Continuación de la Sesión No. 126-AN-2025-2029 del pleno de la Asamblea Nacional

de lo que ya veremos en los próximos minutos, Camila. Así es, Maritza, el orden del día que nos convoca el día de hoy, pues precisamente en la continuación de la sesión número 126 del Pleno de la Asamblea se conocerá y se resolverá respecto del informe para segundo debate del proyecto de la Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico Tributario. Y con respecto a la continuación de la sesión número 125, en primer punto se conocerá y resolverá respecto del informe para segundo debate del proyecto de la Ley Orgánica para garantizar los derechos y promover el empoderamiento de las mujeres rurales.

Como segundo punto se conocerá el debate y resolución respecto de la entrega de recursos no reembolsables destinados al fortalecimiento productivo, comunitario, turístico y artesanal de los pueblos y nacionalidades de Sierra Centro y Amazonía y de la suscripción de la Carta de Compromiso para el Financiamiento de Proyectos de Riego y Fortalecimiento Productivo en la provincia de Tunguragua. Como tercer punto el día de hoy en la continuación de la sesión número 125 se respaldará la Agenda de Crecimiento Ecuador 2040 presentada precisamente por el señor Presidente Constitucional de la República Daniel Novoa Asín en sus cuatro pilares.

Maritza.

Así es, Maritza, y precisamente nosotros ya contamos con las primeras reacciones. Vamos a conversar acerca de los detalles de este segundo debate del proyecto de la Ley Orgánica Reformatoria al Código Tributario. Ya nos acompaña la legisladora Nathalie Farinango, legisladora que gusta tenerla con nosotros en TVL. Quisiéramos conversar un poco más de detalles acerca de estas reformas tan importantes. Hablamos de un código que no se ha reformado desde el año 1975, son 50 años. Y por supuesto, el régimen tributario, el código tributario, tiene hoy nuevos problemas, nuevos dilemas que tiene que enfrentar.

¿Qué se propone dentro de este proyecto de ley para resolverlos? Bienvenida.

Bueno, efectivamente, el Código Tributario se aprobó el 23 de diciembre de 1975, tiene más de 50 años en vigencia y es necesario una actualización, porque se referencia a algunas normas jurídicas que ya dejaron de existir, como la ley de casación, ley de procedimiento civil, que todo se había ya configurado dentro del COGEP. Además, es importante que en la relación que existe entre contribuyentes y Estado haya mayor equidad y mayores garantías jurídicas para los contribuyentes. Esto es lo que busca principalmente estas reformas al Código Tributario.

Es importante señalar, asambleísta, que este proyecto también establece manuales, fichas técnicas, criterios internos y sobre todo también nuevas obligaciones. ¿Qué prácticas se busca entonces corregir en esta disposición y qué protección adicional también recibirán los contribuyentes?

Bueno, sí, actualmente algunas administraciones tributarias estaban queriendo legislar mediante manuales, fichas técnicas, circulares, cuando esto es una competencia y capacidad exclusiva de las y los legisladores. Queda prohibido que se pueda legislar o regular algún tema de impuestos o multas mediante estas fichas técnicas manuales y circulares, para brindarle nuevamente certeza jurídica, seguridad jurídica a los contribuyentes.

También se establecen nuevos plazos, esto es importante que la ciudadanía lo pueda comprender. Se habla de 180 días para resolver temas de quejas y también hasta un plazo de 120 días para reclamos. ¿Qué va a pasar cuando dentro de los sistemas no se acojan a estos plazos establecidos dentro del proyecto legislador?

Bueno, primero porque es importante poner plazos a las administraciones tributarias, porque ahora mismo que no tienen plazos, no resuelven los recursos, no resuelven los reclamos, queda esto indefinido, brindando la inseguridad jurídica a la gente. Es importante que hayan plazos determinados, 120 días para la devolución de pagos en exceso, 180 días para resolver recursos de revisión. Esto le brinda garantías al ciudadano, le brinda confianza en la administración pública y evidentemente cuando no exista esta solución o esta resolución por parte de la administración tributaria, pues tendrán las sanciones correspondientes.

Y también recalcar, legisladora, que lo que busca este proyecto de ley de alguna manera es equilibrar, es decir, proteger de alguna manera al contribuyente, pero también no quitarle esas facultades al Estado.

