Gracias, señora presidenta, colegas legisladores, pueblo ecuatoriano, buenos días. Quiero iniciar esta intervención enviando un abrazo cercano y fraterno a mis hermanas y hermanos ecuatorianos residentes de Europa, Seguicenía, a quienes tengo el honor de representar en esta Asamblea Nacional. Y a todos nuestros compatriotas de dentro, fuera de nuestra patria, luchan cada día por construir una vida digna para cada uno de nosotros. Hoy abordamos un tema que debe conmovernos profundamente. Estamos hablando de una de las expresiones más crueles de la vulneración de los derechos humanos. La trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes.
Dos delitos distintos que tienen consecuencias similares, lamentablemente devastadoras. Que nos recuerdan hasta dónde puede llegar la crueldad humana cuando la vida y la dignidad de las personas son convertidas en un negocio. Detrás de la trata de personas existen niñas, niños y adolescentes engañados y sometidos a la explotación sexual. Hombres y mujeres privados de su libertad. Trabajadores obligados a soportar condiciones inhumanas. Personas sometidas a servidumbre, familias enteras, cuyas vidas han sido destruidas por organizaciones criminales. Desenriquecen a cosas el sufrimiento ajeno. Señora presidenta, colegas asambleístas, debemos comprender que la lucha contra la trata de personas no termina cuando una víctima es rescatada.
La responsabilidad del Estado continúa cuando tiene que garantizar su seguridad, su recuperación física y emocional, su acceso a la justicia y la posibilidad real de reconstruir su proyecto de vida. De poco sirve liberar a una persona de sus explotadores y después, el Estado la abandona a su suerte sin protección ni oportunidades. Las cifras recogidas en el informe deberían llamarnos a la reflexión. Según la Fiscalía, en 2025 se registraron 125 denuncias por trata de personas, frente a 95 en el 2024, lo que representa un incremento del 32%.
Detrás de estas cifras existen personas cuyos derechos han sido vulnerados y que necesitan respuestas oportunas del Estado. Este incremento nos obliga a examinar no solo la capacidad de nuestras instituciones para investigar y sancionar estos delitos, sino también la efectividad de los mecanismos de prevención, protección y reparación integral de las víctimas. Pero hay una realidad todavía más dolorosa, y es que estas formas de esclavitud moderna no ocurren únicamente en territorios lejanos. También han existido y existen aquí, en nuestro Ecuador. El caso Fulcago nos recuerda que la explotación humana puede permanecer oculta durante décadas, que sus consecuencias pueden marcar a generaciones enteras.
Este antecedente evidencia la importancia de contar con mecanismos efectivos de prevención, vigilancia y protección que permitan identificar oportunamente estas prácticas, garantizar los derechos de las víctimas y evitar que situaciones tan graves vuelvan a repetirse. Esto nos recuerda que muchas formas de explotación permanecen invisibles y que sin una respuesta oportuna del Estado, los derechos reconocidos en la ley terminan siendo promesas incumplidas. Lo mismo ocurre con el tráfico ilícito de migrantes, donde organizaciones criminales se aprovechan de la necesidad de quienes entregan sus ahorros y que arriesgan sus vidas buscando nuevas oportunidades.
Migrar es un derecho y ninguna persona puede ser considerada ilegal por su petición migratoria, tal y como lo establece nuestra Constitución. Por lo tanto, la responsabilidad penal debe recaer sobre quienes organizan y se benefician de estos derechos. Y no sobre aquellas personas que, empujadas por la desesperación, la inseguridad, el desempleo y la falta de oportunidades en su propio país, toman la difícil situación y decisión de abandonar su tierra y separarse de sus familias con la esperanza de construir un futuro mejor. Compañeras, compañeros, legisladores, la reforma que hoy analizamos contempla medidas relacionadas con la preversión, identificación y protección de las víctimas, la investigación financiera y la cooperación internacional.
Sin embargo, el verdadero desafío no está solamente en lo que se encuentra escrito en esta ley, sino en la capacidad real de las instituciones para cumplirlas. Debemos exigir respuestas al gobierno nacional, porque resulta muy fácil hablar de derechos humanos, anunciar medidas y presentar reformas legales. Mientras tanto, las víctimas continúan enfrentando dificultades para acceder a protección, justicia y reparación. El presidente Daniel Novoa y su gobierno tienen la responsabilidad de garantizar que las instituciones cuenten con los recursos y las capacidades necesarias para prevenir estos delitos. y investigar a sus responsables y atender a quienes han sufrido estas consecuencias.
El propio informe señala que esta reforma no requerirá recursos adicionales. Sin embargo, debemos preguntarnos si los recursos existentes serán suficientes para garantizar la protección, atención especializada y la reparación de las víctimas. No podemos permitir que la protección de los derechos humanos dependa únicamente de la buena voluntad de las instituciones si carecen de los recursos necesarios. Esta responsabilidad también alcanza a nuestros compatriotas residentes en el exterior, cuyas necesidades no reciben respuestas oportunas ante situaciones difíciles. Nuestros consulados no pueden limitarse a la entrega de documentos y a trámites administrativos a los que ni siquiera responden con eficiencia.
Los consulados deben contar con mecanismos eficaces de acompañamiento y protección para los ecuatorianos que enfrentan explotación laboral, violencia o situaciones vinculadas con las redes de trata de personas y tráfico ilícito de inmigrantes. Quiero insistir en que las víctimas deben estar siempre en el centro de nuestras decisiones. Su protección no puede depender exclusivamente de que presenten una denuncia o que colaboren con un proceso penal. Una persona que ha sufrido explotación necesita tiempo para recuperarse, seguridad para poder hablar y la certeza de que las instituciones no van a vulnerar sus derechos.
La reparación integral debe ser efectiva y no quedarse en una simple declaración. Por eso, al debatir esta reforma debemos comprender que nuestra responsabilidad no termina con una simple votación en este pleno. Tenemos la obligación de fiscalizar su cumplimiento, exigir resultados a las instituciones competentes y verificar que las medidas de prevención, protección y reparación lleguen verdaderamente a quienes las necesitan. A mis hermanas y hermanos ecuatorianos del exterior, a las mujeres, niñas, niños, adolescentes, trabajadores y a todas las personas que han sufrido explotación. A todos quiero expresarles mi solidaridad y mi compromiso permanente con la defensa de sus derechos.
La dignidad humana no tiene precio y defenderla debe estar por encima de cualquier diferencia política. Hasta aquí mi intervención, señor presidente.