Sesión No. 125-AN-2025-2029 del pleno de la Asamblea Nacional

Sí, justamente es una propuesta muy importante, realmente busca aterrizar los mandatos constitucionales en relación al fortalecimiento de todo lo que corresponde en la economía de nuestras mujeres rurales que están en el campo, que están encargadas de la producción, que están encargadas siempre de proteger a la familia, de buscar el bien común, de cuidar el desarrollo de las parroquias, cantones, provincias del país. Hoy más que nunca hemos estado más bien analizando esta legislación a fin de que finalmente se pueda contar con políticas públicas que permitan una coordinación eficiente entre la ciudadana y el Estado ecuatoriano, entre el Ejecutivo y nuestras mujeres, las organizaciones que están desarrollando actividades económicas, que están orientadas al tema incluso de la educación, que están también preocupadas de la salud ancestral.

Estamos a nivel de pueblos y nacionalidades, particularmente con esta discusión fundamental de quienes han sido las que se han encargado de conservar la lengua, los saberes, conocimientos, han sido las mujeres rurales, las mujeres de los pueblos y nacionalidades, y también son las mujeres las que están encargadas, las mujeres rurales, de la seguridad comunitaria, y por ello hoy más que nunca pedimos que esta normativa pueda pasar por este debate y que podamos decir al Ecuador que hay una nueva legislación y que debe ser observada por el Ejecutivo para cumplir con grandes deudas, deudas que tienen que ver con el desarrollo de cada mujer del campo, cada mujer no indígena, cada mujer afro, cada mujer mestiza.

Todas las mujeres de la ruralidad hacen un gran aporte al desarrollo del país y hoy debemos nosotros, como primer poder del Estado, responder con una legislación que proteja sus derechos.

que se cuente con políticas públicas efectivas, eficientes, que respondan a las realidades que tenemos en el campo. Efectivamente, tenemos varios problemas de violencia intrafamiliar, vulneración, y no solamente podemos decir de quienes forman parte del hogar, sino también desde el sector privado, desde el sector público, y hoy con esta legislación queremos decir, pongamos un freno a la vulneración de derechos y que actuemos con políticas públicas que permitan proteger, reconociendo el gran trabajo y liderazgo que tienen nuestras mujeres. Así que hoy apostamos a una normativa que permita garantizar los derechos de las mujeres, porque cuidar la vida de una mujer, cuidar la economía de una mujer, es proteger a la familia, a sus niños, niñas, a los adolescentes que hoy por hoy requieren de que una madre, una mujer, esté siempre en situaciones adecuadas para impulsar el desarrollo de la familia y del país en general.

Estaremos atentos al debate, legisladora. Muchísimas gracias. Gracias. También siempre estamos invitando a todas las mujeres del campo y la ciudad que sigamos legislando y fiscalizando.

puedo informar es que tenemos 56 alertas. Hemos tenido que revisar profundamente las razones de las mismas. De ellas, más de la mitad están ya en fiscalía. Es decir, esto no lo ha hecho esta comisión. Debo informar que este es un trabajo de otras entidades, pero que nos han hecho llegar a nuestros correos, a nuestra oficina, toda esta información.

Buenos días. Bueno, esta ley la propongo por la historia de vida que desde niña pude tener al ser una niña, una adolescente y una mujer rural. Me costó salir a caballo a estudiar mi escuela y me tomaba muchas horas llegar hasta la ciudad de Babaoyo, a mi colegio. Y tantas condiciones diferentes que tenemos las mujeres que vivimos en la ruralidad, porque no solamente que nos cuesta más, hablando económicamente, sino también más tiempo y más oportunidades para poder ejercer nuestros derechos plenamente. Hoy no buscamos que nos den diferencias con respecto a las otras mujeres ecuatorianas, privilegios exclusivos, sino que lo que buscamos es tener una ley que nos ampare, que nos reconozca que existimos y que más que todo logre ir eliminando estas brechas de desigualdad que tal vez por nuestra condición biográfica, por costumbres, por nuestra distancia donde vivimos, hace que para las mujeres rurales sea mucho más difícil acceder a los derechos y a los beneficios que de pronto se brindan normalmente para las mujeres.

Bueno, esta ley no es una ley que busca ser repetitiva, es por eso que hoy he llegado con observaciones como lo establece la ley para el segundo debate, poder presentar nuestras observaciones a los cambios que se hicieron a la interna de la comisión. Nosotros buscamos, y mi propuesta va encaminada, a que todo lo que ya existe en el Estado, es decir, las instituciones existentes usen sus elementos, sus programas, sus proyectos que ya están financiados, que ya están planificados a favor de las mujeres, pero que se regule de tal manera que se busque ese beneficio siempre pensando en las imposibilidades y las dificultades que tienen las mujeres rurales para acceder a los servicios y a los beneficios que actualmente todas las instituciones del Estado están operando a favor de las mujeres.

Esto va a ser realmente una secretaría de apoyo. Usted sabe que ninguna construcción de derechos puede ser posible sin las voces de las propias protagonistas. En este caso queremos que este comité interinstitucional esté conformado, es verdad, por diferentes representantes del Ejecutivo. Es más, dentro de las observaciones del día de hoy, considero que el primer funcionario, la máxima autoridad de planificación y también de la Secretaría Técnica para la Igualdad de Género, o sus delegados, deben formar parte de este comité, de este organismo interinstitucional, que lo que le va a dar es fuerza, una guía, un acompañamiento a las instituciones que ya existen, como lo decía, para que puedan articular acciones y determinar, sea a través de sus reglamentos o decisiones a la interna, poder dar ciertas particularidades a las mujeres rurales por sus condiciones.

Bueno, por todas esas mujeres que hoy viven en la ruralidad y que sueñan con una realidad distinta para sus hijas, para sus nietas, soñándolas y viéndolas como las futuras emprendedoras agrícolas, las futuras empresarias bananeras, cacauteras, ¿por qué no soñar que las mujeres podemos ya empezar a ocupar un rol protagónico dentro de la ruralidad? Somos la mano de obra que produce el 51% de los productos agrícolas de acuerdo a los reportes que ha hecho la ONU a nivel mundial, ¿por qué no tener una ley? Ya existe legislación comparada en Latinoamérica y las mujeres rurales ecuatorianas, es hora de que tengamos una ley que nos dé fuerzas, esas fuerzas que ya nos acompañaron durante tantos años para levantarnos temprano, para labrar la tierra, para cuidar el agua, el suelo, el medio ambiente, por la mujer indígena, por la ecuatoriana, por la mujer montuvia, hoy debemos de impulsar una ley pero que valga la pena, así que por eso pido a la comisión que regrese ocho días para fortalecerla, robustecerla y traer al pleno la aprobación de un texto que de ahora en adelante sea de bendición y sirva día a día en la vida de todas las mujeres rurales.

¿Cómo está? Buenos días. De verdad para mí es un honor poder estar hoy interviniendo sobre el tema de las mujeres rurales. Como tú mismo ya lo has dicho, en el campo muchas mujeres no son valoradas tal cual como el labor y sobre todo el trabajo que ellos realizan. Es lamentable ver como muchas de ellas tienen una brecha salarial muy diferenciada a través de los hombres y sin embargo el trabajo suele ser igual o hasta incluso más, ya que recordemos que como mujeres también somos madres y de esa manera no solamente el trabajo es en el campo sino también en nuestras casas, en nuestros hogares y muchas veces no es remunerado.

Por ende siempre aquí desde la Asamblea Nacional nosotros estamos velando por las mujeres. Yo ya llevo casi alrededor de tres años y medio con una lucha también de las mujeres rurales de la provincia del Oro y vengo trabajando en ellas en un proyecto muy bueno en la cual esto permite poderlas a ellas también empoderar y sacar adelante que ellas son valiosas y que su trabajo va a ser merecedor de todo lo que están haciendo el esfuerzo diario. Por eso desde la Asamblea Nacional hoy estamos aquí impulsando este proyecto de ley que va a permitir justamente para ellas seguir siendo este impulso y esta motivación para trabajar y que ese trabajo también sea totalmente remunerado como debe de ser y valorado a nivel de la sociedad y del Ecuador.

Claro que sí, mira, por ejemplo, yo estoy justamente hoy promoviendo unas observaciones que voy a mandar al proyecto de ley que considero muy importantes a base del trabajo en territorio que ha venido haciendo y de la mano de ellas, escuchando sus necesidades y su prioridad en qué es lo que nosotros podemos trabajar. Para eso nosotros tenemos una regla básica en la cual es nosotros darle este valor importante. Mira, te cuento que como tú mismo dices, hay muchas situaciones como por ejemplo, las propias mujeres no pueden tener un crédito, un acceso a créditos o a un terreno donde ellos puedan seguir trabajando y de esta manera pues nosotros también en estas observaciones mandamos estos alineamientos importantes para que ellas sean valiosas en tu trabajo justamente y puedan tener estas oportunidades y estas herramientas para poder seguir creciendo.

Entonces, esta es una de las más importantes de las que te puedo hablar porque son varias algunas con las cuales nosotros vamos a trabajar, pero considero que es el momento que las cuales nosotras podamos ser esa voz de ellas, esa voz que va a permitir desde la Asamblea Nacional ser escuchadas y sobre todo ser valoradas en las cuales nosotros vamos a impulsar.

Muchas gracias. También un saludo a todas mis mujeres rurales de la provincia del Oro y del país. Así que estamos aquí para trabajar por ustedes. Gracias.

registro.

Se instala la sesión número 125 AN 2025-2029. Señor secretario, por favor, dé lectura de la convocatoria.

Se instala la sesión 125 AN 2025-2029, siendo las 10 horas con 30 minutos. Con su autorización, señora presidenta, procedo a dar lectura a la convocatoria. Por disposición del asambleista Michel Manchino Dávila, presidenta de la Asamblea Nacional, de conformidad con el artículo 12, numeral 3 de la Ley Orgánica de la Ofición Legislativa, se convoca a los asambleistas a la sesión 125 AN 2025-2029 del Pleno de la Asamblea Nacional a realizarse el día martes 22 de septiembre de 2026 a las 10 horas con 6 minutos en la sede de la Ofición Legislativa, ubicada en la avenida 6 de diciembre y Pedraíta, en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, con el objeto de tratar el siguiente orden del día.

Primero, himno nacional de la República del Ecuador. Segundo, conocer y resolver respecto del informe para segundo debate del proyecto de ley orgánica para garantizar los derechos y promover el empoderamiento de las mujeres rurales. Tercero, conocer y resolver respecto del memorando AN-CGAD-2026-0290-M. Hasta aquí el texto de la convocatoria, señora presidenta.

solicitudes de modificación del orden del día.

Cumplo con informar, señora Presidenta, que sí contamos con cuatro solicitudes de modificación del orden del día para la presente sesión. La primera solicitud presentada por la asambleísta Inés Alarcón. La segunda solicitud presentada por la asambleísta Carolina Escobar. La tercera solicitud presentada por el asambleísta Luigi García. Y la cuarta solicitud presentada por la asambleísta Noemí Cabrera. De conformidad con el segundo párrafo del artículo 129 de la ley orgánica de la función legislativa que dispone. En cada sesión podrán tratarse hasta tres pedidos de cambios del orden del día que serán incorporados conforme su orden de presentación ante la Secretaría General de la Asamblea Nacional.