Por supuesto, el Estado es importante porque cumple un rol fundamental en la recaudación de impuestos, es importante que se cobre, pero sin violar ni vulnerar ninguna garantía para los contribuyentes. Los contribuyentes deben tener plazos claros establecidos a la hora de presentar reclamos, a la hora de que se les resuelvan recursos, deben tener garantías también a la hora de la notificación para que no inicie un proceso de coactivo o congelamiento de cuentas sin la notificación adecuada. Tener el derecho a la legítima defensa y el Estado no tiene que pelearse de ninguna manera con ningún derecho o garantía del debido proceso ya establecido en nuestra Constitución.

Finalmente, legisladoras, sus expectativas tras este segundo debate que será tan importante también para los ecuatorianos y las ecuatorianas.

Bueno, ha sido un proyecto que se trabajó en la Comisión más de un año, que reunió una serie de actores, desde actores del ámbito público, privado y algunos expertos en el ámbito tributario, todo en consonancia para devolverles los derechos y garantías a los contribuyentes y que espero hizo aprobación por parte de las y los colegas legisladores.

Muchas gracias, legisladora. Estaremos atentos al debate. Muy amable, gracias. Las palabras de la asambleísta Nathalie Farinango. Ella preside precisamente la Comisión de Régimen Económico donde se le ha dado tratamiento a esta ley orgánica reformatoria al Código Tributario. Nos contaba la legisladora que este código ha estado vigente desde 1975, es decir, no ha recibido las reformas desde hace 50 años. Y es por eso que lo que buscan es establecer una mayor seguridad jurídica con nuevos criterios internos que reúnen al SREI para que no se puedan crear estas nuevas obligaciones.

Y se establezcan también nuevos plazos para que la administración sea también más eficiente para los ciudadanos. Maritza, regresamos contigo.

...de la sesión número 126 AN 2025-2029.

Buenos días señora presidenta, señores asambleístas, por favor registrar sus currules de electrónica, si existiera alguna novedad, informar a esta secretaría y a cada uno de sus técnicos asignados.

Así es Maritza y el día de hoy el pleno de la Asamblea Nacional también conocerá y resolverá el informe para segundo debate del proyecto de la ley orgánica para garantizar los derechos y promover el empoderamiento de las mujeres rurales en Ecuador. Y para conocer más detalles acerca de este proyecto de ley vamos a conversar con la asambleísta Mónica Salazar que ya nos acompaña por aquí, legisladora que gusta tenerle con nosotros en TVL. Quisiera que nos comente por favor cuáles son los puntos más importantes que se incluyen en esta normativa que se va a debatir el día de hoy ante el pleno.

Bienvenida.

Creo que lo más importante, y gracias por la entrevista en primer lugar, es decir lo que no se incluyó. No se acogieron las observaciones que debidamente justificadas se presentaron y que dio lugar a los ocho días adicionales para que la Comisión de Garantías analice e implemente estas observaciones. Del texto que hemos revisado para este debate, lamentablemente 39 de 43 aspectos revisados continúan con alertas rojas y naranjas. Es decir, por ejemplo, incremento al gasto público, confunden las verdaderas competencias de las diferentes entidades públicas, desconocen la institucionalidad.

Definitivamente decisiones que más parece se tomaron desde el cálculo político que desde un análisis técnico y jurídico.

¿Qué es lo que va a pasar con el Comité Interinstitucional que dentro de este proyecto se propone con el fin obviamente de garantizar los derechos tanto en todos los frentes, que de alguna manera se ven vulnerados en lo económico, en lo social, en lo político, incluso en lo participativo para las mujeres que habitan en la ruralidad del Ecuador? Imagínese.

que este comité, que la misma ley lo plantea y lo describe como un órgano de apoyo, realmente lo han convertido en una estructura con gestión propia. Entonces, no cabe jurídicamente que cumpla dos funciones y han desnaturalizado el principio, han desnaturalizado el espíritu con el que presenté el proyecto de ley. Hace dos años ya se han tomado dos largos años para aparentemente trabajar en la construcción de esta ley y al fin otorgarle a las mujeres rurales una herramienta, pero una herramienta que realmente sirva y que se pueda aplicar.

Por eso mi voto hoy para este texto será en abstención.

Y entonces, sus expectativas, legisladora, ¿qué pasará en el Pleno el día de hoy?

