Becibel Mendoza. Muchas gracias, señor presidente, colegas asambleístas. En Manaví conocemos el esfuerzo que hay detrás de los alimentos que llegan a nuestra mesa. Desde el campo hasta el mar, miles de familias trabajan cada día para producirlos. Por eso preocupa que tantos alimentos terminen desperdiciados mientras las familias los necesitan. Las cifras nos obligan a actuar. Según la FAO, cerca del 13% de los alimentos del mundo se pierde entre la cosecha y la venta. En Ecuador no es la excepción. Se estimó que se desperdician 939 mil toneladas de alimentos al año, valoradas en 334 millones de dólares.
Y solo en Quito se desechan 400 toneladas de comida al día. Mientras tanto, millones de personas enfrentan el hambre. La FAO contabiliza 645 millones de personas con hambre en el mundo. No podemos normalizar que se desperdicien alimentos mientras hay familias que no tienen que poner en su mesa. En 2022, esta asamblea aprobó una ley con un propósito correcto. Permitir que los alimentos aptos para el consumo lleguen a quienes lo necesitan. Sin embargo, su aplicación requería reglas más claras y mayores garantías para que las donaciones cumplieran su finalidad.
Necesitamos asegurar que los alimentos se entreguen gratuitamente, que estuvieran en buenas condiciones para el consumo, que llegaran a sus destinatarios y que existieran controles sobre las organizaciones que los reciben. Este proyecto, que nació en nuestro despacho en octubre del 2015, con el propósito de fortalecer esas garantías y asegurar que las donaciones cumplan su verdadera finalidad, que es alimentar a quienes más lo necesitan. El informe que hoy presentamos recoge ese trabajo y los aportes realizados durante el proceso en la Comisión de Soberanía Alimentaria. Primero, protegemos la salud.
Se prohíbe donar alimentos caducados o en mal estado. Además, distinguimos entre la fecha de caducidad y la fecha de consumo preferente. Un alimento que ha superado su fecha de consumo preferente puede seguir siendo aprovechable, siempre que la autoridad sanitaria lo permita y se verifique su seguridad. Lo importante es proteger la salud sin desechar alimentos que todavía pueden servir. Segundo, garantizamos la gratuidad. Los alimentos donados no pueden convertirse en un negocio. Se prohíbe cobrar por ellos o venderlos y se impide que una misma entidad actúe simultáneamente como donante y como receptora.
Tercero, ordenamos las responsabilidades institucionales. El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano asume la rectoría de la Política de Donación de Alimentos y el Registro Nacional de las Organizaciones Receptoras, mientras que la autoridad sanitaria mantiene el control sobre las condiciones sanitarias de los alimentos. Cada institución debe cumplir con su competencia sin duplicar innecesariamente los trámites para quienes donan. Cuarto, aseguramos la trazabilidad. La marca comercial puede retirarse cuando así acuerden las partes, pero la información esencial del producto debe permanecer legible. Sus ingredientes, la fecha de vencimiento y el lote.
Y quinto, aplicamos reglas proporcionales a la realidad de cada organización. No tiene las mismas capacidades un gran banco de alimentos que un comedor parroquial atendido por tres voluntarios. Y por eso las exigencias deben considerar la capacidad de cada organización. Los gobiernos autónomos descentralizados podrán apoyar con logística y centros de acopio. Y antes de sancionar a una organización por una falta menor, la ley le da la oportunidad de corregir. Porque el objetivo no es poner obstáculos a quienes ayudan. El objetivo es garantizar que esa ayuda llegue de manera segura, gratuita y transparente.
Ese proyecto también es resultado de escuchar. A través de las comparecencias recibidas desde la comisión, escuchamos a los bancos de alimentos de Quito e Imbabura, a Diaconía en Guayaquil, a la Fundación Jonathan, al Instituto Hijos de la Pobreza Toca de Asís, a la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, a LARSA y a los ministerios competentes. También visitamos comedores comunitarios y centros de acopio, donde adultos mayores, niños y personas en situación de calle reciben muchas veces una única comida al día. Esas experiencias nos recuerdan que legislar no solamente escribir normas, es escuchar, es conocer la realidad y construir soluciones que funcionen para la gente.
Agradezco a cada uno de los despachos de los asambleístas que han contribuido a este trabajo en la Comisión de Soberanía Alimentaria. Estoy convencida de que cuando escuchamos y sumamos esfuerzos, podemos construir mejores leyes para el país. Y colegas asambleístas, les invito a que continuemos trabajando con responsabilidad, apertura y unidad. Que las diferencias no nos impidan encontrar acuerdos en torno a un objetivo común, que es evitar el desperdicio de alimentos y lograr que lleguen a quienes más lo necesitan. Porque garantizar que un alimento llegue a una familia no debe ser una causa de unos pocos, sino un compromiso de todos.
sigamos aportando, sigamos corrigiendo y construyendo juntos una ley que responda a a las necesidades de nuestra gente. Gracias presidente y colegas asambleístas.