableciendo reglas claras para la planificación, la coordinación y los seguimientos de las acciones de adaptación, la mitigación y el abordaje de pérdidas y daños, así como para el desarrollo de instrumentos de financiamiento climático y también la participación en mecanismos de mercado con los enfoques corporativos.

Esto incluido aquellos basados y no basados en el mercado, siempre bajo la rectoría del Estado y con criterios de integridad ambiental, la transparencia y la trazabilidad de las salvaguardias sociales y ambientales. Además, compañeros, esta reforma desarrolla los compromisos internacionales que el Ecuador ha asumido soberanamente en el marco del convenio, este marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, el protocolo de Kioto, el acuerdo de París.

todo asambleísta.

la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y el Convenio sobre la Diversidad Biológica. Incluso la Corte Constitucional, mediante el dictamen número 004, donde determinó que el Acuerdo de París es compatible con nuestra Constitución. Compañeros y compañeras asambleístas, hoy no solo estamos votando respecto a una ley, estamos decidiendo cómo queremos cuidar al Ecuador. Tenemos la oportunidad de proteger nuestra naturaleza, respaldar nuestras comunidades y dejar un mejor país para nuestros hijos y nuestros nietos. Esta es una ley que mira el futuro, que pone reglas claras y fortalece al Estado para enfrentar uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo.

Los invito a que pensemos más allá de las diferencias políticas y votemos por el bienestar del Ecuador. Hoy tenemos la oportunidad de hacer lo correcto por nuestra gente, por nuestra tierra y por las futuras generaciones. Muchas gracias, señor presidente. Le devuelvo la palabra.

Interviene la asamblea.

una reforma al Código Orgánico del Ambiente. Estamos decidiendo sobre quién tendrá el patrimonio o el manejo del patrimonio natural del Ecuador. Estamos decidiendo si el carbono de nuestros bosques, de nuestros páramos, de nuestros manglares y de nuestros territorios será administrado bajo la autoridad soberana del Estado ecuatoriano. O si definitivamente terminamos entregando poco a poco decisiones estratégicas a intereses privados o a mecanismos internacionales. Porque cuando hablamos de carbono, hablamos de territorio. Cuando hablamos de territorio, hablamos de soberanía. Y cuando hablamos de soberanía, estamos hablando de la Constitución.

Como legisladores, tenemos la obligación de garantizar que ninguna norma permita, directa o indirectamente, disminuir la capacidad del Estado para decidir sobre sus recursos naturales. Por eso debe expresar mi profunda preocupación, porque el texto de hoy llega al Pleno manteniendo disposiciones que, lejos de fortalecer la gobernanza climática, generan incertidumbre y abren espacios para vulnerar constituciones preestablecidas. Primero, la soberanía de los recursos naturales y los activos de carbono. El Ecuador es un Estado soberano. Nuestra Constitución reconoce que los recursos naturales pertenecen al Estado y que corresponde exclusivamente a este regular su aprovechamiento.

Sin embargo, el proyecto no establece una prohibición expresa para impedir que mecanismos internacionales o mercados de carbono termine encondicionando decisiones nacionales. Ese vacío es extremadamente peligroso, porque una cosa es participar responsablemente en mercados de carbono y otra muy distinta, es permitir que esos mercados condicionen la planificación territorial, la política ambiental o el manejo de nuestros recursos estratégicos. Nuestra línea roja es absolutamente clara. Toda participación en mercados de carbono debe garantizar que el Estado ecuatoriano conserve el control absoluto sobre sus recursos naturales, sobre su territorio y sobre todas sus decisiones climáticas.

Segundo, el riesgo de privatización encubierta del Registro Nacional de Carbono. El artículo 254 permite delegar la operación del Registro Nacional de Carbono a terceros. Y aquí nos preguntamos, ¿quién administrará esa información? ¿Quién controlará los datos estratégicos sobre proyectos de carbono? ¿Quién tendrá acceso al inventario nacional? Estamos hablando de información estratégica para el Estado, no de un simple trámite administrativo. Delegar esa función significa abrir la puerta para que empresas privadas administren información que forma parte de la política ambiental y económica del Ecuador. Eso no fortalece la institucionalidad, más al contrario, la debilita.

Por ello, considero indispensable prohibir expresamente cualquier forma de administración privada del Registro Nacional de Carbono. Ese registro debe permanecer exclusivamente bajo el control del Estado ecuatoriano. Tercero, consulta previa, libre e informada. Quizás uno de los aspectos más preocupantes del proyecto sea el tratamiento que se dé al derecho de la consulta previa, libre e informada. El texto incorpora la frase. O el consentimiento cuando corresponda. Una frase aparentemente sencilla, pero jurídicamente muy peligrosa, porque relativiza un derecho que la Constitución reconoce como inalienable. El artículo 57 de nuestra Constitución no deja espacio para interpretaciones ambiguas.

Sin embargo, este proyecto remite los protocolos de consulta a futuras normas secundarias. Y aquí existe una enorme contradicción. La ley orgánica de consulta previa continúa pendiente en esta Asamblea desde noviembre del año 2025. Han pasado meses y seguimos sin desarrollar ese derecho fundamental mediante ley. Mientras tanto, pretendemos llenar ese vacío con reglamentos administrativos. Eso definitivamente es inaceptable. Y deja en estado de indefensión a comunidades, pueblos y nacionalidades frente a intermediarios privados conocidos internacionalmente como los llamados carbón-convoy, cuya actuación ha sido ampliamente cuestionada en distintos países.

Los derechos constitucionales no pueden depender de reglamentos, deben estar protegidos bajo la ley. Cuarto, protección de las comunidades. Este proyecto tampoco contiene una prohibición expresa contra el desplazamiento forzoso de poblaciones. Ese silencio también preocupa, porque si una ley no prohíbe claramente determinadas prácticas, termina permitiéndolas. La legislación debe establecer que ningún proyecto climático podrá provocar desplazamientos involuntarios sin compensación justa, garantías de habitabilidad y pleno respeto a los derechos humanos. Las comunidades no pueden convertirse en víctimas de una transición climática mal diseñada. La justicia climática también significa justicia social.

Quinto, protección de los exisistemas más frágiles. El proyecto tampoco prohíbe expresamente proyectos en bosques primarios ni en páramos vírgenes. Y aún más grave, no impide el reemplazo del bosque nativo por monocultivos forestales comerciales. No podemos aceptar, compañeros asambleístas, que se presente una restauración ambiental, aquello que en realidad constituye sustitución ecológica. Un monocultivo jamás reemplaza un bosque primario. Un monocultivo no reproduce la biodiversidad, no conserva los mismos ciclos hidrológicos, no mantiene la misma riqueza biológica. Permitir aquello sería legitimar un verdadero ecocidio disfrazado de economía verde. El Ecuador, país megadiverso, no puede convertirse en escenario del llamado monocultivo verde.

Sexto, la doble contabilidad de carbono. El artículo 253.1 delega la prevención de la doble contabilidad a la discusionalidad de la autoridad ambiental. Pero ese principio no puede quedar sujeto a interpretaciones administrativas. Debe estar expresamente prohibido en la ley, porque la doble contabilidad significa contabilizar la misma reducción de emisiones dos veces para cumplir las metas nacionales y simultáneamente vender esos mismos créditos en mercados privados. Eso, colegas asambleístas, distorsiona completamente la integridad ambiental y pone en riesgo la credibilidad internacional del Ecuador. La ley debe prohibirlo categóricamente esta aseveración.

Séptimo, el excesivo traslado de competencias a normas secundarias. Los artículos 253.1 y 253.3 contienen disposiciones meramente declarativas. No regulan, no establecen requisitos, no fijan sanciones, simplemente remiten todo al Ministerio del Ambiente y ello genera tres graves consecuencias. Primero, produce inseguridad jurídica. Cada gobierno podrá modificar los requisitos mediante simples reglamentos, contrariando el artículo 82 de la Constitución. Segundo, vulnera el principio de reserva de ley previsto en el artículo 132 de la Constitución y desarrollado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Los derechos y obligaciones fundamentales no pueden quedar sujetos a decisiones administrativas.

Y tercero, abre el riesgo de una apropiación indirecta de los servicios ambientales. Recordemos que el artículo 74 de nuestra Constitución es categórica. Los servicios ambientales no son susceptibles de apropiación. Su regulación corresponde exclusivamente al Estado. Por eso, no podemos permitir que una norma secundaria termine definiendo aquello que la Constitución reserva para la ley. Señor Presidente, colegas asambleístas, nada de lo que expongo constituye una preocupación aislada. Todos estos riesgos fueron advertidos durante el trámite legislativo. Fueron señalados en las observaciones presentadas por las compañeras asambleístas Verónica Eñiguez y Mariana Yumbay.

Fueron advertidos por las organizaciones sociales, por pueblos indígenas, por académicos, por especialistas en derecho ambiental, por expertos en mercados de carbono. Sin embargo, esas observaciones no fueron acogidas en el informe para segundo debate. Colegas asambleístas, todavía estamos a tiempo de corregir. Todavía estamos a tiempo de construir una ley que proteja al ambiente sin comprometer nuestra soberanía ecuatoriana. Que impulse la acción climática sin privatizar las funciones estratégicas del Estado. Que respete los derechos colectivos sin debilitarlos mediante reglamentos. Que proteja nuestros bosques sin convertirlos en mercancía y que fortalezca la institucionalidad.

Sin abrir espacios para nuevas formas de apropiación de nuestros recursos naturales. Porque defender el ambiente nunca puede significar renunciar a la soberanía. Porque combatir el cambio climático jamás puede hacerse sacrificando derechos constitucionales. Y porque la naturaleza, patrimonio de todos los ecuatorianos, merece una ley sólida, transparente, constitucional y verdaderamente protectora. Le vuelvo la palabra, señor Presidente. Muchas gracias.

Gracias, asambleísta. Tiene la palabra el asambleísta Fernando Nantipia.

Un saludo cordial a todo el Ecuador, en especial a la Amazonía y a mi querida provincia de Morona, Santiago, a quien represento en este pleno. Colegas asambleístas, esta intervención en este debate sobre el informe para segundo debate del proyecto de ley orgánica reformatoria al Código Orgánico del Ambiente. Quiero referirme a lo que esta reforma representa para la región amazónica, en especial para mi querida provincia de Morona, Santiago. Morona, Santiago, es una de las provincias de mayor biodiversidad. Prueba de ello, existen tres hidroeléctricas que alimentan energía en nuestro país.

Por eso quiero decir que es una de las provincias más expuestas de los efectos del cambio climático. Las crecidas de sus ríos principales y sus afluentes, deslizamientos, pérdida del suelo productivo y presión creciente sobre los bosques que sostienen a las nacionalidades chuar, achuar y a las comunidades colonas que existen en la provincia y sobre todo en la Amazonía ecuatoriana. Por esta razón, este debate no es sólo para la provincia, no es sólo para mi provincia, no es sólo para la Amazonía, sino donde están asentadas pueblos y nacionalidades del Ecuador.

El proyecto habilita mecanismos de mitigación en el sector de uso del suelo, silvicultura, entre ellos la conservación, la restauración, el manejo forestal sostenible y sistemas agroforestales que permiten que nuestras comunidades de Morón a Santiago, de la Amazonía y de todo el país, que conservan el bosque amazónico, accedan a resultados de mitigación reconocidos y sobre todo, queridos asambleístas, a financiamiento climático. Es importante ser claros frente a dudas que se han planteado en nuestros territorios. Esto no habilita la venta ni la privatización del bosque. La reforma establece claramente, colegas asambleístas, el artículo 74 de la Constitución ya lo establece, se regula la conservación, no se transfiere la propiedad del territorio.

La reforma incorpora salvaguardas ambientales y sociales obligatorias para toda acción climática que incida en tierras y territorios de comunas y comunidades, pueblos y nacionalidades. Nuestra Constitución es muy clara, la consulta previa, libre e informada es obligatorio y ningún proyecto de ley, ninguna iniciativa puede ir en contra de la Constitución, colegas asambleístas. En consecuencia, ningún mecanismo de carbono podrá implementarse en territorios de pueblos y nacionalidades o de cualquier otra nacionalidad sin observar los derechos colectivos y los procesos, como lo manifesté previamente, libres e informadas. Cuando estas iniciativas se desarrollen junto a las comunidades, la ley exige la distribución equitativa, transparente y trazable de los beneficios con acuerdos previamente informados.

Por primera vez y de manera integral, este Código incorpora el abordaje de pérdidas y daños climáticos, priorizando de esta manera a territorios, ecosistemas, sectores más vulnerables. Para nuestra provincia, esto implica un mapa nacional de vulnerabilidades, la rehabilitación, la protección de zonas expuestas a inundaciones, a deslizamientos, la restauración de ecosistemas degradados y mecanismos progresivos de financiamiento para atender los daños derivados de eventos climáticos extremos. La ley fortalece, colegas asambleístas, el acceso del país a financiamientos climático nacional e internacional, público, privado y multilateral, de cooperación con el Fondo Nacional para la Gestión Ambiental, como uno de los canales para estos recursos.

Una de las provincias amazónicas como Morona, Santiago, esto representa una vía real de inversión en infraestructura resiliente, restauración de ecosistemas, fortalecimiento de capacidades locales, sin depender exclusivamente del presupuesto general del Estado. Compañeras y compañeros asambleístas, esta reforma es una oportunidad, no sólo para la Amazonía, no sólo para Morona, Santiago, sino para todo el Ecuador, en particular. Dejen de ser vistas únicamente como reservas de recursos para otros y pasen a contar con reglas claras, la seguridad jurídica, como ya lo manifestó la ponente de este proyecto, la seguridad jurídica y el financiamiento efectivo para la gestión de nuestro propio territorio.

Por esta razón, y en representación de la provincia de Morona, Santiago y de la Amazonía ecuatoriana, anuncio, colegas asambleístas, que mi voto será a favor del informe para segundo debate de este proyecto de ley orgánica reformatorio al Código del Ambiente. Por Morona, Santiago y por la Amazonía y por los pueblos y nacionalidades. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente.

Presidente Galápagos presente, aquí en el pleno de la Asamblea Nacional, con una oportunidad para conservar el medio ambiente, pero también para que se beneficie a la gente. El cambio climático es una realidad. El cambio climático está presente en todo el mundo. Hemos visto con mucha preocupación cómo los organismos interinstitucionales e internacionales nos dicen que vamos a tener un embate climático con el fenómeno del Niño, que ya es una realidad. Justo ayer, en las noticias internacionales, más de 120 mil evacuados en la República de China. Y se viene una situación catastrófica en toda la región y más aún en nuestro país.

Nosotros, como Estado soberano, hemos firmado, y gracias a la apertura también del señor Presidente Daniel Novoa, acuerdos internacionales en la lucha contra el cambio climático, el Acuerdo de París, que lo estamos respetando, pero nuestra legislación no da paso a esos acuerdos internacionales de los que ya estamos suscritos ahora y en la antigüedad también. Y eso hace que este proyecto de ley sea tan importante para nuestra nación. Y voy a referirme también a mi provincia, la provincia de Galápagos. En Galápagos, nosotros los galapagueños somos los primeros que hemos conservado la naturaleza.

No por nada, ahora usted va a Galápagos, el lobito marino viene junto a usted, viene el ave, no se asustan porque somos los primeros que hemos conservado antes que exista el Parque Nacional Galápagos. Tenemos más de 500 especies de plantas nativas y alrededor de 200 endémicas que nosotros conservamos. Nosotros vivimos con muchas limitaciones y estamos gustosos de vivir así porque conservamos nuestro patrimonio. Pero ya basta, ya basta de que sólo pocos se beneficien de la conservación del ambiente y no la gente. ¿Y por qué? Porque este proyecto de ley, ahora que vamos con el tema de la mitigación y también con el tema del mercado de carbono, voluntario y no voluntario, es una oportunidad para nuestros pueblos.

Ahora los que se oponen y que ya escuché la bancada que está al otro lado del hemiciclo, ¿qué decían cuando estaba el proyecto Sociobosque? Que fue una buena idea, sí, pero no fue bien concebido, sin financiamiento, sin una ley que esté enmarcada para conservar el medio ambiente y que se beneficie la comunidad. Ahí no decían nada. Y ahora que hay un proyecto de ley que no sólo es el tema de los bosques y páramos, si en Galápagos, por ejemplo, en Amazonía, por ejemplo, que nuestro excelente colega también lo expuso, hay plantas endémicas y nativas que también se conservan y también ayudan para mitigar el impacto del cambio climático, para cuidar las fuentes de agua.

Y eso es lo que se propone aquí. No irnos en contra del artículo 74 de la Constitución. No se va a privatizar nada. Todas estas plantas endémicas y nativas están en las zonas rurales, están en las fincas de nuestros ancestros, de nuestras comunidades y que ahora, por fin, la comunidad que está siendo golpeada con su economía, porque ya la agricultura no da para más, pagan poco y tienen tierras improductivas y con esto del fenómeno del niño también va a haber mucho impacto económico. Es una oportunidad para que fondos internacionales vengan acá al Estado ecuatoriano y a través de este registro del cambio climático en proyectos que se pueden venir desde Galápagos, desde la comunidad, desde las comunidades indígenas que cuidan el agua aquí en la sierra, desde las comunidades amazónicas, se puedan beneficiar directamente las comunidades.

Se han beneficiado por años y sobre todo, hablo de Galápagos, con cientos de millones de dólares, las fundaciones y para el pueblo, solo atropello. Ahora es una oportunidad y gracias a la bancada ADN y gracias a la Comisión de Biodiversidad por trabajar este proyecto de ley e incorporar las observaciones que tuvimos como asambleístas para que nuestro pueblo sea por fin beneficiado. ¿Y cómo se lo va a hacer? También hemos visto que en la administración pública se necesita un fortalecimiento interinstitucional. Ahora se fortalece el Comité Interinstitucional del Cambio Climático que hace que las acciones de una u otra cartera de Estado no se contrapongan entre sí.

Hemos visto inconvenientes que la cartera de la autoridad ambiental con la cartera de gestión de riesgos, con la cartera de relaciones exteriores y con los gas municipales, no hay concordancia, no hay coordinación y algunos proyectos que vienen para la gente, que vienen para cuidar el ambiente, no se concretan por esa falta de coordinación. Ahora, con este fortalecimiento del Comité Interinstitucional contra el Cambio Climático, ya se puede hacer una asociación, un diálogo para que puedan venir estos proyectos. Y este registro del cambio climático se lo ha puesto en esta ley.

No vamos contra la Constitución, sino más bien con los proyectos que beneficien a la gente para canalizar recursos públicos y privados nacionales e internacionales. Esto beneficia directamente a la gente, ahora que estamos a puertas del fenómeno del niño. No queremos un argumento adicional, una ley adicional que proteja a nuestra gente. Por supuesto que queremos, este proyecto de ley atiende en el tema de prevención, mitigación y cuando ya esté el desastre, para la reparación también. Fondos internacionales que pueden venir canalizados a través de este proyecto de ley y que beneficien directamente a las zonas afectadas para nuestra gente.

El tema de las aboguardias ambientales y sociales respetan absolutamente los derechos colectivos. La consulta previa informada, lo acaban de decir los colegas asambleístas de la oposición, está textualmente ahí. No sé por qué se quieren oponer. Y con esto concluyo, señor presidente y colegas asambleístas. Es hora de que se dé dignidad a nuestro pueblo. Es hora de que los recursos que vengan para cuidar el medio ambiente también se beneficien a comunidades que cuidan y perseveran el medio ambiente. Es hora de que la comunidad sea beneficiada con los recursos millonarios internacionales que ahora este proyecto de ley va a ser posible.

Gracias, señor presidente. La voz del pueblo de Galápagos ha hablado. Devuelvo la palabra, señor presidente.

Gracias, asambleísta. Tiene la palabra el asambleísta Franklin Samaniego.

vecinos de Calderón que al día de hoy se encuentran atravesando una situación compleja y difícil, era denuncia de que el hospital de Calderón está próximo a cerrarse, que la atención como es característica de este gobierno es deficiente y lo que hace poner, pone en riesgo la vida de quienes habitan en la parroquia más grande del Ecuador. El día de hoy nos hemos reunido para tratar un tema muy complejo y muy difícil, yo oigo de mitigación, habla de poder llevar elementos en relación a la adaptación del cambio climático y parece que no se ha revisado el proyecto de ley.

