Sesión No. 121-AN-2025-2029 del pleno de la Asamblea Nacional

Lo que buscamos es algo muy concreto, que la ley determine claramente quién debe emitir la normativa y evitar que posteriormente tengamos problemas con un discurso o una discusión de competencias. Una reforma puede tener un buen objetivo, pero si no dejamos claro desde el inicio quién es la autoridad responsable de ejecutarla, podemos terminar generando dificultades en su aplicación.

resulta que las autoridades de tránsito a nivel nacional se han acostumbrado a multar, multar y multar. El problema de las multas es que no llevan un debido proceso y terminan congelándole el dinero a las cuentas de los ecuatorianos. Eso se tiene que acabar hoy. En esta ley es nuestra gran oportunidad.

Bueno, la reforma a la ley de tránsito que tocamos el día de hoy aborda un tema no solamente de seguridad vial, sino de seguridad integral. Por eso es que dentro del directorio del NT, ahora lo que se pretende hacer a través de la ley es que la seguridad del Ministerio del Interior forme parte de ese directorio. Eso dentro de la estructura. Pero más allá de la siniestralidad, lo que nos interesa es poner en orden la casa. Este día lunes de esta semana hubo un accidente gravísimo en la ciudad de Quito que refleja los vacíos legales que tenemos en la ley.

Se atropella un ciudadano en la avenida de Los Chiris y Naciones Unidas y los titulares de los medios de comunicación era que fue atropellado por un scooter, fue atropellado por una moto eléctrica. Y ninguno de los dos titulares estaba errado porque simplemente en la ley no existe una diferenciación entre lo que es scooter y una motocicleta eléctrica. Para tener una idea del vacío legal. Hoy el ciudadano que atropelló al otro está libre precisamente por los vacíos legales. Entonces debía haberse quedado dentro de la investigación con prisión preventiva, al menos digo yo, hasta que se investigue qué es lo que ocurrió con el hecho.

Porque estamos hablando de una vida, no de una cifra, una vida. Y esas son las cosas que resuelve esta ley. Por ejemplo, la definición de la micromovilidad, los scooters que son los monopatines, los elementos mucho más pequeños, las patinetas eléctricas y lo que es una moto eléctrica que definitivamente a más de 40 kilómetros por hora, hasta llegar a 80 kilómetros por hora, al igual que una moto a motor te puede matar. Lo otro, la regulación del servicio de los deliveries, que es importantísimo. El delivery es una actividad comercial, no es una actividad particular y por lo tanto existen sujetos que se disfrazan de los deliveries para cometer asaltos, extorsiones, robos y secuestros de nuestro país.

No son aquellos que se levantan a las 6 de la mañana para hacer una actividad honesta y honrada, sobre todo una inmensa cantidad de ciudadanos extranjeros. Esta ley lo que hace es regular la actividad, es decir, que desde la aprobación de la ley se utilice la placa en el casco, que sea visible, que se utilice igual la misma identificación en la mochila, que se utilice lo mismo en un chaleco reflectivo. Porque yo le pregunto al ciudadano cuando pasa una moto a alta velocidad de su lado, ¿recuerdas tú la placa?

La placa es diminuta, no se ve, pero cuando tiene esos identificativos alrededor de él, en el casco, en el chaleco, en la mochila, es muy difícil que no se le reconozca. Y luego un registro nacional obligatorio para poder saber quiénes están dedicados a esa actividad y quiénes no, porque quienes se disfrazan de los deliveries cometen una serie de asaltos. En la ciudad de Quito, por ejemplo, durante los últimos 12 meses, según un reporte de la Secretaría de Movilidad, son más de 130 casos en donde disfrazados de delivery cometen delitos.

En el caso de mi ciudad de Cuenca, de la misma manera, la última vez en el mes de julio, 12 sujetos asociados al grupo delictivo de los lobos, transportando droga a través de las motos, disfrazados de delivery. Eso también es parte de lo que se está resolviendo el día de hoy.

Sin duda alguna, a ver, existen peajes en todo el país a nivel nacional, lo que se está corrigiendo en esta ley es un sistema unificado de peajes que le permita a la gente circular, que no se detengan los carros, que no se acumula el tráfico en todo el país y hay una particularidad para que no quede duda. Esto no es una interferencia en competencias de prefecturas o municipios, etcétera, que también pueden tener ciertos peajes en algunas partes del territorio. Pero toda esa recaudación le corresponde al ente que está a cargo de ese peaje.

Por ejemplo, si tú tienes un peaje que le corresponde a la prefectura del Pichincha, otro a la prefectura del Guayas o de la Azuay, etcétera, etcétera, no significa que el Estado Central capte los recursos y eso se quede en el Estado Central o que se hagan cargo de aquellos peajes. No, sino que simplemente lo que se tiene que hacer este rato es pensar en un tag unificado para que la gente pueda circular como en los países más desarrollados. Ahí nadie está distinguiendo a quién le pertenece el uno y el otro, entonces me parece también un avance que está colocándose dentro de esta ley.

Muchísimas gracias.

A ver, buenos días primero a todos los ecuatorianos, hoy nuevamente a la Comisión de Desarrollo Económico trayendo un proyecto importantísimo. Este proyecto tiene varios ejes, uno de ellos es la seguridad, este ecosistema de seguridad que estamos diseñando con reformas al COIP, con reformas de ley antimafia, esta ley tiene una parte de eso, y es básicamente el control y el registro, no solamente de vehículos, en el hecho también de deliveries, que es importantísimo, para frenar y combatir como siempre a la delincuencia. Eso es lo importante de las reformas que estamos trayendo, el registro nacional de deliveries, un registro, como bien tú lo dices, una tercera placa para evitar que en ciertos GATS, a los cuales se les suspenderá la competencia en el caso de que incumplan o faciliten al que el crimen organizado esté involucrado con ellos, esta tercera placa nos permitirá a nosotros verificar que no existe doclonación, porque hoy por hoy hay GATS donde roban vehículos, los matriculan y los cambian, y lógicamente esto facilita a la delincuencia su trabajo.

Básicamente la ANT llevará el registro nacional de los señores que tienen que hacer delivery. Esto fortalece y facilita su trabajo, pero también a nosotros nos facilita el control. ¿Qué es lo que van a hacer? Se van a registrar, vamos a tener todos sus datos en un registro nacional que estará en el celular con un QR, porque todos los deliveries en este caso utilizan el celular para hacer sus entregas. Con este QR podremos saber quién es delivery y quién está falsificando en este caso el hecho de ser delivery para facilitar la delincuencia, el transporte de sustancias ilícitas o un sicario disfrazado.

Lo que buscamos, como te digo, dentro de este eje de seguridad es dar la certeza jurídica a quien trabaja en esto de que es un delivery, facilitando su derecho al trabajo, y a los consumidores de que quien les está entregando es una persona que está registrada y que sabemos todo de él.

Mira, esa es una buena noticia para todos los ecuatorianos, yo lo prometí en campaña, hoy les cumplo en parte, la ley de coactivas la estamos trabajando a nivel general, pero vimos la oportunidad en esta ley de tránsito de sacarle un pedacito y son justamente las multas por coactivas en tema de tránsito. No se podrá congelar tu dinero como se lo hace actualmente. Una multa te notifican a un correo cualquiera y se te congela tu dinero para presionar a que pagues. Eso no volverá a pasar. Lo que estamos haciendo es que primero se garantice el debido proceso y no se pueda congelar tu dinero, dinero de tu trabajo, de tu cuenta, de manera abusiva.

Esto se frena con esta ley, esa es una buena noticia para los ecuatorianos, no podrán seguir abusando de las multas de tránsito y congelando tu dinero por coactivas.

Estaremos adelante.

Muchas gracias. Bueno, un saludo a todas las personas que nos están escuchando. Hoy traemos al pleno una norma muy importante, extremadamente técnica, pero fundamental. La ley de tránsito y transporte y seguridad vial no se reformaba integralmente en los últimos 18 años, a pesar de que la forma en la que nos movemos, que transitamos, ha cambiado. Así que hemos incluido, por ejemplo, la regulación por primera vez de la micromovilidad. En este caso de los famosos scooters, vamos a establecer que aquellas condiciones, requisitos, tanto del vehículo, por ejemplo, en cuanto a llantas o neumáticos, frenos, luces, delanteras o traseras, también la indumentaria que debe utilizar, por ejemplo, los cascos homologados, todo esto a través de normativas secundarias se establece que obligatoriamente debe regularse.

Y sobre todo también se establece por qué rutas pueden y no circular. Los scooters o micromovilidad no podrán circular por vías perimetrales, por autopistas, tampoco por la red vial estatal. Y se pone específicamente la obligatoriedad para que los municipios fomenten la micromovilidad, porque recordemos que es una modalidad que genera menos tráfico y que también genera menos contaminación.

Se establece un sistema único de peajes, el objetivo no es que tengas que sacar un nuevo TAC si ya tienes alguno, sino que sea interoperable con las plataformas ya existentes de las distintas prefecturas o municipios y en este caso lo que buscamos es que podamos tener un sistema que nos permita operar por todo el país con un único registro electrónico, que no tengas que sacar un TAC diferente dependiendo de la vía en la que estás y la concesión que tengamos.

Gracias, gracias a ustedes.

Todo el orden del día, señor Secretario.

Segundo, conocer y resolver respecto al informe para segundo debate del proyecto de ley orgánica reformatoria a la ley orgánica de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial.

De lectura, señor secretario, del memorando respectivo y del informe en la parte resolutiva y el informe íntegro que sea parte del acta de la presente sesión.

Con su autorización, señor presidente, procedo a dar lectura del memorando ANCDEP 2026-0245-M. Asunto, informe para segundo debate del proyecto de ley orgánica reformatoria a la ley orgánica de transporte, terrestre, tránsito y seguridad vial. De mi consideración, recibo un cordial saludo por disposición de la asambleísta Valentina Centeno, presidenta de la Comisión Especializada Permanente de Desarrollo Económico, Productivo y Microempresa y de conformidad con el artículo 61 de la ley orgánica de la función legislativa, tengo a bien remitir el informe para segundo debate del proyecto de ley orgánica reformatoria a la ley orgánica de transporte, terrestre, tránsito y seguridad vial aprobado en la sesión 182-2025-2027 de 31 de agosto de 2026 en esta mesa legislativa a fin de que continúe con el trámite respectivo en el pleno de la Asamblea Nacional.

La ponente del informe es la asambleísta Valentina Centeno Arteaga, presidenta de la Comisión Especializada Permanente de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa. De conformidad con lo señalado en el anexo 5 del informe correspondiente, se remite el siguiente clase de Google Drive a través del cual se podrá acelerar y visualizar la documentación y los anexos que forman parte del referido informe. Atentamente, Mónica Bonilla, secretario relator. Segundo, conforme a su disposición, señor presidente, procedo a lectura al informe en la parte resolutiva. Sexto, conclusión y recomendación del informe.

El presente proyecto de ley orgánica reformatoria a la ley orgánica de transporte, terrestre, tránsito y seguridad vial cumple con las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que habilitan su presentación ante el Pleno de la Asamblea Nacional, para segundo debate. Al haberse observado el procedimiento previsto para el tratamiento de proyectos de ley, así como los principios de participación ciudadana, deliberación parlamentaria, unidad de materia, seguridad jurídica y de adecuada formación de la ley. Durante su sustanciación, la Comisión Especializada Permanente de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa recibió observaciones de asambleístas, instituciones públicas, gobiernos autónomos descentralizados, gremios del transporte, representantes ciudadanos y expertos, cuyos aportes permitieron identificar nudos críticos relacionados con la Rectoría Nacional, el ejercicio de competencias, la seguridad vial, el control operativo, la revisión técnica vehicular, los títulos habilitantes, la matriculación, la regulación de nuevas modalidades de movilidad y la protección de los usuarios del sistema de transporte terrestre.

En tal virtud, la Comisión concluye que el proyecto de ley constituye una reforma necesaria para actualizar el marco normativo vigente, fortalecer la institucionalidad del Sistema Nacional de Transporte Terrestre, tránsito y seguridad vial, mejorar la coordinación entre el Gobierno Central y los gobiernos autónomos descentralizados y responder a las problemáticas actuales de movilidad, control, seguridad ciudadana y prestación eficiente de servicios públicos vinculados al tránsito y transporte terrestre. La Comisión Especializada Permanente del Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa pone en conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional el informe para segundo debate del proyecto de ley orgánica reformatoria a la ley orgánica de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, el mismo que fue conocido, debatido y aprobado en la sesión 182-2025-2027 de 31 de agosto de 2026.

Octavo, asambleísta ponente. La ponente del presente informe es la asambleísta Valentina Centeno Arteaga, presidenta de la Comisión Especializada Permanente de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa. Hasta aquí la lectura de los solicitados, señor presidente.

El debate tiene la palabra la asambleísta Valentina Centeno.

Señor Presidente encargado, colegas asambleístas, un gusto estar de regreso. Muchas gracias. Quiero empezar haciendo un agradecimiento especial y saludando a todos los sectores del transporte que el día de hoy se encuentran aquí presentes apoyando esta iniciativa. Y voy a mencionarlos porque el trabajo ha sido definitivamente arduo por más de un año y medio. Hemos trabajado en este proyecto de ley que recoge 19 iniciativas legales, que tiene más de 300 observaciones, que además tiene más de 800 páginas en su informe, que realmente ha sido un trabajo titánico.

La Federación Nacional de Transporte Urbano, el abogado Bayron Morejón. Agradecimiento a la Federación Nacional de Transporte Escolar e Institucional, Osvaldo Guamán. A la Federación de Escuelas de Conducción No Profesionales del Ecuador, al abogado Paco Urrutia. A la Federación de Transporte Nacional Liviano, Mixto y Mediano del Ecuador, Napoleón Cabrera. A la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Público de Pasajeros del Ecuador, Abel Gómez. A la Federación Nacional de Taxis, Jorge Calderón. A la Unión de Cooperativas de Transporte de Pasajeros de la Provincia del Guayas, Miguel Anchundia.

A la Federación de Transportistas Urbanos, Temanta, Joana Piloso. A la Federación de Conductores Profesionales del Ecuador, Javier Salazar. Y por supuesto, a nuestro querido amigo y colega de la bancada, al asambleísta Adrián Castro, que también ha sido parte fundamental de este proyecto de ley. Y gracias por todo tu aporte, por el acompañamiento y por poner a disposición de manera desinteresada a todo tu conocimiento. También quiero agradecer el trabajo de la comisión, a los asesores, a todo el equipo que ha hecho posible este proyecto de ley, a todo el trabajo interinstitucional también, a los distintos ministerios que nos han aportado.

Esta es una reforma, queridos asambleístas, integral y democrática. Y que se sostiene por tres pilares fundamentales. El primero es la lucha contra la corrupción y el crimen organizado. El segundo es la protección de la vida y la seguridad vial. Y el tercero es la tecnificación o la modernización de los sistemas de tránsito. Voy a empezar brevemente con la lucha contra la corrupción y el crimen organizado. Es lamentable que las autoridades y las instituciones de tránsito en el Ecuador han sido penetradas por el crimen organizado. Sobre todo las agencias municipales de tránsito.

Y eso tiene que acabar ya. Esta ley plantea que se podrán suspender de manera temporal las competencias de aquellos municipios que están coludidos con el crimen organizado. Y lamentablemente hemos visto en los datos, esto está reportado. Distintos cantones que tienen un parque automotriz de 8.000 vehículos y que están matriculando hasta 40.000 vehículos. En los allanamientos que hizo el Ministerio del Interior a los cantones de Manta y Durán, verificamos cómo en Durán, por ejemplo, se emitían 300 matrículas diarias cuando la capacidad del municipio era de revisar apenas 60.

Investigaciones de años anteriores, incluso que ha liderado el asambleísta Adrián Castro, demuestran cómo se generan pérdidas mensuales de cerca de un millón de dólares solamente en la corrupción en tres cantones de la provincia del Guayas. El Ministerio del Interior, por ejemplo, en un allanamiento de una vivienda en Durán, halló 22.000 especies, es decir, distintos trámites de municipios que están vinculados al crimen organizado. Municipios como Atacames, el Distrito Metropolitano de Quito, Balsar, Bucay, Salitre, Playa, Puerto Quito, Vinces, Rumiñahui, Chordelec, Guayaquil, San Vicente, Tozagua y muchos otros municipios que estaban entre las especies que se hallaron como parte del crimen organizado enquistado en las agencias municipales de tránsito.

Y lo que hay que pensar es, ¿qué pasa con todos estos vehículos que están siendo irregularmente matriculados? Son vehículos robados, son vehículos que sirven para transportar droga, vehículos que sirven para transportar combustible, placas que terminan en secuestros, en siniestros, en asaltos, en narcotráfico. Y eso es lo que debemos acabar. La autonomía de los municipios, colegas asambleístas, no es impunidad y donde entra el crimen, el Estado debe actuar. Y aquí también es importante, más allá de lo que está sucediendo en las agencias municipales de tránsito, corrupción es corrupción desde donde venga.

Y también esta ley será para vigilar a la ANT, a la Agencia Municipal de Tránsito, en donde también se deben desenquistar las mafias que lamentablemente están operando durante años. Y como prueba de aquello, el gobierno del presidente Daniel Novoa ya tiene enfrentando a la justicia, en prisión, a distintos funcionarios vinculados al tránsito que estaban operando con redes de delincuencia. Hemos incluido también para la lucha contra la corrupción, que en la ANT, en su directorio, ahora debe formar parte también el voto y la voz del Ministerio del Interior para tener mayor fiscalización y control.

También que no puede haber un conflicto de intereses, ni directo ni indirecto, entre el director o directora de la ANT y el sector del transporte. Y también mayor control en las redes viales estatales. Es decir, ahora será el Ministerio del Interior quien asuma la competencia a través de la CTE y de la Policía Nacional de toda la red vial estatal para prevenir el delito y la protección de los ecuatorianos. Otro tema de lucha contra la corrupción que todos hemos escuchado. Los radares y los negociados detrás de los radares.

Esta ley pone fin a los radares recaudatorios. Para que ustedes conozcan, las cláusulas de los contratos de radares están redactadas de tal forma que el contratista recibe una porción o un porcentaje de las multas recaudadas. Entonces ahora el objetivo es recaudar más, cobrar más multas, para así llenarse los bolsillos de estos contratistas corruptos y de los municipios que lo permiten. Esas cláusulas estarán prohibidas. Ahora serán contratos de servicio y no de participación. La ANT también tiene la obligación en el plazo de un año de establecer una revisión nacional de todos los radares de cómo están homologados de las certificaciones, validaciones técnicas de sus equipos para que puedan volver a operar y solo los GATS de tipo A van a poder recaudar a través de los radares.

Los radares deben prevenir los siniestros y servir al ciudadano y no ser un negocio de multas. Luego pasando al tema de la protección de la vida y de la seguridad vial. Hemos escuchado ya, justo en esta semana, varios accidentes que incluso finalizan con la vida de ecuatorianos a través de la modalidad de los deliveries. Como en todo el mundo, el Ecuador no puede quedarse atrás. Esta modalidad debe ser regulada. Hemos planteado que, lamentablemente, en virtud de que la delincuencia se ha camuflado a través de repartidores para cometer delitos, asaltos, para hacer microtráfico, para cometer homicidios.

Planteemos que se cree el Registro Nacional de Deliveries, que esté conectado con una red, con todos los municipios y de esta forma podamos identificar los buenos de los malos. Recordemos, y hoy también quiero ser la voz de aquellos repartidores honestos que hacen un trabajo lícito para llevar el pan a la mesa de sus casas. Ellos también están siendo lastimosamente víctimas de asaltos y víctimas de delincuentes. Esta ley, a través de este Registro Nacional, busca protegerlos también a los repartidores honestos. Identificación física y digital. Planteamos que deben usar chalecos reflectores, cascos homologados y una placa visible.

Y por otro lado, un QR identificable también para que cuando un cliente o usuario llegue el delivery a su casa pueda escanearlo rápidamente y saber si está o no registrado y si es o no activo. Estamos protegiendo a los deliveries honestos y evitando que los delincuentes utilicen esta modalidad para cometer delitos. También queda prohibido que puedan transitar más de un pasajero en las motos de los deliveries. Esto es fundamental porque lamentablemente también eso abonaba al cometimiento de mayores asaltos. Luego también estamos regulando por primera vez las motos eléctricas.

Estamos estableciendo que las motos deberán contar con una matrícula, que deberán contar con una placa y los conductores deberán portar su licencia. Es fundamental regular a las motos eléctricas. Hace dos días tuvimos un accidente aquí en la Avenida Naciones Unidas que terminó con la muerte de una persona a quienes le extendemos también al transeúnte nuestras condolencias. Eso no puede seguir ocurriendo en el país y se da por la falta de regulación y también para que ellos sepan por dónde pueden y no pueden transitar. Micromovilidad, scooters, también van a ser regulados.

En este caso no se necesita una licencia, pero sí un casco homologado y también la ANT deberá establecer qué requisitos tiene el vehículo a través de neumáticos, luces, fronteras y traseras y demás. Es importante que en el tema de los scooters, esta ley más bien promueve que los distintos municipios promuevan su uso, porque es importante entender también que son una modalidad de transporte que contamina menos y que genera menos tráfico. Por lo tanto, el buen uso de los scooters también es una parte que promueve este proyecto de ley.

Casas comerciales ahora deberán, al momento de vender una moto, entregar obligatoriamente también el casco obligatorio, no más cascos que se rompen con una simple caída y que generan la muerte de distintos pasajeros. Esto puede reducir hasta el 40% de la posibilidad de muerte y el 70% de las lesiones graves. Para las distintas madres y padres de familia, se incluye la obligatoriedad de contar con una silla para los niños en los vehículos, el conocido como car seat, particular, no era una obligatoriedad, ahora debe serlo para poder evitar los siniestros.

Esto puede ser la diferencia entre un susto o una tragedia, y lo digo ahora también como madre. Y finalmente, la modernización de los sistemas de tránsito, se crea el registro único vehicular, es decir, que toda la información del vehículo esté de forma digital y de fácil acceso, administrada por las autoridades de control en conjunto con la Policía Nacional, el EQ911 y la ANT, cámaras obligatorias en todos los transportes públicos, que también creo que es un derecho de los pasajeros poder tener una mejor percepción de seguridad.