La solicitud presentada por la asambleísta Noemí Cabrera no podrá ser conocida en esta sesión.

IDM 2026-01-64M, asunto, solicitud de cambio de orden del día de la sesión 125 AN 2025-2029, de mi consideración, en mi calidad de asambleísta por la provincia de Pichincha, contando con la convocatoria para la sesión 125 AN 2025-2029 del Pleno de la Asamblea Nacional, a realizarse el día martes 22 de septiembre de 2026 a las 10 horas, a la cual las y los asambleístas hemos sido notificados con el orden del día, dentro del tiempo establecido por la ley, a través del portal oficial web de la función legislativa y de los correos institucionales, y de quienes conformamos el Pleno de la Asamblea Nacional, conforme a lo previsto en el artículo 129 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, al amparo de la norma antes referida, advirtiendo que el orden del día propuesto podrá ser notificado, previa petición escrita presentada ante la Secretaría General de la Asamblea Nacional, con al menos 24 horas de anticipación para la instalación de la sesión, con la firma de al menos del 10% de las y los asambleístas.

Conforme lo previsto en el inciso segundo del artículo 129 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, solicita a usted someter a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional, el pedido de cambio de orden del día propuesto para la sesión 125 AN 2025-2029, a fin de que se trate como punto de orden del día lo siguiente, fiscalizar las actuaciones del alcalde del Distrito Metropolitano de Quito, Pavel Muñoz, frente a los incendios forestales registrados en el Distrito Metropolitano de Quito, y verificar el cumplimiento de sus obligaciones en materia de prevención, mitigación y respuesta establecidas en la Ley Orgánica para la Gestión Integral de Riesgo de Desastres, por lo que además solicito que se me conceda el tiempo establecido en la Ley a fin de fundamentar esta solicitud de cambio de orden del día que presento para que de ser el caso sea aprobada por el Pleno de la Asamblea Nacional.

Consentimiento, distinguida consideración, atentamente Inés Alarcón, asambleísta. Hasta aquí la lectura, señora Presidenta.

Tiene la palabra el asambleísta Inés Dalarcón.

Un saludo afectuoso al pueblo ecuatoriano que sigue esta sesión. Señora Presidenta, envía una imagen por favor para que pueda ser reproducida en el Pleno de la Asamblea Nacional.

Autorizado.

Gracias señora Presidenta, compañeros legisladores, les voy a rogar que pongamos nuestra mirada en esta imagen que como quiteños en realidad nos lastima porque es en realidad penoso lo que sucede en la capital de los ecuatorianos. Y quiero iniciar esta ponencia señora Presidenta y este cambio de orden del día realizando un reconocimiento al trabajo de los bomberos, de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, de los comuneros, de los vecinos que durante estas semanas han enfrentado el fuego en condiciones extremadamente difíciles y precisamente por respeto a ellos el día de hoy he ingresado un cambio de orden del día porque también es nuestra responsabilidad levantar la voz cuando no se cumplen las responsabilidades de las autoridades, quienes deben estar al cargo pendiente, quienes deben estar hoy más que nunca hablando de lo que sucede en Quito acerca de estos incendios.

Porque el alcalde de la ciudad, el señor Pavel Muñoz, es la máxima autoridad del Comité de Operaciones de Emergencias de la Ciudad de Quito. Y aquí nos nace una pregunta quiteños y ecuatorianos, ¿qué hizo durante todo este año para preparar a Quito para esta temporada de incendios? Esa es una pregunta que nos hacemos todos los ciudadanos. Señora Presidenta, enviado otra imagen por favor.

Gracias.

Y esto no es nuevo, compañeros legisladores. Esto es algo que nosotros como quiteños vivimos año a año. En el 2024, en el 2025, en el 2026, todos los años tenemos el mismo problema en cuanto a incendios forestales de Quito. ¿Qué ha hecho el alcalde Pavel Muñoz? Absolutamente nada. ¿Y por qué he pedido este cambio de orden del día? Conociendo perfectamente cuáles son los límites y atribuciones del legislador, así como de quienes deberían fiscalizar. Las obligaciones institucionales con respecto a la Ley de Gestión de Riesgos, aprobada en el año 2024 por esta Asamblea Nacional, habla acerca de que el alcalde de Quito, señores legisladores y pueblo ecuatoriano, está obligado a diseñar e implementar mapas de vulnerabilidad, planes de contingencia para la época seca y campañas que no permitan que volvamos a tener esto en la ciudad de Quito.

Le vuelvo a preguntar, señor alcalde, ¿qué ha hecho usted? ¿Cómo se ha anticipado sabiendo que desde el año 2024 tenemos este índice como el que lo presento en la pantalla? ¿Cuál ha sido su coordinación de respuesta? Hoy, un incendio forestal supera la capacidad local y por eso la Ley de Gestión de Riesgos, señores legisladores, activa automáticamente estos recursos, activa automáticamente, justamente, señores, para salvar vidas. Porque para ustedes puede que sea el momento político, el momento electoral, pero estamos hablando de vidas, señores, estamos hablando de vegetación.

Y hoy le corresponde al pleno de esta Asamblea Nacional, señora Presidenta y compañeros legisladores, hablar de este tema, fiscalizar este tema. ¿Por qué el alcalde de la ciudad de Quito no respeta la ley, no cumple la ley y permite que suceda esto en la ciudad de Quito? Le recuerdo, alcalde Pavel Muñoz, que lo que hoy vivimos en la capital de los ecuatorianos es su responsabilidad por no prevenir, por no actuar, por no coordinar y que esto solo nace de la responsabilidad y de la desidia de su alcaldía.

Muchas gracias, señora Presidenta.

Señor secretario, tome votación del cambio.

Gracias.

Gracias.

Me permito informar, señora Presidenta, que contamos con 143 asambleístas registrados. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional el cambio de orden del día presentado por la asambleísta Inés Alarcón. Señores asambleístas, por favor consignar su voto.

Proclame resultados, señor secretario.

Señor operador, presente los resultados. Señora presidenta, me permite informar que de un total de 143 asambleístas presentes contamos con 75 votos afirmativos, 60 votos negativos, 0 blancos y 8 abstenciones. No ha sido aprobado el cambio de orden del día presentado por la asambleísta Inés Alarcón.

Señores asambleístas, orden el pleno de la convocatoria. Señor secretario de lectura, el segundo punto del orden del día.

Procedo a dar lectura del memorando AN-EGDC-2026-0152-M. Asunto, solicitud de incorporación de punto adicional en el orden del día. De mi consideración, augurando éxitos de sus funciones por medio del presente, me permito dirigirme a usted para exponer y solicitar lo siguiente. Contando con la convocatoria para la sesión 125 AN-2025-2029 del Pleno de la Asamblea Nacional, a la cual las y los asambleístas hemos sido notificados con el orden del día dentro del tiempo establecido por la ley, conforme lo previsto en el artículo 129 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, al amparo de la norma antes referida, la cual faculta que el orden del día propuesto puede ser modificado, previa petición escrita presentada ante la Secretaría General con al menos 24 horas de anticipación, a fin de que se incorpore como punto de tratamiento el siguiente.

Conocimiento, debate y resolución respecto a la entrega de recursos no reembolsables destinados al fortalecimiento productivo comunitario, turístico y artesanal de los pueblos y nacionalidades de Sierra Centro y Amazonía y de la suscripción de la Carta de Compromiso para el Financiamiento de Proyectos de Riego y Fortalecimiento Productivo en la Provincia de Tunguragua. Por el expuesto e incumplimiento del procedimiento parlamentario, solicito si me concede el tiempo establecido en la ley para la fundamentación de este pedido ante el Pleno. Acompaño a la Presidenta de las firmas de respaldo reglamentarias conforme lo exige la normativa vigente.

Consentimiento, distinguida consideración, atentamente, Carolina Escobar, asambleísta. Hasta aquí la lectura, señora Presidenta.

Tiene la palabra la sandraísta Carolina Estobal.

y respaldar una decisión que pone al desarrollo territorial en el centro de la acción pública. El 3 de julio del 2026, el presidente Daniel Novoa anunció más de 1.2 millones de dólares en recursos no reembolsables para proyectos de los pueblos de la región centro y de la Amazonía. Asimismo, junto con la prefectura de Tunguragua, se suscribió una carta de compromiso que contempla una inversión de 1.5 millones de dólares para proyectos productivos, comunitarios y de riego. Estas acciones demuestran que el desarrollo no puede concentrarse únicamente en las grandes ciudades.

También tienen que llegar al campo, a las comunidades, a los artesanos, a los emprendedores y a quienes convierten nuestra riqueza cultural y natural en producción, riqueza y trabajo. El presidente Daniel Novoa ha reconocido el enorme potencial de estos territorios y por ello es importante apoyar el riego, que significa fortalecer la seguridad alimentaria. Invertir en producción significa generar trabajo, promover el turismo comunitario y la artesanía significa proteger nuestra identidad y abrir nuevas oportunidades para nuestras familias. Este no es un asunto de una sola provincia ni de una sola región.

Es una apuesta por un Ecuador que crece desde sus territorios, valora su diversidad y construye desarrollo con sus pueblos y nacionalidades. Es por ello que he enviado esta propuesta de cambio de orden del día por medio de ETS para que se someta a votación. Gracias. Gracias.

Presidente de la provincia de Tunguragua.

Procedo a tomar votación. Señores asambleístas, por favor, registrar su participación en las curvas electrónicas. Si existiera alguna novedad, informar a esta secretaría.

Gracias, señora presidenta, que contamos con 146 asambleístas registrados. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional el cambio de orden del día presentado por la asambleísta Carolina Escobar. Señores asambleístas, por favor consignar su voto.

Proclame resultados, señor secretario.

Señor operador, presente los resultados. Señora presidenta, me permite informar que de un total de 146 asambleístas presentes contamos con 84 votos afirmativos, 61 votos negativos, 0 blancos y 1 abstención. Ha sido aprobado el cambio de orden del día presentado por la asambleísta Carolina Escobar.

Gracias.

Procedo a dar lectura del memorando AN-GBEL-2026-0179-M. Asunto, solicitud de modificación de rondel de día para la sesión del pleno 125 AN-2025-2029. De mi consideración, reciba un atento y cordial saludo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 129 de la Ley Orgánica de la Asociación Legislativa. Respetuosamente me permito solicitar que se incorpore el orden del día de la sesión 125 AN-2025-2029 de la Asamblea Nacional. El siguiente punto. Respaldar a la Agenda de Crecimiento Ecuador 2040 presentada por el señor Presidente Constitucional de la República de Ecuador, Daniel Novoa Asín, en sus cuatro pilares.

En tal virtud, debo indicar que se encuentran adjunta a las firmas de respaldo requeridas para la presente solicitud. Consentimiento, distinguida consideración, atentamente, Luigi García, asambleísta. Hasta aquí la lectura, señora Presidenta.