Yo le pido al pueblo de la Amazonía, al pueblo de Galápagos, al pueblo del Ecuador que escuche lo que está pretendiendo incluirse en este proyecto de ley y sí, soy parte de la comisión. Lamentablemente, como ya es un modus operandi en las comisiones y quiero denunciarlo, porque esto no ha pasado en otras asambleas, en otros periodos legislativos, en donde revisábamos artículo por artículo, íbamos haciendo los aportes pertinentes. Hoy, 24 horas antes, se entrega un articulado y al siguiente día se lo pone para la votación. Sin embargo, de eso, personalmente puse en forma expresa mis observaciones en la comisión y la señorita Presidente y los miembros de la comisión no hicieron ningún comentario.

El día de hoy voy a trasladarlas aquí en el Pleno de la Asamblea Nacional, porque me parece sumamente importante, primero, que el Ecuador tenga conciencia y conocimiento y el pueblo ecuatoriano de que el Ecuador es uno de los pocos países que en la región no tiene una ley de cambio climático. Y ahí puedo señalar a Brasil en el año 2009, México en el año 2012, Argentina en el año 2019, Colombia en el 21, Chile en el 22, Perú en el 28 y Ecuador. Hoy está perdiéndose la oportunidad histórica de tener una ley que nos ayude a trabajar sobre los efectos y la mitigación del cambio climático.

Frente a esto, compañeros y compañeras, es lamentable que pongamos en riesgo elementos sustanciales, como por ejemplo, lo que engloba o lo que el Ecuador dejaría de percibir si es que existen afectaciones mayores. Se habla del 4% del PIB per cápita estimado al año 2050 y la estabilidad de la agricultura que aporta el 32% del empleo nacional. Eso, entre otras cosas, está en juego en este momento. No voy a seguir señalando los elementos que tienen que ver con el procedimiento y cómo se ha llevado el debate en la comisión.

Voy a ser muy expreso en las recomendaciones y sí, para los que les molesta, voy a leer en forma textual estos temas porque son temas técnicos que los voy a abordar de esa manera. Primero, ¿saben cuál es el núcleo jurídico de esta reforma? Les invito a que lean el artículo 253.1 de la misma. ¿Saben qué es lo que hace? Crea un marco habilitante para mercantilizar la gestión climática. Y aquí, este es el punto central. Este es el modelo que nos quieren imponer con esta ley. Eso es lo claro, eso es la verdad.

Ahí, como señalaba, se crea el marco habilitante para mercantilizar la gestión climática mediante mercados de carbono regulados y no regulados, como lo señalaba un asambleísta que me anteró en la palabra. Este proyecto, ¿saben lo que hace? Vende la ilusión de captar financiamiento internacional, pero en el fondo tiene un objetivo, priorizar un enfoque de mercados por encima de soluciones estructurales y, a mi criterio, inclusive pone en riesgo la soberanía nacional. Al analizar el articulado, encontramos flagrantes violaciones legales. Y voy a referirme a alguna. Artículo 4, que sustituye al artículo 251 de la reforma.

Y como digo, estoy siendo fidedigno en relación al proyecto, para que no se me diga que estamos politizando este tema. La entrega en este artículo de la potestad absoluta de formular y evaluar la política pública nacional al Comité Interinstitucional de Cambio Climático. Y ahí hay que tener una cosa importante en claro. Al no contarse con un contrapeso, se otorga una discrecionalidad total al gobierno de turno. Ustedes no van a estar toda la vida en el gobierno. Ojo, ¿qué es lo que, qué potestad se le está entregando?

Primero, para dictar normas técnicas a su medida, abriendo la puerta a algunas cosas fundamentales. Primero, a grupos económicos específicos. Luego, se crean monopolios verdes. Y cuarto, se entrega información estratégica sensible a terceros. Ojo, información estratégica más sensible a terceros. Y verán que estoy señalando artículo por artículo. Voy al artículo 5. Reforma el artículo 253. Este artículo habla de canalizar recursos financieros internacionales. Pero ¿saben qué? ¿Dónde está la trampa? No establece principios de transparencia y rendición de cuentas ni control. ¿Qué van a hacer los órganos de control?

No se señala nada. Además, el artículo 253.1 hace algo muy complicado o determina algo muy complicado. Delega la prevención de la doble contabilidad a la mera discrecionalidad de la autoridad ambiental en vez de hacer algo sustancial y fácil. Prohibir expresamente esta situación. ¿Esto qué es lo que hace? Está planteando una venta de humo. ¿Y por qué digo esto? Porque la misma redacción, la misma elaboración del documento determina que la reducción de emisiones sea contabilizada para las metas nacionales, por un lado, y por otro lado, en paralelo, sea vendida a un actor privado internacional en el mercado voluntario.

El engaño de la salvaguardia. Desde aquí se habló mucho. Alguien habló sobre la consulta previa, libre e informada. Sí, efectivamente, existe en la Constitución. Pero el texto hace una mera señalación de manera declarativa. Esto lo que hace es anularla en la práctica. ¿Y por qué digo esto? Porque ustedes recordarán, por una resolución, se le quitó a la Comisión de Garantías Constitucionales el tratamiento de esta ley que tenía informe para primer debate sobre la consulta, la ley sobre la consulta previa, libre e informada y la consulta ambiental.

¿Y saben qué? Hasta ahora duerme el sueño de los justos. Y lamentablemente, pese a que lo hemos requerido, en mi comisión. Quiero señalar, para ir terminando esta parte técnica y dedicarme ya a las conclusiones por el tiempo, el artículo 7, que reforma el 254, realiza una delegación a terceros para la gestión del registro de la transacción de carbono. No, grave. ¿Esto qué es lo que hace? Yo entiendo que no queremos privatizar, es lo que nos han dicho, pero realmente creo yo que sí privatiza de facto el control de los activos ambientales del país, beneficiando a intermediarios financieros y especuladores en lugar de cuidar a las comunidades que cuidan nuestra naturaleza.

Paralelamente, el proyecto no define los requisitos ni acciones explícitas por el incumplimiento de esta salvaguardia. Y en conclusión, por el tiempo, únicamente dos cosas. Primero, la crisis climática no soluciona transaccionar, no se soluciona transaccionando toneladas de CO2 en oficinas de vidrio. El cambio climático no se frena firmando contratos opacos en escritorios de lujo. Se frena deteniendo el extractivismo, que ustedes no han hecho, protegiendo la integridad del suelo, que ustedes no han hecho, minimizando de forma real la contaminación en la fuente y además respetando de manera absoluta a las comunidades que hoy están poniéndose en peligro.

En conclusión, quiero señalar principalmente que la crisis climática no puede convertirse en un negocio de lavado verde, sin vigilancia ni transparencia como he señalado y como consta en el articulado. Una norma legítima debe poner obligatoriamente en el centro los derechos de la naturaleza, la transparencia, la defensa del territorio que nos corresponde a todos. Ya voy a ver cuando vayamos a pedir el voto, ¿qué le vamos a decir a la gente? La justicia climática, la protección real de las comunidades y una participación vinculante. Por eso, compañeros, compañeras, pueblo ecuatoriano, nuestro voto será contundentemente en contra.

Muchísimas gracias.

Buenas tardes. Buenas tardes a todos los colegas legisladores, a todos los ecuatorianos que nos ven para este importante debate. Bueno, yo creo que antes de entrar a términos jurídicos y técnicos de esta ley, creo que hay que hacer algunas precisiones importantes. Se nos habla de soberanía, bueno, se está respetando la soberanía. Que vengan inversionistas, en este caso sobre temas ambientales, a invertir con reglas claras sin entregar el país, sin regalar el país, es positivo y siempre lo va a hacer. Es difícil aprender a conducir de quien estrelló el carro, siempre lo voy a decir.

Del año 2007 al 2017, Ecuador tuvo ingresos por inversión extranjera directa de menos del 1% del PIB. Es decir, que nos enseñen a cómo recibir inversión extranjera, quienes no recibieron inversión extranjera, es bastante complejo, señor presidente. Y hablar de soberanía cuando regalamos nuestro petróleo a China con preventas petroleras, bastante complicado que nos vengan a enseñar a intereses altísimos. Estamos siendo responsables y creo que este proyecto de ley lo que busca efectivamente es eso, inversión extranjera para que justamente nuestro territorio, nuestras zonas en este caso, nuestro turismo, nuestras partes protegidas se desarrollen.

En algún momento nos vendieron el cuco de que la ley de áreas protegidas era negativa. Recibió un premio por parte de los organismos internacionales por ser una de las leyes que salió de la Comisión de Desarrollo Económica postulada por el expresidente de la Asamblea, el señor Nils Olsen, que recibió premios por ser una ley positiva que fomentaba, que le daba a los guardabosques pues este nivel de servidores públicos respetando sus derechos, incluyéndolos en este caso como lo que son servidores públicos. Por lo cual yo creo que debemos de dejar de hablar de tantos cucos y enfocarnos en la parte técnica.

En el mundo, lo normal, el desarrollo pues en este caso del medio ambiental para que sea productivo a la vez, es algo que sucede en todos los países del mundo que están en este caso dentro de la evolución económica y actualizando en este caso su marco normativo. Ecuador no se puede quedar atrás, por lo cual yo creo que esta reforma como tal va a actualizar nuestra legislación para responder a una realidad que no admite más postregaciones. Eventos climáticos externos. Hoy por hoy deberíamos estar en una época donde debería estar lloviendo.

Tenemos un sol terrible tanto en la costa como en la sierra y en la Amazonía también. Tenemos en parte sequías, en momentos tendremos lluvias fuertes y Ecuador como tal no puede quedarse atrás de esto. Esto exige como tal un Estado que cuente con herramientas claras, modernas, jurídicas, seguras. Quiero destacar dentro de este proyecto que no se va a privatizar la naturaleza nuevamente. Basta de vendernos cucos. Se nos vendieron cucos, repito, con la ley de áreas protegidas, el BIES. Todas las leyes nos han vendido cucos y al final no ha sido real.

Hoy con la ley que sacamos en la Comisión de Desarrollo Económico del BIES, tenemos el crédito más bajo de la historia. Eso de ahí demuestra que no son, en este caso, más que cucos los que nos venden. Entonces, este proyecto no va a privatizar, como dicen, la naturaleza. No va a mercantilizar los servicios ambientales ni entregar recursos naturales del Estado a terceros. No va a crear derechos de propiedad sobre estos ecosistemas. Por lo contrario, el proyecto va a reafirmar expresamente que los servicios ambientales continúan sujetos al régimen constitucional de no apropiación.

Fortalecer el rol regulador del Estado sobre cualquier instrumento climático que pueda implementarse en el país. Esa garantía se encuentra expresamente incorporada en el texto legal. Está expresamente dentro de la ley. Por lo cual, no estamos haciendo ningún tipo de analogía o algún tipo de comparación. Está expresamente incorporada en el texto legal. Por ende, esta reforma fortalece eso, la seguridad jurídica. Seguridad jurídica que no solo beneficia a los ecuatorianos, sino también a los inversionistas. Es bonito hablar de derechos, inventarse derechos, pero en el momento que no hay dinero para pagarlos.

En el momento que existe un pueblo que tiene hambre y necesitamos ingresos, hay que buscar la manera responsable de hacerlo. Porque es bonita la filosofía, la ideología, pero cuando no se hace nada para que la gente, que en este caso tiene necesidades, el Estado pueda hacer lo que debe hacer, protegerlos, brindarle oportunidades, es cuando comenzamos a quejarnos del Estado, pero no nos damos cuenta que no hacemos nada para que en este caso el Estado pueda proveer servicios. Y esta asamblea tiene que ser responsable. Yo creo que por primera vez que el Ecuador cuente con un registro nacional de cambio climático, va a garantizar transparencia, trazabilidad, va a evitar la doble contabilidad y brindar certeza a los actores públicos y privados que participen en estas iniciativas climáticas.

No se va a tratar solamente un registro administrativo, va a constituir un instrumento de gobernanza indispensable para proteger los intereses del Estado ecuatoriano. Y al proteger los intereses del Estado ecuatoriano, protegemos a nuestros mandantes, a los ecuatorianos. Otro aspecto importante que esta ley incorpora, que me parece importante, las salvaguardas ambientales y sociales robustas. Garantizando el respeto de los derechos colectivos, la participación, la transparencia, la consulta, cuando corresponda conforme a la Constitución. Porque la consulta, en este caso previo sobre temas ambientales, está en la Constitución. Y a la protección de los derechos de la naturaleza.

Es decir, para que se entienda, la acción climática deja de ser únicamente una política ambiental y pasa a convertirse en una política pública basada en derechos. Se crea un comité interinstitucional de cambio climático, que permite coordinar las políticas públicas entre todas las instituciones competentes. Evitando, lógicamente, la dispersión de competencias. Esta burocracia que tanto nos molesta y que a los ecuatorianos también, y lógicamente a cualquier inversionista extranjero, no le va a permitir invertir. Porque a nadie le gustan los támitos burocráticos que terminan en nada. Ya nos pasan otros aspectos del Estado.

Aquí evitamos dispersión de competencias, mejoramos la capacidad de respuesta del Estado frente a retos climáticos importantísimos en este momento. Se regulan también los mecanismos de carbono, los enfoques cooperativos y los enfoques de no mercado. Se establecen reglas claras para cualquier iniciativa que se desarrolle bajo este control estatal. Con transparencia, integridad ambiental y plena observancia de los compromisos internacionales que está y que ha sido asumido por el Ecuador. Recordemos que somos firmantes de tratados internacionales. Queridos colegas, a ver, el país siempre necesita que nosotros generemos reglas claras.

Para atraer cooperación internacional y financiamiento climático, necesitamos proteger los ecosistemas. No nos abastecemos solos. Necesitamos fortalecer la adaptación y la resiliencia de nuestras comunidades. El Ecuador necesita hacerlo con absoluta seguridad jurídica. Esta ley precisamente busca eso y cumple con este propósito. La reforma es técnica, sólida, constitucionalmente compatible y construida sobre principios de transparencia, legalidad, participación, trazabilidad e integridad ambiental. Estoy convencido que es momento de que nosotros demos ese salto de calidad hacia un país que evolucione y proteja su medio ambiente con reglas claras, transparencia, seguridad jurídica para inversionistas.

Porque, repito, de nada nos sirve tener un país hermoso si lamentablemente tenemos necesidades que el Estado, en este caso, no ayuda a cumplir porque los recursos como tal están muchas veces ahí sin poder generar, en este caso con seguridad, siendo protegidos, que es lo importante para los ecuatorianos. En este caso, sus recursos estén protegidos, pero también puedan generar desarrollo, empleo para los ecuatorianos. Y eso es lo que busca esta ley, darle seguridad jurídica, proteger nuestros recursos, pero que asimismo la inversión extranjera, en este caso, pues pueda venir al país.

Este proyecto de ley, primera cosa, va a ser importante para el ecosistema, va a ser importante para el desarrollo, en este caso, de los ecuatorianos. Recordemos que ese es nuestro trabajo, sin mirar banderas políticas. Mi felicitación a la presidencia de la comisión, en este caso, a la comisión como tal, a todos sus miembros, por tratar un tema tan importante, porque muchas veces olvidamos el medio ambiente y también no estamos pensando en este cambio climático. La comisión lo toma en cuenta, la presidencia de la comisión ha tratado este proyecto de ley con responsabilidad.

Mis felicitaciones nuevamente y contarán con nuestro apoyo por ser técnico, viable, jurídicamente positivo para el país y sobre todo para los ecuatorianos. Mi palabra, señor presidente. Muchas gracias.

Gracias.

Pueden confirmar que se me escucha. Buenos días.

Sí, se le escucha.

Muchas gracias, señor presidente, colegas asambleístas, ecuatorianos y ecuatorianas. Bien lo advertía Afton Sinclair, es imposible hacer entender algo a una persona cuando su interés depende de no entenderlo. Y es esta certeza ciega que proviene de la ignorancia la que exactamente hoy está guiando a la bancada de gobierno para el tratamiento de esta norma. El fenómeno del niño de este año ha sido catalogado por la meteoróloga Michelle Deleroy de la NOA como el más fuerte de la historia reciente de la humanidad. Un fenómeno alimentado por todas esas corporaciones que hoy mismo esta legislatura pretende abrirles las puertas para que sigan lavando sus emisiones de gases de efecto invernadero a cambio de un dinero que solo terminará en los bolsillos de quienes acumulan el poder.

Mientras el pueblo ecuatoriano tendrá que asumir las peores consecuencias de este fenómeno en forma de desastres o en forma de anomalías, como ya las precisaba el asambleísta Peña, pero que sigue sin entender la dinámica y complejidad de un sistema socioambiental. Miremos con atención el comportamiento que ha tenido la Comisión de Biodiversidad durante la construcción de este documento. Estamos frente a una mayoría parlamentaria que ha demostrado una falta total de criterio técnico y lo más grave es que han exhibido y siguen exhibiendo una soberbia y rotunda negativa a prender.

Desde la bancada de la revolución ciudadana gestionamos formalmente la comparecencia del único experto ecuatoriano, oígase bien, el único experto ecuatoriano que forma parte del panel intergubernamental de cambio climático, el IPCC, que también lo mencionaba la primera asambleísta. Ese panel que tiene a un investigador ecuatoriano como el coordinador mundial del capítulo de adaptación. ¿Y saben qué hizo el oficialismo? Lo ignoraron olímpicamente. Curioso o no que luego que la asambleísta ponente cita al IPCC y justamente alaba de qué se trata la ciencia, y sin embargo aquí, cuando se les pidió que lo invitaran al investigador, lo ignoraran.

Desafortunadamente para la bancada de gobierno esto se ha vuelto ya habitual, el marginar el conocimiento científico en favor para aprobar apresuradamente informes que son supuestamente tratados y especializados, los cuales carecen de la debida rigurosidad técnica. Le cerraron la puerta a los científicos que le aportan al mundo, pero además también le dieron espaldas a sus propios invitados. Y es que el pasado 20 de mayo, durante una de las sesiones de la Comisión de Biodiversidad en la que estuve presente, llegó una delegada del Ministerio del Ambiente y ella misma les planteó cambios profundos dentro de lo que estaban planteando.

Curioso que ahora ya haya desaparecido esa grabación. Y no solo eso, es que ignoraron las observaciones técnicas y ahora nos queda pensando ahí porque también ya no sigue siendo funcionaria de esa cartera de Estado. Así que no, no escucharon absolutamente a nadie, como dijo el asambleísta ponente, porque todas las personas que les dijeron que estaban cayendo en una inconstitucionalidad no fueron escuchadas. Pero ¿qué podemos esperar si esta reforma tiene como ponentes a personas que ni siquiera logran precisar la diferencia elemental entre cambio climático, calentamiento global o entre adaptación, mitigación y pérdidas y daños o entre compensación y reducción de gases?

O que han tomado la palabra aquí a lo largo de este pleno para apoyar este proyecto, desconociendo significativamente lo que es un mercado voluntario de carbono y lo que son los proyectos de pago por servicios ambientales. O peor aún, que ni siquiera diferencian entre la no apropiación y la venta de resultados de mitigación. Y es por eso que aquí a huesos sueltos defienden lo que no habrá privatización de la naturaleza, porque no lo entienden, porque no saben que justamente eso es lo que están promoviendo. Pero ¿qué podemos esperar además de una comisión que trata esta reforma por una persona que con absoluta frescura sigue asumiendo pues que el agua viene del grifo?

Se cumple con precisión matemática lo que enseñaba ya Charles Darwin. La ignorancia engendra más confianza que el conocimiento. Por eso les sobra audacia para votar lo que no entiende. No les interesa el debate técnico, les resulta incómoda la ciencia, porque la única meta que persiguen es obedecer a ciegas y sin chistar las órdenes que vienen dadas ya de Carondelet. La opinión pública y los medios de comunicación incluso han empezado a utilizar epítetos negativos en contra de su labor legislativa. Pero lo que realmente es lamentable es que ustedes, legisladores de la bancada de ADN, ni siquiera se dan cuenta de que son simples peones descartables en el tablero del Ejecutivo.

Mírense en el espejo de la historia de su propio gobierno. Recuerden a la ex ministra de Energía, el día en que el Ejecutivo necesitó un chivo expiatorio, no dudó en descartarla, le abrió juicios y la arrojó al ostracismo político. Y de verdad, ¿ustedes creen que con ustedes va a ser una excepción? Grábense esto en la memoria. Y es que ustedes no tienen doble nacionalidad para salir huyendo a Miami o a Washington cuando un nuevo escándalo tope las puertas de Carondelet. Ustedes van a tener que quedarse en Ecuador, van a tener que caminar por las calles y darle la cara a las familias ecuatorianas y a la justicia por el desastre ambiental que han venido acumulando desde el inicio de este periodo legislativo.

Desde la génesis de la política ambiental ecuatoriana, jamás hemos tenido una legislatura que haya gestionado este tema con tanta negligencia, provocando un retroceso histórico para nuestros derechos. Esa misma ciencia que hoy ustedes han preferido ignorar, se encargará más adelante de registrar en sus libros y publicaciones indexadas las acciones y nombres de los asambleístas que impulsaron esta destrucción, la marca imborrable del periodo, probablemente el más oscuro para el ambiente en nuestro país. Pueblo ecuatoriano, no se dejen engañar. Para esta ley no van a ingresar dinero a las arcas del Estado.

Esta es una mentira empaquetada. Esta propuesta fue redactada para concentrar más poder en el Ejecutivo y enriquecer a grupos económicos afines mediante concesiones opacas. No fija plazo para las entregas, no define beneficiarios claros y pisotea las iniciativas de conservación que las comunidades indígenas y rurales ya sostienen con esfuerzo en sus territorios. ¿Para qué están creando el Comité Interinstitucional de Cambio Climático? ¿Para armar otra capa burocrática inútil? ¿Otro comité de papel idéntico al del Comité del Mar que hicieron en la gobernanza marino-costera? ¿Cuánta perversidad les digo?

Porque mientras crean ustedes burocracia para repartir nombrimientos, el Ministerio del Ambiente, ahora que tiene distribuidas sus funciones, es incapaz de tramitar cosas elementales como los permisos de investigación científica que solicitan las universidades del país. Nuestros docentes e investigadores están paralizados en filas interminables sin poder estudiar la biodiversidad nacional, mientras desde aquí, desde el legislativo y además mandados por el gobierno, le abren la puerta de par en par a la especulación financiera con los recursos de todos. Esta reforma viola la constitución de pies a cabeza, como lo dije hace un momento.

Como no diferencia, no entienden lo técnico que viene detrás, no lo pueden ver. El artículo 74 establece una prohibición categórica. Los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación. Y entiéndase bien aunque cueste procesarlo. El secuestro y captura de carbono es un servicio ambiental y así lo define la ciencia. Y pretender comercializarlo en el mercado es privatizar la naturaleza por la puerta de atrás. Si tanto afán tienen por entregar los servicios ambientales al capital financiero, tengan por lo menos el valor político de convocar a una consulta popular y pregúntenle al pueblo si están dispuestos a poner en venta nuestra tierra.

No lo van a hacer porque saben perfectamente que el pueblo ecuatoriano los va a castigar en las urnas. ¿O es que acaso la intención que ustedes tienen es el seguir enviando leyes inconstitucionales? ¡Cucos! dijo la asambleísta Peña. ¡Cucos que terminaron siendo inconstitucionales! Y que lo único que han hecho es saturar las demandas de la Corte Constitucional y entorpecer el funcionamiento del Estado. ¿Acaso eso es lo que ustedes están preteniendo? Porque si verdaderamente quisieran trabajar por la conservación de nuestro patrimonio natural y la mitigación al cambio climático, no deberían plantear esquemas especulativos de mercado ni buscarían privatizar el aire.

Lo que deberían hacer es proponer, retomar o, por último, fortalecer herramientas ya existentes como la del programa Sociobosque. Esa sí fue una política pública seria y soberana. Fue creada en el 2008 durante el gobierno de la Revolución Ciudadana y demostró al mundo entero que puede proteger la biodiversidad mediante incentivos económicos directo a los verdaderos guardianes del bosque, que son los propietarios individuales, las comunidades campesinas y las nacionalidades indígenas. Sociobosque no fue solo una publicidad. Fue investigado por varios científicos a nivel mundial por los logros alcanzados y los aportes en la reducción de gases de efecto invernadero.

Fue un programa reconocido internacionalmente por el Banco Interamericano de Desarrollo, el PNUD y la cooperación internacional como uno de los modelos por pago por servicios ambientales más exitoso de toda América Latina. Además, fue un pilar fundamental en la estrategia RedMás. Y si ya nos estamos metiendo en esto, les aconsejo que entiendan y lean sobre lo que es el RedMás. Hablamos de una iniciativa que fue premiada, replicada y que logró tener bajo protección casi 1.6 millones de hectáreas de vegetación nativa y que capturó cerca de 197 millones de toneladas de carbón, beneficiando al mismo tiempo a miles de familias rurales.

Esa es una conservación pública y una mitigación climática real.

Gracias, señor asambleísta, por favor.

y no bonos de humo para intermediarios y especuladores financieros. Tómense el tiempo de leer el programa, analícenlo con seriedad, identifiquen fortalezas y debilidades y sobre esa base sí presenten algo fortalecido en lugar de un texto inconstitucional. La protección de nuestra biodiversidad y el respeto a la naturaleza son conquistas históricas alcanzadas por décadas de lucha social, comunitaria y científica y no vamos a permitir que la sumisión política que ustedes profesan y el analfabetismo técnico conviertan al patrimonio natural de nuestra patria y marcasía de remate. Por eso, por la dignidad de la Asamblea, por el respeto irrestricto a la Constitución y la soberanía de las futuras generaciones, rechazo a su totalidad este informe entreguista e inconstitucional.

Mi voto no tajante al negocio con la vida y un sí rotundo a la ciencia, nuestras comunidades y la dignidad del Ecuador. Devuelvo la palabra, señor presidente.

Pedí un punto de información al asambleísta Sergio Peña.

Nuevamente, queridos colegas, buenas tardes a todos los ecuatorianos. Me encanta la filosofía, me encanta el romanticismo de los abrazárboles, porque siempre dicen esto, ¿no? La lucha de la naturaleza, la protección. Si tanto funcionara la lucha que han tenido, la naturaleza, las comunidades se hubieran desarrollado. Pero es bonito la filosofía, yo siempre lo digo, es bonito esto de la ideología, para discutir, debatir, perder el tiempo, pero vamos a la realidad. El mundo se maneja con pragmatismo. No se busca en este caso con este proyecto de ley privatizar, no se busca en ningún momento eso, porque es inconstitucional, no se puede.

Lo que busca este proyecto de ley es asegurar que tengan en este caso desarrollo de las comunidades, desarrollo de nuestro medio ambiente, la protección de los ecosistemas con seguridad jurídica para inversionistas. ¿No quieren inversionistas? Pongan ustedes la plata. Tuvieron 10 años, y en 10 años recibieron la menor inversión extranjera. Ahí está la Cepal, revísenla. Según toda Latinoamérica, Perú, Chile, Colombia nos ganó. Cualquiera nos ganaba, porque estaban, repito, cerrados a temas ideológicos. Un país que se cierra a temas ideológicos termina como Cuba, termina como Venezuela. Esos son los países que se cierran al mundo.

No vamos ni estamos privatizándose. Se busca, repito, el desarrollo, la protección del medio ambiente, pero el desarrollo sobre todo de los ecuatorianos. Los ecuatorianos lamentablemente abrazando árboles no van a comer. Lo que necesitamos es desarrollar, pero la protección de los ecosistemas. Por eso digo, es bonita la filosofía. Vamos a ver si la filosofía ha servido. Hasta la fecha, comunidades pobres, subdesarrolladas, aunque su discurso en su momento tuvieron 10 años para aplicarlo. Por lo cual, no me vengan con discursos falsos de protección al ambiente cuando tuvieron 10 años y no lo hicieron.

Si hoy no estuviéramos debatiendo esta ley de cambio climático, ni que tiene que ver con todo lo que es la protección del medio ambiente. No lo estaríamos haciendo, porque ya lo hubieran hecho ustedes, y no lo hicieron. Entonces, permitan que realmente los ecuatorianos puedan, en este caso, tener desarrollo y que protejamos nuestro medio ambiente. No les gusta, hagan sus reformas, me parece perfecto. Pero decir que todo está mal, solo porque no se escucharon a dos o tres amigos suyos que dicen ser expertos, cuando en este caso, si hay expertos que se han escuchado, pero como no les gusta, no les conviene, pues dicen en este caso que estamos equivocados.

Yo les voy a recordar algo. Ustedes dijeron, y yo hablé de los cubos, claro que sí, porque dijeron que la ley de áreas protegidas también era privatización. Les comento algo. La Asamblea Nacional recibió el premio Teddy Roosevelt International Conservation Award. Este no es un premio entre zurditos, entre dos o tres amigos. Este es un premio de verdad internacional. Pero ustedes dijeron que estábamos privatizando. Otra prueba de los supuestos cucos, la ley del BIES. Hoy, gracias a esa ley que decían que íbamos a privatizar el BIES, los ecuatorianos tienen el crédito más bajo de la historia para sacar sus casas.

¿Por qué no lo hicieron ustedes? Y así podría seguir. Entonces, creo que para terminar, dicen que nosotros somos piezas reemplazables. Yo creo que los que son piezas reemplazables son esos a los que les dicen, no los conozco cuando les descubren algo. Porque son número uno para que su líder diga que no los conocen. Y sí, seguramente nosotros nos quedaremos en el Ecuador. Pero podremos caminar libres porque no somos prófugos ni tenemos sentencias infirmes. Palabra, señor presidente, a seguir trabajando. Muchas gracias.

Gracias, asambleísta. Tiene la palabra el asambleísta Kevin Gallardo.

legisladores, en el año 2025, presidente, un pedido de información del Ministerio del Ambiente pudo determinar que el mismo ministerio no había autorizado ni había tenido registro con respecto de un proyecto de carbono que afectó a la comunidad waurani y que comprometió 802 mil kilómetros cuadrados y hectáreas, perdón, de su territorio. Este hecho no demuestra que los mercados de carbono sean peligrosos, más bien lo que demuestra es que la ausencia del Estado, la ausencia de la ley y de su regulación produce daños, tres daños en particular.

El primero, sin registro público de rango legal, el Estado no puede saber qué se firma dentro de su territorio y qué compromisos son asumidos por parte de organismos internacionales. Sin autorización previa, como segunda herramienta, no se puede generar un proceso administrativo que pueda revocar esto que es un derecho convencional que recoge a los pueblos, comunidades y nacionalidades de nuestro país. Y tercero, sin una distribución de beneficios obligatorios de este reparto emitido por contratos entre privados, no beneficia absolutamente a ninguna de las partes y queda en asimetría contractual.

Otro de los argumentos que ha sido debatido en el pleno de esta Asamblea Nacional hace referencia nuevamente a la paradoja de la falsa soberanía. Y nuevamente hay que recordar que los Estados, el primer Estado-Nación que nació en Westfalia, 1642, donde pretenden nuevamente retrotraer nuestra realidad, sí hace referencia a un Estado de absoluta soberanía, es decir, un Estado que cierra las puertas a la comunidad internacional. Y si en algo concuerdo con lo que dijo ya Sergio Peña, es que los Estados son pragmáticos, la comunidad internacional por naturaleza propia en este mundo anárquico en el que se desarrolla el Ecuador, tiene que actuar con pragmatismo.

Y ese pragmatismo ha permitido que el Ecuador, ahí sí en uso de su soberanía, ratifique tratados y convenios internacionales. Esta norma o estas reformas que se presentan en el día de hoy, no son invento del Ecuador, no son invento de los asambleístas, no son invento de la Comisión. Esto se deriva de los tratados internacionales y de las obligaciones voluntariamente aceptadas por el Ecuador, en ejercicio de su soberanía, como bien manda el artículo 25, el artículo 26 de la Convención de Viena sobre el Derecho a los Tratados.

Es decir, ahí sí existe soberanía para ratificar una obligación internacional. Esto también tiene referencia con el Convenio Macro de Naciones Unidas, con respecto al cambio climático, con el Acuerdo de París, donde el Estado ecuatoriano se ha obligado a reducir al 7% las tasas de emisión. Si eso no se cumple como parámetro obligatorio del estándar internacional, no se puede generar un mercado de carbono, razón por la cual en primera instancia se tiene que dar cumplimiento obligatorio con esta estandarización y posteriormente generar también el mercado de carbono.

Es decir, no se genera una apertura directa del Estado ecuatoriano, sino más bien se da cumplimiento a los compromisos de obligaciones internacionales que han sido adquiridas por el Estado ecuatoriano. Ahora bien, en el ejercicio mismo de la soberanía, el Estado ecuatoriano no puede desconocer otras obligaciones internacionales que las ha adquirido en materia de protección de derechos humanos. Y es por eso que no solamente el Convenio 169 de la OIT, que regula el marco de los pueblos y nacionalidades indígenas, que inclusive forma parte del derecho imperativo, es decir, del artículo 53 de la Convención de Biena que hace referencia a las normas imperativas del Just Cogens, también se deriva de lo contemplado por las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con respecto de la voluntad previa de los pueblos y nacionalidades indígenas para someterse también a estos procesos.

Y para ello, existe también dentro del proyecto de ley las salvaguardas contempladas en el artículo 253.2 y 253.3. Se pretende generar un marco también de seguridad jurídica tomando en consideración que los comités, los interinstitucionales, los que se encuentran también redactados con la finalidad de evitar la doble tipicidad o de la doble beneficio con respecto de estos estándares de catastros, ya existen en el ordenamiento jurídico ecuatoriano pero con un rango infralegal, es decir, con acuerdos ministeriales del 053 y el 055 para ser exactos. Razón por la cual, por principio de seguridad jurídica, tienen que ser estandarizados y convertidos en rango legal.

Ahora bien, ¿qué permite generar o qué permite para el Estado ecuatoriano? ¿Cuáles son los beneficios de acercarnos a esta estandarización internacional? El derecho internacional ambiental exige que los Estados se comprometan al cumplimiento de obligaciones internacionales sin que las mismas sean sujetos vinculantes propiamente porque no existe un ente que genere coerción para el cumplimiento de esos estándares. Pero la realidad permite determinar que si no se cumplen los NDCs, por ejemplo, compromisos internacionales en reducción, este 7% que el Estado ecuatoriano ha asumido como obligación internacional, los índices de financiamiento y cooperación internacional en materia ambiental se reducen, se pierde la credibilidad y la legitimidad del Estado ecuatoriano en un sistema de cooperación internacional que es subsumido por la anarquía dentro del marco de la comunidad internacional.

¿Esto qué quiere decir? Que se pierden recursos para la cooperación internacional cerca de 130 millones de dólares, por ejemplo, que ya fueron ejecutados por un programa de PNUD y ahora 300 mil millones de dólares también que están en juego en base al marco de cooperación internacional. No solamente el cumplimiento o la falsa expectativa de la soberanía absoluta, tiene que estar radicado el cumplimiento interno. ¿Cuál es la imagen que el Estado ecuatoriano le da a la comunidad internacional? Más aún cuando estamos hablando de procesos de cooperación internacional que se basan en lo que contempla el artículo 6.1, 6.2, 6.3 del Acuerdo de París en base a las emisiones y en base también al cumplimiento estandarizado que lo regula el Acuerdo Ministerial 053.

Razón por la cual, Presidente, yo considero que las reformas normativas que el día de hoy estamos debatiendo en la Asamblea Nacional dejan en constancia y con claridad el espectro o el asunto que ocupa el Estado ecuatoriano ante la comunidad internacional en primera instancia, ante el respeto de los derechos humanos en base también a lo contemplado en los artículos reformatorios en el 253.2 y 253.3. No vulneran ningún derecho humano de los pueblos, nacionalidades, colectividades, más allá de los que se encuentran ya determinados también por la Corte Interamericana, el caso Sarayacu, por ejemplo.

Es una norma constitucionalmente válida que se ajusta al cumplimiento de estándares internacionales y que plantean al Ecuador con una buena perspectiva ante los ojos de la comunidad internacional. Mi palabra, Presidente.

Gracias, asambleísta. Tiene la palabra el asambleísta Combs Córdoba.

Cuando topamos estos proyectos, hablamos de proyectos sensibles que pueden, pues, y tienen que ver con el cambio climático, con nuestros recursos naturales, son los bosques. Y cuando alguien nos dice, ¿no?, que toca aplicar a la venta los bonos de carbono, suena bonito, suena como una oportunidad, mucho más para quienes vivimos en la Amazonía. Pero con este proyecto de ley, es todo lo contrario. ¿Por qué lo digo? Porque resulta, esta Asamblea Nacional, en el año 2024, aprobó una reforma del Código Orgánico del Ambiente, donde tratamos exclusivamente los temas de bonos de carbono.

En ese proyecto de ley, el mayor beneficiado era las comunidades y los dueños de los bosques. En cambio, en este proyecto ya no es. Lamentablemente, el 18 de octubre de 2024, el presidente Novoa vetó totalmente ese proyecto de ley. ¿Para qué? Para hacerles caso a los empresarios que ya están trabajando o que miran un gran negocio. Las estadísticas hablan que entre mil y dos mil millones de dólares es lo que el Ecuador podría vender, precisamente, o beneficiarse de la venta de los bonos de carbono en el mercado internacional.

Es el negocio, compañeros. No están pensando realmente para el dueño del bosque, para el indígena, el campesino. No están pensando. Esa es la verdad. Resulta que hay una preocupación del presidente de la República, del gobierno, de aprobar esta ley. ¿Saben por qué? Porque a espaldas del pueblo han firmado un acuerdo de reducción de emisiones con ERPAN, es decir, un convenio con la coalición LAF. Ya se han adelantado y lo que necesitan este documento es para, lógicamente, legalizar lo que ellos están haciendo. Esa es la verdad.

Pero la realidad es otra cosa en territorio. Algunos asambleístas de gobierno dicen, no, es que los recursos del petróleo no han solucionado los problemas del pueblo. Yo podría decir que sí. O pregúntenle a su gobierno cuánto le debe de plata por la asignación por cada barril de petróleo que tiene que quedar un 4% para la Amazonía. Desde el 2019 hasta la actualidad superan los 3 mil millones de dólares que les deben a los gobiernos seccionales. Por eso no hay desarrollo, pues. Eso es real. Segundo, las emisiones.

Si tanto queremos hablar sobre el cambio climático, nos afecta por muchas cosas. Pero en la Amazonía, ustedes que son los responsables de hacer cumplir la sentencia de la justicia ecuatoriana que tiene que ver con el apagón o eliminación de los mecheros petroleros, que es otra cosa, reutilizar ese gas que estamos quemando cada año. Un millón novecientas mil toneladas de dióxido de carbono. Esa realidad, pues. ¿Y ustedes qué han hecho? Ni siquiera han sido capaces de cumplir una sentencia. Nos dicen que 180 mecheros han apagado. ¡Mentira!

Mecheros petroleros, que en los pozos sí, los han cerrado, pero todo ese gas los llevan a las estaciones petroleras y ahí está la contaminación brutal. ¿Qué vamos? Cumplamos. Segundo, en esa reforma del 2024 había logrado algunas cosas importantes que esta asamblea me respaldó, pero que el gobierno de Daniel Novoa lo vetó. Entre ellas, si hablamos precisamente de proteger nuestra naturaleza, resulta que rechazaron la creación de un fondo para reforestar y forestar, porque en la Amazonía, estoy hablando de la Amazonía puntualmente de donde vengo, de Subunvivos, la creación de la frontera agrícola es inmensa, así como es inmensa la contaminación por la industria de los sectores estratégicos, no solamente por el petróleo, ahora por la minería, por la falta de control de ustedes, entre otros aspectos.

Entonces, era necesario poner un fondo garantizando precisamente por estos recursos de la venta de los bonos de carbono, los bonos azules, los bonos verdes, la venta de servicios ambientales, un porcentaje. Eso lo dejaron un lado. Y eso bien podía servir, lógicamente, para fortalecer el programa Socio Bosques.

Pero no, no, no, no.

No se está pensando en eso. Entonces, si no hay una política clara, para lógicamente beneficio del pueblo ecuatoriano, no solamente para beneficio ahora de los grandes empresarios, los supuestos ambientalistas, pues esta cosa no va a cambiar. Y es por eso que siguiendo la línea de lo que nosotros aprobamos en el 2024 y que fue vetado totalmente por el presidente, ese proyecto cambió totalmente con el proyecto actual. En conclusión, este proyecto que ustedes están planteando solamente va a beneficiar a los empresarios y no realmente al pueblo, al dueño del bosque, al campesino o al indígena que lógicamente está cuidando ese bosque.

Aquí en el Ecuador ya hay algunas empresas internacionales o nacionales que están recibiendo recursos por la venta de los monos de carbón. intermediarios. Y ahí podemos nosotros entender y conocer que al dueño del bosque no llega nada. Y este proyecto que ustedes están planteando, está repitiendo ese escenario, y más bien institucionalizando. Y eso no lo podemos aceptar. Muchas gracias, presidente. Mi palabra. Gracias. Gracias. Gracias.