Yo estoy consciente de quienes sí venimos a la Asamblea a analizar los documentos y todos los proyectos y todo lo que está relacionado con la aprobación de un proyecto de ley tan importante como este o cualquier otro proyecto de ley, lo hacemos de forma técnica, jurídica, de acuerdo a lo que nos establece la ley. Y seguramente todos los que estamos en esa postura debemos de votar en abstención o en contra de este texto. Una buena noticia a las mujeres rurales del país, ya tengo listo proyecto de ley, si es que no alcanza los votos este texto que realmente está desnaturalizado y es inaplicable e inconstitucional, automáticamente presentaré mi nuevo proyecto de ley que ya está solo para presentar en vendanilla.

Excelente, muchísimas gracias, asambleísta. Estaremos atentos al debate. Gracias. Las palabras del asambleísta Mónica Salazar con respecto a este proyecto de ley. Maritza, volvemos contigo.

El punto del orden del día. Cuando existan cambios en el texto final para votación, el ponente tendrá la obligación de indicar los mismos previo a la votación. Hasta aquí la lectura de lo solicitado.

Se reanuda el debate. Tiene la palabra la asambleísta Nathalie Farinango.

días colegas legisladores, buenos días por supuesto a la ciudadanía ecuatoriana que nos mira y que nos escucha. Cumpliendo con lo que determina la ley orgánica de la función legislativa, cumpliendo con el procedimiento legislativo, la Comisión de Régimen Económico y Tributario analizó y votó un texto final del proyecto de ley orgánica al Código Tributario. Y quiero destacar que en este texto definitivo, colegas legisladores, se recogió observaciones y aportes de diversos colegas, no sólo de colegas con los que comparto bancada. Esto demuestra que cuando existe apertura al diálogo y la capacidad y entender sobre todo la capacidad para que siempre las normas en todo momento son perfectibles, se pueden construir leyes, sobre todo códigos más pertinentes, más responsables y más adecuados a la realidad ecuatoriana.

Y eso es precisamente lo que hemos hecho desde la Comisión de Régimen Económico y Tributario y su regulación y control. Desde el inicio del tratamiento de esta reforma, ya hace más de un año, hasta la aprobación por parte de la Comisión del texto final, con las observaciones presentadas por los colegas legisladores en el debate del segundo debate. Se han acogido más de 21 observaciones que permitieron corregir, precisar y depurar el articulado. Además, se eliminaron disposiciones que generaban dudas jurídicas o que resultaban no adecuadas para el propósito que tiene esta reforma, que es buscar una relación jurídica más equitativa y más justa entre Estado y contribuyentes.

Y quiero reconocer los aportes de las y los asambleístas que participaron en el debate y que además remitieron por escrito esas observaciones a la Comisión. Sus propuestas, colegas legisladores, permitieron mejorar el texto, incorporar criterios para precisar el alcance de la norma, corregir errores de técnica legislativa y fortalecer las garantías de las y los contribuyentes. Debemos, colegas legisladores, tener la responsabilidad y la capacidad para proponer, sí, pero también la madurez para escuchar y rectificar. Y eso hicimos con el texto final. Señora Presidenta, colegas legisladores, sobre todo la ciudadanía ecuatoriana que se preguntará de qué se trata esta reforma.

Y es algo que debe unirnos a todos, la relación entre el Estado y los contribuyentes y que esto se desarrolle con reglas claras, procedimientos oportunos y el respeto a la certeza y seguridad jurídica. En primer lugar, fortalecemos el principio de legalidad tributaria. El texto definitivo establece límites claros para las administraciones tributarias. Las fichas técnicas, los manuales, los instructivos, los comunicados internos, los circulares no pueden crear, modificar ni extinguir obligaciones o beneficios tributarios. Se acabó el querer legislar por medio de circulares, una facultad y una competencia exclusiva de la Asamblea Nacional.

Las obligaciones de los ciudadanos no pueden depender de interpretaciones internas o de disposiciones que no tengan respaldo normativo correspondiente. La ley debe ser conocida, pública y previsible, y la administración debe actuar dentro de los límites que la propia ley establece. En segundo lugar, se fortalece los derechos de los contribuyentes en materia de notificaciones y derecho a la defensa. La reforma prioriza el medio electrónico señalado por el contribuyente y establece la obligación de notificar mediante el buzón electrónico y los correos registrados para el trámite. Una notificación no debe convertirse en una sorpresa ni en una trampa procesal.

El ciudadano debe tener una oportunidad real de conocer actuaciones administrativas que puedan afectar sus derechos. Y también el derecho a reclamar debe quedar limitado dentro de nuestra legislación. También ampliamos la posibilidad de presentar reclamos contra los actos administrativos tributarios. Y pongan atención a aquello, colegas legisladores, porque es una mejora importante. El derecho a reclamar no debe quedar limitado exclusivamente a actos de determinación, sino que se puede o se debe más bien permitir reclamar contra todo acto administrativo tributario. Y esto plantea esta reforma. En tercer lugar, esta reforma busca que los procedimientos tengan plazos claros y que las respuestas de la administración no se prolonguen indefinidamente.

