Gracias, señor presidente, por concederme el uso de la palabra, colegas legisladores al pueblo ecuatoriano. Quiero expresar un efusivo saludo desde mi provincia de Zamora, Chinchipe. Compañeras y compañeros, hoy no estamos debatiendo solamente una reforma legal. Hoy estamos decidiendo cuánto estamos dispuestos a hacer para proteger a nuestras niñas, niños y adolescentes frente a una de las amenazas más dolorosas que enfrentamos como sociedad. El crimen organizado no solamente busca dinero, territorio o poder. Hoy por hoy, el crimen organizado está buscando nuestros barrios, nuestras escuelas y sobre todo busca a nuestros niños.
Los grupos criminales intentan convertir la vulnerabilidad de un menor en una herramienta para sus actividades ilícitas. Los captan, los amenazan, los utilizan y les roban la posibilidad de vivir una infancia feliz y en paz. Por eso esta ley deja algo muy claro. Ningún niño debe ser reclutado o utilizado ni puesto al servicio de una estructura criminal. Esta propuesta de ley fortalece la respuesta del Estado desde varios frentes. La prevención, la protección, la atención integral y la sanción. Y hay algo fundamental. No podemos esperar a que el niño esté dentro ya de una organización criminal para recién empezar a actuar.
Tenemos que identificar los factores de riesgo, fortalecer las alertas tempranas, proteger los entornos digitales, trabajar con las familias, garantizar espacios deportivos, comunitarios. Algo muy importante además, debemos que atender la salud mental y brindar oportunidades reales de educación y de desarrollo. Hoy, en este debate, estamos hablando de niños que deberían estar estudiando, jugando, haciendo deporte y construyendo sus sueños, pero que pueden terminar siendo reclutados o utilizados por estructuras criminales. Hablamos también de madres y de padres que muchas de las veces descubren demasiado tarde que alguien se acercó a sus hijos, los engañó, los amenazó o comenzó a utilizarlos.
Y hablamos sobre todo de una responsabilidad que le corresponde al Estado y a todos como sociedad, llegar antes que el crimen. Porque cuando una organización criminal, compañeras y compañeros, llega primero que la escuela, que la familia, que la comunidad o que las instituciones, ya estamos llegando tarde. Este proyecto de ley propone una respuesta integral. No se limita únicamente a una sanción penal. Incorpora prevención, protección de derechos, educación, salud, gobiernos locales, cultura, deporte y seguridad. Por ello, de este proyecto de ley quiero descartar cuatro elementos fundamentales.
Primero, debemos reconocer cómo funciona realmente el reclutamiento. Hoy, el riesgo ya no está solamente en una esquina, en una calle. También puede estar detrás de una pantalla. El artículo 10 que incorpora el artículo 61.1 del Código de la Niñez y Adolescencia, define claramente qué debemos entender por reclutamiento, uso y utilización de niñas, niños y adolescentes. Y esto es importante porque permite reconocer las distintas formas en las que una estructura criminal puede instrumentalizar a un menor. Este proyecto de ley propone que no tenemos que esperar a que un niño forme parte de una organización criminal para protegerlo.
Segundo, a nuestros niños no podemos encontrarlos cuando ya los reclutó el crimen. Tenemos que llegar antes. Un niño reclutado, utilizado o instrumentalizado necesita protección inmediata. Esto no significa impunidad, significa que el Estado deba investigar cada caso, identificar a quienes reclutan y utilizan a los menores y al mismo tiempo proteger a quienes han sido víctimas. Precisamente el artículo 11 crea un mecanismo permanente de coordinación y articulación para prevenir y erradicar estas conductas e identifica factores de riesgo como la deserción escolar, el consumo problemático de sustancias y los riesgos en los entornos digitales.
Esto significa cambiar la lógica, porque no podemos esperar a que ocurra el daño para actuar, sino identificar el riesgo y prevenirlo. Tercero, nuestros niños no son soldados del crimen ni instrumentos de las organizaciones criminales. Tenemos que recuperar los espacios públicos, fortalecer las escuelas, trabajar con los gobiernos locales, identificar los territorios en riesgo y construir entornos seguros. Por eso, son muy importantes las reformas al COTAD, que incorporan responsabilidades territoriales en prevención, recuperación de espacios públicos y seguridad, y las reformas educativas orientadas también a la prevención, detección y protección frente al reclutamiento.