Tiene la palabra el asambleísta Luis D. García.

Queridos colegas, un saludo a todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Durante años la economía en este país se manejó a conveniencia, se manejó con coyunturas y con el timing político. Hoy eso ha cambiado. Hoy el país tiene la agenda, la hoja de ruta 2040, una agenda económica construida con todos los actores sociales del país, con los actores productivos, con la ciudadanía, con nuestros mandantes por supuesto, con la academia y con todos aquellos interesados en que este país salga adelante. El riesgo país antes bajaba, subía mes a mes.

Los inversionistas no tenían la certeza de si las reglas iban a cambiar el día de mañana, de la noche a la mañana, no tenían la certeza de si los planes del gobierno iban a cambiar por el timing político y no tenían la certeza de si invertir en este país o no. Y hoy por hoy, bajo el liderazgo del presidente de la República, Daniel Noguazín, vamos por buen camino. El riesgo país en 386, el punto más bajo desde hace 12 años. El índice de pobreza en 21.4, la cifra más baja registrada por el INEC en la historia de nuestro país.

Estos números, estas cifras, van más allá de las cifras y de los números y van a la gente. Se reflejan en la gente, en nuestro país. Y eso hay que fortalecerlo, hay que mantenerlo, hay que reforzarlo. Porque no se trata de los planes del gobierno, se tratan de planes de Estado, se tratan de agendas de Estado. El presidente ha enrumbado el país al crecimiento. Ahora nos corresponde a nosotros, colegas asambleístas, fortalecer esta agenda, respaldar estos proyectos. Por eso, señora Presidente, he solicitado por DTS, se tome votación de un cambio de orden del día, a fin de que esta Asamblea respalde la Agenda 2040 en cuanto al crecimiento económico del país.

Exhortar a las comisiones, y aquí que están los presidentes de las comisiones, prioricemos los proyectos de ley en materia económica, prioricemos las iniciativas de ley que fortalezcan esta Agenda 2040. Y también solicitemos al Ministerio de Economía y Finanzas, a fin de que se nos remita información acerca de esta agenda, de esta forma fortaleceremos esta agenda, esta iniciativa, el Presidente de la República, que sin duda será beneficiosa y vital para la economía del país. Hasta mi palabra, Presidente. Gracias.

Procedo a tomar votación. Señores asambleístas, por favor, registrar su participación en las curules electrónicas. De existir alguna novedad, informar a esta secretaría.

...asambleístas registrados. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional el cambio de orden del día presentado por el asambleísta Luigi García. Señores asambleístas, por favor consignar su voto.

Gracias.

Señor operador, presente los resultados. Señora presidenta, me permito informar que de un total de 145 asambleístas presentes contamos con 78 votos afirmativos, 59 votos negativos, 0 blancos y 8 abstenciones. Ha sido aprobado el cambio de orden del día presentado por el asambleísta Luigi García.

Señor secretario, incorpore el cambio del orden del día presentado por Carolina Escobar como cuarto punto y del asambleísta Luis de García como quinto punto para la presente sesión.

Se toma nota, señora Presidenta.

Demos inicio con el primer punto del orden del día.

Primero, himno nacional de la República del Ecuador.

Segundo, conocer y resolver respecto al informe para segundo debate del proyecto de ley orgánica para garantizar los derechos y promover el empoderamiento de las mujeres rurales.

Señor secretario, por favor de lectura del memorando respectivo y del informe en su parte resolutiva. El informe íntegro remitido por la comisión será parte del acta de la presente sesión.

Con su autorización, señora Presidenta, procedo a dar lectura al memorando AN-CGDI 2026-0125-M, asunto, remisión del informe para segundo debate del proyecto de la ley orgánica para garantizar los derechos y promover el empoderamiento de las mujeres rurales, de mi consideración. Reciba un atento y cordial saludo por disposición de la asambrista Jaime Estrada, presidente de la Comisión Especializada Permanente en Garantías Constitucionales, derechos humanos, derechos colectivos y la interculturalidad amparada en el artículo 58 de la ley orgánica de la opción legislativa y artículo 32 del reglamento de comisiones especializadas permanentes y ocasionales.

Tengo a bien remitir el informe para segundo debate del proyecto de ley orgánica para garantizar los derechos y promover el empoderamiento de las mujeres rurales, aprobado en la sesión 054 de 27 de mayo de 2026, a fin de que continúe con el trámite en el pleno de la Asamblea Nacional. Por la atención que brindará presente, anticipo mis agradecimientos atentamente, Denise Arriegui, secretario relator, memorando a N-CGDI-2026-0185M. Asunto, notificación y solicitud para cambio de ponente del proyecto de ley orgánica para garantizar los derechos y promover el empoderamiento de las mujeres rurales.

Reciba un cordial y atento saludo por medio del presente, en mi calidad de Presidenta de la Comisión Especializada Permanente de Garantías Constitucionales de Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad, me dirijo a usted para informarle sobre una particularidad respecto a la sustanciación del informe para segundo debate del proyecto de ley orgánica para garantizar los derechos y promover el empoderamiento de las mujeres rurales. Como es de su conocimiento, el asambleísta que venía actuando como ponente del mencionado proyecto de ley, presentó su renuncia irrevocable a la Asamblea Nacional.

Con este antecedente, considerando que mediante convocatoria suscrita por usted en su calidad de Presidenta de la Asamblea Nacional, se ha convocado a la sesión 125 AN 2025-2029 del Pleno de la Asamblea Nacional, a realizarse el día martes 22 de septiembre de 2016, a las 10 horas en cuyo orden del día consta como punto número 2, conocer y resolver respecto al informe para segundo debate del proyecto de ley orgánica para garantizar los derechos y promover el empoderamiento de las mujeres rurales. Resulta imperativo garantizar el normal desarrollo del debate parlamentario.

En ese sentido y en estricto apego a las disposiciones de la ley orgánica de la asamblea legislativa, comunico a usted que esta comisión designó como nuevo ponente a la suscrita asambleísta Verónica Íñiguez, con el propósito de que asuma la presentación y defensa de este importante informe ante el Pleno de la Asamblea Nacional. Por lo expuesto, solicito a usted que se simba a brindar las facilidades procedimentales pertinentes y considera esta notificación para los fines de registro y conducción de la sesión plenaria. Consentimientos de distinguida consideración, atentamente, Verónica Íñiguez, Presidenta de la Comisión Especializada Permanente de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad.

De acuerdo con su disposición, señora Presidenta, procedo a dar lectura al informe en su parte resolutiva. Sexto, conclusiones del informe. A. El Estado ecuatoriano tiene la obligación ineludible, derivada tanto de la Constitución de la República como de tratados internacionales ratificados, tales como CEDAU, la Plataforma de Acción de Beijing y el PIDESC, de adoptar medidas para erradicar la discriminación y garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres rurales. B. La información analizada evidencia una profunda y persistente brecha de desigualdad que afecta a las mujeres rurales en el Ecuador.

Esta se manifiesta en un acceso limitado a la propiedad de la tierra, bajos niveles de instrucción, una sobreprestación en la política, una carga desproporcionada de trabajo de cuidados no remunerado y altos índices de progresa y violencia de género. C. El proyecto de ley que promueve el reconocimiento y empoderamiento de la mujer rural constituye una iniciativa legislativa valiosa y necesaria para comenzar a saldar la deuda histórica con este sector de la población. D. Durante la fase de socialización del proyecto se recibieron aportes fundamentales de instituciones clave como CONAGOPARE, el Ministerio de la Mujer, ONU Mujeres y el Ministerio de Agricultura y Ganadería.

Existe un consenso entre los comparecientes sobre la necesidad de que la ley adopte un enfoque integral y multisectorial que trascienda el ámbito exclusivamente agropecuario. Séptimo, recomendación del informe. Se recomienda aprobar el informe para segundo debate del proyecto de ley orgánica para garantizar los derechos y promover el empoderamiento de las mujeres rurales en virtud de su alienación con la Constitución, los tratados internacionales y la urgente necesidad de erradicar las desigualdades estructurales que afectan a las mujeres rurales en el Ecuador. Hasta aquí la lectura, señora Presidenta.

Se abre el debate. Tiene la palabra la asambleísta Verónica Íñiguez.

de silencio por el niño fallecido en Tigüenza, en la provincia de Morona, Santiago, luego de que no pudo encontrar un suero para el veneno de escorpión, medicina que tuvo que haber sido prevista por el gobierno nacional y que no se constituye en el primer caso, sino en varios ya de niños fallecidos por una negligencia gubernamental.

Por favor disponga a la Secretaría, se presenten las diapositivas que fueron enviadas por el correo.

Autorizado.

Muchísimas gracias. Somos 69 asambleístas dentro de este espacio. Somos mujeres que hoy tenemos la oportunidad de que nuestra sororidad se convierta en ley con las invisibilizadas del campo o nuestra presencia aquí en la Asamblea Nacional es un mero adorno. Buenos días con todos los colegas asambleístas. El pleno del día de hoy, por favor, si puede avanzar con la presentación. El pleno del día de hoy nos convoca al tratamiento de un proyecto de ley que se constituye por sí mismo una deuda histórica que ha mantenido el Estado ecuatoriano con un grupo de la sociedad que ha permanecido al margen de la planificación territorial.

Estamos hablando de las mujeres rurales. Estamos hablando de un proyecto de ley denominado Ley Orgánica para Garantizar los Derechos y Promover el Empoderamiento de las Mujeres Rurales. Avancemos, por favor. Y es que las mujeres rurales son las que realmente sostienen toda la vida del país. Y en esto es lo que voy a centrar la primera parte de mi exposición. Si avanzamos, por favor. Si nosotros miramos los datos que ahora se muestran en pantalla, podemos darnos cuenta que el 50.6% de la población rural del Ecuador está compuesta por mujeres y que el 69% de la actividad agrícola está desarrollada también por mujeres de la ruralidad.

Esto significa que 18 millones de ecuatorianos y ecuatorianas nos alimentamos gracias al trabajo que desarrollan las mujeres dentro del territorio rural. Avancemos, por favor. Y pese a esta importancia del trabajo que vienen desarrollando, únicamente un aproximado del 13% de las unidades productivas agrícolas tiene titularidad en las mujeres rurales. Es decir, que las mujeres rurales trabajan un aproximado de 210 mil hectáreas en tierras que son ajenas o que son arrendadas sin ningún título de propiedad. Y es que debemos recordar, avancemos, por favor, debemos recordar que de cada 10 platos de comida que nosotros consumimos, 6 existen gracias al trabajo de las mujeres rurales.

Pese a esta importancia y al trabajo que ellas vienen desarrollando, las mujeres en la ruralidad tienen que enfrentar una serie de brechas estructurales. Y es que además de este trabajo agrícola, también tienen que desempeñarse entregando más de 30 horas semanales a otro tipo de actividades, como por ejemplo, acarrear el agua, a cuidar a los hijos, a cuidar a los enfermos. Y todo esto lo hacen sin ningún tipo de remuneración. Y estas no son las únicas brechas estructurales que tienen que enfrentar. Es así que un alarmante 58.5% de las mujeres rurales apenas acceden a la instrucción básica de educación.