Se establece un plazo de 120 días para las devoluciones por pago en exceso, en los términos previstos en el texto definitivo. Se fijan reglas para suspender los plazos de resolución de reclamos y se establece un plazo de 180 días para que las administraciones tributarias puedan resolver los recursos de revisión. Además, se mantiene expresamente el deber de emitir una resolución motivada. La falta de respuesta no puede convertirse en una excusa de la administración para que se desentienda de sus obligaciones. En este sentido, establecer plazos no significa garantizar automáticamente que toda petición sea aceptada.

Lo que significa es que los procedimientos deben tramitarse conforme a la ley, con reglas conocidas y consecuencias jurídicas definidas. En cuarto lugar, se mejora el tratamiento del recurso de revisión. El texto definitivo determina que cuando el interesado lo solicita y se cumplen con los requisitos legales, con los causales que determina la normativa, la administración debe admitirlo, tramitarlo y resolverlo. Esta reforma beneficia tanto a los contribuyentes como a la institucionalidad. Una administración tributaria que responde con fundamentos fortalece la confianza ciudadana. Una administración tributaria que acumula expedientes y mantiene a los ciudadanos esperando indefinidamente debilita esa confianza ciudadana.

Y aquí voy a ponerle énfasis porque muchos colegas legisladores se referían a que cuando la administración tributaria no responde en los 180 días de plazo, va a aplicarse el silencio administrativo negativo. ¿Y por qué, colegas legisladores? Por la naturaleza del recurso de revisión. El recurso de revisión es un recurso extraordinario que sólo puede acogerse por determinadas causales. Pero ¿por qué es importante que sí se aplique un silencio administrativo? ¿Por qué ahora mismo en promedio se demora en resolver un recurso de revisión más de 480 días?

O como no hay un plazo determinado, sencillamente no lo resuelven. Y cuando el contribuyente quiere ir a reclamar vía jurisdiccional, ¿qué le responde? Que tiene que agotar todas las vías administrativas. El silencio administrativo le da certeza jurídica al contribuyente, no le quita responsabilidad de ninguna manera a la administración tributaria. Ya sentencias de la Corte Constitucional han dicho que los silencios administrativos son ficciones jurídicas y que tienen que estar motivadas. Y en el caso de existir también existen sanciones para aquellos funcionarios que dejaron pasar el tiempo y que haya ese silencio administrativo.

Pero nuevamente, lo que sí brindamos seguridad jurídica al contribuyente para que pueda acceder a vía jurisdiccional en el caso de que la administración tributaria en los 180 días no le haya resuelto el recurso de revisión. En quinto lugar, damos mayor claridad al procedimiento coactivo. La reforma permite que las excepciones puedan presentarse ante el juzgador o ante el ejecutor. La elección del coactivado, conforme a las reglas establecidas en esta reforma, así también atribuye al juez el tratamiento de las medidas cautelares en los términos previstos en la ley.

La coactiva, colegas legisladores, es una herramienta legítima del Estado para recuperar obligaciones tributarias, pero su legitimidad exige procedimientos claros, notificación oportuna y respeto al derecho a la defensa. La eficiencia en el cobro no puede estar reñida de ninguna manera con las garantías jurídicas de la gente. También es importante destacar que se han eliminado disposiciones que no debían incorporarse al texto final, por eso al inicio de mi intervención me refería a la importancia de construir textos responsables y rectificar cuando sea necesario. Se descartó la responsabilidad de declarar de oficio a la prescripción en la acción de cobro y se eliminó la propuesta que vinculaba a la ejecutoria administrativa con el vencimiento de plazo para demandar judicialmente.

Se retiraron varias reformas al COGEP que podían generar duplicidades o inconsistencias y asimismo se acogieron varias observaciones de los colegas legisladores dichas y descritas expuestas en este pleno. Señores legisladores, señora presidenta, la seguridad jurídica importa. Los ciudadanos tienen derecho a conocer las reglas que se les aplica. La administración tributaria debe actuar con fundamento legal. Los reclamos merecen respuestas oportunas y el Estado puede ejercer sus facultades sin desconocer las garantías de las personas. Esto no es una reforma para debilitar la capacidad del control del Estado, es una reforma para ordenar procedimientos, actualizar normas, evitar duplicidades y procurar que las facultades públicas se ejercen de manera transparente, previsible y responsable.

