Gracias señor presidente, bueno realmente es cosa de locos que aquí en la Asamblea Nacional se culpe a un gobierno que hizo escuelas, que hizo colegios, que dio becas a los jóvenes, que hizo canchas deportivas, que dio oportunidades a nuestros niños y niñas y adolescentes. Y para ellos eso es la puerta para que nuestros niños, niñas y adolescentes sean captados por el narcotráfico. Realmente estamos en un mundo equivocado creo compañeros legisladores, cuando justamente ahí está el problema, la falta de inversión pública de este gobierno para lo que es la educación, para lo que es la recreación, para la construcción de parques.
Y justamente un compañero ha sido perseguido político, compañero Jorge Glass. ¿Por qué? Porque hizo un parque en Manaví para la recreación de nuestros jóvenes. Eso es lo que tenemos ahora con este gobierno. Este es un tema muy importante para el futuro del Ecuador. Fijar una postura firme, rigurosa y sin complacencias respecto al informe para segundo debate de este proyecto de ley. Este debate no puede ser abordado desde la ligereza del titular mediático ni desde la demagogia, de quienes pretenden convencer al país de que los problemas estructurales más desgarradores de nuestra patria se resuelven agregando líneas al Código Orgánico Integral Penal o multiplicando penas privativas de la libertad.
Nos encontramos ante un fenómeno desgarrador. Nuestras niñas, niños y adolescentes en los barrios periféricos, en los callejones olvidados y de los cinturones urbanos marginales de nuestras ciudades, están siendo capturados, coacionados, instrumentalizados y arrojados como carne de cañón a las guerras sangrientas del crimen organizado transnacional. El punto de partida de nuestra bancada es clara e innegociable. El reclutamiento criminal de menores no es una causa aislada, es el síntoma terminal del colapso del Estado Social de Derecho y de Justicia. Pretenden frenar la captación de menores encarcelando o persiguiendo a las víctimas de la exclusión social, mientras se recortan los presupuestos de escuelas, canchas, bibliotecas y centros barriales de arte, construyendo una hipocresía política que raya en la complicidad moral.
Por estas razones, nuestra postura es clara en este Pleno. El voto en abstención, no como una evasión del debate, sino como una interpelación profunda frente a una ley tramposa que pretende prevención sin presupuesto y que sustituye la garantía del derecho humano por una demagogia punitiva que terminará criminalizando a la niñez empobrecida de nuestro país. Para comprender por qué una ley como esta resulta insuficiente, debemos analizar la raíz operativa y de seguridad del problema. El Gobierno Nacional ha demostrado una incompetencia estructural para desarticular la economía criminal del narcotráfico.
Se nos pretende periódicamente y se nos pone estados de excepción, operativos vistosos con despliegue de tanquetas y discursos de mano dura, pero la realidad en el territorio no cambia. Las rutas del trasiego internacional de drogas siguen intactas. Los grandes puertos mercantes continúan infiltrados por la delincuencia organizada y los centros de lavado de activos operan bajo un manto de impunidad financiera. La incapacidad gubernamental se evidencia en tres fallas garrafales de su aparato estatal. Primero, el colazo absoluto de la inteligencia estratégica del Estado. No existe una labor de inteligencia que golpee la cúspide de las organizaciones criminales, sus vínculos con el poder político y sus entramados empresariales.
El lugar de una inteligencia financiera que rastree los flujos ilícitos del dinero y confisca el capital que alimenta a las mafias. El Estado se limita a la intervención táctica y reactiva en los barrios más empobrecidos, deteniendo a los eslabones más débiles y prescindibles de esta cadena criminal. Segundo, el control nulo de las fronteras, los corredores fluviales y la infraestructura logística estratégica. La permeabilidad de nuestras fronteras norte y sur ha convertido al Ecuador en el centro de acopio y despacho preferente para los carteles transnacionales. La falta de tecnología de punta, el desabastecimiento de radares operativos y la convivencia institucional en pasos fronterizos demuestran que no existe una política integral de seguridad, sino una gestión espasmódica que sólo reacciona ante las crisis carcelarias o las masacres urbanas.