Y un reducido 11,4% de los créditos que se entregan formalmente al sector rural va a manos de las mujeres. Y si miramos a la gestión de la tierra productiva agrícola, podemos ver que únicamente un 25% está en manos de las mujeres rurales. Otro tipo de brechas que tienen que enfrentar hacen referencia a estas brechas de educación. Si vemos el índice de analfabetismo, vemos que este es más del doble del que podemos encontrar en el sector urbano y además centralizado para mujeres. Además, un dramático 60% de las mujeres rurales tienen que enfrentar niveles altos de pobreza en algunas regiones del país.

Y apenas un 15% de las mujeres en la ruralidad tiene un acceso a una formación política y liderazgo, lo que la deja fuera de muchas oportunidades laborales y también educativas. Y es que colegas asambleístas alimentar al país sin tener el derecho a la tierra, sin tener el derecho al agua, a una educación formal y a una participación política, es una forma descarada de violencia económica y que además está siendo consentida por el mismo Estado. Frente a estas falencias, el Estado ecuatoriano decidió abordar de alguna forma esta deuda pendiente y lo hizo a través de ser signatario de una serie de convenios y tratados internacionales.

Es por eso que si nosotros revisamos, muchas gracias, la Convención sobre la Eliminación de Toda Discriminación contra la Mujer y específicamente en el artículo 14, el Estado ecuatoriano se comprometió a eliminar la discriminación contra las mujeres rurales y garantizar su acceso a tierra, a crédito, a salud y a educación. Lo propio hizo en la Plataforma de Acción de Beijing, también con un instrumento de política internacional, aunque no vinculante, que es la Agenda 2030 a través de los Objetivos 2 y 5, que hablan del hambre cero y de la igualdad de género.

Y también hizo lo mismo con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. A esto se suman otros tratados como el Convenio 169 de la OIT, la Convención de Belén-Dópará, el Pacto de San José y también el Decenio Interamericano de las Niñas, Adolescentes y Mujeres Rurales que se celebró recientemente en el año 2025. Toda esta política internacional, el Ecuador, la logró internalizar dentro de su propia normativa. Y es así que en el año 2008, a través de la promulgación de la Constitución de la República del Ecuador, dentro de los artículos 3, 11, 70, 277 y 340, se comprometió a tener una normativa con igualdad sin discriminación, legislar con enfoque de género y tener también una inclusión y equidad social.

Además, dentro de la misma Constitución se consagran derechos exclusivos para el campo, que son el acceso a la tierra, a la educación, a la salud, a la participación política y a una vida sin violencia. Y es con este mandato y esta justificación jurídica que se comenzó con el tratamiento de este proyecto de ley. Un proceso que inició ya hace varios años atrás, pero que el año pasado, en el año 2025, la Comisión de Garantías Constitucionales recibió este proyecto de ley, que en su forma original todavía estaba débil y muy lejana de cumplir con las verdaderas necesidades territoriales que enfrentan las mujeres rurales.

Por eso, cada miembro de esta comisión se comprometió en socializar este proyecto de ley y así lo hizo. Llevó a cada una de sus provincias, y lo que ustedes tienen, colegas asambleístas, en las manos, es un proyecto completamente fortalecido y que tomó en cuenta absolutamente todas las observaciones de mujeres en costa, sierra y Amazonía. Vale la pena mencionarles, colegas, que ninguna de las observaciones que llegaron a nuestra mesa legislativa quedó de lado. Absolutamente todo fue incorporado. De esta forma, una de las observaciones que nos llegó fue que en su proyecto original estaba ausente la presencia de una de las instituciones que se encarga de la ruralidad, y que es el Conagopare.

Por eso, a través de las mesas legislativas, aseguramos la participación de representantes de los 824 gobiernos parroquiales rurales, quienes contribuyeron en gran medida para el proyecto de ley que ustedes ahora tienen en sus manos. Pero no fueron solo los únicos invitados, sino que también lo extendimos a un nivel internacional. Contamos con la presencia de la representante de ONU Mujeres en el Ecuador, también con entes del gobierno ecuatoriano, como por ejemplo el Ministerio de Trabajo, y también con la Defensoría del Pueblo. Y es gracias a los aportes y observaciones de todas estas personas que, como dije, no se dejó nada de lado las que hicieron posible que este proyecto de ley ahora se muestre a la altura de lo que se necesita dentro de la ruralidad.

Y es que de esto se trata, colegas asambleístas, tenemos que recibir algo, comenzamos por algo, pero después tenemos que mejorar. Y de esta manera, ustedes ahora lo que tienen en las manos es un proyecto que ningún cálculo político nacional puede pisotear respecto a lo que ya se ha acordado en acuerdos internacionales y también lo que dice nuestra propia Constitución. Y todo lo que he mencionado hasta este momento, lo que nos ha servido es justamente para tener este proyecto de ley que lo que garantiza es este empoderamiento.

Y para eso es necesario entender qué es el empoderamiento. Cuando nosotros hablamos de empoderar a las mujeres, significa que tenemos que asegurarles una distribución equitativa de los recursos, que les permita un acceso a la tierra, al crédito, al cuidado, al agua, a la vida misma. Porque hay muchas necesidades, como ya lo voy a explicar más adelante, que aún no están cubiertas. Y esto fue lo que fuimos mejorando. Si avanzamos, por favor. Y aunque no nos ayuda la presentación por el tamaño minúscula de las letras, quiero que vean cómo cambió algo tan fundamental que es desde la misma definición de mujer rural.

Que en su proyecto original estaba simplemente homogeneizado sin tomar en cuenta, primero, que la mujer en el sector rural no solo se dedica a la agricultura, sino que desempeña un sinnúmero de actividades que van desde la misma tierra, pero que también las coloca en oficinas. También nos dimos cuenta que no estaba contemplada la diversidad cultural. Es así que ahora tenemos una definición para involucrar a mujeres campesinas, comuneras, indígenas, afroecuatorianas, que se dedican, por ejemplo, a la recolección de mariscos, de moluscos, de crustáceos, a jornaleras, productoras comunitarias y demás actividades que se realizan dentro del territorio.

Y esto que acabo de exponer es una muestra del trabajo sustancial que hicimos dentro de esta comisión para dejar, como dije, a la altura a esta ley de las necesidades reales dentro de este proyecto. Y con esto en mente, nosotros trabajamos en un articulado que, sobre todo, nos dimos cuenta debía responder a demandas que no son solo del país, sino que también son demandas internacionales. Y debo mencionar que en este proyecto, lo que podemos ver o resumir, porque no es lo único, pero sí quiero centrar su atención en cuatro pilares fundamentales que están contemplados dentro de este proyecto de ley.

Cuatro pilares que son aquellos que escuchamos en las observaciones, pero que además coinciden con aquello que tiene como demanda la mujer rural en toda la región latinoamericana. Y lo digo con conocimiento de causa porque tuve el honor de ser parte del cuerpo docente de la Escuela de Mujeres Rurales Latinoamericana. Y todo lo que se habla ahí es exactamente lo mismo que se observó dentro de las mesas y que ahora está dentro de este proyecto. Y uno de estos primeros pilares tiene que ver con la gestión de riesgos y el cambio climático.

Y es que en el territorio, colegas asambleístas, las mujeres, ya tienen un sinnúmero de saberes, de conocimientos, que van transmitiendo de generación en generación. Y cuando se trata de abordar a fenómenos climáticos, incluso tienen ya conocimientos que les permiten o bien adaptarse o mitigar parte de estos efectos negativos. Ese conocimiento tiene que ser incorporado a una política de Estado. No podemos seguir cayendo en la trampa de enviar extensionistas que llegan a imponer conocimientos. Tenemos que construir un conocimiento intercultural que ya está en el territorio y que además está dominado por las mujeres.

Un segundo punto muy importante y quiero que le pongan mucha atención porque sé que sobre este punto se arma polémica. Y es que se dispone la creación de un comité interinstitucional. Pero quiero tomar las palabras que se utilizan dentro de la administración de empresas. Eficiencia más eficacia es igual a efectividad slash productividad. Y lo que nosotros planteamos con este comité es precisamente eso. No queremos instituciones paralelas, no queremos que se dupliquen esfuerzos, no queremos recursos adicionales. Lo que queremos es que las mismas instituciones, los mismos recursos económicos y el mismo personal que ahora ya trabaja en las distintas instituciones, ahora pongan dentro de sus objetivos de trabajo lo que está contemplado de esta ley.

Lo que se trata es de optimizar lo que ya tenemos dentro del Estado. Otro de los aspectos fundamentales tiene que ver con el sanamiento ambiental y con la salud. Y es que ahora, colegas asambleístas, en pleno siglo XXI y en el año 2026, todavía existen mujeres en la ruralidad que acarrean el agua por kilómetros. Y durante ese recorrido están sometidas a un sinnúmero y todo tipo de violencia. El Estado tiene un deber de protegerla. Y la mejor forma de hacerlo es llevar justamente el agua hacia sus hogares.

Y en este mismo año y en este mismo siglo, las mujeres en la ruralidad ni siquiera tienen acceso en casa a algo que a nosotros nos resulta todavía muy normal. Un baño, una batería sanitaria. En muchos sectores de la ruralidad ni siquiera existe esta facilidad. Una infraestructura que tiene que asegurar también el Estado, pero que tiene que hacerla también de las necesidades biológicas que tienen las mujeres, que les permitan atender con dignidad aspectos tan naturales como la labor de parto o un ciclo de menstruación. Otro de los pilares fundamentales tiene que ver con la educación en ciencia y tecnología.

Y es que nosotros no podemos reducir que el trabajo en la ruralidad es darle a las mujeres un título por haber asistido a un taller decorativo. No, señoras y señores asambleístas. Las mujeres rurales tienen que estar a la altura del mundo. Y eso significa que tienen que estar formadas dentro de las carreras STEM. Eso significa en ciencia y tecnología. Son las mujeres las que tienen que formar parte, por ejemplo, de la construcción de obras civiles. Como les decía, ¿dónde van a estar colocados los baños? ¿Dónde van a estar las infraestructuras de distribución de agua potable?

Las mujeres tienen que ocupar y ser parte de las unidades municipales que trabajan en la distribución de agua, porque estas están dominadas por hombres. Y por eso, en esta ley, lo que nosotros proponemos es que las mujeres rurales tienen que estar capacitadas en ciencia y tecnología. No únicamente en estas labores domésticas, que es donde nosotros hemos tratado de cumplir con lo que demanda nuestra normativa. Y es que debo finalizar diciéndoles, colegas asambleístas, que el futuro tiene rostro de mujer. Y que la mujer que hoy no vote a favor de este proyecto de ley, no solo le está dando la espalda al campo, sino que además muestra un desprecio y traiciona a las mujeres.