Tiene la palabra la asambleísta Nubia Vega.

ecuatoriano que nos ve y nos escucha a través de los medios oficiales de la Asamblea Nacional. Y un saludo fraterno a mi querida provincia de Orellana, sobre todo a los cantones que este mes están de fiestas, al Cantón Loreto y al Cantón Joya de los Hachas. Yo creo que hablar de la Amazonía no es sólo decirla desde la comodidad de una curul, sino hablar desde la esencia de haber compartido la necesidad con nuestras comunidades. Y si voy a coincidir con una parte del discurso del compañero Fernando Nantipia, cada quien como representante de nuestras provincias amazónicas queremos hablar de lo que significa y todos coincidimos en que la Amazonía es una de las fuentes de mayor riqueza del país.

Nuestra Amazonía ocupa más del 40% del territorio nacional, es la responsable de sostener el agua y el cambio climático del país. Y a esto es importante traer sobre este pleno un dato bastante preocupante, desde el año 2001 hasta el año 2020, 623 mil 510 hectáreas de bosque han sido deforestadas. ¿Qué quiere decir? Alrededor de 31 mil hectáreas por año y por hora, escuchen bien, por hora equivale a cinco canchas de fútbol que se deforesta. Es decir, cada hora que pasamos en este pleno debatiendo, perdemos cinco canchas de bosque.

Un estudio de Inavio y de la Utla advierten que el 41% de árboles endémicos de la Amazonía se encuentran en un proceso de extinción y el 21% de las áreas boscosas donde fueron registradas estas especies ya están deforestadas. Son árboles que no existen en ningún otro lugar del mundo y sólo cuando caiga el último árbol no habrá ni ley ni presupuesto que nos devuelva esta vegetación. Y qué importante es alzar la voz como amazónica, como orellanense, porque de los diez cantones con mayor deforestación del país, mi provincia a la que represento cuenta con tres.

Francisco de Orellana, uno de los cantones con mayor deforestación, seguido por Loreto y por Joya de los Hachas. Y es precisamente este dato el que no me lleva a hacer un reproche, sino más bien me lleva a levantar la voz por mis cantones, porque quien más pierde debe ser el primero en recibir las herramientas necesarias para poder defenderse. Desde Orellana, como muchos conocen, y una tierra por la cual hablo con tanto orgullo, con tanta pasión, con tanto amor, porque nací ahí, porque no puedo decir que soy orellanense cuando sólo llegué.

Y desde Orellana, todos conocemos que tenemos el Parque Nacional Yasuní, que es Reserva Biósfera de la UNESCO, uno de los lugares con mayor biodiversidad biológica del mundo, donde en una sola hectárea se han registrado más de 650 especies de árboles, más que lo que requiere en todo el territorio norteamericano. Y ese es el lugar donde viven nuestras nacionalidades wauranis y nuestros pueblos no contactados, como los tagaeri y los taromenani. Y hay una pérdida silenciosa que no se registra en las estadísticas, y es los árboles que ya no se siembran.

Nuestras chacras ya no siembran lo que sembraban sus padres, porque simplemente ya no se da. Porque cuando la lluvia llega antes de tiempo, o llega tarde, la floración se adelanta y el fruto simplemente ya no crece. Este agricultor que dejó de sembrar no está haciendo una denuncia, está reportando un dato que hoy nadie lo registra. Por eso esta reforma crea la Agencia Nacional de Investigación, Desarrollo e Innovación Climática, y ratifica el mandato de elaborar un mapa nacional de vulnerabilidades. Porque lo que no se mide, simplemente no se puede financiar.

Y es cierto que tenemos una constitución que reconoce los derechos de la naturaleza, pero un artículo no va a detener una motosierra, ni va a apagar un incendio, no repone un bosque, ni atiende una familia que lo ha perdido todo. Es decir, una constitución no ha sido suficiente. No ha sido suficiente para los que realmente estamos en las comunidades, para los que realmente somos amazónicos. No hemos visto un beneficio de una constitución en territorio. Y lo que ha faltado son herramientas, instituciones que se coordinen, información confiable, reglas claras y financiamiento que llegue al territorio.

De eso se trata la reforma que hoy debatimos. Porque el proyecto de ley orgánica reformatoria al Código Orgánico Ambiental tiene como propósito fortalecer la institucionalidad climática del Estado e incorporar mecanismos de mitigación y adaptación al cambio climático. Desarrollar instrumentos de monitoreo, reporte y verificación. Regular mecanismos de cooperación climática y facilitar el acceso de nuestro país al financiamiento internacional destinado a proyectos ambientales. ¿Qué gana Orellana? Y no solo quiero hablar como orellanense. ¿Qué gana la Amazonía? ¿Qué gana el país? Y es una silla en la mesa donde se decide.

El Comité Institucional de Cambio Climático incorpora también a los gobiernos locales con voto en las decisiones que involucran competencias concurrentes. Las decisiones climáticas dejarán de tomarse desde un escritorio, solo desde la capital, sino desde un territorio que entiende esta necesidad de ser escuchados. Protección, salvaguardias obligatorias, la consulta previa, libre e informada. Y la regla que ningún memorándum ni contrato entre particularidades pueden autorizar por sí solos el uso de resultados de mitigación generados de nuestro territorio. Y en una provincia donde ya circulan ofertas de proyectos de carbono, esto protege a nuestras comunidades.

El financiamiento con destino verificable. Sin seguridad jurídica no hay financiamiento. Y sin financiamiento, la conservación termina pagándole al campesino amazónico con su propia pobreza. Y el abordaje a las pérdidas y daños. Algo que Orellana, y puedo coincidir en todos los compañeros amazónicos, lo necesita hace muchos años. Por ejemplo, en febrero, el desbordamiento del río Indiyama afectó a muchas viviendas de la parroquia de Taracoa. Desde el año 2020, la erosión del río Coca ha avanzado mucho más de 80 kilómetros, afectando a más de 25 mil personas.

No todas las pérdidas tienen un mismo origen, pero todas se encuentran al mismo estado. Sin metodología para medir el daño, sin registro para documentarlos y sin financiamiento para responder. Y hay una razón más de justicia elemental, como orellanense, alzo la voz por mi provincia, que tenemos el campo Sacha, uno de los más grandes y productivos del país, que por más de cinco décadas ha sostenido la economía del país. No podemos ser los últimos, tenemos que ser los primeros. Y la política climática debe traducirse en agua segura, en bioemprendimientos, en empleo digno y en el desarrollo para quienes cuidan del bosque.

Por eso, anuncio mi voto a favor de este proyecto de ley. Porque no solo puedo sentarme desde la comodidad de una curula a decir no, cuando los que hemos caminado en las comunidades sabemos de las verdaderas necesidades. Muchísimas gracias.

Con esta reforma, el Ecuador fortalece su institucionalidad climática, protege los derechos de la naturaleza y dota al Estado de herramientas modernas para enfrentar uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo. Así que agradezco a los asambleístas que sí han hecho aportes importantes en esta ley. Señor Presidente, en mi calidad de ponente del informe de la Comisión Especializada Permanente de Biodiversidad y Recursos Naturales, mociono que se apruebe el informe presentado a través de Secretaría para que se apruebe la Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico del Ambiente para fortalecer la política pública frente al cambio climático.

Tome votación, por favor.

Proclame el resultado, señor secretario.

Siguiente punto del orden del día, por favor.

De lectura, por favor, señor secretario, del memorando respectivo del informe en la parte resolutiva y el informe íntegro que se ha incluido al acta de la presente sesión.

Se abre el debate, señores asambleístas. Tiene la palabra la asambleísta Viviana Veloz.

Presidente, por favor solicito que se puedan proyectar unas diapositivas que enviamos desde mi despacho hasta la Secretaría General. Autorizado. Mientras se colocan estas diapositivas, es necesario, colegas asambleístas, señalar que la Constitución de la República nos impone un mandato que está por encima de cualquier discrepancia política, de cualquier diferencia. Y precisamente ese mandato es el interés superior de las niñas, de los niños y de los adolescentes en nuestro país. Ese mandato no distingue partidos políticos, ideologías, posturas políticas. Ese mandato nos obliga a que todos actuemos por igual.

Y por eso quiero iniciar esta intervención partiendo de un punto de reflexión, que la niñez siempre debe unirnos más allá de cualquier diferencia. Colegas asambleístas, porque cuando hablamos de un niño, de una niña, no estamos hablando de una cifra, de una estadística o de un grupo de atención prioritaria. Estamos hablando del tesoro más grande que puede tener una nación, que es el futuro, que es el presente en sí mismo, y que más allá que pueda escuchar esa frase, incluso pueda ser hasta retórica, termina siendo la verdad.

Es el tesoro que tiene toda nación. Y por eso estamos defendiendo e impulsando este proyecto de reformas, porque la realidad ha cambiado profundamente. La sociedad, la tecnología también ha avanzado y los riesgos que tienen nuestros niños hoy por hoy son distintos a los que en su momento existían cuando se aprobó el Código de la Niñez y Adolescencia hace 23 años. Colegas legisladores, este proyecto de reformas se trabajó, si seguimos con la proyección de las diapositivas, en 11 sesiones para la elaboración del segundo informe, se unificaron 8 proyectos de ley.

Se incorporaron 11 observaciones de asambleístas y de 22 expertos de la sociedad civil. Adicional, el proyecto contiene 33 artículos que constan dentro de este proyecto de reformas. Por eso también hay que ser claros, un proyecto en sí mismo no cambia la vida de la gente. Para ello también se necesita que haya una articulación efectiva entre la legislatura, el poder ejecutivo y la inversión presupuestaria, para poder tener política pública de calidad. Y de esa forma ir reforzando el sistema de protección para nuestras niñas y para nuestros niños.

Porque las mejores leyes asambleístas no son aquellas que regulan procedimientos. Las mejores leyes son aquellas que transforman la vida de la gente y precisamente este proyecto busca aquello, reforzar la protección de las infancias de nuestro país. Por eso hemos dividido este bloque de reformas en siete ejes importantes. Y el primero es proteger desde el comienzo de la vida. Si queremos construir un Ecuador con más oportunidades, debemos empezar por donde realmente empieza la vida. Hacer énfasis allí desde el inicio de la vida. Y ese inicio de la vida es desde la primera infancia.

Uno de los avances más importantes de esta reforma, colegas asambleístas, precisamente es incorporar un capítulo específico para las niñas y niños desde los cero meses hasta los cinco años de edad. Y esto no constituye un simple cambio sustancial, sino que hay que tener claro que los primeros años de vida de un niño son decisivos. Por eso esta reforma reconoce expresamente el derecho a la primera infancia, al desarrollo integral, a la escucha activa y a la educación inicial como un derecho público universal. También fortalece el derecho a que nuestras niñas y nuestros niños tengan una vida digna, incorporando la seguridad emocional, que tengan un ambiente saludable y medidas específicas para eliminar cualquier clase de barreras.

El segundo eje que también estamos impulsando desde este bloque de reformas es precisamente que hay que tener claro que un niño no empieza a necesitar el Estado cuando entra a la escuela. Un niño necesita al Estado desde el primer día de su vida para poder ir combatiendo y erradicando los ciclos de violencia, exclusión y pobreza. Porque la mejor política pública que puede construir un gobierno es la que invierte en sus infancias. Luego el segundo eje que hemos impulsado y que tuvimos consenso incluso en el debate anterior en este mismo hemiciclo legislativo es el segundo eje proteger la integridad de las niñas, de los niños y de los adolescentes de nuestro país.

Esta reforma incorpora una clara decisión y que también es muy responsable. Deja expresamente prohibido que las niñas, niños y adolescentes sean sometidos a procedimientos farmacológicos, hormonales o quirúrgicos para la modificación del sexo biológico. Creo que eso es poner a la legislación al igual que los avances que tienen otras legislaturas en la región y también en países de Europa. Prohibir taxativamente cualquier clase de intervención quirúrgica, hormonal o farmacológica que sea irreversible para nuestras niñas, niños y adolescentes. Prohibir cualquier clase de acción para la modificación del sexo biológico.

Y esto nace del deber constitucional, nace del deber del Estado a proteger a quienes todavía atraviesan una etapa de crecimiento y desarrollo. Y esta decisión busca proteger a los niños y no nace de la confrontación ni tampoco del prejuicio. Creo que aquí debemos coincidir todas y todos. La Convención también de los Derechos del Niño obliga a los Estados a adoptar todas estas medidas especiales para garantizar su desarrollo integral. Por eso cuando hablamos de procedimientos que pueden producir efectos permanentes e irreversibles sobre el cuerpo de un menor de edad, el Estado y sobre todo esta legislatura tiene la obligación de actuar con prudencia, con responsabilidad y máxima protección para no caer en ningún tipo de novelerías que muchas veces nos quieren imponer mediante sentencias.

Luego, colegas asambleístas, también tenemos el tercer eje que es proteger a nuestros niños en el mundo digital. Hace más de 20 años, cuando este código fue expedido, las principales amenazas que tenían nuestros niños, las más visibles, las más posibles, eran en las calles. Después de 23 años, hoy el mayor peligro se encuentra detrás de una pantalla del celular o de una computadora. Nuestros niños hoy son víctimas de cyberbullying, de grooming, de explotación sexual, en entornos digitales, de violencia telemática y de otras clases de violencia a nivel digital.

Y claro está que el legislador del 2003 no podía prever cómo iba a ir cambiando la sociedad. Por eso, esta reforma reconoce expresamente estas nuevas formas de violencia y fortaleza la obligación del Estado de prevenirlas y de combatirlas. Y este no es un cambio menor, es un cambio significativo porque también hay que recordar que existen casos que han sido de conmoción pública de niñas y niños que incluso por el ciberacoso y la violencia digital han terminado con su vida, se han terminado suicidando. Incluso casos que hemos conocido también en la Comisión de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de esta Asamblea Nacional.

Porque la violencia digital, colegas, también destruye y termina lacerando la vida de nuestros niños. El cuarto eje es la protección al derecho que tienen nuestras niñas y nuestros niños de aprender sin ninguna clase de discriminación. Proteger también significa garantizar que la escuela sea un espacio seguro y no un espacio de traumas, como últimamente también hemos podido visualizar y conocer en diferentes medios de comunicación por las noticias que se conocen a diario de casos que dañan también a nuestras niñas y nuestros niños. Por eso, esta reforma también busca fortalecer la educación inclusiva y prohíbe cualquier tipo de sanciones que atenten contra la dignidad de los estudiantes.

Pero sobre todo, cuando hablo de esta educación inclusiva, estamos enfocándonos en que debe existir apoyo especializado para niñas y niños con discapacidad. El siguiente eje es proteger el derecho a crecer en una familia y una de las decisiones que en este momento son también de connotación y es precisamente garantizar que hay un conjunto de deberes hacia los hijos, el deber de proteger, el deber de cuidar, el deber de acompañar y de garantizar un desarrollo integral. Cuando nosotros aprobamos este segundo informe, aún aquí en la legislatura no se daba paso o no se aprobaba el proyecto de ley de adopciones que hace una semana atrás se aprobó con la mayoría del voto de asambleístas.

Por lo tanto, esta sección del proyecto de reformas ya sería caer en una duplicidad de normas y por lo tanto, dentro del proyecto tendría presidente que eliminarse para que no caiga precisamente en esta duplicidad, puesto que la legislatura ya dio paso a la aprobación la semana anterior. Luego, el eje de proteger a nuestros niños para que puedan crecer en un entorno con dignidad. Si existe un verdadero reflejo del alcance del interés superior de las niñas, niños y adolescentes, es que no hablamos solamente de una obligación económica, colegas.

Hablamos del derecho de un niño que tiene a alimentarse, a recibir atención médica, a crecer con dignidad y durante muchos años, miles de madres han tenido que recorrer juzgados, peregrinar por las unidades judiciales a nivel nacional en nuestro país, para reclamar algo que nunca debió convertirse en un juicio, el derecho a recibir alimentos para sus hijas y sus hijos. Y esta reforma también cambia esa realidad. Protege el piso mínimo de la tabla de pensiones alimenticias, prohíbe que ningún juez o jueza o mediador, que es lo que últimamente está ocurriendo en los centros de mediación, pueda establecer o llegar a un supuesto acuerdo para que los niños reciban un valor inferior de lo que ya está establecida en la tabla mínima de pensiones alimenticias.

Creo que el derecho de un niño a alimentarse, a tener atención médica, poder ir a la escuela, jamás deben ser negociables con un progenitor irresponsable. Por eso hay que dejar prohibido también aquello. Además, se acaba con esa injusticia que durante años, como manifesté, las madres han tenido que atravesar. Además, parte de estos costos, cuando tienen que hacer efectivo el cobro de los valores pendientes para ejecutar una obligación que le pertenece a sus hijos, encima de eso, los costos derivados del secuestro de bienes, de las retenciones, de las prohibiciones de enajenar y todas las medidas necesarias para hacer efectivas, precisamente, el cobro de esos valores, hoy por hoy tiene que asumir quien está a cargo del niño.

Eso debe dejar de suceder. Los costos de ser un progenitor irresponsable y de no pagar sus pensiones alimenticias a tiempo, los costos de las retenciones, de las prohibiciones de enajenar, tienen que correr a cuenta del progenitor que incumple. Por eso, en esta reforma, se establece aquello que nunca más una madre que está a cargo de su hijo, encima tenga que asumir estos gastos judiciales. Porque el derecho de un niño o de una niña, colegas asambleístas, del derecho a alimentarse, de estudiar y de recibir atención médica, no caduca jamás.

Luego tenemos el último eje que también nosotros hemos presentado dentro de este proyecto de reformas, y es proteger el vínculo que tiene un niño o una niña con su familia. Cuando hablamos de esto, es porque la protección de las niñas y de los niños debe iniciar desde el primer día de su vida, colegas asambleístas. Por eso, estamos proponiendo la ampliación de las licencias de maternidad. Las de maternidad, a 24 semanas. Las de paternidad, a 30 días. Además, estamos incorporando protecciones especiales para casos de partos múltiples, cesáreas y condiciones particulares del recién nacido.

Pero quiero detenerme aquí para ampliar un poco por qué es tan necesario ampliar estas licencias. Porque estamos hablando de una legislación y de política de cuidado, de protección, que es la esencia misma de un Estado. No solo estamos hablando de un beneficio laboral más, estamos hablando de la protección, y que el Estado también entiende que tiene una responsabilidad compartida. La protección de la primera infancia, los primeros meses de vida, ese vínculo que tiene el recién nacido con su padre o con su madre, terminan siendo trascendentales para el desarrollo emocional, psicológico, y el de toda su vida.

Son los meses en los que se fortalece el vínculo con la madre, con su padre, ese vínculo incluso con la lactancia materna, el cuidado y el afecto, el entorno más seguro que tiene un recién nacido, que es el núcleo familiar. Por eso la importancia de la ampliación de estas reformas. Y sé que quizás los empresarios, quizás los patronos nos van a decir, es mucho tiempo. No, nunca será mucho tiempo cuando se tiene que dar tiempo de calidad para las niñas y para los niños recién nacidos.

Creo que eso es asumir que se necesita establecer legislación y política pública de cuidado al recién nacido y también a las madres. Recalco, son los meses en que se fortalece precisamente ese vínculo. Por eso, estas licencias y su ampliación significa darles tiempo de calidad y enfocarnos en ese crecimiento desde la primera infancia. Reconocer que esta responsabilidad es compartida. Entre el Estado, entre la clase trabajadora y también desde el sector empresarial. Porque los primeros días de vida de un niño no vuelven jamás. Los primeros días de un niño nunca se vuelven a repetir, colegas, y creo que aquí la mayoría somos madres, somos padres y entendemos de lo que estamos hablando.

Y el dolor incluso cuando una madre tiene que dejar a su hijo recién nacido para continuar con su trabajo. Es un dolor y un desprendimiento muy fuerte. Por eso creo que, ojalá, encontremos un consenso dentro de esta ampliación de las licencias de maternidad. Finalmente, colegas asambleístas, esta reforma busca proteger, no busca dividir a este hemiciclo. Cuando hablamos de la primera infancia, cuando hablamos de proteger la integridad de nuestros niños, cuando hablamos de combatir la violencia digital, cuando hablamos de la educación inclusiva para los niños con discapacidad, cuando hablamos de fortalecer a las familias, cuando hablamos que las boletas de apremio no caduquen, cuando estamos hablando de proteger para que nuestros niños no sean sometidos a ninguna intervención quirúrgica, hormonal o farmacológica para el cambio de sexo biológico, estamos hablando de una legislación de avanzada para proteger a nuestras infancias.