Lo que debemos defender es un sistema tributario en el que se cumpla lo que determina la ley, en donde se respeten los derechos y exista certeza jurídica, seguridad jurídica para todos. Invito a las y los colegas asamblistas a valorar el resultado completo que hemos hecho en la Comisión de Régimen Económico. A valorar el texto íntegro, más allá de cualquier diferencia o disposición que consideren polémica. Las diferencias políticas son legítimas y se las puede mantener, pero este texto beneficia a la ciudadanía. Señora Presidenta, he presentado ya la moción a través de Secretaría General que busca la aprobación del texto final del proyecto de ley reformatoria al Código Tributario, que con la aprobación de esta Asamblea Nacional y con la publicación del registro oficial, luego de 50 años va a actualizarse y será el Código Orgánico Tributario.

Gracias, señora Presidenta. Gracias, colegas legisladoras.

La moción presentada por la asambleísta Natalie Farinango ha sido ingresada por escrito.

Sí, señora presidenta. La moción ha sido ingresada por escrito a esta secretaría.

señores asambleístas, tiene apoyo la moción señor secretario de lectura de la moción presentada y tome votación

Procedo a dar lectura y tomar votación de la moción presentada. Memorando a N-CRT-2016-0304-M. Asunto. Moción. Aprobación del texto final del proyecto de la ley orgánica reformatoria al Código Tributario. De mi consideración. Con atento saludo me dijo a usted en mi calidad de Presidente a la Comisión Especializada Permanente del Régimen Económico y Tributario y Supervolución y Control en marco del punto 1 del orden del día de la continuación de la sesión 126 AN-2025-2029 del Pleno de la Asamblea Nacional, cuyo objeto es conocer y resolver respecto al informe para segundo debate del proyecto de la ley orgánica reformatoria al Código Tributario en virtud de lo que determinan los artículos 61 y 135 de la ley orgánica a la opción legislativa.

Me permito presentar la siguiente moción. Aprobar el texto final del proyecto de la ley orgánica reformatoria al Código Tributario. Solicito que esta moción se apueste en consideración del Pleno de la Asamblea Nacional para su votación. Consentimiento, distinguida consideración. Atentamente, Nathalie Farinango, Presidenta de la Comisión Especializada Permanente del Régimen Económico y Tributario y su regulación y control. Hasta aquí la lectura de la moción. Señores asambleístas, por favor, registrar su participación en las curvas electrónicas. Si no existe alguna novedad, por favor, informar a esta secretaría.

Es importante mencionar que las reformas al Código Tributario se basan en cinco ejes. El primero es la modernización. Cabe destacar que el Código se escribió en 1975 antes de los trámites electrónicos y del COGEP y hoy este genera contradicciones. Ahora las notificaciones en casillero judicial o electrónico se recibirán y en lugar de este, el domicilio procesal, la armonización con el COGEP será lo que se espera. En cuanto al eje número dos, esperan también reglas más claras. La administración ya no podrá crear obligaciones mediante criterios internos, manuales o fichas técnicas.

Se espera ahora que toda obligación deberá constar en normas publicadas. El eje número tres son los plazos ciertos, es decir, que el Estado también tendrá plazos que cumplir. Los reclamos resueltos tendrán que ser resueltos precisamente en 120 días hábiles. La revisión resuelta en 180 días, ya que hoy no cuentan con un plazo de atención. La idea es que la devolución del pago no cumpla un exceso de más de 120 días hábiles. El cuarto de los ejes son la menor cantidad de los trámites. Los errores se corrigen sin empezar de cero y las devoluciones no requieren de otro proceso.

La idea es generar correcciones de errores de nombres, escrituras o cálculos sin nuevos procedimientos, devoluciones dispuestas en el mismo acto y notificaciones electrónicas. Esto con la idea de agilizar los trámites. El quinto eje también es el debido proceso. Se fortalece el derecho a la defensa y el control judicial. Esto establece 20 días para presentar excepciones en la coactiva ante el juez o el ejecutor. El control judicial de medidas cautelares, el recurso de revisión extendido a todos los administradores tributarios. Y finalmente, cabe recalcar que también la ley ha sido construida tras un debate precisamente ejecutado.