Y en cuanto a los colegas, hombres, legisladores, que hoy no voten a favor de este proyecto de ley, solo están confirmando un machismo legislativo que también desprecia hacia las mujeres. Debo informar, señora Presidenta, que soy la primera en sustentar oralmente esta moción para la votación de este proyecto de ley y que pido, por favor, la tomen en consideración porque fue enviada ya a través de los medios de comunicación convencionales. Esta moción es la aprobación del texto íntegro del proyecto de ley orgánica para garantizar los derechos y promover el empoderamiento de las mujeres rurales.

Mi palabra, señora Presidenta.

Tiene la palabra en la asambleísta.

Gracias, Presidenta. Compañeros y compañeras asambleístas, buenos días. Quiero decirles que muchos de los que estamos aquí hemos presentado proyectos, unos de pronto por lo que estudiamos, otros pretendiendo llenar vacíos normativos que encontramos, otros tal vez porque vamos a territorio y escuchamos a nuestra gente y queremos responder esas necesidades a través de nuestro trabajo legislativo ofreciéndoles leyes. Pero vemos otros y tal vez muy pocos que traemos propuestas legislativas a este pleno que nos nacen del corazón, porque nacen de la historia de vida propia. Y en mi caso, quiero decirles que este proyecto de ley nace de la niña, la adolescente, la mujer que vivió, creció y se formó en la ruralidad.

Me ha dado mucha pena que traten de demostrar que la propuesta o la iniciativa, entiéndase bien la palabra iniciativa, era débil en su momento. Pues déjenme aclararles que si no fuera por esta legisladora orgullosamente montuvia que ha traído esta iniciativa a este pleno para que por primera vez en la historia las mujeres rurales cuenten con una legislación que las respalde. No hubiéramos estado debatiendo el día de hoy. Me da mucha pena porque quienes fácilmente se paran del otro lado al leer diapositivas y estadísticas no tuvieron que salir a caballo para estudiar su escuela, no tuvieron que salir dos horas antes de que toque el timbre de su colegio para poder llegar a tiempo.

Quienes sí vivimos en carne propia, sea realidad. Nos sentimos orgullosos de haber presentado esta iniciativa hace dos años ya, pero les recuerdo que desde el otro lado han venido siendo legisladores de hace algunos años y jamás se les ocurrió presentar una propuesta de ley a favor de las mujeres rurales. Así que es fácil criticar, pero qué difícil se les hizo hacer. Quiero decir que esta ley o esta iniciativa la presenté cumpliendo un compromiso, sí, pero también respondiendo a algo profundamente personal. Y cuando hablo de profundamente personal no me refiero a Mónica Salazar, me refiero a las miles de mujeres rurales que tiene este país.

Realmente esta iniciativa, quiero aclarar, fue elaborada hace dos años, basada en los lineamientos de la estrategia de la mujer rural. Y esas necesidades y esos mismos ejes se mantienen hasta el día de hoy. Ese era trabajo de la Comisión, obviamente, hacer la construcción de esta ley. Pero esta ley nunca se trató de aprobar simplemente un conjunto de artículos. Se trata de pagarle una deuda histórica que tiene el Estado ecuatoriano, es verdad, a nivel de general con las mujeres rurales, pero una deuda de reconocimiento y empoderamiento.

Queremos una ley que nos reconozca, más no una ley que sea imposible de aplicar en la práctica. Y es que quiero aclararles que es verdad que el texto que propuso la Comisión para este segundo debate llegó con una propuesta amplia, ambiciosa, demasiado ambiciosa, diría yo, y con numerosos mecanismos de protección. Pero cuando analizamos cada capítulo y todo el articulado, nos terminamos haciendo una pregunta que es importante que hoy traigamos a este debate. ¿El texto propuesto por la Comisión puede ejecutarse en la práctica? Pues esa pregunta cambió todo nuestro enfoque de revisión, porque nos dimos cuenta que el papel que aguanta todo estaba una redacción muy ambiciosa, pero que realmente no se iba a poder poner en la práctica.

No se trató y ya tuvimos que pasar de analizar lo amplio de protección que tenía esta ley a hacernos el análisis de determinar si cada una de estas acciones se iban a traducir en acciones concretas y efectivas para las mujeres rurales. Debemos revisar los 33 artículos y analizarlos en este contexto y si es necesario reformularlos para que esta ley sea aplicable. Incluso la disposición reformatoria única donde se pretende modificar o incluir un literal de la COTAD que realmente incluiría solo a las mujeres rurales dejando de lado a los otros grupos sociales que hoy se benefician de este articulado.

Esta revisión integral del texto para segundo debate quiero destacar cuatro aspectos relevantes que son ordenar el texto porque sí, la ley debe volver a ordenarse en torno a los derechos pero en torno a los seis ejes claros de actuación que lo dijimos desde el principio. Seamos claros y digamos la verdad la propuesta venía enfocada a prevención de la violencia y acceso a la justicia, educación, cultura, deporte, recreación y comunicación, salud y autonomía reproductiva, gobernabilidad, participación ciudadana y política, trabajo, cuidados y autonomía económica, ambiente, gestión de agua y cambios climáticos.

No necesitamos una ley repetitiva, necesitamos una ley que nos reconozca. Como segundo eje, respetar competencias y evitar duplicidades. ¿Qué es lo que buscamos? Vender una ley humo y decirle a las mujeres rurales nosotros trabajamos para ustedes, pero hacer una ley o promover una ley que realmente sea imposible en la práctica para que sufra un veto del Ejecutivo para después decir, miren, el Ejecutivo no les quiso dar mujeres rurales una ley que la favorezca. No, no vamos a caer en ese juego. Lamentablemente, aquí se pretende dar duplicidades a instituciones que ya hoy cumplen con una función.

Lo que busca esta ley es fortalecer esas actuaciones y que el Estado que ya existe y que en la actualidad tiene buenos programas a favor de las mujeres pueda con más fuerza llegar a las mujeres rurales. Como tercer eje, reconocer una realidad diferente sin prometer lo imposible. Uno de los temas que más me interesó proteger fue el trabajo de cuidados. Y esta ley sigue conservando las condiciones particulares del trabajo de cuidados de las mujeres rurales y orienta a las entidades competentes a reducir y a redistribuir esas cargas.

Porque no queremos decir y no estamos diciendo con este lado de la propuesta que queremos hacer todo nuevamente. Estamos diciendo que hay acciones que ya existen y que también deben existir y aplicarse para las mujeres rurales. Cuarto y último, preservar los derechos y el espíritu de la propuesta. El propósito que dio origen a esta iniciativa debe permanecer intacto. Lo que debemos de corregir es la forma de hacerlo jurídicamente posible y materialmente aplicable. Que lamentablemente, como lo ha presentado la Comisión, no lo es. No estamos frente a cambios cosméticos.

Estamos hablando de precisar competencias, identificar a los entes responsables, eliminar duplicidades, reorganizar los ejes de acción, ordenar derechos, pero más que todo, asegurarnos de que lo que vamos a aprobar en esta Asamblea Nacional sea aplicable para nuestras mujeres. De todo lo expuesto y por todo lo expuesto, considero que este proyecto amerita utilizar el mecanismo que establece la ley para el segundo debate. Y para ello, solicito a la ponente del informe que para el segundo debate en marco a lo establecido por el artículo 61 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, solicite a la Presidenta de la Asamblea Nacional la suspensión de este punto para que se acojan y se analicen todas las observaciones que vamos a presentar el día de hoy y para que ese texto retorne a este pleno robustecido y listo para su decisión.

Por último, compañeras y compañeros asambleístas, quisiera terminar con algo mucho más sencillo que lo técnico y lo jurídico. Igualdad no significa ignorar las desigualdades. Es verdad que la mujer rural tiene los mismos derechos que cualquier mujer ecuatoriana, pero tenemos que reconocer algo, no tiene las mismas condiciones para ejercer esos derechos. Nuestros cargos son pasajeros y debemos de entender que tenemos que brindarles una ley que funcione. En unos cuantos años, este pleno habrá renovado a todos los asambleístas que estamos aquí. Pero en unos cuantos años, la mujer rural seguirá labrando la tierra, seguirá cuidando el agua, los saberes ancestrales.

Por esas mujeres que hoy sueñan con un futuro distinto para sus hijas, que quieren que sigan viviendo en la ruralidad, pero con sus derechos reconocidos. Por esa joven rural que estudia, que quiere emprender, que quiere ser la futura emprendedora agrícola, la futura empresaria agrícola, la futura productora de granos, de papas, de animales de razas menores, la futura bananera, cacautera, ganadera, por todas esas mujeres, por las indígenas, por las afroecuatorianas, por las pescadoras, las jornaleras, las campesinas, por la mujer montuvia, a ellas les debemos esta ley.

Muchísimas gracias.

Un saludo fraterno a todos y todas nuestras compatriotas dentro y fuera de la patria. En esta ocasión quiero saludar particularmente a todas las mujeres rurales del Ecuador que siguen expectantes el desarrollo de esta sesión en la que debatimos no solamente una ley, sino una deuda pendiente con miles de mujeres que durante años han sostenido el campo, la producción y la vida comunitaria de nuestro país. Y lo dice también un nieto y bisnieto de campesinos y campesinas de la Hacienda La Victoria en la ruralidad de la provincia del Guayas orgullosamente nieto y bisnieto de hombres y mujeres del campo.

Hoy este pleno, colegas legisladores, tienen la oportunidad de reconocer con acciones concretas y dar un paso firme para que esas mujeres dejen de ser únicamente el sostén silencioso de la ruralidad y pasen a convertirse en prioridad real dentro de las políticas públicas del Estado ecuatoriano. Esa ley que hoy presentamos y debatimos es el resultado de un trabajo exhaustivo de escucha y construcción colectiva. Recogemos los aportes de mujeres rurales, lideresas comunitarias, representantes de gobiernos parroquiales, académicas, organizaciones sociales, organismos internacionales e instituciones públicas, tanto en territorio como en las comparecencias realizadas ante la Comisión de Garantías Constitucionales.

Señora Presidenta, solicito se sirva a autorizar la proyección del video que oportunamente entregue a la Secretaría.

Autorizado.

Gracias.

el apoderamiento de las mujeres rurales.

Lo tengo en la mano también, señor secretario. ¿Me acerco a entregárselo?

y no se proyecte.

Tenga paciencia, señor asambleísta, ya están con su video en las manos.

¿Puede, por favor? Mientras avanza.

¡Gracias!

La mujer está en todo, en la agricultura, en la crianza de animales, en la educación de los hijos. Lo ideal sería que todos nos empodremos.

Gracias, señora Presidenta. Colegas legisladores, lo que acabamos de ver y escuchar es precisamente ese Ecuador rural que durante años esperó ser escuchado. Desde la Comisión de Garantías Constitucionales lo hicimos. Escuchamos a mujeres que piden igualdad de oportunidades, que reclaman acceso a crédito, a salud, a educación, conectividad, empleo digno, seguridad y políticas públicas que realmente lleguen a los territorios rurales. Porque muchas veces se ha hablado de la mujer rural únicamente desde la producción agrícola, como si su aporte se limitara al trabajo del campo. La mujer rural es mucho más que eso.