Finalmente, quiero culminar esta intervención por donde inicié. Los temas de niñez deben ser siempre un punto de consenso, más allá de las diferencias políticas. Los gobiernos pasan, las legislaturas pasan. Lo que nunca pasará es lo que recuerda la gente, que trabajamos por el bienestar de nuestras infancias, para romper los círculos de exclusión, pobreza y discriminación, porque todos los niños valen por igual, tanto el niño que vive en el barrio más periférico y olvidado de esta sociedad, como el niño que vive o que puede vivir en la urbanización más costosa y lujosa de este país.

Todos los niños merecen los mismos derechos por igual. Las ideologías políticas y las diferencias también pueden pasar, colegas asambleístas. Los derechos de los niños nunca van a pasar y nunca van a culminar. Siempre tendrán que establecerse mayores mecanismos de protección para cuidarlos y para darles un ambiente de desarrollo y pleno crecimiento dentro del Estado. Presidente, también manifestarle que estamos con la predisposición y toda la apertura para recibir aportes, observaciones de los colegas asambleístas y si se requiere también que el proyecto pueda regresar a la comisión ocho días para realizar los cambios que sean pertinentes, partiendo también, vuelvo e insisto, que el tema de las adopciones se aprobó ya hace una semana anterior y esto habría que modificar de este informe que nosotros el año anterior le remitimos al expresidente de la Asamblea y que hemos estado esperando siete, casi ocho meses para hoy finalmente poderlo debatir.

Gracias.

Tiene la palabra la asambleísta Nathalie Farinango.

informáticos, gracias por permitirme el uso de la palabra y quiero referirme de manera muy puntual al informe de segundo debate de esta ley orgánica reformatoria, el código orgánico de las niñas y adolescencia, tanto el libro 1, libro 2 y libro 3. Y voy a coincidir con la presidenta de esta comisión que hay puntos de encuentros importantes que nos deben unir a todos las y los legisladores y uno de ellos son nuestros niños, niñas y adolescentes. Y también agradezco la apertura para que este informe pueda regresar a la comisión porque considero hay varios aspectos que deben corregirse.

Mejorar temas de técnica legislativa que me parecen también interesantes, tanto de forma y de fondo que presentaré en esta intervención. Al respecto, señoras y señores asambristas, miembros de la comisión especializada de protección integrada a los niños, niñas y adolescentes, quiero con un sentido democrático contribuir con estas observaciones que les menciono. Como legisladores, creo que todos entendemos la obligación de garantizar que las leyes que aprobemos sean claras, coherentes, constitucionales, pero sobre todo aplicables. No basta con tener buenas intenciones, que creo que en este proyecto en específico, con este sector prioritario, como son nuestros niños, niñas y adolescentes, todos los tenemos, sino que también hacerlo de manera correcta, para que las leyes no generen inseguridad jurídica, conflictos de interpretación y finalmente afecten precisamente a quienes pretendemos proteger.

En primer lugar, nos preocupa los errores de técnica legislativa del proyecto, pero al estar en segundo debate y al darnos la posibilidad del artículo 71 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, devolverlo a la comisión, pues lo presentaremos. En el artículo encontramos problemas de concordancia, duplicidad de conceptos y fórmulas legislativas incorrectas. Por ejemplo, se anuncia la sustitución de los siguientes textos cuando únicamente se integra un artículo. Se indica que se agrega un artículo cuando en realidad se agrega un numeral. Existen errores de concordancia, como cuando se menciona, participarán, serán considerados, o los niñas.

Esto, aunque parecen simples errores gramaticales, pueden afectar la certeza jurídica y pueden generar interpretaciones contradictorias, más aún al tratarse de un informe para segundo debate. También observamos múltiples inconsistencias terminológicas. Se confunden conceptos como trata de personas y tráfico ilícito de inmigrantes. Se equipara el grooming y la captación en línea. Una legislación técnicamente correcta exige precisión conceptual y uniformidad normativa. Otro aspecto importante es la falta de coordinación entre el ordenamiento jurídico vigente, que ya voy a hacer eco de las palabras de la Presidenta de la Comisión.

El proyecto modifica instituciones distintas como patria potestad, tenencia y convivencia dentro de un mismo artículo. Presenta contradicciones entre el artículo 29 y 30 respecto a secciones como adopción, incorporando numeraciones cuya existencia ni siquiera ha sido verificada y contiene remisiones normativas que requieren actualización. Y entiendo que se requiere actualización también porque, como lo ha mencionado, este proyecto fue enviado hace siete o ocho meses y algunas normativas han sido aprobadas en ese tiempo. Estas inconsistencias pueden provocar conflictos de aplicación desde el primer día de vigencia de la ley.

También encontramos problemas en materia de alimentos. El proyecto no armoniza adecuadamente la pensión alimenticia con la capacidad económica del obligado. El desempleo no imputable o los acuerdos alcanzados mediante mediación. Incluso genera dudas respecto del papel de mediador desde la aplicación de tablas mínimas. Que si bien se entiende el objetivo legítimo de que en los acuerdos de mediaciones no se pongan estos acuerdos por debajo de las tablas mínimas, ¿qué va a pasar con ese régimen de transición de las mediaciones ya aprobadas? En cuanto a las licencias parentales, si bien ampliar derechos constituye un objetivo legítimo, el proyecto omite aspectos esenciales.

No determina claramente la fuente de financiamiento, la participación del IES como parte del subsidio económico por maternidad, la coordinación entre el Código de Trabajo y la LOCEF y el tratamiento de familias monoparentales, adopciones, nacimientos sin vida o trabajadores autónomos. Al respecto a la propia Constitución de la República, determina en el inciso final del artículo 369, al hablar de prestaciones del seguro universal obligatorio en las que se incluye la maternidad, que la creación de nuevas prestaciones deben estar debidamente financiadas. Hay que ver si están debidamente financiadas para poderlos incluir y no crear expectativas de nuevos derechos cuando no existe la constitucionalidad al respecto.

Más aún también cuando hace pocos días el Pleno de la Asamblea Nacional, y bueno, ahí se mencionó en esta observación, ya ha sido reconocida por parte de la Presidenta, ya aprobó también el proyecto de ley de adopciones en segundo debate, y ahí hay algunas cosas que ya están aprobadas y que se deben corregirse. Pero también en el ámbito de las licencias por paternidad, recordarles que hay un proyecto de ley reformatoria, varias leyes para garantizar el derecho a la protección de la maternidad y paternidad en el duelo perinatal y neonatal, que también se está tramitando en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social.

Sin un análisis integral, un proyecto de ley puede carecer de sindérisis y puede ser contradictorio. Por eso, compañeras y compañeros legisladores, nuestro deber es aportar justamente en estos espacios que nos permiten presentar observaciones con la predisposición que existe desde la Comisión para entregar una ley sólida, coherente, compatible con la Constitución y con los instrumentos internacionales de derechos humanos. Por ello, considero indispensable, señor Presidente, colegas legisladores, que este proyecto sea objeto de una revisión técnica, integral en la Comisión correspondiente, antes de continuar con su trámite legislativo.

Es necesario corregir las contradicciones internas, depurar la redacción, armonizar las reformas con la legislación vigente, fortalecer la seguridad jurídica y garantizar plenamente el interés superior de nuestros niños, niñas y adolescentes. Porque proteger sus derechos también significa aprobar buenas leyes, leyes claras, constitucionales y técnicamente bien construidas. Solo así estaremos cumpliendo verdaderamente con nuestra responsabilidad frente al país, con nuestra responsabilidad con este sector tan importante, con quienes están el presente y el futuro de nuestro país, nuestros niños, niñas y adolescentes. Les presento estas observaciones a la Comisión, a la señora Presidenta, para que sean de análisis, para poder llegar a puntos de encuentro, para que nuestros niños realmente se sientan protegidos por esta Asamblea Nacional.

Gracias, señor Presidente.

Gracias, asambleísta. Tiene la palabra el asambleísta Ricardo Patiño.

Que haya un ambiente adecuado para que en estos temas podamos tener consenso y lograr votaciones y diálogos que permitan construir.

Juntos.

la legislación.

Este proyecto...

de reforma al Código Integral de la Niñez y la Adolescencia.

cumple con algunos objetivos importantes.

importantes. Lo han dicho tanto la presidenta de la comisión como la asambleísta que intervino ahora de parte de ADN. Nuestra compañera Viviana señaló los aspectos más importantes. Quiero destacar algunos de ellos y decirlo de manera muy resumida. Uno, este proyecto fortalece la protección de la primera instancia. Es más, la toma en cuenta, cosa que no existía en la legislación anterior. Fortalece entonces la primera instancia de los 0 a los 5 años. Segundo, fortalece el derecho a la identidad cultural. Ya no sólo lo establece como un derecho, sino que prohíbe expresamente menoscabar la identidad cultural.

En tercer lugar, fortalece la educación, el derecho a la educación a niños, niñas y adolescentes con discapacidad, estableciendo también no solamente que deben ser recibidos por las instituciones educativas, sino que debe ofrecérseles educación inclusiva y de ser necesario de especialidad. En cuarto lugar, protege a nuestros niños, niñas y adolescentes de la violencia digital. No solamente reaccionando, sino incluyendo educación digital, orientación, protocolos preventivos. En quinto lugar, prohíbe expresamente que el trabajo adolescente afecte la educación, la salud, el desarrollo integral, ya no solamente hasta el nivel de educación básico, sino hasta del bachillerato.

En sexto lugar, le da una mayor garantía al derecho de alimentos que tienen nuestros niños y adolescentes. Y en séptimo lugar, amplía las licencias de maternidad y de paternidad. Estos son los aspectos principales que yo comentaré brevemente, pero quería señalarlos como los puntos cardinales, principales de esta reforma a la ley. Y me alegro mucho que haya una favorable disposición a atenderlas. Respecto al tema que tiene que ver con la primera infancia, los primeros cinco años de vida determinan en gran medida el nivel de desarrollo, de capacidad, de desarrollo físico, emocional y cognitivo de una persona.

Incluso la formación básica de su personalidad. Yo diría que hasta su posibilidad de ser suficientemente feliz en la vida. Sin embargo, en nuestro país miles de niños nacen enfrentando pobreza, desnutrición, violencia y falsa estimulación temprana, que esta ley no corrige, por supuesto, y no puede corregir. Pero sí puede el Estado generar condiciones adecuadas como una parte de justicia distributiva, como una parte de la construcción de la democracia, para que esas diferencias que se constituyen en el propio nacimiento de nuestras criaturas no permanezcan. Y que haya entonces, por parte de estos niños, niñas y adolescentes, la posibilidad de recibir condiciones adecuadas de estimulación temprana, de desarrollo físico, cognitivo, en su infancia, en su primera infancia de cero a cinco años.

Las políticas públicas, entonces, no deben comenzar solamente desde la educación primaria, sino desde el nacimiento de nuestros niños en el Ecuador. En segundo lugar, el derecho a la identidad cultural. Miles de niñas y niños indígenas, afroecuatorianos y montuvios, todavía sufren discriminación por hablar su lengua nativa, materna, por vestir su ropa tradicional o por expresar su diversidad, su identidad cultural. Imaginemos a un niño quichua que al ingresar a una escuela urbana, deja de hablar su idioma porque sus compañeros se burlan de él. Cuando un niño siente vergüenza de su lengua y de su cultura, no puede, no pierde únicamente una forma de comunicarse, sino que pierde parte de su identidad.

Ningún niño o niña debe sentir que para acceder a la educación tiene que renunciar a ser quien es. Por esto, esta reforma incorpora plenamente el carácter plurinacional e intercultural reconocido por nuestra constitución y ya no solamente lo establece como un derecho a mantener su identidad cultural, sino como una prohibición expresa de que pueda discriminarse, que pueda excluirse esa condición de las criaturas. El tercer lugar, respecto a la educación inclusiva. Todavía existen miles de estudiantes con discapacidad que encuentran barreras físicas, pedagógicas y administrativas para permanecer en el sistema educativo.

Pensemos en un adolescente con trastorno del espectro autista cuya familia recorre varias instituciones buscando un cupo, mientras recibe como respuesta que, entre comillas, la escuela no está preparada. El problema nunca fue el estudiante. El problema es un sistema que todavía no garantiza los apoyos necesarios. Esta reforma transforma la inclusión en una obligación jurídica y no en un acto de buena voluntad. Y entonces se pasa de que se pueda recibir a que se reciba efectivamente educación inclusiva y de ser necesario especializada. En cuarto lugar, respecto a la violencia digital.

Hoy la violencia ya no ocurre únicamente en las calles o dentro del hogar, también ocurre detrás de una pantalla. Un adolescente puede creer que conversa con otro joven de su edad cuando en realidad está siendo manipulada por un adulto que busca obtener fotografías íntimas para luego chantajearla. Este delito tiene nombre, grooming. Lamentablemente ya forma parte de la realidad ecuatoriana y la legislación vigente prácticamente no fue diseñada, por supuesto porque fue desarrollada décadas atrás, para enfrentar estos riesgos. Por esto esta reforma incorpora mecanismos de prevención y protección frente al ciberacoso, la explotación sexual y otras formas contemporáneas de violencia.

En quinto lugar, respecto al trabajo infantil y al trabajo de adolescente. Detrás de las estadísticas existen historias humanas. Existe el adolescente que abandona la escuela para trabajar jornadas completas en actividades agrícolas o la niña que vende productos en las calles. El joven que termina creyendo que estudiar es un lujo porque su familia necesita ingresos inmediatos. La pobreza nunca puede convertirse en una condena que obligue a un niño a renunciar a su educación, lo que significa a renunciar a su futuro, a renunciar a la posibilidad de desarrollar una familia con dignidad.

Esta reforma protege precisamente ese equilibrio, reconoce el trabajo adolescente protegido, como viene reconocido desde antes, pero prohíbe cualquier actividad que afecte la educación, la salud o el desarrollo integral y, como hemos dicho, establece que no pueden desarrollarse jornadas laborales que impidan, ya no solamente como la legislación anterior la decía, que pueda acceder y terminar su educación básica, sino también su educación de bachillerato. El sexto punto hace referencia al forzalecimiento del derecho de alimentos. Esto es muy importante, realmente hay algunos temas que estuvieron establecidos en la legislación anterior y que hablaban, por ejemplo, de que el padre con discapacidad podría ser excluido del pago de los alimentos y entonces sus obligados subsidiarios, sus hermanos, parientes, debían asumir esto.

Pero ahora se aclara que si un padre con discapacidad alega que no puede atender los alimentos de sus hijos, primero tiene que asegurar y probar que esa discapacidad que él tiene le impide desarrollar alguna actividad económica productiva o que no tiene otros ingresos. Y esto es muy importante para que los padres irresponsables no aleguen esa condición para que otras personas tengan que asumir. Y también una cosa que es muy importante, la boleta de apremio no cesa ya en 30 días y no es necesario que la persona afectada, normalmente la madre a cargo, tenga que después de 30 días pedir otra vez la boleta de apremio, sino que la boleta se mantenga hasta que se cumpla la obligación.

Y por último, señores legisladores y señor presidente, pueblo ecuatoriano, la ampliación de las licencias de maternidad y de paternidad es tremendamente importante. Que los padres estemos al cuidado de nuestros hijos directamente, presencialmente, vivencialmente, emocionalmente es tan importante y por ello también creemos que es muy importante que se apruebe efectivamente que las madres ya no solamente tengan 12 semanas de licencia de maternidad, sino 24, y que los padres no tengan solamente 15 días, sino 30 días para su licencia de paternidad. Confío en que estas decisiones se puedan tomar de manera unánime en esta asamblea, por supuesto, siendo miembro de la Comisión de las Niñas, Niños y Adolescentes, de Protección Integral de Niños y Adolescentes, nosotros estamos dispuestos a considerar las observaciones que en esta sesión se presenten.

Gracias, señor presidente, por la palabra.

Tiene la palabra el asambleísta Pablo Jurado.

a las madres, a los padres de familia, a las tías. Y ahora me corresponde hablar en representación de los abuelos. Y creo que es importante el felicitar ese ambiente, como dijo Ricardo Patiño, ese ambiente favorable, a diferencia de otras reuniones donde todos vivimos un ambiente tenso, un ambiente pesado. Es que no podría ser de otra manera el que en esta mañana y tarde estemos hablando de algo muy importante y trascendental en cada una de nuestras familias y en la sociedad. Hablar de niñas, de niños, de adolescentes, sin duda es hablar de lo más importante.

Y con seguridad, aquellas niñas, niños y adolescentes que mañana se enteren que existió una Asamblea Nacional en donde las partes que en muchas ocasiones se muestran opuestas, se hayan puesto de acuerdo para legislar en favor de este importante conglomerado humano. En las funciones públicas en las que me ha correspondido ejercer, hacíamos siempre una reflexión. De los puentes, de las carreteras, de las casas comunales que hacen los alcaldes, que hacen los prefectos, alcaldesas o prefectas, fácilmente la gente se puede olvidar. Pero del esfuerzo o de la inversión que hace la autoridad, en este caso, del trabajo que está haciendo la Asamblea Nacional, dedicado a esto que no necesariamente es el futuro, sino el presente, no podrán olvidarse aquellos que hoy son niños, aquellos que hoy son niñas, que son adolescentes, aquellos que nacerán mañana y que vendrán en el futuro.

Y fue satisfactorio también escuchar a la presidenta de la comisión, la colega Viviana Veloz, cuando dice los tiempos han cambiado. Las legislaciones que se hicieron hace algunos años, ahora se tornan insuficientes porque la seguridad o la inseguridad a la que están expuestas las niñas, niños y adolescentes son totalmente diferentes. Lo mismo hemos tenido que decir nosotros también cuando se nos ha preguntado por qué de legislar y de construir leyes que atacan obviamente a la delincuencia y hemos tenido que decir que sí, que el Ecuador hoy por hoy no está legislando para un conglomerado de hace 20 años sino está legislando también para un conglomerado que está poniendo en peligro la vida de los ecuatorianos.

¿Quién puede oponerse a que las licencias por paternidad, por maternidad se dupliquen en el caso de las mujeres de 12 a 24 meses y de 15 a 30 días para los padres de familia? ¿Quién puede oponerse al contenido que tiene esta propuesta reformatoria? Escuchamos a Natalie Farinango y es una forma de demostrar lo que en muchas de las ocasiones nos hemos acusado mutuamente cuando nos decimos tienen que leer los proyectos de ley es una forma de demostrar obviamente que las partes ponemos interés en establecer la lectura correspondiente al contenido de esta propuesta reformatoria.

La colega Viviana Veloz ha dejado ya la propuesta de que la otra parte o el resto de la asamblea coincidan en que si hay que mejorar lo que decía Natalie en términos de técnica legislativa en términos de redacción porque es cierto no es un tema fácil a veces se pueden pasar cosas también no de manera voluntaria sino sin ninguna voluntad revisado también los considerandos en el primer considerando se hace referencia al artículo 4 de la constitución y obviamente el artículo 4 de la constitución no dice nada sobre niñas, niños y adolescentes cuando lo correcto es obviamente el artículo 44 que la norma suprema si aborda el tema de niñas, niñas y adolescentes y hace referencia a la responsabilidad que tiene el Estado ecuatoriano por lo tanto también poner atención para eliminar ese primer considerando y dejar el tercer considerando que si hace referencia con exactitud a la responsabilidad que tiene el Estado decirles colegas asambleístas que el contenido de estas reformas sin duda está construido pensando en el bienestar de la familia y creo que nadie en esta asamblea podrá oponerse a que legislemos en favor de lo más importante de nuestra sociedad la familia compuesta por niñas niños, adolescentes por padres madres de familia hermanos, primos y tíos y por los otros los abuelos también gracias señor presidente gracias

Gracias, asambleíste.

Dime el uso de la palabra, si usted me puede confirmar si se me escucha con claridad.

Sí, lo escuchamos muy bien.

Gracias, gracias, presidente. Compañeros asambleístas, querido pueblo ecuatoriano que nos ve a través de los diferentes medios que siguen los plenos de la Asamblea Nacional, tomo la palabra en este informe para segundo debate del proyecto de ley orgánica reformatoria al Código de la Niñez y la Adolescencia, y lo hago desde el lugar del que vengo, desde la provincia de Santa Elena, un territorio donde la niñez ha estado en la última fila de las decisiones del Estado. Espero no repetir innecesariamente lo que ya mis colegas asambleístas han dicho en este pleno, pero como nos enseñaron nuestras maestras y maestros, no se trata de repetir por repetir, sino de razonar.

