Gracias, señor presidente. Creo que es importante hablar con la verdad. Le he revisado en lo que más me ha sido posible todos y cada uno de los contenidos de este proyecto de ley. Es falso, de falsedad absoluta, que se pretenda desproporcionar, aumentar las penas respecto de la justicia juvenil. Me parece que hay que hablar con pertinencia, hay que hablar con seriedad y hay que hablar, sobre todo, con honestidad. Esto lo digo en relación a lo que he escuchado por parte del señor Blasco Luna, distinguido compañero, y del señor Ricardo Patiño.
Creo que es importante establecer, y todos los conocemos, que desde la Constitución del 2008, en concordancia con los instrumentos internacionales, no se puede, en este caso, generalizar la administración de justicia penal en relación a los adolescentes infractores. Ellos tienen una garantía constitucional que en el trance de lo que significaba objetos de protección a sujetos de derechos, nace la pertinencia de esta justicia especializada. Yo coincido, y tienen algo de acierto cuando reflexionan respecto de que la justicia especializada como tal para los adolescentes dentro del proceso de rehabilitación tiene que ser especializada.
Y el gobierno, concretamente el Ejecutivo, debe ponerle prioridad a lo que significa, en este caso, la administración de justicia especializada. Por supuesto que sí, estamos de acuerdo. María Anita Yumbay nos hizo una reflexión profunda respecto del incremento en un 631 a 640 por ciento de lo que significa la tasa de homicidio en relación a las víctimas como niños, niñas y adolescentes. ¿Es correcto aquello? Creo que es indispensable que en este momento nosotros pensemos en futuro. Por supuesto que sí. Que son el grupo de atención prioritaria que requiere mayor relevancia, por supuesto que sí, indudable.
Me parece que en esa determinación, cuando hablamos de pobreza, la pobreza en el contexto regional, la más afectada a la Amazonía, y dicho sea de paso también un territorio de frontera. Pero hay una cosa valiosa que hemos perdido, es que podemos generar en este caso un andamiaje sobre las propuestas que generan coincidencias. Y sí, estamos de acuerdo que un proceso cultural ha subsumido en este caso a quienes son presas fáciles. Normalmente el estudiante, en épocas duradas, cuando llegábamos a la escuela teníamos que llegar precisamente bien vestidos, bien arreglados, bien peinados, con su pañuelo, con su penilla, y con el temor de que el profesor nos llame la atención porque no hubiéramos cumplido los deberes.
Hoy es a la inversa, son los profesores los que tienen miedo respecto de determinadas conductas, de determinados adolescentes, porque si no cumplió las tareas le dice, tú no sabes en qué grupo estoy. Me parece que se han invertido los roles y es un tema indudablemente de cultura, que ha venido en este caso institucionalizándose y sobre la cual no podemos pasar por desapercibida la obligación que tenemos para orientar en este caso todo un cúmulo de leyes, correcto que sí, que tengan que articularse entre las que son de garantías penitenciarias, en aquellas que tengan que ver con la adecuación, incremento de penas, por supuesto que sí, con las administrativas sí, con las de salud sí, con las de educación sí, sí, pero también es indispensable que en esta determinación nosotros propiciemos esta normativa.
No es que estamos de gana, yo voy a tratar de generar esta discrepancia de esta apreciación, que hacemos leyes de gana. No, aquí no estamos equivocados. Pensarán ustedes así, pero no estamos obligados a pensar. ¿Que generemos coincidencia en algunas votaciones? Sí, pero esta no es una de aquellas. En esta nos está demandando el país que orientemos políticas y que sea a través de la normativa la que tenga que establecer en este caso la aplicabilidad de una política. Y es nuestra obligación dar el seguimiento y a través de la fiscalización para que esto se cumpla.
Cuando hablamos del derecho de reintegración respecto de aquellos que son víctimas de estos procesos de reclutamiento, estamos de acuerdo. Que en relación a la protección de entornos digitales, pues sí, es correcto. Es la narcocultura, es la música, las costumbres. Lo que ha imperado respecto de la formación de quienes les gusta la música, que les vincula con temas que están fuera del contexto, que normalmente no lo teníamos hace 30, 40, 50 años. No hay que confundir la libertad con el libertinaje. Y aquí no se está proponiendo de que se prive de los derechos que pudieran tener los niños o los adolescentes.
No, señores. Me parece que la idea fundamental es protegerlos. Y la mejor manera de protegerlos es precisamente disponer de las medidas que entre las juntas de protección, que entre los consejos cantonales de protección, que con el Sistema Nacional de Protección de la Niñez, puede establecerse políticas locales. Y aquí voy a hacer una pausa respecto de lo que significa la determinación de este tipo de políticas especiales que cada nivel de gobierno, en especial los GATS, tengan que asumir. El tema de violencia no es un tema únicamente del Estado central.