La mujer rural sostiene hogares, organiza comunidades, preserva saberes ancestrales, impulsa economías locales, cuida la tierra, protege el agua, educa, emprende, lidera y alimenta al país entero. Mientras muchos hablan de soberanía alimentaria, desde la comunidad de sus oficinas, en las ciudades, las mujeres rurales, quienes madrugan todos los días para sostener esa soberanía, son ellas, con su trabajo, sacrificio y dignidad. Precisamente porque entendimos esas realidades, este proyecto de ley dejó de ser únicamente una propuesta con buenas intenciones para convertirse durante su tratamiento en la comisión en una ley mucho más amplia, más humana y más conectada con la verdadera realidad de las mujeres rurales del Ecuador.

En primer debate recibimos observaciones importantes y las escuchamos con responsabilidad. Se fortaleció el enfoque de derechos, se amplió la visión de la ruralidad, se incorporaron mecanismos institucionales más claros y se entendió que esta ley debía reconocer la diversidad de las mujeres rurales del país entero. Indígenas, montuvias, afroecuatorianas, campesinas, artesanas, trabajadoras comunitarias, emprendedoras y profesionales que desarrollan su vida en los territorios rurales. No se construyó una ley simbólica para quedar bien en un discurso. Aquí se trabajó para construir una herramienta jurídica que permita generar condiciones reales para el empoderamiento económico, social y político de las mujeres rurales.

Una ley que promueve acceso a formación, financiamiento, programas productivos, salud integral, conectividad y participación. Una ley que reconoce que no puede existir justicia social en el Ecuador mientras miles de mujeres rurales continúan enfrentando abandono, desigualdad y falta de oportunidades. Colegas legisladores, cuando hablamos de mujeres rurales no hablamos de una minoría, hablamos de mujeres que sostienen buena parte de la economía popular, de la producción agrícola y de la vida comunitaria del país. Hoy esta Asamblea tiene la oportunidad de cumplir con su responsabilidad aprobando una ley que fue construida escuchando al territorio y entendiendo una realidad que durante años fue postergada.

Desde la Comisión de Garantías Constitucionales hemos cumplido con nuestra responsabilidad escuchar al territorio y construir una ley conectada con la verdadera realidad y las necesidades de las mujeres rurales. Ahora corresponderá al Ejecutivo demostrar si realmente existe voluntad política para convertir esta ley en acciones concretas y presencia real del Estado en los territorios rurales del Ecuador. Por respeto a las mujeres rurales del Ecuador y a las demandas que durante años han esperado ser atendidas, espero que esta ley sea aprobada por unanimidad y que hoy esta Asamblea esté a la altura de esa responsabilidad con el país.

Gracias, señora Presidenta.

Mujeres Valientes de la Ruralidad, que hoy siguen este debate, así que mi saludo cordial para ustedes. Quiero iniciar expresando mi reconocimiento a la iniciativa que es legislar por las mujeres rurales, las mujeres del campo, esta que es una deuda histórica, trabajar por las mujeres rurales, que ha sido una de mis banderas y seguirá siendo una de mis banderas de lucha cada vez que tenga la oportunidad de debatir en este Pleno de la Asamblea Nacional. He escuchado de cerca la lucha diaria que tienen nuestras agricultoras, nuestras artesanas y también esas mujeres luchadoras que sostienen con esfuerzo la mesa de todo el Ecuador.

Sé que lo que sufren y lo que es el trabajo en su jornada laboral en el campo, el trabajo también que realizan en sus casas y que nadie pues les paga. Y además también lo difícil que es conseguir un crédito o una tierra para poder trabajar o el apoyo que de verdad necesitan. Yo por eso considero que esto se celebra de una manera muy bien, porque estamos por fin trabajando en este proyecto de ley. Este ley que es importantísimo. Además también ellas merecen una ley fuerte, justa, fuerte y competitiva y completa, que las respalde, que las impulse y sobre todo les dé el lugar que siempre se han ganado.

Sin embargo, precisamente por el inmenso amor y el respeto que les tengo a las mujeres rurales, yo considero que tengo una causa que es pertinente hacer que se puedan realizar observaciones a esta ley. Por eso el proyecto tiene que regresar a la comisión y quiero destacar cinco aportes fundamentales en los cuales deben de ser incorporados. Primero, es importante que se defina qué es lo que busca esta ley sin repetir conceptos y tampoco ni mezclar el mismo artículo con las obligaciones. Estas políticas públicas y mecanismos de ejecución deben de ser claras.

La ley debe de tener un propósito claro que garantice los derechos de las mujeres rurales y promover su igualdad, su autonomía, su mejoramiento y su desarrollo integral. Segunda observación, con respecto al ámbito de aplicación, es importante también tener una absoluta claridad sobre quién y a quién y dónde se aplica esta ley. No podemos dejar espacios ambiguos para interpretaciones, sino más bien por eso es importante precisar las obligaciones de las instituciones públicas y también dejar claro cuáles son las obligaciones del sector privado y dentro de estas ver cuáles son sus competencias y establecer claramente cuándo corresponde su aplicación, evitando que un reglamento termine creando obligaciones que no estén previstas en la propia ley.

Tercera observación, es necesario definir también con claridad quién es una mujer rural, porque de esta definición dependerá quién puede acceder a los derechos y quiénes pueden también tener estos beneficios que establece la ley. No puede ser que dejarlos a conceptos abiertos como proyecto de vida o también como predominante, ya que debemos establecer una vinculación real en la cual con el territorio rural se pueda definir. También no hay que excluir a quienes por razones de trabajo, estudios o circunstancias familiares no puedan estar en el lugar y deban de trasladarse temporalmente fuera de la comunidad.

Por ejemplo, hay una mujer que nació y vive en la comunidad rural, tiene su parcela y desarrolla sus actividades agrícolas, pero debe de trasladarse algunos días a la ciudad para poder trabajar o estudiar o aprovechar una oportunidad que se le presentó. Y no por eso deja de ser una mujer rural, sino más bien la definición debe de reconocer de manera clara y concisa y evitar esta realidad que vayan a realizar algunas exclusiones cuando realmente son merecedoras de todos los beneficios de esta ley. Así que no hay que confundirnos en estas circunstancias y más bien siempre dar esta prioridad a la mujer del campo.

Una cuarta observación, compañeros, es importante que no todo lo que queremos proteger deba de convertirse en un principio, sino también el proyecto evidencia que algunos conceptos contenidos con derechos es importante realzarlos. Otros son objetivos y otros son medidas que deben desarrollarse posteriormente. Así que por eso se propone ordenar los principios para que realmente sirvan como guía y se puedan interpretar y aplicar en esta ley, sin repetir ya lo que dice la Constitución, sino más bien no tampoco evitar también que se generen contradicciones dentro de este proyecto.

Por ejemplo, si queremos construir y garantizar que las mujeres rurales tengan más oportunidades, tenemos que aquí una cosa establecer ese compromiso como principio de ley y otra es muy diferente, es decir, cómo vamos a lograrlo, cómo vamos a ejecutarlo y cómo vamos a hacer que se cumpla. Por eso tenemos que dejar claro si se va a hacer mediante capacitación, si se va a hacer acceso a créditos o apoyo a sus emprendimientos. Eso es importante poder tener con precisión cómo se va a trabajar. Por eso nosotros tenemos que ordenar bien estos contenidos y no poner todo dentro de los principios, así tendremos una ley más clara y fácil de aplicar.

Y en la quinta observación también quiero dejar claro que ahora tampoco podemos quedarnos solamente en decir que las mujeres de la ruralidad tienen derecho, sino más bien esta ley tiene que reconocer las necesidades reales y los derechos que viven todos los días las mujeres del campo y garantizar que esos derechos se hagan realidad. Por eso una cosa es decir que las mujeres tienen derechos y otra muy distinta es que una mujer del campo pueda ejercerlos de realidad menos. Por ende, tenemos hoy una cosa que es esta ley debe de cerrar esa brecha y reconocer de manera clara los derechos que necesitan nuestras mujeres rurales para salir adelante.

Como ustedes sabrán, en la provincia de Loro, al igual que en todo el Ecuador, miles de familias viven de la tierra, justamente trabajando mujeres que producen banano, cacao, camarón, minería y pues bueno, muchas actividades más detrás de estas actividades donde están nuestras mujeres rurales que necesitan este apoyo, justamente educación, necesitan empleo, salud y sobre todo las mismas oportunidades para salir en adelante. Por eso hay que ayudarlas a vivir dignamente, justamente con esta ley que nos permite hoy ayudarlas y apoyarlas. Por ellas trabajo, por ellas defenderé siempre a los sectores más olvidados y precarizados, porque siempre son los que más nos necesitan.

Compañeros, este proyecto de ley es un paso a la dirección correcta, pero nuestro deber es perfeccionarlo. De esta manera también hay que dotarlo de aplicabilidad real y asegurar que los recursos e instituciones respondan con efectividad. Es momento de actuar y hacerles justicia. Muchísimas gracias, señora Presidenta.

Tiene la palabra la asambleísta Mariana Yumbay.

haciendo para ellos, era pues servicio, casi no dormía sino poco, poco, poquito nomás. Las palabras atribuidas a mamatransito amaguaña evocan una vida marcada por el trabajo y la servidumbre. Hoy, aunque las condiciones históricas son distintas, persisten desigualdades que mantienen a muchas mujeres rurales trabajando de sol a sol, sin descanso suficiente ni ingresos dignos. Ellas producen alimentos, sostienen a sus familias, asumen los cuidados, conservan saberes y defienden el agua, la tierra y los territorios. Su trabajo sostiene al país, pero la respuesta del Estado sigue siendo inexistente.

Cuando las políticas del gobierno desatienden el campo, agravan las condiciones en que las mujeres enfrentan el hambre, la pobreza y la violencia. Esta ley debe contribuir a transformar esa realidad mediante servicios públicos dignos, protección estatal y comunitaria, autonomía económica y condiciones efectivas para ejercer sus derechos. Ninguna mujer debe sostener la vida de los demás a costa de su propia dignidad. Según el INE, en diciembre de 2025, el 37.6% de la población rural vivía en pobreza por ingresos y el 19.7% en pobreza extrema. Asumo que hasta la presente fecha habrán incrementado.

A estas carencias se suma la violencia, según el monitoreo de aldea y organizaciones de la sociedad civil, registraron 411 femicidios en Ecuador durante 2025, cuyas víctimas incluyeron a 50 niñas y adolescentes y otros 78 casos entre el 1 de enero y el 15 de marzo de 2026. Estos registros de pobreza y de violencia evidencian la urgencia de garantizar protección en todos los territorios. Las mujeres rurales no pueden seguir esperando. Necesitan servicios públicos cercanos y dignos, ingresos propios y una respuesta estatal que proteja sus vidas. Este proyecto contiene avances que debemos fortalecer.

Reconoce a las mujeres rurales como sujetas de derechos, productoras y protagonistas de las decisiones sobre sus territorios. Promueve la prevención de la violencia, la justicia gratuita, la educación, el acceso digital y la salud integral con respeto a los saberes de parteras y sanadoras. Contemple el acceso a la tierra, al agua, a la semilla, al crédito, al trabajo digno y la igualdad salarial. Reconoce la redistribución de los cuidados, protege a las defensoras ambientales y promueve la participación en la soberanía alimentaria y la acción climática. Estos derechos deben concretarse en servicios, recursos y participación efectiva, con seguimiento y rendición de cuentas.