El texto escuchó y se corrigió durante su trámite. Se ejecutó precisamente con seis votos en la Comisión de Régimen Económico. Se recibieron 21 observaciones incorporadas y cinco reformas eliminadas. Maritza.

a cerrar el registro, damos la bienvenida al octavo grado de la unidad educativa Vicente Antaguirre de la ciudad de Riobamba, al séptimo grado de la unidad educativa FAE número uno de la ciudad de Quito y al sexto grado de la unidad educativa Liceo Policial de Quito. Bienvenidos a todos los niños y niñas.

Señora Presidenta, que contamos con 147 asambleístas registrados, se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción presentada por la asambleísta Natalia Farinango. Señores asambleístas, por favor consignar su voto.

Parte del informe también señala que es necesaria la armonización entre el Código Tributario y el Código Orgánico General de Procesos. Las diferencias entre las disposiciones legales causan tensión normativa entre la ejecutoriedad reconocida por el Código Tributario y las garantías procesales previstas por el Código Orgánico General de Procesos, que habilitan precisamente la ejecución de los actos administrativos por parte de la autoridad tributaria, aun cuando no hubiera prescrito el plazo para proponer acciones contenciosas tributarias. Es indispensable, por ello, que las normas que establecen las reglas procesales para las notificaciones de los actos administrativos garanticen el derecho de los administradores a conocer el contenido de estos, de tal forma que la notificación cumpla su finalidad real.

De esta forma, se garantiza el debido proceso y el derecho a la defensa, se genera certeza, seguridad jurídica y se refuerza el principio de confianza legítima, a la vez que se evita la discrecionalidad y arbitrariedad.

Así es Maritza y bueno avanza la votación como podemos observar en pantalla ya son 83 los votos afirmativos y cabe recalcar que otra falencia de la norma actual es que contiene un vacío procesal en relación con el momento en el que debe empezar a contabilizarse el plazo que tiene la administración tributaria para resolver el reclamo y ahora el secretario va a proclamar los resultados de la votación.

Un total de 147 asambleístas presentes. Contamos con 83 votos afirmativos, 60 votos negativos, 0 blancos y 4 abstenciones. Ha sido aprobada la moción presentada por la asambleísta Nathalie Farinango.

de Nathalie Farinango.

Gracias, señora presidenta. Gracias a todos los colegas legisladores que aprobaron esta reforma. Señora presidenta, pido la reconsideración de la votación.

Señor secretario, por favor tome votación de la reconsideración.

Señores asambleístas, por favor, registrar su participación en las curvas electrónicas. Si existe alguna novedad, por favor, informar a esta secretaría.

A continuación se realizará la reconsideración de los votos según el artículo 145, el cual dicta que cualquier asambleísta podrá solicitar sin argumentación la consideración de lo aprobado o improbado por el Pleno de la Asamblea Nacional, el Consejo de Administración Legislativa o por las comisiones especializadas en la misma o la siguiente sesión. La reconsideración se aprobará por mayoría absoluta del Pleno de la Asamblea Nacional, del Consejo de Administración Legislativa o de las comisiones especializadas. No podrá pedirse la reconsideración de lo que ya fue reconsiderado.

Así es, también incluye la disposición en su artículo número dos, que se sustituya la denominación tribunales distritales fiscales por tribunales distritales de lo contencioso tributario.

47 asambleistas registrados. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la reconsideración presentada por la asambleista Nathalie Frenango. Señores asambleistas, por favor consignar su voto.

Asimismo, también se establece que ningún reglamento podrá modificar o alterar el sentido de la ley, ni crear obligaciones impositivas o establecer exenciones no previstas en ellas. En ejercicio de esta facultad, no podrá suspenderse la aplicación de leyes adicionarlas, reformarlas o no cumplirlas, a pretexto de interpretarlas siendo responsable por todo abuso de autoridad que se ejerza contra los administrados, el funcionario o autoridad que dicte la orden ilegal.

Señor operador, presente los resultados. Señora Presidenta, me permite informar que en un total de 147 asambleistas presentes contamos con 61 votos afirmativos, 83 votos negativos, 0 blancos y 3 abstenciones. No ha sido aprobada la reconsideración presentada por la asambleista Nathalie Farinango.

Señor secretario, certifique si existen puntos adicionales en el orden del día de la presente sesión.

Señora Presidenta, cumplo con certificar que se ha agotado el orden del día.

Se clausura la presente sesión.

Se toma nota, señora Presidenta, se clausura la sesión siendo las 10 horas con 55 minutos.

se instalará a las 11 horas.