El artículo 13 incorpora un elemento sumamente primordial, que las instituciones puedan interconectar sus registros para garantizar la continuidad en la atención y en el seguimiento de las medidas de protección. Pero también establece una línea roja. La información de nuestros niños, niñas y adolescentes no puede utilizarse para criminalizarlos, estigmatizarlos o sancionarlos. Y quiero también hablar desde la realidad de Zamora Chinchipe, desde nuestra Amazonía. La prevención tiene que tener territorio. No es igual prevenir en una gran ciudad que hacerlo en una comunidad rural, amazónica, fronteriza o dispersa.
Una política nacional será verdaderamente efectiva cuando ésta es capaz de llegar también al barrio, a la parroquia rural, a la comunidad indígena, a la escuela más distante y a las familias que más necesitan la presencia del Estado. Y cuarto, rescatar a un niño. No termina con alejarlo de una estructura criminal. Tenemos que devolverle un proyecto de vida, compañeras y compañeros. Esto significa atención psicológica, salud mental, tratamiento frente al consumo problemático cuando corresponda, continuidad, reinserción educativa, acompañamiento familiar, deporte, cultura y la creación de mejores oportunidades para ellos.
Porque si alejamos a un adolescente del crimen, pero después lo dejamos solos, seguirá siendo vulnerable, compañeros. Y aquí también debemos ser firmes con quienes utilizan a nuestros adolescentes y a nuestros niños. El artículo 28 que reforma, el artículo 369.1 del Código Orgánico Integral Penal, dirige la respuesta penal hacia quienes recluten, utilicen a nuestros niños, niñas y adolescentes con fines delictivos. El mensaje debe ser claro y fuerte. La fuerza de la ley debe dirigirse contra quienes convierten la vulnerabilidad de nuestros niños en una herramienta para el crimen.
Compañeras y compañeros asambleístas, la seguridad también se construye evitando que nuestros niños sean utilizados para alimentar la violencia del mañana. A las estructuras criminales debemos enfrentarlas con la ley y con instituciones fuertes. Pero a un niño en riesgo debemos llegarle antes con educación, con protección, con salud, con deporte, con cultura, con familia y con mejores oportunidades y condiciones de vida. Porque quizás una de las políticas de seguridad más importantes sea aquella que logra que un niño nunca tenga que encontrar en una organización criminal lo que el Estado, su familia y la sociedad debieron ofrecerle primero.
Durante años, el Ecuador miró hacia otro lado. Cuando el crimen organizado encontraba nuevas formas de acercarse a nuestros barrios, a nuestras niñas, niños y adolescentes. Durante la época nefasta y oscura del Ecuador, se impulsaron políticas de acercamiento y reconocimiento jurídico de organizaciones como los Latin King y los Nietas. Hoy, frente a la realidad que vivimos, colegas asambleístas, tenemos la obligación moral de preguntarnos si aquellas decisiones fueron suficientes, si se dimensionaron correctamente sus consecuencias. Pero hoy, el desafío es aún mayor. Las estructuras criminales, vuelvo y repito, ya no solamente buscan controlar territorios, buscan controlar vida.
Estos niños son su objetivo. No podemos permitir que un niño cambie sus cuadernos por un arma, que un adolescente cambie sus sueños por órdenes de una organización criminal, ni que nuestros barrios se conviertan en escuelas de miedo. Aquí no hay ideologías ni colores políticos que estén por encima de la vida de nuestros niños, niñas y adolescentes. Hay una responsabilidad histórica, compañeras y compañeros, cerrar todas las puertas al crimen organizado. Nuestros niños no nacieron para ser soldados de ninguna banda. Nacieron para estudiar, para jugar, para soñar y para construir el Ecuador que todos queremos y merecemos.
Y desde esta Asamblea Nacional tenemos que ser contundentes. Quien reclute a un menor para el crimen debe enfrentar todo el peso de la ley. A nuestros niños se los protege, no se los entrega al crimen. Por eso, hoy, quiero terminar con un llamado. Lleguemos antes que el crimen. Lleguemos con el Estado. Acompañemos con las familias. Lleguemos con oportunidades. Por eso, les invito, colegas, que antepongamos cualquier ideología política y votemos a favor de esta ley y protejamos algo que ninguna organización criminal tiene el derecho a quitarles a nuestros hijos.
Su derecho a soñar, a crecer seguros y a construir su propio futuro. Gracias, señor presidente. Tiene la palabra el asambleista Sergio Peña. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente.