Sesión No. 126-AN-2025-2029 del pleno de la Asamblea Nacional

Bienvenidas, bienvenidos.

Muchísimas gracias. Bueno, en efecto, principalmente lo que queremos es modernizar el sistema aéreo en nuestro país para poder tener mayor conectividad. Lamentablemente tenemos aeropuertos que no han logrado despegar, tenemos falta de rutas y frecuencias, tenemos muy poca conectividad con el mundo y un sistema con un modelo de gestión que ya no funciona y no se adecua a los estándares internacionales. Lo que buscamos con esta ley es poder abrir nuestros cielos, atraer a nuevas aerolíneas a que operen en el Ecuador, bajar también con eso los precios de los pasajes con mayor competitividad y pues por supuesto participar con inversión privada para poder reactivar a nuestros aeropuertos que en este momento se cuentan subutilizados.

La coordinación es principalmente entre la Dirección General de Aviación Civil con la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, las autoridades de aduanas, por ejemplo, en los registros de los drones, de las aeronaves no tripuladas, que van a tener que registrarse obligatoriamente en un sistema digital, muy expedito el trámite, pero que es necesario por temas de seguridad. Y para el tema de la delegación a privados de los aeropuertos, eso es exclusivamente una potestad del gobierno central que deberá analizar con condiciones específicas, con excepcionalidad cuando se dé esta concesión.

Realmente con los municipios no existe mayor coordinación, a menos que también hay la posibilidad de poder trabajar con los municipios una coadministración.

Así es, bueno, estamos muy contentos porque a raíz de la aprobación de esta ley, que estoy segura que se va a aprobar, la Dirección General de Aviación Civil ha mencionado que, primero, el Ecuador va a mejorar su puntaje en cuanto a reglamentación, que estamos en 40 sobre 100 en este momento, considerado un destino no seguro para viajes. Y segundo, vamos a lograr tener más rutas, atraer más aerolíneas y reabrir aeropuertos. Ya vimos cómo existe un compromiso con el aeropuerto de La Tacunga, en Cotopaxi, que estoy segura que va a ser una gran noticia pronto para todas las personas en Cotopaxi, para todos los moradores de La Tacunga, que se pueda reaperturar su aeropuerto, aeropuertos en Galápagos también, como el aeropuerto de San Cristóbal, el aeropuerto de la Isla Isabela, y también aeropuertos alternos, como es el caso del aeropuerto de Los Perales en Manaví, en San Vicente, que puede servir para ayuda humanitaria en el fenómeno del niño.

Así es, incluso ahora mismo está la Organización de Aviación Civil Internacional en el Ecuador. Han venido a hacer una auditoría en el país y están expectantes de lo que sucede en la Asamblea Nacional y de que se pueda aprobar esta ley, que se modernice nuestra reglamentación y que así el Ecuador pueda atraer mayores frecuencias y también que en conjunto con las asociaciones de Latinoamérica y del mundo podamos conectarnos con todo el mundo entero.

Gracias a usted.

Es una reforma que moderniza el sistema aeronáutico, que unifica cerca de cuatro normas vigentes, principalmente el Código Aeronáutico y la Ley de Aviación Civil, que no se modificaban desde el 2007, es decir, cerca de 20 años que no modernizábamos nuestro sistema de aviación civil.

Nuevas formas de participación con la empresa privada para la administración de los aeropuertos. Es alarmante que en el Ecuador tenemos cerca de 22 aeropuertos y aproximadamente 10 aeropuertos no tienen ningún vuelo.

Y bien, estos son los temas que constan dentro de la sesión plenaria 120.

Muchas gracias. Hay que entender primero que la aviación hace muchos años dejó de ser un lujo. Hoy es una necesidad. Todos viajamos en avión, más aún en un territorio que geográficamente tiene sus complicaciones. De hecho, no solo se basa en esta ley, no solo para turistas, sino médicos, estudiantes. Nosotros como asambleístas tenemos que viajar a la asamblea en avión, los que no somos de Quito. Entonces es importantísimo cuando hablamos de unirnos de forma regional, no ser la colita. Me refiero a que hoy nuestros hermanos vecinos países entendieron que hay que abrir los cielos.

Usted va a Colombia, hay muchísimas aerolíneas colombianas y extranjeras operando dentro de Colombia. Lo mismo pasa en Perú, lo mismo pasa en Argentina, en Brasil. Y no quiero ni siquiera mencionar Centroamérica y Norteamérica que tienen una ley de aviación primer mundista. Nosotros no nos podemos quedar atrás.

Hay que entender que la ley por sí misma no genera nuevas rutas, hay que entender que esto es un sector, un negocio, comercio, se basa en oferta y demanda, pero el país es altamente atractivo, por ejemplo, plazas como Manta, a pesar de que su aeropuerto está completamente deprimida, muchas veces usted no encuentra ni siquiera papel higiénico en los servicios higiénicos, tiene ya más de 70 mil turistas viajando todos los años fuera del país, desde Manta, Manta se une a 72 destinos del mundo gracias a Copa Airlines, entonces imagínese lo que podríamos lograr con una ley moderna, una ley que esté alineada a los intereses y necesidades de los ecuatorianos.

Yo creo que lo más importante que plantea esta ley con respecto a los pasajeros es que no vamos a afectar su bolsillo. Es inaudito que usted quiera viajar a Manta a Quito y le cueste 500 dólares y sale mucho más caro llegar a Miami que llegar a Manta. El bolsillo, la economía de los ecuatorianos es lo primero que estamos cuidando desde la Comisión de Desarrollo Económico y que sepan además, es muy importante que ya nos lo mencionamos, que también garantiza la plaza de trabajo para los ecuatorianos, que no se asusten si mañana, por ejemplo, tenemos a una aerolínea como KLM, que desde Países Bajos, operando en Ecuador, no significa que todas las personas van a ser europeas.

No solo pensemos en la aviación civil como pilotos, aeromosos y azafatas. Hay un montón de plazas de trabajo que están asociadas con la aviación civil. No existe un sector de la economía que no esté de una u otra forma alineada con la aviación civil. Las plazas de trabajo van a aumentar para los ecuatorianos si tenemos más rutas, si tenemos más horarios, si tenemos más aerolíneas trabajando en el Ecuador.

Gracias, fuese mucho, buen día.

Bueno, primero agradecerles a ustedes por esta oportunidad. Hoy se aprobará, con la bendición de Dios, en el Pleno de la Asamblea Nacional para segundo debate, este proyecto urgente de la aviación civil, donde hay temas muy importantes como este, pero hay temas mucho más importantes que el que usted me acaba de manifestar. Primero, yo he conversado con varias personas de la tercera edad, cada vez que tengo la oportunidad de estar en el aeropuerto, donde no se les da prioridad, donde no se regulan los precios de los pasajes de los aviones, donde los miembros de la tercera edad no son tratados como tal.

Otro tema importante que también hemos localizado en estos varios puntos que se han tratado, se van a tratar el día de hoy, es el de las indemnizaciones por catástrofes. De la misma manera, cuando hayan problemas, por ejemplo, de retrasos, de suspensiones de vuelo, hoy por hoy ya habrán responsabilidades absolutas de quienes prestan este servicio aéreo. Esto es bueno para la ciudadanía y qué bueno que sea la bancada de ADN la que preste hoy por hoy los votos que van a ser necesarios y suficientes para que este proyecto de ley sea de vital importancia para los ciudadanos en el Ecuador.

Pero por supuesto, ¿qué es lo que viene buscando la ciudadanía? Mire, yo siempre hablo en el lenguaje del pueblo, yo no soy un técnico de perito en temas de aviaciones, pero a la gente hay que decirle que tienen que saber utilizar las bondades que ofrece el gobierno. Los miembros de la tercera edad, entre ellos yo, mire usted que tenemos poco conocimiento de todos los beneficios que tenemos los miembros de la tercera edad, entre ellos mire usted, el 50% de pasajes aéreos, prioridad en los embarques aéreos, que se han dado también con varias líneas que prestan este servicio, que no acatan las órdenes.

Nosotros hemos presentado un proyecto para los miembros de la tercera edad para que se prioricen todos los beneficios que otorga el Estado. So pena de denunciar a quienes no lo cumplan.

Pero por supuesto, en ese aspecto va a haber la oportunidad que vengan más líneas y se asumen también líneas nacionales y líneas extranjeras para que habiendo la competencia hayan también costos y precios regulados. No es posible que un precio de costos de aviación de Guayaquil a Galápagos cueste mucho más caro de lo que vale un pasaje de aquí a los Estados Unidos. Entonces, todos esos temas hay que normarlos. No es tan poco preciso ni justo que si usted quiere comprar un pasaje en este momento, ese pasaje cueste 300 dólares y cuando lo compra con 3, 4 días de anticipación, el mismo pasaje cueste 40, 50, 60 dólares.

Entonces, todo eso hay que normar, hay que regular. Precisamente, este segundo debate será para que todo esto quede aprobado y enmarcado dentro de la ley.

Gracias a ustedes.

conocer y resolver respecto al informe para segundo debate del proyecto de ley orgánica reformatoria al código tributario. Hasta aquí el texto de la convocatoria señora presidenta.

Señor secretario, por favor, informe si se han presentado solicitudes de modificación del orden del día.

Cumplo con informar, señora Presidenta, que no contamos con solicitudes de modificación del orden del día para la presente sesión.

Damos inicio con el primer punto.

himno nacional de la República del Ecuador.

Señoras y señores asambleístas, previo a iniciar el segundo punto del orden del día, de conformidad con lo establecido en el artículo 150 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, se suspende la sesión para declararnos en Comisión General. Señor Secretario, por favor, dé paso a esta comisión.

Con su autorización, señora Presidenta, se suspende la sesión, nos declaramos en comisión general. Se invita a ingresar al Pleno de la Asamblea Nacional al señor Raúl Villa Jaramillo.

La presidenta, considerando que el señor Raúl Villa Jaramillo, oriundo del Cantón Ibarra, provincia de Imbabura, cuenta con una destacada trayectoria de más de seis décadas en la música, la lutería y la pedagogía, sobresaliendo como guitarrista clásico, compositor e investigador y difundiendo la identidad musical ecuatoriana en escenarios de América y Europa, en ejercicio de sus atribuciones de acuerdo. Reconocer al señor Raúl Villa Jaramillo por su extraordinaria trayectoria como músico, compositor, luthier y fundador de la Escuela de Música Raúl Villa, sus invaluables aportes a la innovación e identidad sonora nacional y su contribución al prestigio y conservación del patrimonio cultural del Ecuador.

La intervención del señor Raúl Villa Jaramillo.

Educativa OK Kids de la ciudad de Quito.

siguiente punto del orden del día.

Segundo, conocer y resolver respecto del informe para segundo debate del proyecto de ley orgánica de aviación civil.

El informe íntegro remitido por la comisión será parte del acta de la presente sesión.

Con su autorización, señora Presidenta, procedo de lectura del memorando AN-CDEP-2026-0273-M. Asunto, informe para segundo debate del proyecto de ley orgánica de aviación civil. De mi consideración, reciba un cordial saludo por disposición de la asambrista Valentina Centeno Arteaga, Presidenta de la Comisión Especializada Permanente de Desarrollo Económico Productivo en la Microempresa y de conformidad con el artículo 61 de la ley orgánica de la opción legislativa y el artículo 32 del reglamento de comisiones, tengo a bien remitir el informe para segundo debate del proyecto de ley orgánica de aviación civil, aprobado en la sesión 190-2025-2027 de 20 de septiembre de 2026 en esta mesa legislativa, a fin de que continúe con el trámite respectivo en el Pleno de la Asamblea Nacional.

La ponente del informe es la asambleísta Valentina Centeno Arteaga, Presidenta de la Comisión Especializada Permanente de Desarrollo Económico Productivo y la Microempresa. Atentamente, Mónica Bonilla, Secretario Relator. De acuerdo con su disposición, señora Presidenta, procedo a dar lectura al informe en su parte resolutiva. Sexto, conclusión. De conformidad con lo expuesto en el presente informe, la Comisión Especializada Permanente de Desarrollo Económico Productivo y la Microempresa concluye que el trámite del proyecto de ley orgánica de aviación civil se ha desarrollado con estricto apego a la ley orgánica de la oficina legislativa y al reglamento de técnica legislativa.

La calificación del proyecto, su unificación sucesiva con las iniciativas y la prórroga de 30 días autorizadas por la Presidencia de la Asamblea Nacional se ha tramitado dentro de los plazos previstos en los artículos 58.1 y 61 de la ley orgánica de la oficina legislativa, por lo que el informe se presenta dentro del término legal. En cuanto al contenido sustantivo, el análisis desarrollado en el numeral 5 de este informe permite afirmar que el texto sistematizado para segundo debate satisface los presupuestos de necesidad, proporcionalidad y coherencia normativa exigibles a una ley orgánica.

El proyecto unifica en un solo cuerpo legal la regulación dispersa entre la codificación de la aviación civil y la codificación del Código Aeronáutico AMBAS de 2007. Separa funcionalmente la Rectoría de la Política Aeronáutica de la Autoridad Técnica de la Dirección General de Aviación Civil y concierta el ordenamiento interno con los anexos del Convenio sobre Aviación Civil Internacional en materia de seguridad operacional, facilitación del transporte, seguridad de la aviación, búsqueda y salvamento e investigación de accidentes. Fortalece además los derechos de los usuarios al elevar a rango orgánico la protección del pasajero e incorpora un tratamiento normativo específico para las aeronaves no tripuladas.

Las observaciones de carácter transversal formuladas por asambleístas, gremios del sector y ciudadanía sistematizadas en el anexo 3 se dejó constancia además mediante la certificación del número 15 del artículo 30 del Reglamento de Técnica Legislativa de la totalidad de las acciones que esta comisión debatió el proyecto. Sobre esta base jurídica, técnica y procedimental, la comisión concluye que el proyecto de Ley Orgánica de la Aversión Civil se encuentra en condiciones para ser puesto en conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional para su tratamiento en segundo debate por cumplir con los requisitos constitucionales, legales y reglamentarios exigidos.

Séptimo, recomendación, la Comisión Especializada Permanente del Desarrollo Económico Productivo de la Microempresa pone en conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional el informe para segundo debate del proyecto de Ley Orgánica de la Aversión Civil, el mismo que fue conocido, debatido y aprobado en la sesión 190-2025-2027 de 20 de septiembre de 2026. Asimismo, recomienda que en el debate legislativo considere los aportes técnicos, institucionales, gremiales y ciudadanos recibidos durante el proceso de socialización y comparecencias, especialmente aquellos relacionados con la seguridad operacional de la aviación, el fortalecimiento de la Rectoría del Transporte Aéreo, la articulación de competencias entre el Ente Rector y la Dirección General de Avisión Civil, la agilidad y rigurosidad técnica en los procesos de registro aeronáutico y certificación de aeronavegabilidad y la regulación de los títulos habilitantes del sector aeronáutico y aeroportuario.

Noveno, asambleísta ponente. El asambleísta ponente del presente informe es la asambleísta Valentina Centeno Ardiaga, presidenta de la Comisión Especializada Permanente del Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa. Hasta aquí la lectura de los solicitados, señora presidenta. Gracias. Gracias.

Gracias señora Presidenta, buenos días colegas asambleístas, buenos días a los ciudadanos ecuatorianos que nos miran por las distintas plataformas y las redes sociales. Hoy damos un paso hacia el futuro, hacia la conectividad y hacia el desarrollo del Ecuador. Quiero empezar resaltando que este proyecto de ley fue presentado por el asambleísta Nils Olsen-Pitt en la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa. Y que gracias al trabajo que hemos realizado en la comisión, gracias a los miembros de la comisión, mis colegas asambleístas, a la comparecencia de distintos actores públicos y privados, hoy logramos modernizar una norma que no se cambiaba hace 20 años atrás.

La ley de aviación civil, que lo que busca es más allá de aeropuertos, aviones, drones, es poder fomentar el turismo y la generación de empleo en el Ecuador. Y es que cuando hablamos de aviación civil, uno pensaría que es una materia lejana, técnica, solo para los especialistas, para los pilotos. Pero la realidad es que después de haber sido parte de este proceso, he evidenciado que no es así. Aquí tratamos problemas que viven y sienten las familias ecuatorianas. Por ejemplo, ecuatorianos que tienen aeropuertos en sus provincias que no tienen vuelos.

O familias que tienen que trasladarse horas vía terrestre para poder tomar un avión. Infraestructura pública, que costó millones de dólares desde los bolsillos de los ecuatorianos, que está subutilizada. Y en fin, un país que no logra conectarse con el mundo. Durante años, en el Ecuador se hicieron inversiones millonarias en infraestructura aeroportuaria. Tenemos el aeropuerto de Tena, Humandi, que costó 40 millones de dólares. El aeropuerto de Santa Rosa, 47 millones. El aeropuerto de La Tacunga, 41 millones. Y el de Esmeraldas, cerca de 20 millones. Solo en esos cuatro aeropuertos que he mencionado, asciende a una suma de 147 millones de dólares que pagamos los ecuatorianos.

Y ahora la pregunta no es si la inversión en infraestructura aeroportuaria estuvo bien o no. Porque al final los gobiernos tienen que invertir en obra pública. El problema está en cuando esta inversión no tiene un modelo de gestión que garantice la operatividad y la sostenibilidad de dicha infraestructura. Y es que cuando uno construye un aeropuerto, eso no se queda solo en la pista, en las terminales, en vuelos que no llegan. Implica mantenimiento diario que debe asumir el Estado ecuatoriano. Implica mantenimiento en la seguridad, en los operadores, en las torres de control.

Y es por eso que la Dirección General de Aviación Civil tiene un gasto altísimo que asumir año a año para gestionar cerca de 18 aeropuertos en el Ecuador. Y como decía, el problema está en cuando se invierte sin una planificación, sin estudios y por antojo. Y es ahí cuando se fracasa. Y eso es lo que determinan los informes de Contraloría General del Estado y auditorías externas que evidencian cómo se perjudicó al país. Además, la antigua aerolínea nacional TAME-EP, que fue auditada exhaustivamente, que realizaba rutas comerciales obligatorias y no rentables a aeropuertos de baja demanda, implicaron glosas millonarias de 243 millones de dólares para siete exgerentes de esta empresa.

Y se reportan hasta el 2020 cerca de 400 millones de dólares en pérdidas que generó esta aerolínea TAME-EP, que todavía le adeuda a nuestro Ministerio de Finanzas, a Petroecuador y a distintos proveedores. ¿Cuál fue el argumento de las glosas? La destrucción del patrimonio público y la negligencia en la gestión financiera de nuestra flota. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos el día de hoy no es si estuvo bien o no construir dichos aeropuertos nuevamente. Creo que eso ya le corresponde al pasado. La pregunta que sí nos podemos hacer el día de hoy es ¿qué vamos a hacer con esa infraestructura aeroportuaria que los ecuatorianos ya pagamos?

¿Podemos resignarnos a mantener poca conectividad y a estos modelos de gestión obsoletos o cambiar estos modelos y hacer lo que funcione en todo el mundo para poder generar mayor conectividad, turismo y empleo? Esto es lo que plantea la Ley de Aviación Civil, colegas asambleístas. Poder buscar la participación con una excepcionalidad, la participación de la empresa privada para administrar infraestructura aeroportuaria. Cuando se determinen ciertas condiciones muy específicas y siempre precautelando los derechos de los ecuatorianos, esto no significa que vamos a renunciar al control de los aeropuertos o que vamos a vender nuestros aeropuertos.

significa que vamos a aumentar nuestra capacidad de recibir inversión y de por fin aumentar nuestras rutas, nuestras frecuencias y nuestra conectividad. Este es el primer punto por el que creo que es importante modernizar esta ley. Pero en un segundo lugar también, y no menos importante, de nada sirve tener pistas y terminales muy bonitas si no tenemos aviones que estén aterrizando en ellos, si no tenemos rutas y frecuencias o no tenemos aerolíneas que se vean, que estén operando en el Ecuador. Y por eso es que esta ley plantea una política de cielos abiertos.

Esta es una política que permite que aerolíneas internacionales que estén registradas con su domicilio en el Ecuador y que cumplan con ciertas condiciones y controles de la Dirección General de Aviación Civil y otras autoridades que puedan operar rutas nacionales o rutas internas. Por poner ejemplos, tenemos el caso de Chile, que abrió sus cielos hace un par de décadas y esto facilitó la entrada de nuevas operadoras. Entre el 2011 y el 2019 duplicaron el número de personas que viajaban en avión en este país y superaron los 26 millones de pasajeros al año.

Lo mismo Argentina, que recientemente abrió sus cielos, en el 2025 alcanzó más de 50 millones de usuarios en sus aeropuertos y autorizaron 63 nuevas conexiones nacionales e internacionales. Las cifras hablan por sí solas y la evidencia es contundente. Cuando se eliminan barreras innecesarias y se permite que compitan nuevas aerolíneas, no solo generamos nuevas rutas y frecuencias, también con esta competencia disminuyen los precios, las tarifas de los pasajes aéreos y permitimos que el Ecuador se conecte al mundo. Compañeros, hoy creo que desde la Asamblea podemos generar esas condiciones para que exista mayor competencia y para que el mercado aeronáutico ecuatoriano resulte atractivo para nuevos operadores.

Esto se daría no solo con la modernización de esta ley, que estoy segura que se va a realizar el día de hoy, sino también gracias al liderazgo y a la visión del Presidente de la República, Daniel Novoazín, que ha permitido confianza en el mercado nacional por parte de los mercados internacionales. Y una tercera razón por la que creo que es importante la modernización de esta norma es por una tecnología que si bien es extraordinaria, pero que también ha sido una tecnología que puede ser utilizada por la delincuencia organizada para cometer actos ilícitos.

Esta ley plantea el registro obligatorio de las aeronaves no tripuladas, conocidas como drones, a partir de un peso en específico, para que podamos tener control y trazabilidad y que no nos pase lo que sucedió hace varias semanas, que capturaron a dos delincuentes que portaban drones de gran tamaño que estaban adaptados para transportar a explosivos. Eso no podemos permitir. No podemos permitir que exista un área gris en nuestro espacio aéreo. Y esta ley lo que hace es reforzar, gracias también a otras leyes que han sido aprobadas en este pleno, el control y la coordinación entre la Dirección General de Aviación Civil, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y nuestras autoridades de aduanas.

Estos son los tres temas que he mencionado que parecerían distintos, pero realmente cuentan la misma historia. Por un lado, infraestructura aeroportuaria que no ha logrado despegar. Por otro lado, un mercado aéreo que necesita mayor competitividad y mayor conectividad. Y por otro lado, tecnologías que requieren reglas acordes a los tiempos en que vivimos. Y como conversaba con un colega asambleísta, también vale hacer énfasis en que los derechos reconocidos en otras normas y los incentivos para tarifas diferenciadas, por ejemplo, para los colonos de Galápagos o para nuestros amazónicos, se mantienen.

Esta norma no transgrede ningún derecho adquirido por los ecuatorianos. Eso es modernizar la aviación civil. Esta ley no es solo aeropuertos, vuelos, aviones y drones. Esta ley sirve para aprovechar lo que ya tenemos, para abrirnos a nuevas oportunidades y para generar reglas claras para tecnologías que han avanzado, que tienen una realidad distinta, pero que las leyes se han quedado atrás. En definitiva, esta ley, colegas asambleístas, busca conectar al Ecuador e impulsar su desarrollo. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias. Gracias.

que tramitó este...

Presidenta, muchísimas gracias por concederme el uso de la palabra. Realmente feliz, feliz porque vamos a tratar una ley que desde que iniciamos la provincia, mi provincia, nos las ha pedido. También, con algo de curiosidad, quiero ver cómo va a reaccionar la bancada de oposición al quizás, espero, no se vayan a oponer a una ley que no es de élite, porque por ahí escuché ya unas voces que dicen que estamos solo pensando en la élite, que solo la gente con dinero viaja en aviones y que nos enfocamos en los empresarios, etc.

Yo quiero decir algo muy importante, que ya lo mencionó la Presidenta Valentina Centeno, la Presidenta de la Comisión, es que nosotros no nos podemos quedar atrás. Cuando hablamos de integración regional, no podemos tener una ley de aviación completamente caduca. Eso lo entendieron hace décadas atrás nuestros vecinos, vecinos, los países hermanos. Colombia, por ejemplo, Valentina mencionó a Chile, también está Brasil. No quiero ni mencionar a Panamá porque es un mundo aparte, y los países de Norteamérica también. Pero hay países mucho más pequeños que nosotros que lo entendieron hace más de 20 años, como por ejemplo Costa Rica.

Costa Rica mueve más de 10 millones de turistas al año, nosotros vamos a una cifra de 8 millones que no es menor. Imagínense lo que podríamos lograr con una ley moderna. Bien lo explicó también la Presidenta, un aeropuerto no solo es una pista habilitada o un edificio, o en el peor de los casos unas carpas, como en el 2016 después del terremoto dejaron el aeropuerto de Manaví, el aeropuerto de Manta por algunos años. Era una pista habilitada, una gran pista habilitada que la construyeron los norteamericanos en el 2000 y unas carpas.

Ese era nuestro aeropuerto.

Entonces, en la...

Comisión, nos hacíamos esta pregunta, ¿cómo podemos mejorar una ley? Sobre todo, no solo modernizar una ley, sino que esté de acuerdo o acorde con las necesidades de los 18 millones de ecuatorianos. Porque algo sí les voy a decir, la aviación civil no solo son pilotos, aeromosos y azafatas, no existe, y les desafío a que me digan un sector de la economía nacional que no tenga algún tipo de relación con la aviación civil. En países como los nuestros, donde la geografía es un poco compleja, no tenemos trenes que nos unen con otros países, y a veces viajar en bus tiene sus propios riesgos también.

Por eso es importantísimo entender la necesidad del avión, y entender además que es el método de transporte más seguro del mundo. Para esto es importante aterrizar con cifras. ¿Qué sucedió en el 2024 y en el 2025? Para que ustedes tengan una idea, más de 3 millones de ecuatorianos tomaron un avión en el aeropuerto ecuatoriano y aterrizaron en otro aeropuerto ecuatoriano. Y más de 7 millones lograron salir del país. Tenemos registros de entrada y salida en más de 7 millones. Ya somos un país altamente atractivo. La ley por sí misma no genera nuevas rutas.

No quiere decir que mañana viva Colombia, KLM, Air China o quien sea, solo por tener una nueva ley vamos a tener nuevas rutas. Pero las condiciones para esa inversión extranjera sí se comienzan a dar el día de hoy. Y quiero que me disculpen el egoísmo, pero sí tengo que centrarme en mi provincia, en Manaví. Cuando se habla de Manaví, se habla de aviación, se habla del aeropuerto que está ubicado en Manta. Y aquí les quiero comentar algo. Hace 30 años, en el año 1996, tuvimos un accidente aéreo en Manta.

Una aerolínea en su momento que se llamaba Millionaire despegó de Manta con destino a Miami. No a Quito, no a Guayaquil ni a Cuenca. Manta, Miami. Y se estrelló tres minutos después en el centro de la ciudad, en la iglesia del barrio de La Dolorosa. ¿Qué es lo curioso de este accidente? Que en ese accidente, en ese avión no solo viajaba pesca fresca de Manaví y camarones de la costa ecuatoriana, también se encontraban flores de la sierra ecuatoriana. Quiere decir que hace 30 años ya, nosotros podíamos exportar desde otras provincias y no solo desde Guayas y Pichincha.

Eso quiere decir que hay oportunidades significativas y muy importantes para el resto de provincias, sobre todo aquellas que tienen un aeropuerto en su territorio. Así como Manta, hay otras ciudades y provincias que deben contar con servicios aeroportuarios de carga, porque para que tengan una idea, en el 2024 más de 320.000 toneladas salieron de los aeropuertos ecuatorianos. Y ojo, no solo por aviones cargueros, sino también por aviones comerciales. Muchas veces cuando ustedes toman un vuelo internacional, ahí va cara ecuatoriana, y van frutas ecuatorianas, van flores ecuatorianas, va pesca ecuatoriana y van camarones ecuatorianos.

Valentina lo mencionaba, las leyes se sostienen con artículos muy fuertes y quiero mencionar cuatro artículos muy importantes. El artículo 152, que permite que empresas puedan ser parte, empresas privadas, locales o internacionales, puedan ser parte del manejo aeroportuario. Esto no significa venderle soberanía a ningún otro país, ni venderle tierra a otro país. Se replica en todos los países del mundo. Los aeropuertos más importantes del planeta están concesionadas por empresas que saben de manejo aeroportuario. No quiero hondar en este tema, pero muchas veces los aeropuertos del Ecuador no cuentan ni siquiera con papel higiénico en los servicios higiénicos.

Así de grave es la situación y así de crítica es la situación en nuestros aeropuertos. No nos centremos solamente en Quito y Guayaquil. El artículo 116, lo que mencionaba también la Presidenta, cielos abiertos. Para ser atractivos necesitamos abrir nuestros cielos. Hay aerolíneas, low cost, por ejemplo, que darían lo que sea para poder hacer viajes, por ejemplo, Bogotá, Cali, Cali, Quito o Bogotá, Manta, Manta, Lima. De esa forma también nos volvemos mucho más atractivos y quienes al final del día son los principales beneficiados de esto no son solamente los turistas, sino todos nosotros, incluso nosotros los asambleístas.

Para venir acá tomamos aviones y para regresar a ver a los nuestros también lo hacemos. Es importantísimo entender que esto es de beneficio y desarrollo para todas las personas, para los 18 millones de ecuatorianos.

También,

Esta ley garantiza las plazas de trabajo. No significa que si mañana KLM hace vuelos internos en el Ecuador, todas las personas involucradas en esa ruta van a ser personas de los Países Bajos. No veamos simplemente a la aviación como pilotos, no veamos a la aviación simplemente como azafatas. Hay un montón, un sinnúmero de actividades relacionadas con el tema aeroportuario, por ejemplo, la carga, la logística, tecnología, alimentación, entre otros. Y un artículo muy importante es el 124, porque ¿qué está sucediendo ahora? Usted va, toma un vuelo, se atrasa, nadie le contesta, se pierde la maleta, nadie le contesta, le cambian el pasaje, nadie le contesta.

Esta ley garantiza artículos mucho más fuertes que no van a permitir que se vulneren los derechos de los ecuatorianos. Señora Presidenta, el Ecuador literalmente necesita que sus aeropuertos despeguen. Ya no pueden ser elefantes blancos o símbolos de la corrupción. Necesitamos que esos aeropuertos funcionen para lo que se crearon, para recibir gente y para poder también exportar nuestros productos. Y antes de terminar, sí quiero hacer mención a algo. El día de ayer, revisaba las redes sociales, y no me refiero a encuestas, porque las encuestas al final del día dan los resultados de quien está pagando por esas estadísticas.

Pero había muchos usuarios que se quejaban del accionar de los 151 asambleístas que estamos acá. Y comenzaba a ver los comentarios, y había unos que decían, es que ellos presentan leyes por presentar leyes. Y estoy un poco de acuerdo. No estoy en contra de los asambleístas colegas que presentan 100 leyes, 200 leyes. Pero en leyes como estas, que favorecen al desarrollo de la vida de los ecuatorianos, nosotros no podemos poner el pie. Para esto nos eligieron. No solo a ustedes, también a nosotros. Apoyemos a los ecuatorianos, apoyemos al desarrollo de cada una de esas familias, y apoyemos al desarrollo de la aviación civil.

Necesitamos estar en la jugada. Ya no podemos tener leyes que datan de más de 20 años cuando la aviación cambia cada mes. Muchísimas gracias, señora Presidenta.

asambleístas, pueblo ecuatoriano, queridos hermanos orenses, que nos ven y nos escuchan ante los diferentes medios de comunicación. El país, sin lugar a dudas, necesita modernizar su transporte aéreo, dinamizar el turismo y abaratar los costos de los pasajes. En eso, por supuesto que nadie se puede perder. Pero no nos engañemos, modernizar no significa claudicar en soberanía, no significa desproteger a nuestros trabajadores, ni entregar un cheque en blanco a los diferentes abusos que día a día los usuarios enfrentan en los aeropuertos. Desde el primer debate, advertí en la Comisión que este proyecto de ley venía con vacíos técnicos y desequilibrios muy peligrosos.

Hoy, con el texto definitivo en nuestras manos, vemos con profunda preocupación que las observaciones, que los planteamientos de los gremios, de los expertos de la ciudadanía no han sido acogidos. Se nos presenta hoy una ley que desregulariza, que en lugar de cuidar al país, se acomoda al beneficio de los intereses de unos pocos. Miren lo que hacen con los trabajadores ecuatorianos. En la disposición de erogatoria cuarta, borran de un plumazo una obligación legal de que las aeronaves con matrícula ecuatoriana sean comandadas por tripulantes nacionales. Y en el artículo 79 nos ponen un engaño, una simple priorización voluntaria.

Mientras nuestros jóvenes pilotos se endeudan con miles de dólares para formarse dentro de este ámbito, aquí abren el cabotaje sin exigir un mínimo piso de empleo local. No defendieron el talento nacional, lo dejaron a la merced de la precarización laboral. Y no solo entrega en el trabajo, en los artículos 150 y 152 abren la puerta para delegar a manos privadas la navegación aérea. La OASI recomienda separar al regulador de la operación, sí, pero a través de una empresa pública estatal, como lo dice, lo menciona, lo indica la Constitución en su artículo 315.

Aquí pretenden que el control del tránsito aéreo, que los radares, que las torres de control puedan ser entregadas a consorcios privados con fines de lucro. El cielo patrio es soberanía y seguridad nacional. El cielo no se puede privatizar, señores asambleístas. Y nos preguntamos a sí mismos, ¿y qué hay de los ciudadanos, de los pasajeros que hacen filas interminables? La ley guarda un silencio cómplice ante los abusos tarifarios. No garantiza el derecho, ni siquiera de viajar con una maleta de mano en cabina, sin cobros abusivos, como se exige a nivel internacional en otros países.

Peor aún, en el artículo 125 construyen una verdadera trampa legal. Si un vuelo se interrumpe o es desviado por mal tiempo o ceniza volcánica, la ley dice textualmente que la aerolínea solo pagará el hotel y la comida, únicamente en temas imputables a la aerolínea. Es decir, si usted se queda agotado a mitad de su destino, por niebla, por lluvia, por mal tiempo, la aerolínea no tiene la obligación de darle ni un refrigerio ni una noche de hotel, dejando al usuario desamparado. Para colmo, atentan contra la autonomía descentralizada.

En la disposición general tercera y la transitoria sexta, intentan meter la mano a la administración y a las concesiones de los aeropuertos de Quito y Guayaquil, buscando obligar a que los aeropuertos rentables asuman y financien la red estatal quebrada en estos momentos. Esto, sin lugar a dudas, merma los ingresos locales y somete a la expansión de otras estrategias, de obras estratégicas, como el aeropuerto de Daular, que estaría predispuesto a la voluntad política, por supuesto, del Gobierno Nacional, y del centralismo ministerial que estaría a cargo del Ministerio de Infraestructura y Transporte.

Colegas asambleístas, la bancada oficialista tiene hoy los votos suficientes para aprobar esta ley sin mover una coma. Pero el país debe tener claro quién defiende a quién. Hago un llamado a la conciencia de este Pleno y, sobre todo, al pueblo ecuatoriano. No podemos permitir que, con el pretexto de modernizar, se rifen los derechos del consumidor, se precaíce el trabajo de nuestros aviadores y se comprometa la soberanía de nuestro espacio aéreo. Por la defensa del trabajo nacional, por la soberanía de nuestros cielos, por los derechos de los usuarios y porque se respete la autonomía municipal, mi voto, y sin lugar a dudas, de nuestra bancada, será un retundo en contra a este proyecto de ley.

Muchísimas gracias, señora Presidenta.

En términos generales, esta ley, sin duda alguna, actualiza el sistema normativo ecuatoriano, los nuevos desafíos de la modernización que está sufriendo el sector aeronáutico del mundo. Y se acopla a las normas y a los procedimientos y a los parámetros, protocolos y legislación de la OASI, de la YAT, etc. Sin duda alguna, en términos generales, positiva. Algunas observaciones, tenemos dos principalmente, señora Presidenta, que las hacemos. Lo primero, aclarar que Cielos Abiertos es una política, y por lo tanto, por ley de la República no se dictan políticas.

La ley manda, permite o prohíbe. Las políticas de Estado las dictan los gobiernos. Y así fue decretada en el año 2017, mediante decreto 256 del presidente Lenín Moreno, la política de Cielos Abiertos está, por tanto, vigente en el Ecuador desde esa fecha. Hoy nos dicen que la política de Cielos Abiertos va a estar en la ley. Bueno, la quieren poner como ley de la República, pero las políticas las dictan los gobiernos, no las leyes. Luego se hizo la ley orgánica para el fortalecimiento de las actividades turísticas y fomento del empleo, iniciativa del ministro de Turismo, Neil Solson, el 25 de marzo del 2024, ley calificada como económica urgente.

Y que con esa bajarían las tarifas aéreas. Ese fue el argumento para aprobar esa ley. Y que con eso vendrían nuevas aerolíneas al Ecuador. Se han ido aerolíneas al Ecuador. No han venido, se han ido. Y las tarifas aéreas no han bajado, han subido. Luego se metió también en una de las leyes que aprobamos, no sé si fue en el de las fundaciones, también un tema de reforma también en esta materia. Y no ha pasado absolutamente nada. Pero yo no pierdo la esperanza que con esta ley se puedan hacer cambios verdaderos.

Vienen mis observaciones, señora Presidenta, que son importantes decirlas. Entonces, en el primer debate, respaldamos este proyecto de ley. Porque no se había incorporado la disposición general tercera. Que para quienes defendemos la autonomía municipal, para quienes defendemos la descentralización, para quienes defendemos la desconcentración, y para quienes aplaudimos el trabajo que se han hecho en los aeropuertos de Quito y Guayaquil, y que dejaron de ser esos basureros que eran los aeropuertos de Quito y Guayaquil desde que pasaron a manos de los gobiernos autónomos centralizados, preocupa sobremanera este artículo.

¿Qué nos dice este artículo? Los gobiernos autónomos centralizados deberán celebrar un acuerdo de gestión concurrente con el gobierno nacional. Ya tienen firmados los contratos, señores de delegación, que se hizo en el gobierno del presidente Gustavo Novoa, y mediante el cual los municipios pasaron a tomar control, y la operación más bien, porque el control lo hace la aviación civil de los aeropuertos. ¿Para qué queremos meter este artículo? ¿Para qué queremos atentar contra un principio básico de la descentralización, de la delegación de competencias? No podemos cambiar un contrato entre las partes, ya está previamente establecido este tema hasta que termine ese contrato de delegación.

Para nosotros este artículo es grave, señora presidenta y compañeros legisladores. O sacamos este artículo o lo reformulamos garantizando que se va a respetar el contrato original que tuvieron los municipios de la época en el año 1900... No me acuerdo, ya no me acuerdo. Era Gustavo Novoa el presidente, eso sí recuerdo, que era el presidente Gustavo Novoa y que por cierto lo recordamos porque dio un primer paso fundamental en materia de descentralización al entregar los aeropuertos de Quito y Guayaquil a los gobiernos seccionales. De manera que esa disposición general tercera, señora presidenta, en los términos que está concebida imposible para nosotros poderla consagrar.

Ojalá podamos votar por partes esta disposición porque el resto del proyecto me parece importante. Respecto al primer debate, hice unas observaciones que lamentablemente no se han incorporado en el proyecto de ley. Y lamento sobremanera que no se le ha incorporado porque tratábamos de parar los abusos que se cometen en Galápagos por parte de las aerolíneas. Compañeros legisladores, desde 1998 por ley de la República, perdón, desde 1992 por ley de la República, los habitantes de Galápagos, los residentes de Galápagos tenemos el 50% de descuento en las aerolíneas.

Escúchense, desde 1992, no ahora, no ayer, no hace 10 años, no, desde 1992. Y claro, en los últimos tiempos se ha venido complicando. Pero ya en la ley de 2015, y esto es importante, se puso incluso, y es ahora ley de la República desde 2015, la ley de régimen especial de Galápagos, que al menos 20 espacios en los aviones estarán destinados para los residentes de Galápagos. ¿Cuál es el resultado de esto? No se cumple. Y claro, como no se cumple y como no hay sanción, obviamente no se puede sancionar.

Y es lo que habíamos propuesto nosotros en el primer debate, que se ponga una sanción para las aerolíneas. ¿Quién tiene que sancionar? La aviación civil, pues. Por lo tanto, tenía que ir en esta ley. ¿Para quién? Para las aerolíneas que no cumplen con lo que está contemplado. No es la ley de aviación civil. Cuidado. Está contemplado nuestra ley orgánica de régimen especial de Galápagos. Y es por eso que vienen los abusos. Ponen las tarifas que ellos quieren. ¿Sabían ustedes que las aerolíneas, o alguna aerolínea, ni siquiera oficinas, tienen en algunos cantones de Galápagos?

Porque ustedes saben que los cantones de Galápagos no están juntos. No es que yo me pueda ir del cantón Cayambia al cantón Quito en carro, o allá en el cantón San Cristóbal, el cantón Santa Cruz en carro. Allá necesito un día de viaje, ¿no es cierto? Para ir a comprar un pasaje aéreo. ¿Sabían ustedes que las aerolíneas, los galapagueños, no nos venden los pasajes por internet? Tenemos que hacerlo de forma presencial. ¿Sabían ustedes que la política de atención y ventas es diferente para los galapagueños? Los reembolsos no hay derechos.

¿Sabían ustedes que las penalidades para los galapagueños son diferentes que para los turistas nacionales? ¿Sabían ustedes que las ventas, conforme ya se los dije en su momento, son iguales, las reservas iguales, diferentes mantenemos los galapagueños de los nacionales? Y entre esos, obviamente, obligarnos a comprar un pasaje aéreo exclusivamente en las oficinas, cuando no hay las oficinas. Y aquí solamente las tienen las oficinas en Quito. Un galapagueño que se va a Ambato tiene que salir a Quito a comprar el pasaje. Y en Galapos hay bastantes ambateños, por si acaso.

Y en Galapos hay bastantes quiteños y de todas partes del Ecuador que salen a visitar a sus familias y luego tienen que salir a Quito a Guayaquil a comprar el pasaje porque no hay cómica. De manera que habíamos hecho una observación en ese sentido. ¿Sabían ustedes que las aerolíneas a personas que están en camillas en el aeropuerto los dejan? ¿Por qué? Porque no hay espacio en el avión. ¿Sabían ustedes que en Santa Cruz no hay hospital desde hace dos años y que están atendiendo en las oficinas de la Cruz Roja desde hace dos años y que ayer se murió un niño de ocho años atragantado por una moneda porque en el hospital no le pudieron dar primeros auxilios y porque obviamente las aerolíneas no atienden estos temas de carácter humano, humanitario.

Han dejado a gente en los aeropuertos de enfermas porque en Galapos no hay atención médica. Entonces la gente hace una vaca, hacen rifas para que vaya al continente. Pero no hay el pasaje, no hay el cupo. Esos abusos queríamos imponerlos con sanciones. Lamentablemente la Comisión no recogió nuestra observación. Era un tema nuevo, ¿cierto? Que tenía que ir en esta ley porque las sanciones deben estar contempladas en esta ley. Compañeros, la disposición transitoria, volviendo a la disposición general tercera, tal cual está concebida, para revisar, para firmar nuevos contratos con los gobiernos seccionales que serían básicamente el de Quito, Guayaquil, Cuenca, no sé con qué municipio, creo que el de Zamora también tiene una delegación para el respecto.

Atenta contra la seguridad jurídica del Estado. Y eso sin duda alguna traerá como resultado que no venga inversión extranjera al país. Y lo más importante para quienes creemos en la descentralización, en la desconcentración y en la autonomía municipal, atenta contra esos principios fundamentales que se ha defendido por años. Y lo conquistado por Quito y Guayaquil en su momento. No, porque no es el actual alcalde, ni de Quito ni de Guayaquil. Estamos hablando de muchos años atrás para tener los aeropuertos que tenemos, que han recibido una serie de premios a nivel internacional.

Hoy se está poniendo nuevamente en duda este tema, con esta disposición general tercera que no estuvo en el primer debate. Por eso nosotros no somos contradictorios si no hubiéramos hecho notar nuestra preocupación al inicio. Nosotros, como socialcristianos, que hemos sido mentores de este proceso de delegación, de desconcentración y de descentralización, jamás podríamos respaldar esa disposición general tercera. Y lamentando una vez más que no se haya incluido terminar con los abusos de las aerolíneas que cometen contra la gente los residentes de Galápagos. Y sí, los galapagueños sí recuerdan a Tame.

Con Tame no había esos abusos para los residentes, por cierto. Con Tame no había esos abusos. Y extrañamos a Tame los galapagueños, por cierto. En el resto del país es diferente. Pero en Galápagos, al menos Tame tenía conciencia, tenía alma, tenía corazón y jamás dejaban a un enfermo muriéndose en el aeropuerto de cada una de las islas. Señora Presidenta, compañeros legisladores.

Gracias, colegas asambleístas, por permitirme el uso de la palabra. Primero paso por felicitar al proponente de este proyecto, a nuestro ex colega, Neil Olsen. Y felicitar también a esta comisión que lidera Valentina Centeno por presentarnos en este segundo debate este proyecto de ley que lleva por nombre, informe para segundo debate del proyecto de ley orgánica de la aviación civil. Bien decía Valentina y varios colegas de la bancada de ADN que este proyecto de ley no solamente es un aeropuerto, un avión o los pasajeros que utilizamos esta vía para transportarnos a nuestras provincias.

Este proyecto de ley recoge muchos temas importantes, como agotaban varios de mis colegas. Hay provincias, querida Presidenta, que no tienen aeropuertos y hay provincias que tienen aeropuertos, pero no hay las unidades que prestan este servicio. Por ello, qué bueno que el Ecuador abra sus cielos para que ingresen unidades de otras partes del mundo, que vaya a generar empleo, que vaya a generar rentabilidad para los ecuatorianos, mano de obra, que es importante para cada uno de nosotros. He recogido varios temas de este proyecto, entre ellos el punto número 5, al que hacía alusión el comentario de la bancada de la Revolución Ciudadana, que dice sobre la protección frente a retrasos, suspensión e interrupción de vuelos, en los artículos 124 al 126, que precisa las obligaciones del servidor aéreo, frente a suspensión, retraso e interrupción del servicio, incluyendo continuidad del transporte, reembolsos y, en los supuestos previstos, alimentación y hospedaje, fortaleciendo la protección directa del pasajero.

Colega, al país hay que decirle la verdad. Está bien que ustedes se opongan a todo, como siempre lo vienen haciendo, pero si este proyecto beneficia a los ecuatorianos, ¿por qué negarle la oportunidad que el país abra sus cielos y que vengan nuevas empresas a invertir a este país, que de a poco va ganando la seguridad jurídica, que se perdió hace mucho tiempo, cuando hubieron malos manejos a nivel de presidentes que no le cumplieron a la patria? Otro tema importante que quiero recalcar y resaltar de este proyecto que se ha presentado el día de hoy es el punto número 6, que dice sobre la protección a grupos prioritarios, que consta en el artículo 127, que dice que consolida las condiciones especiales aplicables a los adultos mayores y personas con discapacidad, procurando que los beneficios y facilidades en el transporte a ellos puedan ejercerse efectivamente.

Aquí tengo que comentarles algo importante, que a mí me ha tocado vivir. Yo lo he dicho siempre, es mucho orgullo. Yo quizás sea uno de mayor edad aquí en el Pleno de la Asamblea Nacional. Yo tengo 68 años de edad y por lo tanto soy de la tercera edad. Pero jamás he pedido prioridades en el aeropuerto para poder embarcarme primero antes que otras personas. Pero sí me ha tocado ver ancianos reclamando prioridad y que no son atendidos. Este proyecto de ley tiene que también no solamente aplicarse en otros campos, sino también ejecutarse sanciones cuando haya instituciones que no cumplan a cabalidad con lo que dice la ley.

Eso sería importante que a partir de ahora se recalque. De la misma manera, los beneficios que obtienen los adultos mayores. escuchaba decir que hoy por hoy hay un descuento hasta del 50%. Pero desafortunadamente no todos los cumplen. Me ha tocado escuchar en mi comisión de control, transparencia y participación ciudadana, colegas asambleístas. Llegó el presidente de la asociación de los señores artesanos de la tercera edad que recorren el país utilizando sus manos para sobrevivir. Pero desgraciadamente le niegan los espacios los alcaldes o prefectos en las diferentes provincias.

Presentamos un proyecto que los va a proteger precisamente para que esto ya no ocurra nunca más y que puedan gozar de todos los beneficios que le otorga el Estado a los miembros de la tercera edad. Lo mismo decía un miembro de la tercera edad. Que ellos van a una notaría a hacer un trabajo legal y resulta que ese trabajo es una compra-venta de tierra, por ejemplo. Cuesta 400 dólares y por lo tanto como miembro de la tercera edad deberían tener un descuento. Pero el notario jamás se lo dice porque se siente perjudicado económicamente.

Pero la ley debe ampararlo. Y decíamos nosotros como propuesta de ley que todos o todas las instituciones que protegen o deben proteger a los miembros de la tercera edad deben tener avisos de información para que sepan de qué beneficios gozan los miembros de la tercera edad. Incluidos los aeropuertos donde un miembro de la tercera edad deba saber que su boleto no cuesta el 100% que lo paga una persona que tiene menos años que él. Es importante colegas asambleístas apoyar este proyecto de ley que va a beneficiar exactamente a todos los ecuatorianos.

Hoy mi voto será a favor de este proyecto de ley a favor de la bancada y más que todo a favor de los ecuatorianos que estén esperando que este proyecto el día de hoy sea favorable. Muchas gracias colega presidenta muchas gracias colegas asambleístas.

señor presidente, compañeros asambleístas, compañeras, pueblo cotroiano. Hace no muchos días la señora Lourdes Tibán hacía un pronunciamiento respecto de una aparente y presunta gestión en relación al funcionamiento del aeropuerto del Aguagrio y que éste, a su decir, según la explicación que había referido, tendría una presunta vinculación con el aeropuerto de la ciudad de La Tacunga. Con la facultad que me corresponde en este caso como asambleísta y en el tratamiento de esta ley, con el antecedente de las observaciones que había hecho, en el primer debate se me responde en este caso por parte de la autoridad competente, indicando que en relación a la presunta apertura de una frecuencia al Aguagrio, La Tacunga y de acuerdo al reglamento de permisos de operación para la prestación de los servicios de transporte aéreo comercial expedido por el Consejo Nacional de Aviación Civil, mediante regulación 007-2024, no existe la tramitación o al menos la pretensión de dicha posibilidad.

Efectivamente, en relación a esta pretensión que hemos tenido los amazónicos, yo había puesto el manifiesto que la ley de la circunscripción territorial de la Amazonía. Advertí esta posibilidad para que el propósito que tiene ahora este proyecto de ley y que versa respecto de la integridad o de la reintegración territorial, tenga como objeto efectivamente que esta integración territorial tenga alcance con las provincias amazónicas. Sepa este pleno y el pueblo ecuatoriano de que en efecto nosotros sí contamos con un aeropuerto, sin embargo, en relación a la misma explicación, las únicas frecuencias que se encuentran en este caso habilitadas son las que tienen relación al servicio de aviación general de militares respecto del ejército ecuatoriano y la fuerza aérea ecuatoriana y también la entidad EP Petroecuador.

Entonces, respecto de la funcionalidad de un aeropuerto, sí contamos con aquello. Esta ley de la Amazonía ha preestablecido en este caso la vigencia de derechos diferenciados. ¿Qué vale la pena referirse a aquello en relación al pronunciamiento que ha hecho Valentina Centeno como proponente y advierte que en efecto cuando se hace una revisión del contenido del artículo 127 de este proyecto, habla de una diferencia únicamente en dos grupos humanos, que son aquellos que están relacionados con la ley del adulto mayor, personas de la tercera edad y aquellas personas con algún tipo de discapacidad.

Sin embargo, al entender de que no existe ninguna norma transitoria o una norma general que pudiera en este caso generar un abordaje respecto de cuál es el mecanismo para entender el concepto de diferencia, la ley de la Amazonía sí lo establece. Al ser una ley especial respecto de la determinación de un derecho colectivo de una circunscripción territorial especial, no es menos cierto que en efecto quien vaya a asumir en este caso la responsabilidad de la Dirección General de Aviación Civil y por ende la autoridad aeronáutica civil debe tomar en cuenta que para cada una de estas regulaciones en efecto la norma establece que para la Amazonía en el transporte aéreo y fluvial de la movilidad comunitaria de la circunscripción recibirá incentivos tributarios, arancelarios o de subsidios.

La ley de la Amazonía que está vigente a enero del 2024 ya establecía en este caso la obligatoriedad para que dentro de 180 días se pueda hacer un análisis respecto de la funcionalidad de todos los aeropuertos de la Amazonía y de manera muy particular en lo que respecta a la hermana provincia de El Napo, concretamente en el cantón del Tena, ya se hablaba de la expectativa de que pudiera ser el estamento que articule en un escenario eminentemente comercial. Entonces quedamos a merced de que en las regulaciones o en la normativa que reglamente este importante proyecto de ley no se pueda menoscabar el reconocimiento que en este caso tenemos los amazónicos.

¿Y por qué en relación a que no infiera en un tema controversial que había puesto de manifiesto y que en relación a las funciones de la autoridad aeronáutica civil era de que no debe únicamente conocer o registrar las tarifas, sino también regular y controlar? Yo sé que en el entendido internacional la determinación de los costos de pasaje dependen en función de la temporada, de la anticipación de la compra y de los asientos disponibles. Pero es importante que a merced de la protección del derecho del usuario que utiliza este método de transporte pueda tener una garantía de su protección.

Y es por eso que cuando se habla de los reembolsos, del reconocimiento por los equipajes o de toda modalidad que está prevista como derecho del usuario, tiene que establecerse asimismo la obligación vía reglamentación propia de la autoridad aeronáutica civil a efectos de que exista una instancia administrativa, ojalá en cada aeropuerto que pueda generar la funcionalidad, en este caso de todas las frecuencias, para que sea una garantía de protección. En algún momento hablábamos de la ley orgánica de defensa del consumidor y usuario y dentro de esta temática también se había hecho reflexión a este componente.

Entonces, si nosotros vamos a establecer la concurrencia de la protección para respetar las tarifas diferenciadas, para respetar las tarifas preferenciales, para respetar en este caso la garantía de la cobertura en caso de pérdida de equipaje, si es indispensable de que en efecto se pueda articular desde el reglamento o desde las disposiciones que deba dar en este caso el estamento colegiado o la autoridad aeronáutica civil, una instancia administrativa que garantice el cumplimiento de los derechos en este caso del usuario. En segunda instancia, si es importante que en la reflexión de la operatividad que debamos tener en este caso para la Amazonía, se pueda optimizar en este caso la infraestructura que existe.

Entonces, sí me parece meritorio que para poder establecer la operatividad de los aeropuertos que tenemos en la Amazonía, también se deba priorizar como una de las primeras diligencias que deba gestar en este caso este nuevo organismo, deba tomar en cuenta precisamente lo que se ha dicho, la necesidad de la Amazonía de movilizarnos. Porque en relación al único elemento que tenemos para generar la conectividad con el país, nace precisamente de la vía terrestre E45, que es la que no nos presta una garantía para generar una conexión respecto de múltiples personas que bien podrían utilizar este mecanismo de movilidad.

Y lo otro, básicamente tiene relación con aquellas emergencias médicas. Yo creo que muchos de los pasajeros, al igual que la dolencia que tienen, en este caso Galápagos, también la tenemos buena parte del país, pero particularmente en sucumbíos, en donde no existe esa posibilidad de que alguien que requiere un traslado pueda llegar, en este caso, en condiciones óptimas como para decir que la transferencia va a tener un efecto. Entonces, sí es prioritario el hecho de que se pueda hacer énfasis en el accionar de determinados aeropuertos de la Amazonía.

De manera particular, en el Napo y también en sucumbíos, teniendo en cuenta que en Orellana, pues sí tiene, en este caso, la cobertura respecto de dos aerolíneas que adecúan la ruta Orellana con el Distrito Metropolitano de Quito. En conclusión, en relación a los contenidos propios de esta normativa, anuncio mi voto favorable en relación a estas observaciones que deberán ser tomadas en cuenta dentro de la reglamentación y dentro de las normas internas que a través de resolución administrativa dicte la Autoridad Aeronáutica Civil. Mi palabra, señora Presidenta.

una realidad que como habitante de una provincia productiva conozco muy bien. Y es que hablar de aviación civil no solamente significa hablar de aeropuertos y de aviones. Para nosotros, los que vivimos en la ruralidad, también significa hablar de avionetas. Avionetas que sobrevuelan nuestros campos, nuestros predios, nuestras casas. Y en el pasado, cuando fui alcaldesa de mi cantón Bava, reclamé por varias ocasiones estas fumigaciones aéreas que se realizaban en nuestro entorno. Lamentablemente, nunca tuve una respuesta efectiva. Y es que el problema en sí no son las fumigaciones, ni las avionetas, ni los bananeros, ni los empresarios agrícolas que generan mano de obra en nuestro territorio.

El problema son las operadoras que ofrecen este servicio de fumigaciones y cuando esas fumigaciones no cumplen con las reglas establecidas. Y así, quienes vivimos cerca, quedamos expuestos a las consecuencias. Quienes hemos pasado por una situación similar, o quienes han pasado por una situación similar, conocen esta preocupación de estar de la tranquilidad al oír a lo lejos que se avecina una avioneta y tener que empezar a preguntarse qué producto está cayendo. ¿Llegará hasta mi casa? ¿Afectará a mi familia, a mis animales? Y también, obviamente, que conocemos la frustración de haber entablado acciones y no haber tenido respuestas positivas de ninguna autoridad.

Pero hoy las cosas cambian con esta nueva ley. Hoy marcamos una ruta para cambiar esta dura realidad y desde esa realidad quiero hablar de este proyecto. Colegas, durante el tratamiento de esta ley presenté varias observaciones, las cuales la mayoría fueron acogidas por la Comisión, pero dentro de esas, la más importante esta, que tiene gran importancia para las zonas agrícolas de nuestro país, en especial para la gente que vivimos y trabajamos en estas zonas. Primero, tanto la ley como el texto, tanto la ley vigente como en el texto que llegó para el primer debate, se establecían como infracciones leves a aquellas operaciones de fumigaciones aéreas que se realizaban sin cumplir con la reglamentación o lo dispuesto por la autoridad aeronáutica.

En mi planteamiento propuse y fue acogido por la Comisión que esas infracciones pasen de ser infracciones leves a infracciones graves. Debemos recordar, colegas legisladores, que una infracción leve puede pasar de tres a seis salarios básicos unificados como sanción y una infracción grave de once a veinte. A esto se le suma la suspensión por tres meses del certificado de operación. Es importante también que reconozcamos que una fumigación, o sea, esto va a reconocer en esta nueva ley algo que nosotros ya sabíamos, los que vivimos en la ruralidad, que una fumigación aérea hecha sin cumplir con la reglamentación no es simplemente una falta administrativa, porque del otro lado viven personas y trabajan personas en estos sectores y son comunidades enteras que merecen nuestra protección.

El cambio aprobado y acogido por la Comisión nos entrega una herramienta más firme para exigir el cumplimiento de la ley. Además, para fortalecer la aplicación de la misma se corrigió la falta de determinación del tiempo, estableciéndolo de tres a seis meses en esta sanción. Y por último, el aspecto que merece mayor atención es que la Dirección General de Aviación Civil será quien puede procesar, conocer, procesar y sancionar este tipo de infracciones. Señora Presidenta, quiero dejar expreso mi reconocimiento a la Comisión de Desarrollo Económico y a su Presidenta Valentina Centeno por haber acogido la mayoría de las observaciones que presenté desde mi despacho.

Y dejar claro que estas propuestas no se trata de enfrentar a la producción agrícola. Todo lo contrario, yo soy muy orgullosa de venir de una de las provincias más productivas que tiene este país. Mi respaldo y apoyo a quienes sostienen esto, que son los miles de productores que adicional son la mayor fuente de empleo en nuestro país.

territorio.

Colegas, lo que queremos dejar establecido es que seguridad también es que una familia de la ruralidad esté en la tranquilidad de sus hogares y escuche a lo lejos venir una avioneta y no tenga que salir corriendo a recoger la ropa de sus tendederos porque esos líquidos manchan o a tapar los bebederos de agua para sus animales por las consecuencias que estos químicos puedan causarle a los mismos. De verdad queremos que además que si estas acciones se repiten, nuestra gente encuentre autoridades en donde escuchen y investiguen y sancionen.

Queridos colegas, los que vivimos en el campo no pedimos privilegios, pedimos simplemente que se respeten las reglas y que nuestra tranquilidad, nuestra salud, nuestros derechos y nuestra forma de vida encuentren las garantías necesarias. Muchísimas gracias.

Dar un cordial saludo a mi querida provincia de Morona, Santiago, a todo el país y a quienes nos siguen por los diferentes medios de comunicación. Este proyecto de ley orgánica de aviación civil es una herramienta de justicia territorial para las provincias como la mía, Morona, Santiago y para toda la Amazonía. Hoy en realidad, hoy en día, la realidad aérea de nuestra región es el aislamiento y abandono. Ecuador tiene 22 aeropuertos, 10 de ellos prácticamente no registran operaciones. En la Amazonía, la situación es aún más dura.

El aeropuerto Coronel Edmundo Carvajal de la ciudad de Macas recibe solo vuelos de taxi aéreo y charter. No hay operaciones regulares de aerolíneas comerciales grandes. El aeropuerto de Humandirtena, en la provincia del Napo, fue inaugurado con una inversión de cerca de 48 millones de dólares y una pista de 2.600 metros. Hoy es un elefante blanco. Tame dejó de operar hace años por falta de demanda y el terminal permanece súbito utilizado. El aeropuerto de Lago Agrio, Chucumbíos, no tiene vuelos comerciales regulares desde el año 2019. Solo el aeropuerto de Francisco Orellana, en el Coca, mantiene operaciones comerciales regulares en toda la Amazonía.

Mientras tanto, el tráfico aéreo del país crece. En el año 2025 se movilizaron más de 8 millones de pasajeros a nivel nacional e internacional. Pero esta cifra se concentra casi exclusivamente en Quito, Guayaquil. Y la Amazonía está fuera del mapa. En Morona, Santiago y Pastaza, tenemos más de 200 pistas de aterrizaje y la mayor cantidad de avionetas del país. Para muchas comunidades, el avión no es turismo. Es la única vía para llegar al hospital, sacar productos o recibir medicina. Un viaje por el río puede durar dos días en avioneta, 45 minutos.

Sin embargo, la infraestructura está abandonada, con maleza, goteras y falta de mantenimiento, como ocurre en el propio aeropuerto de la ciudad de Macas, en la provincia de Morona, Santiago. El intento de conectar Macas con Cuenca, que arrancó en septiembre del año 2025 con vuelos de la aerolínea Aero-Sangay de la provincia de Morona, Santiago, a 80 dólares, se suspendió pocos meses después por baja demanda. Eso demuestra que no basta la voluntad privada. Hace falta un marco legal que incentive rutas regionales, reduzca barreras y permita coadministración e inversión en aeropuertos que hoy están muertos.

Este proyecto da ese marco, ordena la institucionalidad, moderniza la normativa que está trazada más de 20 años, incorpora la regulación de drones, herramienta que ya usamos en la Amazonía para agricultura y monitoreo, y abre esta posibilidad de reactivar los aeropuertos regionales con mecanismos más flexibles. Para un ciudadano de Macas, de Taisha o de Sucúa, viajar a Quito o a Cuenca por tierra sigue siendo una odisea de muchas horas, y con la llegada de este fenómeno del niño, el tránsito terrestre se volverá aún más difícil e inseguro.

Las provincias amazónicas seguimos pagando el alto costo del aislamiento en salud, en educación, en economía y en más derechos. Por eso respaldo este informe para segundo debate, que el Pleno lo apruebe y lo mejore, que esta ley no se quede solo en papel, sino que se convierta en rutas reales, en aeropuertos vivos, y en desarrollo especialmente para la Amazonía y para mi querida provincia de Morona, Santiago. Muchas gracias. Mi palabra, señora Presidenta.

Compañeros asambleístas, pueblo ecuatoriano, a mi provincia de Galapagos, un cordial saludo. Antes de iniciar mi intervención, quiero pedir a todos por favor que nos pongamos de pie y guardemos un minuto de silencio en memoria del niño Emiliano Anderson Ceballos, quien con apenas 6 años falleció el día de ayer esperando una ambulancia aérea para ser trasladado al continente. Con su permiso, Presidenta.

Adelante.

Gracias, gracias, muchas gracias. Hay una frase que resume la aviación en Galápagos. Para el continente, nuestro Ecuador continental, la aviación conecta ciudades, conecta al mundo, conecta continentes. Pero para Galápagos, un avión conecta derechos. Hoy quiero hablar de esta ley desde nuestra realidad. Cuando hablamos de la aviación en el continente, hablamos de frecuencias, rutas, recursos, que llegan sí a Galápagos por la visita de nuestros extranjeros, de nuestros visitantes. Pero cuando hablamos para Galápagos de todo lo que nos sucede, hablamos también de la posibilidad de llegar a tiempo al Ecuador continental ante una emergencia médica.

Porque trasladar a una persona desde Galápagos significa tener la atención adecuada, especializada. Significa también el abastecimiento para nuestras familias de insumos médicos, de insumos urgentes y de las emergencias que así se exigen. Ahí nuestra insularidad cambia de significado del tiempo. En Galápagos, dos horas pueden ser dos horas para quien está en el continente. Pero para un galapagueño, un habitante de nuestra querida provincia, estamos entre la vida y la muerte en circunstancias como las ayer suscitadas. Por eso este debate no puede quedar únicamente en decir y hablar de la operación comercial de la aviación civil.

Tenemos que hablar de los derechos de los galapagueños, tenemos que hablar de nuestros derechos como habitantes de un trillado y dicho muchas veces, paraíso insular. Pero ¿dónde están nuestros derechos que desde 1832 no han sido atendidos? Ese es nuestro reclamo. ¿Por qué esa desatención? Pero con esta ley vamos a trabajar y a exigir que se respeten estos derechos. La Constitución es verdad. Establece que la salud es un derecho que debe garantizar el Estado. también establece responsabilidades concretas para el Estado, fortalecer los servicios públicos de salud.

Valga decirlo que carecemos de atención médica oportuna en Galápagos. Hoy estamos las autoridades reconstruyendo un hospital, bueno, llamado hospital, pues es un subcentro de salud, que necesita celeridad para que no sucedan estas situaciones como las que hemos venido pasando. La ley orgánica del régimen especial de Galápagos desarrolla ese mandato y establece que los organismos estatales que prestan servicios públicos en las islas Galápagos deben formular e implementar políticas especiales considerando las particularidades del territorio. Eso significa que Galápagos no debe ser tratado de la misma manera que la parte continental.

No tiene la misma lógica, obviamente. Estamos aislados. Movilizarse de una ciudad a otra dentro de nuestro querido Ecuador es fácil, es rápido, es inmediato. Pero para Galápagos es totalmente complicado. En materia de transporte aéreo, la propia ley del régimen especial de Galápagos ya reconoce las particularidades para residentes y establece disposiciones específicas para que el transporte aéreo de pasajeros y de carga sea efectivo. Por eso quiero dejar en claro, nosotros presentamos unas observaciones en nuestra Comisión de Desarrollo Económico que han sido parte de nuestro trabajo legislativo.

Nuestra posición ante una realidad que consideramos necesario poner siempre en la mesa. Hoy mencionamos porque queremos dejar constancia de lo establecido y trabajado por parte nuestra. Una parte fundamental viene luego con su reglamentación para esta ley. Obviamente, y su implementación. Por eso, incluso hoy, esta mañana, hago una invitación a nuestros compañeros asambleístas, a nuestra Presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, Valentina Centeno, a los asambleístas por Galápagos, Milton Agua, Sade Fritsch, Alfredo Serrano, y a usted, querida Presidenta de la Asamblea. Yo les propongo que asumamos un compromiso directo y concreto con la población de Galápagos y con el país, conformar una mesa técnica en la cual podamos trabajar con la gente de Galápagos para la construcción de esta reglamentación que tan importante es para poder ejecutar esta ley.

¿Para qué? Para que la reglamentación no se quede solamente en normas generales, para que incorpore mecanismos para atender las particularidades de nuestra querida provincia de Galápagos y especialmente para poder atender emergencias sanitarias y los traslados aéreos médicos que tanta falta le hicieron ayer a ese accidente médico que hubo en nuestra querida provincia. Estas atenciones deben ser consideradas una prioridad dentro de la planificación y respuesta aérea del Estado. No podemos esperar que sigan ocurriendo emergencias tras emergencias para preguntarnos quién responde. No existe una planificación. Esto debe ser, debemos preverlo mucho más antes.

Por eso quiero ser enfático en algo. La reglamentación de esta ley debe ser una oportunidad para establecer protocolos que permitan evacuar a las personas con este tipo de situaciones y se puedan definir responsabilidades. exista la coordinación con el ECU-911, con las instituciones de seguridad y defensa. Todas las demás instituciones y entidades responsables deben dar la respuesta inmediata. Tienen que haber mecanismos de activación rápida, coordinación previa a lo establecido. Y que, pues, en una emergencia, Galápagos no depende únicamente del traslado aéreo y de la disponibilidad de algún avión.

Debemos tener planificación, debe existir coordinación, debe existir capacidad de respuesta inmediata y debe existir una prioridad clara. Proteger la vida y garantizar el acceso oportuno a la salud. Galápagos no debe ser visto como un destino turístico únicamente, donde llegan miles de visitantes anualmente. ¿Dónde está? ¿Y de qué nos sirve, como lo dije hace un momento, ser declarados Patrimonio Natural de la Humanidad, el primero en el mundo? Tener la reserva marina más importante también del mundo. Y así es que esos títulos no nos hacen nada cuando sabemos que tenemos ciudadanos y pueblo en Galápagos que necesita ser atendido.

No podemos seguir perdiendo vida de esa manera. Por favor, queremos que se garantice la vida de nuestra gente, la atención médica de nuestra gente. Galápagos también es un territorio nacional y tiene un régimen especial. y debe ser atendido de una perspectiva estratégica para el Estado. El caso de nuestro amigo Emiliano nos obliga a recordar algo esencial. No estamos hablando únicamente de rutas aéreas, estamos hablando de personas, de familias, de seres humanos. Hablamos también del derecho constitucional a la salud. Estamos hablando de que el Estado debe garantizar los servicios y capacidades acordes con las particularidades de nuestra querida provincia de Galápagos.

Estamos hablando de que Galápagos por su condición insular y su régimen especial necesita soluciones también especiales. Por eso, desde esta Asamblea, desde esta CURUL, quiero dejar planteado este compromiso de trabajo porque para eso fuimos electos, para que sepa el pueblo de Galápagos que tenemos que responderle a ellos con trabajo. Queremos impulsar esa mesa técnica para que durante...

Asambleísta, su tiempo terminó. Por favor, tiene 30 segundos.

para que durante la reglamentación de esta ley, con los representantes de Galápagos y la Comisión de Desarrollo Económico, podamos generar para Galápagos sus necesidades. Quiero agradecer la oportunidad, Presidenta, por la palabra y al pueblo de Galápagos que tenga la firmeza de que estamos trabajando por cada uno de ellos. Para Galápagos, un avión conecta derechos y cuando los derechos están en riesgo, el Estado debe estar preparado para responder. Muchas gracias.

Escuchamos al...

una ley que beneficia al pueblo de Galápagos y a todo el país. Primero quiero felicitar el liderazgo y la capacidad técnica que ha realizado con la dirigencia Valentina Centeno como Presidenta y también Diego Franco como Presidente encargado en esta comisión importante, a nuestro amigo exasambleísta Nils Olsen-Pitt, quien puso este proyecto de ley y las observaciones que han recogido de su amigo y servidor Milton Aguas. Hemos escuchado en este debate cómo ciertos partidos políticos se oponen al desarrollo, se oponen a la dignidad de un pueblo como es la dignidad del pueblo de Galápagos.

Quiero recordar a los colegas asambleístas, si leyeron el informe, está incorporado el artículo 92 del proyecto de ley en el tema de aviación civil. ¿Qué dice el artículo 92? Que previo informe del Consejo de Gobierno de Galápagos se podrán autorizar frecuencias aéreas para Galápagos. Esto es una ley. Luego en la reglamentación tenemos que poner las especificaciones técnicas. Este informe no puede ser favorable si no existe oficinas físicas en Galápagos y que a través de las plataformas tecnológicas se dé el espacio de residentes permanentes con una opción en la plataforma web.

Sin eso no puede salir el informe favorable del Consejo de Gobierno de Galápagos. Pero eso va en el reglamento, no en la ley. En la ley está la parte general y el reglamento hace la parte específica. Nosotros los galapagueños venimos acá a Ecuador Continental para hacernos chequeos médicos o representar incluso a Galápagos a nivel nacional e internacional. Tenemos deportistas, tenemos personas que hemos salido para hacer chequeos médicos. Todos los 15 días de vacaciones se nos va en chequeos médicos aquí en Ecuador Continental. Por eso este proyecto de ley, con las observaciones que hemos incorporado desde la bancada ADN, se da dignidad al pueblo de Galápagos y a todo el país.

Cuando una aerolínea no cumple su itinerario, está obligada a dar el reembolso respectivo cuando es falla de la aerolínea o incluso dar ese reembolso con alimentación y hospedaje. ¿Qué es lo que pasa en mi provincia? A veces tienen que hacerle recolección con bingos, con rifas para salir a representar a Galápagos, los chicos que vienen a representar en el deporte sobre todo. Y vienen con lo justo. Ya cuando van a regresar, le dice la aerolínea, no hay espacio, pasó algo, se quedan ahí. Han tenido que pernoctar en el aeropuerto sin que la aerolínea les dé ni un vaso de agua.

Ahora esta ley le da dignidad a mi pueblo, le da dignidad porque ahora tienen que pagar su hospedaje y alimentación si es responsable de la aerolínea de manera obligatoria. Ya basta del atropello a mi pueblo y esta ley lo reconoce. Segundo, es verdad, tenemos inconvenientes en el tema de salud que por más de 20 años cuando estuvieron en el poder, no vieron a Galápagos para hacer un nuevo hospital. Pero ahora este gobierno, el gobierno del presidente Daniel Novoa, da una inversión de más de 2 millones de dólares para hacer la remodelación con quirófano nuevo y tecnología nueva que está próximo a inaugurarse en el mes de octubre.

Y un nuevo hospital con otro recurso adicional, ya están los estudios con más de 500 planos para el nuevo hospital de Santa Cruz. Ya está listo, hemos avanzado, ya está el terreno, no es demagogia, son hechos los que sí tienen demagogia y nos prometieron siempre los hospitales, no hicieron absolutamente nada, por eso estamos ahora como estamos. Y ahora se oponen a que existan mejores aeropuertos en Galápagos. Esta ley obliga también a que los aeropuertos olvidados del país, como es el aeropuerto de San Cristóbal, como es el aeropuerto de Isabela, estén completamente operativos con sostenibilidad de mantenimiento.

Los ciudadanos de Isabela también merecen dignidad. Y ahora con esta ley se puede habilitar frecuencias comerciales directas desde el continente de Isabela y también de carga. También de carga a las islas Valtra y a la isla San Cristóbal, para tener seguridad alimentaria y alimentos más frescos y no depender únicamente de los barcos de carga. Así se mejora la salud y se mejora el costo y la economía de los galapagueños. Porque si es que hay más competitividad de las aerolíneas, se reducen los costos. Sabían que ustedes, que hoy en día para ir a Galápagos cuesta más el costo del pasaje que para ir a Estados Unidos o cualquier lugar internacional.

Cuesta muchísimo más. Y a veces nosotros los galapagueños nos cuesta más y no se da lo que da la ley de Galápagos el tema de residente permanente. Tampoco se da el tema de personas con tercera edad y discapacidad. Esta ley en su articulado obliga que se tenga el trato preferencial para personas con discapacidad y tercera edad. No sólo en el costo del pasaje, sino también en la maleta de carga. La carga para una persona con tercera edad y discapacidad también tendrá su descuento por este proyecto de ley.

Lo que hemos incorporado nosotros como bancada ADN, eso es darle dignidad a los pueblos. Cuando tengamos este proyecto de ley aprobado y su reglamento aprobado, podemos tener aeropuertos sostenibles que se puedan hacer vuelos nocturnos de emergencia en Galápagos y así poder rescatar a las familias a cualquier hora. No es tener que esperar al otro día que sea de mañana para que pueda ir un vuelo de emergencia para rescatar la vida de los galapagueños. Si se oponen en este proyecto de ley, se están oponiendo a que exista rescate aéreo en las noches.

Lo que pasó con el niño que acabamos de lamentar el fallecimiento. No puede volar el vuelo de las Fuerzas Armadas en la noche y falleció a la madrugada. Eso es lo que pasa en mi provincia. Y si se oponen a que existan vuelos nocturnos, se están oponiendo a la salud y dignidad de mi gente. Se está trabajando con el gobierno nacional del presidente Daniel Novoa Zin, con recursos necesarios para la nueva infraestructura del aeropuerto Isabela y con el liderazgo del alcalde Alfredo Morocho, se está incorporando ampliación de la pista para los vuelos comerciales que estarían habilitados con este proyecto de ley.

Estos vuelos comerciales y de carga serían cogidos las mismas frecuencias del extinto TAME. No estamos diciendo que se van a incrementar frecuencias por si acaso los que están cuidando el medio ambiente o los extremadamente en el tema del medio ambiente quieran oponerse a las frecuencias de Galápagos. No estamos diciendo que existan más frecuencias. Estas frecuencias ya existen. Estamos diciendo que exista competitividad para que estas frecuencias sean tomadas por vuelos comerciales más baratos para mi gente, que se dé el tema preferente del residente permanente, que se dé el tema preferente del descuento para residentes permanentes, discapacidad y tercera edad, que se dé la carga también más adecuada para Galápagos con menos costo y que se habiliten de una vez por todas los aeropuertos de San Cristóbal y de Isabela, que en este momento les falta mantenimiento y ampliación.

Eso hemos puesto en el proyecto de ley, eso estamos aprobando el día de hoy. Dignidad para el pueblo de Galápagos, dignidad para el país, mejores costos para mi gente y que se dé una aprobación sería lo ideal. Invito a todos a unirnos para darle dignidad al pueblo de Galápagos, para que todo esto que ha pasado durante más de 20 y 30 años, ahora con este proyecto de ley se mejore. Hasta ahí mi palabra, señora Presidenta, la voz del pueblo de Galápagos ha hablado. Muchas gracias.

La realidad dista mucho Amazonía, Costa Sierra, y ustedes ya lo han escuchado. Solamente tenemos un aeropuerto de los muchos que vivían hace 10 años habitados en Amazonía, un aeropuerto funcionando. Y puntualmente el de Lago Agrio, el de Nueva Loja, es el que está, podría decir, a medias, porque solamente recibimos constantemente cada semana el vuelo de Petroecuador. Y de vez en cuando un vuelo humanitario, pero no por el gobierno, sino por la plata de los sucumbientes. Es decir, apoyado por los gobiernos seccionales. Bonito fuera que el gobierno pusiera los vuelos humanitarios, ahora que sucumbidos tanto necesita.

Pero no. El aeropuerto de Lago Agrio es necesario por la situación de seguridad fronteriza, por la operatividad petrolera, estratégica, por el tema del comercio, el turismo. Es necesario ese aeropuerto. Está en manos del Ministerio de Infraestructura y Transporte. Se le ha pedido cuántas veces que incremente frecuencias, ponga a funcionar ese aeropuerto. Mucho más en los tiempos cuando no teníamos vía. Por los problemas que ustedes conocen, que estaba cerrado precisamente la vía Lago Agrioquito, la E45 por problemas invernales y el avance de la erosión regresiva de Río Coca.

Pero nunca pusieron. Ese aeropuerto y la pista, muy puntual ese aeropuerto, posiblemente nos dure un año y medio más, porque ella presenta grietas en la pista. Un aeropuerto que en el 2010 se lo remodeló y se invirtió cerca de 8 millones de dólares. Hasta el 2017 ese aeropuerto funcionaba, tanto para el sector petrolero, estratégico, como también por el turismo nacional e internacional. Y el tema comercial, cuando estaba TAME funcionando. A raíz que eliminaron TAME, se quedó la Amazonía sin vuelos, sin oportunidades, para poder precisamente utilizar el espacio aéreo y los ciudadanos puedan, lógicamente, transportarse con ese espacio.

Y es por eso que escuchaba un asambleísta amazónico y decía, sí, solamente el del Coca, sí, totalmente, solamente el del Coca. Pero ¿y el resto de provincias? Pareciera que la Amazonía en ese caso no existe. Pero es la Amazonía que sostiene la economía, por su petróleo, por sus recursos naturales, al país. Y cuando les escucho en esta ley, y revisando, lógicamente, los articulados, hablamos de la delegación excepcional al sector privado de los servicios de navegación aérea, servicios aeronáuticos, entre otras cosas. Había una preocupación. Y hablaban precisamente de la concesión, posiblemente, de algunos aeropuertos.

La pregunta es, si en este tiempo que ha pasado, el gobierno, estando en ese aeropuerto a manos de él, no ha hecho nada, mucho más que esta ley está prevista solamente para el sentido económico, para privados, para fortalecer la economía de unas ciertas aerolíneas internacionales, y posiblemente alguna nacional. ¿Ustedes creen que eso va a beneficiar al aguario habilitándose aeropuerto? Yo no le encuentro sentido. Lo que sí va a traer esta ley, es el despido de personal, como el personal de la DAC, que a propósito, quiero enviarlos un saludo grande, en sucumbí yo estoy trabajando, atendiendo.

Como 16 personas en la DAC, están preocupados. Y así habrán en todo el país. Pero hay unas responsabilidades del Estado. Entonces, volviendo a la ley, no creo pertinente que esta ley vaya a solucionar los problemas reales de la parte de la aviación, de la necesidad que tienen el pueblo ecuatoriano, mucho más los amazónicos. Sería ingenuo pensar. Pese a que nosotros tenemos una ley amazónica, en esa ley amazónica hablamos de una posibilidad de beneficio, y eso sí lo pusimos en la ley, para que se genere reglamentación, pero hasta ahora no lo hay, con la diferenciación de pasajes, reducción de tarifas, pero no lo hay porque no hay tampoco vuelos allá, posiblemente.

Pero independientemente, debió hacer la entidad encargada de este tema, esa reglamentación no la han hecho, porque sencillamente no les interesa. La vez pasada les hablaban, en el primer debate, de la importancia de abrir estos espacios de aeropuertos en la región amazónica para fortalecer el turismo, fortalecer el comercio, pero cómo la economía, pero cómo vamos a fortalecer si su gobierno, el presidente Novoa, desde el 2023, declaró, es decir, 2024, declaró conflicto armado interno al país, pues, con eso, pues, ¿qué hacemos? Es decir, los turistas internacionales no van a venir, porque en Ecuador vive un conflicto armado interno, pues, y tampoco también los turistas nacionales, de un lado a otro lado con el temor, pues, de vivir, insisto.

En esta ley deberíamos estar hablando, más bien de crear una empresa aérea con bandera nacional, para llegar precisamente a estos aeropuertos. O a su vez, en esta ley deberíamos haber puesto algún articulado donde se establezca si va a haber concesiones a estos aerolíneas internacionales, que suena bonito, llama la atención, al menos tenga la obligación de ir a los aeropuertos pequeños también, con escalas. Eso hubiera dado una respuesta importante, tomando no solamente vista desde la parte económica, sino desde la parte humanitaria, desde la parte social. Y en la mayoría es eso.

O sea, ¿necesitamos los aeropuertos? Sí, porque las comunidades son lejas. Porque realmente la situación de abandono del Estado en la salud es tremendo. Insisto, vuelvo y repito. En los momentos duros, difíciles, cuando el Estado tenía que, lógicamente, intervenir, y tiene que intervenir, es necesario el transporte o el traslado de un paciente. No lo hay. Y a veces hay que buscar la forma de las acciones que hacen los gobiernos accionales que son contaditas para tratar a un paciente y el paciente finalmente termina falleciendo en territorio. Además, por la falta de una oportunidad de cama de tercer nivel, que tampoco la hay en los hospitales a nivel nacional.

Insisto, esta ley no va a dar la solución que se quiere. En el término del discurso, suena bonito, cielos abiertos y tanta cosa que vamos a ver la oportunidad de que vengan aerolíneas internacionales para solucionar el problema, pero no, para aeropuertos pequeños, como las provincias de Sucumbíos, como la región amazónica, no va a ser la solución, compañeros. Nosotros no tenemos que buscar la solución como ecuatorianos. Insisto, deberíamos estar pensando en una aerolina de bandera nacional para solucionar el problema del Ecuador. Muchas gracias.

Muchas gracias, compañera presidenta, compañeros legisladores, pueblo ecuatoriano. Qué envidia sana tengo al ser un amazónico, al escuchar que en esta ley orgánica de aviación civil se van a abrir nuevas ofertas para aerolíneas nacionales e internacionales. Ojalá también a nuestras provincias amazónicas se les obligue a quienes tienen rutas que son permanentes y que son beneficiosas, también que vuelen para la ciudad de Macas, Zamorrona, Santiago, a la ciudad del Tena, de la provincia del Napo, a la hermana provincia de Zamora, a Sucumbíos, orellana no porque ellos tienen hasta 16 frecuencias a la semana.

El artículo 250 de la Constitución de la República habla de que la Amazonía es una región especial, es una región de trascendental importancia para mantener inclusive el planeta. También el artículo 45 de la ley amazónica y el artículo 293 de la Constitución habla de que debería hablar, haber tarifas diferenciadas para quienes residimos, no solamente en las islas Galápagos, sino también en estas provincias amazónicas. De donde sale el petróleo, donde tenemos una belleza natural extraordinaria, pero que lamentablemente los gobiernos de turno nos han tenido abandonados. Viajar de Quito a la ciudad de Macas 500 kilómetros, vía aérea podría ser 40 minutos.

Antes, teníamos anteriormente el servicio de TAME, que lamentablemente quebró con 294 millones aproximadamente de pérdidas por exceso de personal y por actos de corrupción. Antes teníamos dos rutas que nos beneficiaban el turismo, y eso es lo que nos diferencia con otros países hermanos latinoamericanos, que se hizo ya referencia como Chile, como Argentina. Solamente en la hermana República del Perú hay un servicio eficiente aeronáutico desde Tumbes a Lima y a todas las ciudades fronterizas, como Tacna, como Arequipa y otros lugares, donde los vuelos, el Estado les obliga a estas aerolíneas nacionales e internacionales que no solamente se peleen por rutas con frecuencias permanentes, sino también rutas donde se puede promocionar el turismo.

Nosotros en la Amazonía, concretamente en Morona, Santiago, tenemos una de las maravillas del mundo, que lamentablemente no se viene explotando turísticamente como es las cuevas de los tallos. Pero los turistas, hablar de que aquí a la ciudad de Quito tengan que irse 600 kilómetros vía terrestre por una vía que no está en cómodas circunstancias, la gente rehúye a la situación. Por ello, compañera presidenta y compañeros legisladores, haciendo eco lo que refirió mi compañero amazónico, el compañero Juan Gonzaga, quiero manifestarla a la compañera proponente, como es la compañera asambleísta Centeno, de que se considere estos artículos de ley y en la eventualidad de que esta ley orgánica, obviamente hoy abrigamos la esperanza que pase, se considere eficientemente, efectivamente, a nuestras provincias amazónicas, a las Islas Galápagos, que sin duda alguna son una maravilla del mundo y que ya tienen, desde hace muchos años atrás, una tarifa diferenciada hasta el 50%.

¿Por qué no nosotros? ¿Por qué no la Amazonía? ¿Por qué no se exige que también allá se sirva de una manera eficiente como también nos merecemos como ecuatorianos? Muchas gracias. Devuelvo la palabra, compañera presidenta.

Asambleísta Manuel Casanova.

Muchas gracias, señorita, señora Presidenta, colegas asambleístas. El pleno de esta asamblea hoy debate lo que pretende organizar prácticamente todo el sistema de aviación civil en el Ecuador. Son 215 artículos que modifican la institucionalidad, las reglas para las aerolíneas, la administración aeroportuaria, los servicios aeronáuticos, el régimen sancionatorio y sobre todo la relación del Estado con un sector estratégico para el desarrollo del país. Por eso este debate no puede reducirse solamente a que estamos modernizando la aviación civil. La pregunta correcta que nos deberíamos hacer, colegas asambleístas, es ¿modernizamos para quién?

¿Para mejorar la conectividad de los ecuatorianos? ¿Para proteger al pasajero? ¿Para recuperar nuestros aeropuertos regionales? ¿Para fortalecer el empleo de nuestros pilotos y tripulantes? ¿O estamos construyendo un modelo que amplía las posibilidades de delegación privada, flexibiliza determinadas protecciones y deja sin solución problemas históricos de conectividad territorial? Hay aspectos del proyecto que sí son necesarios. Ecuador necesita actualizar su legislación aeronáutica, incorporar adecuadamente la regulación de drones, fortalecer la seguridad operacional y contar con una investigación técnica de accidentes que tenga independencia. Eso no está en ningún plano de la discusión.

Pero una buena finalidad no convierte automáticamente en buenas todas las disposiciones de una ley. Y quiero señalar varias preocupaciones, colegas asambleístas. Primero, el trabajo de los ecuatorianos. El artículo 79 reemplaza una protección histórica para los tripulantes nacionales por una fórmula de priorización. Y esto debe preocuparnos. Porque una prioridad no viene acompañada de una obligación efectiva y puede convertirse simplemente en una declaración. Al mismo tiempo, los artículos 92 y 95 permiten una mayor participación de personas jurídicas extranjeras domiciliadas en el Ecuador. Entonces, nos deberíamos preguntar ¿dónde está la garantía efectiva de que la apertura del mercado no termine desplazando a pilotos, técnicos y tripulantes ecuatorianos?

No estamos en contra de la inversión extranjera. Pero la inversión que llega al Ecuador también debe generar oportunidades para los ecuatorianos. Abrir nuestro mercado sin construir salvaguardas laborales puede generar una competencia profundamente desigual. Una ley de aviación civil moderna debería fortalecer la formación, certificación y contratación del talento aeronáutico nacional estableciendo reglas objetivas y compatibles con nuestros compromisos internacionales. Segundo, los servicios aeronáuticos y la responsabilidad del Estado. Los artículos 150 y 152 permiten bajo determinadas condiciones la delegación de servicios de navegación aérea, aeroportuarios y aeronáuticos. Estamos hablando de materias estrechamente vinculadas con el control del espacio aéreo y la seguridad operacional.

No se trata simplemente de contactar el mantenimiento de una terminal. Estamos hablando de servicios vinculados con navegación aérea, comunicaciones, vigilancia y control. Por eso, esta Asamblea tiene la obligación de determinar con absoluta claridad las actividades que pueden ser delegadas, cuáles deben permanecer necesariamente bajo responsabilidad estatal y cuáles son los mecanismos de supervisión, reversión y rendición de cuentas. La Constitución establece competencias exclusivas del Estado sobre el espacio aéreo. Una ley no debería dejar pasar zonas grises en una materia tan sensible. Tercero, los derechos del pasajero. Aquí quiero detenerme especialmente.

El artículo 125 establece reglas para los viajes ininterrumpidos y limita determinadas obligaciones de hospedaje y de alimentación a circunstancias imputables a la aerolínea. Pero para el ciudadano que queda varado en un aeropuerto, el problema no es una discusión jurídica sino quién produjo la tormenta. El problema es que perdió una conexión que puede estar viajando con niños, con adultos mayores, con una persona con discapacidad o simplemente que no tiene recursos para pagar otra noche en el hotel. Claro que una aerolínea no controla el clima, pero una legislación moderna debe establecer claramente cuál es el estándar mínimo de asistencia que recibe un pasajero cuando queda varado, diferenciando adecuadamente asistencia, compensación e indemnización.

Y no podemos confundir estas tres figuras. Y por eso considero indispensable que esta normativa sea coherente con la legislación de protección al consumidor y con la normativa comunitaria andina. Los pasajeros necesitan reglas sencillas. ¿Qué ocurre cuando cancelan su vuelo? ¿Qué ocurre cuando existe un retraso considerable? ¿En cuánto tiempo deben devolverse su dinero? ¿Quién paga sus gastos? ¿Y qué ocurre con sus equipajes? ¿Y ante quién se presenta el reclamo cuando la aerolínea incumple? Una ley moderna no puede proteger mejor al avión que al pasajero. Y justamente por esta razón también he venido trabajando en una propuesta específica sobre derechos de los pasajeros aéreos porque la protección al usuario debe ocupar un lugar central en nuestra legislación.

Cuarto, esmeraldas y la conectividad territorial. Aquí hablo como representante de una provincia que conoce perfectamente lo que significa perder conectividad. El aeropuerto Coronel Carlos Concha Torres no fue construido para permanecer inutilizado o subutilizado. Y no estamos hablando de un aeropuerto que nunca tuvo pasajeros. Los datos oficiales de la Dirección Nacional de Aviación Civil muestran que en el 2011 el aeropuerto de Esmeraldas movilizó más de 140.000 pasajeros. En el 2012, más de 133.000. En el 2014, más de 130.000. En el 2015, más de 135.000. Es decir, Esmeraldas demostró que podía tener conectividad aérea.

Nuestra provincia estuvo conectada con Quito. Nuestra provincia estuvo conectada con Guayaquil. Y también tuvo conectividad internacional con Cali y Colombia. Nosotros para viajar de Esmeraldas a Cali apenas necesitábamos 45 minutos y ya estábamos en cielo colombiano. Entonces, mi pregunta para quienes presentan esta propuesta como la gran modernización de la aviación ecuatoriana es muy sencilla. ¿Dónde está Esmeraldas en esta aumentada modernización? ¿Dónde está el mecanismo para recuperar las rutas hacia las provincias? ¿Dónde están los incentivos para conectar nuevamente a los aeropuertos regionales? ¿Dónde está la obligación de elaborar planes de conectividad para territorios que poseen infraestructura aeroportuaria pero que han perdido sus vuelos comerciales?

Porque conectividad aérea no significa complejas asambleístas Quito y Guayaquil. En Ecuador también es Quiste Esmeraldas, es Manaví, es Loja, es la Amazonía. Son nuestras provincias fronterizas. Y una política aeronáutica nacional tiene que mirar el territorio completo. Esmeraldas tiene turismo, tiene producción, tiene actividad portuaria, tiene una ubicación estratégica en la frontera norte y tiene un aeropuerto que ya demostró capacidad para movilizar a más de 130.000 pasajeros por año. No queremos que esta ley simplemente administre aeropuertos vacíos. Queremos una política pública que ayude a llenarlos nuevamente de pasajeros, de comercio, turismo y oportunidades.

Quinto, las delegaciones y renegociaciones. El artículo 153 permite renegociar contratos durante su ejecución y modificar sus plazos cuando existan nuevas inversiones u obligaciones. Aquí debemos ser extremadamente cuidadosos. toda renegociación de una delegación pública debe tener justificación técnica, valoración económica, transparencia y control. Una extensión contractual no puede convertirse en un mecanismo para evitar un proceso competitivo. Si existe una nueva inversión que se demuestre cuánto cuesta, si existe una ampliación del plazo que se demuestre por qué es necesaria, y si existe un beneficio para el Estado que pueda ser cuantificado y fiscalizado.

Porque cuando hablamos de aeropuertos y concesiones no estamos administrando bienes privados, estamos administrando infraestructura estratégica del Estado ecuatoriano. Sexto, el régimen sancionatorio. Esta ley crea un amplio régimen de infracciones y sanciones y allí debemos recordar algo elemental. No puede existir sanción sin una conducta claramente determinada. Las infracciones administrativas deben cumplir con los principios de legalidad, tipicidad, proporcionalidad y debido proceso. No podemos aprobar tipos administrativos excesivamente abiertos para después permitir que una autoridad complete mediante regulación secundaria aquello que correspondía definir a nosotros como legisladores. La seguridad aérea exige disciplina, por supuesto que sí, pero seguridad jurídica también significa que trabajadores, operadores y empresas conozcan previamente qué conducta constituye una infracción y cuál es su consecuencia.

Compañeras y compañeros asambleístas, Ecuador sí necesita una nueva legislación aeronáutica, pero necesita una legislación que equilibre modernización con soberanía, inversión con control, competencia con empleo nacional y rentabilidad y rentabilidad empresarial con derechos del pasajero y necesita sobre todo una política aeronáutica que vuelva a mirar hacia las provincias. Por eso dejo planteadas estas preguntas concretas para este segundo debate. ¿Qué garantía efectiva tendrá el empleo aeronáutico ecuatoriano? ¿Qué servicios vinculados al control del espacio aéreo podrán realmente delegarse y cuáles permanecerán necesariamente bajo responsabilidad estatal? ¿Qué asistencia mínima tendrá un pasajero cuando quede varado?

¿Qué controles existirán sobre las renegociaciones y ampliaciones de concesiones? ¿Y cuál es el mecanismo concreto que esta ley para recuperar la conectividad aérea en provincias como Esmeraldas? Porque si después de aprobar 215 artículos el aeropuerto de Esmeraldas continúa sin vuelos regulares suficientes tendremos una nueva ley pero seguiremos teniendo el mismo problema que venimos acá haciendo los ecuatorianos. Esmeraldas no necesita que desde Quito le expliquen que su aeropuerto está subutilizado. Los esmeraldeños lo conocemos perfectamente lo vemos y lo vivimos. Y señora Presidenta quisiera por favor autorice pasar la imagen que he hecho llegar a la Secretaría para que vean la imagen por favor.

La asambleísta tiene 30 segundos para terminar su intervención, ya que va 12 minutos con 30 segundos. Le he autorizado la imagen, solo toma en cuenta el tiempo que le he dicho.

Eso es lo que está pasando ahorita en Esmeraldas, un aeropuerto subutilizado, ahora lo utilizan para pistas de secar cacao. Eso es lo que quería enseñarles, colegas asambleístas. Modernizar la aviación civil debe significar que un ciudadano tenga más posibilidades de volar, mejores precios, mayor seguridad y mejores derechos. Y para que una verdadera modernización se mida, los artículos que debemos cambiar no son todos suficientes. Se mide por cuántos ecuatorianos puedan quedar mejor protegidos y cuántos territorios vuelvan a estar conectados. Muchas gracias, señorita Presidenta, por la palabra.

Compañeros legisladores, el aeropuerto de La Tacunga hace aproximadamente 15 años dejó de operar y con eso se fueron las ilusiones y la posibilidad de progreso de una provincia como la de Cotopaxi, una provincia eminentemente agrícola, ganadero, agroindustrial hoy en día, pero el aeropuerto de La Tacunga sigue operando, no con vuelos comerciales, pero sigue abierta. Por eso es importante decirle en esta asamblea, en este pleno, que cuando un país fortalece su aviación, no solo construye aeropuertos, construye puentes hacia el progreso. Hoy quiero referirme a un tema estratégico para el desarrollo del Ecuador, nuestra política de aviación civil y particularmente el papel que debe cumplir el aeropuerto internacional de La Tacunga en la provincia de Cotopaxi.

Cuando hablamos de aviación civil, no estamos hablando únicamente de aviones, pistas o terminales, estamos hablando de conectividad, de producción, de empleo, de turismo y de oportunidades para nuestras provincias. Por eso, una ley de aviación civil moderna debe mirar al país en su propio conjunto y no concentrar las oportunidades única y exclusivamente en los grandes centros urbanos. La Tacunga tiene una posición estratégica. El aeropuerto de la provincia de Cotopaxi puede y debe convertirse en un eje importante para la movilidad de pasajeros y especialmente del transporte de carga.

Su ubicación permite acercar nuestros productos a los mercados y fortalecer la actividad económica de Cotopaxi y la región central del país. Señora Presidente, no podemos hablar de descentralización, desconcentración, si nuestras decisiones siguen concentrando la infraestructura y las oportunidades. Necesitamos una política aeroportuaria que permita utilizar de manera eficiente la capacidad instalada, que genere condiciones para nuevas operaciones y que promueva la participación coordinada del Estado, los gobiernos locales y sin duda el sector privado. El aeropuerto de la Tacunga no debe ser visto solamente como una infraestructura provincial, es parte de una red estratégica que necesita el Ecuador para mejorar su competitividad.

Por eso, desde este Parlamento debemos impulsar reglas claras, seguridad operacional, eficiencia, transparencia y condiciones que permitan que los aeropuertos regionales desarrollen todo su potencial. Quiero ser claro, fortalecer el aeropuerto de la Tacunga no significa debilitar a otros aeropuertos, significa fortalecer al Ecuador. Significa tener más alternativas de conectividad, mayor capacidad logística y mejores condiciones para nuestros productores, exportadores, comerciantes y ciudadanos. Significa también abrir nuevas oportunidades para el turismo y para la generación de empleo de toda nuestra región. La ley de aviazón civil debe responder a las necesidades actuales del país, pero también debe proyectarnos hacia el futuro.

Por lo dicho, mi provincia, Cotopaxi, cuenta con una ubicación privilegiada y la capacidad técnica para consolidarse como un gran hub logístico, agroexportador, comercial, humano, dentro, en el centro del país. Por eso, les digo que en este debate legislativo estamos incorporando una visión territorial, técnica y descentralizada de la aviación civil. Y que en este marco, el aeropuerto de Cotopaxi tiene las condiciones necesarias para ser parte del desarrollo del país. Que desde la Tacunga se pueda aportar plenamente a la conectividad nacional y que la infraestructura aeroportuaria del Ecuador deje de ser vista únicamente como una obra física y sea entendida como lo que realmente es una herramienta.

para generar desarrollo y oportunidades.

Señora Presidente, compañeros legisladores, el Ecuador necesita una aviación civil segura, eficiente, competitiva y descentralizada. Y dentro de esa visión, la Tacunga tiene un papel estratégico que debemos reconocer y fortalecer. Finalmente, decirles que Cotopaxi y el centro del país, conectado por el aire, hace un Ecuador más de oportunidades para producir, comercializar, viajar y crecer. Gracias, señora Presidente, por el uso de la palabra.

a mi provincia de Esmeraldas, estamos tratando el día de hoy un proyecto importantísimo y lo he tratado.

Ley Orgánica de Aviación Civil, al cual felicito a usted, presidenta, y a la comisión que lo hayan puesto dentro de este punto del orden del día en esta presente sesión. Por lo cual, han hablado cada uno de sus provincias y no hace falta hablar específicamente también de Esmeraldas. La ley no debe solo mirar a Quito, a Guayaquil o Cuenca. Son los objetivos declarados también dentro de este proyecto de ley, que en los cuales he escuchado, señora presidenta, y voy a ser muy corto en mi intervención dado el tiempo también, el cual se ha dilatado en el debate, que tocó muy precisamente la presidenta Valentina Centeno, que la ley, y ha anotado estos puntos importantes, tres ideas recordar.

Recordar, ordenar, modernizar y dar seguridad jurídica. Una de las que pretende la ley de aviación civil, y en la cual respaldo el proyecto, y que incluso me gustaría que se hubiese incluido algunos puntos medulares más, unificar y unifica la normativa aeronáutica dispersa, actualiza conforme a estándares internacionales, fortalece la seguridad opcional, mejora la conectividad, competencia, inversión, incorpora nuevas tecnologías, especialmente de los drones. Entonces, esta parte de seguridad aérea es uno de los cambios centrales, y los cambios centrales es fortalecer la junta investigadora de accidentes. La propuesta reconoce, presidente y colegas asambleístas, la autonomía administrativa, operativa, financiera y decisoria, pero además no se ha dicho algo importante.

La investigación busca prevenir accidentes. Lamentablemente, nunca en el país se trabaja en la prevención, sino cuando pasan los accidentes, y busca prevenir accidentes, y no solo establecer culpabilidades en algunos de que los tenga. Desarrolla de manera independiente procesos judiciales o administrativos. La junta investigadora de accidentes tendrá y será de carácter permanente. Al mismo tiempo, se establece una estructura de investigadores especializados y se incorporan mecanismos de seguimiento a las recomendaciones de seguridad. Lo de los drones es importantísimo. La Dirección General de Aviación Civil tendrá las competencias para el registro, la autorización, el control, la fiscalización y la clasificación según su peso, uso y alcance operacional.

También hay que decir que se establece coordinaciones para aquellos mismos en cuanto al nuevo bloque regulatorio de los drones, a la Dirección General de Aviación Civil, sumemos policía, sumado a las Fuerzas Armadas y también a lo que es la aduana. No veo en qué momento o en qué parte se están tentando contra la soberanía aérea del país. Yo específicamente de la provincia de Esmeraldas, un aeropuerto en agonía, presenté un proyecto que está en la misma Comisión de Desarrollo Económico de Reactivación del puerto de Esmeraldas, que va a ser en sintonía para la frecuencia de vuelo.

Pero pensemos a ver, colegas legisladores, si nos ponemos que tenemos más de 15 o 20 aeropuertos que se han hecho y están sin frecuencia de vuelo, es justo darle la espalda a un proyecto tan importante que fortalece aún más la visibilidad de los aeropuertos para poder también captar la parte de frecuencia. En mi parte de rol fiscalizador, hace poco, si no me recuerdo el inicio de este periodo, pude lograr que los vuelos de la aerolínea aeroregional tengan frecuencia de vuelo. Después que teníamos en Esmeraldas con Tame y antes de la pandemia empezaron a bajar la frecuencia y por último Tame cerró antes que llegue la pandemia.

Pero ¿por qué fue? También porque no hay una mesa o una suma de voluntades, no solo por parte de los que corresponde en temas de las instituciones del Estado, sino que también de los gobiernos autónomos, en las diferentes cámaras que tiene el territorio. Antes, cuando estaba Tame en Esmeraldas y a partir del 2018, si no mal recuerdo, en la época de Lenín Moreno, centralizaron a Esmeraldas. Las gerencias e instituciones como de Petroecuador, de Flopé, regresaron a lo que es Pichín, Chaquito y cuando había el flujo y corriente de vuelos, en los cuales permitían también que el sector hotelero, el sector turístico, la dinámica de que podía haber los vuelos tanto a Cali y poder tener una frecuencia, lo terminaron en aquel gobierno de Lenín Moreno.

Incluso asambleístas que votaron y fueron parte del gobierno de Lenín Moreno se quedaron callados ante el centralismo. Hoy por hoy lo que yo lucho, y señora presidenta va a ser muy puntual, que mediante este proyecto de ley pueda visibilizarse también Esmeraldas, pueda también ser captado como teníamos, y lo dijo el colega Casanova, de que podamos tener la frecuencia, porque la infraestructura de un aeropuerto que está votado actualmente y que está en falta de mantenimiento porque no lo utilizan más solo para secar Cacao, pueda con este proyecto de ley darle vida y poder volver a ser con la proyección semi-internacional que se lo hizo.

Quiero dar un dato antes de terminar mi palabra, señora presidenta, porque le pedí que iba a ser breve en honor al tiempo. El diario El Universo dice que la propia Dirección de Aviación Civil reconoce que el aeropuerto de Esmeraldas actualmente tiene una utilización muy limitada, casi nula, y plantea que esta ley permitirá, permitirá más modelos de gestión que los existentes actualmente. Esto es importante y voy a dar siete puntos medulares, presidenta, para poder concluir mi intervención. Este proyecto de ley voy a dar mi respaldo firmemente, y no solo por los aeropuertos del Ecuador, sino principalmente por un aeropuerto fronterizo que tenemos como es en Esmeraldas, semi-internacional paralizado.

Y que si tenemos eso y se concreta el proyecto de ley de desarrollo y reactivación y modernización del puerto de Esmeraldas, imagínese usted va a desarrollar y acabar históricamente con desigualdad que vive, ya ha vivido, ya ha sumergido Esmeraldas en el abandono, y que hoy por hoy quiero eso, respaldar la decisión incluso del gobierno nacional, de Daniel Novoa, en poder permitir próximamente poder hacer las instalaciones del nuevo hospital del IES frente al aeropuerto, inclusive reactivando, imagínese, teniendo este aeropuerto. Pero los siete puntos medulares en los cuales he anotado del proyecto, la seguridad, fortalece la regulación y vigilancia e inspección, la independencia, la GIA, autónoma para investigar accidentes, la modernización que unificará y actualizará la legislación aeronáutica.

Los aeropuertos, de lo que hemos tratado, todos, mayormente los legisladores, han tocado el tema de los aeropuertos en cada una de sus provincias y la reactivación que se merece. Esto va a permitir nuevos modelos de gestión y posibilidad de inversión, competencias que facilitan la entrada de nuevos operadores y aerolíneas, busca recuperar rutas y aeropuertos subutilizados por medio de la conectividad y séptimo, regula drones y mejora su trazabilidad por medio de la tecnología. Las cosas solo se pueden vencer en una lucha constante, colegas asambleístas. Aquí podremos tener diferencias, pero las coincidencias es que si queremos también, además de que se está reactivando, por ejemplo, Esmeralda no está dentro ahorita del toque de queda, está tratándose y tratando de levantar, veo el comercio siempre que está levantándose y tener un puerto que está tratando de, por medio de políticas de Estado, querer reactivarse y tener un aeropuerto botado cuando podemos lograr que Esmeraldas, que deja mucho al erario nacional, tenemos la primera planta industrial de refinación de petróleo y que no podamos tener incluso para que puedan venir vía aérea más rápido y más cercano a la capital de los ecuatorianos, teniendo todo para poder en materia agropecuaria, ganadera, productiva, darle y esté paralizado.

Me sumo a cada uno de sus criterios, respeto algunas de las diferencias, pero respaldo este proyecto de ley. Le devuelvo la palabra, señora Presidenta.

aeronáutica y la gestión de aeropuertos.

Quiero invitarles a recordar cómo era Tababela. Si ustedes recuerdan, hace algunos años, cómo la infraestructura de un aeropuerto ha permitido que este lugar se modernice y que se reactive económicamente, me refiero a los sectores que están allí, como hoteles, servicios de taxis y otro tipo de servicios adicionales. Eso se puede lograr, obviamente, teniendo una visión estratégica. Y yo quiero ser claro en ello, nuestro espacio aéreo es subutilizado, esa es una realidad. Tenemos que buscar normativa que permita una activación que puede ser favorable para los distintos sectores y provincias.

Esta política de cielos abiertos es fundamental, pero yo quiero invitarles a todos que no nos tapemos los ojos. Ni las empresas internacionales, me refiero a aéreas, vienen a hacer actividad solidaria, ni tampoco los que usan aviones comerciales son gente de escasos recursos económicos. Este tipo de industria es de gente que tiene recursos y los usuarios, de igual manera, son personas que tienen los recursos para poderse movilizar en este tipo de transporte. Partiendo de ese análisis, yo había manifestado sobre los problemas que tiene el Ecuador frente a los estándares internacionales emitidos por la OASI, indicando de que tenemos de los peores estándares del mundo, solo superados por República Popular del Congo.

Con eso creo que se dice mucho de lo que pasa en este país y necesitamos realmente una activación. Para ello es fundamental y yo quiero agradecer públicamente a la comisión, sobre todo a su presidenta, porque pese a que no han acogido algunas de las observaciones de forma, han recogido la más importante que yo la había planteado. Y lo voy a leer en el artículo 79, que es donde se recoge el espíritu de mi intervención anterior. Para ejercer actividades aeronáuticas en el país, las personas jurídicas, nacionales o extranjeras, priorizarán la contratación de personal técnico aeronáutico ecuatoriano.

Ese artículo es mío. Ese artículo lo propuse pensando en el trabajo que hay que asegurar para las y los ecuatorianos. Y bien, escuchaba por ahí una intervención, ¿por qué no se puede poner solamente para ecuatorianos? Porque nuestra constitución no nos lo permite. No es una constitución que permita escribir allí, el trabajo será eminentemente solo o únicamente para ecuatorianas y ecuatorianos. Es imposible escribirlo en la normativa. Esto porque los principios de ciudadanía universal en general, hacen imposible que se pueda realizar esto de manera exclusiva y excluyente.

Es inconstitucional. Pero se ha recogido el espíritu que espero que en el reglamento se logre sustanciar, es decir, que el reglamento sea lo suficientemente claro para proteger a los trabajadores aeronáuticos, a todas quienes son parte de la tripulación en general, equipos técnicos ecuatorianos. Entiendo que así es, me he permitido acercarme al equipo asesor y creo que con esas condiciones que hemos establecido, hoy vamos a apoyar y a respaldar este proyecto que de seguro vendrá anclado a una reactivación económica fundamental, sobre todo para zonas de frontera.

Me refiero al proyecto de polo de desarrollo del cantón Tulcán, donde será fundamental una normativa que permita la movilidad de transporte aéreo de carga para poder activar un área como es la zona franca que queremos establecer y construir en este espacio de nuestra zona fronteriza. Sin más que acotar, yo quiero agradecer la palabra y obviamente indicar de que guardo mi gratitud, no solamente en esta comisión, sino en el resto, se han acogido prácticamente todas las observaciones que he enviado durante mis intervenciones y eso es mucho para mí y creo que para mi provincia.

De mi parte, muchísimas gracias y con ello devuelvo la palabra.

Buenas tardes, colegas legisladores, a todos los ecuatorianos que ven con atención este proyecto de ley que busca principalmente beneficiarlos a ellos. La interconexión en el Ecuador entre distintas provincias por temas de turismo y en este caso de lo que tiene que ver con elaboración de materiales, producción es fundamental en este proyecto de ley. Y no me voy a extender demasiado porque creo que se han dicho las cosas como son. Quienes vienen aquí a aportar y ven realmente cómo se maneja la política y entienden también que el empresario no es malo porque estos pensamientos de soberanía como tal, este tipo de palabras y pensamientos a veces tercermundistas que confunden la soberanía en este caso con no abrir el mundo a negocios, a producción, a inversionistas.

Y yo creo que muchos entendemos que preferimos en este caso comer tres veces al día que tener una supuesta soberanía. Hay que entender que nadie está para regalar la plata, nadie regala el dinero. El que quiere venir a invertir a Ecuador necesita certeza jurídica, necesita que sea un negocio también, pero un negocio justo. He escuchado cómo se decía que, por ejemplo, en la ley no estamos poniendo sanciones para cuando las aerolíneas en este caso no cumplan por fuerza mayor o en este caso por clima y distintas condiciones, no cumpla con el vuelo.

Pero estamos pensando realmente que cuando existe un oligopolio de dos aerolíneas y una no quiere cumplir, no te quedan muchas opciones. ¿Qué es lo mejor para que en este caso las aerolíneas compitan y cumplan mejor con sus clientes y oferten mejores servicios? La competencia. Y este proyecto de ley viene a traer eso. Viene a traer cielos abiertos. Viene a traer oportunidades. Es decir, viene a traer una oferta aeronáutica que permita que los ecuatorianos dejen de pagar pasajes de Quito a Guayaquil o donde tengan que ir como si estuvieran viajando a Miami.

Ese es el trabajo que ha realizado esta comisión. Ha acogido propuestas interesantes. Ha entendido cuál es la dinámica en este caso también de que la entidad que es juez se aparte también. Es decir, la DAC no puede ser en este caso quien te sanciona, pero también quien te administra. Y parte de eso es un error que se corrige en este proyecto de ley. Entonces, entendiendo esto, este proyecto de ley viene a abrir los cielos, a darle oportunidades a los ecuatorianos, a interconectar provincias olvidadas. Tenemos aeropuertos que no se están utilizando.

Eso es un desperdicio. Este proyecto permite por delegación exclusiva en ciertos momentos de emergencia específicos, especiales, que un privado venga a invertir para administrar ese aeropuerto. Es decir, pudiendo reactivar aeropuertos en provincias importantes, Esmeraldas, el aeropuerto de Manta, aeropuerto, por ejemplo, de la Tacunga, que es importantísimo y ahí, por ejemplo, deberían de recordar que en el 2010 se renegoció con Quipor justamente ese tema. Y resulta que el alcalde de esa época, que vayan a averiguar quién fue, aceptó que, por ejemplo, no puedan haber aeropuertos a más de 100 kilómetros, en este caso, del aeropuerto de Quito.

Y con eso, sepultaron el aeropuerto de la Tacunga, para que se sepa realmente qué es lo que pasa cuando se le da demasiado poder, en este caso, a los municipios. Porque no, no hacen las cosas bien, ya se ha demostrado en el tema de tránsito. Entonces, entendiendo esto, este proyecto unifica y actualiza en un solo cuerpo el tema de la aviación y el código aeronáutico. Segundo punto importante, reordena la institucionalidad, en este caso, el ente rector, que es la DAC, pasa a ser lo que es, fiscalizador, y no como tal, juez y parte.

Incorpora regulación específica para aeronaves no tripuladas. Qué importante entender que hoy los drones se están utilizando también para temas delictivos. Este proyecto de ley lo corrige. Establece una junta investigadora, esto es importantísimo, de accidentes, para que realmente se investiguen las cosas como son, repito, sin que en este caso la DAC sea juez y parte. Eso es lo que busca este proyecto de ley. Entender que si los inversionistas, las aerolíneas internacionales, vienen a Ecuador, quien despega son los ecuatorianos. Quien despega es la producción y quien despega es el turismo.

Repito, dejémonos de falsas narrativas de soberanía. La gente prefiere comer tres veces al día a gritar que tiene soberanía. Que despegue el Ecuador con este proyecto de ley. Felicito a la comisión y a los asambleístas que han aportado. Mi voto será a favor. Saquemos y hagamos que el Ecuador despegue en su parte de aviación civil. Ese es el proyecto de ley que hoy les presentamos. Muchas gracias, señores legisladores.

Proyecto de ley de aviación civil de acuerdo a la moción que he ingresado por escrito a la Secretaría General.

Se cierra el debate. Señor secretario, certifique si la moción presentada por la asambleísta Valentina Centeno ha sido ingresada por escrito.

Sí, señora presidenta, la moción ha sido ingresada por escrito a esta secretaría.

el texto integral ha sido presentado por parte de la Comisión de Desarrollo Económico. La moción presentada y tome votación.

Procedo a dar lectura y tomar votación de la moción presentada. Memorando a N-CDEP 2026-0277-M. Asunto, moción de aprobación. De mi consideración en mi calidad de Presidenta de la Comisión Especializada Permanente de Desarrollo Económico Productivo y la Microempresa y como asambleísta ponente en uso de mis facultades constitucionales y legales, de acuerdo a los artículos 61 y 135 de la Orgánica de Acción Legislativa dentro del segundo punto del orden del día de la sesión 126-AN-2025-2029 del Pleno de la Asamblea Nacional, eleva a usted la siguiente moción para que sea sometida a votación.

Aprobación del texto íntegro del Proyecto de Ley Orgánica de Aviación Civil. Consentimiento de distinguida consideración. Atentamente, Valentina Centeno Arteaga, Presidenta de la Comisión Especializada Permanente de Desarrollo Económico Productivo y la Microempresa. Hasta aquí la lectura de la moción, señora Presidenta. Señores asambleístas, por favor, registrar su participación en las currules electrónicas. De existir alguna novedad, informar a esta Secretaría.

Me permito informar, señora Presidenta, que contamos con 151 asambleístas registrados. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción presentada por la asambleísta Valentina Centeno. Señores asambleístas, por favor consignar su voto.

Señor operador, presente los resultados. Señora presidenta, me permite informar que en un total de 151 asambleístas presentes contamos con 88 votos afirmativos, 60 votos negativos, 0 blancos y 2 abstenciones. Ha sido aprobada la moción presentada por la asambleísta Valentina Centeno.

Señor secretario, siguiente punto del orden del día.

Tercero, conocer y resolver respecto al informe para segundo debate del proyecto de ley orgánica reformatoria al código tributario.

Señor secretario, por favor dé lectura del memorando respectivo. El informe íntegro por la comisión será parte de la presente sesión.

Con su autorización, señora Presidenta, procedo a dar lectura en Memorando AN-CRT-2026-0041-M. Asunto, remisión y informe para segundo debate del proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Tributario. De mi consideración, por disposición del asambleista Nathalie Farinango, Presidenta de la Comisión Especializada Permanente del Régimen Económico y Tributario y Subigualización y Control, de conformidad al artículo 62 de la Ley Orgánica de la Asociación Legislativa, tengo a bien remitir el informe para segundo debate del proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Tributario, aprobado en la sesión 075-CRT-RC-2026, de 13 de febrero de 2026, en esta mesa legislativa, a fin de que se continúe con trámite respectivo en el Pleno de la Asamblea Nacional.

La ponente del proyecto es la asambleísta Nathalie Farinango, Presidenta de la Comisión Especializada Permanente del Régimen Económico y Tributario y Subigualización y Control. La votación realizada en la sesión 075-CRT-RC-2026 es la siguiente, afirmativo 6, en contra 0, abstención 4, asambleístas ausentes 0, consentimiento, distinguida consideración, atentamente, Diana Arboleda, secretario o relator. De acuerdo con su disposición, señora Presidenta, procedo a dar lectura al informe en la parte resolutiva. Séptimo, conclusiones y recomendaciones. El informe para segundo debate del proyecto de ley orgánica reformatoria del Código Tributario ha cumplido el trámite legal correspondiente conforme lo dispone la ley orgánica de la función legislativa.

Se recomienda al Pleno de la Asamblea Nacional la aprobación del proyecto de ley orgánica reformatoria del Código Tributario con base en los fundamentos técnicos y jurídicos expuestos en el presente informe a ser necesario dotar de seguridad jurídica al país. Se recomienda al Presidente de la Asamblea Nacional poner el presente informe en el orden del día del Pleno de la Asamblea Nacional para su correspondiente análisis dentro de la agenda legislativa, conforme se señala en los artículos 58 y 60 de la ley orgánica de la función legislativa.

Noveno, asambleísta ponente, la asambleísta Nathalie Estefanía Farinano Delgado, Presidenta de la Comisión Especializada Permanente del Régimen Económico y Tributario y su regulación y control es la ponente del presente informe. Hasta aquí la lectura, señora Presidenta.

Se abre el debate, tiene la palabra la asambleísta Natalie Farinango.

Buenas tardes, colegas legisladores presentes en este pleno. Y por supuesto, siempre mi saludo cariñoso y afectuoso a la ciudadanía ecuatoriana que nos mire y que nos escucha a través de los medios digitales de esta Asamblea Nacional. El Código Tributario Ecuatoriano se promulgó el 23 de diciembre de 1975. Modernizó el sistema del país en el ámbito tributario y se convirtió en un referente de vanguardia en toda Latinoamérica. A lo largo de estos 50 años de vigencia del Código Tributario, se han realizado múltiples reformas al mismo. Por esta razón, el Código Tributario vigente presenta un notable desorden normativo.

Acumula múltiples artículos ya derogados, innumerados, disposiciones obsoletas y referencias a entidades jurídicas que ya han desaparecido con el tiempo. Estas reformas buscan depurar la normativa que está obsoleta y se encuentra aún vigente. Y armoniza las relaciones jurídicas entre Estado, justicia y ciudadanos. Según el artículo, y por qué vale aclarar esto antes de que se genere cualquier narrativa, el artículo 301 de nuestra Constitución de la República del Ecuador determina que los impuestos pueden ser regulados. Esto quiere decir, creados, exonerados o extinguidos, modificados, si la propuesta nace del Ejecutivo y posteriormente es aprobado por la Asamblea Nacional.

Esta propuesta no nace del Ejecutivo, son de iniciativas legislativas. Por ende, no toca nada en cuanto a tributos. La restricción constitucional explicada se basa en un principio de legalidad que protege toda la relación entre el Estado y el ciudadano, incluyendo las condiciones y los efectos de los tributos. La presente reforma, que contiene el informe para segundo debate de la Ley Orgánica Reformatoria al Código Tributario, se limita de forma exclusiva a las normas de procedimiento y de procesos en cuanto a la relación jurídica entre las administraciones tributarias y los usuarios de las administraciones tributarias.

Y al respecto, voy a detallar los aspectos más relevantes de la reforma propuesta. Primero, la actualización de las denominaciones. Actualización a Código Orgánico Tributario. Desde el 29 de diciembre del 2007, mediante Ley Orgánica Reformatoria para la Equidad Tributaria, se determinó por disposición legal que el Código Tributario tiene categoría de orgánico. A efectos de ello, es necesario que tenga también ese nombre en Código Orgánico Tributario que responde a la categoría jerárquica de la ley. La segunda, actualización como tribunales distritales de lo contencioso tributario. Desde el 16 de junio del 2014, mediante resolución 094-2014, publicada en el tercer suplemento del Registro Oficial 268, la denominación legal y correcta de los tribunales distritales de lo fiscal son tribunales contenciosos tributarios.

A pesar de haber pasado más de una década desde esa resolución, el texto del Código Tributario sigue remitiendo o sigue determinando el término obsoleto de tribunales distritales fiscales. El proyecto busca corregir y unificar esta denominación en todos los artículos correspondientes para eliminar inconsistencias del sistema judicial vigente. Actualización del Código Orgánico General de Procesos y Procedimientos Sumarios. Desde el 22 de mayo del 2025, el COGEF, el Código Orgánico General de Procesos, ordenó reemplazar de forma obligatoria en toda ley los términos Código de Procedimiento Civil, Ley de Jurisdicción Contenciosa Administrativa o Ley de Casación por Código Orgánico General de Procesos, así como juicio verbal sumario por procedimiento sumario.

El artículo 309 del Código Tributario Actual es un ejemplo claro de la falta de actualización de la norma, ya que todavía ordena que los recursos de casación se tramiten bajo la Ley de Casación, un cuerpo normativo, una norma ya inexistente. El objetivo de esta parte de la reforma es modificar y actualizar la redacción de este y otros artículos afectados, para que se remitan directamente al COGEF, que ya es una normativa vigente, y utilicen la vía de procedimiento sumario, garantizando la coherencia del sistema procesal actual. Sobre la facultad reglamentaria, la circular, colegas legisladores y ciudadanía ecuatoriana, es un acto administrativo de fuero interno, emitido por una autoridad superior, para guiar, instruir o unificar los criterios de operación de sus funcionarios.

No es un acto administrativo, y no crea nuevas reglas de derecho, sino que explica las leyes ya vigentes. Al ser instrucciones internas, entran en vigencia de forma inmediata, sin embargo, están subordinadas a nuestra Constitución, a las leyes orgánicas, a las leyes generales y a los reglamentos. Por ende, jamás pueden contradecir ni tener su mismo valor legal. Se propone que las máximas autoridades tributarias puedan emitir circulares obligatorias para su personal, pero se aclara expresamente que esto no es vinculante para los y las contribuyentes. En cuanto a las fichas técnicas y manuales, el proyecto establece que estos instrumentos técnicos no pueden crear, modificar ni extinguir obligaciones, multas o beneficios tributarios.

Para que un manual o ficha técnica sea obligatorio para los ciudadanos, debe ser aprobado mediante una resolución de carácter general y publicarse formalmente dentro del registro oficial. ¿Qué genera esto? Seguridad jurídica, colegas legisladores. Además, seguridad jurídica para las personas coactivadas y también las formas de notificación. Entidades públicas, banca estatal, empresas públicas y municipios, gobiernos autónomos descentralizados, ejecutan resoluciones judiciales de cuentas bancarias sin notificación previa. El ciudadano se entera de la deuda directamente ya cuando sus fondos están congelados. Las retenciones sorpresivas, ¿qué causan? Provocan crisis inmediatas en la falta de liquidez para cubrir necesidades básicas o emergencias médicas, generan el impago de otras obligaciones, acumulando más intereses y penalidades de forma prolongada, destruyen la planificación financiera y siembran una profunda desconfianza en el sistema bancario nacional.

De acuerdo con la Constitución, todo procedimiento administrativo o judicial debe respetar el debido proceso y el derecho a la defensa. Dentro de las garantías constitucionales, la notificación constituye uno de los actos procesales más relevantes, pues marca el momento en el que la persona adquiere conocimiento de manera formal y de manera legal de un proceso en su contra, permitiéndole ejercer plenamente sus derechos a la legítima defensa. La notificación, por ende, no es un simple trámite, sino el acto procesal más relevante que legitima el proceso. Sin una notificación válida y oportuna, cualquier retención o juicio coactivo carece de validez legal y vulnera la tutela judicial efectiva.

El proyecto busca unificar y estandarizar las reglas de la notificación. El objetivo es que todas las entidades públicas, sin excepción, apliquen el mismo procedimiento y este sea transparente. Al respecto, la reforma plantea una oportuna notificación para que el administrado y la administración sepan que se está respetando el debido proceso en todos los procedimientos y en los actos que genere la administración tributaria. De acuerdo al artículo 76 de nuestra Constitución de la República del Ecuador, para que exista un debido proceso, el ciudadano debe poder defenderse, acceder a documentos, presentar pruebas y recurrir fallos.

El artículo 105 del Código Tributario define la notificación como el acto de hacer saber el contenido de una resolución. Por ende, sin una notificación válida es imposible activar ninguna garantía constitucional. Existen pronunciamientos de la Corte Constitucional en sentencia 117-14-17-C-C-C, sentencia 327-15-C-C-C-C, sentencia 10-16-C-C-C-C, y sentencia 66-17-C-C-C-C, que dictaminan que una notificación defectuosa o incorrecta transgrede directamente el derecho a la defensa. La legalidad de la notificación es lo que garantiza que el ciudadano puede impugnar dentro de los plazos que establece la ley. Actualmente el Código Tributario contempla 10 formas distintas de notificación, pero no establece ningún orden de prioridad o obligación entre ellas.

Esto permite que la Administración actúe de manera discrecional y elija el medio de notificación que prefiera, ignorando las garantías del contribuyente. La reforma propone añadir un inciso al artículo 107, que obliga a la Administración Tributaria a utilizar prioritariamente el canal específico que el sujeto pasivo haya señalado dentro de su expediente. Esto elimina la arbitrariedad y fortalece la seguridad jurídica y la confianza legítima. Para no entorpecer la gestión pública, la reforma aclara que si existe una imposibilidad técnica debidamente justificada para usar el medio elegido por el contribuyente, la Administración queda facultada para usar los otros mecanismos legales disponibles.

En cuanto al riesgo de discrecionalidad, aunque el artículo 114.1 actual menciona el buzón electrónico del contribuyente y su correo electrónico, la ley no establece de forma explícita que la notificación deba hacerse obligatoriamente por ambas vías. Se propone incorporar una regla clara, que obliga a la Administración Tributaria a notificar de manera simultánea, al mismo tiempo en estos dos canales virtuales. Si el contribuyente no especificó para el trámite en curso, el Estado no podrá dejar de cumplir la doble notificación. Estará obligado a enviar el correo electrónico registrado en el RUF y en paralelo al buzón electrónico.

Rectificación de errores. Actualmente, la falta de una definición expresa, precisa de error material, abre la puerta a la interpretación errada o abusiva. Eso permite que se modifique ilegítimamente el fondo de un asunto tributario, alterando de forma ilegal las conclusiones fácticas. Se propone especificar de forma clara qué se entiende por un error material dentro del ámbito tributario. Para dar coherencia al sistema jurídico, la reforma adopta la misma definición del inciso segundo del artículo 100 del Código Orgánico General de Procesos. La rectificación se limitará de manera exclusiva a errores de escritura, esto quiere decir equivocaciones en los nombres de las personas, citas legales erróneas, como escribir mal un artículo de la ley, errores del cálculo o puramente numéricos en cuanto al proceso o el expediente.

Esto garantiza la seguridad jurídica establecida también en nuestro artículo 82 de la Constitución de la República del Ecuador. Sobre la determinación en forma directa con base a catastros o registros. El segundo inciso del artículo 91.1 remite textualmente al numeral 2 del artículo 94. Sin embargo, colegas legisladores, el actual artículo 94 del Código Tributario no tiene numerales. Esto lo vuelve totalmente inaplicable. El proyecto plantea eliminar la mención al inexistente numeral 2 del artículo 94 y especificar de forma directa y expresa en el artículo 91.1 que el plazo aplicable es de seis años.

La reforma toma como base el texto del actual artículo 94, el cual estipula con claridad los tiempos del Estado para determinar obligaciones. Cuatro años el contribuyente presentó su declaración a tiempo, seis años el contribuyente no presentó su declaración y un año para verificar un acto de determinación ya practicado por el sujeto activo. Seis, sobre el acto administrativo. El artículo 98 de nuestro Código Orgánico Administrativo define el acto administrativo como una declaración unilateral de voluntad en ejercicio de la función pública que produce efectos jurídicos directos. El texto aclara que todas las resoluciones del SRI o de la aduana, actos determinativos, estimaciones de oficio, liquidaciones, entran en esta categoría de acto administrativo.

La ley vigente es muy restrictiva o confusa, pues detalla de forma cerrada qué tipos de actos se pueden reclamar, lo que genera confusión en los contribuyentes, sobre qué decisiones del Estado son impugnables. Modificar el artículo 115, establecer de manera general que los contribuyentes responsables o terceros afectados pueden presentar su reclamo administrativo contra cualquier acto de la administración tributaria, ratificar el reclamo que debe presentarse ante la misma autoridad de la que se emanó el acto dentro del plazo de 20 días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación formal.

Como ven, colegas legisladores, desastora todo a favor del administrado, a favor de la ciudadanía, a favor de los usuarios de las administraciones tributarias. Y no solo centrales, sino también seccionales. Sobre el pago en exceso, la reforma fija un límite de 120 días para la administración tributaria ejecute y entregue la devolución al contribuyente tras la presentación de la solicitud. El ciudadano puede activar mecanismos de defensa en dos escenarios. Uno, si el Estado no devuelve el dinero dentro de 120 días, silencio administrativo y incumplimiento. Si el acto administrativo notifica una negativa o devuelve una cantidad incorrecta menor a la debida.

Ante estos escenarios, el contribuyente tiene derecho a elegir entre la vía administrativa para poder presentar un reclamo administrativo dentro del plazo de 20 días contados a partir de la notificación del acto de negativa o la vía judicial, es decir, interponer directamente una demanda ante el contencioso tributario de impugnación ante los tribunales siguiendo las reglas establecidas en el COGED. Sobre la determinación complementaria. Actualmente, cuando un ciudadano ejerce su derecho de petición solicitando la devolución de un pago en exceso o indebido, artículos 122 y 123 del Código Tributario, la administración tributaria suele iniciar procesos de determinación complementaria.

Esto suspende los plazos para devolver el dinero y dilata el proceso. La propuesta prohíbe aplicar esta figura en trámites de pago en exceso o indebidos. La administración tributaria únicamente podrá iniciar la determinación complementaria si el contribuyente impugnó un acto de determinación previo emitido por el Estado y durante el trámite la autoridad directa detecta nuevos hechos ocultos, errores a corregir. Sobre el plazo para resolver los reclamos. La normativa vigente establece un plazo de 120 días hábiles para resolver reclamos, pero de forma ambigua define cinco momentos diferentes para iniciar el conteo, lo que da pie a abusos y demoras arbitrarias por parte del Estado.

Como la ley no fija un tiempo límite para que el funcionario califique el reclamo, la administración puede exigir una aclaración un día antes de que venzan esos 120 días originales. Esto obliga al contribuyente a corregir en 10 días y reinicia el reloj de los 120 días desde cero, duplicando ilegalmente el plazo de la resolución. Con esta reforma, al fijarse de forma clara el momento en que debe empezar a contarse ese plazo para resolver y establecer de forma expresa los casos de suspensión, el momento para ello y su reinicio, que se garantiza la efectividad del procedimiento tributario en armonía con los principios del debido proceso, que también son principios constitucionales.

Sobre el recurso de revisión, el Código Tributario otorga las máximas autoridades de las administraciones tributarias, sean administraciones tributarias centrales como el SRI o seccionales como prefecturas, municipios o administraciones tributarias de sección, la potestad extraordinaria de iniciar un proceso de revisión de actos administrativos que tengan errores evidentes de hecho o de derecho. Pueden nacer de oficio por la autoridad o por insinuación por parte del contribuyente afectado. Al calificarse legalmente como una facultad extraordinaria y potestativa de la autoridad, las administraciones tributarias suelen usarlo como excusa para no dar trámite ni responder a los recursos planteados por las y los ciudadanos, ignorando las peticiones por completo.

La Ley Orgánica para el Equilibrio de las Finanzas Públicas, aprobada en el 2016, eliminó el artículo 147 del Código Tributario, que le daba el plazo para que el Estado, para que las administraciones tributarias puedan resolver. Al quitar el plazo para la resolución, el Estado puede prolongar el trámite eternamente. Esto viola de forma directa el artículo 66 de nuestra Constitución. De la ejecución coactiva, el artículo 163 del Código Tributario evidencia un grave error técnico-legislativo que confunde los conceptos de citación y notificación dentro de los procesos coactivos, lo cual genera indefensión en los ciudadanos y nulidades que perjudican al propio Estado.

El objeto de esta reforma es corregir el artículo 163, para separar formalmente la notificación común de la situación. La propuesta de reforma busca corregir el error técnico al separar definitivamente el concepto de citación, acto que inicia formalmente la ejecución forzosa del régimen común de notificaciones regulado en el artículo 107, elevando su nivel de formalidad. Sobre las excepciones, existe la necesidad de unificación procesal para la presentación de demandas de excepciones a la coactiva, señalando una contradicción técnica y un vacío de claridad entre lo que ordena el COGEP del 2015 y lo que todavía determina el Código Tributario de 1975.

Los artículos 315, 316 y 317 del COGEP regulan el procedimiento de excepciones a la coactiva para todo el sistema legal. Sin embargo, la forma en que están redactados ofrecen un tratamiento diferente al de las demandas comunes, chocando con las disposiciones del Código Tributario. Debido a esta dispersión, no existe un camino único ni claro sobre las reglas que se deben seguir al momento de formular una demanda de excepciones ante los tribunales. El COGEP establece un trámite estándar para todas las demandas contenciosas tributarias, pero el Código Tributario mantiene reglas distintas para defender a la coactiva.

Por eso, la reforma armoniza y unifica el procedimiento de excepciones a la coactiva bajo las reglas modernas del Código Orgánico General de Procesos. Sobre el pago indebido, el Estado normalmente calcula el plazo de prescripción para reclamar un pago indebido desde el inicio del día en que el ciudadano realizó el pago. Sin embargo, esto es injusto, cuando el pago se hizo bajo la premisa de que era debido, pero luego en un juicio se demuestra que el cobro estatal era ilegal. La propuesta de reforma pretende modificar el Código Tributario para incorporar formalmente este criterio jurisprudencial, de acuerdo a lo que determinó ya el Tribunal Contencioso Tributario en la resolución 09-2023 de la Corte Nacional de Justicia, que fue un fallo jurisprudencial de triple reiteración del 21 de diciembre del 2023.

Asambleísta, por favor, tiene 30 segundos para terminar.

Pero era importante explicar lo que me abarcaba el tiempo, las reformas más importantes de este Código Tributario, sobre todo los procesos y procedimientos que está regulando, porque como les decía, algunos se confunden en el ámbito de aplicación del Código Tributario y la narrativa quiere girar en torno a lo que no regula el Código Tributario y con todas las garantías que esta reforma va a significar para la ciudadanía ecuatoriana. Por ende, hoy les presento, colegas legisladores, el trabajo que ha hecho la Comisión de Régimen Económico durante los últimos meses.

Este trabajo que se ha hecho también con organizaciones sociales, con el Instituto Ecuatoriano de Derecho Tributario, con la Corte Nacional de Justicia, con las administraciones tributarias, porque son reformas necesarias. El Código Tributario hace poco, hace un año, cumplió 50 años de vigencia, como lo decía al inicio de mi exposición. Por ende, necesita reformarse, necesita aclararse y necesita del apoyo de las y los legisladores, que si hoy tienen observaciones, también tenemos la potestad dentro del procedimiento legislativo de que regrese ocho días a la Comisión si existiesen muchas observaciones y poderlo corregir.

Gracias, señora Presidenta, por permitirme el uso de la palabra. Gracias, colegas legisladores.

Luego de que dentro de la Comisión de Régimen Económico se ha seguido el debido proceso, se han recibido las diferentes observaciones, aportes, pero sobre todo la importancia que conlleva reformar el código tributario, lo decía la Presidenta, más de 50 años y no se han generado cambios, sobre todo que vayan adaptados a la realidad, es por eso que dentro de lo que se acoge y sobre todo se enfatiza dentro de esta reforma, no estamos creando nuevos impuestos, no estamos subiendo los que ya existen, ni mucho menos poniendo nuevas cargas a la gente, a los ciudadanos.

Lo que estamos buscando y lo que se busca dentro de esta reforma es mejorar los procedimientos, los tiempos y las garantías que deben cumplirse cuando el servicio de rentas internas actúa. Algo que repetitivamente y sobre todo se nos manifestó dentro de la Comisión es obviamente que las reglas estén claras en esta ley y que obviamente no se cambien por medio de instrucciones internas o circulares, eso se cambió, eso ya no está dentro de la nueva propuesta que estamos presentando. Asimismo, ahora en adelante las instrucciones administrativas tienen que ser obviamente para organizar la institución y no para poder usarse como una obligación a los contribuyentes o hacer algo que no dice la ley.

Lo que buscamos es obviamente entregar y darle seguridad a todos los ecuatorianos y por supuesto que la administración cumpla o en este caso las instituciones cumplan con su papel de cumplir con el control y cobrar. Asimismo, se hicieron importantes cambios dentro de los procesos de coactivas, dejando muy claro en este proyecto de ley cuándo es una notificación y cuándo ya es una orden de cobro, para que nadie pueda decir que no sabía que existía este proceso. Asimismo, si ya indicaste claramente la forma, el correo o el medio para el cual presentaste para recibir el aviso o la notificación, no se puede usar otro medio o canal para obviamente notificarte.

Algo que también es importante enfatizar, obviamente cuando tú presentas una defensa y el caso está en manos de un juez, ya no se puede seguir tomando medidas en contra como si nada estuviera pasando. Dentro de ello también se están haciendo algunas modificaciones en los tiempos, como por ejemplo si presentas un recurso extraordinario de revisión, la autoridad tiene 180 días para responder. Dentro de un proceso o un reclamo administrativo, tienen 120 días hábiles para poder resolver. Este código orgánico tributario necesita obviamente adaptarse al momento de la realidad que vive el Ecuador y hoy desde la Asamblea Nacional tenemos la oportunidad de entregarle una ley que vaya en beneficio de todos los ecuatorianos, pero sobre todo que sean las reglas claras para todos, que los tiempos se cumplan tal cual y por supuesto haya justicia en los procesos tributarios.

Felicito y también agradezco a todos los compañeros de la Comisión de Régimen Tributario porque creo que las leyes se construyen desde las diferentes ópticas, desde las diferentes perspectivas y esta ley, esta reforma fue lo propio y felicito a la Presidenta de la Comisión y a cada uno de los legisladores. Y obviamente aspiramos que las observaciones, como lo dijo también la Presidenta, si es que requieren obviamente que puedan ser o pueda regresar a la Comisión son bienvenidos, pero si no del caso se pueda también aprobar esta importante reforma que va en beneficio de todos los ecuatorianos, de cada uno de los contribuyentes que merecen justicia y que por supuesto se puedan transparentar cada uno de los procesos.

Muchísimas gracias Presidenta, hasta aquí mi palabra. Gracias.

Y saber si es que se me escucha.

Gracias, presidente, colegas asambleístas, ciudadanos que nos escuchan, tengan un muy buen día. Quiero empezar con una pregunta muy simple que cualquier ecuatoriana o ecuatoriano se haría sin leyera este proyecto. ¿A quién le sirve esta reforma? Porque la historia de este proyecto ya dice bastante. Se presentó en el año 2019 con tres artículos. Estuvo seis años guardado en un cajón. Se retomó en julio del año pasado y hoy llega a este pleno con 31 modificaciones al Código Tributario. Once más de los que conocimos en el primer debate y llega siete meses después de haberse aprobado en la comisión.

Siete meses. No es casualidad que se ponga en el orden del día justo ahora y cada uno de ustedes sabe por qué. Esta ley no va. No, no la va a aplicar. Un ente abstracto la va a aplicar el servicio de rentas internas. ¿Quién dirige hoy el SRI? Designada por el presidente de la República en septiembre del año pasado es la señora Alexandra Navarrete. Sí, la misma señora Navarrete que en el 2012 cuando el SRI notificó a la exportadora bananera Novoa el cobro de 98 millones de dólares.

Recibió esas notificaciones como gerente tributaria de esa empresa. Eso no lo digo yo. Lo publicó exactamente la prensa en su momento. Entonces, colegas, pongamos las cosas en su lugar. La principal deudora tributaria de la historia de este país tuvo a una persona encargada de defender sus intereses frente al SRI. Hoy esa persona es la autoridad máxima del SRI. Es decir, ponen al ratón a cuidar el queso. Y el asunto no termina ahí. El primero de octubre del año pasado, la familia Novoa publicó un comunicado. Dijo que su deuda con el Estado era cero.

Y dijo algo más. La deuda que tienen estos malos elementos de la fusión pública con la familia es incalculable. Una deuda incalculable. Esa es la manera en que la familia del presidente se refiere al Estado que durante años intentó cobrarle lo que debía. Recordemos cómo se llegó a esa deuda en cero. Se llegó con la remisión de intereses y multas de la Ley de Integridad Pública. Una ley impulsada por este gobierno que después la Corte Constitucional declaró inconstitucional cuando la empresa ya había alcanzado a beneficiarse.

Ese pago se hizo en 2025. Y aquí viene lo importante. La ley permite reclamar un pago indebido hasta tres años después de haberlo hecho. Es decir, esa ventana está abierta hasta el 2028. ¿Y qué hace esta reforma con esa ventana? No la cierra. Al contrario, la facilita. El numeral 28 establece que si la administración tributaria reconoce que hubo valores indebidamente pagados, se interrumpe la prescripción y ordena que la devolución se haga en el mismo acto sin más trámite. El numeral 10 permite que la administración corrija en cualquier momento errores en sus actos, incluidos los errores en las citas legales.

Es decir, en el fundamento jurídico de lo que se cobró. ¿Y quién decide todo esto? Es precisamente la máxima autoridad del SRI. ¿Busqué en las 31 reformas una sola regla que obligue a esa autoridad a excusarse cuando tenga conflicto de interés? No la hay. ¿Busqué una sola regla que obligue a transparentar las devoluciones de montos altos o que la someta a control de la Contraloría o de la Procuraduría? Tampoco la hay. Y el artículo 232 de la Constitución es muy claro. Los servidores públicos deben abstenerse de actuar cuando sus intereses entran en conflicto con los de la entidad que dirigen.

¿Qué queda claro entonces? No estoy diciendo que esta ley se escribió para devolverle dinero a la familia Novoa. Estoy diciendo algo más sencillo aún y más grave. Esta ley amplía las herramientas de una autoridad que tiene un evidente conflicto de interés y no pone un solo candado, nosotros no vamos a firmar un cheque en blanco. Y eso lo sabe el pueblo ecuatoriano. Ahora miremos el otro lado. Veamos qué le deja esta reforma al ciudadano común, al que no tiene un bufet de abogados. El recurso de revisión es la última puerta que tiene un contribuyente cuando el SRI se equivocó.

Y él no reclamó a tiempo. Hoy tiene tres años para pedirlo. Con esta reforma tendrá un año. Y si el SRI no le responde, se entenderá que la respuesta es no. Así de simple. Según los datos que el propio SRI entregó a la comisión, hoy más de 2,300 recursos de revisión pendientes y cada uno tarda en promedio 480 días en resolverse. La disposición transitoria les da 180 días para resolverlos todos. Hagan cuenta, la mayoría quedaría negados por silencio sin una sola línea de motivación. El que tenga plata irá a juicio y el que no la tenga pierde.

Entonces, colegas, veamos el balance. Para la autoridad tributaria, más facultades y ningún control. Para el ciudadano común, menos plazo, silencio en lugar de respuestas. Y ninguna protección para su cuenta bancaria. Hubo un tiempo en este país en que el SRI les cobró a los grandes deudores. Y los grandes deudores terminaron pagando. Eso se llama justicia tributaria. Y está en el artículo 300 de la Constitución. Esta reforma va en la dirección contraria. Por eso, señora presidenta, en este caso, presidente, votamos en contra, votaremos en contra. Y espero que el apoyo de mi bancada.

No por una cuestión de forma, sino por una cuestión de fondo. Porque cuando quien cobra los impuestos viene de la empresa que más le debía al país, lo mínimo que esta asamblea debe exigir son controles. Gracias, presidente. Un saludo para todos y todas.

proyecto, me gustaría responderle a la asambleísta que habló antes que yo. Creo que es penoso traer a este pleno temas sobre montajes. La deuda que usted menciona forma parte de un montaje, ya que viene y lo trae a colación a este pleno. Recordémosle al país qué es lo que pasó con esa deuda. ¿Cuándo se acuerdan ustedes que cuando se intentó pagar el capital de esa deuda? Ustedes dijeron, no, queremos la hacienda, la hacienda clementina. Y para los ecuatorianos que nos escuchan, ellos se quedaron con la hacienda clementina para hacerla, una pista de aterrizaje de avionetas de narco.

Esa es la verdad. Así que asambleísta, lamento mucho que traiga a colación temas que sin duda desconoce, porque también si tiene dudas sobre la liquidación de esa deuda, le informo que conforme a derecho, la ley permite que la deuda sea liquidada con el pago del 100% del capital. Y eso es lo que ha pasado. Hoy por hoy esa deuda ha sido liquidada gracias a que fue pagado el 100% del capital. Caso cerrado, gracias asambleísta. Ahora vamos a lo que nos concierne, al trabajo legislativo. Primero quiero felicitar a la comisión, entiendo el espíritu de la ley, felicito el espíritu de la ley.

Me parece que son necesarias estas reformas, son necesarias atacar ciertos problemas, ambigüedades, el tema de los procesos en el código tributario me parece importante. Tengo varias observaciones, voy a empezar en cuanto a la reforma del artículo 55. Me parece preocupante que se pretenda declarar el derecho a alegar la prescripción de un proceso como una facultad discrecional. Creo que nos estamos yendo en contra de la regla general del derecho que nos dice que esta facultad, este derecho a alegar la prescripción es de las partes. De tal forma que yo sí consideraría que esto debería ser eliminado del proyecto y mantengamos el texto vigente en la ley.

Observación en cuanto a reformar el artículo 84 del código tributario, a criterio de este legislador deberíamos mantener el texto vigente. ¿Por qué? Estamos creando una confusión innecesaria, ambigüedades innecesarias. Estamos confundiendo la ejecutoría administrativa con la impugnación judicial. Recuerden ustedes que ya en el artículo 324 del COGEP existe una protección al contribuyente. Estamos siendo redundantes en este asunto. Sí, recomiendo al equipo técnico de la comisión revisar el 324 del COGEP y mantener el texto ya vigente en la ley y eliminar, suprimir esta reforma. En cuanto al artículo 131 del código tributario, el proyecto pretende incluir en este último inciso una determinación previa ya impugnada.

Entonces, vuelvo y repito, les invito a la comisión a revisar el criterio de la Corte Nacional en la resolución 08-2025. Ya nos habla la Corte Nacional sobre esto, sobre la petición de devolución. Entonces, también debería ser eliminado al menos ese último inciso del artículo. Tengo otras tres observaciones sobre el artículo 123, 91.1, el artículo 7, que son de forma, son sobre técnicas legislativas que las haré llegar a sí mismo por escrito a la comisión. Más allá de cualquier observación y sin más que observar, vuelvo y repito, felicito a la comisión.

Creo que es necesario que hoy tengamos reglas claras para quien paga y también reglas claras para quien cobra. Debe existir una protección al contribuyente sin atar de manos a la Administración. Protección al contribuyente, pero con claridad normativa a la Administración. Hasta ahí mis observaciones a la ley y hasta ahí mi palabra. Gracias, Presidente.

que están cambiando, que cambia el concepto del silencio administrativo. El silencio administrativo, definido incluso en el Código Orgánico Administrativo desde hace muchos años, siempre fue en favor del reclamante. Ahora resulta ser que a través de un derecho de revisión, si en 180 días en la institución, llámese SRI, llámese el municipio o llámese Consejo Provincial, no le contesta, se entenderá que ha sido negado, dice. Es al revés, pues, señor Presidente. Siempre el silencio administrativo va en beneficio del solicitante, no en perjuicio de él, porque resulta ser que con esto vamos a incentivar a que los funcionarios públicos no contesten y de esa manera entre en vigencia.

Mi primera observación, señor Presidente, obviamente que es inconstitucional en contra del ciudadano. Incluso la disposición, como comienza diciendo, a efectos de tutelar los derechos de los contribuyentes. No, pues, a efectos de, si queremos realmente tutelar el derecho del contribuyente, es que en 180 días, si no me contestan, se entiende que yo tengo la razón, pero no decirme que si en 180 días no me contestan, yo pierdo mi derecho. Eso es inconstitucional. Segunda, señor, estas dos observaciones adicionales, señor Presidente, son más bien de redacción. El famoso recurso de revisión, dice el actual artículo, se lo presenta ante el prefecto, ante el alcalde y obviamente ante la máxima autoridad del servicio de rentas internas.

Hoy la comisión lo está cambiando diciendo, la máxima autoridad de las administraciones tributarias en el ámbito de sus competencias. La redacción no me parece apropiada porque sin duda alguna habla doble o triple o cuádruple interpretación. Pongámosle en primer lugar, si vamos a mantener este artículo, pongámosle en término plural, que diga las máximas autoridades de las administraciones tributarias en el ámbito de sus competencias, aclarando que también la tienen los gobiernos seccionales. Y por último, este es un tema más bien de técnica legislativa, en lo que dice, sustituyase el primer inciso del artículo 351.

Debería decir, que se habla de las sanciones por faltas reglamentarias, debería decir, sustituyase el artículo innumerado donde constan justamente las sanciones por faltas reglamentarias. Ahí hay un error, más bien por parte de técnicas legislativas. Esas son mis observaciones, señor Presidente, que espero, ahora que la Presidenta le escuché, tenía otras observaciones también sobre las derogatorias, señora Presidenta, que no constaron en el informe, pero usted las acaba de explicar por qué se derogaban esas disposiciones, donde se pretendía cambiar distrito tribunal de lo fiscal por tribunal distrital de lo contencioso, pero como ya están contemplados en otros cuerpos legales, los han eliminado.

Estos son los temas que deberían constar en el informe, porque uno no se entera. Ya al escuchar la explicación de la Presidenta hoy día en la intervención, pues pude reflexionar y pude entender de que se constan contemplados en otros cuerpos legales. Esas explicaciones nos ayudarían mucho a quienes leemos los informes, ¿no es cierto?, y nos evitaríamos de hacer luego observaciones. Con eso, señor Presidente, y como va a regresar a la Comisión, ojalá se recojan estas observaciones para mejorar este cuerpo legal.

Le devuelvo la palabra, señor presidente.

en cuanto al proyecto reformatorio del Código Tributario. Y algunas, efectivamente, no son argumentos técnicos, son argumentos políticos y muchos de ellos ya se han hecho referencia del asambleísta García. Lamentablemente, no puede girar un tema tan técnico como el Código Tributario con temas que han traído al Pleno que no tienen nada que ver. Cuando se habló del recurso de revisión, es más, las administraciones tributarias eran las que no querían que se pongan plazo a los recursos de revisión, porque ¿qué está pasando actualmente? Los recursos de revisión, al no tener plazo, sencillamente no resuelven.

No tiene el administrado, no tiene el usuario de la administración tributaria la potestad de ir a vía jurisdiccional, porque el juez le responde que tiene que agotar todas las vías dentro del ámbito de la administración tributaria. Por ende, se le pone un plazo. Dentro de por qué es el silencio administrativo negativo, el recurso de revisión es un recurso extraordinario, un recurso extraordinario que resuelve la máxima autoridad dentro de la administración tributaria. Y al ser extraordinario, no puede surgir de efecto un silencio administrativo positivo. Pero ya al surgir el silencio administrativo negativo y al darle plazo a la administración tributaria para que pueda resolver, puedan recurrir a la vía judicial y así resolver el reclamo.

Ahora mismo le están negando esa posibilidad, la actual norma, a los administrados de las administraciones tributarias. Es un tema técnico, colegas legisladores, es un tema que pueden subir a la Comisión de Régimen Económico para que les puedan explicar igual los asesores dentro de la Comisión. Y así no se generen narrativas falsas en cuanto a un tema que beneficia directamente a la ciudadanía, que beneficia directamente a la gente y que no está pensado en ningún momento político. Por ahí también decían, justamente ahora vienen a proponer reformas al Código Tributario.

Estas reformas al Código Tributario, como lo decían también, nacen en el 2019, sino que cuando se administran las comisiones de manera incorrecta, de manera no responsable, dejan ahí morir a una serie de proyectos. Y ahora estamos sacando proyectos que se olvidaron por muchos años, limpiando la Comisión, y la Comisión de Régimen Económico ya está casi al día, inclusive terminando ya su plan de trabajo. Así que hay que estar atentos y no pensar que todos actuamos de mala fe. Todos aquí actuamos de buena fe, todos actuamos en beneficio de la ciudadanía ecuatoriana, y cuando quieran explicación pueden subir al tercer piso del Palacio Legislativo para que se pueda explicar con mayor detenimiento.

Gracias, señor presidente. Gracias. Gracias.

Senadores, muy buenos días. Sin duda alguna, este proyecto de ley es necesario e importante para cada uno de los ciudadanos que representamos, en especial a mi provincia de Santo Domingo de Los Áchilas, una provincia altamente productiva y que aporta significativamente al desarrollo económico de nuestro país. Y es que este proyecto de ley plantea un cambio fundamental, la relación del Estado con quien tiene una obligación tributaria. Todos estamos obligados a pagar impuestos, pero conocer la normativa, recibir una notificación adecuada, tener la posibilidad de defenderse y contar con procedimientos claros, es un derecho.

Por ello, este proyecto de ley busca equilibrar esas dos realidades. Algo que debemos entender, colegas legisladores, es que el Código Tributario, orgánico tributario, lleva más de 50 años y es necesario que se acople a la realidad que hoy vivimos, porque el Ecuador ha cambiado, la tecnología ha cambiado, la administración pública ha cambiado y cambiaron también las normas que regulan los procedimientos judiciales y administrativos. Es por ello, colegas legisladores, que sobran los motivos por el cual debemos respaldar este proyecto y felicito a la Comisión de Régimen Económico por el gran trabajo que he realizado.

Sin embargo, me permito, señor Presidente, exponer ante este Pleno varias observaciones al proyecto de ley. Empezando por el artículo a la reforma, al artículo 132, sugiero que se regule el tiempo previsto para reclamaciones aduaneras, lo cual está en el texto actual vigente. También se debería considerar, conforme al artículo 129 del Código Tributario, se establece que el plazo de prueba no podrá exceder de 30 días en ningún caso. En la presente reforma, la estaríamos modificando a 60 días. Si fuera así, se considera que debería reformarse el artículo 129 para que tenga concordancia.

Caso contrario, se tiene dos artículos con dos tiempos diferentes. Adicional, también se sugiere revisar la redacción del artículo, porque se indica que se podrá pedir aclaraciones. Dos, aclaraciones con respecto al reclamo administrativo, porque esto se encuentra ya previsto en el propio Código Tributario y se señala que podrá formular el requerimiento en un plazo máximo de 60 días, pero no especifica quién, la administración tributaria, el sujeto pasivo. Además, se indica que este tiempo sería para formular el requerimiento sin que implique que luego de este tiempo se reactivará el procedimiento de reclamo administrativo.

Se recomienda clarificar la forma en que está redactado el articulado. De igual manera, hay una observación en la reforma al artículo 143, en donde sugiero que en el último inciso, luego de la frase se ha presentado un recurso de revisión, sugerir incluir el término previo también para un mejor contexto. De igual manera, en el artículo 351, en su reforma, se sugiere revisar si efectivamente lo que se busca es reformar el artículo 351, ya que en este se encuentra conceptualizado lo que son las faltas reglamentarias, mientras que en el artículo innumerado posterior al artículo 351, se dispone el valor de las multas por el cometimiento de una falta de este tipo.

Por lo mismo, se sugiere cambiar el comando. De igual manera, sugiero eliminar las disposiciones reformatorias 2, 3 y 7, en donde haré llegar a la respectiva comisión con detalle el por qué debería eliminarse estas disposiciones reformatorias. Dicho esto, señor presidente, espero se acojan las observaciones mencionadas, siempre y cuando pensando en el beneficio de todos los ciudadanos y que esta Asamblea Nacional entregue un proyecto de ley para el desarrollo de nuestro país. Muchísimas gracias.

importante tema que se trata en la Asamblea Nacional en este pleno. Quiero empezar nada más con unos datos que ya lo mencionó una compañera y partiendo de que es información propia del Servicio de Rentas Internas que hoy en la actualidad está 2.359 recursos de revisión esperando respuesta. Y detrás de cada uno hay un contribuyente, es decir, un comerciante, una familia, una pequeña empresa que un día le dijo al SRI, se equivocaron conmigo, por favor revisen mi caso. Y esa gente espera en promedio 480 días, casi año y medio, en espera de que el Estado le dé una respuesta.

¿Y saben qué es lo que está ofreciendo precisamente este proyecto? Más funcionarios.

No.

¿Plazos más cortos para el Servicio de Rentas Internas de una respuesta? No, les ofrece una negativa tácita. Así como lo escuchan, colegas, si el SRI no le responde en 180 días, su recurso se entiende como negado, no resuelto. Esta reforma no le exige al Servicio de Rentas Internas trabajar más, sino que le permite no trabajar y convierte esa inacción en una respuesta legal. Eso es un premio a la incompetencia de este gobierno, y hay que decirlo así, incompetencia que ya padecemos en la salud, en la educación, en la energía, y que ahora llega también a la administración tributaria.

¿Y quién paga? El contribuyente, el pueblo ecuatoriano. Colegas, aquí creo que no debemos socapar para nada la inoperancia de las instituciones. Esta es apenas la primera factura que esta reforma le está pasando al ciudadano. La segunda, el plazo para presentar el recurso de revisión, se reduce de tres años a uno. Ese es el mecanismo que tiene el ciudadano para permitir que se corrija un error grave del SRI. Y esta reforma se le recorta a la tercera parte. Y si el SRI no responde, otra vez, negado.

El proyecto que dio origen a esta ley proponía exactamente lo contrario, que el silencio del SRI favoreciera al ciudadano. ¿Y qué se hizo? Pues prácticamente se lo invirtió. Una vez más, este lado del oficialismo se está mostrando que la institución falla, es a favor del Estado y no a favor del ciudadano que está esperando una respuesta y quien paga nuevamente, el contribuyente. La tercera, respecto a las devoluciones, se acorta el plazo para que el SRI devuelva lo que el ciudadano pagó de más y eso está bien.

Pero en la misma norma, si el SRI le niega la devolución, el ciudadano que hoy puede reclamar en cualquier momento, tendrá apenas 20 días hábiles. Le damos un derecho con una mano y lógicamente se le quita el derecho y se lo borra con la otra mano. Y quien paga, otra vez, el contribuyente. La cuarta omisión, y es una de las que realmente debería avergonzarnos, es que una de las iniciativas unificadas en este proyecto proponía algo sencillo. Y justo, que el SRI, la aduana, los municipios, no puedan retener el dinero de la cuenta bancaria de un ciudadano sin notificarlo antes y sin darle al menos 20 días para pagar o pedir facilidades de pago.

Piensen en esa persona que va al banco a retirar su dinero para pagar el arriendo, para comprar las medicinas de su familia y le dicen, sus fondos están retenidos, sin explicaciones, sin un aviso previo. Esa protección no está en el texto que se está discutiendo en este momento. Y hay un último punto que quiero plantear con mucha precisión. Esta reforma cambia las reglas del pago indebido, del pago en exceso y de las devoluciones. Es decir, cambia las reglas con las que el Estado reconoce que alguien pagó de más y le devuelve dinero público y no incluye un solo artículo que limite que esos beneficios sean aprovechados por quienes tienen claros conflictos de interés.

¿Por qué importa eso? Porque aquí hay que tener memoria. En el año 2025, esta asamblea aprobó una ley cuyo primer beneficiario fue el presidente Novoa. Con la remisión tributaria, las deudas de sus empresas con el SRI pasaron de 94.6 billones de dólares a cero. Y esa fue la ley que eliminó la prohibición de que las empresas vinculadas al presidente y máximas autoridades del Estado se acogieran a esos beneficios. Y hay más. El primero de octubre del año 2025, la familia del presidente Novoa publicó un comunicado que el propio mandatario incluso lo compartió en sus redes y lo dice textualmente.

La deuda con el Estado es cero. La deuda que tienen esos malos elementos de la función pública es incalculable. Incalculable, colegas. ¿Y saben quién había sido designada directora del SRI apenas seis días antes de ese comunicado? Quien hoy dirige a esos funcionarios públicos que según la familia Novoa tiene con ella una deuda incalculable. Alexandra Navarrete, quien según información pública fue gerente tributaria del grupo empresarial de la familia del presidente Novoa. Es decir, aquellos que según la familia le deben una deuda incalculable, como lo dice en su comunicado, hoy tienen como jefa a su antigua gerenta tributaria.

Y se va a aprobar una reforma a las devoluciones, al pago indebido y el pago en exceso sin una sola salvaguarda. Con ese presidente aprobar esta reforma, lógicamente sin una regla que impida el beneficio particular de las máximas autoridades del Estado y de sus empresas, realmente parecería que no es un descuido. Y sería un error que se aprobara eso. Es una irresponsabilidad que seguirá erosionando la poca confianza que la ciudadanía tiene en este gobierno que aprueba leyes lógicamente direccionadas a favor de pocos. Señora Presidenta, esta reforma, señor Presidente, esta reforma al ciudadano que espera le dice negado.

Al que reclama le recorta los plazos. Al que le retienen la cuenta ni siquiera le explican por qué. Eso no es una ley de garantías, es una ley que le quita al contribuyente más de lo que da. Por eso, también nuestro voto de consideración de esta bancada es en contra de esta reforma, porque nosotros sí estamos del lado del ciudadano que espera y no de la institución que no trabaja. Gracias, Presidente, por la palabra.

...pueblo ecuatoriano, siguen y siguen con esa cantaleta, insistiendo en esos temas que bien ya se los han explicado en Ecuador y en cualquier país del mundo, existen las remisiones de intereses, se ha pagado el capital de esa deuda. Más bien, hay que preguntarle al señor Carlos Marz Carrasco cómo se inventó con una presuntiva de operaciones en el exterior esa supuesta deuda. O sea, eso más bien todo indicaba que era una persecución política y como decía el compañero Luigi García, cuando incluso existió esa voluntad de hacer la cancelación de esa deuda, dijeron que no, porque ya habían otros intereses destinados para los amigos del poder en ese tiempo, asociados al crimen internacional, para hacer uso de ciertos bienes de la familia Novoa.

Dicho esto, el día de hoy que nos encontramos trabajando en una reforma importante al Código Orgánico Tributario, es importante entender, compañeros y pueblo ecuatoriano, la trascendencia del ejercicio de la potestad tributaria, porque esta facultad es la que le permite al Estado ecuatoriano tener esos ingresos corrientes, que a su vez son un mecanismo legítimo para redistribuir la renta de la Nación y para impulsar políticas públicas que conlleven a esa equidad social. No obstante, hay una delgada línea entre exasión fiscal legítima y la confiscación. Por ese motivo, es nuestro deber como legisladores desarrollar una ley tributaria que no se preste para interpretaciones que afecten la capacidad contributiva del contribuyente o que mermen la recaudación de las administraciones tributarias.

Y quiero así mismo felicitar a la Comisión.

de régimen económico y tributario, porque esta es una ley extremadamente técnica, es una ley que tiene un gran trabajo detrás, en donde han intervenido expertos, instituciones, distintas fuerzas políticas, y hay que ir llegando también a consensos. Sí quiero, antes de hacer unas observaciones, puntualizar en algunos puntos importantes de la ley que destaco y que buscan también favorecer a ese ciudadano y dar mayor justicia en ese entorno tributario. Por ejemplo, resalto la sustitución en los artículos 11 y 11.1 del Código Orgánico Tributario, porque refuerzan la seguridad jurídica en relación a la vigencia de la ley tributaria y al principio de la jerarquía normativa, con la modificación del término circulares de carácter general por el término actos normativos.

O asimismo, también aplaudo la incorporación del numeral 16 del artículo 30.1 que desarrolla varios derechos expresos de los contribuyentes, ya que se añade que toda obligación tributaria debe cumplir con el principio de legalidad, algo básico, y añade una aplicación retroactiva a esos criterios interpretativos de la autoridad tributaria. ¿Cuándo sea más favorable para el contribuyente? O el artículo 62 y 103, numeral 6, porque se adecúan a estándares altos de garantía de derecho a la defensa de los contribuyentes y coactivados, imponiendo que las y los ecuatorianos seamos debidamente notificados sobre actos que puedan afectar a nuestros derechos fundamentales.

No únicamente mediante los sistemas de las administraciones tributarias como el SRI o la aduana, sino a través de los casilleros electrónicos o judiciales que se consignen para el efecto. Dicho esto, sí me gustaría, compañero, señor Presidente, estimada compañera Natalie, también Presidenta de la Comisión, hacer algunas observaciones puntuales. En el artículo enumerado, a continuación del artículo 86, que busca la corrección de errores de forma como nombres, números, etc., sugiero que se elimine la frase citas legales, porque esto se puede prestar para modificar asuntos relativos a los fundamentos de derecho.

Asimismo, en el inciso final del artículo 107, quiero hacer una observación para justamente, se reemplace la frase domicilio procesal por casillero judicial o electrónico, justamente para que tengamos concordancia con esta normativa procesal general. En el artículo enumerado a continuación del 114.1, asimismo que se propone, referente a la notificación por parte de los medios electrónicos, sugiero que se elimine, ¿por qué? Porque esta redacción conforma la técnica legislativa puede ser incorporada como inciso en el mismo artículo 114.1. Adicionalmente, ya como para ir finalizando y ser bastante puntual, en aras de precautelar el principio de proporcionalidad previsto en la misma Constitución de la República, sí me gustaría proponer que se incorpore dentro de esta ley una modificación al artículo enumerado posterior al 105 de la Ley de Régimen Tributario Interno, incorporando incentivos que busquen que sea también el propio sujeto pasivo el que revele la información patrimonial mantenida en otras jurisdicciones, y buscando también una proporcionalidad, que es lo lógico, en la sanción, que no se perfeccione como una figura confiscatoria o expropiatoria desmedida.

Finalmente, en el artículo numerado a continuación del artículo 147 propuesto referente a los efectos de la negación táctica de una petición planteada a las administraciones tributarias, sugiero que se elimine su inciso segundo que prevé que si vence el plazo para responder, se efectúa la negación tácita y la autoridad ya no está obligada a responder, porque eso definitivamente afectaría el derecho de las personas a la defensa y a la motivación. Esas han sido algunas de las observaciones y puntos relevantes que me gustaría destacar de esta ley fundamental para el país.

Muchísimas gracias, Presidente. Devuelvo la palabra.

Saludos cordiales, colegas legisladores, un abrazo grande a mi pueblo querido del Ecuador. Hoy nos convoca la historia, recordar y tener presente nuestra gloriosa historia. Un día como hoy, un día como hoy, 24 de septiembre, se dio un hecho histórico en favor de una de las ciudades más importantes del Ecuador. Y fue Juan José Flores que firmó el decreto que consolidó a San Francisco de Quito como la eterna capital de la República del Ecuador. Así que saludo fervientemente a esta ciudad que nos acoge a propios y extraños.

En relación al informe para segundo debate de este proyecto, del informe, perdón, para segundo debate del proyecto de ley orgánica reformatorio al código orgánico tributario. El 14 de octubre del año 2025 yo presenté un proyecto denominado proyecto de ley orgánica reformatorio al código orgánico tributario para brindar a la persona coactivada del derecho para que no se le vaya a retener los recursos económicos en la banca. Sí. Y este proyecto, obviamente, se lo unificó al actual al que estamos debatiendo en este momento. El Ecuador necesita, los ciudadanos necesitan apoyo, sin lugar a duda.

A mi despacho han llegado varias situaciones en donde, pues, uno escucha historias que a veces parece que no fueran posibles, pero sí están dentro de la realidad del país. Y voy a citarles las experiencias de la gente. Una persona me indicaba que a él le retuvieron los… hubo la retención de sus recursos económicos en una cuenta porque ni se había enterado y resulta que hace 10 años tenía una deuda de 100 dólares y sumó 7 veces más esa deuda con los intereses luego de 10 años.

Entonces, me decía, ¿cómo va a ser justo de que debo 800 dólares, sí, cerca de 800 dólares por los intereses? ¿Y cómo va a ser justo que Johnny, por enterado, y tengo retenido en mi cuenta 25 mil dólares? ¡Qué barbaridad, ¿no? ¡Incomprensible! Asimismo, otra persona el año anterior me decía, debo, he tenido que pagar obviamente y se me escapó de pagar en el GAT municipal de Atacames, pagar por los predios, el impuesto predial, y resulta que me retuvieron los recursos de las tres cuentas que tengo.

Imagínense, son hechos reales. Y otro caso de un empresario que me decía, caramba, asambleísta, cuando presenté y lo hice público, presenté el proyecto de reforma, me decía, bien, asambleísta, le felicito, porque yo no tenía cómo pagarle a mis empleados en la empresa porque resulta que me retuvieron los recursos. Y me tocó, ¿y cuánto debías? Debía 300 dólares, me tocó prestar a mi hermano para pagar y que me levanten la retención de esos recursos. Imagínense, son varias situaciones que se han dado. Y que aquí es importante establecer que la gente sí tiene sus obligaciones que cumplir, pero por A o B circunstancias, a veces no se puede, no se logra.

Yo revisaba datos importantes en cuanto tiene que ver a las personas que tienen cuentas de ahorros, cuentas formales en el sistema financiero, en el país un 82% puede contar con cuentas bancarias y de ese 82% vemos que el 30% son los que pueden acceder a créditos o al manejo de algún tema financiero. En el país, sin duda, hemos vivido del sobreendeudamiento y del endeudamiento público, diríamos, y el sobreendeudamiento en lo personal y en lo empresarial. Entonces, son situaciones reales en donde observamos que hay gente que vive con su sueldo básico, hay otros que logran tener un poquito más de recursos económicos, pero la gran mayoría no pueden salir de la situación crítica o difícil que mantienen sus economías.

Entonces, frente a esa realidad, yo decía, en esos momentos, que inclusive les provoca desconfianza en el sistema financiero para las personas, porque cuando te retienen los recursos, sencillamente apareces con retención de tus recursos económicos, ¡ah caramba! Será un incumplido el sistema financiero y allí habría que tomar muy en cuenta que nadie te da los detalles de por qué te retuvieron los recursos. Entonces, esto provoca desconfianza y perjuicio, obviamente, al usuario, a la persona. Un principio fundamental que establece la Constitución es precisamente la garantía de derechos.

Y allí, pues, observamos que hay instituciones que no te garantizan aquel derecho, del derecho a la defensa que yo propongo en el proyecto de ley, precisamente, que fue acogido. Y agradezco a Natalie Farinango y a todos los miembros de la Comisión por haber abordado el tema, la propuesta, para que entre, por supuesto, y que sea acogido que ninguna persona se le puede retener sus recursos sin previo aviso. ¿Sí? Sin previo aviso, lo digo porque hoy, si quieren, notifican y si quieren, no. Y uno se encuentra con la novedad de que te enteras porque ya te hicieron la retención de tus recursos económicos.

Ahí te enteras. Entonces, sin previo aviso, sin previa notificación, no se puede retener los recursos económicos de los ciudadanos porque se estaría violentando un principio fundamental, que es el derecho a la defensa. Todos los ciudadanos tenemos derechos y obligaciones, sí, y tenemos derecho a el descargo de todo lo que corresponde a la información debida. Por aobes circunstancias, como le dije anteriormente, se puede haber producido alguna situación que imposibilitó que se llegue a concretar con ese acuerdo de pago mensual o anual que se haya destinado en su momento.

En este caso, en la actualidad, el régimen jurídico aplicable a la notificación presenta varios problemas estructurales que vulneran el principio al debido proceso, como son la dispersión normativa y la ausencia de una disposición normativa que establece o estandariza el procedimiento coactivo en relación a la notificación. Por eso, es fundamental la notificación para que el sujeto o la persona tenga conocimiento de que entra a un proceso formal y que no se lo maneje de manera discrecional. Con esto, siempre estaremos en el camino de la defensa de los derechos de los ciudadanos, de la defensa del pueblo.

Gracias, señor presidente. Muy amable. Gracias. Gracias. Gracias.

Agradecerle a los colegas legisladores que han presentado observaciones y agradecerle también puntualmente al asambleísta Polanco porque acaba de explicar el tema de congelamientos de cuentas que pueden surgir por administraciones tributarias dentro de un proceso coactivo y que precisamente esta reforma lo que busca es proteger para que no les congelen las cuentas sin una notificación previa, formal, de inicio de un proceso coactivo. Porque por ahí decían, ¿quieren ahora congelarle las cuentas sin notificación? No, esta reforma justamente busca esa garantía, que se cumpla esa garantía constitucional del derecho a la legítima defensa.

Nada más aclarar eso y en base a las observaciones que han presentado, señor presidente, le pido que por favor se autorice que regrese a la comisión este proyecto de ley de acuerdo al artículo 61 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Gracias, señor presidente.

Se toma nota, señor presidente, se suspende la sesión siendo las 14 horas con 31 minutos.

TVL y la Radio de la Asamblea Nacional presentaron Asamblea en Pleno.