Sin embargo, hay disposiciones que se deben corregir. Por eso me permito hacer algunas observaciones para que la norma sea concordante con la norma constitucional. El artículo 7, numeral 1, literal A, considerar únicamente las particularidades culturales y lingüísticas es reducir a un pueblo milenario a una simple entidad de carácter cultural, eso es folclorizar o instrumentalizar. Los pueblos y las nacionalidades también somos sujetos colectivos históricos, con territorio, autoridades, derecho propio y autogobierno. Por ello me permito proponer una nueva redacción. A, diseñar e implementar programas de prevención y erradicación de violencia basada en género, dirigidos a niñas, adolescentes, mujeres, adultas y adultas mayores en zonas rurales, considerando las particularidades culturales y lingüísticas, así como las condiciones económicas, sociales y territoriales y las formas propias de organización política y jurídica de cada comunidad, pueblo y nacionalidad, con respeto a sus derechos colectivos, autoridades, derecho propio y autogobierno, y garantizando la participación efectiva de las mujeres.

Esto desarrolla los artículos 57 y 171 de la Constitución y evita reducir la interculturalidad y plurinacionalidad a una simple concepción folclórica. El artículo 12, numeral 3, literal A. Esta disposición confunde dos derechos totalmente distintos. La consulta prelegislativa, que corresponde antes de adoptar medidas legislativas que puedan afectar derechos colectivos y la consulta previa, libre e informada, aplicable a los planes y programas de prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables en los términos constitucionales. Y para evitar esa confusión, propongo sustituir el literal por garantizar la consulta prelegislativa, antes de adoptar medidas normativas que puedan afectar derechos colectivos.

Y la consulta previa, libre e informada, antes de la implementación de planes y programas de prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables, mediante las instituciones representativas de sus titulares y con participación efectiva de las mujeres. El artículo 13, numeral 4, literal A. La expresión articulación con autoridades estatales no garantiza una relación entre dos jurisdicciones en igualdad de condiciones, tal como se consagra en la norma constitucional. Por ello, propongo establecer lo siguiente, garantizar la coordinación y cooperación entre la jurisdicción indígena y la jurisdicción ordinaria, en condiciones de igualdad, sin subordinación y dentro de sus respectivas competencias.

Esta relación debe respetar el derecho propio, la autonomía y garantizar la participación y decisión de las mujeres conforme al artículo 171 de la Constitución. Artículo 19, no se determina cuántas delegadas rurales integrarán el comité. Sin esa definición queda incierto el número de delegadas. Propongo incorporar las representantes de las organizaciones de mujeres rurales, tendrán una participación numérica, al menos equivalente a la representación institucional y serán elegidas por sus propias organizaciones. La ley debe fijar también su número o porcentaje. Propongo también fortalecer la autonomía económica de las mujeres rurales, mediante la optimización de los programas públicos existentes, facilitando capacitación, financiamiento, asistencia técnica y acceso a mercados, así como promoviendo la asociatividad y el apoyo interinstitucional para que creen empresas, generen ingresos y alcancen una vida digna e independiente.

Colegas asambleístas, fortalecer esta ley exige reconocer a las mujeres rurales como protagonistas de las decisiones y garantizar sus derechos. Que cada derecho tenga una vía para exigir, que cada obligación un responsable y que cada servicio los recursos para llegar a todas las zonas en donde habitan las mujeres rurales. Hay una deuda histórica del Estado ecuatoriano hacia las mujeres rurales y es la oportunidad y aspiramos que, posterior a que se apruebe, el Estado, a partir desde el Ejecutivo, asigne los recursos necesarios, porque con una herramienta jurídica únicamente no se puede plasmar y llevar a la práctica el contenido.

Muchas gracias a todos y todas.

colegas legisladores y a todo el pueblo ecuatoriano que nos sigue esta importante sesión. En primer lugar yo quiero reconocer que justamente este proyecto de ley tiene una importancia notable porque estamos tratando justamente de garantizar derechos y de promover el empoderamiento de mujeres valiosas como son las mujeres de la ruralidad, eso es indudable y por eso obviamente nos sumamos a realizar observaciones que vayan encaminadas en que este proyecto pueda llegar a culminar de una manera apropiada. Como asambleísta de Pichincha tengo la experiencia y sobre todo he palpado como las mujeres de la ruralidad de los siete cantones de la provincia de Pichincha, exceptuando Quito, pero también la experiencia de las parroquias rurales en las que las mujeres de alguna manera en agradecimiento a ese tema de la cosecha, a ese tema del intiraime, a ese tema de la producción, pues se empoderan de la cultura y la tradición de este país.

No me cabe la menor duda que esa experiencia también la vivimos todos quienes representamos a los ciudadanos en las distintas provincias del Ecuador. Estamos conscientes que la mujer rural es una mujer trabajadora, emprendedora, que tiene liderazgo y sobre todo tiene múltiples actividades que desempeña en el día a día, especialmente en tareas del hogar y sin contar el trabajo que tienen que asumir para poder sostener a las familias ecuatorianas. Por eso es que voy a realizar algunos planteamientos, observaciones a este proyecto y que van encaminados principalmente en el tema institucional, tal como está planteado actualmente el proyecto.

Quiero referirme a la creación del Comité Intersectorial para las Mujeres Rurales, en el sentido que el Comité tiene que ser una instancia de coordinación y articulación para que se pueda implementar de manera adecuada esta ley. Es necesario que se distinguan las responsabilidades que existen con otras instituciones del Ecuador, por eso se plantea, por lo menos desde el despacho al que represento, la eliminación de algunas atribuciones que constan en la ley, como son la consulta, la evaluación, el monitoreo y el acompañamiento a fin de evitar duplicidad o interferencia con las competencias, en este caso de lo que ya está conformado en el país, que son los Consejos Nacionales para la Igualdad.

Solamente como una pequeña explicación, el Reglamento General de la Ley Orgánica de los Consejos para la Igualdad ya establece algunas estructuras, entre las que están las de género, las de intergeneracional, la de pueblos nacionalidades, de discapacidades y de movilidad humana. Por eso es importante que se optimice cuáles son las competencias que tienen cada una de las instituciones para no caer en este sentido de duplicidad y de competencias que tienen cada una de las instancias del nivel público. También se establece la presidencia del Comité, creo prudente que esta estructura que se va a formar de alguna manera tiene que aterrizar en algo que sea funcional para que puedan cumplirse los objetivos para los cuales está destinada esta ley de empoderamiento hacia las mujeres de la ruralidad.

En este sentido, y concordando con lo que se estableció en el Decreto Ejecutivo 467, en el sentido de unificar varias instancias, sobre todo de la creación de cinco secretarías del Ejecutivo, puntualmente la Secretaría de Administración Pública, Planificación y Gabinete, quien es la que coordina la política justamente del Gabinete y de las empresas públicas, debería ser el presidente que debe presidir esta estructura que va a fortalecer a las mujeres de la ruralidad. Vuelvo a recalcar, es sobre todo porque se maneja la política pública y se realiza el análisis de la planificación en el país.

De igual manera, se determina que la Secretaría, que va a ser un ente de apoyo hacia esta estructura, este comité, debería ser seleccionado justamente por quien va a presidir este comité intersectorial. Puntualizando en el artículo 19, al referirnos a los integrantes del comité, es importante también realizar una aclaración, que actualmente se establece que van a existir representantes de organizaciones de mujeres rurales, pero no se establece exactamente el número y quienes van a participar o de qué manera va a estar conformado este comité. Tampoco se establece cuáles son las organizaciones que representan a las mujeres rurales o a los distintos sectores, sean interculturales, sean de montuvios, etcétera, que van a participar en la conformación de este comité.

Por esta razón, se establece una propuesta para que esta funcionalidad pueda ser disminuida y sobre todo tenga tres representantes institucionales para evitar una estructura sobredimensionada en cuanto al manejo del sector público. Y de igual manera tenga tres representantes de las mujeres rurales, las cuales deberán ser seleccionadas tal como se establezca en un reglamento. Esa es la manera de construir las leyes, determinando exactamente los espacios y quiénes son los que van a intervenir en cada uno de estos cuerpos de las estructuras de las instituciones públicas. Nosotros vemos en la propuesta que existen otras instituciones que se les ha incorporado a este comité, pero creo que es innecesario que exista una estructura amplia y cuando hablamos por ejemplo de los GATS, de lo que aquí algunos colegas han mencionado, y también de otras instituciones públicas, no se quita el derecho que puedan ser invitadas y puedan ser parte de temas puntuales dependiendo las sesiones que se tomen con este comité.

Pero lo que no se puede establecer es que exista una estructura amplia, grande, en donde lo único que se puede hacer es a veces entorpecer el desenvolvimiento de cada una de las sesiones. Obviamente de esta estructura que se plantea deberían tener derecho a voz y voto. En la propuesta puntual estamos estableciendo de que los representantes de las instituciones del Estado puedan ser el delegado o la máxima autoridad de la Secretaría de Planificación Nacional, de igual manera el ente elector de la política agropecuaria y sobre todo el Consejo Nacional para la Igualdad de Género, que es lo que les había mencionado y ya existen actualmente en el país.

Los tres representantes de las mujeres rurales serán seleccionadas con un procedimiento participativo, como les decía anteriormente, basados en un reglamento que norme esta ley. Cuando nos referimos al tema de las sesiones, es importante establecer que las sesiones deberían ser establecidas para formar los quórums y se puede establecer cuatro integrantes que sean los que soliciten la instalación de las sesiones. Las convocatorias deberán ser también realizadas por la presidencia con iniciativa propia o en su defecto por la solicitud de al menos dos integrantes del comité. Finalmente, en este sentido de las sesiones, se establece eliminar el régimen de sanciones por la inasistencia, ya que las autoridades públicas y los representantes que estarían conformando este comité tienen condiciones jurídicas distintas.

No es posible que se quiera sancionar hasta llegar posiblemente a juicios políticos por entes que de alguna manera no han asistido a las sesiones. Creo que esa es una diferencia de representar al sector público con quienes van a representar a la ciudadanía desde la representación de las mujeres rurales. En cuanto al artículo 20, se establece una eliminación ya que los objetivos que plantea el artículo prácticamente estarían en contraposición de lo que ya manda el artículo 18, que determina cuáles son las funciones del comité. Creo en lo personal que este articulado estaría de más o estaría prácticamente redundando en cuáles son las funciones y objetivos del comité.

En el artículo 22, también se establece que las funciones del comité se deberían limitar para temas de coordinación y articulación interinstitucional. También se debería eliminar las atribuciones que impliquen la rectoría, dirección, planificación, ejecución y evaluación o control sobre las entidades competentes, ya que esto, vuelvo a repetir, estaría de alguna manera contrapoyéndose a las funciones que ya tienen otras estructuras del Estado. No se quita la facultad de que se puedan incorporar otras funciones, como por ejemplo, dar seguimiento a la implementación de la ley, promover el intercambio de información, conocimientos, experiencia y buenas prácticas.