En un espacio de liberación como este, insistir sobre determinados argumentos puede ser también una forma de profundizar en ellos, de someterlos al escrutinio de los demás y de contribuir a que las decisiones que aquí se adoptan sean el resultado de una reflexión consciente y responsable. Hace un tiempo advertí en este mismo pleno que el Ecuador vive una emergencia respecto a nuestra niñez, y que Santa Elena registra el porcentaje más alto del país de adolescentes que reportan presencia visible de bandas criminales en sus barrios. Hoy quiero completar esa idea.

A un niño no se lo protege únicamente con derecho penal, se lo protege cuando el Estado llega antes que el delito. Y llegar antes puede ser igual a nutrición, primera infancia, escuela segura y familia. Este informe avanza precisamente en esos frentes y por eso lo respaldo. Con respecto a la protección en entornos digitales, los artículos 16 y 17 del proyecto reforman los artículos 45 y 46 del libro 1 e incorporan expresamente como formas de violencia el cyberbullying, el acoso y el abuso sexual en línea, la captación y el grooming, y la trata y la pornografía dirigida a niños, niñas y adolescentes.

El artículo 20 suma la violencia telemática al catálogo del artículo 78 y de manera decisiva se establece el deber compartido del Estado, la sociedad y la familia de implementar medidas y protocolos frente a estos riesgos. El reclutamiento y la captación de un adolescente ya no ocurre solamente a la salida de una institución educativa, ocurre incluso en un instrumento tan cercano como peligroso. Un teléfono celular en la mañana, en la tarde, en la noche, en la habitación de un niño o adolescente cuyos padres muchas veces no pueden estar en casa.

El legislador del 2003 tal vez no podía prever esto. Nosotros sí, y no tenemos excusa. Que la ley por fin pone nombre al grooming y al cyberacoso es la condición previa para que la fiscalía, la escuela y las juntas cantonales puedan actuar sobre ello. El informe de la comisión es explícito al señalar que corresponde a las instituciones educativas y de protección crear protocolos de prevención temprana, detección temprana, respuesta y reparación frente al cyber grooming, al bullying, a la exposición a contenidos nocivos, junto con la alfabetización digital crítica.

Insisto en este punto porque es donde más se juega su eficacia. De nada sirve positivizar este tipo de conductas si la maestra de una escuela no sabe reconocer las señales y si no tiene a quién derivar el caso. Por eso debemos exigir al Ministerio de Educación asumir parte de esta obligación con protocolos exigibles, capacitación docente efectiva y presupuesto real y no con una circular más, con un correo más, con una matriz más. Los derechos de la primera infancia. El artículo 9 incorpora los artículos 32.1 al 32.4 del libro 1 y reconoce por primera vez el rango legal de los derechos de las niñas y niños de 0 a 5 años, la escucha activa de sus opiniones y sentimientos, el desarrollo integral con acceso y permanencia en el sistema público y la educación inicial como derecho, entendida como un proceso pedagógico intencional a través del juego, el arte, la literatura, la exploración, con la familia como actor central.

En una provincia como la mía, donde la oferta de desarrollo infantil puede ser intermitente, considerar que la educación inicial como un derecho significa que ninguna comuna podrá ser considerada demasiado pequeña, demasiado rural o lejana para tener servicios de calidad. Lo que no se hace en los primeros cinco años de vida, después cuesta el doble y repara solamente la mitad. Por eso, en temas de desnutrición crónica infantil, y no hay definitivamente primera infancia posible sin nutrición, la desnutrición crónica infantil es el primer determinante del rendimiento escolar, de la capacidad de la atención en el aula y del desarrollo cognitivo a lo largo de toda la vida.

Esta reforma refuerza ese eje al ampliar el derecho a una vida digna en el artículo 7 del proyecto, que sustituye el artículo 26 del libro 1, incluyendo la alimentación nutritiva, equilibrada y eficiente, junto al ambiente saludable y la seguridad emocional, y al fortalecer la atención al embarazo, parto, posparto y periodo de lactancia en el artículo 6. Sin embargo, cabe recordar que la lucha contra la desnutrición crónica infantil también significa presupuesto sostenido en los territorios que más necesitan nuestra atención. Las licencias de maternidad y paternidad. Esta definitivamente es una medida de salud pública.

Nos estamos alineando a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. 24 semanas junto a la madre favorecen la lactancia materna exclusiva, reducen la mortalidad infantil y atacan directamente la desnutrición crónica en la ventana crítica de los primeros mil días. Y 30 días de licencia para que el padre pueda estar con su bebé recién nacido son el reconocimiento de que el cuidado es una responsabilidad compartida desde el primer día y no una carga que se deposita únicamente en las mujeres. Es un reconocimiento también a la necesidad humana de cuidar de cercanía y apego desde los primeros días.

Por eso, también otro tema de vital importancia va en torno a las pensiones alimenticias. La disposición reformatoria primera modifica el artículo 3 del artículo 139 del Código Orgánico General de Procesos y elimina la causal vigente de cesación de la boleta de apremio personal por el simple transcurso de 30 días. De aquí en adelante, de aprobarse este proyecto de reformatorio, la boleta se mantendrá vigente de manera ininterrumpida, sin necesidad de una nueva solicitud de la parte afectada hasta que se cumpla la obligación o se haga efectiva la medida.

A ello se suma el artículo 33, incorporando como disposición general tercera del Código que atribuye en exclusiva al obligado todos los gastos que genere la ejecución del secuestro, la retención o la prohibición de enajenar bienes. En otras palabras, hasta hoy una madre de Santa Elena, de Guayas, de Pichincha, que lograba el embargo de bienes del padre en Mora, terminaba pagando ella misma el trámite y veía caducar la boleta de apremio una y otra vez, mientras el que adeudaba simplemente esperaba a que el plazo corriera. Era el Estado castigando económicamente a la madre por intentar alimentar a sus hijos.

Y esto se acabaría con esta reforma. Con respecto al trabajo adolescente, el artículo 21 que sustituye el artículo 84 del libro 1 mantiene el límite de 6 horas diarias y 5 días a la semana para la jornada del adolescente trabajador y ordena que se organice de manera que no limite el efectivo ejercicio de su derecho a la educación. Impone además a los progenitores, a los responsables de su cuidado, a los patronos y a quienes se beneficien de su trabajo la obligación de velar porque el adolescente termine su bachillerato y cumpla con sus deberes académicos.

El artículo 23 actualiza el régimen sancionador, indexando las multas a la remuneración básica unificada y previendo que la clausura del establecimiento en casos de reincidencia. En una provincia donde muchos adolescentes incorporan temprano al trabajo de la pesca, al comercio, al turismo, esta norma marca la diferencia entre un estudiante, un joven que trabaja y estudia y un joven que abandona el aula a los 15 años para no volver jamás. Y quiero cerrar con el punto que más orgullo me produce como asambleísta de Santa Elena. El artículo 2 del proyecto sustituye el artículo 7 del libro 1 y reconoce y garantiza el derecho de las niñas, niños y adolescentes de pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montuvias a desarrollarse de acuerdo con su cultura, su historia, su idioma y su modo de vida.

En un marco de interculturalidad y en apego a los derechos colectivos de la Constitución. Y dispone que sean considerados en los procesos de consulta previa y prelegislativa. En concordancia con el artículo 15, obliga a que todo programa de atención respete la cosmovisión y la realidad cultural de la comuna, pueblo o nacionalidad. Por eso, compañeras y compañeros legisladores, hace poco también aquí mismo en este pleno dije que ninguna niña y ningún niño nace siendo sicario. Que se convierte en uno cuando el Estado lo abandona primero. Y el abandono no empieza el día de la captación por parte de una organización criminal.

Empieza en el niño desnutrido de dos años, en el centro infantil que nunca llegó o en el centro infantil que se cerró por falta de atención del Estado. En el aula donde una adolescente embarazada fue obligada a irse. En la pensión que nunca se pagó. Y en el mensaje de un legislador le envió de madrugada sin que nadie lo advirtiera. Esta reforma celebro que continúa abriendo el debate sobre la niñez ecuatoriana. Por eso, una vez que se cierre este debate y se tome votación, mi votación va a ser a favor.

Y exhorto al pleno a también aprobarlo. Porque nuestra niñez ecuatoriana también se protege con justicia social. Gracias, presidente, por permitirme el uso de la palabra. Compañeros asambleístas.

Gracias, asambleísta. Tiene la palabra el asambleísta Diana Jacome.

Felicitar por esta importante iniciativa. Como lo mencionó la presidenta de la Comisión de la Niñez, más allá de cualquier partido político o ideología, este es un proyecto que debe enfocarse directamente a la protección de los niños, niñas y adolescentes. En ese sentido, las observaciones de los colegas asambleístas que me antecedieron han sido importantes porque permiten tener también una visión de aquellos cambios que puedan darse. En ese sentido, he escuchado y he leído el proyecto de la Comisión y quiero hacer dos observaciones muy puntuales y concretas para ver cómo podemos canalizar estos cambios y también lo que implica la decisión que toma la Corte Constitucional respecto a la identidad de género, que para nosotros es muy importante entender las responsabilidades y atribuciones que tiene cada función del Estado o las instituciones del Estado, en este caso, Asamblea Nacional y Corte Constitucional.

En uno de los artículos, el artículo 1 del proyecto, se determina que el sexo del recién nacido se inscribirá como hombre o mujer según la determinación de su condición biológica. También el proyecto establece en su artículo 8, a continuación del artículo 27, la prohibición de intervenciones médicas, quirúrgicas o farmacológicas de niños, niñas y adolescentes para el cambio de sexo. Yo quiero plantear ahí a la Comisión y con nuestra Comisión también no existiría ningún problema de analizar y verificar qué podemos hacer con la sentencia 424-CN-26 de la Corte Constitucional, considerando que la Comisión de Transparencia está ejecutando el plan de seguimiento y aplicación de la norma conforme la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que nos faculta a los asambleístas y comisiones de hacer seguimiento de la ley, en este caso, sobre el artículo 94 de la Ley de Gestión de Identidad de Datos.

¿Qué pasa con esta sentencia y este artículo, el 94, que se contrapone un poco con lo que hoy estamos debatiendo en los dos artículos que le he mencionado a la asambleísta presidenta de la Comisión de la Niñez? En el artículo 24 es declarado inconstitucional en cuanto a la aplicación de la regla normativa de este artículo para el cambio de género a partir de los 18 años. Y la sentencia que he mencionado, la 4-24-CN, que fue elevada a la Corte Constitucional a través de consulta de norma, establece que es inconstitucional el artículo 24, sí, para el cambio de género a partir de los 18 años, pero el Código de las Niñas nos establece que es un niño de 12 años, a 18 podría cambiarse, o menor a esa edad, conforme a los parámetros que estableció la Corte.

En el seguimiento que hemos hecho a la aplicación de la norma, hay muchos vacíos por parte de las instituciones que están a cargo de la aplicación de esta sentencia, porque no se reduce al caso concreto, sino a casos análogos. Eso es muy grave, es muy grave para quienes entendemos sobre el cumplimiento de una sentencia y la aplicabilidad de un caso concreto se reduce a un caso al que ha sido elevada consulta. Pero cuando me dices análogos, quiere decir que otra persona que se encuentra en la misma circunstancia, mañana va a hacer lo mismo.

Y de hecho, ya sucedió. Y también está planteada una consulta de norma, una acción de protección, si no me equivoco, o consulta de norma, para que también se declare inconstitucional el mismo artículo en el sentido de que no sea por una sola vez, sino varias veces. Lo dejo sobre la mesa para el análisis de la comisión, para poder trabajar en conjunto y verificar el cumplimiento de este artículo 94, pero no desde la inconstitucionalidad, sino desde la integralidad de respetar los derechos de niños, niñas y adolescentes.

Porque su niñez, su proceso de desarrollo, le compete a los padres y debe ser protegido en su integralidad, no bajo dogmas o agendas que traten de imponer cambios en nuestras infancias. Nada más. Muchísimas gracias.

Gracias, asambleísta. Tiene la palabra el asambleísta Ronald González.

Tome quórum para que vengan conmigo a registrarse y tener con quien pelear, por favor. Que veo vacío.

Asambleísta, por favor.

¡Qué barbaridad! Los camarógrafos, los fotógrafos. ¿Dónde están los medios legislativos? Porque cuando hablan del otro lado del charco, hablan a defesos y les llueven los paparazzi. Mi provincia y mi país están de luto. Por eso mi atuendo. Independientemente de la natural caída de mi cabello, hoy decidí raparme. Sí, como muestra de indignación ante la falta de atención, falta de insumos y muertes de los pacientes de diálisis de mi provincia y mi país. Por los agricultores quebrados, por la violencia contra las mujeres, por los jóvenes sin cupos universitarios, inmigrando.

Por las amas de casa, los emprendedores, por los agricultores, los artesanos, pescadores, guardias de seguridad, sin empleo y en la central de crédito. Por todos los servidores públicos despedidos. Por las niñas, niños y adolescentes desaparecidos y asesinados. sin conocimiento y consentimiento de este pleno. Sorpresa. Se ha reformado e incorporado tanto en el Código Orgánico Integral Penal como en el Código de la Democracia el artículo 7. Sí. El numeral 7 en alusión y honor al partido político de ustedes. En donde observar y cuestionar configura y constituye delito con sanciones, proscripción, penas privativas de libertad y muerte.

Sancionan, proscriben todo vehículo en representación de más de 898.652 riosenses. riosenses. Sí. Me privan, me anulan y no permiten mi legítimo derecho de participación electoral. Centralizan el poder y se saltan todos, todos los controles democráticos. democráticos. Señor Presidente, la protección hacia la niñez y la adolescencia es y constituye una política de Estado. Sí, contemplado dentro de nuestra norma suprema. Y no constituye bandera de un solo sector, no. Lo establecen los artículos 45, 44 y 175 de la Constitución de la República del Ecuador que exige una legislación y administración de justicia especializada para este grupo de atención prioritaria.

Esta bancada, la bancada de la Revolución Ciudadana, respalda y siempre respaldará toda iniciativa que garantice un desarrollo integral. mayor seguridad jurídica y mejores oportunidades para las presentes y nuevas generaciones de mi provincia y mi país. ¡Viva la Revolución Ciudadana! ¡Gracias! ¡Gracias!

Tiene la palabra el asambleísta Paula Cávez.

Los filósofos del derecho suelen recordar una reflexión de un jurista italiano, Norberto Bobbio, que mantiene plena vigencia en las democracias constitucionales. El gran desafío de los derechos fundamentales no consiste únicamente en reconocerlos, sino en construir las garantías que permitan hacerlos efectivos. Creo que pocas ideas describen el debate que hoy ocupa esta Asamblea Nacional, porque cuando debatimos la reforma al Código de la Niñez y Adolescencia, estamos preguntándonos también si las garantías que nuestra Constitución reconoce para niñas, niños y adolescentes cuentan hoy con instituciones jurídicas capaces y fortalecidas para hacerlas realidad.

Nuestra Constitución respondió esa pregunta con absoluta claridad. El artículo 44 dispone que el Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes, y que sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. Ese mandato constituye uno de los pilares de nuestra Constitución y del modelo de protección reforzada que el Ecuador decidió reconocer para la infancia y la adolescencia. No se trata de una declaración simbólica, ni de un principio meramente orientador. Se trata de un mandato jurídico que obliga a todas las funciones del Estado, incluida la Asamblea Nacional, a garantizar que nuestras infancias y que nuestras leyes, sobre todo, correspondan al interés superior del niño.

Ese mandato constitucional encuentra además sustento en la Convención de los Derechos del Niño, instrumento que forma parte de nuestro bloque de constitucionalidad y ha sido desarrollado por la jurisprudencia constitucional que ha reiterado que el interés superior del niño no puede convertirse en una fórmula retórica o en un concepto indeterminado sujeto a la discrecionalidad de las autoridades. Es un criterio jurídico vinculante que debe orientar toda decisión pública relacionada con la infancia y con la adolescencia. Desde esa perspectiva, esta reforma resulta no solamente pertinente, sino necesaria. El Código de la Niñez y la Adolescencia fue expedido en un contexto constitucional distinto al actual.

En estas dos últimas décadas, el país cambió profundamente. Nuestra Constitución transformó de manera de comprender y proteger los derechos fundamentales. Los estándares internacionales evolucionaron y la realidad social incorporó desafíos que hace 20 años ni siquiera formaban parte del debate jurídico. Actualizar este código significa armonizarlo con el desarrollo constitucional, fortalecer el Sistema Nacional de Protección Integral para responder de mejor manera las necesidades de los niños, niñas y adolescentes del Ecuador. Quiero destacar además que durante las últimas semanas esta Asamblea Nacional ha colocado a la niñez y a la adolescencia en el lugar que siempre debieron estar dentro de esta agenda legislativa.

La aprobación de la Ley Orgánica para la Agilización de la Adopción representa un paso importante para garantizar que ningún niño o niña tenga que esperar innecesariamente el ejercicio de su derecho a crecer con una familia. Quiero reconocer también el trabajo de la Comisión Especializada Permanente de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes que bajo el liderazgo de su Presidenta y ponente del proyecto hemos insistido en la necesidad de que estas reformas dejaran de ser una tarea pendiente y llegaran finalmente al conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional.

Este informe es también el resultado de un amplio proceso de participación democrática. Durante su tratamiento comparecieron jueces especializados, operadores del sistema de protección, académicos, organizaciones de la sociedad civil, la familia que a la larga es el centro de la discusión de estos temas y ciudadanos que compartieron sus experiencias y evidenciaron la necesidad de actualizar este código que sin perder su esencia garantista requería responder a nuevas realidades constitucionales y sociales del país. Esa apertura al diálogo fortalece la legitimidad de esta reforma y demuestra que las mejores leyes son aquellas que pueden o saben ser escuchadas a la ciudadanía antes de convertirse en norma.

Bajo esa convicción quisiera referirme a uno de los aspectos que a mi juicio representa uno de los avances más importantes de este proyecto de ley, el fortalecimiento de la corresponsabilidad parental de las instituciones que garantizan el derecho de los alimentos a niñas, niños y adolescentes. Miren, y con frecuencia este debate público representa quizás una distorsión o confrontación permanente entre padres y madres. Sin embargo, esa mirada desconoce el verdadero alcance de la institucionalidad jurídica. El derecho de alimentos no pertenece al padre ni a la madre. El derecho de alimentos pertenece al adolescente, al niño o niña.

Por ello, toda decisión relacionada con su fijación, modificación o ejecución debe responder siempre al principio del interés superior del niño, niña y adolescente. En esa línea, esta reforma incorpora cambios importantes, mantiene la prohibición de fijar pensiones debajo de la tabla de pensiones alimenticias mínimas y dispone que cuando la capacidad económica de ambos progenitores, fortaleciendo el principio de corresponsabilidad parental que inspira nuestro ordenamiento jurídico. Del mismo modo, regula expresamente la tenencia compartida, dejando claro que su aplicación nunca será automática, sino que deberá responder a las circunstancias particulares de cada caso y, sobre todo, aquello que garantice el bienestar integral de los niños, niñas y adolescentes.

También considero acertadas las reformas dirigidas a fortalecer el cumplimiento efectivo de las obligaciones alimentarias. A partir de estas modificaciones, los costos derivados de las medidas cautelares serán asumidos por el deudor incumplido y no por quien acude al sistema de justicia para exigir el cumplimiento de una obligación, cuyo beneficiario real es el niño, la niña o el adolescente. Asimismo, la boleta de apremio permanecerá vigente hasta que la obligación alimentaria sea satisfecha, evitando que el simple transcurso del tiempo termine debilitando la eficacia de una medida destinada a la protección de los derechos fundamentales de los niños y niñas.

Estas reformas no buscan enfrentar a los padres y a las madres. Eso es importantísimo entenderlo porque mientras debatimos acá en redes sociales hay gente que comenta y entendemos que en ocasiones cuando la relación entre padre y madre se rompe, en ocasiones irreconciliables, debe existir la suficiente madurez para poner en el centro del debate y la discusión a los niños y niñas y adolescentes y adolescentes y ellos no deberían bajo ningún concepto estar enfrentados en esta situación, al contrario, la ley debe facultarles eso. En tal sentido, busca algo muy importante, fortalecer la responsabilidad compartida que ambos tienen frente a sus hijos e hijas, porque la crianza, el cuidado, la protección y el sostenimiento de niñas y niños y adolescentes no constituye una carga individual, representa un deber jurídico y ético que corresponde asumir de manera conjunta.

