y donde las familias ecuatorianas cada vez les alcanza menos para llenar las refrigeradoras y esos hogares. Hoy nos traen al Pleno de la Asamblea Nacional una ley de tránsito donde el oficialismo pretende venderla como una varita mágica para resolver los problemas de la delincuencia organizada. Nos dicen que quien cuestione este texto está a favor de las mafias. Falso. Aquí hay que hablarle al país con la verdad, con el corazón en la gente y con la cabeza en lo técnico. Desde la bancada de la Revolución Ciudadana venimos a defender lo que es justo para el pueblo ecuatoriano y a poner también líneas rojas donde el gobierno pretenda meter el bolsillo ciudadano y así mismo dentro de la autonomía local.
Es verdad que este texto recoge demandas populares que nadie lo puede negar, como poner un alto a los abusos de las multas de tránsito, al negocio infame y extorsivo de los fotorradares privados, así como también dar ciertos respiros a los campesinos, a los agricultores, bananeros, camaroneros, para que puedan transportar sus cosechas, sus productos de forma libre. Pero esas pocas líneas son más que una cortina de humo. Es para camuflar, para esconder un proyecto centralista, improvisado y redactado a espaldas de la patria. Hay que decirlo con indignación.
El trámite dentro de la Comisión fue un zainete. Esas supuestas mesas técnicas se manejaron con aliados del oficialismo para beneficiar a ciertos grupos, gremios y cúpulas en detrimento del resto del país para beneficios e intereses particulares. Dejaron por fuera a los transportistas de base, a los colectivos ciudadanos, a la academia, y en especial a los verdaderos afectados. Me escucharon al Ecuador profundo, que necesita de una verdadera ley de tránsito. Les aislaron para un grupo selecto. Y lo que hoy nos entregan es un asalto a la institucionalidad.
El gobierno nacional pretende darle a la Policía Nacional facultades sancionatorias y de recaudación de multas en las carreteras del país. Yo le pregunto al gobierno nacional con qué personal van a poder poner a las policías a multar a los carros si ni siquiera tienen los suficientes uniformados para poder salvaguardar las vidas de las familias ecuatorianas. En mi querida provincia del Oro, en la capital bananera del mundo, Machala, se ha convertido en una de las ciudades más violentas, más sangrientas, no solamente de la región del país, sino del planeta, con aproximadamente 116 muertes violentas por cada 100 mil habitantes.
Y asimismo se encuentran Pasaje, Santa Rosa, El Guabo y las demás ciudades del país. Quieren desviar a la fuerza pública de su deber sagrado de combatir a la delincuencia organizada para convertirla en una recaudadora de tránsito vial. Este proyecto también atenta directamente contra la autonomía local. ¿Cómo es posible que pretendan arrebatar a los municipios fronterizos como Micaltón, Guaquillas, Arenillas, el control de su propio tránsito urbano para entregárselo todo al Poder Central? ¿Cómo es posible que le quiten a las alcaldías pequeñas la matriculación para concentrarla en una agencia de tránsito en la ciudad de Quito que ni siquiera han tenido la capacidad de abastecer de placas metálicas al país y donde encontramos largas filas para obtener una licencia?
¿O que le quiten a los consejos cantonales la facultad directa para rebajar o dar amnistías a las multas a sus propios vecinos? Y hay más todavía dentro de este proyecto. Mediante una reforma inconexa a la Ley de Eficiencia Energética trasladan la recaudación del 1% de la matrícula de la NT al SDI como un prerequisito para la matriculación vehicular. Esto viola, por supuesto, abiertamente la Constitución porque este Parlamento no tiene la iniciativa privativa para modificar las reglas de recaudación de tributos y contribuciones sin propuestas del Ejecutivo.
Con esta maniobra, por supuesto, los recursos ya no van a programas de proyectos de eficiencia energética, sino que van directamente a la caja fiscal central central del Gobierno. Peor aún, en un descuido vergonzoso de técnica legislativa, copian y pegan el mismo tipo penal en dos artículos distintos del COIP, sancionando exactamente la misma conducta en dos multas diferentes. Eso es una aberración jurídica que destruye la seguridad jurídica y la proporcionalidad del debido proceso. Colegas asambleístas, la Revolución Ciudadana no abalará este retroceso centralista ni esta falsa regulatoria porque defendemos a los transportistas y a los gobiernos locales honestos porque exigimos que la Policía cuide las vidas de los ecuatorianos y no que cobre multas y porque no permitiremos que se gobierne desde el compadrasmo y sólo se puedan apoyar a sus simples amigos y compañeros a espaldas del pueblo.
La bancada de la Revolución Ciudadana votará rotundamente en contra de este proyecto de ley. Con la seguridad del pueblo siempre, queridos compañeros y compañeras, con el centralismo y la improvisación jamás. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor presidente.