Para las personas con discapacidad, también semáforos con señal sonora, sobre todo personas no videntes y espacios para personas con discapacidad. Para nuestros ciclistas, también se fortalecen los derechos en vías exclusivas señalizadas y el mantenimiento de ciclovías por parte de los municipios. Y el sistema único de peajes, que deberá ser interoperable y tiene el plazo de un año, la ANT, para implementarlo. Que no sea que, dependiendo de la concesión de la vía, tenemos que usar diferentes tags, sino que pueda ser a nivel nacional un sistema único de peajes.

En fin, compañeros asambleístas, esto nos demuestra que la forma en la que nos movemos ha cambiado, ha cambiado también la forma en la que operan las ciudades. Y con esto han aparecido nuevos riesgos. Sin embargo, la ley no había cambiado. Teníamos una ley que no se reformaba integralmente en los últimos 18 años. Y estos nuevos desafíos de tránsito y movilidad son justamente los que aborda la ley de seguridad vial. Este proyecto coloca en el centro a la persona. Coloca en el centro a la niña o el niño que ahora viajará segura.

Coloca en el centro al peatón que necesita cruzar una vía con tranquilidad. Coloca en el centro al repartidor honesto que no quiere ser estigmatizado o al usuario que quiere recibir un delivery de comida sin temer por su vida. A los pasajeros que deben viajar seguros y a los conductores que deberían poder ser notificados antes de ser sancionados por una multa. La seguridad vial es una política de Estado. No puede estar distanciada de la seguridad ciudadana ni tampoco puede ser un negocio y de puertas abiertas para el crimen organizado.

Espero contar con el apoyo unánime de este proyecto de ley que sin duda va a ser muy positivo para todas las familias ecuatorianas. Gracias.

a quienes nos visitan hoy desde la transportación, muchas gracias a cada uno de los asambleístas, los que están de forma presencial y también de forma virtual. Quiero quedarme con lo que terminó diciendo nuestra Presidenta de la Comisión, la importancia de esta reforma, estamos tratando una reforma en base a una que viene desde el 2008, imagínense ustedes, no habían scooters eléctricos, no habían carros eléctricos y tenía ciertos vacíos que hacían que hoy estructuras criminales se apoderen de las agencias de tránsito. Y me quiero centrar en la parte de corrupción, porque como lo dijo la asambleísta Valentina Centeno, es extremadamente extensa esta reforma.

Hay documentos que parecen sencillos, hay documentos que parecen inofensivos y cotidianos, pero cuando están en las manos del mal o del crimen organizado son verdaderas armas. Por ejemplo, una matrícula de un carro, una matrícula que ha sido adquirida de forma ilegal, puede darle la apariencia a un carro como que si pudiera transitar de forma ilegal. O una licencia, por ejemplo, adquirida de forma ilegal, le puede dar a una persona que no está capacitada para manejar, el derecho de manejar. Y no solo eso, si el sistema está fragmentado, el Estado pierde control y son justamente los miembros del crimen organizado quienes hacen fiesta con este sistema fallido.

Sucede que en este país, en Ecuador, casi todas las familias han sufrido alguna vez un accidente de tránsito y la gran mayoría han perdido algún ser querido, un ser amado. Es mi caso, hace menos de tres años yo perdí a mi señor padre en un accidente de tránsito. Pero también es importante esta reforma porque necesitamos recuperar el control. Necesitamos recuperar el control por dos cosas. Primero, porque cuando el sistema de tránsito falla, sucede eso. Los ecuatorianos pierden las vidas en las carreteras. Y cuando el Estado tiene un sistema fallido, son justamente los GDOs o los grupos delictivos o los grupos de corrupción que se hacen cargo de un sistema tan importante.

Quiero empezar por la primera. En el 2025 tuvimos alrededor de 20.300 accidentes de tránsito, donde más de 2.500 ecuatorianos perdieron la vida. Y en lo que va del 2026, lo más alarmante es que esa cifra ha aumentado casi un 20%. Yo sé que lo más importante es la vida del ser humano, yo sé que estamos de acuerdo en eso, pero tampoco podemos dejar de lado la parte económica. Eso le significa al Ecuador más de 5.500 millones de dólares de pérdida. Le cuesta al Ecuador más de 5.500 millones de dólares de pérdida.

Significa aproximadamente un 5% del PIB del Ecuador. Y como si eso ya no fuese suficientemente trágico, aparece una segunda amenaza. Los GDOs. Y lo vengo repitiendo varias veces en el discurso. ¿Por qué? Porque cuando ellos adquieren o ven los vacíos que tenemos desde el 2008 en esta ley, va a adquirir las dos cosas que le hacen falta para hacerse gigante. Control de las vías y movilidad. Y esto no es circo, esto no es ninguna teoría, esto lo vimos en carne propia en diferentes provincias. Lo vimos en mi provincia, en mi ciudad, lo vimos en Manta, donde el Estado tuvo que tomar el control de la Agencia Municipal de Tránsito porque encontró un spa de corrupción.

Y dígase un spa de corrupción porque había de todo. Incluso vehículos robados tenían ya permiso para poder circular. Como lo dijo Valentina también, ellos superaban su capacidad de poder matricular hasta tres veces lo que ellos debían hacer. Un ejemplo sencillo. Si solo podían matricular 100 carros al día, llegaban a matricular hasta 300 o 500 carros. Y no solo sucedió en Manta. Justamente este año también, el 25 de junio, la Policía Nacional activó la operación Digitador. ¿Qué fue la operación Digitador? Que encontraron en diferentes agencias de tránsito de la provincia redes gigantescas de corrupción donde cobraban entre 100 y 150 dólares a cada usuario para omitir la entrega de documentos legales o documentos técnicos.

¿Cuál fue el resultado de esta operación? Más de 17 allanamientos y más de 13 personas presas. Entre ellas, una alcaldesa. Y no estoy diciendo que todos los municipios sean corruptos, pero esta ley sí nos abre los ojos y nos demuestra que la descentralización sin seguimiento, sin control, logra que los corruptos y los édeos sean los actores principales. Aquí también existe un tema de corresponsabilidad política. Yo no quiero entrar en un debate ni en una discusión de que quién es la culpa, pero sin duda, desde el 2008 algo ha sucedido.

¿Dónde han estado los políticos de turno? Y muchos de ustedes quizás han matriculado carros también. ¿Y dónde han estado? Nosotros tenemos la obligación de entender que los delitos no tienen color político, no tienen bandera política, pero la voluntad política sí tiene historia y también incide muchísimo en la vida de los ecuatorianos. Nosotros hoy tenemos la obligación de que si hemos heredado este tema de corrupción, cerrar esos círculos de corrupción. Y esta ley tiene cinco decisiones concretas que se plantean para poder cerrar esos círculos de corrupción.

Primero, trazabilidad y identidad vehicular. El artículo 38 transforma el actual registro en el registro nacional integral. Esta es una plataforma única, obligatoria y de alcance nacional, donde todos los GATS van a tener que ingresar los títulos habilitantes y no se puede tener registros paralelos. Además del artículo 30, al fin los carros se van a modernizar. Van a tener un dispositivo electrónico o un TAC electrónico y no es para perseguir a los ecuatorianos, es justamente para prevenir los delitos. Todos los delitos que ocurren en el país o la gran mayoría se realizan en carros robados.

Además, el artículo 47 reserva a que la Agencia Nacional de Tránsito sea quien emita, quien asigne y quien reponga las placas. Segundo, aquí un tema muy importante, el control sobre las escuelas de conducción. Nosotros no podemos pretender controlar las vías, no podemos pretender controlar también la emisión de matrículas, si no nos vamos al núcleo. Y no es un invento nuestro. Durante el tratamiento de esta ley fue la misma Agencia Nacional de Tránsito que nos advirtió de los problemas que ocurren en las escuelas de conducción. En este país hay más escuelas de conducción que chifas y muchas de ellas son escuelas fantasmas.

Y no tienen ni las condiciones técnicas mínimas, ni autorizaciones, ni tampoco infraestructura adecuada para poder otorgar títulos. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Los artículos 56 y 57 fortalecen el control sobre las escuelas. Y no nos quedamos ahí, sino que también la disposición general décima sexta ordena que en un año tienen que todas las escuelas profesionales y no profesionales de conducción del país ser evaluadas y categorizadas de forma técnica. Tercero, cerramos los vacíos de autoridad. Será la Policía Nacional que se encargue de vigilar la red vial estatal, también respetando los terrenos donde los GATS también hacen su propio control.

Y en los GATS tipo C ya será la Agencia Nacional de Tránsito que asumirá la matriculación y la revisión técnica vehicular. Les pido por favor que dejemos esa cantaleta de decir que nosotros le quitamos autonomía a los municipios. Ya nos han demostrado la irresponsabilidad muchos municipios y muchos alcaldes. Y mientras nosotros estemos aquí, tenemos que velar por los derechos de los ecuatorianos y no de ciertos alcaldes. Cuarto, se termina el negocio de la multa. Como lo explicó la Presidenta de la Comisión, los GATS tienen la facultad de contratar al privado para que ellos puedan instalar, operar y mantener los famosos radares.

Pero el pago se debe hacer solo bajo el servicio. Punto. Ni más ni menos. No porque este mes tuvimos más ecuatorianos que excedieron el límite de velocidad, van a ganar más. Simplemente van a cobrar el servicio. Quinto, la firmeza con el infractor, pero también la garantía para el ciudadano. Los artículos 50 y 51 impiden imponer una multa, iniciar un procedimiento coactivo o dictar medidas cautelares sin que el ciudadano haya sido legalmente y previamente notificado y que haya tenido la posibilidad de defenderse o impugnar. El Estado está para ser firme y lo está haciendo, pero también está para ser justo.

Y ese es el espíritu de esta norma. Yo quiero decirles, antes de concluir dos cosas. Primero, entendamos que esta ley es para quitar el control de la vida a los delincuentes y devolvérselo a los transportistas honestos que hoy nos acompañan. Y además, para terminar, sí quiero, como lo hizo también nuestra Presidenta, agradecerle, y como siempre lo hago, a todo el equipo de la Comisión de Desarrollo Económico. No solo a sus asambleístas que están haciendo un trabajo fenomenal, sino a cada uno de sus equipos. Muchísimas gracias, señor Presidente.

Gracias. Gracias. Gracias.

Gracias, asambleísta. Tiene la palabra el asambleísta Diego Sáenz.

forenses que nos ven y nos escuchan a través de los diferentes medios de comunicación. En este país donde el galón del diésel sobrepasa los tres dólares y donde las familias ecuatorianas cada vez les alcanza menos para llenar las refrigeradoras de sus hogares, hoy nos traen al pleno de la Asamblea Nacional una ley de tránsito donde el oficialismo pretende venderla como una varita mágica para resolver los problemas de la delincuencia organizada. Nos dicen que quien cuestione este texto está a favor de las mafias. Falso. Aquí hay que hablarle al país con la verdad, con el corazón en la gente y con la cabeza en lo técnico.

Desde la bancada de la revolución ciudadana venimos a defender lo que es justo para el pueblo ecuatoriano y a poner también líneas rojas donde el gobierno pretenda meter el bolsillo ciudadano y así mismo dentro de la autonomía local. Es verdad que este texto recoge demandas populares que nadie lo puede negar, como poner un alto a los abusos de las multas de tránsito, al negocio infame y extorsivo de los fotorradares privados, así como también dar ciertos respiros a los campesinos, a los agricultores, bananeros, camaroneros, para que puedan transportar sus cosechas, sus productos de forma libre.

Pero esas pocas líneas son más que una cortina de humo. Es para camuflar, para esconder un proyecto centralista, improvisado y redactado a espaldas de la patria. Hay que decirlo con indignación, el trámite dentro de la comisión fue un zainete. Esas supuestas mesas técnicas se manejaron con aliados del oficialismo para beneficiar a ciertos grupos, gremios y cúpulas en detrimento del resto del país, para beneficios e intereses particulares. Dejaron por fuera a los transportistas de base, a los colectivos ciudadanos, a la academia y en especial a los verdaderos afectados.

Me escucharon al Ecuador profundo que necesita de una verdadera ley de tránsito. Les aislaron para un grupo selecto. Y lo que hoy nos entregan es un asalto a la institucionalidad. Pretende darle a la Policía Nacional facultades sancionatorias y de recaudación de multas en las carreteras del país. Yo le pregunto al Gobierno Nacional, ¿con qué personal van a poder poner a las policías a multar a los carros si ni siquiera tienen los suficientes uniformados para poder salvaguardar las vidas de las familias ecuatorianas? En mi querida provincia del Oro, en la capital bananera del mundo, Machala, se ha convertido en una de las ciudades más violentas, más sangrientas, no solamente de la región del país, sino del planeta, con aproximadamente 116 muertes violentas por cada 100.000 habitantes.

Y asimismo se encuentra Pasaje, Santa Rosa, El Guabo y las demás ciudades del país. Quieren desviar a la fuerza pública de su deber sagrado de combatir a la delincuencia organizada para convertirla en una recaudadora de tránsito vial. Este proyecto también atenta directamente contra la autonomía local. ¿Cómo es posible que pretendan arrebatar a los municipios fronterizos, como Micantón, Coaquillas, Arenillas, el control de su propio tránsito urbano para entregárselo todo al Poder Central? ¿Cómo es posible que le quiten a las alcaldías pequeñas la matriculación para concentrarla en una agencia de tránsito en la ciudad de Quito, que ni siquiera han tenido la capacidad de abastecer de placas metálicas al país y donde encontramos largas filas para obtener una licencia?

¿O que le quiten a los consejos cantonales la facultad directa para rebajar o dar amnistías a las multas a sus propios vecinos? Y hay más todavía dentro de este proyecto. Mediante una reforma inconexa a la ley de eficiencia energética, trasladan la recaudación del 1% de la matrícula de la NT al SDI como un prerequisito para la matriculación vehicular. Esto viola, por supuesto, abiertamente la Constitución, porque este Parlamento no tiene la iniciativa privativa para modificar las reglas de recaudación de tributos y contribuciones sin propuestas del Ejecutivo.

Con esta maniobra, por supuesto, los recursos ya no van a programas de proyectos de eficiencia energética, sino que van directamente a la caja fiscal central del Gobierno. Peor aún, en un descuido vergonzoso de técnica legislativa, copian y pegan el mismo tipo penal en dos artículos distintos del COIP, sancionando exactamente la misma conducta en dos multas diferentes. Eso es una aberración jurídica que destruye la seguridad jurídica y la proporcionalidad del debido proceso. Colegas asambleístas, la Revolución Ciudadana no avalará este retroceso centralista ni esta falsa regulatoria, porque defendemos a los transportistas y a los gobiernos locales honestos, porque exigimos que la policía cuide las vías de los ecuatorianos y no que cobre multas, y porque no permitiremos que se gobierne desde el compadrasmo y sólo se puedan apoyar a sus simples amigos y compañeros a espaldas del pueblo.

La bancada de la Revolución Ciudadana votará rotundamente en contra de este proyecto de ley. Con la seguridad del pueblo siempre, queridos compañeros y compañeras, con el centralismo y la improvisación, jamás. Muchísimas gracias, señor presidente.

Tiene 30 segundos asambleístas.

a través de los distintos medios de comunicación. Yo quiero iniciar mi intervención primero agradeciendo a la presidenta y al equipo que es parte de la comisión, que se ha encargado de la revisión de esta propuesta de ley que hoy estamos debatiendo. El 21 de enero envié las observaciones, que no fueron observaciones mías, y hablo como legislador. Bueno, fueron observaciones consensuadas y trabajadas con el transporte pesado, sus organizaciones a nivel de todo el Ecuador. Y agradezco, ¿por qué? Porque el 15 de mayo, que se me permitió la comparecencia, pude defender y algunas de ellas han sido tomadas en cuenta dentro del proyecto y hoy son parte ya de este importante, de estas modificaciones que se van a aprobar, entiendo, el día de hoy.

En ese sentido, hay, más allá de aquellas que han sido acogidas, quisiera indicar de que es importante para mí una que me parece trascendental, que es la cuestión de los radares. Bien se ha manifestado de que, por ejemplo, hoy será mandatorio de que a 500 metros antes de estos radares, los que queden, porque sé que muchos van a salir ya del paisaje nacional, eso es positivo, pero los que queden tendrán que llevar 500 metros antes la nomenclatura, la información, la señalética, que permita que el conductor sepa que hay ello y no se convierta en esto en algo recaudatorio.

Ahora bien, lo que se recaude, y ese fue mi proyecto y el proyecto que lo habíamos trabajado con el equipo, esta destinación será prioritaria para la seguridad vial. Eso es importante, porque ya no se convierte en una recaudación para un empresario privado que de pronto vio como buen negocio poner radares conjuntamente en las municipalidades y de pronto llenarse de recursos, porque esos recursos irán a la seguridad vial. Creo que ese es uno de los temas fundamentales que se han recogido de la propuesta que presenté, pero hay un tema que quiero aprovechar, porque sé que los transportistas pesados del Carchi, sobre todo, en Tulcán está la flota vehicular del transporte pesado más grande del país y he recibido algunos mensajes, llamadas y sobre todo preocupaciones de ciertos sectores que indican que habría algunas dificultades en el entendimiento de uno de los artículos.

Y quiero referirme exclusivamente a la supuesta desnaturalización que podría darse en lo que es el transporte interprovincial de pasajeros, al cual de alguna manera ya se le regula la carga que puede llevar. Ahí digo desnaturalización, porque la preocupación de los transportistas es que se pueda llevar carga y se pueda afectar al transporte mixto, al transporte liviano y por supuesto al transporte pesado. Yo quiero manifestar allí que el sentido de la ley, y lo hemos conversado con algunos de los compañeros, no es eso. No es que se busca que se lleve carga en el transporte interprovincial.

De todas maneras ya se lo hace. ¿Quién de nosotros no ha enviado a sus provincias una caja, unos documentos o alguna situación que sea parte misma en las terminales terrestres? De hecho existen ya los lugares de encomiendas. Se puede realizar este procedimiento, lo que se ha hecho es regularizar. De todas maneras, el compromiso, y quiero ser muy claro con mi provincia, con la gente que me está escuchando en mi provincia, nosotros dentro de la Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados estamos debatiendo las reformas al Código Orgánico Integral Penal en el capítulo de contravenciones de tránsito.

Allí es donde les vamos a invitar a las mesas de trabajo que las vamos a abrir para que podamos debatir, podamos analizar cuál es la cantidad, el peso prudente que se puede llevar. Porque el miedo claro es de que de pronto algún loco conductor con esta norma se le ocurra que en el bus, viendo que de pronto no existen pasajeros, en algunos de los asientos se quiera reemplazar por carga. Eso sería lo más ridículo, pero bueno, hay gente que se lo imagina y de pronto podrá interpretar de esa manera.

Eso no es nuestro sentir. Y dentro del proyecto que nosotros vamos a debatir en los siguientes meses, pues mi compromiso es con los transportistas pesados, obviamente también con el transporte interprovincial, realizar estos debates para que no se nos vaya a salir de las manos, regularizar y convertir dentro de las contravenciones las sanciones respectivas para el mal uso de esta disposición. Eso significaría que si alguien pone demasiada carga y pone en riesgo la vida de sus pasajeros, por ello evidentemente tenga sanciones disciplinarias, económicas, de cualquier tipo para evitar que esta norma vaya a ser mal interpretada.

Eso lo quiero aclarar para la gente que me escucha en mi provincia. Estamos aquí para defenderles, para apoyarles y eso es lo que hemos realizado durante estos dos días en los cuales sobre todo generaron esta alerta un grupo, una asociación de transportistas pesados del Carchi a los cuales les envío mi abrazo, mi saludo y sobre todo mi compromiso. De igual manera, indicarles, no es parte de la ley, pero aprovecho el micrófono, sugerirle al gobierno nacional, los transportistas pesados están teniendo inconvenientes en Perú debido a la cuestión del combustible que nosotros tenemos o poseemos en el Ecuador, hay sanciones gravísimas de muchos transportistas, sobre todo pesados, sugiero a través de los distintos ministerios que se reúnan, que les apoyen, que les den la mano al cuerpo diplomático, que les acompañen.

Ahora hay buenas relaciones con el Perú y creo que se puede de alguna manera apoyarles a los transportistas, sobre todo fronterizos. Y para ellos también una buena noticia y es que en mi comisión de gobiernos autónomos incluimos un proyecto de ley que permite la disminución de la burocracia dentro de los trámites de frontera exclusivamente para el transporte comercial, el transporte pesado. Creo que pesa más lo positivo de la norma y yo quiero hablar de algunos de los temas, como por ejemplo la cuestión de los scooters.

Justamente estaba revisando algunos de los temas de alguna de la data. Solo en este año, desde enero hasta septiembre del 2026, tenemos 45 heridos, dos muertos, a causa de este tipo de vehículos. Uno de ellos falleció antes de ayer en las Naciones Unidas. Que hay que regularizar y obviamente hay que hacerles parte del SPAT, es decir, que haya un seguro para poder de alguna manera proteger la vida de la gente me parece importante. De igual manera la regularización del delivery, que puedan tener sus chalecos, que puedan tener sus licencias específicas y sobre todo que puedan rodar sin acompañante.

Si hacen un trabajo, como está bien, como es el ecuatoriano emprendedor y pone su delivery, evidentemente pues tiene que hacerlo de una manera adecuada y regularizada para evitar que el crimen organizado haga uso doloso de esta posibilidad que hoy el Ecuador la tiene de manera informal. De igual manera, creo que es importante la cuestión que lo había manifestado, el retiro de los radares, creo que eso es fundamental. Creo que muchos, muchos transportistas, y me incluyo en el Ecuador, estaremos realmente convencidos de que ese es el camino.

No podemos permitir que esto se convierta en una cuestión recaudatoria. Creo que rescatable también del proyecto es poner días, 360 días, para emitir el reglamento, que la anterior ley se quedó en deuda, porque entiendo que fueron años que nunca se pudo reglamentar. Al igual que considero fundamental, por ejemplo, que se cree un chip, una especie de TAC único, que está integrado al ECU 911. Y eso va para los propietarios de vehículos que de alguna manera podrían darle seguimiento a su vehículo cuando ha sido robado, porque se sobreentendería que en algún lugar donde pagó su peaje, evidentemente se pueda localizar al vehículo que ha sido sustraído.

Eso es fundamental, permite también alivianar la carga en el sentido burocrático de papelería, pero sobre todo creo que es un poco, o al menos al estar articulado con el sistema del ECU 911, nos da algo de paz como para poder dar seguimiento a los vehículos que son sustraídos. Obviamente creo que hay mucho todavía por mejorar. En la Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados, que presido, invito desde ya a participar a los distintos asambleístas de las distintas bancadas. Tenemos ahí todavía mucho por analizar en lo que son las contravenciones de tránsito.

Yo creo que hay mucho por rescatar, se han hecho debates durante este año, pero creo que aprovechando que hoy algunas cosas al parecer se quedan un poquitito sueltas, que todavía pueden mejorarse, que se pueden regularizar, invitarles a los debates con voz, como lo es lógico, dentro de los distintos asambleístas para que puedan ayudarnos a mejorar este instrumento legal. Y sobre todo a los amigos, a mis paisanos, a los carchenses, preocupados por esta situación que nos han hecho llegar esta observación, estén tranquilos que acá vamos a regularizar las sanciones para el mal uso de esta modalidad de transporte interprovincial de pasajeros que no se puede y no está bien que se desnaturalice por una cuestión de que, entre comillas, se haya permitido llevar o se permita llevar carga, que es muy común y me refiero a la cuestión de las encomiendas, que eso es algo normal que se ha venido desarrollando en el transcurso de los años.

Esos serían básicamente una de las preocupaciones, uno de los aportes que quería aprovechar el micrófono para aclararlo, porque siempre habrá sectores políticos, sectores que de alguna manera a veces desinforman o le ponen miedos a la ciudadanía cuando se debaten este tipo de proyectos de ley. Invitarles a pensar en que estas regulaciones son parte de la vida humana. Cuando se habla del transporte, evidentemente, siempre saltan algunas preocupaciones. Ayer nos abordaba la gente de la CTE en general, pero yo creo que el sentido de la ley es proteger la vida de los ecuatorianos, cuidarlos y, sobre todo, respaldarles a través de este instrumento legal.

Entiendo que se me acabó el tiempo y le agradezco, señor presidente, la palabra. Un abrazo y muchas gracias por el uso de la misma.

Gracias, asambleísta. Tiene la palabra el asambleísta Alex Toapanta.

en la curul física de la Asamblea Nacional. Quiero saludar en esta mañana y de paso también agradecer al presidente por otorgarme el uso de la palabra. Si bien es cierto, el Estado ecuatoriano reconoce a los pueblos y nacionalidades indígenas del país como pueblos y nacionalidades, 14 nacionalidades, 18 pueblos y más de 14 mil comunidades. En ese contexto, quiero referirme a varios aspectos, a varias solicitudes y varios requerimientos que nosotros hemos hecho respecto a la reforma de la Ley de Transporte Terrestre y Seguridad Vial. En efecto, el año anterior, en el año 2025, se conoció el primer debate, el informe para primer debate de esta ley que el día de hoy estamos tratando.

Y en efecto, nosotros hemos hecho varios requerimientos, varios aportes a esta ley, esperando de que la Comisión nos tuviera la amabilidad de invitarnos. Sin embargo, no hemos tenido luz verde a que nos pudieran invitar en el contexto de poder aportar a esta ley. Y en efecto, nosotros, como el bloque de Pachacuti, hemos sido quienes más hemos propuesto de alguna u otra manera alternativas a las diferentes leyes que ha propuesto dentro del legislativo. En ese contexto, pues, hacemos referencia a varias propuestas de ley, ¿no? Y caso muy particular en el caso del transporte comunitario.

Saludo a la Comisión, saludo a su Presidenta, de que de alguna u otra manera ya se ha regularizado a los medios de transporte donde más delitos se ha logrado comprobar que han existido a lo largo y a lo ancho del país en los últimos tiempos. En el caso de las motocicletas, en el caso de los deliveries, e inclusive en el caso del alquiler de vehículos. Saludamos la intención que han tenido de poder, en este informe, pues, evidenciar los diferentes medios de transporte con los cuales se están cometiendo delitos, ¿no?

Pero también quiero hacer referencia a la ley actual, a la ley que está vigente, a la ley que todavía no se modifica y con su veña, pues, procedo a leer lo que dice la ley. Dice, dentro de los 180 días siguientes, entrará en vigencia la presente ley. La Agencia Nacional de Regularización y Transporte Terrestre de Tránsito Seguridad Vial y los gobiernos autónomos descentralizados, dentro de sus respectivas jurisdicciones territoriales, determinarán las rutas para la presentación, para la prestación de servicio alternativo comunitario excepcional. Yo quiero preguntar, señor presidente, señora presidenta de la comisión, que en efecto a esta ley, pues, no se han todavía logrado regularizar lo que en la ley indica.

Han pasado ya más de 180 días y todavía las rutas para el servicio alternativo comunitario rural no se han podido regularizar. Lo segundo, existen señalización vertical y horizontal para dichas vías, no lo existe todavía. Y tercero, el reglamento de seguridad para este servicio todavía no ha sido ejecutado. Es por eso que, en este instante de mi intervención, quisiera hacer referencia a nuestro pedido, a nuestro aporte, que dentro del desarrollo de las comparecencias a la comisión respectiva, el señor Giovanni Moreno, subsecretario de Transporte Terrestre y Ferroviario, indica lo siguiente.

Dice que, en la comisión respectiva, reconoce que existen realidades que operan sin un marco legal y jurídico y que, claro, deben ser reconocidas y reguladas, incluyendo expresamente el transporte comunitario en zonas rurales. A pesar que el señor Giovanni Moreno, subsecretario de Transporte, sugiere en la comisión, veo que en el informe todavía no se ha logrado consolidar esta recomendación, este preámbulo que ha hecho el señor secretario. Y, claro, nosotros también, luego o antes de la mencionada aseveración que el señor técnico indica, pues, nosotros con fecha 18 de agosto del 2025, mediante memorando ANTTJAF 2025-018, ya hemos hecho un requerimiento, ya hemos hecho una solicitud de que específicamente se llame a nuestros actores principales, al menos los tratantes en el tema del transporte comunitario, al sector social, como es el movimiento indígena y campesino de Cotopaxi, a los señores representantes de los diferentes gobiernos autónomos descentralizados rurales en la provincia, en el caso de la provincia de Cotopaxi, y, claro, también algunas organizaciones civiles de órgano comunitario que tiene nuestro querido Ecuador.

¿Qué es lo que quieren? Inclusive, en un documento, ya he hecho llegar al despacho de la señora presidenta, pues, hacíamos referencia a un estudio técnico sobre la necesidad que tienen nuestros transportistas y también nuestros estudiantes, quienes movilizan la carga comunitaria, quienes movilizan sus productos diariamente, quienes están diariamente a expensas de una, de un control policial o de agentes de tránsito, quienes bajan desde su comunidad hasta los centros urbanos con sus productos, y lastimosamente, como el transporte comunitario no se encuentra regularizado, ¿qué es lo que hacen los señores agentes de tránsito o los señores agentes de policía?

Cogerlos detenidos, multarlos con casi 800, 900 dólares, reducción de puntos en la licencia y la retención del vehículo hasta cuando pueda justificar su propiedad y luego pedir también su devolución. Entonces, ¿qué hemos dicho con esta propuesta? ¿Qué hemos dicho con este estudio? Que, donde no exista transporte legal, tengan a bien reconocer al transporte comunitario, cosa que en la actual ley ya está reconocida. Lo que nos impide ejecutar este tipo de transporte es la palabra excepcional. Y en conocimiento de quien me antecedió la palabra, el señor presidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados, pues, asumo o entiendo yo que luego que se trate esta ley, a futuro se tratará también la ley de gobiernos autónomos descentralizados.

No sé si ahí va a ser el momento oportuno para que se incluyan nuestras peticiones, se incluyan nuestras recomendaciones y, por supuesto, también que haya mayor amplitud de debate en las comisiones, en los diferentes plenos de la Asamblea Nacional, para poder justamente estar identificados con la ciudadanía y, obviamente, a diferentes sectores que no han sido tomados en cuenta, se los incluye en los diferentes proyectos de ley. Eso quería hacerles llegar como el malestar que hemos tenido por la falta de comparecencia en las diferentes comisiones o en esta comisión, respectivamente.

Y, claro, pues, me quedan algunas dudas que, obviamente, los tendré que subsanar dentro de la comisión. Pero, sin embargo, vemos también que la ley que ha sido propuesta el día de hoy, de alguna u otra manera se están regulando transportes que, de alguna manera, han sido utilizados para el cometimiento de delitos. Y saludo también la intención que se tiene para poder combatir la delincuencia. Pero, sin embargo, hay algunos sectores, hay algunos sectores del transporte que no han sido tomados en cuenta. Asumo también que varios sectores del transporte están el día de hoy en las barras altas de la Asamblea Nacional, lo que es el transporte de turismo, lo que es el transporte intraprovincial, intracantonal, quien tiene también serias preocupaciones.

Y me voy a referir justamente a una de las preocupaciones que tienen nuestros hermanos transportistas. Por eso es que la ciudadanía debe saber o debe estar informada lo que está pasando o lo que se va a tratar el día de hoy en el pleno de la Asamblea Nacional. Dicen, no es el incremento, perdón, al decir el 1% del fondo asignado. Quisiera, en algún momento, el punto de información de que cualquier tipo de incremento a los valores es un incremento al bolsillo de los ciudadanos, cosa que hoy por hoy no está siendo, creo que bien visto, no estamos en las mejores condiciones económicas del país para asumir un costo más, cuando ya estamos asumiendo un costo por el precio del galón de combustible.

Así que, en algún momento se me podrá informar o de pronto interpretar de otra manera este incremento del 1%, pero sin embargo, en las otras cosas saludamos, en las que no tenemos nuestras diferencias, sin embargo, esperamos de que en las próximas comisiones, en los próximos debates, se pueda considerar nuestro aporte al tema del transporte comunitario. Así que, esa es la intervención que quería hacer, señor presidente. Gracias por otorgarme la palabra.

Gracias, asambleista. Tiene la palabra la asambleista Adrián Castro.

a la Comisión por el trabajo que han hecho dentro de este proyecto de ley, que ojalá sea en pocas horas más ya una ley nacional y que efectivamente se ponga en vigencia. Yo no puedo dejar de introducir este tema planteando lo que ocurrió esta semana. El día lunes, colegas asambleístas, el día lunes acá en la Avenida de los Xeris y Naciones Unidas, lamentablemente hubo un siniestro de tránsito muy grave, en donde una motocicleta eléctrica le atropelló a un transeúnte y lamentablemente él falleció. Los medios de comunicación plantearon dos titulares.

En el un titular decían que un scooter había atropellado a un ciudadano y en el otro decía que una motocicleta había atropellado a un ciudadano eléctrico. Y no estaban equivocados los dos titulares, porque lamentablemente nuestro marco jurídico ecuatoriano no contemplaba hasta ahora una distinción y una definición entre lo que es la micromovilidad, la movilidad eléctrica, un scooter, una moto eléctrica. Hoy ya se encuentran definidos estos dos términos dentro del proyecto y por eso empezaba diciendo que en buena hora, miren, este ciudadano fallece frente a un vacío legal.

Hoy la noticia del universo era que la persona que la atropelló está libre, precisamente entre otros elementos que observaba el juez, es que no se trata de un automotor per se, se trata de un vehículo que no tiene placas, que no tiene identificación, donde su conductor no necesita licencia, no necesita usar casco, porque no está regulado y este proyecto trae aquello. Para entrar un poco en materia de fondo, dos ejes que hay que tocar aquí. Primero el de la siniestralidad y luego el de la seguridad per se.

Primero el de la siniestralidad porque voy a referirme concretamente a este tema de las motos. ¿Por qué dirán ustedes que me refiero a este tema? Porque en el país ya hay más de dos millones de motocicletas, más de 2.200 motocicletas para ser un poquito más preciso. Y en ese sentido, si revisamos los últimos datos que nos arrojan las estadísticas en este país, las motocicletas están involucradas dentro del 23% de los siniestros a nivel nacional y dentro del 32%, lamentablemente, de las personas fallecidas en este país.

Son porcentajes elevadísimos y les abro conforme dicen las estadísticas, pero quienes están detrás no son cifras, son seres humanos y por ello hay que aterrizar precisamente este debate y esta discusión en las personas y por eso el tema es el fortalecimiento de la seguridad vial. ¿Cuánto significa esto para el país? Porque ustedes dirán cuánto está agotando la red de salud pública en los casos de siniestralidad, muertes y lesiones en el país. 5 mil millones de dólares, estos son básicamente el 5% del Producto Interno Bruto del país, lo que gasta el Ecuador.

Por otro lado, estamos hablando de que la red de salud pública abarca más del 70% de los casos de siniestros de tránsito todos los días en las unidades de emergencia, UCI y demás. Y otros datos que no sabemos nosotros porque no se contabilizan conforme a lo que dice la OMS, es que en los datos que tenemos en el país no asoman sino aquellas personas que mueren en ese instante, pero no quienes mueren 30, 40 días o 60 días ya en el hospital. Entonces las cifras son mucho más altas y por ello en el primer semestre de este año las cifras se han aumentado y dentro de eso, insisto nuevamente, las motocicletas son parte de esta regulación.

Eso por el eje de la siniestralidad de las cifras, pero por el lado ya de la seguridad ciudadana como tal, hay que resaltar algunos hechos que yo traje aquí para poner sobre el tapete en este debate muy importante. En Quito, por ejemplo, entre junio del año pasado y junio de este año, se reportan más de 475 casos de delitos asociados a motos, a motocicletas, de los cuales 139 casos están directamente vinculados con personas que se disfrazan de deliveries. Se disfrazan, digo, porque aquí voy a ser muy enfático en diferenciar al que se disfraza de delivery y al ciudadano nacional o extranjero que hace de esa actividad su día a día y que vive de eso, que se levanta a las 6 de la mañana, que esté en el sol, en la lluvia, haciendo un trabajo que le permite vivir.

Y eso quiero decirlo desde el principio porque hay que diferenciar de estos otros que se disfrazan para poder entrar a urbanizaciones, cometer actos criminales. El 7 de enero de este año, acá en la ciudad de Quito, fuimos todos los que estamos acá en esta asamblea testigos de aquella muerte fatal a un guardia de seguridad en la avenida 6 de diciembre que no pudo detener a esos dos malhechores con su gas pimienta. Fue asesinado precisamente por dos sujetos que andaban en una moto disfrazados de delivery. Lo mismo pasaba en mi ciudad de Cuenca.

En julio hubieron tres hechos. En julio hubo tres hechos lamentables que se dieron en Cuenca. El primero de ellos, una detención de 11 sujetos disfrazados de delivery que trasladaban drogas y al microtráfico de droga en la ciudad de Cuenca vinculados directamente a la agrupación de los lobos. Ese mismo, en este mismo mes de julio, hace poquito, van a una gasolinera disfrazados de delivery y le meten un disparo al que manejaba los surtidores de la gasolinera. Y luego, asimismo, cuatro extorsionadores disfrazados de delivery que pedían 6 mil dólares a los ciudadanos según las pruebas que presentó la policía en el acto de flagrancia.

Todo esto dentro de estos que se disfrazan de una actividad, insisto nuevamente, que tiene que ser regulada en nuestro país y que hoy lo que ha hecho esta ley es traer a colación una regulación. Llegamos atrasados a esta regulación, colegas, pero nunca está. De Brasil, se nos adelantó hace 17 años, Estados Unidos hace mucho más, recientemente Colombia, Perú, España nos puede dar una cátedra de la regulación del servicio de entrega de bienes de servicio a domicilio, más conocido como delivery. Y si bien llegamos tarde, la comisión ha hecho un buen trabajo porque ha recogido el proyecto que presenté hace más o menos un año y medio y por lo cual agradezco también a la comisión porque han rescatado, han debatido y lo han mejorado, además, y quiero en ese sentido decirles que los cuatro elementos que presentábamos dentro de la regulación de delivery están plenamente recogidos y mejorados.

Primero, el tema de la placa. ¿Cuándo fue la última vez, colegas, que ustedes recordaron cuando pasa una moto a su lado el número de placa? ¿Se puede coger el número de placa? Es imperceptible, es pequeña, no se la ve, pasa a una velocidad increíble. No es lo mismo tener esa placa en el casco, tenerla en el chaleco y tenerla ahora en la mochila. Eso es lo que ha planteado el derecho comparado, lo que nosotros vemos hoy en día y lo que le va a permitir hacer un mejor control a la gente civil de tránsito, al policía o al vigilante.

Segundo, dos en moto. Esta ley plantea la prohibición expresa, escúchese, prohibición expresa que durante el servicio de delivery estén dos sujetos en esa moto, precisamente porque estamos viendo cómo se han dado los últimos asaltos, secuestros, robos, de estos que se disfrazan de deliveries en el país. No de los que hacen la actividad, voy a seguir recalcando en ello. Luego, el registro nacional, el registro nacional obligatorio, no es el registro voluntario, el registro voluntario no sirve, no sirve. El registro obligatorio le permite al ente nacional en este momento identificar a qué personas realmente se dedican a esa actividad y evitar que cualquier comercio o plataforma diga a mí ese repartidor no me pertenece.

Vamos a tener un listado completo, absolutamente registrado de las personas que hacen esa actividad, para que además se sepa cuáles son los que no hacen eso y están valiéndose y disfrazándose de los repartidores para cometer crímenes. Cuarto, la licencia, que para mí es lo más importante. Y este es un mensaje para las entidades de control que así lo han venido pidiendo. Cuando nuestros migrantes y todos los que vivimos acá en este país tendremos amigos o conocidos migrantes, van a darles fe de que cuando llega un ecuatoriano allá no puede desarrollar una actividad comercial con la licencia ecuatoriana así nomás.

Tiene que homologar su licencia, pero además cuando le piden los documentos y maneja una motocicleta le piden su pasaporte. En este país también hay reglas. Y de hecho, no es una novedad que desde el año 2008, colegas, desde el año 2008 en este país, cualquier ciudadano extranjero que llegue tiene que utilizar su licencia únicamente para actividades particulares. No es de ahora. Dos mil ocho, compañeros asambleístas. Por lo tanto, había que regular la actividad comercial porque quien reparte bienes y servicios cobra y es una actividad comercial.

Por lo tanto, tiene que el Estado regularla. Y en ese sentido lo que se plantea es que para los controles del ciudadano que venga a este país para el caso de ciudadanos extranjeros tenga que presentar el pasaporte como lo hacemos nosotros en Estados Unidos y nuestros migrantes, junto con su licencia para conocer si es que el periodo que tiene de permanencia coincide precisamente con lo que hace con su licencia. Y si no es así, que la homologe. No se está poniendo traba. Simplemente se aplican las reglas que además se aplican en el derecho universal.

Que la licencia se homologue a la ecuatoriana y que se aprenda las reglas ecuatorianas. Nuestras señales de tránsito, nuestras ordenanzas, nuestros reglamentos para poder desarrollar una actividad que hoy es de urgencia regularla. Colegas asambleístas, más allá del tema de las deliveries y más allá de los temas que ha planteado Valentina Centeno en su elocuente y además completa intervención que ha hecho dentro de este pleno, esta ley protege 100% al peatón. 100% al peatón, el que está en la cúspide de esa pirámide de la movilidad en el país y que muchas veces es violentado en sus derechos y por lo tanto la micromovilidad tenía que desarrollarse.

Nuestra ley, asimismo, digo, no estamos tan atrasados ahí ciertamente los países de la región como Colombia y Perú hace muy poco lo regularon, Argentina igual, pero es necesario que el Ecuador lo haga de igual manera. No es lo mismo una patineta eléctrica, un monopatín eléctrico que una moto que circula a más de 40 kilómetros por hora, a 80 kilómetros por hora y no tenga placa. ¿Cuál es la diferencia entre una moto eléctrica y una moto a motor? Yo les digo una, que la moto a motor suena y cuando usted le ve al lado probablemente sus reflejos le hagan evitar algún tipo de choque o impacto, pero la moto eléctrica ni siquiera suena y lo peor de todo es que como no tienen reglas no hay como usar casco, no existe placa, no existe identificación, circulan por donde quieren y no existen reglas del juego.

Esta ley plantea y prevé reglas del juego que otros países de la región ya la tienen y en buena hora que llegue con esta propuesta de ley. Me he referido, insisto nuevamente, a los hechos, presidente, que se dieron este día lunes y que no puedo dejar de tocarlos porque un ciudadano salió a la avenida de Los Chiris a caminar y lamentablemente fue atropellado por uno de los vehículos de la movilidad eléctrica a la que además hay que apoyar e impulsar por supuesto por las emisiones y demás que hay que evitarlas al medio ambiente, sí, pero tenemos que poner las reglas para que esto nunca más vuelva a ocurrir en nuestro país.

Que esta ley favorezca al peatón y que tengamos el apoyo mayoritario de los colegas asambleístas y una felicitación nuevamente a la comisión por ese trabajo que ha hecho. Muchísimas gracias, presidente y colega.

Gracias, asambleísta. Tiene la palabra la asambleísta Blas Coluna.

Qué bueno, eso le hace bien a la Asamblea. Eso permite un debate pese a que seamos opositores, porque si no hablamos desde nuestras ópticas, queda en tela de duda la democracia. Y yo hasta la sesión del día martes no encontraba esta democracia de poder participar y va dirigido a todos. Eso le hace bien al país. Además, no tienen que restringirnos del uso de la palabra por ser oposición, más por el contrario, debe alimentar a un debate con madurez. Y por eso saludo su actitud, presidente, más allá de que este comentario mío le pueda generar problemas.

Yo no tengo nada en común con el presidente encargado Esteban Torres, pero sí reconozco desde mi óptica de demócrata y sobre todo de político que eso le hace bien a la democracia. Me he tomado un minuto únicamente para estos temas. Ahora vamos al grano. 7 de julio de 2026, un joven de 22 años fue atropellado por un vehículo liviano en el carril exclusivo de la Ecovía, en el norte de Quito, la tarde del martes 7 de julio. Nos alarma, sí pues, porque ahí hay privilegios, vehículo oficial del Estado, con vidrios polarizados, con resguardo policial, que ni siquiera permitieron detener al infractor y menos a su ocupante, se queda en la impunidad.

Y esta ley, lamentablemente, valida y hace de que eso se profundice. No está bien, pues, hay que decirlo. Esa es la oposición. Artículo 76, modificación a la disposición general sexagésima séptica, séptima. Vehículos de autoridades podrán estacionarse donde quieran. O sea, paran el carro ahí en medio de Ecovía y ya con esto no le podrán estacionar. Podrán ganar a la velocidad que quieran. O sea, van, atropellan como lo que pasó aquí y no va a pasar nada si se aprueba esta modificación a través del artículo 66.

Utilizar dispositivos, sirenas, todo, para andar, quién sabe, haciendo qué, pues. Invadir vía, cuando quieran. Y únicamente, dice ahí con las letras pequeñitas, tomando las precauciones. No validemos de eso, por Dios. Hay muchas cosas buenas que están en la ley y la norma, pero como temas como estos, no podemos nosotros apoyar y validar. Por favor, saquen, saquen este tipo de artículos que le hacen daño a la transparencia y sobre todo a la igualdad de condiciones. ¿Por qué una autoridad tiene que infringir la ley? ¿Por qué se le tiene que perdonar las multas?

Por andar a la velocidad que quieran. No le hace bien, pues. Revisen. Artículo 76, se les pasó, creo. Modifiquen. No permitan estos privilegios. Transporte logístico. Con Valentina nos sentamos en el periodo anterior. Yo era parte de esa comisión como vicepresidente. Y se consideró la necesidad, luego del análisis de la comparecencia de los diferentes actores, que se debe considerar y regular el transporte logístico. ¿Y qué es el transporte logístico? Ciudadanos que con vehículos adecuados prestan el servicio y que hoy son tercerizados por cooperativas que están debidamente legalizadas y que no dan el servicio, sino les tercerizan.

Y les pagan los que les venga en gana. Y cuando quieren, les pagan. Mientras ellos dan el servicio y a la paz, tienen que esperar la regalada gana para recibir migajas. Legalicen, pues, el transporte logístico. Hay una delegación que está afuera, que quiere ser esta bien escuchada. Escuchemos a la gente y evitemos que esas mafias de quienes, teniendo una modalidad de servicio de transportación, subcontratan y se llevan el santo y hasta la limosna. Eso no está bien. ¿Por qué sacaron ese artículo? Legisladora Valentina Centeno. Le pido nuevamente, reconsidere y hagamos justicia con estos sectores que tienen que estar mendigando por tener un trabajo digno y dejar de ser tercerizados.

Que bien el sistema de monitoreo a los buses. Le hace bien. Porque nosotros que andamos en cooperativas, en buses, subimos y tenemos el riesgo de que nos roben. Pero si es que no lo han considerado, consideren también que se haga el monitoreo de la velocidad, pues. ¿A qué velocidad anda un bus? Cuando la norma dice no más de 90 kilómetros por hora y que sea razón suficiente e inmediata a través de esos dispositivos satelitales. Si en el celular, cuando nosotros vamos en los vehículos, se reporta a qué velocidad andamos.

Que se le sancione de manera inmediata, con reducción de puntos, con sanción económica, porque no se puede poner en riesgo y en juego la vida de los ecuatorianos. Hay que tomar medidas que en realidad permitan controlar y evitar que se siga haciendo de la ley, tabla raza, y se termine por perjudicar a los ciudadanos que esperan llegar a sus hogares. Entonces, eso es como una sugerencia. El transporte turístico pone en una salvedad de que se puedan otras cooperativas dar este servicio. Hasta ahí todo bien, pero ahí voy un poco más allá, en los cuatro minutos que me quedan.

El problema de fondo, ¿saben cuál es? Hace cuatro semanas estuve en Loja. Me fui a visitar con mi familia a la Virgen, a la Churonita, como devoto que soy para los lojanos. Venía en un bus, en una furgoneta, es más. Y ¿saben qué pasó? Los policías estaban más preocupados, no en pedir el documento, sino en sancionar, porque no es un transporte turístico, sino era un bus de uso personal. Tres operativos, tres operativos, y los tres no querían terminar haciendo que se cumpla la ley. Querían coima, querían plata, digan las cosas por su nombre.

Yo planteé, dentro de esta misma reforma a la ley, y también le hice el planteamiento en la Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados, la necesidad de que los operativos en carretera sean con body cams, para que todo quede grabado, para que no exista la viveza criolla, para quien comete una infracción, sea sancionado, y que no sirva como instrumento de parar en cualquier lado cuatro conos, y buscar coimas, y recibir plata, y que más allá sea accidente ese carro, y muera gente. ¿Por qué no pusieron eso en la norma, pues?

Que los operativos en carretera sean con body cams, en donde los vehículos que cometen una infracción, quede registrado, y vigilante, y policía que no cumple con la ley, no son todos, pero hay malos elementos, sean destituidos de manera inmediata. Ahora, costen la corrupción de raíz, no dejen patas ahí que están divididas o distribuidas, y que va a seguir resistiendo esa corrupción, porque los operativos de tránsito, al final del día, no están previniendo, están sirviendo para la coima y para la corrupción. Voy por lo relacionado a los cupos de los taxis, en Azogues, cantón al que pertenezco, y provincia, la linda y hermosa provincia del Cañar, visiten, visiten el Cañar.

Un problema gravísimo. De la noche a la mañana, dirigentes, dirigentes obsoletos, yo desde que era niño les veo como dirigentes, han pasado ahí mismo, ahí mismo, pasaron con el gobierno de Maguad, con el gobierno de Bucarán, con nosotros nos juraron a Morreterno, a Moreno le juraron a Morreterno, a Lazo le juraron a Morreterno, y a Daniel Novoa también le juraron a Morreterno. Entre ellos la chinca, los cupos, Azogues está saturado de taxis, no hay un espacio para poner un taxi más, y oh sorpresa, en las últimas semanas, incremento de cupos.

¿De cuándo acá? Pues, ¿cómo así? ¿Quién fue a negociar con el gobierno para que a cambio, no sé de qué, le permitan el incremento de cupos? Hagamos que la ley prohíba, tajantemente, sin que exista un verdadero análisis de fondo, y el involucramiento de la población y la ciudadanía, los incrementos o no de los cupos de los taxis y de las camionetas doble cabinas, donde no sigue existiendo ese negociado. ¿Por qué? Porque ellos se acreditan los cupos, venden a la vuelta de la esquina en 30, 40 mil dólares, y ahí se hacen su agosto, su agosto en todo el año, y perjudican a quienes investieron para tener un cupo para llevar el pan a su mesa.

Ahora, los cascos, perfecto lo que ha dicho el asambleísta Castro, pero yo hice un planteamiento, que tengan un código, sea QR o algún tipo de monitoreo permanente, para que inclusive, el momento de que se matricule una moto, matricule con máximo dos cascos, que estén debidamente homologados, y que el dueño de la moto responda por sus cascos si pasa algún accidente, si es que ha prestado el casco, si se ha cometido un sicariato. Vamos a regular y normalizar lo que el día de hoy le hace daño al país.

Consideren parte de, o más bien dicho, estas observaciones, y contarán con nuestro apoyo, porque nosotros queremos el bien del país. Pero si siguen en insistir en dar privilegios a dirigentes caducos, que estuvieron con nosotros y ahora están con ustedes, esto no va a cambiar, y las muestras van a seguir abriendo en las calles, y van a seguir resistiendo corrupción y corruptela por esos malos elementos, que no ven por el país, sino solo por sus bolsillos. Hasta aquí mi palabra, presidente. Gracias. Gracias.

Gracias.

Es probable que todos avancen a intervenir. Si no es así, este debate probablemente se termina a las 4, 5 o 6 de la tarde. Así que les pido en lo posible concreción y sujetarse al tiempo. Tiene la palabra el asambleísta Alfredo Serrano.

Proyecto de ley que nace de 15 proyectos de ley unificados y cuyo trámite inició en algunos proyectos desde hace cuatro años atrás, tiene cosas mayoritariamente positivas. Por supuesto que regular la micromovilidad es un tema altamente positivo y hay que hacerlo. Por supuesto que regular los deliveries es otro de los temas altamente positivos para darle un poco de seguridad al pueblo ecuatoriano, principalmente aquellos que se benefician de este servicio y que se ha convertido lamentablemente también en una herramienta para cometer delitos. Resolver los conflictos que existen actualmente en los cantones entre la Policía de Tránsito Cantonal versus la Comisión de Tránsito del Ecuador, hasta dónde es el cantón y a dónde entra la carretera, también se está manejando en este tema y eso es también positivo.

El control de carreteras por parte de la Policía Nacional, caramba que es positivo, pero por supuesto que es positivo para combatir el crimen en este país. Y así por el estilo algunos temas, pero también como todo proyecto, como todo asunto hecho por humanos, también se cometen ciertos errores que yo creo que son de buena fe, porque yo al menos juzgo las cosas en función de lo que yo soy. Por ejemplo, en la disposición general tercera, donde se le da un plazo de 180 días, escúchame, 180 días para que la Agencia Nacional de Tránsito, conjuntamente con el Ministerio de Seguridad, haga un análisis de lo que está pasando en las agencias de tránsito municipal.

180 días, compañeros legisladores, para 222 municipios, porque yo no sé si el último municipio ya tiene creado su tema de transporte. Es imposible que en 180 días puedan hacer un verdadero informe técnico para ver si están cumpliendo con las competencias. Y, claro, si no cumple ese, si ese informe es negativo, dice la ley, que se le podrá quitar en forma total o parcial la competencia. Pero en ninguna parte, la Presidenta de la Comisión mencionó de forma temporal, en ninguna parte del articulado se utiliza la palabra temporal.

No existe la palabra temporal. Yo sí creo que si, obviamente, un municipio ha cometido barbaridades y se le suspende el tema en forma parcial o total, y decía la Presidenta, debe ser temporal, pues. No puede ser definitiva, porque no le podemos quitar a un municipio en forma definitiva la competencia del tránsito, por culpa de su alcalde o por culpa de quienes cometieron este tipo de delitos. Hay que pensar en el cantón, hay que pensar en la organización territorial llamada Gobierno Seleccional Autónomo. Y a ese cantón, es obvio que no le podemos quitar esa competencia de forma definitiva, porque caso contrario, nuevamente fecundamos y retrocedemos al centralismo, a querer resolver los problemas que deben resolverse de forma cantonal o de forma provincial a nuevamente en Quito.

Quienes son de provincia saben lo que eso significa. De manera que aquí debería clarificarse que el tema y cuánto tiempo podría durar la sanción. Otra observación. Se está derogando la disposición derogatoria tercera, que a la vez deroga la disposición general trigésimo quinta del COTAC. ¿Qué dice esta disposición? Los gobiernos autónomos descentralizados podrán, a través de sus ordenanzas, determinar un porcentaje de reducción de las multas y recargos a favor de la ciudadanía. ¿Por qué? ¿Por qué le queremos quitar esa competencia a los municipios del país, a los gobiernos autónomos descentralizados?

¿De reducir las multas y recargos a la ciudadanía? ¿Por el cometimiento de infracciones administrativas y fiscadas en sus ordenanzas? No por los temas penales. Aquí es claro el artículo. Esta disposición no aplica para las sanciones y contravenciones de tránsito contempladas en el Código Orgánico Integral Penal. ¿Por qué le queremos quitar esta atribución a los gobiernos autónomos descentralizados? Si esa es competencia de ellos, que vi ordenanzas, pueden bajar recargos, bajar multas, como normalmente, sin duda alguna, señor presidente, en este fenómeno del niño. Muchos municipios, como tuvieron que hacerlo en su momento, en el COVID, donde nació este artículo, van a tener que hacerlo.

¿Por qué quieren derogar este artículo? Si esa es una competencia de cada gobierno autónomo descentralizado, en función de lo que pasa en su cantón. Mañana más tarde, cuando estemos en el fenómeno del niño, van a venir a decir que el municipio está cobrando multas porque no han pagado. Y claro, hemos derogado el artículo que les permitía no cobrar multas. Siguiente observación, señor presidente. Y esto, obviamente, atenta, como ustedes, por demás decirles, a la autonomía que tienen los gobiernos autónomos descentralizados. Se crea ahora, señor presidente, por ley de la República, aprobado por, y si se aprueba, obviamente, va a ser aprobado por la Asamblea Nacional.

El cargo, ahora creamos por ley, señor presidente y compañero legislador. Esto debería estar sujeto al organigrama de la Agencia Nacional de Tránsito. Pero los asambleístas o la Asamblea no puede crear cargos públicos. Si eso hemos hecho, eso ha sido motivo de varios archivos de leyes y le hemos votado a favor. Porque sabemos que no podemos aumentar el gasto público. ¿Qué nos dicen ahora? El servicio público para el pago de accidentes de tránsito contará con un director ejecutivo. De libre remuneramiento y remoción, designado por la máxima autoridad del ente rector de transporte, cuya remuneración provendrá a través del pago generado por el sistema, el seguro que pagamos en la matrícula, el SPAC, exactamente.

La remuneración se sujetará a la escala y normas que determinen. ¿Podemos nosotros como Asamblea estar haciendo esto? ¡Claro que no! Esto es parte de cambiar el organigrama de la Agencia Nacional de Tránsito y se acabó. Por poco pusimos el valor del sueldo aquí. ¿Y qué dice la ley actualmente? Que el excedente, cuando al fin de año hay excedente de lo que hemos pagado de ese impuesto para el seguro, esa tasa de seguro, se utiliza en los temas de movilidad del transporte, para arreglar semáforos, etc. Y ahora queremos pagar sueldos con esto.

Señores, la Asamblea no puede hacer estas cosas. Esto va a ser motivo de veto. Si guardamos la razón por la cual ha habido otros vetos. Señor Presidente, hay varios artículos que tienen que ver... Ah, el tema del delibre. La disposición general octava les da tres años, escúchense, tres años para regular este servicio. Ustedes consideran conmigo que es demasiado tiempo. El tema del delibre para armar el famoso control, hasta tres años. Y como somos ecuatorianos, sin duda alguna nos pasaremos de los tres años. Yo creo que es demasiado tiempo.

Todos hemos coincidido que el tema de delibres es un tema que hay que regularlo pronto, urgente, ya. No debería tener un término mayor a un año. Yo le escuché de mañana en la televisión a la Presidenta, me habló de un año. Y me pareció bien, pero ya leyendo la ley son hasta tres años. El artículo 75. Ahí hay un problema de redacción que yo no lo entiendo y lo he leído tres veces, no tengo el coeficiente intelectual de quienes hayan redactado este artículo, pero no lo entiendo.

Sobre, dice, artículos relacionados a Galápagos, disposición sexagéxima tercera, excepcionalmente en caso de retrasos o no disposición de los informes referidos por parte de los gobiernos autónomos descentralizados. Cada administración cantonal, no sabemos de quién, supongo que será del Consejo de Gobierno o será de la Agencia Nacional de Tránsito, no lo dice aquí. Dice, cada administración cantonal podrá trabajar de manera individual e independiente con el objetivo de regularizar las modalidades de transporte existentes en la provincia de Galápagos. No, no, no entiendo, señor presidente, a qué se quiere referir esta redacción y por lo tanto el artículo va a ser inaplicable.

Este es un problema, por ejemplo, de redacción, no es un problema de fondo, no sé qué quisieron decir. Tal vez se estaban refiriendo a las direcciones distritales del Consejo de Gobierno o no sé si son de la Agencia Nacional de Tránsito, no lo sé. La disposición general décima, que ahora nos obliga a los galapagueños que hagamos obviamente el servicio, la Agencia Nacional de Tránsito y Regulación de Tránsito y Seguridad Vial implementará los procedimientos y tipos de revisión vehicular enfocados a criterios de sostenibilidad, cuidado ambiental y seguridad, lo cual el concepto está bien.

El propietario de vehículo deberá, bueno, aquí viene la parte, someter el vehículo a la revisión técnica vehicular de manera anual en el cual deberá realizarse en su residencia eventual. ¿Cuál es la complicación que veo en esto, señor presidente? Los equipos para hacer una verdadera revisión vehicular pasan del millón de dólares. Obviamente el número de vehículos en Galapagos no justifica para pagar esa cantidad.

Estando de acuerdo en el concepto.

Lógico sería que la Agencia Nacional del Tránsito financie a los municipios este servicio, de este artículo que le estamos imponiendo, que está bien, no me lo pongo, que lo está imponiendo, que lo financie. Por último, señor presidente, y el artículo más importante para los galapagueños de esta ley, que es la disposición reformatoria quinta. ¿Sí? Esa es la que... No, perdón, acá está. Es la disposición transitoria octava, señor presidente. ¿Qué nos dice esta disposición, compañeros legisladores? Y eso me preocupa. La redacción. En el concepto, y estoy de acuerdo, que hay que regular a determinadas personas y vehículos que han venido funcionando desde hace mucho tiempo, hay que regularlos.

Pero tal cual está redactado, y les voy a hacer notar, implicaría que todo el mundo en Galapos que tiene un carro, tiene derecho a convertirse en servicio público de pasajeros. Miren lo que dice. Sobre la base del catristo levantado por única vez, se procederá con la regularización de los vehículos que no pertenezcan a operadoras de transporte terrestre, público o comercial. Es decir, los que no pertenecen son los privados. Es decir, todos. Y abrimos la puerta en Galapagos a que todos tengan derecho a armar una nueva cooperativa, porque eso también dice el artículo.

O afiliarse a las actuales o armar una nueva cooperativa, compañero, señor presidente. Este es un problema de redacción. El concepto, insisto, no lo combato, porque, por ejemplo, en el Cantón Isabela, que debería darse un trato preferencial, no tienen cooperativas y están operando, por cierto. Por ejemplo, debería dársele un trato preferencial para ellos que no tienen cooperativas reguladas. Pero aquí dice que es para todo el mundo, para todos los carros que no pertenecen actualmente a ninguna cooperativa. Eso a mí me preocupa. Y vean la parte final.

Para este proceso de regularización, los vehículos referidos deberán cumplir con todos los requisitos que establezca la renovativa vigente. Hasta ahí muy bien. Y aquí viene la parte impresionante. A excepción de los estudios técnicos de necesidad del servicio exigido para cada modalidad. En Galapagos queremos regular vehículos sin estudios técnicos. ¿Ustedes creen que eso es presentable? Insisto, no estoy en contra del concepto de la regularización. Estoy en contra de la redacción, que tal cual está establecida, abriría la puerta para que el que tiene derecho y el que no tiene derecho, señor presidente, pueda acogerse a este beneficio.

Con esto termino, señor presidente, ya que lo voy inquieto, y le agradezco por darme la palabra. El concepto de ley lo respaldamos, pero estos artículos deberían ser cambiados. Ah, se me escapó uno, que yo sí creo que es importante, señor presidente, una observación. Este, hay un artículo que está en la disposición reformatoria quinta y a la vez en la reformatoria sexta. Es la misma sanción. En la una la califican de contravención de cuarta clase y en la otra la califican de contravención de quinta clase. ¿Qué va a hacer el juez, señor presidente?

Cuando un motociclista ha violado la ley o lo sanciona por la disposición reformatoria quinta o la sanciona por la reformatoria transitoria sexta. Se contradicen los dos por el mismo, la misma contravención. Esta observación para la comisión y ojalá la pudiéramos corregir para poder votar todos en conjuntos. Ojalá pudiera regresar a la comisión para hacer estos cambios formales. No estoy proponiendo cambios de fondo, sino formales para mejorar su relación. Señor presidente. Gracias.

Gracias, asambleísta inquieto. Tiene la palabra el asambleísta Milton Aguas.

a la Comisión de Desarrollo Económico, precedida por nuestra colega asambleísta Valentina Centeno y también en su momento por nuestro colega asambleísta Diego Franco y a todos los miembros de la Comisión. Efectivamente, se hizo un trabajo compartido con los transportistas, sobre todo de mi provincia, de la provincia de Galápagos, sí quiero resaltar que gracias a la Comisión de Desarrollo Económico y el trabajo en equipo con el sector transportista de Galápagos, la alcaldesa de Santa Cruz, Fanny Uribe, su amigo y servidor Milton Aguas, los asambleístas de la Comisión, que también está nuestro colega asambleísta David Arias, que también es de Galápagos, se incorporaron observaciones que su amigo y servidor Milton Aguas puso en consideración para arreglar los problemas de transporte de Galápagos, que vienen por más de 20 años.

No son actuales, son de 20 años. Primero, se ratifica la doble actividad de operación del transporte comercial de Galápagos. Para ustedes, colegas asambleístas, tengan conocimiento, los taxis en Galápagos son camionetas. Y estas camionetas, por más de 20 años, hacen el transporte de pasajeros, de carga y de turistas. Pero no podían tener la doble modalidad porque es un tema especial de Galápagos y en esta ley se ratifica ese compromiso sólo con una pequeña observación que se puso podrán cuando debe ser la palabra mandatoria deberán. Si no se corrige, si se regresa a la comisión se corrige, sino también es posible hacerlo en el reglamento, pero está incorporado esta necesidad de nuestra provincia, de la provincia de Galápagos.

Por otro lado, debemos cuidar nuestro patrimonio natural de la humanidad. Hay vehículos públicos y comerciales, dice la ley. No es para todos, como lo dijo mi antecesor en la palabra. Es específicamente para los transportistas, para el transporte público y comercial, que haya ingresado legalmente. Eso es importante, colegas asambleístas, que se conozca porque está puesto por escrito. Que haya ingresado legalmente a la provincia, quiere decir que pasaron los permisos pertinentes del Consejo de Gobierno de Galápagos y para ello se está poniendo la obligación de hacer un censo vehicular del transporte público y comercial de la provincia de Galápagos que cuando esté vigente la ley tendrá el Consejo de Gobierno de Galápagos con los municipios y la Agencia Nacional de Tránsito 90 días para hacerlo.

Con eso fortalecemos al sector de transporte de Galápagos y no incrementamos el parque automotor como se pretendió hacerlo ver en la intervención anterior. Estamos cuidando el patrimonio natural de la humanidad. Esos vehículos ya están en la provincia de Galápagos. ingresaron legalmente a la provincia de Galápagos. Ahora hay que hacer un censo y regularizar este transporte. Y por último, el tema de los scooters. El tema de los scooters, la movilidad sostenida ha sido prioritario en Galápagos y es necesaria su regularización. Con temas de educación vial, niños andando en los scooters, se saltan las señales de tránsito, se suben a las veredas, eso hemos visto por todo el país.

Ahora con esta ley se regularizan los scooters porque es un servicio de transporte motorizado y que debe tener también su normativa con todo el tema de seguridad también porque protegemos la vida de la gente. Con esto se solucionan los problemas de transporte de Galápagos que han estado por décadas. Estamos trabajando y comprometidos por todos los habitantes de la provincia de Galápagos y el país. Hasta ahí mi palabra, señor presidente. La voz del pueblo de Galápagos ha hablado. Devuelvo la palabra, presidente. Gracias.

Gracias, asambleísta, y gracias también por ser respetuoso con el tiempo.

Seré breve en honor al tiempo y en honor a que el resto de legisladores puedan pronunciarse sobre este proyecto que sin duda es importante. Sobre la relevancia, creo que todos coincidimos de que después de tantos años, después de casi 20 años que no existe una reforma integral a esta ley, creo que es necesario, creo que el mundo evoluciona, las tecnologías evolucionan y todos los años vemos que crean que nacen nuevos medios de transporte y es importante que nosotros como asambleístas respondamos y creemos, regularicemos un conjunto de normas jurídicas a fin de proteger este bien jurídico como es la vida y la vida de las personas en las calles de nuestro país.

Quiero referirme a tres enfoques y recalcar la habilidad de la Comisión para dar una dualidad a la naturaleza de estas reformas. No solo hablamos de transporte, de la viabilidad, sino también de la seguridad. Y estos tres puntos son importantísimos porque van a crear y van a permitir que esta ley no solo se quede para los burócratas, ni solo se quede para los ministerios, ni se quede en el texto, ni se quede en letra muerta. Estos tres puntos van a lograr un cambio importante y van a lograr que la gente de la calle, que el pueblo, sienta verdaderamente esta ley.

Bueno, número uno, el tema de los deliveries, que ya hemos coincidido todos, regularizamos, protegemos la vida y también aportamos a la seguridad. Ya lo dijo Adrián Castro, hay un sinnúmero de casos donde los deliveries disfrazados, donde los delincuentes disfrazados de deliveries, cometen delitos. Y de esta manera protegemos también a quienes ejercen, a quienes se desempeñan en el trabajo de deliveries, que sin duda alguna es un trabajo muy importante hoy por hoy. Número dos, el tema de los radares, el tema de las multas. Sin duda alguna desarticulamos lo que a mi criterio es una mafia.

La mafia de los radares, la mafia de sacar el porcentaje de las fotomultas y que luego, como ustedes ya sabrán, esos fondos sirven para campañas presidenciales, para aquellos empresarios de radares que sueñan con ser presidentes, aunque personalmente lo dudo que en algún momento lo sean. Y número tres, también muy importante, el tema de los municipios. Hablamos un sinnúmero de ocasiones en este Pleno de la Asamblea Nacional sobre la autonomía que constitucionalmente se les atribuye a los gobiernos autónomos descentralizados. Perfecto. Nuevamente, no pueden confundir la autonomía con hacer lo que se les da la gana.

Esos municipios chiquitos que hoy defienden y por ahí defienden a los municipios pequeños, son aquellos que tienen un parque vehicular, un parque automotor de 5.000 vehículos y sin embargo matriculan 20.000, 25.000 autos. ¿Saben cómo se llama eso? Corrupción. Entonces, esta ley previene ese tipo de delitos, previene el cometimiento de ese tipo de delitos, ese tipo de conductas, y por supuesto que en ningún momento podemos nosotros defender ese tipo de actividades ilícitas, por más que sean nuestros amigos o sus amigos los alcaldes de esos cantones pequeños.

Señor Presidente, voy a referirme a un término que escuché por parte de un legislador, de que aquí nosotros los asambleístas proponemos varitas mágicas para acabar con el crimen organizado, que tenemos una varita mágica o que queremos crear una varita mágica para acabar con el crimen organizado. Y aquí se voy a discrepar porque aquí en esta Asamblea nadie propone varitas mágicas y cuando hablamos del tema de luchar contra el crimen organizado y luchar contra la corrupción, no se necesitan y se pueden crear varitas mágicas. Aquí lo que nosotros venimos a hacer en esta Asamblea, lo que el gobierno hace es tener decisión, decisión como la que tiene el Presidente de la República, Andrés Novoazín, de enfrentarse de frente sin medias tintas al crimen organizado.

Iniciativa como la que tienen los compañeros legisladores de esta Asamblea, en crear leyes como estas que no solo protegen en el ámbito vial, sino también en el ámbito de la seguridad. Y también necesitamos decisión y valentía, como la hacen y como la tienen nuestros héroes de honor, la policía y los militares en las calles. Así que, señor Presidente, creo que cuando hablamos de seguridad, cuando hablamos de proteger a nuestro país, tenemos que ser serios y evitar ese tipo de términos como varita mágica. Creo que el país atraviesa por una etapa, una guerra que estamos luchando en contra del crimen organizado y tenemos que ser nosotros los legisladores que desde este Parlamento creemos ese marco jurídico para proteger a nuestro país y para fortalecer esas acciones en contra de estos grupos.

En cuanto a tiempo, señor Presidente, voy a culminar mi intervención respaldando este proyecto de ley, respaldando la lucha en contra de la corrupción en ciertos gobiernos autónomos descentralizados, respaldando la protección irrestricta a la vida de los ciudadanos ecuatorianos en las calles de este país y, por supuesto, respaldando el trabajo que ha hecho esta comisión. Gracias, Presidente. Hoy usted uso la palabra.

por supuesto al país, presidente. Quiero, presidente, hacer referencia a una serie de llamadas que he tenido desde ayer, hoy, muy temprano en la mañana, de un grupo de uniformados a quien, por quien tengo mucho respeto y cariño. Me refiero a los más de 5.500 uniformados de la Comisión de Tránsito del Ecuador. Primero, presidente, es un grupo de personas que tienen más de 60 años de experiencia en el manejo de tránsito. Eso no es cualquier cosa. Son un grupo de personas que vienen trabajando desde hace muchísimo tiempo en cuestiones de tránsito y, a mi juicio, es un recurso humano que no se puede desperdiciar, presidente.

Un recurso humano que está ahí y que hay que, obviamente, buscarle la vía para que estas personas puedan contribuir al buen manejo de las carreteras de nuestro país. Presidente, Maquiavelo decía que al hombre, al ser humano, principalmente lo mueve el interés. Yo quiero discrepar, obviamente, con el respeto que merece Maquiavelo, de esa frase. Yo creo que hay otras cosas que mueven también al ser humano, que es el bien común. Buscar el bien común también mueve el ser humano. Dentro de ese concepto, presidente, yo creo que la aspiración, el espíritu de esta norma, de las personas que han construido, me refiero a las personas que han estado en la Comisión, que se han bajado días, que han hecho una serie de, digamos, reuniones, han recibido personas.

Creo que hay buena intención. Quiero entender eso. Lo que no estoy de acuerdo, presidente, es con otro comportamiento también de los seres humanos. A veces piensan que un grupo de personas que llegó al poder y cambió algunas cosas, cuando esa persona sale y llega otro grupo al poder, quieren cambiar todo lo que hizo esa persona. Y ahí se comete un error, presidente, porque cuando se hace ese tipo de acciones, hay que corregir lo malo, lo que no está funcionando. Lo que está funcionando, hay que mejorarlo.

En ese sentido, la intención, después de que se aprobó el COTAT, haciendo un poco de historia, es que se descentralice la competencia de tránsito. Se creó la Agencia Nacional de Tránsito, se le dio competencia a los municipios. Si algún municipio, presidente, falló en esa línea, si algún municipio desvió el concepto, ese espíritu de la norma, insisto, el bien común, hay que caerle con todo ese municipio, hay que caerle con todo desde el punto de vista jurídico, administrativo, penal, lo que fuera. Eso no significa que hay que borrar todo lo que se hizo y volver a foja cero en función de una serie de acciones que ya se hicieron y que dieron resultado, presidente.

El Ecuador, presidente, solo un dato específico aquí, en el dos mil veintiséis se han registrado doce mil novecientos noventa y tres siniestros de esos mil cuatrocientos cuarenta y cinco fallecidos y diez mil trescientos treinta y nueve lesionados. Podemos hablar un poco más detallado de dónde está la mayor carga de ese tipo de cosas. Y pasando a otro parámetro, porque debo contextualizar esto, se está vendiendo esta norma como que si va a terminar básicamente con el tema del crimen organizado. Yo creo que hay un error, un error conceptual bastante fuerte, ¿no?

Quiero entender que hay buena voluntad de querer entender eso, pero esto no va a pasar así, presidente, si no se hacen otros cambios. Mire, este, hay un reporte específico en una institución internacional, voy a darle el nombre, el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal y monitoreos del In-Sage Crime. ¿Qué dice este monitoreo? Que hay diez ciudades más peligrosas en la región. De esas diez ciudades, seis están en Ecuador. Seis son ecuatorianas, las otras son colombianas. Quiero decir con esto, presidente, que posiblemente se piense que con esta norma, entregándole a la policía, ojo con esto, se le quiere entregar la policía el control absoluto del tránsito.

Si la policía ni siquiera se alcanza para cubrir, señor presidente, ciudadanos, colegas, todos los problemas de inseguridad ciudadana que hay. Se acaba de probar una norma semanas pasadas, donde se estaba básicamente permitiendo que las Fuerzas Armadas entren a hacer una especie de complementación de este tema. Ustedes se imaginan a los policías que necesitamos que estén enfocados en el tema de seguridad ciudadana, haciendo boletas de tránsito en las carreteras. Cuando tenemos personal ya formado con experiencia, no personal, digamos, presidente, como niñitos, ¿no? O sea, son seres humanos, han cometido errores, hay que modificar ese tipo de comportamiento, pero hay que aprovechar este ser humano, este ser humano calificado, este personal calificado que ya existe, me refiero a la Comisión de Tránsito del Ecuador, para que pueda colaborar en estos procesos, no sacarlos directamente y dejarlos así en el olvido.

A mí me parece una situación sumamente traída de los cabellos, presidente. ¿Cómo no estar de acuerdo con el tema de los delivery? ¿Cómo no estar de acuerdo con el tema de las motos eléctricas, la micromovilidad? Por supuesto que hay que regularizar, pero ojo, presidente y estimado colega, el tema de la micromovilidad, me refiero a motos eléctricas, eso está en la norma, en la norma actual todavía está eso. Que haya municipios o que los municipios no hayan, no se hayan encargado de ese tema, no significa que hay que volver a poner esto en una nueva ley y que con eso se va a resolver.

Ahí estamos fallando, presidente, y es una falla que lamentablemente nos puede costar tiempo, ¿sí? Y tiempo no tenemos para enfrentar estas cosas. Presidente, yo planteo la posibilidad de que se revise esta posibilidad, se revise esta acción de que los miembros de la Comisión de Tránsito no sean desechados, presidente, como se está prácticamente haciendo en esta nueva norma. Es un recurso humano valioso, presidente, que debe trabajar conjuntamente con policía, con fuerzas armadas, en cualquier latitud del país. Ese recurso humano hay que aprovecharlo. Todo recurso humano que pueda servir para mejorar las condiciones de seguridad debe estar al servicio del país, no se lo puede desechar.

Yo creo que ahí hay un vacío bastante importante en la norma, presidente. Y para terminar, presidente, no precisamente borrando todo lo que se ha hecho en algún momento, vamos a encontrar esa vía que todos queremos para resolver los problemas de inseguridad. Así no funciona el mundo, así no funciona la vida. Lo que está bueno hay que potencializarlo, lo que está malo hay que desecharlo. Pero no podemos regresar a foja cero en todo lo que se ha hecho, pretendiendo que de foja cero vamos a tener un resultado distinto.

Hasta ahí mis palabras, señor presidente. ¡Gracias!

Yo creo que la Comisión de Desarrollo Económico nuevamente trae al debate un proyecto importantísimo, que se ha debatido con los distintos sectores, Comisión de Tránsito estuvo también, Policía Nacional, los queridos transportistas, y creo que hemos resuelto la mayoría. No existe un proyecto de ley perfecto, es perfectible siempre, y creo que aplaudo la voluntad de, en este caso, el otro lado del hemiciclo, que en este caso quiere colaborar también para construir un proyecto de ley mejor. Eso siempre va a ser loable de parte, en este caso, para la Comisión de Desarrollo Económico.

Yo creo que voy a hablar de lo importante, hay temas, por ejemplo, que se han dicho aquí, el tema de la Comisión de Tránsito, señores, no se los está desechando, que no se entienda eso. Si se malinterpretó, que se entienda claramente que se crean nuevas unidades adscritas que trabajarán directamente con el Ministerio del Interior, en ningún momento se los está desechando, tendrán sus funciones y podrán seguir trabajando. Pero claro, tenemos que entender que la prioridad para el Estado Nacional y para todos nosotros es la inseguridad, es devolverle la seguridad a los ecuatorianos.

Por eso el ecosistema de leyes que estamos preparando, como las reformas al COIP, el tema de la ley antimafia y demás, para que todo este ecosistema funcione en base a la seguridad, que es la prioridad para el Gobierno Nacional y para nosotros como asambleístas. Entonces, que se entienda bien a los miembros de la Comisión de Tránsito, no se los está desechando, se va a fortalecer su trabajo mancomunadamente con el Ministerio del Interior, Policía Nacional, en nuevas unidades operativas. Primero eso. Segundo, escuché el tema de la autonomía y yo tengo que decir algo muy claro sobre la autonomía.

Ojalá la autonomía no tuviera que estar hablando del tema de chancho de 15 dólares, de la destrucción de calles que hoy tenemos en toda la ciudad de Quito y en Guayaquil, porque están desesperados por tener plata para campaña. Ahí sí no discutimos la autonomía. Pero cuando se trata de que en este caso se revisen las competencias, cuando los municipios no cumplen y colaboran con el crimen organizado, claro, existen temas personales, amistades y demás, ahí sí nos molesta. Sería bueno que también revisemos, repito, el tema de la autonomía, cuando hoy por hoy Quito, Guayaquil, está destruida las calles, un tráfico insoportable, y ahí no pasa nada.

Pero claro, es campaña y necesitan billetitos, eso lo tenemos claro. Creo yo que tenemos que también hablar ahora de lo positivo de esta ley. Bien, creo que el tema de las competencias tiene que estar claro. En ningún momento se suspenden de manera indefinida. Lo que se busca es bajo informes motivados de que los GDOs estén operando en municipios, se puedan revisar estas competencias, suspender de manera temporal para que entre la Policía Nacional, para que entren los entes de control, hacer las cosas bien. Señores, la delincuencia no está viendo banderas políticas.

Si mañana les roban su carro, y ese carro es matriculado en estos GATS, que son manejados por los GDOs, no van a estar en este caso hablando de política, que se van a estar quejando de lo que ha pasado. ¿Y de quién va a ser la culpa? De nosotros, porque somos hoy los responsables de que las leyes no favorezcan a la delincuencia. Entonces, lo que se busca con esto es, lógicamente, que los municipios, que colaboran con el crimen organizado, porque ejemplos tenemos de lo que hoy está pasando, vehículos matriculados, robados matriculados con una matrícula diferente para evitar controles.

Licencias emitidas a personas que son delincuentes, pero falsifican su identificación con esa licencia para poder, en este caso, en el territorio nacional, poderse mover evitando a la justicia. Esas son las cosas que queremos evitar, y creo que todos estamos de acuerdo con eso. Creo yo que este tema de los deliveries es importantísimo. Hoy por hoy hemos visto cómo los deliveries utilizan esas maletitas, los que andan con el crimen organizado, y ¿qué es lo que hacen? Básicamente son sicarios o transportan droga. ¿Qué queremos con esto? Un sistema nacional de deliveries.

¿Para qué? Para garantizar al mismo delivery su derecho al trabajo, seguridad jurídica, que puedan trabajar con su QR y decir, yo soy delivery, estoy registrado, y puedan trabajar sin que los estén extorsionando y sin que nadie los pueda confundir con delincuentes. Y, lógicamente, complicarle el trabajo a los delincuentes para que no puedan ejercer, bajo la fachada de deliveries, crímenes o, en este caso, actos delictivos. El tema de las motos eléctricas también lo regulamos, porque resulta que la realidad de lo que vemos en las calles es que estas motos eléctricas andan por todos lados sin casco, y claro, no hay regulación.

Y no nos olvidemos de algo. No quiere decir que una ley, por más estricta que sea, por más buena que sea, va a evitar que la gente contravenga esa ley. También depende de que, por ejemplo, se regule en el tema, como lo estamos haciendo, de estos negocios privados que son las escuelas de conducción, que muchas veces ni siquiera haces el curso. Simplemente vas, te dan tu licencia con el valor que tienes que pagar por debajo de la mesa, y luego están conduciendo. Y eso es lo que genera los accidentes de tránsito.

El tema de velocidad con el GPS sí se regula. Mis queridos amigos, el GPS en tiempo real puede verificar cuál es la velocidad con la que un transportista está, en este caso, manejando. Y eso de tener un GPS, este tema tecnológico, va a permitir que no digan que yo no fui, que ese video es viejo, que él estaba dañado el radar. No, sino que se puede verificar en tiempo real cuál es la velocidad, en este caso, de los transportistas. Lo cual fomenta la seguridad vial, en este caso, de quienes tienen que usar el transporte público.

Las rutas y frecuencias, tema importantísimo, que se congela dos años o más. Ya lo decían del otro lado del hemiciclo, no se pueden regalar, en este caso, este tipo de permisos de manera arbitraria o por necesidad de un gremio. No podemos estar secuestrados por los gremios. Tenemos que entender que al Ecuador lo sacamos todos adelante. Parte nuestra es hacer las leyes. Parte de los gremios es entender que todos tenemos que colaborar, que todos tenemos que sacar al país adelante y que esta ley, eso es lo que busca en su generalidad, que tendrá que ser normada, lógicamente, dentro del reglamento.

Una de las cosas que quiero tocar y que es importante para el sector del transporte es que existía, para que tú, transportista, puedas comprar un vehículo, un famoso informe que básicamente era factibilidad de negocio, en el cual un funcionario público era el que te decía si podías comprar o no, porque según él, él veía la necesidad en tu negocio privado. Es una locura. Un país que está aumentando sus ventas, un país que fomenta la producción, no puede tener este tipo de normas burocráticas, que dependen de un funcionario que, lógicamente, su sana crítica, va a ser 6 mil dólares, 3 mil dólares, que son las denuncias que tuvimos para estos certificados de factibilidad, en donde tenías que entregar, no solamente tus clientes, sino cuánto le facturas y cuáles eran tus rutas.

Eso de ahí se acaba en esta ley, porque tenemos que fomentar el trabajo, la libre competencia y no trámites burocráticos. Y finalmente, creo que una deuda histórica que tenía la Asamblea Nacional, el tema de las coactivas por multas de tránsito. Hoy por hoy lo que pasa es que te notifican al correo que tienes desde los 18 años, o un correo, o ni siquiera te notifican, pero en el momento que ellos creen que tienes una infracción de tránsito por multas de fotorradar y demás, lo que hacen es notificarte a cualquier correo y luego de esa notificación, que no es notificación según la ley, te pueden congelar tu cuenta, congelar el dinero de tu trabajo.

Eso con esta ley se acaba. Porque tendrán que verificar, según la ley, primero, que ha sido notificado y que puede ejercer su derecho a la defensa. Caso contrario, no podrán iniciar un proceso coactivo, como hoy lo hacen saltándose directamente a la fase de apremio. Esas son las correcciones, son las promesas que se han hecho y hoy las cumplimos. Repito, el proyecto de ley es positivo. Hemos estado de acuerdo en muchísimos puntos. Sigue siendo siempre la obligación nuestra como asambleístas mejorar las cosas. Creo que el proyecto es positivo, ataca los puntos neurálgicos, cumple promesas de cuidar el bolsillo de los ecuatorianos y de la seguridad vial.

Repito, no podemos confundir una autonomía con hacer lo que nos da la gana. Ojalá reclamáramos también el tema de la autonomía cuando no es nuestro amigo y afecta al resto de ciudadanos como hoy por hoy tenemos las ciudades destruidas porque como es campaña necesitan billete para campaña. Eso tampoco es autonomía. Este proyecto de ley, repito, ha sido trabajado con distintos gremios que están hoy aquí, con distintos asambleístas que han hecho sus propuestas. Este proyecto de ley es positivo y hoy justamente hemos tenido coincidencias. Entonces, apoyemos este proyecto de ley, corrijamos lo que se puede corregir y lógicamente cumplamos con el país su seguridad vial y lógicamente el compromiso que tenemos los asambleístas hoy por hoy de que las cosas pasen.

Mi palabra, señor presidente, muchísimas gracias.

Gracias, asambleísta. Tiene la palabra el asambleísta Juan Gonzaga.

Yo quiero empezar esta elocuencia en esta construcción narrativa de lo que significa la labor que tiene actualmente la Asamblea Nacional. Y sí, la semana pasada establecíamos en este caso la coherencia que debe tener el poder legislativo en relación a lo que hace el Ejecutivo. Y la prioridad número uno que hemos establecido desde el inicio de la gestión legislativa es el combate con la inseguridad, contra las bandas criminales, contra las estructuras delincuenciales, que debe ser un propósito armónico de todas las instituciones que son parte de la estructura orgánica del país.

A la luz de este propósito, que debe ser también de este proyecto de ley, considero que cuando se habla de instaurar un modelo de gestión eficiente a nivel de lo que significa la Agencia Nacional de Tránsito y todos los modelos que se han desconcentrado y también que se han instaurado a través de los modelos de descentralización de cada uno de los niveles de gobierno, en especial los municipales, a través de la constitución de estas mancomunidades, advierten por sí solo, entre unos, la capacidad suficiente para poder gestar un modelo en cuanto haga relación a todas las observancias técnicas que tengan que generarse en función de sus circunscripciones.

Por supuesto, no todos son buenos, no todos son malos, pero creo que por aquellos que son buenos y que han cumplido su responsabilidad institucional, debe haber ese reconocimiento para que se mantenga en este caso no solo la transferencia de competencias, sino también en este caso la entrega de toda la armonización jurídica, orgánica y técnica necesaria para que pueda, en este caso, afianzarse un proceso que sea meritorio en función de las competencias que tengan que ver exclusivamente con materia de tránsito. Hace tres semanas había comparecido a la Comisión de Justicia, y sepan ustedes, compañeros dirigentes del volante, que había propuesto algo que les pareció interesante y novedoso.

Había dicho que en relación a la conducta de todos quienes están relacionados con la responsabilidad vial, debería pensar en despenalizarse la conducta restrictiva de libertad cuando se infiere en un delito de tránsito. Y hablamos de la impericia, de la imprudencia, de la falta de deber objetivo de cuidado. Pero siempre hablamos de los que obran con bien, de los que conocen cuáles son las normas que deben respetar y que deben cumplir cuando se encuentran expuestos en el entorno vial. Y digo que esto era meritorio, porque siempre en la relación de la emisión de una medida restrictiva de libertad.

Gracias. Gracias. Gracias.

Debe ser exclusivamente para aquellos que incumplen estas medidas técnicas.

de aquel que obra bien conociendo en este caso las restricciones técnicas del cumplimiento del deber objetivo de cuidado, de aquel que presta auxilio a la víctima luego de un incidente de tránsito, de aquel que presta el socorro y llama a las unidades, en este caso de salud, para que socorra, de aquel que se quede en el lugar, me parece que es meritorio que en la reflexión también del Código Orgánico Integral Penal podamos reconocer a los buenos. Digo, los buenos son más. Y de aquellos malos que efectivamente inobservan, son negligentes, actúan con impericia, inclusive bajo los efectos de sustancias posiblemente alcohólicas, psicotrópicas o alucinógenas u otras que les pueda privar del cumplimiento de su deber, sí, creo que debe en este caso determinarse la responsabilidad de una conducta estrictamente culposa.

Hace años en la localidad en la que resido, Sucumbíos, hubo un incidente de tránsito de una persona que no murió inmediatamente, murió al año y medio aproximadamente. Y que en relación a la responsabilidad que tiene el conductor, que tiene el dueño del vehículo y la operadora, la cooperativa, por supuesto hay una responsabilidad solidaria. Y en este proyecto de ley, me parece con mucho acierto, tomando en cuenta los datos que muchos han dado respecto de la siniestralidad que existe con un elevado índice, es lo menos que podíamos haber hecho siendo coherentes con la realidad.

Porque la norma, en relación a la sanción del tipo culposo por muerte, establece que es de uno a tres años, sin importar cuántos muertos, uno, dos, tres, cuatro, da igual. Y me parece que uno de los propósitos en este caso que debe establecerse es la reparación integral. No se le va a devolver la vida a nadie, ¿correcto? Pero al menos al establecer una reparación que se lo cuente con la realidad, no va a ser sobre los parámetros del Código de Trabajo o del Código Orgánico Integral Penal o las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Pero el hecho de contar ya con un seguro de responsabilidad civil, sea que tenga o no tenga en este caso, la posible responsabilidad que pudiera tener quienes están relacionados con el incidente, sí da una alternativa. Yo sé que no se habla o no se utiliza la palabra negocio o anestesia de acuerdo, pero es elocuente con la realidad respecto de las víctimas que requieren una reparación. Y entendido está que el tema económico no va a resarcir y no va a establecer una condición para devolver la vida o readecuar el funcionamiento de la integridad física de una persona.

Pero este seguro que se propone en la normativa, indudablemente, que va en algo a contrarrestar en este caso uno de los propósitos que tiene en este caso, el Código Orgánico Integral Penal, y que es un modelo de justicia restaurativa, en algo reparar el daño. Y no avanza solo o no alcanza el tema del Estado. Insisto, no se trata de un tema económico, pero sí se trata de que en la medida que genere algún tipo de proporcionalidad para reparar, este seguro va a permitir, en este caso, generar esa condescendencia en relación a este punto que es parte de la justicia que reclaman las víctimas.

Es correcto cuando se establece de que todos debemos conocer las normas de tránsito. Y no voy a hablar quién es más, quién es menos, pero si hay algo que podemos valorar dentro de la tipificación de toda la normativa es que el bien jurídico más sagrado que tenemos las personas es la vida. Y quien está más expuesto, en este caso, a generar un incidente que pudiera acarrear una afectación es precisamente el de la vida, entonces, el proyecto de ley establece la priorización respecto del bien jurídico de la vida.

Y las normas contravencionales y las normas técnicas que se instauran en este proyecto tienen ese propósito, proteger al más vulnerable. ¿Quién es el más vulnerable? El peatón. El pueblo ecuatoriano, y muchos de ustedes lo han dicho y han coincidido en relación a la regulación de los del Iberi, por supuesto, estamos de acuerdo en aquello. Que tengan, en este caso, un casco homologado, de acuerdo, que tengan un casco también reflectivo y homologado, de acuerdo, que pueda establecerse la identidad de la placa del vehículo a más del automotor, la motocicleta, también en el chaleco, por supuesto, para saber si existe coherencia respecto de la identidad numérica.

Que no puedan, en este caso, trasladar a otra persona, por supuesto, me parece que no son normas restrictivas, sino, por el contrario, tienen con el propósito de regular y complementar la actividad que va a realizar la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Yo, con mucho respeto, había escuchado de que, en relación al artículo 76, había una especie de exclusividad destinada para las ambulancias, servidores públicos u otros que pudieran, en este caso, circular con determinadas restricciones o amplitudes respecto de la circulación que deban realizar en la vía.

Actualmente, en relación a las normativas que están tipificadas, tanto en la ley, tanto en el reglamento, por supuesto, pero no se trata de ningún privilegio, porque el propósito, sin lugar a duda, de las ambulancias, de quienes trasladan a heridos, de quienes tienen algún tipo de prioridad, no es con el ámbito y no es con el propósito de generar ninguna exclusividad. Por eso la norma, en la parte que regula la conducta, establece que será únicamente tomando las precauciones para evitar siniestros y que, en relación a la concurrencia de un posible presunto delito, tenga que establecerse como excepción aquellas que produzcan siniestros de tránsito.

Entonces, no se trata de crear ninguna patente de corcho para nada ni para nadie. Me parece que hay una interpretación hermenéutica posiblemente que no está contextualizada con lo gramatical. Quiero que la Comisión pudiera un poco generar un análisis en función de lo que determina el artículo 65. No sé si mi precisión gramatical en relación a la lectura no me permite establecer la coherencia de esta normativa que está plasmada, sin embargo, está confiriendo, en este caso, la facultad para que las cooperativas de tránsito interprovinciales e intraprovinciales puedan concurrir con un servicio de puerta a puerta.

Yo no sé si hubo un error de transcripción gramatical, pero los permisos que se conceden son en función de una sola actividad concreta. Y me permito indicar que esta normativa jurídica debería ser revisada a efectos de que puede establecerse la coherencia con el resto de las concesiones de los permisos de operatividad a efectos de que no se genere, en este caso, una antinomia en función de su contenido. Finalmente, señor presidente, me parece que el contenido del artículo 20 en el inciso final ha puesto de manifiesto una exclusividad, porque así lo demanda la Constitución y la ley, para la región insular de Galápagos.

Y dice, la provincia de Galápagos, para la prestación de servicios de transporte comercial, se sujetará a condiciones técnicas...

ambientales diferenciadas.

¿Y qué pasa con la Amazonía? Si nosotros como amazónicos tenemos una ley de una circunstancia territorial amazónica, resulta que tenemos las tarifas más caras, las vías que no están en mejores condiciones, y las condiciones climáticas no son las mejores. Entonces, sí me gustaría que únicamente en el alcance de ser posible, ojalá, con la comisión, ojalá, como una especie de observación o ajustamiento, no dejemos de lado a la región amazónica. Y que las tarifas diferenciadas no sean únicamente para la región de Galápagos, sino también con la región de la Amazonía.

Porque acá efectivamente es donde se trasladan buena parte de los vehículos que complementan la contaminación en nuestra biodiversidad. Con esas observaciones, desde ya anuncio el apoyo a este importante proyecto de ley. Por mi región, por mi provincia y por el Ecuador, mi voto a favor de esta proporción de ley. Señor Presidente.

Y por supuesto siempre mi saludo cariñoso a la ciudadanía ecuatoriana que nos mira y nos escucha y a las federaciones de transporte que se encuentran presentes en barras altas de esta Asamblea Nacional. Hemos escuchado un debate toda la mañana de esta importante ley y creo que hay un punto en donde todos estamos de acuerdo, que es importante actualizar la normativa, que es importante proteger a la ciudadanía. Por ahí veía unos peros que tranquilamente pudieron ser observaciones dentro de todo el proceso legislativo en la comisión y no a la hora de la votación.

Hemos revisado con atención esta importante reforma en la que hay varios puntos que ya han destacado los colegas legisladores pero que es importante resaltarlos. En primer lugar, esta reforma se traduce en seguridad vial y tiene un enfoque en el que el tránsito deja de verse solo como un problema y se convierte en una solución vial que prioriza la seguridad de los actores que componen todo el sistema de transporte terrestre. La reforma incorpora expresamente al ente rector de la seguridad ciudadana con protección interna y orden público dentro de la institucionalidad del sistema de transporte.

Además, fortalece el papel de la policía en el control de la red vial estatal y crea controles integrados de transporte, tránsito y seguridad. Esto es fundamental, colegas legisladores, porque las carreteras también son parte de la seguridad del país. Una carretera no solamente moviliza personas o bienes, sino también son lugares, espacios donde se cometen ilícitos, se movilizan bienes ilícitos o se generan riesgos para los ciudadanos. Por esta razón, la reforma busca integrar tránsito y seguridad ciudadana, reforzando los controles integrados en las carreteras, corredores estratégicos y zonas fronterizas.

En segundo lugar, también es importante resaltar que los viajes contarán con más tecnología, trazabilidad y control de la recaudación. Esto da una respuesta a la pregunta que nos hacemos quienes somos usuarios de las carreteras del país, de las vías estatales. ¿Qué pasa con el dinero de los peajes? El artículo 25 de la reforma crea un sistema nacional unificado de recaudación y gestión de peajes, obligando los sistemas públicos, concesionados y delegados, que busca centralizar información, permitir trazabilidad y fiscalizar la recaudación y mejorar la atención al usuario.

Adicionalmente, los administradores deberán transmitir información operativa, financiera y estadística, bajo estándares de trazabilidad, ciberseguridad y protección de datos, que es un delito que también tenemos la obligación de protegerlo. Un solo sistema para saber cuánto se recauda, dónde se recauda y cómo se gestiona. Esto se traduce en transparencia y mejora continua, más aún cuando la reforma apunta a que los peajes sean interoperables, permitiendo tecnologías como identificación automática de placas, RFID, aplicaciones móviles, pospago y prepago. Un tercer punto importante de esta reforma legal es que quienes se dediquen a la actividad de delivery en motocicletas se han identificado tanto su conductor como su unidad para aumentar la seguridad.

Esta reforma también es sustancial y por ende varios colegas legisladores han hecho referencia, porque lamentablemente hemos visto titulares de prensa como los siguientes. Policía detuvo a presunto ladrón disfrazado de delivery tras robo en restaurante en Quito, 31 de agosto del 2026, TBC. Disfrazado de delivery por el parqueadero, así fue el intento de robo armado en un edificio de Quito, 30 de junio del 2026, primicias. Con mochila de delivery y cuchillos, así agredieron y robaron a una mujer en el norte de Quito, 8 de abril del 2026, Metro Noticias.

De esta manera, colegas legisladores, no podemos quedarnos solo de espectadores ante estas noticias. Podemos observar que esta es una reforma necesaria. La reforma reconoce y regula expresamente el transporte de bienes de domicilio, de los delivery, que son las motocicletas. Y para esta finalidad se exigen requisitos mínimos para quienes realizan esta actividad, entre los que se determina la exigencia de casco homologado, chaleco reflectivo, placa visible, mochila o contenedor que no comprometa la seguridad, registro nacional de conductores y vehículos, prohibición de transportar acompañantes durante la prestación de servicio.

El servicio de delivery también necesita reglas claras de seguridad. No se trata de perseguir al trabajador que hace delivery, porque tiene todo el derecho de poder, mediante esta actividad, llevar el pan a su casa, llevar un sustento a sus hogares. Se trata de identificarlo, de protegerlo y hacer más seguro la prestación de este servicio. Además, la creación del registro permite que las autoridades tengan información para su control y fiscalización. Un cuarto aspecto que quiero mencionar es que la reforma crea un dispositivo electrónico de identificación vehicular obligatorio, orientado a la identificación, verificación y control automatizado de vehículos a nivel nacional.

La información se integra con la NT, la Policía Nacional y el ECU 911, para fines de control, seguridad vial y prevención del delito. Sabemos, conocemos, que el país vive una crisis y un conflicto armado interno. Y normas como estas articulan el bienestar vial con la seguridad ciudadana. Cada vehículo tendrá una identidad digital. Esto permitirá tener controles visuales y documentos con tecnología, interoperabilidad y trazabilidad. La identificación vehicular inteligente será la tecnología al servicio de una prevención oportuna de delitos y mejorar el control vial. Finalmente, un último aspecto que quiero destacar es la seguridad para los pasajeros.

La reforma establece, como requisito permanente para las operadoras de transporte público, comercial y de carga pesada, contar con pólizas de responsabilidad civil y accidentes personales para pasajeros, con cobertura por muertes, lesiones, incapacidad y daños materiales. La pérdida de vigencia de la póliza puede llevar a la suspensión del servicio. Si una persona utiliza transporte público, debe saber que existe una cobertura frente a un siniestro. Quiero terminar felicitando a la Comisión de Desarrollo Económico, a sus integrantes, a su presidenta que se integra nuevamente a este pleno, por todo el trabajo realizado.

Es una reforma bastante esperada por los diferentes sectores del transporte y diferentes sectores también del país. Y esta reforma nace precisamente para tener un transporte con un sistema más seguro, transparente y moderno, en el que se logra articular la seguridad, la transparencia y la tecnología y todo esto al servicio de la ciudadanía. Gracias, señor presidente. Devuelvo la palabra. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias.

Señor Presidente, asambleístas...

La reforma a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre aborda una materia que nos preocupa a todos, cómo garantizar una movilidad más segura, cómo reducir muertes y lesiones que provocan los siniestros de tránsito. Y precisamente por compartir este objetivo, quiero señalar dos preocupaciones fundamentales que me abordan en este debate. La primera tiene que ver con la descentralización y las competencias de los gobiernos autónomos descentralizados y la segunda con una realidad particularmente grave que vivimos y que el país está viviendo. La seguridad de los motociclistas, que son un tercio de todos los vehículos transportados de manera terrestre y la necesidad de garantizar el uso de casco realmente seguros y, óigase bien, certificados, no solamente homologados.

Empiezo por la primera. Sobre la descentralización y el riesgo de centralismo que nos plantea esta ley. Una cosa es fortalecer la rectoría, la regulación, el control desde el Estado Central y otra cosa muy distinta es centralizar las competencias que por constitución le corresponden al ordenamiento del gobierno subnacional. Nosotros estamos de acuerdo con que exista una política nacional de seguridad vial y estamos de acuerdo con que el Estado Central establezca normas generales, estándares técnicos nacionales y mecanismos para que exista un verdadero control en cada uno de los espacios que están normados bajo esta jurisdicción nacional.

Pero consideramos que centralizar el manejo del transporte urbano es un retroceso en materia de descentralización. Porque el transporte no puede analizarse de manera aislada al territorio. La movilidad es parte medular de la planificación de una ciudad, de un territorio. Cuando un municipio decide rutas, decide dónde establecer las paradas, decide dónde y cómo conectar el transporte público con barrios, dónde ubicar y cómo enfrentar los problemas específicos de movilidad, como proteger zonas escolares, tiene que ver con la planificación y las decisiones que están vinculadas con el modelo de ciudad o el modelo territorial que está proponiendo desde el nivel subnacional de gobierno.

Estas decisiones requieren conocimiento profundo del territorio y no pueden ser asaltadas sin más ni más. No es lo mismo planificar la movilidad de Quito, de Guayaquil o Cuenca, que planificar a nivel nacional. Cada una de estas estructuras urbanas son distintas, tienen una densidad poblacional distinta, tienen un problema diferente y no pueden ser gobernadas desde un escritorio en Quito. Por eso, si desde el nivel central pretendemos administrar de manera uniforme estas realidades, podemos terminar tomando decisiones alejadas del interés público, de las necesidades concretas de los ciudadanos a quienes los debemos.

¿Cómo quieren manejar 223 realidades distintas por asalto cuando no pueden manejar un sistema de agendamiento de turnos y hacen que la gente tenga que dormir en la calle, en la intemperie, por esperar una licencia o un turno para una licencia de conducir? Hoy sí, en pleno siglo XXI, no sirven la RFID, no sirve el internet. Realmente la ANT tiene un cáncer y ese cáncer no ha sido extirpado todavía desde el gobierno central. Y aquí quiero ser muy preciso sobre lo que la ley propone. El proyecto asigna el control de la red vial estatal a los cantones fronterizos de manera exclusiva a la Policía Nacional.

Y en el caso de los gobiernos locales categorizados con el modelo tipo C, la ley le retira las competencias de matriculación, revisión técnica vehicular, asumiendolas en la ANT. Asambleísta, centralizar no significa controlar mejor. La ANT, como les decía, tiene cáncer y la quimioterapia hasta ahora no ha funcionado para retirar el cáncer. La solución es tener un Estado central, sí, fuerte, con regulación, con control, pero también con gobiernos locales fuertes, con gestión territorial, con recursos, con capacidades de gestión, no un Estado centralista que le da la espalda a los gobiernos locales que deben sí ser descentralizados.

Es urgente que haya capacidad de repuesta local, anclada a sus comunidades y a los PDIOTs, no desde un escritorio de un amigui sentado en un espacio de toma de decisiones en Quito. Y lo dicho, este es uno de los dos aspectos que más inquietan. El segundo tiene que ver con la seguridad de los motociclistas y oportunamente se lo trasladé a los miembros de la comisión. En Ecuador existen más de 900, perdón, más de 914 mil motocicletas matriculadas, lo cual representa el 29.1% del Parque Automotor Nacional.

Tres, prácticamente tres de cada diez vehículos motorizados en el Ecuador son motocicletas. Pero cuando observamos las consecuencias de los siniestros, la situación es todavía mucho más grave que en el resto del Parque Automotor. Entre enero y julio de 2026, las motocicletas fueron el vehículo con mayor presencia de siniestros con lesiones, más de 3.100 personas lesionadas. Y en este mismo periodo estuvieron involucradas en siniestros que dejaron a 467 personas sin vida. Esto significa que uno de cada tres fallecidos en siniestros de tránsito corresponden a motociclistas. Estamos, por tanto, frente a uno de los problemas más importantes de seguridad vial y probablemente de salud pública en nuestros días.

No basta preguntar, entonces, como la regulación propone, que el casco sea prerequisito para subirse a una moto. Hay que preguntarse si el casco está certificado y si el casco está debidamente abrochado. Varios de ustedes son usuarios de motocicletas y saben la diferencia que es poder tener el seguro en el casco, porque equivale a lo mismo que pasó años atrás, cuando se hizo obligatorio el uso del cinturón de seguridad. Se pueden salvar muchas vidas si este artículo es corregido y se obliga a los usuarios a abrochar el seguro del casco.

No todos los cascos protegen de la misma manera. En Ecuador se importan alrededor de 425 mil cascos al año. Y existe un dato preocupante. Los registros de cascos declarados como certificados u homologados descendieron de 122 mil 522 unidades a 2 mil 346 unidades en 2024, lo cual equivale al 0.6% del total de los cascos. Grave, ¿no? Que estemos garantizando como Estado menos del 1% de los cascos vendidos como cascos seguros. Esto debería encender entre todos una alarma, porque la ley establece que el motociclista debe utilizar el casco certificado, pero a la vez permitimos que el mercado comercialice cascos que no se acreditan en esta certificación.

Estamos trasladando toda la responsabilidad al comerciante de cascos, sin presencia de un Estado que en otros espacios reclamamos como un fuerte regulador. Y eso no es correcto. El motociclista no tiene que ser un experto en calidad de los cascos. La casa comercial debe garantizar que si compra un elemento de seguridad debe ser confiable, debe ser un producto que cumple con los establecimientos y los requerimientos de la ley. Por eso, consideramos fundamental que la reforma no se limite a sancionar al usuario por no llevar el casco, sino que deben existir consecuencias para las casas comerciales, los importadores y los distribuidores que vendan cascos no certificados.

La responsabilidad debe estar presente a toda hora y en toda la cadena. No podemos decirle al ciudadano, usted tiene que utilizar un casco certificado mientras permitimos que el mercado le ofrezca libremente cascos que no cumplen con las condiciones técnicas, sean más baratos o que fraudulentamente sean puestos en las puertas de la muerte, que son hoy esas perchas que venden cascos no certificados. El Estado debe controlar entonces esta cadena de comercialización y debe exigir la trazabilidad. Para concluir, quiero decirle, señores, que en la materia de motociclistas estamos sí a favor de un casco certificado, sí a favor de un casco correctamente colocado y bien abrochado, sí a sancionar a las casas comerciales que venden cascos que no cumplen las normas, porque no podemos construir una política de seguridad que delega todo al mercado y tenemos que actuar antes.

No queremos sancionar al motociclista únicamente por incumplir una norma cuando la responsabilidad ulterior también está en el Estado. Al final, señoras y señores asambleístas, esta discusión no es sobre una ley de tránsito, tiene que ser sobre vidas y la responsabilidad que eso significa es una responsabilidad de todos. Muchísimas gracias.

Gracias, asambleísta. Tiene la palabra el asambleísta...

El asambleista Andrés Castillo tiene la palabra.

Saludando a la distancia a la familia del señor Miquel Essenzi Contugi y de su esposa, quienes el día de hoy recibirán cristiana sepultura y que por supuesto nosotros acompañamos ese dolor de la familia, el dolor del presidente Novoa y por supuesto el luto de nuestra organización política. He de continuar también diciendo, señor presidente, que quiero saludar la presencia de nuestros amigos, los transportistas que están acá. Gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí, gracias por estar junto a nosotros en la elaboración de esta ley. Y he de continuar diciendo, presidente y amigos, que la seguridad, como hemos venido diciendo siempre en el Pleno, no es solo de un día, no es solo un esfuerzo, no es solo un paso, no es solo incrementar penas, no es solo encarcelar delincuentes.

La seguridad también implica llevar adelante una serie de pasos que garanticen que los ciudadanos puedan realizar sus actividades con una norma que les rija, con una norma que les proteja y con una norma que les ampara. Y por supuesto que el tránsito y la seguridad vial es una de las actividades que nosotros como legisladores debemos regular, siempre entendiendo que es una actividad que se desarrolla con el tiempo, que es una actividad que va de la mano con las distintas otras actividades que sirven, porque el transporte es justamente uno de los sectores más importantes para la economía, pero el tránsito además debe ser una de las actividades que mayor seguridad pueda brindar a los ciudadanos de nuestro país.

Y claro, la seguridad vial implica los esfuerzos de la Asamblea, los esfuerzos de la Policía, los esfuerzos de los municipios, los esfuerzos de la NT, los esfuerzos de la CTE, los esfuerzos de los agentes civiles de tránsito para que la gente pueda circular sin temor a morir, sin temor a ser atropellado, sin temor a ser vacunado o asaltado en las vías del país, porque el crimen organizado ahora inocula absolutamente todo y nosotros desde la Asamblea tenemos que adelantarnos y dar un paso para que eso se evite.

El derecho entonces tiene que ir siempre de la mano con los nuevos retos de la sociedad y en el transporte y la seguridad vial siempre hay desarrollos. A mí me encantaría, porque esa es mi filosofía de vida, que no tengamos que estar controlando todo. El Estado no debería ser controlador, el Estado debería ser regulador, pero lastimosamente en temas de tránsito tenemos que hacer reglas que controlen, porque como se dice vulgarmente y coloquialmente, hay gente que todo daña. No me importa el titular que salga con respecto a esta frase, pero voy a explicar por qué hay gente que todo daña y como todo daña, nosotros tenemos que legislar aquí en la Asamblea Nacional.

La descentralización es un precepto constitucional, sí, es un mandato constitucional, sí, es una lógica propia de la política, sí, es una forma de desarrollar de mejor manera nuestros pueblos también, pero esa descentralización, y les hablo a un quiteño, alguien que vive en esta ciudad que siempre ha sido acusada de centralista, tiene que ir de la mano con un mínimo de ética cuando se entrega esa competencia y cuando es... ... ... ... ...

Esta competencia se desarrolla por quienes la reciben.

Me voy a referir a las cámaras de la televisión legislativa. Alcaldesa de Jipijapa, detenida en operativo por presunta corrupción en trámites vehiculares. Para eso se les entrega la competencia en el tránsito. Para que cuando tengan que matricular vean cómo extorsionan. Para que las revisiones técnicas vehiculares tengan el arreglito con el técnico del municipio. Para que la gente que se acerca a matricular no necesariamente sea la que vive en ese cantón. Y después formen parte de las pequeñas y medianas empresas que forman delincuentes que están a cargo de los municipios.

¿En serio nosotros tenemos que seguir garantizando la descentralización? Porque es un principio fundamental. ¿O tenemos que comenzar a poner coto? Yo creo que es lo segundo. Yo creo que por supuesto los municipios tienen que trabajar para mejorar las condiciones de vida de su gente. En cuanto al tránsito, en cuanto a la obligación de los buses, etc. Pero de ahí a que sea una microempresa de corrupción, no. Eso no puede continuar. Eso se tiene que corregir. Y esta ley lo hace con eficiencia. Felicitaciones a la Comisión por aquí.

Siguiente. Todo dañan, ¿no? Quiero seguir diciendo que todo dañan. Qué lindo para los jóvenes de hoy. Yo veo mis compañeros asambleístas. A mí me da gusto verles al Anthony, a Carolina Escobar, a Camila Cueva. Muchachos de una nueva generación que saben profundamente lo importante que es el hacer cosas que sean amigables con el ambiente. Y cuando hablamos del scooter y la motocicleta eléctrica, estamos hablando de nuevos mecanismos para que la gente se pueda movilizar. Para que haya mecanismos alternativos de movilización. Señor Presidente Nacional, primero de septiembre del 2026, scooter mató a un transeúnte en la avenida de Naciones Unidas.

Todo dañan. No se les dio ningún control porque se entiende que es un tema nuevo, que tiene que ser responsable, que tiene que ser debidamente manejado. Pero se comienzan a atropellar a las veredas, atropellan a la gente, van sin casco, no mejoran las condiciones, no mejoran los neumáticos, no se ponen luces, no hacen absolutamente nada. Lo que sí se hace es a los taxistas, a los transportistas, a la gente que matricula su carro, todos los daños de un control. Y a los señores porque andan en un scooter, no hay cómo hacer nada hasta que se mata gente y tenemos que comenzar a regular.

Todo dañan, Presidente, todo dañan cuando tenemos titulares como estos. Primicias, ataque armado cerca del Parque La Carolina en Quito deja a un guardia muerto. Tras ataque, el guardia fue asesinado por alguien que manejaba una motocicleta que formaba parte de un delivery. Otra noticia distinta, repartidor de delivery fue detenido por presunta venta de droga en el norte de Quito. Guarida de falsos repartidores que robaron 2.400 dólares de encumbayá fue localizada tras rastrear el celular de una de las víctimas. Video capta asalto de falsos repartidores en la pradera en el norte de Quito.

Todo dañan. Oigan, ¿quién no siente ternura? Cariño inclusive por la gente que llega con comidita a la casa de uno. A veces en el aguacero, a veces durante el fútbol, a veces cuando están en actividades que todo mundo está concentrado en la televisión. Ahora nomás pasó el mundial y los repartidores venían y nos dejaban en nuestras casas. ¡Qué lindo! ¡Qué bueno que hayan oportunidades de trabajo! Pero como todo dañan, la mafia y el crimen organizado, echa mano de este tipo de actividades para repartir droga, para vender, para camuflarse.

Y claro, ¿qué nos toca a nosotros? Controlar. Porque no hay peor forma de romper el Estado de Derecho que no regular, que no controlar y que no exista legalidad en los temas. Por lo tanto, yo quiero felicitarle a la Valentina Centeno, yo quiero felicitarle al Diego Franco, yo quiero felicitar a todos los miembros de la Comisión, porque demos un paso adelante en estos temas que pueden ser tan sensibles, que pueden cogerse del típico argumento de que se está atacando al trabajo, o que se está atacando a los migrantes, o que se está cerrando oportunidades de trabajo.

Por supuesto que la gente tiene que trabajar, por supuesto que tiene que ganarse el pan, pero ese ganarse el pan no puede ser para abrir una puerta para que se trafique, para que se secuestre, para que se asalte, para que se mate, porque sobre todas las cosas el Estado y esta Asamblea Nacional, escúchenlo y entiéndanlo, tiene que ir en favor de la gente, de las víctimas, de las personas que han tenido que sufrir. Así es que, al regular, está muy bien, que se ponga lo que se tenga que poner, para que inclusive aquellos repartidores que trabajan de buena fe, lo hagan con tranquilidad.

La gente que recibe su comida, sepa que está recibiendo de alguien que ha cumplido con los requisitos. Esto no se trata de burocratizar, esto se trata de garantizar de que la gente tenga acceso a ese tipo de servicios, con rigurosidad y en el marco de la ley. Finalmente, la ley de tránsito jamás quedará grabada en piedra, porque es una norma que se adapta al desarrollo de los tiempos. Ya vendrán nuevas formas de movilización, ya vendrán nuevas garantías para los transportistas, ya vendrán nuevas garantías para los peatones, para los ciclistas.

Y por sobre todas las cosas, tendremos que ir regulando o legislando en función de lo que va pasando. Lo que ha sucedido hace unos días en la ciudad de Quito, con la muerte del señor Ronnie García, quien entrando a su casa muere arrodado por un bus que se le va a los frenos y que adentro estaba una persona en estado etílico, tiene que llamarnos la atención para seguir trabajando en estas normas. Pero por ahora, quiero decirle, Presidente, y a la Presidenta de la Comisión y a este Parlamento, que yo estoy de acuerdo con el proyecto de ley, animo a seguir y, por supuesto, felicito que se lo haya trabajado de una manera técnica y escuchando a todos los sectores.

Devuelvo la palabra a usted, señor Presidente.

Gracias, asambleísta. Tiene la palabra el asambleísta José Luis Vallejo.

vinculadas de una u otra manera a los gremios de transporte que son objeto de este debate, a las personas que están vinculadas al Ecosistema Nacional de Transporte, de Tránsito, de Seguridad Vial. Datos importantes para el Ecuador. El Ecosistema de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial registra alrededor de 478 mil empleos directos, cerca de 1.9 millones de empleos indirectos, un parque automotor para 2026 de 5.5 millones de unidades y absolutamente toda la población del Ecuador se encuentra vinculada en temas de seguridad vial. Es decir, hoy debatimos una reforma que tiene impacto directo y sin excepción en la vida de todos y todas, en la del conductor, del agente de tránsito, del usuario de transporte terrestre, del ciclista, de las y de los peatones.

Hoy quisiera referirme a dos elementos correlativos al informe, esperando que puedan ser considerados e incorporados por la asambleísta ponente. Primero, sobre la preocupación del transporte de carga del país. Como todos conocemos, una de las principales actividades económicas nacionales, pero particularmente de mi provincia, el Carchi, es el transporte y la logística. Por eso hay pronunciamientos, en este caso de la Cámara de Transporte de Carchi, la Confederación Ecuatoriana de Transporte Pesado, Confetrape, que han solicitado precisar el contenido y alcance del artículo 28, que reforma el artículo 65 de la ley vigente, relacionado con el transporte de carga, con el transporte de encomiendas, que la reforma permitiría realizar de manera complementaria al transporte público de pasajeros, en el ámbito interprovincial e intraprovincial.

Y la preocupación de estos sectores obedece a una eventual desnaturalización del transporte de pasajeros, quienes, a efecto de la reforma, podrían de manera complementaria realizar actividades del transporte de carga. Además, la preocupación escala a razones de seguridad, pues todos quienes hemos viajado en transporte público de pasajeros, conocemos que en las bodegas de los vehículos, principalmente se transporta equipaje, sin embargo, si no existen condiciones específicas para el transporte de encomiendas, aquello puede derivarse en un eventual riesgo a la vida de las y los pasajeros. En definitiva, a la colega asambleísta ponente y a los colegas en general, es necesario que la reforma pueda ser precisada para evitar riesgos materiales, para no entrar en una zona gris de la normativa, y también conflictos que se podrían derivar de lo antes señalado.

Y la segunda preocupación, sobre la exclusión de la modalidad de transporte técnico y logístico, colegas asambleístas, las leyes y el ordenamiento normativo debe construirse observando las condiciones materiales de una sociedad. Así, por ejemplo, primero aparecieron los deliveries, y luego se hizo un esfuerzo normativo para regularlos. En el caso del transporte técnico y logístico, la situación es análoga. Actualmente existe la actividad económica del transporte técnico y logístico, y en el país, se lo constata esto desde el año 2008 hasta la fecha, existe registro de cómo esta modalidad, que no está reconocida legalmente, viene prestando sus servicios de transporte, por ejemplo, para censos, para la elaboración de encuestas nacionales, para proyectos de ministerios, como el Ministerio de Salud, para la Vicepresidencia de la República, y para ciertos proyectos de los gobiernos autónomos descentralizados.

Es decir, lo primero que quisiera dejar sentado en este Pleno, es que el transporte técnico y logístico, existe como actividad económica. Sin embargo, ellos laboran en condiciones de precarización, y tercerizados, porque no ha existido la voluntad de reconocer que son una modalidad de transporte. El transporte técnico y logístico, no afecta a ninguna otra modalidad de transporte, y en esto quiero ser reiterativo, ni ejerce una disputa de nichos de mercado alguno, y lo voy a explicar rápidamente. Cuando una entidad, por ejemplo, el INEC, tiene que realizar una encuesta en un periodo máximo de unos tres meses, no compra vehículos para ese proyecto.

Tampoco lo hace un gobierno autónomo descentralizado, ni cualquier otra entidad. Entonces, ¿qué es lo que hacen? contratan el transporte técnico y logístico tercerizado para que brinden el transporte en la ejecución de dicho proyecto. Por esa razón, el transporte técnico y logístico no tiene rutas, no tiene frecuencias, y tampoco tiene paradas. Además, se paga por proyecto o por kilometraje recorrido, no por tarifas. No hay contraprestación económica por traslado del punto A hacia el punto B, como sucede en cualquier otra modalidad. Es decir, se comprueba que el transporte técnico y logístico no afecta a ninguna otra modalidad de transporte existente.

Estas consideraciones que hoy expongo en el Pleno ya las hizo la Comisión de Desarrollo en el informe para primer debate y por esa razón en el artículo 6 de este informe se incorporó y reconoció al transporte técnico y logístico como una modalidad de transporte comercial, que es lo que en justicia corresponde. Pese a todo lo dicho, la Comisión excluye injustamente esta modalidad del informe para el segundo debate y revisando las casi 900 páginas del informe para intentar entender las razones. Encontré en las páginas 400 y 401 que se presenta una observación en contra del transporte técnico y logístico con fecha 1 de agosto por parte de un colega asambleísta de la provincia de Tunguragua y esa observación se basa en un supuesto artículo 2 de la ley de tránsito que no existe y en función de un artículo insisto que no tiene el mismo contenido que aquel que se pretendería justificar.

El asambleísta señala que el transporte técnico genera, y cito textualmente, superposición de rutas nada más alejado de la realidad pues como ya se ha dicho en el transporte técnico y logístico por su propia naturaleza no tiene rutas. En definitiva, a la colega legisladora ponente y a los demás colegas asambleístas creo que en un acto de justicia es necesario que la modalidad de transporte técnico y logístico sea reconocida definitivamente como corresponde y saquemos de la precarización y tercerización esta actividad comercial que da de comer a miles de familias ecuatorianas.

En razón de lo dicho y espero pueda ser tomado en cuenta por parte de la legisladora ponente es imprescindible que antes de la votación el texto vuelva a la comisión se escuche a todos los actores se ajuste al cuerpo normativo y podamos tener una reforma que como dije al inicio de mi intervención impacta directamente en la vida de todos y todas. Gracias por el uso de la palabra.

a los compañeros, compañeras asambleístas, se va vaciando el hemiciclo, seguramente la gente se ha ido al almuerzo, pero por eso, Presidente, le sigo la sugerencia que nos hizo y seré lo más breve posible. He escuchado con mucha atención algunas de las intervenciones y me han precedido asambleístas de Carchi y en efecto he estado ahí en esa provincia que también es mía porque forma parte del Ecuador y la crisis en el sector transporte es muy grave en el norte del país, así que hay que preocuparse mucho por esta ley de transporte, pero tiene fallas, tiene muchísimas fallas, ya lo dijo José Vallejo, y hay que darse espacio para corregir las fallas, no hay que tener prisa para sacar leyes con errores que van a perjudicar, van a tener impactos directos negativos.

Sí, el asambleísta también, Cristian Benavides, que no está lamentablemente, y que es el Presidente de la Comisión de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, dijo que íbamos a tener, formo parte de ella, dijo que íbamos a tener tarea para arreglar alguna de las cosas que esta ley propone. Y eso no debería de ser, la ley debe de salir lo mejor elaborada posible. Y también lo cito al asambleísta Alfredo Serrano, que dijo que este proyecto de ley permite al gobierno retirar la competencia de tránsito a los municipios, a los gobiernos autónomos descentralizados y sin límite de tiempo.

Y es extraño, pues porque el gobierno ya procuró con la ANT, Agencia Nacional de Tránsito, hacer algunos arreglos. Y recordemos que a principios de este mismo año fue allanada la Agencia Nacional de Tránsito, su director fue apresado y ahora pagamos las consecuencias porque vaya a intentar sacar una licencia de manejo, renovarla o sacar una nueva. Volvemos a los años 80, 90, porque nos dicen vuelva. ¿Cuál es la fecha? Corresponde a las calendas griegas. No hay fechas. Los griegos no tenían calendarios. Por eso decimos eso. Cuando le vas a tomar el pelo a alguien, las calendas griegas.

Y eso es lo que está pasando ahora. No hay turnos. No se puede sacar una licencia. Esa es la deformación que hoy tenemos. También quiero decir cuánto de diplomacia tiene o debe de tener la política. Desde mi perspectiva, mucho. Porque somos adversarios. También ya mencioné a Jorge Luis Borges alguna vez en este mismo hemiciclo. Y prefiero hablar de adversarios, adversarios y no enemigos políticos. En esa adversidad podemos usar diplomacia. Y me acerqué al oponente del proyecto, a la asambleísta Valentina Centeno, con una propuesta. Decirle, hay muchas observaciones, hay muchos problemas, hay muchos errores.

A mí también me han llamado transportistas y de Carchi, reitero, a decirme que se ha mezclado esto del transporte de pasajeros con el transporte de carga. ¿Y cómo corregimos eso? Le toca a la Comisión de los Gobiernos Autónomos descentralizados. ¿Por qué la ley no puede ir mejor? El exhorto entonces sería, no soy juez, así que no puedo hacer exhortos, sería darnos una semana más para corregir los problemas que tiene esta ley. Buenas intenciones, es necesario, siempre hay que regular la actividad humana, hay que hacerlo. Pero se puede escuchar a los distintos sectores cuando hay problemas.

Como dije que iba a hacerle caso, Presidente, y hablar corto, porque si no, ¿cuándo nos vamos a almorzar, no? Celebro la presencia también, como ya lo dijo un asambleísta, en las barras altas de una parte del sector transporte. De verdad, mejoran el paisaje de este hemiciclo. Pero hay que decirlo, afuera no pudieron pasar transportistas del sector turístico. ¿Por qué? ¿Cómo se maneja este hemiciclo? Y hace, no mucho, pedimos que pasen los familiares de los pescadores asesinados, desaparecidos. Y hoy sabemos, con la presencia de la CIA, ahí está, para que no nos olvidemos, ese rostro oscuro, ese rostro que representa la sorvidez, que su materia natural es la escatología.

Y no permitieron que esas mismas barras, que mejoran la presencia de este hemiciclo, la ocupen los familiares de los pescadores asesinados y desaparecidos. Y me pregunto, presidente, ¿cuál es el criterio? Para unas veces sí, otras veces no. Escoger no es democrático. No debería de ser aleatorio, debería de ser democrático. Y todo el mundo que quiera ocupar, como ahora, las barras altas, pues que las ocupe, porque eso es democracia. Muchas gracias, presidente.

Gracias a los aristas ecuatorianos que nos siguen a través de los canales legislativos. Muy buenas tardes. Esta reforma engloba varias aristas que generan un cambio, un beneficio real para nuestros ciudadanos, pero por honor al tiempo también voy a referirme sólo a una de ellas que ha sido impulsada por mi colega asambleísta por la provincia de La Soaia, Adrián Castro, que es en el tema de los delíveres. Quienes reparten alimentos, medicamentos, encomiendas en motocicletas todos los días, a pesar del frío, de la lluvia, de los intensos soles y también en las condiciones de vulnerabilidad frente al tráfico vehicular, merecen un marco legal que los reconozcan, que los identifiquen, que los protejan, pero sobre todo también que los saquen de la informalidad absoluta con la que hoy operan y con la que hoy trabajan, lamentablemente.

Pero también quiero referirme a algunos hechos, mi colega Andrés Castillo también ya se ha referido a algunos hechos de aquí, de Quito, yo me voy a referir específicamente en Cuenca, en mi provincia de La Soaia. El 7 de enero de este año, en una urbanización al norte de Cuenca, llegaron dos hombres en una motocicleta vestidos de delíveres. No llevaron ningún pedido, pero ¿qué fue lo que pasó? Estos delincuentes le rompieron la cabeza con la cacha de un arma a un guardia de seguridad. Posteriormente, también, les robaron el arma y dispararon varias veces antes de huir.

Otra noticia, este mismo año, recientemente, el 1 de julio, la Policía Nacional desmanteló en Cuenca y en Santa Isabel una red de venta de drogas vestidos también de delíveres. ¿Cuál fue el resultado de este operativo? 12 detenidos, 60 kilos de droga y 6 motocicletas también decomisadas. Estas motocicletas tenían el cajón de delivery para supuestamente pasar desapercibidos. Y eso, como lo dije anteriormente, no solo pasa en la provincia de Azuay, pasa en todo el país. También he analizado algunos datos acá en Quito, en la ciudad de Quito, y existen 475 casos vinculados a delitos de delivery entre enero del año anterior y junio.

de este año.

De estos 475 casos, el 70% son repartidores que fueron víctimas, fueron víctimas de un delito mientras ellos trabajaban. Y el 30% restante, es decir, alrededor de 142 casos, se hicieron pasar por repartidores para poder delinquir. Es decir, que los repartidores no son el problema. Los repartidores honestos, los repartidores honrados que se buscan el pan de cada día, son las principales víctimas. ¿Y por qué digo que son las principales víctimas? Porque los delincuentes se visten de delivery para poder delinquir. Y eso justamente es lo que queremos corregir el día de hoy.

Primero, la placa tiene que estar de forma legible, visible, y también de manera reflectiva en el casco y también en su chaleco. Segundo, también creamos un sistema nacional de registro de deliveries. Porque hoy en día no sabemos cuántos deliveries existen, cuántas personas realizando este servicio existen. Y tampoco sabemos quiénes son. Entonces, con este registro nacional de deliveries, también le damos la tranquilidad a nuestros ciudadanos y a nuestros hogares que utilizan y que utilizamos también este servicio. Hoy los repartidores honestos no cargan únicamente con sus mochilas.

Lamentablemente, tienen que cargar con la sospecha que dejan algunos delincuentes que utilizan estas mochilas para poder delinquir. Y eso es lo que tiene que cambiar, colegas asambleistas. Esta ley no busca perseguir a los trabajadores honestos. Esta ley no busca perseguir a los trabajadores honrados. Esta ley busca identificar a delincuentes para devolverle la tranquilidad a nuestros ciudadanos. Muchísimas gracias, señor Presidente.

Mantiene usted para que todos nosotros podamos seguir aportando con una ley tan importante que necesita el país hoy más que nunca. Saludo a los señores transportistas que están en las barras altas y también saludo a los transportistas que no pudieron ingresar al pleno de la Asamblea Nacional. Yo creo que esta ley pretende efectivamente mejorar la situación del tránsito y transporte en el país que es realmente un caos, es muy difícil manejar un tránsito y transporte, a vida cuenta que las propias instituciones del Estado, como refería hace un momento nuestro asambleísta Javier Lazo, en el que el propio director nacional de la ANT es cogido preso por el asunto de actos de corrupción, donde se entrega todas las licencias para que los transportistas puedan tener una seguridad de que tienen un documento adecuado para seguir laborando adecuadamente, donde además el Estado ecuatoriano tiene los recursos económicos para dar excelente vialidad, para dar una serie de posibilidades en el que el transporte pueda mejorar adecuadamente.

Yo creo que el problema no está en retirar las condiciones de trabajo que tienen los municipios, las atribuciones que tienen los municipios, los gastos en el tema del manejo del tránsito, sino también más bien es un tema de procurar que estos asuntos donde hay problemas graves en la compra de radares que no tienen las condiciones adecuadas, en el asunto de que hay que demorarse días enteros de sacar una licencia de tránsito, en las cuestiones de que nosotros vemos en las carreteras que son del manejo nacional, como hay agentes de tránsito que están coimando a quienes transitamos por los lugares, yo creo que más bien es un problema que debemos atacar de esa manera y más bien procurar que las leyes que vamos nosotros, esta ley de tránsito, si es que es aceptada el día de hoy, pueda mejorar ostensiblemente el tránsito, el transporte y el tráfico en el país.

Y por supuesto, si eso va a permitir que mejoremos los controles, que va a permitir que la presencia de la policía también en la vigilancia de las vías, que si esto va a permitir que efectivamente los que manejan las motocicletas tengan un casco de protección y además de identificación, eso va a permitir que ya bajen el tema del tráfico de drogas, el asunto de alguna gente que comete delitos y por supuesto también sería importante porque vemos como en las calles de todo el país, sin excepción, los que manejan las motas en cada calle, en cada cuadra, por lo menos violan unas 10 normas de la ley de tránsito.

Entonces yo creo que todo eso se ha sumado y podemos nosotros optimizar la ley, pero también nosotros estamos, que ustedes consideren lo siguiente, hay artículos en los que un artículo dice una cosa e inmediatamente el otro artículo dice todo lo contrario. Me refiero al artículo 62 de esta ley. En la redacción del mismo tendrá efectos concretos sobre la forma en la que se presta el transporte público interprovincial y sobre cientos de personas que dependen de esta actividad para sostener a sus familias. El artículo 61 dice textualmente que quienes hagan el transporte, en este caso las furbonetas de cuencas afuera de la ciudad, tienen que irse al terminal terrestre.

El terminal terrestre de cuenca está colapsado y las furbonetas salen de otros lugares donde históricamente hemos cogido a nosotros estas furbonetas que es en la calle Remigio Crespo. Pero inmediatamente a esto del artículo 61, el artículo 62 dice todo lo contrario, si es que no hay la posibilidad de que salga en el terminal terrestre, pueden salir de otros lados, contraviniendo efectivamente lo que dice el artículo 61 y remata el artículo 63 ratificando de que en cualquier lugar se puedan tomar estas unidades de transporte llamadas furbonetas.

Entonces yo creo que son asuntos puntuales, formales, en los que nosotros podríamos mejorar esta ley y por supuesto si hay la voluntad de que regrese a la comisión para que estos aportes que estamos haciendo nosotros inclusive de forma podrían ser corregidos y esto haría que efectivamente esta ley gane muchísimo más que tenga la posibilidad de que sea conocida y aprobada por todos y que con ciertas correcciones precisas pueda realmente esta ley ser óptima para que todos nosotros podamos considerarla y podamos aprobarla. Señor Presidente, en honor al tiempo he sido muy corto y le agradezco mucho la palabra.

Gracias, asambleísta. Tiene la palabra el asambleísta Isaac Solano.

que se discuten en un escritorio, pero esta reforma se siente literalmente todos los días en las calles. La siente ese ciudadano al matricular su vehículo, la siente también ese conductor que recibe una multa, la siente ese conductor de delivery en su motocicleta. Y por supuesto, también las familias ecuatorianas cuando un conductor pone en riesgo vidas. Durante años, todos nosotros hemos visto que el sistema de tránsito ha tenido una gran acumulación de problemas, en los cuales también se ven involucrados gobiernos incompetentes del pasado, en los que hemos visto casos de corrupción, trámites irregulares, instituciones que no se coordinan entre sí y reglas distintas dependiendo de dónde vive cada ciudadano.

Eso es justamente lo que esta reforma quiere corregir. Y empecemos por los radares. Sí, si bien hoy existe la obligación de que se lo puede señalizar, la reforma establece algo muy clave, que esa señalización tenga un mínimo de 500 metros antes del punto de control. Y hay un cambio realmente importante que también planea esta reforma, es que una empresa privada no puede ganar más dinero mientras genere más multa un radar. Que se prohíbe el pago dependiendo de un porcentaje de la recaudación. Porque, señores asambleístas, una multa tiene que servir para evitar accidentes, no para sostener negocios.

Y aunque no les guste a muchos, hay que decirlos, el Ecuador cambió, y por lo tanto la ley también tiene que cambiar con él. Miles de ecuatorianos trabajan, y ya lo dijeron la mayoría de los asambleístas aquí, trabajan haciendo entregas en motocicletas. Tenemos motocicletas eléctricas, scooters, pero algo muy importante también, nuevas formas de movilidad que cada vez avanzan más rápido que nuestra misma legislación. Y es por eso que esta reforma establece normas claras, de acuerdo a las realidades actuales. También se quiere terminar con algo absurdo, que es que un ciudadano cumpla con su revisión técnica vehicular, y ¿qué pasa en la realidad?

Que en otra ciudad, dependiendo de su movilidad o realizar otro trámite, presenta problemas. ¿Qué nos dice la reforma? Que se valida de forma nacional esa revisión técnica vehicular. También se ordena, además, la emisión de placas, concentrando esa responsabilidad en la Agencia Nacional de Tránsito, dando como resultado y garantizando un mayor control y, por supuesto, también una mayor trazabilidad. Y aquí tenemos que poner atención en algo sumamente importante, y que también corresponde a la seguridad vial, que son las escuelas de conducción. No podemos permitir que una licencia simplemente sea un papel, no.

La reforma también establece controles y tecnológicos para verificar y comprobar si ese estudiante en verdad asistió a una clase de la escuela de conducción. También si rindió sus exámenes correctamente y, por supuesto, si recibió la formación correspondiente. Finalmente, ponemos orden entre el gobierno central y los municipios, porque descentralizar no significa que cada ciudad tenga un Ecuador diferente. Lo que necesitamos en estos momentos es reglas nacionales, claras y, por supuesto, autoridades eficientes en sus competencias. Colegas legisladores, no estamos aprobando una ley innecesaria. Lo que estamos es complementando a la ley vigente en virtud de las nuevas, de las realidades que actualmente vive el país.

Y para que también ciertos municipios no deban dividir el país como les da la gana. En resumen, menos espacio para negocios alrededor de las multas por fotoradar, menos trámites contradictorios, más control para quienes forman conductores y más reglas para las nuevas formas de movilidad. Y sin olvidar también nueva coordinación entre las instituciones públicas. Porque ordenar el tránsito, y se lo digo al pueblo ecuatoriano mirando a cámara, ordenar el tránsito también protege una vida, también combate la corrupción y, por supuesto, recupera algo que, por culpa de gobiernos anteriores, se perdió.

Recupera esa confianza ciudadana hacia el Estado. Felicitando a la Comisión, felicitando al asambleísta Valentina Centeno, esta reforma de que es necesaria, por supuesto que es necesaria, y necesita, sobre todo, el respaldo, y lo tendrá, el respaldo de esta bancada y, sé, también el respaldo de todo el pueblo ecuatoriano. Mi palabra, señor presidente. Muchas gracias.

Gracias, asambleísta. Tiene la palabra el asambleísta Christopher Jaramillo.

Muy buenas tardes. Un cordial saludo también para los líderes de los diferentes gremios de transporte que nos visitan el día de hoy en el Pleno de la Asamblea Nacional. Represento a una de las provincias que entienden perfectamente lo que es la movilidad, el transporte y la seguridad vial. Santo Domingo de los Áchilas, que debido a su ubicación, que tiene conexa entre las diversas regiones que conforman nuestro maravilloso país, es una provincia en donde en el territorio circulan pasajeros, circulan productos, circulan trabajadores. Y es por ello que la reforma que actualmente se está planteando afecta directamente al estilo de vida de la provincia, porque la seguridad vial, el tránsito como tal, es parte de la misma.

Más de 68 artículos plantea esta reforma a la Ley de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial. Además de 16 disposiciones generales, 8 transitorias, 9 reformatorias, 7 derrogatorias y 15 finales. ¿Y por qué es importante este proyecto de ley? Porque también se adecua a las necesidades actuales que tiene el tránsito como país. Porque si bien es cierto, actualmente se ha venido modificando todas esas necesidades que tenemos. Y algo muy importante, y es que este proyecto de ley busca erradicar la corrupción y las mafias que lastimosamente se han inquistado en las diversas instituciones públicas de tránsito en el país.

Eso es algo digno de felicitar, eso es algo digno de apoyar. Incluso se manifiesta que se incluya en el directorio del ANT al Ministerio del Interior para que se pueda evaluar, para que se pueda controlar y se pueda garantizar que estas instituciones estén libres de los GDOs que han tratado de manipular estas entidades. ¡Gracias!

Adicionalmente también.

Algo totalmente inadmisible, algo que indigna a todos los ciudadanos, es que las fotomultas, los fotorradores, lastimosamente sus contratos han sido de participación. Es decir, que varios contratistas han tenido diversos ingresos o beneficios a costa de la ciudadanía, a costilla del ciudadano. Y hoy, con este proyecto de ley, se busca garantizar que los contratos ya no sean por participación, sino por servicio. Adicional a aquello, también ver y visualizar que actualmente el servicio de delivery, si bien ha abierto oportunidades a los diversos ciudadanos que conforman nuestro país, también los distintos grupos organizados han intentado también manipular aquello y delinquir a través de los delivery, haciéndose pasar por aquello.

Y es por ello que este proyecto de ley busca cubrir, busca solventar y busca proteger a aquellos que realmente dan un servicio oportuno y de calidad. Adicional a aquello, las motos eléctricas deben ser controladas, deben ser protegidas con los diversos implementos respectivos, como los cascos homologados. Es decir, señor presidente, que como santodomingueño respaldo totalmente este proyecto de ley, apoyo este proyecto de ley, porque busca garantizar que el ciudadano, el usuario, el transportista realmente tenga un proyecto, tenga una ley que los proteja. Y realmente proteja a aquellos que hacen posible que nuestro país se movilice.

Muchas gracias.

Gracias, asambleísta. Tiene la palabra el asambleísta Eustáquio Toala.

tema de tránsito en el Ecuador entero, pero a veces hablamos en términos muy violentos, rapidito, como que con esta ley ya no va a existir accidentes de tránsito, como que con esta ley ya vamos a dar absolutamente la seguridad. Eso es mentir al país. Queridos compañeros asambleístas, creo que desde nuestra bancada es clarísimo la línea. Estamos de acuerdo que cojan nuestras observaciones. Si tanto queremos hablar de tema de radares, la ciudad de Ambato colocaron más de 10 lugares de radares. Antes de que coloque radares era el mismo número de accidentes de tránsito y luego de varios años la población no se educó.

¿Qué pasó? Nada. Simplemente fue el que enriqueció las empresas que fueron contratadas. Ahora, ¿cuál es la cultura de los ecuatorianos? Cuando ya está señalizado con la alerta que más adelante está el radar, van frenando, pasan a 40 kilómetros por hora, pero cuando ya cruza o pasó ya el radar, empieza 150 kilómetros por hora. ¿Qué es el problema? ¿Ley o la cultura, la educación de los conductores? Allí tenemos que analizar muy profundo. En el Ecuador, en vez de reducir, tema de accidentes, cada día va sumando, multiplicando.

Cuando hablamos tema de dar la competencia que controle Policía Nacional, existe vacunas. Cuando quieren citar, cuando quieren entregar la citación, primero condicionan, atemorizan. ¿Sabe qué? Tal ley dice, tanto valor vas a pagar. ¿Y qué hace un conductor? Por favor, solucionemos. Sí, el policía se convierte, policía a la vez, el juez. Hemos caminado en los países desarrollados, el policía solamente está autorizado para citación. Quien determina la justicia es los jueces, pero aquí en el Ecuador no pasa eso. Incumplen las leyes. Las citaciones hacen a la conveniencia.

Eso es lo que pasó conmigo hace unos meses atrás en la vía Ambato, Ambato-Latacunga. El policía dijo, ¿sabe qué? Voy a dar una citación muy barata. Le dijo, voy a dar por falta de cinturón, nada más. Le dije, sí, teme lo que es. No seas corrupto. Y poniéndome mil disculpas a los uniformados honestos. Si usted no es así, que no duela. Transportistas de alto élite, queridos amigos, en el Ecuador. El mismo dueño tiene taxi, camioneta, trailers, mulas. Ahora, ¿cómo superan para invadir las leyes, para no cumplir con las leyes?

Es que tienen amigo y compadre y otro compadre. Eso es lo que pasa en la realidad. Sí. Y cuando nosotros desde las comunidades indígenas planteamos transporte comunitario, no da paso. No, porque ahí está operando taxi, camioneta, pero un ciudadano comunitario de una comunidad indígena dice, llévese a cuatro mil metros sobre el nivel de la altura. Dice, no, no, no. Entonces, ¿cómo quieren hablar de un país que está cambiando? ¿Cómo hablamos de Nuevo Ecuador? Controlo y seguridad. Los secuestros no se va a terminar solo con esta ley.

Tiene que dotar la tecnología. Desde Carche a Macará, ¿cuántas cámaras van a colocar para decir que por lo mínimo va a estar 24 horas? Los señores transportistas que trabajan noche a las 24 horas, ¿cómo va a estar protegido? O simplemente ponemos en esta ley, ya se va a terminar la inseguridad. Es mentir. Y otro de los problemas de los radares, perdón, de los taxis, digamos, taxis, taxis informales, taxímetros. Cuando conviene, el taxista pone taxímetro, pero cuando no conviene, no la pone. ¿Acaso que no está normado?

Sí. Y cuando un turista coge el taxi y dice, vamos a dar toda la vuelta mejor para cobrar un poquito más. Y pudiendo llegar más pronto. Eso es lo que pasa en el Ecuador. Termino el tema de la corrupción. La corrupción en tema de transporte, en tema de ANT, ahí está clave. Si el gobierno elige a un director nacional que tiene sus antecedentes, va a caer esta institución, no va a cumplir nada. Prácticamente no va a cumplir nada. Si queremos combatir la corrupción, desde el gobierno, desde la Agencia Nacional de Tránsito, desde los jueces, desde los policías, tienen que ser honestos, a maquilla, a machúa, a machuya.

Esos principios son los que necesitamos en el Ecuador. Muchas gracias, señor presidente, por otorgarme la palabra.

Gracias, asambleísta. Tiene la palabra la asambleísta Katerin Pacheco.

hoy que nos están viendo a través de los medios de comunicación. Qué gusto y qué responsabilidad tan grande que tenemos hoy aquí, dirigiéndome a ustedes, hablando de este tema tan importante para mi provincia y para nuestro país. Quiero felicitar a la Comisión por el tratamiento de este proyecto de ley y también a la vez a mi compañera Valentina Centeno, quien también se integra aquí en el Pleno. Así que, bienvenida. Como ecuatorianos y como ciudadanos, cuando todos salimos de nuestras casas, cada mañana compartimos tres deseos. Queremos que las normas se cumplan de manera justa, sin ahogar el bocillo familiar.

Queremos caminar por las calles seguras y, sobre todo, como padres de familia, queremos que nuestros hijos lleguen a salvos a casa. Esta ley está para garantizar la paz de nuestras provincias, ya que la seguridad no se negocia. En esta ley establecemos reglas claras sobre quiénes circulan en nuestras calles. El crecimiento del servicio del delivery es ahora una situación que se está dando y lo de las motos en cada esquina. Sabemos que es una fuente de trabajo honesta para muchas personas y un servicio útil para cuando pedimos medicinas o comida para nuestra casa.

Pero el trabajo honesto no puede ser excusa para el caos, ni para que la delincuencia se camufle en dos ruedas. Por eso, con esta ley creamos el Registro Nacional de Conductores y Vehículos destinados al transporte de bienes y servicios a domicilios, administrados por los ANT, para que se pueda vigilar, planificar y controlar en territorio. Este registro ayuda a que los deliveries puedan trabajar seguros y, a su vez, las familias que esperan sus pedidos en sus hogares, el vecino que camina por la casa, por la acera, por toda la calle, debe de saber quién está conduciendo esta moto, con placas claras y con una entidad que corresponda a la tranquilidad de las familias.

Ahora bien, entendemos perfectamente la situación económica del país. Por eso, respaldamos con convicción el descuento en multas por pago rápido. Si un ciudadano comete un descuido o una falta leve, reconoce su error y actúa con responsabilidad pagando a tiempo. La ley debe premiar la prontitud y la responsabilidad, dando un alivio directo a la economía del hogar. Es por eso que sobre estas multas ponemos punto final a la corrupción. Se acaba la historia de ver las sanciones viales como una caja chica o una máquina de recaudación para esos alcaldes pillos.

Así también para esos malos funcionarios que siempre extorsionaban a los ciudadanos para darle ese dinerito a aquellos alcaldes corruptos de turno. Siempre afectando la economía de la ciudadanía. Aquellos que les dieron el voto con la esperanza de que las va a mejorar la economía de ellos. Pero claro que lo hicieron. Mejoraron la economía del propio bolsillo. Y me permito hacer énfasis en esto porque me sorprende lo que menciona el compañero asambleísta de mi provincia, de la otra bancada, respecto a su preocupación de quitar las competencias a los municipios.

Le pregunto, compañero, ¿por qué no se preocupó cuando alcaldes corruptos se enriquecieron con el dinero de los machaleños? ¿Por qué preocuparse ahora que el dinero ya va destinado a nuestra gente de nuestra provincia del oro? Por eso, colegas y pueblo ecuatoriano, dejamos establecido por ley que cada dólar que se recaude por concepto de multas irá destinado de manera obligatoria y exclusiva a la inversión de la seguridad vial. Ese dinero se tiene que ver en las obras en las calles, en pasos cebras, bien pintados frente a las escuelas, en semáforos inteligentes, vías iluminadas, tecnología que salve vidas en los puntos más peligrosos de nuestras carreteras.

Por ejemplo, en la capital bananera del mundo, Machala, en el 2025 hubo 1.532 accidentes de tránsito, 889 personas heridas y 32 fallecidos. De todos estos accidentes, el 30% fueron causados por motorizados. Es por eso que hoy, compañeros asambleístas, estamos trabajando esta ley. De cada norma de tránsito no hay un número de chasis ni una placa. Hay madres y padres que salen de madrugada a trabajar con la fe puesta en Dios. Hay repartidores honrados que sudan la camiseta para llevar el pan a su mesa. Y hay niños pequeños cuyos sueños no deben perderse en un accidente de tránsito, que con esta ley nosotros podemos evitarlo.

El pasado no lo podemos cambiar, pero el futuro de nuestras carreteras sí, y lo vamos a decidir aquí y ahora, compañeros. Muchas gracias. Le devuelvo la palabra, señor presidente. Gracias.

Gracias, asambleísta. Tiene palabra la asambleísta Valentina Centeno.

Se ha enviado el memorando número ANCDEP-2026-0256-M, a través del cual, en mi calidad de asambleísta, por la provincia de Manaví, he presentado la moción para que sea sometida a votación. La misma que establece aprobar el texto del proyecto de ley orgánica reformatoria de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en dos secciones, divididas conforme se señala en el citado memorando. Y de ser aprobada con base al artículo 20 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que, a través de su numeral 17, se solicita a la Secretaría General realizar las correcciones de estilo y de forma que corresponda.

Muchas gracias.

Gracias, asambleísta. Antes de cerrar el debate, quiero agradecer a los gremios del sector del transporte que han seguido de forma muy atenta a este debate, a FENACOTIP, FENATEI, FEDECON. Se cierra el debate. Señor secretario, certifique si la moción presentada por la asambleísta Valentina Centeno ha sido ingresada por escrito.

Sí, señor presidente, la moción ha sido ingresada por escrito a esta secretaría.

¿Tiene apoyo la moción? Secretario, dé lectura a la moción y tome votación, por favor.

Por favor, señora secretaria, solo por economía legislativa, está ya en las curules de todos los legisladores en el correo la moción, más bien lea la parte íntegra que no se va a votar, o la separación con la segunda parte de la moción, porque si no, no vamos a terminar nunca.

Gracias, señora secretaria. Solo para conocimiento de los señores legisladores, se ha ostentado una moción con dos puntos. La primera busca someter a votación todo el texto que ustedes debidamente recibieron antes de esta sesión, en la sección 1. Y la segunda parte de la moción se votaría de forma separada la disposición reformatoria sexta del mismo texto que todos ustedes recibieron previo a esta sesión. Por favor, señora secretaria, tome votación.

Señores asambleístas, por favor registrar su participación en las currules electrónicas. De existir alguna novedad, informar a esta secretaría.

Me permito informar, señor presidente, que contamos con 139 asambleístas registrados. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la sección primera dentro de la moción presentada por la asambleísta Valentina Centeno. Señores asambleístas, por favor consignar su voto.

Señor Operador, presente los resultados. Señor Presidente, me permite informar que de un total de 139 asambleístas presentes contamos con 87 votos afirmativos, 50 negativos, 0 blancos y 2 abstenciones. Ha sido aprobada la primera sección dentro de la moción presentada por la asambleísta Valentina Centeno.

Gracias, señor secretario. Tome votación de la segunda parte de la moción de la sección 2 respecto de la disposición reformatoria sexta del proyecto.

Con su autorización, señor presidente, me permito tomar votación. Señores asambleístas, por favor, registrar su participación en las curules electrónicas. De existir alguna novedad, informar a esta secretaría.

informar, señor presidente, que contamos con 138 asambleístas registrados. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la sección segunda dentro de la moción presentada por la asambleísta Valentina Centeno. Señores asambleístas, por favor consignar su voto.

Proclame resultados, perdón. Señor operador, presente los resultados. Señor presidente, me permite informar que de un total de 138 asambleístas presentes contamos con cero votos afirmativos, 135 votos negativos, cero blancos y tres abstenciones. No ha sido aprobada la moción dentro de la sección segunda presentada por la asambleísta Valentina Centeno.

Señor Secretario, certifique si existen más puntos en el orden del día.

Señor Presidente, cumplo con certificar que es agotado el orden del día.

Se clausura la sesión. Gracias a todos los asambleístas.

Se toma nota, señor presidente, se clausura la sesión siendo las 14 horas con 31 minutos.

TVL y la Radio de la Asamblea Nacional presentaron Asamblea en Pleno.