Pero este proyecto también demuestra que el derecho debe evolucionar al ritmo de la sociedad. Hace 20 años muchas de las amenazas que hoy enfrentan nuestros niños, niñas y adolescentes simplemente no existían o no tenían la dimensión que hoy conocemos. La violencia digital, el ciberacoso, la captación de menores a través de plataformas tecnológicas y otras formas de vulneración de derechos que exigen respuestas jurídicas acordes a la realidad. Celebro por ello que esta reforma fortalezca los mecanismos de protección frente a estos nuevos riesgos y actualizar el código para responder a los desafíos que ya no pertenecen al futuro, sino el presente de miles de familias ecuatorianas.

En un país donde demasiados niños y niñas han crecido en medio de la violencia, de la ausencia parental, de la pobreza o del abandono institucional, legislar para la niñez no es un acto de rutina parlamentaria. Este debe ser nuestra decisión que puede cambiar proyectos de vida, trayectorias de vida. Cada derecho que protegemos hoy representa una oportunidad para miles de niños y niñas para que tengan un mejor futuro y un mejor mañana. Colegas, las leyes adquieren verdadero sentido cuando logran transformar la vida de las personas. Eso es lo que hoy estamos haciendo, dándole garantías a nuestros niños y niñas y adolescentes.

Estamos fortaleciendo instituciones jurídicas que permitirán una protección más efectiva de los niños y niñas y adolescentes. Estamos adecuando nuestro ordenamiento jurídico al desarrollo constitucional alcanzado por el Ecuador y estamos enviando un mensaje claro de que la niñez no puede seguir esperando mientras el Estado actualiza respuestas. Hoy creo que es importante que todas las instituciones que están a cargo de la protección de los niños, niñas y adolescentes se pongan a trabajar por y para ellos. Como legisladora estoy convencida de que la mejor manera de honrar el mandato contenido en el artículo 44 de nuestra Constitución es aprobar leyes que hagan efectivos los derechos que ella reconoce.

Y es el propósito de esta reforma y esa también es la razón por el cual expreso el respaldo al informe para el segundo debate y obviamente nuestro voto a favor porque todo lo que sea por nuestros niños tiene que poner en el centro de la discusión de esta Asamblea Nacional y creo que como se lo ha venido discutiendo acá los debates políticos ideológicos quedan en segundo lugar cuando se trata la vida de nuestros niños, niñas y adolescentes. Esta es mi palabra señor presidente, muchas gracias.

de la Niñez, se ha llevado a cabo un debate muy rígido, muy responsable, sobre el tratamiento y las reformas al Código de la Niñez y Adolescencia, con referencia al libro 1, 2 y 3 del Código. La reforma sitúa al menor como sujeto pleno de derechos. En esta reforma proponemos reconocer por primera vez el rango legal del derecho a la escucha activa y también al desarrollo infantil temprano para la primera infancia, garantizando no sólo su supervivencia, sino su seguridad emocional y un ambiente saludable. El corazón de la reforma, nuestro mensaje central es claro, que ningún niño espere años por una familia y que ninguna madre litigue sola para que le paguen la pensión a su hijo.

Tenemos varias reformas. Primero, tenencia compartida. Se introduce como figura legal, no como regla automática, sino bajo criterios de valoración del vínculo afectivo y estabilidad del menor. Segundo, pensiones alimenticias. Ponemos fin a la discrecionalidad que afecta a los menores. Se prohíbe fijar pensiones inferiores a la tabla de las pensiones alimenticias mínimas. Además, cuando se fijan pensiones superiores, el juez deberá valorar la capacidad económica de ambos progenitores y no solamente del demandado. Ejecución. Se elimina la caducidad de 30 días para la boleta de apremio. Ahora, esta será indefinida hasta que la obligación sea cumplida.

Además, los costos de las medidas cautelares serán asumidos por el deudor moroso, evitando que la madre o el cuidador deban financiar su propio proceso judicial. La protección de niñas y adolescentes no es una bandera de un sector político, es una obligación del Estado. Compañeros, este proyecto es el resultado de la escucha activa de la ciudadanía, de la academia, de los administradores de justicia. Hemos incorporado observaciones y corregido vacíos legales. Votar a favor de este informe es votar por la seguridad jurídica, por la justicia alimentaria y por la dignidad de nuevas generaciones del Ecuador.

Es importante que respecto a las licencias de paternidad, es necesario que la recomendación 191 de la Organización Internacional del Trabajo establece que las licencias deben ser suficientes para garantizar la salud de la madre y el recién nacido. Actualmente, el Ecuador se encuentra por debajo de la tendencia regional que busca alcanzar un estándar de oro de 24 semanas. Comparativamente, mientras países como Chile han avanzado significativamente en la flexibilidad y extensión de las licencias, el Ecuador mantenía una estructura rígida que en la práctica dificultaba el ejercicio pleno de la lactancia materna exclusiva, todo según las recomendaciones de la OMS que refiere a los primeros seis meses del niño.

Cuando en el Código de la Niñez y Adolescencia fue promulgado en el 2003, el entorno digital era incipiente. Hoy, 23 años después, la vida de un adolescente ocurre en gran medida en el mundo virtual. La reforma que discutimos hoy no es opcional, es una respuesta urgente ante la vulneración de la integridad personal en redes sociales, el grooming, el ciberbullying y la explotación sexual en línea como delitos que trascienden las fronteras físicas y el código actual. Tal como está, es inoperante para proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes del ciberespacio.

Los nuevos artículos introducidos en el libro uno no criminaliza el uso de la tecnología, sino que establece una red de seguridad estatal al definir y tipificar la violencia telemática. Estamos obligando a que las instituciones del sistema de protección integral, como las juntas cantonales, la defensoría o los jueces, tengan competencias claras para intervenir. No podemos permitir que la impunidad digital se convierta en una zona donde se vulneren derechos fundamentales. La reforma reconoce que el derecho a la integridad personal, hoy, incluye la protección de la reputación, la privacidad y la salud mental del menor en entornos digitales, constituyendo un avance civilizatorio que pone al Ecuador a la vanguardia de la protección infantil en la región.

Una justificación del sistema de adopción hacia un enfoque de derecho a la familia. El derecho a vivir en familia como una medida de protección no es un proceso administrativo. Es un derecho. La adopción bajo el marco normativo actual a menudo se percibe erróneamente como un proceso burocrático de selección de adoptantes en lugar de un mecanismo de protección del derecho de un niño a una familia. La barrera más crítica ha sido la discriminación sistemática. El sistema castiga a los niños con discapacidad severa al descartarlos en la práctica como no adoptables por la rigidez de los criterios de evaluación.

La reforma en el libro 3 que estamos tratando elimina estos obstáculos mediante una reingeniería de las unidades técnicas de adopción. El objetivo es claro. Reducir los tiempos de espera mediante la especialización de las unidades y la unificación de criterios. Debemos entender que cada día que un niño pasa institucionalizado es un día que pierden su desarrollo emocional y cognitivo. La reforma no sólo hace el proceso más humano, sino que obliga al Estado a buscar activamente la restitución del derecho a vivir en familia, priorizando la identidad y el amor por encima de la burocracia.

Estamos pasando de un modelo de gestión de acogimiento a un modelo de garantía de derecho a la familia, asegurando que las niñas, niños y adolescentes con discapacidad tengan las mismas oportunidades de integración que cualquier otro menor. Gracias señor presidente, gracias colegas legisladores.

por favor se me confirman que se me escucha

Si se le escucha.

Muchas gracias señor presidente. Antes de iniciar mi intervención quería reconocer y quería hacer un llamado a todo el pueblo ecuatoriano y a nivel mundial a conmemorar del 1 al 6 de agosto la semana mundial de la lactancia materna. La lactancia materna es uno de los momentos más importantes para la vida de las madres y de los niños. En esta semana de la lactancia materna reconocemos a las madres que tienen lactancia exclusiva y quienes tienen lactancia mista, a las que no pudieron amamantar, a las que hicieron amamantar pero no tuvieron apoyo.

Las que por fuerza mayor o por salud tuvieron que verse obligados a dar lactancia de fórmula o mixta. Aquellas que fueron juzgadas por amamantar en público, aquellas que fueron juzgadas por no amamantar, aquellas que fueron juzgadas por amamantar por poco tiempo o aquellas que fueron juzgadas por amamantar mucho tiempo. Me hubiera encantado estar presente en el pleno hoy que debatimos estas importantes reformas, sobre todo cuando mi lucha legislativa ha sido para garantizar los derechos de la maternidad y la lactancia. Sin embargo, lo que uno anhela, lo que uno sueña no siempre es lo que pasa.

Y generalmente los discursos que yo llevo a este pleno son técnicos, son políticos, pero en este discurso les voy a hablar con el corazón. Cuando quedé embarazada por segunda ocasión, sufrí un quebranto en mi salud tan grave que creí varias veces que iba a morir. El quebranto de salud fue tan fuerte que me tuvo en cama durante varios meses, sin poder ni siquiera moverme. Ahora llevo un proceso de recuperación permanente, médico y acompañado por todo tipo de especialistas. Porque si la maternidad es un sueño y estado romantizado como lo mejor que nos puede pasar, también puede convertirse en un proceso tan doloroso y tan duro para la salud de las mujeres.

¿Por qué esto no está visibilizado? ¿Y por qué se cree que 40 días son suficientes para recobrar la salud física y mental? Hoy es un ejemplo de cómo el posparto y la salud de las mujeres en el posparto es bastante débil en la mayoría de ocasiones. Quise estar ahí, pero mi cuerpo no me lo permitió. Los dolores en mi cuerpo, los dolores físicos y también la desesperación emocional no me permitieron estar ahí. Sin embargo, no significa que no puedo alzar la voz para hablar sobre las millones de mujeres, en los cuales seis meses no son suficientes para sanar los tejidos del útero, del cuerpo y del sistema nervioso.

Doce meses no son suficientes para curar el suelo pélvico y recuperar la fuerza física. Y según estudios, ni siquiera dos años son suficientes para lograr un ajuste emocional y cerebral. Es realmente duro hablar sobre la salud mental materna durante el embarazo, parto y posparto, que se reconoce cada semana como un momento específico para que los gobiernos y para que la salud regrese a ver a la salud mental materna. Si la madre colapsa, el sistema falla. Por eso es tan importante hablar del sistema de cuidado. El sistema de cuidado no es privado.

La salud pública nos compete a todos. Y para que una madre pueda tener el poder, cuidar y ser cuidada necesita redes de apoyo y descanso. Todos celebramos la llegada de una nueva vida. Pero ¿quién habla de cuidar a quien acaba de cambiar su vida por siempre? A quienes cuidan. Y es que las mujeres vivimos una violencia emocional, una violencia simbólica, una violencia en el tema de la crianza, donde todo se convierte en público. Todos opinan y juzgan cómo se alimenta, cómo se duerme, cómo se corrige.

Pero nadie entiende que todo lo que se está viviendo durante el periodo de posparto es una cicatrización permanente. La maternidad tiene duelos, el cuerpo cambia, perdemos autonomía, la vida cambia. Por eso es importante que una mujer, durante los primeros años, el útero que aproximadamente llegué a medir un kilogramo durante el embarazo se tiene que hacer más pequeño y llegar a medir entre 60 y 80 grados. El lugar donde estuvo la placenta tiene una herida de 20 centímetros. El útero se expandió más de 500 veces y debe contraerse de nuevo.

Eso requiere una recuperación física. Es muy duro poder recuperarse físicamente mientras se tiene que estar despierto, amamantando y cuidando al hijo, al niño, a la niña. Por eso es fundamental la corresponsabilidad. El padre no ayuda, el padre es corresponsable en la crianza. Los 30 días de paternidad son importantísimos. No son suficientes, pero son muy necesarios. Estos 30 días para que la mujer pueda irse recuperando lentamente. Y las 24 semanas para la madre es un debate importante en este pleno porque entendemos que para varios sectores será mucho, pero para quienes hemos vivido la maternidad con enfermedades y quienes hemos sentido el posparto como un periodo de recuperación, 24 semanas no es suficiente.

Donde hay días buenos, donde hay días malos, donde el cuidado recae sobre nuestros hombros, donde nuestro cerebro ha cambiado, donde nuestro físico ha cambiado. Quisiera decirle, señor presidente y señores legisladores, que aquí estamos hablando de cambios reales. El volumen de la sangre aumentó entre un 40 y 50 por ciento durante el embarazo. El útero llegó a pesar un kilogramo cuando pesaba 60 o 80 grados. Durante la gestación se producen grandes cambios en los estrógenos, progesterona, cortisol, oxitocina, prolactina. Y durante el posparto hay una caída hormonal tan grande que produce llanto fácil, irritabilidad, mayor sensibilidad emocional, trastornos del sueño, ansiedad, y hay mayor predisposición para la depresión postparto.

Uno de cada 10 mujeres desarrolla un trastorno mental perinatal. Es durísimo hablar sobre todos estos temas cuando no sentimos el acompañamiento de una sociedad de cuidado, porque la maternidad no es un asunto exclusivamente privado de las mujeres, sino una responsabilidad social que debe ser respaldado por el Estado, la sociedad, las comunidades y la familia. La maternidad no debe convertirse en un obstáculo para el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres. Por el contrario, las sociedades deben organizar sistemas de cuidado que permitan ejercer la maternidad en condiciones de igualdad.

El cuidado sostiene la vida y la economía, y no lo dice Pamela Aguirre, dice la Organización de las Naciones Unidas, que afirma que cuidar a recién nacidos niñas y niñas es un trabajo esencial para el funcionamiento de la sociedad. La responsabilidad del cuidado debe compartirse, porque últimamente las Naciones Unidas hablaron sobre la penalización de la maternidad, es decir, las desventajas económicas y laborales que enfrentamos muchas mujeres en el momento de convertirnos en madre. Por eso se recomienda licencias de maternidad remuneradas, y lo ideal es llegar a estas 24 semanas.

Licencias de paternidad suficientes, que lo ideal sería que sean más de 30 días. Sin embargo, reconozco el enorme trabajo de la presidenta de la Comisión de Niñez y Adolescencia y de los miembros de la Comisión al establecer 30 días. Servicios públicos de cuidado infantil, protección contra la discriminación laboral por embarazo o maternidad, que yo la viví, de la cual fui víctima y una sentencia me la reconoció, y la corresponsabilidad entre hombres y mujeres para el cuidado como un derecho humano. Es fundamental que analicemos estas reformas desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista científico, pero también desde el punto de vista humano.

Muchas gracias, presidente, por la palabra, y nuevamente reconocer que estamos en la Semana Mundial de la Lactancia Materna, que nos obliga a hacer una introspección respecto al acompañamiento que damos a las mujeres en la maternidad y en la lactancia.

Saludar a la ciudadanía que está pendiente de los debates de la Asamblea Nacional que buscan hacer política de una manera propositiva. Creo que el mensaje es claro de la colectividad. Busca siempre en los asambleístas, en sus representantes, acciones efectivas que ayuden o coadyuven a que las condiciones de las familias mejoren. Y eso nos convoca hoy, he pedido la palabra porque dentro de la comisión de la que soy parte se está también abordando lo relacionado al Código de la Niñez. Ley Orgánica para la Prevención, Erradicación y Sanción de la Pornografía con Utilización de Niñas, Niñas y Adolescentes.

Y encaja con el Cyber Grooming, que también está siendo debatido y tratado dentro de este Pleno de la Comisión de la Niñez. Y todo aporte que permita mejorar o ayudar a que se lleven adelante controles en los procesos de cercanía de nuestros niños que utilizan las redes y nosotros como padres los dejamos pensando en que es un vehículo para que adquieran conocimiento, pero resulta que ese vehículo muchas de las veces está plagado de engaños, engaños que hacen que nuestros niños sean víctimas de malos ciudadanos. No solamente a nivel del Ecuador, porque esto es ya de carácter transnacional, que terminan haciendo que nuestros hijos caigan en redes de abuso, de pornografía infantil, de abuso sexual.

Y creo que es necesario que esta Asamblea Nacional ejerza norma y ley para poner una barrera a esto fácil acceso de nuestros niños. ¿Y cómo? La ley contempla de lo que han señalado los legisladores medidas de sanción o de prevención, pero legisladores tenemos que ir un poco más allá, porque está en el día a día el fácil acceso de nuestros niños a través de estos juegos, a través de las redes sociales como el YouTube, que permite que nuestros niños y nosotros también como padres a veces ya para que la guagua no llore o para que el niño no haga berrinches, se le termina permitiendo el acceso.

Pero debe ser una política de Estado, y eso lo dejé sentado en la Comisión, porque estábamos tratando estos temas, y les pido, por favor, estimados legisladores de la Comisión de la Niñez, que hagamos ahí una causa común, que hagamos un solo esfuerzo para empezar a regular y a normar. ¿Cómo? Con la restricción, estimados legisladores, la restricción de acceso a estas plataformas de nuestros hijos, de nuestros niños, por lo menos hasta que no tengan una edad, ya eso los técnicos nos dirán, pero que no sea inferior a 16 años.

Hay países, ojo, hay países que norman y regulan el acceso al Internet de nuestros hijos, que señalan que antes de los 16 años no pueden las plataformas permitibles del acceso. Nosotros ponemos los controles parentales, sí, pero si ponemos en este momento el control parental, los hijos a la vuelta de la esquina, lo que hacen es que se ve en la manera, crean un nuevo perfil y vuelven a ingresar. Y claro, que bien que aprendan a manejar la tecnología, pero se exponen demasiado a estas redes que les terminan cortando y que les terminan afectando.

Entonces, la idea es si podemos hacer un trabajo conjunto desde la Comisión que se está abordando y desde la Comisión de la Niñez, que es la llamada a abordar sus temas y que ya se está tratando en esta ley, en el que pongamos una restricción para que los niños no accedan. ¿Y cómo? Los que dan el servicio a las plataformas. Es simple. Quien no realice los controles, si yo digo para hacer un control de acceso, qué sé yo, o de transferencia a una cuenta de algún recurso, hay filtros, también deben haber filtros y deben ser debidamente señalados y deberían ser también sancionados a las plataformas que, dando este servicio, que vienen a llevarse recursos, no permiten, o más bien dicho, permiten el libre acceso de nuestros niños.

Entonces, el planteamiento, estimada Presidenta de la Comisión, Viviana Veloz y quienes integran esta Comisión, y también he llamado para quienes somos parte de la Comisión que se está tratando este tema, que por favor pongamos una norma que deschinja el uso a través del control directo de las plataformas, que no solamente tienen que venir a llevarse la plata, a hacer negocios, está bien, que también sean ellos los llamados a tomar las acciones necesarias para que no se tenga el acceso tan así fácil de nuestros niños y luego sean chantajeados, sean conducidos a casos de pornografía infantil y trata de personas.

Eso en primera instancia. Y otro tema fundamental que también debemos debatirlo, y estos espacios son necesarios, el artículo 16 del Código de las Niñez habla sobre los subsidios y demás beneficios, que está debidamente concatenado con el pago de las pensiones alimenticias y está bien, es correcto, los niños deben recibir lo que por ley se estipula, pero ojo, la norma y la ley manda precautelar el bien absolutamente de todos los niños y el caso puntual que pido por favor se analice y llevemos a debate del décimo cuarto sueldo, estimados legisladores, que representa una remuneración básica unificada que ahorita está en 480 y algo de dólares, dejo planteado, debe ser repartido para el número total de niños beneficiados, porque no puede ser posible que solamente uno o dos niños se beneficien de ese valor.

Los niños que están dentro de un proceso judicial y quienes, estando dentro de una familia que no ha demandado, termina por quedarse sin nada, porque usted tiene que cumplir lo que está en la norma y en la ley, si estamos cumpliendo ahí o dejando en la indefensión a quienes también tienen ese derecho, porque en definitiva es del bono escolar, que implica que lo que se recibe, que es el salario básico, se divida o se distribuya, debería ser para todos los niños que tienen el derecho dentro de ese núcleo familiar.

Y de esta manera estaríamos a criterio de algunos ciudadanos que tienen que cumplir con estas obligaciones, se termina perjudicando a uno o varios niños, no es todos los casos, pero sí debería dejarse sentado y ese es el pedido que dejo el planteamiento, porque si hablamos de derecho, el derecho es para todos, absolutamente todos, los niños, niñas y adolescentes, y creería yo que con esta reforma estaríamos haciendo un acto de igualdad o de equidad con todos quienes deben recibir ese beneficio y no se le termina perjudicando a quién, no estando dentro del proceso de la demanda y como hijo que tiene parte, no está recibiendo porque únicamente le tiene que hacer entrega de ese valor, que ojo, es el salario básico unificado, ojo, no estamos hablando del décimo tercer sueldo, eso es otro tema, pero en relación al décimo cuarto sueldo, es el salario básico unificado que pido se considere en la norma y en la ley, se ha distribuido para la totalidad de los niños que tienen derecho y creeríamos que estaríamos haciendo un acto de justicia con los niños, niñas y adolescentes.

Dejo planteando también esa propuesta para la comisión, para el debate. Hasta aquí mi intervención, estimada presidenta. Muchas gracias.

Tiene la palabra el asambleísta.

Gracias, Presidenta.

millones de niños y de niñas, 1.8 millones de niños, 1.7 millones de niñas, comprendidos además en 2.2 millones de hogares. De ahí la relevancia de esta discusión, de ahí la relevancia de este debate, de que la mayoría de ellos, sin voz, quizás no porque les falte capacidad, sino por la edad de estar en los debates democráticos, tengan también de nuestra parte una voz en la Asamblea Nacional. Esta reforma, que comprende tres libros, parte de varios proyectos que, si revisamos con detalle, nos dicen algo muy interesante sobre lo que hemos estado haciendo en la Asamblea Nacional respecto de los niños en estas semanas.

Un proyecto de ley orgánica reformatoria del Código de la Niñez en el ámbito de la tenencia compartida y cálculo de las pensiones alimenticias respecto al décimo tercer cuarto, lo que acaba de mencionar el asambleísta o relacionado al menos. Otro proyecto de ley, justamente de la afiliación de los niños concebidos a través de métodos de reproducción asistida, un debate que lo tuvimos en otra ley, justamente en el pleno de esta Asamblea. Otro proyecto de ley respecto de procesos de adopción eficiente, respetando el principio fundamental de una ley que aprobamos, incluso con los votos de todas las bancadas, en este pleno de la Asamblea Nacional.

Otro proyecto de ley para la protección de la maternidad, la paternidad y la nutrición infantil. En fin, una serie de iniciativas que componen esta reforma y que yo creo que ha tenido a bien la Presidenta de la Comisión en mantener la reforma en temas puntuales en los cuales se puedan lograr consensos. ¿Qué pasó hace algunos años en esta misma Asamblea Nacional? No por mala fe, yo creo que por desconocimiento de cómo funcionan los procesos democráticos en el pleno, se hizo una reforma gigantesca en el tema de niñez y adolescencia, que abarcaba casi 600, 700 artículos y realmente llevar eso a pleno para lograr una aprobación mayoritaria fue imposible y por eso el proyecto terminó cayéndose.

Por eso, en este tema tan delicado y tan puntual, es lógico que vayamos tratando los puntos para que hayan consensos cuando este tema se llegue a votar en la Asamblea Nacional. ¿Qué problemas en general creo yo que afectan a la niñez, a los niños en el mundo y sobre todo en el Ecuador? Uno muy real, cada vez hay menos hogares constituidos, hay menos matrimonios, hay más divorcios y hay lamentablemente cada vez más niños, niñas, jóvenes que pasan solos y uno de los problemas que eso va generando en los jóvenes es justamente soledad, depresión, aislamiento y son problemas que se viven aquí en el Ecuador y que se los vive en cualquier país desarrollado.

¿Qué otros problemas veo yo para la niñez, para reflexionar qué podemos hacer en esta reforma y cómo podemos contribuir de alguna manera a solucionar? Cada vez más amenazas de algo que se conoce como el progresismo norteamericano y europeo en ciertos países que afecta directamente a la niñez, procesos de cambio de sexo en menores, una retirada de la autoridad de los padres, argumentando una falsa autonomía de los jóvenes pero sobre todo quitando el rol de los padres en las familias, procesos hormonales cuando ni siquiera y algunos de ustedes lo han dicho, se desarrolla completamente el cerebro de un ser humano hasta los 25 años, cómo podemos estar entonces hablando de procesos de cambio hormonal en personas que tienen 16, 17 años y creo que otros los problemas que se enfrentan también en el Ecuador con mayor medida cada año y por supuesto en el mundo es un roce digital tan temprano que se conecta con problemas de los que mencioné antes y también va generando no sólo este cyberbullying, esta depresión, este aislamiento y todo aquello que conlleva ya en problemas a un adulto cuando va creciendo.

¿Qué temas podríamos solucionar con esta reforma? Problemas ecuatorianos y les voy a comentar el de un conocido mío. Teniendo una aparente relación con su ex cónyuge, una aparente buena relación con su ex cónyuge, pagando las pensiones alimenticias que debía hasta con todos los temas adicionales, resulta que no pudo verle a su hija durante nueve meses porque se le ocurrió tener el gran pecado de tener una nueva pareja y su ex pareja no toleró eso, se armaron una serie de procesos judiciales que terminaron... ¡Gracias! ¡Gracias!

alejando a una niña de un padre por el periodo.

de nueve meses. Afortunadamente ha regresado la cordura a las familias y entiendo que esa niña puede pasar tiempo con sus dos padres. Ese tipo de cosas son justamente las que podríamos intentar solucionar con una buena reforma a este código. Y por eso yo creo que la discusión amerita todavía mucha más profundidad, porque en este debate se ha visto cómo todavía podemos pulir varios de los conceptos que allí se han presentado y buscar una buena reforma que además tenga los votos. Y quiero referirme también a algo importante, poniéndolo en la discusión.

Se ha hablado aquí de la posibilidad, y está en el proyecto, de ampliar los periodos de maternidad y paternidad, con lo cual no puedo estar más de acuerdo. Yo me acuerdo que cuando fui padre, y justamente era asambleísta también, hice uso de esos 15 días y créanme que cuando regresé al día 16 seguía siendo un zombie, así que me hubiera gustado tener un periodo incluso más extenso de paternidad. No se diga lo mismo con las madres, es decir, las madres experimentan cambios mucho más fuertes y esa maternidad debería ser extendida.

Hay varios estudios que sostienen que los niños de hasta los tres años necesitan el mayor contacto de tiempo con sus padres. Y créanme, me encantaría tener, o nos encantaría a todos tener aquí los grados de protección que tienen para la niñez, por ejemplo, los países nórdicos, con plazos ampliados de paternidad y de maternidad, con ayudas casi al 100%, con educación pública de altísima calidad que no obliga siquiera a los padres en pensar en alternativas privadas. Pero claro, es otra realidad, esos países tienen otra realidad, esos países también cobran casi un 60% de impuesto a la renta, casi un 25% de IVA por transacciones, entonces son otras realidades.

Pero respecto de lo que aquí se ha discutido de los, de la ampliación de los planes, de los periodos de maternidad y paternidad, sí me preocupa una cosa, cuidado aquí aprobamos una reforma y el efecto es completamente contrario para, especialmente las mujeres. Si en este momento y con datos actualizados del 2025, el desempleo en mujeres es del 3.4% y el de los hombres es del 2.2%, quizás esta reforma, si se la hace, va a ir en detrimento de las propias mujeres, porque según algunos estudios calculan ya los empleadores que emplear a una mujer, si se da un periodo de maternidad, sube los costos casi en un 6,7% y eso puede significar que con esta reforma hayan menos mujeres empleadas que hombres en los próximos años.

Así que creo que vale la pena reflexionar si esta ampliación, que les digo, en la práctica es absolutamente lógica, a quien no le gustaría estar más tiempo con sus hijos recuperándose y por supuesto estando presente en esos primeros momentos, pero cuidado, la reforma vaya a ser contraproducente porque las empresas lo que ven para emplear y no estamos precisamente en un mercado mundial de empleabilidad muy favorable, sobre todo con la irrupción de la inteligencia artificial y eso se está pasando en todos los países de la región, incluso en los países más desarrollados, pero cuidado, con esta reforma generamos un incentivo contrario y tenemos menos mujeres empleadas en el Ecuador.

Y para finalizar, porque me gusta ser respetuoso del tiempo, así como les pido a todos que seamos respetuosos del tiempo, el tema de la tenencia compartida, yo sí presenté observaciones de este proyecto, mi opinión muy personal, no de la bancada, es justamente que debería incorporarse la tenencia compartida no como excepción, sino como regla, por supuesto con una permanente evaluación de si corresponde y no corresponde, pero el hecho de que sólo la patria potestad sea una regla automática, como es lógico, aunque también se la puede perder eventualmente, significa que la tenencia que es el cuidado responsable y compartido de un hijo o de una hija, sea la regla general, salvo las excepciones que se puedan prever en la propia ley.

Y respecto de alimentos, también que es algo muy importante, creo que tenemos la oportunidad de hacer las cosas bien, lo justo para los niños y lo justo también para los padres y las madres. El hecho de incorporar o que se considere también el ingreso de los dos cónyuges es algo absolutamente lógico. Aquí un asambleísta ha discutido también el tema de las pensiones por décimo cuarto. Es insólito que si un padre tiene ingresos, una madre tiene ingresos por su salario y los salarios el décimo tercero y el décimo cuarto, el décimo cuarto que es un salario básico, sea considerado para efecto de pensiones alimenticias, como una pensión completa, porque así sucede.

Es decir, no se fija solo sobre el salario, además de lo que ha dicho el asambleísta que debe estar a beneficio de todos los hijos, pues no solo de los que estén en el proceso. Así que creo que tenemos la oportunidad en este tema específico también de arreglar y sincerar. No solo para que no se conviertan en herramienta de extorsión de lado y lado, sino para que también no se queden padres y madres sin ver a sus hijos por un tema económico, porque la vida económica para todos es cambiante.

Tenemos buenos momentos, tenemos malos momentos. Vean ustedes cómo funciona un ajuste de pensión alimenticia cuando ha habido una reducción de salarios o de ingresos. Es un diacrucis cuando debería ser el proceso ágil para adaptarse, no es cierto, para ser justo y para que los niños y las niñas que requieren los alimentos los perciban, pero sin abusos de lado y lado. Gracias, señora Presidenta.

Tiene la palabra el asambleísta Alejandro Vanegas.

Esta ley que se está tratando es de vital importancia para la nación ecuatoriana. Los siete ejes que expresó y que explicó la Presidenta de la Comisión son muy claros, son técnicos, son el resultado de un esfuerzo enorme de esa Comisión para tratar de brindar un producto jurídico comprensible, que esté en armonía.

Mantener la reforma.

que esté en armonía con los principios constitucionales. Es importante también destacar que este proyecto necesita regresar a la comisión para que por el periodo de ocho días que está establecido en la ley se pueda revisar las recomendaciones que han realizado los legisladores, especialmente la que realizó la legisladora Dina Farinango en relación a los errores de forma que hay que revisarlos. Son necesarios corregirlos. Ahora, me parece que en el Ecuador el tratadista de derecho más importante que se ha referido a la familia y al niño ha sido el doctor Juan Larrea Holguín, un monseñor arzobispo de la ciudad de Guayaquil, sacerdote de Lopus Dei y un gran tratadista de derecho, profesor de derecho, doctor en jurisprudencia, que en su última obra del año 2005, explicó en la enciclopedia jurídica temas relativos exclusivamente a la familia y al niño con una visión de avanzada.

Esta norma que estamos ahora pretendiendo reformar tiene 23 años y obviamente para ese momento, el año 2005, era una ley que se había revisado por parte del doctor Juan Larrea Holguín. Temas importantes. Así como lo ha señalado el señor presidente encargado de la Asamblea, nosotros en la comisión conocimos casos impresionantes de violencia vicaria. Conocimos el caso de una señora en particular que no puede ver a sus hijos hace un año o cuatro meses, a pesar que tiene un acta de mediación que no permitiría bajo ningún concepto el inicio de acciones penales o civiles porque está el acta de mediación que se entiende que es un fallo de triple reiteración.

Sin embargo, el padre, a través de la unidad judicial de San Borondón, no le permite ver a sus hijos casi 16 meses, lo cual es absurdo. Esta violencia vicaria tiene que ser revisada, tiene que ser analizada a profundidad porque las mujeres son víctimas de esta violencia vicaria y tiene que ser sancionada con severidad. No se puede criminalizar un tema que está ya resuelto a través de un acta de mediación. Tema muy importante que nosotros lo hemos vivido en la comisión con exposición de la señora, esa señora por acudir a los medios de comunicación social y por exponer su caso, ha sido víctima de cuatro o cinco acciones penales.

Es algo increíble que vale la pena revisarlo. También me parece que es muy importante, entre los ejes que se trataron y que expuso la señora presidenta de la Comisión de la Niñez, la Cepina, el tema de la adopción. Es una norma que se trató hace una semana y que por coherencia los legisladores de la Comisión de la Niñez teníamos que votar favorablemente por la ley de la adopción porque esa ley de adopción recoge principios que están en la reforma planteada en la Comisión de la Niñez.

Y esas reformas que ahora tienen que ser revisadas y derogadas están ya contenidas en la ley de la adopción. Entonces, obviamente, por coherencia jurídica y en consecuencia con nuestro pensamiento técnico-legal que había sido expresado en el proyecto de reforma, teníamos que votar a favor de la ley de la adopción porque es en beneficio de los niños. No había alternativa. No existía ninguna forma diferente de votar que no fuera positivamente. Respecto de las dinámicas sociales que cambian, señor presidente, es importante entender que la tecnología digital se ha convertido en invasiva y obviamente que las generaciones más jóvenes de ecuatorianos, me refiero a niños, niñas, adolescentes, tienen una mejor capacidad del uso de las tecnologías de la información y por lo tanto pueden ser víctimas del abuso a través de esas tecnologías de la información y deben ser muy bien regladas.

No es suficiente con el control parental porque los niños, niñas y adolescentes nacen ya con esa capacidad, esa expertise de manejo de las tecnologías de la información y a través de esto llega la manipulación en los sistemas de bullying, la afectación a sus valores humanos y lo que es más peligroso, inclusive desafíos, challenges que pueden conducir a situaciones más graves como un suicidio. Entonces es muy importante este eje dentro de los que discutió la presidenta de la comisión en su exposición. Creo, señor presidente, que es vital pensar en el niño, en la niña, en el adolescente hacia el futuro.

Uno de los ejes trascendentales es el cuidado del recién nacido hasta los cinco años. Es vital que el Ecuador tenga una política pública de cuidado hacia los niños, los bebés de recién nacidos hasta los cinco años. La protección al infante va a ser siempre la siembra hacia el futuro, hacia las nuevas generaciones y hacia la conducción de una nación con una mejor cultura. Coincido con el presidente encargado de la función legislativa. Es real que en otras culturas se atiende de una mejor manera y con una mayor capacidad estas políticas públicas de atención prioritaria al menor.

Sin embargo, nuestra Constitución en el artículo 44 tiene el principio, la norma constitucional que nos permite a los legisladores generar los códigos orgánicos, las leyes ordinarias y los reglamentos para proteger a los menores. En ese sentido, es vital que esta Asamblea Nacional, una vez que se hayan corregido y devuelto de parte de la Comisión al Pleno, las normas y las propuestas que han sido realizadas por los legisladores, tenga un gran respaldo y pueda avanzarse en beneficio de la niñez ecuatoriana. Señor presidente, señores legisladores, es importante también entender que la relación parental padre-madre-niños tiene que ser regulada de una mejor manera.

Pero un punto vital es atender la conducta de los jueces menores y de las unidades judiciales que, porque como son más pequeñas, esos jueces son multicompetentes, atienden materia penal, civil, menores, y se hace un enredo. Este es un tema especial que tenemos que considerar para que el Consejo de la Judicatura lo valore, porque si algo debemos defender es a la mujer en la violencia vicaria. Si es verdad que puede ser que un padre a veces no pueda ver a los niños durante ocho o nueve meses, pero es mucho más grave que una mujer sea alejada de sus hijos simplemente porque el padre tiene algún tipo de venganza o revancha contra esa mujer y utilice a la función judicial como una herramienta para perjudicar esa relación normal y el principio superior o interés superior del niño.

Hay que tomar en consideración los abogados que actúan abusando del derecho en perjuicio de madres y de padres y, sobre todo, de los niños. Señor presidente, señores legisladores, muchas gracias.

A pedido en punto de información, la asambleísta Viviana Veloz.

Precisamente solicité un punto de información porque entiendo la preocupación que ha sido expuesta en esta sesión plenaria dentro del tratamiento, dentro de este debate sobre las reformas del libro 1, 2 y 3 del CONA y específicamente sobre la sentencia 4-24-CN-26, allí quiero hacer énfasis que la sentencia habla sobre la identidad de género y qué es la identidad de género, precisamente la construcción social y cultural sobre roles, comportamientos y expectativas asociadas a ser hombre o mujer. Y en dicha sentencia, que es lo que se menciona, que debe estar acompañada por los representantes legales.

Sin embargo, en la reforma que estamos nosotros planteando y que veo que tenemos coincidencias, dentro del primer artículo nosotros estamos señalando que el sexo del recién nacido se inscribirá como hombre o mujer, según lo determinado en su condición biológica por parte del profesional de la salud o de quien haya asistido en el parto. Y luego, en el artículo 27, nosotros estamos también señalando y estableciendo la prohibición de intervenciones médicas para la modificación del sexo en menores de edad, queda prohibido cualquier procedimiento médico, farmacológico, quirúrgico, que tenga como propósito modificar el sexo biológico de niños, niñas y adolescentes.

Dentro de la sentencia, habla sobre temas de género. Nosotros, en el proyecto de reforma Talcona, estamos hablando específicamente que se prohíba toda clase de intervención médica, quirúrgica o farmacológica, que son dos cosas totalmente distintas y creo que estamos encontrando un consenso, sobre todo en este punto que hoy estamos tratando. Colegas, creo que los niños deben estar primero siempre y sobre todo esta Asamblea Nacional debe estar enfocada en protegerlos de cualquier agenda externa que están buscando, no solamente en Estados Unidos, en Europa, sino acá también en la región, avanzar con este tipo de procedimientos y que nosotros, como legisladores, tenemos la obligación ética, moral, pero sobre todo la responsabilidad de establecer y prohibir dentro de la ley cualquier avance de estas agendas externas y dejar taxativamente esta prohibición ya contemplada en nuestra normativa.

Por lo otro, presidente, voy también a coincidir en lo que usted acabó de mencionar sobre la tenencia compartida, al igual que con las consideraciones que también expuso mi colega Blas Coluna y reiterar que desde la Comisión de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de esta Asamblea Nacional tenemos toda la predisposición para seguir recogiendo los aportes y las observaciones que ustedes están realizando con la única finalidad que estas reformas puedan ser un avance significativo para la protección reforzada de las infancias en nuestro país y tener una legislación de avanzada y encontrar un consenso que lleve como conclusión y que llegue a la finalidad de tener una aprobación por unanimidad.

Insisto, la niñez siempre debe ser el punto de consenso más allá de las diferencias ideológicas que nosotros tengamos. Gracias, presidente.

Gracias, asambleísta. Ha pedido otro punto de información la asambleísta Núria Butiñá.

Gracias, Presidente. Voy a ser muy concreta y quiero felicitar a todos mis compañeros asambleístas de este hemiciclo y del otro hemiciclo, porque han sabido llevar un debate priorizando el principio superior del niño. Es un tema muy sensible y quiero hacerle un punto de aclaración a mi compañero Alejandro Banegas. Él hizo mención al debate que tuvimos hace unos días atrás sobre adopción y efectivamente hubo libertad en votar. Yo fui una de las que me abstuve por no estar de acuerdo con algo que hoy ha sido ratificada por la asambleísta Viviana Veloz.

Estos temas son sumamente sensibles y no por acortar tiempos podemos poner en riesgo el beneficio y la situación de bien superior del menor. El artículo 35 de la Constitución es claro, señores. Artículo 35. Nadie lo mencionó. Sin embargo, esta normativa exigía que la ley de adopción pasara por la comisión de niñez y adolescencia. No se lo hizo en ese momento. Creo que ahora hemos abierto aristas con la incorporación que ha planteado la asambleísta Viviana Veloz para que este proyecto regrese y modifiquen el tema de la adopción que alguna de las aristas tomaba.

Y sí quisiera precisar que el artículo 35 de la Constitución es mandatorio. Gracias.

Gracias, asambleísta. Se suspende el debate y se suspende la sesión.

TVL y la Radio de la Asamblea Nacional presentaron Asamblea en Pleno.