Y tercero, la crisis sistemática de la fuerza pública y el sistema de justicia. Las instituciones encargadas del orden y la justicia padecen de una fragilidad institucional que las hace vulnerables a la cooptación y el soborno sistemático, al no existir un saneamiento institucional serio ni una dignificación técnica y material de la policía y de los operadores de justicia. El Estado ha dejado a las comunidades a merced de la ley más fuerte. Cuando el Estado renuncia al monopolio legítimo de la fuerza y no prevé seguridad ciudadana básica, las bandas criminales asumen el rol de autoridades de facto en los barrios populares, administrando justicia clandestina, cobrando extorsiones impunes e imponiendo un régimen de terror sobre los hogares más vulnerables.
El narcotráfico no es únicamente una actividad delictiva, es un modelo socioeconómico depredador que ha logrado instalar una cultura que coloniza la mente y las aspiraciones de las nuevas generaciones. En los territorios donde el Estado formal ha desaparecido o solo se hace presente a través de la violencia policial, las organizaciones criminales operan como cooperaciones para estatales que proveen liquidez, pertenencia e identidad sustitutiva. En las periferias urbanas y de nuestras ciudades, donde el desempleo abierto supera los promedios nacionales y la tasa de informalidad laboral asfixia a siete de cada diez familias, la economía criminal se presenta como la única opción visible de subsistencia.
Las redes del microtráfico y sicariato insertan diariamente en vecindarios descapitalizados. El sueldo semanal que una banda ofrece a un niño de 13 años para que sirva de campanilla, de mensajero o de transportador de armas triplica con frecuencia el ingreso precario que tienen sus padres obteniendo o vendiendo cualquier cosa en las calles, trabajando en empleos informales y sin seguridad social. Pero el daño más perverso de las mafias radica en la destrucción de los códigos de convivencia comunitaria. La denominan narcocultura. Desfiguran los valores éticos de solidaridad, estudio y trabajo cooperativo, reemplazando por el culto del hiper consumismo, el machismo armado, el desprecio por la vida humana y la glorificación del poder a través del cañón de una pistola.
La narcocultura ofrece al adolescente excluido un sentido perverso de estatus, respeto y protección dentro del barrio. Aquel que empuña un arma ya no es el joven invisible humillado por la pobreza, sino alguien temido ante quien todos deben inclinarse. Esta dinámica destruye los vínculos familiares y comunitarios. Se rompe la autoridad moral y de cuidado de madres y abuelas. Se quiebran las asociaciones vecinales por el miedo a todas estas delaciones y se desvanece la confianza interpersonal. El tejido social queda pulverizado en una guerra de esquinas entre fracciones rivales donde las niñas son sometidas a la violencia sexual sistemática y a la explotación comercial infantil.
Y los varones son arrojados a un espiral de violencia donde la esperanza de vida promedio no supera los 25 años. El informe que hoy debatimos ni siquiera analiza esta dimensión antropológica y económica. Trata la captura criminal como una simple figura penal aislada, despojando de su contexto socioeconómico. Llegamos aquí al núcleo político de nuestra denuncia parlamentaria. El avance del crimen organizado y la captación de nuestros menores no son accidentes de la naturaleza, son la consecuencia directa de un proyecto político deliberado, impulsado desde el poder gubernamental, caracterizado por el abandono sistemático de lo público y la renuncia al estado de bienestar.
Bajo el pretexto del equilibrio macroeconómico, la austeridad fiscal y las recetas del Fondo Monetario Internacional, el gobierno nacional ha venido ejecutando un desmantelamiento quirúrgico de los programas sociales. Ya termino, señor presidente. Este recorte presupuestario ha impactado con brutal seña en las áreas más sensibles para el desarrollo de la infancia y la juventud, la educación pública, la salud comunitaria y el deporte y la infraestructura cultural. Compañeros y compañeras, consigamos que el Estado ecuatoriano sea realmente fortalecido con inversión pública para nuestros niños, niñas y adolescentes. No nos pongamos bajo una ley mediática que simplemente acusa justamente a quienes están siendo captados.
Esta bancada va a consignar nuestro voto en abstención frente a este informe de segundo debate, emplazando al gobierno nacional a frenarle el desmantelamiento de la inversión social y exigiendo que la seguridad empiece por donde siempre debió empezar, por la educación, el arte, el deporte y el pan en la mesa de las familias populares de la patria. Muchas gracias, compañeros.