También lo es en este caso, respecto de los gobiernos descentralizados. No hace mucho se generó una alerta de amenaza a las poblaciones de sucumbíos y Orellana. Y había dicho que la mejor concurrencia es en relación a temas que deben relacionar la obligación moral que tenemos. Es cierto que no hay una obligación legal o un deber jurídico para actuar. Porque si le pasa algo al vecino, es el problema del vecino. Si le pasa algo al niño que no es mi hijo, pues no es mi problema. Me parece que en un término de comunitarismo y de una relación propia que debe tener, por supuesto, la sociedad, es pensable y por demás justificable el hecho de que debamos concurrir a que todos podamos unir.
Y ahora sí, endurecimiento de penas, por supuesto, pero ¿para quiénes son los malos? ¿Para quiénes utilizan a los niños? ¿Para quiénes se instrumentalizan para cometer delitos? Para ellos es el endurecimiento de las penas. Y hay dos tipos penales que hacen alusión a una conducta sobre el propósito de incluirlos en las estructuras o sobre el solo propósito de cometer un delito, cualquiera que fuere. Y la pena es severa. Sí, la pena es severa. 22 a 26 años. No para los adolescentes, sino para quienes instrumentalizan y usan a los niños y a los adolescentes.
Si ellos actúan sin piedad, de manera desproporcionada, lo menos que podemos hacer es responder con esa misma contundencia. Y no es populismo penal. Creo que ahí sí el Estado debe ser rígido en relación a la dureza con la que se debe operar. El 430.1 del Código Orgánico Integral Penal ya da esa posibilidad, porque es el miedo, es el terror que se siente cuando se denuncia un delito. Yo no quiero meterme en ese problema porque no es mi problema, es problema de otra familia. Pero se está generando la incidencia con la facultad que se le otorga a Fiscalía para disponer de los protocolos para que se pueda denunciar todos los delitos relacionados en esta normativa.
Y entre los cuales se incluye, por supuesto, el reclutamiento. Pero esta norma tiene que ser instrumentalizada por quienes somos ciudadanos de buena fe, con quienes actuamos pensando en la institucionalidad que debe tener Fuerzas Armadas y Policía Nacional, porque es la reserva. Y esta reserva es la que debe preestablecerse en función de la protección que deba darse a quien con deber estricto de moral y cívica denuncia este tipo de delitos. Y no me refiero únicamente respecto de aquellos relacionados con el propósito de esta ley, sino de aquellos también relacionados con malos administradores y malos actores políticos.
Se reforma el COTAF, también es necesario. Creo que en el marco de la circunscripción que cada nivel de gobierno tiene, se debe disponer, pues, de la recuperación que debe existir de los espacios públicos, de los parques, de la reactivación de los cursos recreacionales que deban tener, no sólo en periodo de vacaciones. Me parece que la conformación y el fortalecimiento de los consejos locales de seguridad debe ser una prioridad. Así es que aquellos que están de candidatos, candidatas para emergenciar o participar como candidatos, alcaldes o alcaldesas, deben tener en cuenta esta normativa para que sus propuestas se relacionen en función de estas facultades que en este caso se está confiriendo en este nuevo instrumento legal.
reformar lo que significa la ley orgánica de prevención del fenómeno socioeconómico de drogas. También es necesario. Muchos conocemos aquí cuáles colegios, cuáles establecimientos educativos ya están infestados. Ya no van a estudiar, van a comercializar sustancias sujetas a fiscalización. Y sí, en este mapeo de riesgo en el contexto educativo, por supuesto, hay nichos que ya están preestablecidos. Y no podemos permitir que volvamos a décadas pasadas. Me parece imperativo el hecho de que debemos, en este caso, generar la facultad para que estas normativas permitan la mejor garantía respecto de quienes desde hoy en adelante, que se escuche bien, los docentes, desde hoy en adelante, a través de esta normativa, tienen el deber jurídico de denunciar.
Ya no es solo un tema del Policía Nacional, ya no es solo un tema del profesional de la salud. Ahora, si un docente tiene conocimiento de un hecho delictivo de esta naturaleza y no actúa, estaría incurriendo en una omisión dolosa, porque de esta normativa jurídica, sepan ustedes, nace el deber jurídico de actuar. Finalmente, en una concurrencia que me parece pertinente, sí, la educación debe ser fortalecida. Y qué mejor que los incentivos, las becas, los estipendios y todo estímulo que tenga por objeto la recuperación, en este caso, de quienes víctimas de estos procesos no han podido continuar con sus estudios.
Finalmente, en lo que respecta a la Ley Orgánica de Cultura, han puesto un concepto, me parece interesante, lo que significa la cultura de paz. Para esta cultura de paz debe existir la voluntad de quienes compartimos este ideal. No votar a favor de este proyecto, siempre respetando el criterio y las objeciones que pudieran tener compañeros, me parece que no se justifique en función del mal que se está generando a nuestra sociedad. En tanto y en cuanto, en la responsabilidad que me corresponde como legislador, anuncio en este caso el voto a favor de este importante proyecto de ley.
No sin antes dejar en claro que respecto del cumplimiento de todos y cada uno de los postulados y en relación a la atención prioritaria para el amazónico y para el fronterizo, personalmente fiscalizaré respecto de aquellas políticas especializadas que el Ejecutivo deba disponer para mi provincia y para la Amazonía. Mi palabra, señor presidente. Gracias. Gracias.