De igual manera, incentivar el mecanismo de diálogo y participación con las mujeres rurales y las organizaciones como tal. En las funciones de la presidenta del comité, también se debería eliminar atribuciones que implican la dirección de políticas públicas. Las funciones de la presidenta deberían trasladarse a la conducción interna del comité, a la convocatoria y direcciones de las sesiones y deliberaciones, establecer propuestas del orden del día y facilitar acuerdos y formalizar las decisiones. Yo voy a hacerles llegar estas observaciones por escrito a la presidenta y a los integrantes de la comisión, que han realizado un trabajo decidido sobre todo en fortalecer a las mujeres de la ruralidad y siempre pensando en construir una propuesta que va en beneficio de todos quienes van a ser beneficiados de estas leyes.

Simplemente para finalizar y coincidiendo con la exposición de la presidenta de la comisión, la ONU señala que las mujeres y sobre todo las mujeres rurales son agentes claves para conseguir los cambios económicos, ambientales y sociales para el desarrollo sostenible del mundo y de ahí la importancia de traer este tema que vuelvo a repetir, creo que va a tener una alta trascendencia siempre y cuando se adopten con las observaciones planteadas en este pleno. Hasta ahí mi intervención, muchísimas gracias, un buen día para todos.

Esta bancada es una bancada que escucha y que cree en la pluralidad y que nada ni nadie debe estar por encima de este proyecto de ley. Por eso, en consideración de todas las observaciones que han sido presentadas durante este debate y en razón de lograr un texto que sea llevado con consenso a favor de las mujeres rurales, solicito que se proceda conforme el artículo 61 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y se suspenda este orden del día a fin de que el informe regrese a la comisión y se analice la incorporación de todas las observaciones aquí presentadas.

En caso de que sea necesario, en este momento procedo a retirar la moción para que se tome en cuenta lo aquí solicitado.

Muchas gracias. En razón de esto se suspende el debate y de acuerdo al artículo 61 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa se suspende el punto del orden del día a fin de que la comisión analice la incorporación de los cambios sugeridos en este pleno. Señor secretario, siguiente punto del orden del día.

Tercero, conocer y resolver respecto del memorando AN-CGAD-2026-02-90-M.

Señor secretario de lectura del memorando respectivo.

Con su autorización, señora Presidenta, procedo a dar lectura del memorando AN-CGAD-2026-0290-M. Asunto, remisión de la resolución 0011-CGAD-2025-2027, mediante la cual se solicita la ampliación del plazo para la presentación del informe final de fiscalización sobre los presuntos incrementos injustificados en los patrimonios de alcaldes, alcaldesas, prefectos y prefectas. De mi consideración, con auténtico y real saludo, en mi calidad de Presidente de la Comisión Especializada Permanente de Gobiernos Autónomos de Centralización, Competencias y Organización del Territorio, y de conformidad con lo establecido en los artículos 26, numeral 3 y 7 y 27, numeral 8 de la Ley Orgánica de la Asociación Legislativa, tengo a bien remitir la resolución 001-CGAD-2025-2027, aprobada por el Pleno de la Comisión en la sesión ordinaria 107, celebrada el 16 de septiembre de 2026, en modalidad presencial, mediante la cual esta comisión resolvió, entre otros aspectos, solicitar al Pleno de la Asamblea Nacional, por intermedio de la Presidencia de la Institución, la concesión de una ampliación del plazo de 10 días adicionales, al plazo fijado en el artículo 3 de la resolución 2025-2029-095, para la elaboración, aprobación y presentación del informe final del proceso de fiscalización sobre los presuntos incrementos injustificados en los patrimonios de alcaldes, alcaldesas, prefectos y prefectas.

Por lo expuesto y de conformidad con el artículo 2 de la referida resolución, solicito conmedidamente a usted disponer la inclusión de la presente solicitud de ampliación de plazo en el orden del día de la siguiente sesión del Pleno de la Asamblea Nacional, a fin de que el máximo órgano de decisión conozca y resuelva sobre la prórroga requerida. Es importante señalar que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 3 de la resolución 2025-2029-095, de 23 de junio de 2026, el plazo otorgado a esta comisión para la elaboración, aprobación y presentación del informe final de fiscalización es de 90 días contados a partir de la notificación de la misma, la cual se realizó el 1 de julio de 2026, plazo que se encuentra próximo a vencer, por lo que solicito de la manera más cordial y amable que el Pleno de la Asamblea Nacional trate y resuelva la presente solicitud de ampliación de plazo con la mayor celebridad posible antes de que opere su caducidad.

Consentimiento, distinguida consideración, atentamente, Cristian Andrés Benavides Fuentes, Presidente de la Comisión Especializada Permanente de Gobiernos Autónomos de Centralización, Competencias y Organización del Territorio. Hasta aquí la lectura, señora Presidenta.

Un saludo especial a todo el pueblo ecuatoriano que está vigilante de este debate y de este pedido que lo hacemos formalmente el día de hoy. El 8 de julio abocamos conocimiento en la comisión de esta resolución que fue emitida por el Pleno de la Asamblea Nacional y con la votación de sustento que a través de la resolución número 095-2025-2029, en la que se dispone que sea nuestra comisión de gobiernos autónomos, descentralización y competencias, que revisemos el aumento patrimonial de las 245 autoridades, llámese prefectos y alcaldes del país.

Es de conocimiento público también que hubo un proceso de transición debido a la renuncia de la anterior presidenta de la comisión que ahora presido y que durante este tiempo hemos realizado con el equipo técnico la transversalización de toda la información que ha venido llegando y que tiene un carácter de reservado y que así lo hemos tratado dentro de la comisión. En ese sentido, nosotros estamos realizando un trabajo técnico, un trabajo profesional. pues las fórmulas matemáticas que son prácticamente fórmulas establecidas por la Contraloría General del Estado, el Servicio de Rentas Internas, el resto de entidades, faculta para que nosotros podamos tener una visión estratégica y clara, pero que necesita ser unificada en el informe.

En ese sentido, luego de haber hecho los alcances, yo asumo el 19 de agosto como presidente de la comisión, gracias al voto unánime de todos quienes son parte de esta importante comisión y con fecha 8 de septiembre hemos aprobado una hoja de ruta. Una hoja de ruta que nosotros le estamos dando fiel cumplimiento porque es una disposición de la comisión y de los miembros que son parte de la misma. Desde allí, nosotros hemos venido trabajando, realizando comparecencias, sesiones reservadas, requerimientos de información y dentro de los requerimientos de información, debo manifestar que se ha hecho un alcance, una petición adicional porque la información preliminar que fue remitida es bastante extensa, pero también un poco no tiene los alcances que nosotros hubiésemos anhelado.

Hicimos un nuevo pedido de información y por cumplirse el tiempo establecido en el artículo 75 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa que establece un tiempo en el cual las autoridades tienen la opción de presentar estos descargos, esta información y recurriendo ese tiempo pues sobrepasa el tiempo del informe. Por esa razón es el pedido porque ellos están dentro de la ley, me refiero al Servicio de Rentas Internas, me refiero al Consejo de la Judicatura y Fiscalía que aún faltan remitir algunos documentos que hemos solicitado y que son fundamentales para terminar y pulir este informe que será presentado al Pleno de la Asamblea Nacional.

En base de ello, una moción que me he permitido enviar a través de DTS y de igual manera una resolución para que se nos permita el tiempo de 10 días adicionales al plazo establecido que fenece el día 29. Comentarles que nosotros tenemos ya un informe borrador, únicamente el tiempo es para poder recibir esta información y generar una trazabilidad que sustente y que evite dilaciones o algún cambio que pueda efectuarse dentro del informe en la semaforización que tenemos de las distintas autoridades. Tengan la fe, la certeza de que se está haciendo un trabajo técnico, un trabajo que evidentemente lo estamos haciendo de una manera transparente, abierta y pública en su momento, así deberá ser.

Esta resolución de la comisión, debo comentarles que fue tomada o fue un pedido hecho por unanimidad de los miembros de la comisión, de las dos bancadas. Así que en ese sentido, pues acudo al Pleno para que se nos faculte este tiempo y nosotros podamos entregar el informe en lo que hemos solicitado 10 días adicionales al plazo respectivo. Sin más que decir simplemente, señora Presidenta, está enviada la solicitud a través de DTS y por tanto solicito al Pleno de la Asamblea Nacional este tiempo adicional para poder presentar el informe respectivo de la comisión que presido.

Muchísimas gracias, un abrazo a todas y todos los legisladores.

...ha sido ingresada por escrito a esta secretaría.

Señores asambleístas, ¿tiene apoyo la moción? Señor secretario, dé lectura de la moción presentada y tome votación.

Procedo a dar lectura del Memorando N-CGAD-2026-0293-M. Asunto. Moción para conceder la ampliación de plazo de 10 días adicionales para la presentación del informe final de fiscalización dispuesto mediante resolución 2025-2029-095. De mi consideración, señora Presidenta, señoras y señores asambleistas. En mi calidad de asambleista y presidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos, Decentralización, Competencias y Organización del Territorio, al amparo de los puestos en los artículos 130 y 135 de la Ley Orgánica de la Ofición Legislativa que reconocen el derecho de las y los asambleistas a presentar mociones dentro de los debates del Pleno y en atención al Memorando, mediante el cual la Comisión Especializada Permanente de Gobiernos Autónomos, Decentralización, Competencias y Organización del Territorio, remite la resolución 0011-CGAD-2025-2027, aprobada por unanimidad, presento a consideración del Pleno la siguiente moción.

Que se apruebe la resolución adjunta, mediante la cual se conceda a la Comisión Especializada Permanente de Gobiernos Autónomos, Decentralización, Competencias y Organización del Territorio, una ampliación de 10 días adicionales al establecido en el artículo 3 de la Resolución 2025-2029-095, de 23 de junio de 2026, para la elaboración, aprobación y presentación del informe final del proceso de fiscalización sobre los presuntos incrementos injustificados en los patrimonios de alcaldes, alcaldesas, prefectos y prefectas. Con sentimiento de distinguida consideración, atentamente, Cristian Benavides, Presidente de la Comisión Especializada Permanente de Gobiernos Autónomos, Decentralización, Competencias y Organización del Territorio.

Hasta aquí, la lectura de la moción. Señores asamblistas, por favor, registrar su participación en las currules electrónicas, de existir alguna novedad, por favor, informar a esta Secretaría.

Me permito informar, señora Presidenta, que contamos con 147 asambleístas registrados. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción presentada por la asambleísta Cristian Benavides. Señores asambleístas, por favor consignar su voto.

Señor operador, presente los resultados. Señora presidenta, me permito informar que de un total de 147 asambleístas presentes contamos con 82 votos afirmativos, 62 votos negativos, 0 blancos y 2 abstenciones. Ha sido aprobada la moción presentada por la asambleísta Cristian Benavides.

13 horas con 12 minutos.